La ministra de Trabajo doña Sandra Pisck presentó la semana pasada el programa EMPLEATE, una iniciativa público-privada para disminuir el desempleo en los jóvenes. Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo presentó la primera rendición de cuentas de la Campaña Nacional de Salarios que analiza el grado de cumplimiento del sector privado al nefasto salario mínimo con el objetivo de obligar a las empresas a respetar esta legislación.
Este es un ejemplo clarísimo de la doble moral de algunos políticos. El salario mínimo para lo único que ha servido, en este y en todos los países, ha sido para aumentar el desempleo y fomentar la actividad informal en la economía. Al verse obligadas las empresas y empleadores independientes a cumplir con un mínimo de salario, se ven obligados a contratar menos personal y limitar el tamaño de su empresa pues de otra forma el negocio dejaría de ser rentable. Otros lo que han hecho es emplear a las personas informalmente para todas aquellas labores cuyo valor agregado o la cantidad de horas de trabajo requeridas no llega a ese límite arbitrario impuesto que le llaman salario mínimo.
El trabajo es como un contrato que se pacta entre un patrono y un empleado donde el empleado se compromete a realizar una tarea a cambio de un salario o remuneración. Si las condiciones no fueran aceptables para una de ambas partes entonces el contrato no se realizaría. El nivel de esa remuneración depende del tiempo y valor agregado que el empleado le dedicaría a esa labor. El salario mínimo en supuesta defensa del trabajador lo que hace es obligar al empleador a no contratar al empleado en aquellas labores de poco valor agregado aunque éste esté felizmente dispuesto a realizarlas por ese monto. Al final salen ambas partes perdedoras pero aún más el empleado pues no puede conseguir trabajo. Y los empleadores que finalmente aceptan contratar a empleados con esto niveles de salario aunque su trabajo no lo amerite lo que hacen es aumentar los precios castigando al mercado o en última instancia cerrar la empresa porque lo márgenes de ganancia no son adecuados. El Estado no tiene ni debe involucrarse en este contrato.
¿Y quiénes son los que más sufren con esto? Pues las clases de más bajos recursos, menor educación o menor experiencia laboral. Los jóvenes son de los grupos de edad más impactados con esta nefasta medida. El mismo informe que presentó la semana pasada el Ministerio de Trabajo lo demuestra. Este informe indica que el 26.3% de las personas que trabajan en el sector privado lo hacen por debajo del salario mínimo. Además, indica que es más frecuente entre sectores vulnerables de la población como los adolescentes, los adultos mayores y quienes tienen poca educación. Entonces, si el Gobierno desea iniciar una cacería de brujas en el sector privado para que se respete el salario mínimo, los jóvenes serán de los más afectados.
Por un lado doña Sandra quiere disminuir el desempleo del sector joven pero al mismo tiempo aplica medidas que para lo único que sirven es para aumentar este desempleo. En su discurso durante la presentación del programa EMPLEATE, la señora ministra dice: “Son la población típicamente excluida. La que vive en las comunidades vulnerables y, la que está en verdadero riesgo social”. Ella dice conocer las necesidades de los jóvenes y dice estar comprometida con la causa de disminuir el desempleo, sin embargo, sus acciones dicen todo lo contrario. Esta doble cara de la ministra es común no solo en ella sino en muchos otros integrantes de este gobierno.
