La columna de Carlos Federico Smith: ¿de dónde va a salir toda esa plata?

Con base en un informe técnico de la Contraloría General de la República acerca del Presupuesto Nacional del 2020, La Nación del 4 de enero nos presenta el comentario titulado “Gobierno afronta faltante de ¢840.000 millones para pagar las pensiones.”

La pregunta obvia es ¿de dónde saldrán los dineros para pagar esas pensiones? Bueno, parte de la respuesta, no muy agradable, se la brinda el mismo medio, al indicar que, ese déficit por las pensiones a cargo del presupuesto nacional de casi ¢840.000 millones, “tendrá que ser cubierto con deuda pública y con impuestos.” Y dije que “parte de la respuesta,” pues se asoma otro camino que podría seguir este gobierno, dejando de lado, por supuesto, una reducción sustancial de los aportes estatales para, al menos para empezar, a las llamadas pensiones de lujo. Ese otro camino que podría elegir es emitir dinero, lo que crearía inflación, con las consecuencias nefastas que eso implica (entre otras, reducir las pensiones en términos de su poder adquisitivo). 

Lo cierto es que, cualesquiera de las opciones indicadas -endeudarse, aumentar impuestos o generar inflación- será cargada a los bolsillos de los ciudadanos. Pero, claro, como este gobierno (y todos) pretende tener el menor costo político actual, lo que casi que dejaría por fuera su “necesidad” de ponernos aún más impuestos a los ciudadanos hoy acogotados, en el marco de una economía que por eso es que no crece lo suficiente, podría preferir otras dos alternativas más sutiles, más “placenteras,” como son, una de ellas, endeudarse hasta la coronilla (ya vamos llegando al punto de inflexión de un 60% del PIB de endeudamiento del estado), que tiene la ventaja adicional que no se “carga” directamente a los votantes de hoy, sino que será pagada por las generaciones del futuro y que potencialmente no se vengarían votando en contra de ese gobierno. (Aunque la gente descuenta esos pagos futuros que se traducirán en impuestos).

La otra alternativa, de rapacidad encubierta, es que el Banco Central emita para prestarle al gobierno para que financie su gasto. Y, como es usual, al subir los precios, los políticos dirán que es “por culpa de los voraces empresarios” y no tardará en proponer la siempre fracasada política de controles de precios, que lo único que genera es escasez de bienes y servicios para los consumidores. (Dejo de lado todas las distorsiones en el sistema de precios, en donde ya no más es claro que un aumento en el precio de un bien sea indicador de su escasez e impulsa aumentar la oferta, pues, en una inflación todos los precios aumentan generalmente y la señal deja de servir). 

Este año el gobierno destinará ¢1.127.890 millones a pensiones, donde ¢917.000 millones corresponden a sistemas de pensiones como los del Magisterio, Nacional, Hacienda y ex Diputados, financiados ¢840.000 millones por el estado y los restantes ¢78.000 millones serán aportados por los “beneficiarios, funcionarios públicos activos y pensionados.” Los ¢211.000 millones que faltan corresponden al aporte estatal al IVM de la Caja (recuerden que es un régimen tripartito; trabajadores, patronos y estado). Según informa la Contraloría, “el gasto en pensiones se comerá casi el 11% del Presupuesto Nacional.” Indica el medio que ese “rubro creció en un 41% entre el 2015 y el 2020” y que, para este año, comparado con el anterior, el aumento es de un 6.4%.
 

La jarana siempre sale a la cara. El desorden fiscal, si se mantiene ese gasto desbordado, nos pasará la cuenta de una u otra forma, pues. para hacer cacao, se necesita de chocolate y ese chocolate viene de los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes, los de hoy y los del futuro.
 

Aquel déficit, en opinión de la Contraloría, se debe a “la ausencia histórica de fondos con financiación tripartita y a la reducción de la población trabajadora, producto también de la situación demográfica” (¿y de la económica, que se ha reflejado en un crecimiento de la economía subterránea, en donde no hay cotizaciones?), además de que ”los regímenes con cargo al presupuesto son de carácter cerrado” y aunque desaparecerán en su momento, “durante un plazo considerable tendrán un peso significativo en el gasto.” Claro, lo que nos dice es que se debe terminar ya con las pensiones de lujo que básicamente están presentes en esos regímenes a cargo del presupuesto nacional. Estos sistemas “seguirán costándole mucho dinero al Estado,” léase, a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes.
 

El artículo señala que los sistemas de pensiones de mayores cuantías en el presupuesto nacional son el del Magisterio con ¢619.000 millones, los de Hacienda y Poder Legislativo con ¢78.000 millones, ¢211.000 millones al IVM de la Caja, esto último porque pasó de ¢72.400 millones del 2018 a ¢211.000 millones, ante el alza en el aporte estatal (además del laboral y patronal) de 0.58% a un 1.41%.  Por otra parte, las llamadas pensiones no contributivas subieron de ¢8.560 millones a ¢12.680 millones, en mucho debido a las prejubilaciones a extrabajadores de JAPDEVA. En el desglose que presenta el medio se indica que el gasto gubernamental a las pensiones del IVM en este año será de ¢285.000 millones, pero, por otra parte, señala que es de ¢211.000 millones, a lo que podría ser necesario sumar el aporte estatal de las llamadas pensiones no contributivas, si es que va a dar a la Caja, que este año ascenderían a ¢12.860 millones. Así, el total para la Caja sería de ¢224.000 millones, cifra que no calza con la señalada por el medio. Así que no tengo certeza acerca de los datos que consigno y que indica el medio.
 

En todo caso, vale la pena destacar que, en un esfuerzo por reducir los montos destinados a pensiones, “el gobierno planea impulsar, cuando los diputados retornen a sus labores el 13 de enero próximo, una segunda reforma a las pensiones de lujo que imponga un tope de ¢2.4 millones (al mes) y que pase al IVM a todos los trabajadores públicos que aún no se hayan pensionado mediante regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.” Bueno, ver para creer...

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: estimulemos aún más el contrabando

No hay duda que las leyes de la economía tienen su lugar. Así, uno aprende en economía básica que, cuando se ponen impuestos elevados, ya sea a la producción doméstica o a las importaciones de ciertas mercancías, se estimula que ingresen al país provenientes ilegalmente desde el exterior. A esto le conocemos como contrabando de productos.

Un primer estudio realizado por el Observatorio de Comercio Ilícito, el contrabando de productos en el país se acercaría a los ¢700.000 millones anuales. Lo informa La Nación del 22 de agosto en su comentario “Comercio ilícito de Costa Rica se estima en ¢700.000 millones anuales.” Es interesante que, si bien definir la magnitud del comercio contrabandeado es sumamente difícil dada su naturaleza ilegal, esa estimación se deriva de un análisis basado en las probabilidades de importaciones indebidas de los sectores o productos principales, algo que técnicamente es mejor que el simple bateo. El Observatorio usó información del ministerio de Hacienda, de especialistas en esas actividades ilegales y del comportamiento histórico de los diferentes bienes, todo lo cual se comparó con las categorías de importaciones del Banco Central. El objetivo del estudio es my loable; “tener información para la generación de políticas públicas,” pero, sin subestimar ese esfuerzo, la literatura económica es abundante acerca de importaciones ilegales y ese estudio lo confirma.

El hecho que parece definir al comercio de contrabando es los altos precios de los bienes importados legalmente al mercado interno, en mucho debido a diferentes impuestos a los que se les somete; esto es, al montón de impuestos que suele ponerse a ciertos bienes, incluso alguno, tal vez, por consideraciones de una moral peculiar, como a los licores y cigarrillos, que cierta gente considera como vicios que deben gravarse. Pero, también, lo define el hecho de que la actividad del comercio ilegal está sujeta a los mismos principios de cualquier actividad económica, cual es que los beneficios, a lo largo del tiempo, compensen a los costos incurridos en esa actividad.

Lo expuesto es el mismo principio que explica el enorme negocio internacional de las drogas, en donde el diferencial de precios entre el precio de venta en el mercado final y el costo en el país de producción, así como el coto del transporte y otros gastos, son tan elevados, que incluso compensan el altísimo costo de la posible detección y penalización del delito en toda su cadena desde la producción hasta el consumo. 

Si los impuestos internos son altos, dando lugar a un precio doméstico legal muy elevado, la actividad del contrabando es muy rentable, dados no sólo los menores costos del país en donde se producen, su traslado hacia Costa Rica y tomando en cuenta las posibilidades (costos) de detención y penalización del contrabando. A veces se cree que, si se introduce mayor vigilancia en fronteras y en ciertos sectores específicos, se detendrá el contrabando, pero, el costo fiscal de desempeñar toda esa actividad de control del comercio ilegal no es sólo fiscalmente muy alto (pagado por todos los ciudadanos), sino que, también, la rentabilidad del negocio ilegal es tan elevada como para poder sobornar con facilidad a aquellos encargados, de una u otra manera, de controlarla; para que, más bien, se hagan cómplices del negociado.

Se estima, a partir del estudio citado, que, para el 2018, “el 23.5% del consumo de los hogares en cigarrillos, en Costa Rica, procede de transacciones fuera de ley (esto es, contrabandeados). Además, un 15% del consumo de los hogares en bebidas alcohólicas es del comercio ilícito.” El resto de los principales bienes importados ilegalmente son: partes para carros (10.2% del consumo doméstico), electrodomésticos (con un 9.1%), prendas de vestir (8%), medicinas (7.9%), calzado (7.3%), diésel (6.9%), jabones y perfumes (6.3%) y aguacates (4.1%), según dicho estudio.

Ah, pero este problema del exceso de impuestos internos a ciertos productos que estimula el contrabando, no parece impactar a ciertas autoridades, como unas de la Caja, quienes, en busca de recursos para aliviar la situación difícil del régimen de pensiones del IVM, proponen aumentar los impuestos al juego -que no se contrabandea- y también a los licores y cigarrillos, que mucho se contrabandean. 

De aprobarse esa insensata proposición, se estimulará aún más el contrabando y, muy posiblemente, el estado costarricense obtendrá pocos fondos adicionales. Suena feo decirlo, pero, ante el abuso con los impuestos del estado, los consumidores ¡debemos alegrarnos por el contrabando!, pues alivia las penurias impuestas por los altos gravámenes. Tal vez los burócratas piensen un poquito y, más bien, propongan reducir esos impuestos a los licores y cigarrillos, para así desalentar el contrabando y, al consumirse la producción legal doméstica, el fisco obtendría mayores recursos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: fue sin querer queriendo

Cuando leo artículo como el de La Nación del 18 de julio, bajo el titular “Error permitió avalar privilegios salariales derogados por la reforma fiscal,” no puedo impedir que llegue a mi mente aquella famosa frase del Chapulín Colorado. Simplemente es imposible pensar que se trató de un error de burócratas, quienes por años se han dedicado a revisar el contenido y procedimientos de las convenciones colectivas dentro del estado. Si hay quienes deberían conocer las limitaciones impuestas a aspectos propios de las convenciones colectivas, son precisamente los empleados del Departamento de Relaciones Laborales del ministerio de Trabajo, quienes parece que eligieron el camino de “hacerse los majes” ante lo que estaba frente a sus ojos: ajustes recientes a las reformas colectivas de cuatro importantes municipalidades del país.

Esas municipales, cuyos trabajadores se beneficiaron con la omisión ministerial, son la de La Unión (Cartago) -Tres Ríos para el vulgo- la de San Ramón (Alajuela), la de Desamparados y Pérez Zeledón (ambas de San José).
 

Veamos con más detalle las omisiones del ministerio de Trabajo en esas cuatro municipalidades:
 

1. Municipalidad de la Unión: Se avaló el pago de cesantía por 20 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, por la simple renuncia. En contraste, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de cesantía de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

2. Municipalidad de San Ramón: Se aprobó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Por el contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.

Asimismo, se aprobó que en la convención colectiva de esa municipalidad el pago salarial fuera bisemanal, mientras que la reforma en mención determinó que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

3. Municipalidad de Pérez Zeledón: Se autorizó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Al contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual que escila entre un 1.94% a profesionales y de un 2.54% a los no profesionales.
 

Igualmente, ese aceptó en su convención colectiva un pago de cesantía que oscila entre 8 y 20 años, según la antigüedad, y se da por despido o jubilación, así como ante la renuncia. En contraste, la reforma fiscal citada señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

4. Municipalidad de Desamparados: Se avaló el pago de cesantía hasta por 16 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, con la simple renuncia. A diferencia, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

También, en la convención colectiva aprobada por el ministerio de Trabajo se permitió que el pago salarial fuera bisemanal, en tanto que la reforma citada señaló que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

Igualmente, en cuanto a las anualidades, se accedió a que fueran el 2% del salario base, mientras que la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.
 

El ministerio Trabajo, por medio de su viceministro, Ricardo Marín, señaló al medio que necesitaba “llegar a esa verdad real de los hechos… necesitamos entablar esas responsabilidades (de los funcionarios del departamento de Relaciones Laborales al mando de Ronald Salazar)… y si hubo error, entablar las responsabilidades.” Estamos avisados de la intención de ese superior en el ministerio de Trabajo. No pensemos que posiblemente no se va a hacer nada y que todo terminará en una palmadita en el dorso de las manos de los responsables. Pero, si en verdad se da algo al respecto, lo que esperamos es que no sea hasta la próxima administración, pues el caso violatorio de la normativa parece ser evidente.
 

Ahora un camino radica en la derogatoria de esos privilegios citados, para lo cual será necesario acudir a los juzgados de Trabajo o a la Sala Constitucional, lo que augura un largo, pero muy largo, trecho y, de ser aceptado, ya no aparecerán quienes deberán devolver los fondos públicos recibidos de más.
 

Alternativamente, se podría renegociar la convención correspondiente, pero eso, ¡vean qué conveniente!, “requiere del acuerdo de ambas partes” y “las convenciones colectivas aprobadas tienen vigencia de tres años.” Nadie se la traga de que van a ir corriendo a renegociar esas convenciones, sino hasta después de esos tres años, cuando tal vez el tema se ha olvidado o ha prescrito.
 

Mientras que todo esto pasa, los ciudadanos contribuyentes de esos cantones pagarán esos privilegios. Ah, de paso, esas convenciones fueron firmadas, además de los dirigentes de los sindicatos, por los alcaldes correspondientes: 3 de ellos son de Liberación y uno del PUSC. No, si cuando se trata de repartir la plata de los ciudadanos, no importa el color político: son zorros del mismo pelaje.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿alegronazo de burro?

Los ciudadanos de bien estamos muy preocupados por el abuso de las llamadas pensiones de lujo. Estas son aquellas pensiones que reciben algunos, para las cuales los beneficiados no cotizaron lo suficiente a lo largo de su vida laboral, de forma que ahora la diferencia entre lo cotizado (más los intereses que habrían recibido esos aportes a lo largo del tiempo) y lo que efectivamente perciben, proviene, por medio del presupuesto del gobierno de la República, de los impuestos gravados a todos los ciudadanos contribuyentes. En sencillo: un privilegio para unos pocos, pagados por todos los ciudadanos. Pero, además, quienes se acogieron a pensiones en condiciones mejores, como edades menores a las de la Caja o pensionados con el 100% del salario más alto percibido en su vida como trabajador o que reciben otras pensiones del mismo estado (no privadas, que es con el ahorro de parte del beneficiado), todo es, asimismo, pagado por los contribuyentes, en general.

En el marco de esa evidente injusticia, hay que agregar que el gobierno, los diputados (y obvio que la ciudadanía) consideran que los recortes hasta el momento efectuados a esas pensiones de lujo, son insuficientes para evitar esa indebida transferencia a unos pocos, por lo que es indispensable entrarle con mayor decisión a resolver tan serio problema. Se estima que ese subsidio o transferencia o privilegio, como se le llame, se lleva el 9.7% de todo el presupuesto del gobierno y que en este año ascenderá a la enorme suma de ¢1.060.437 millones. Si se compara con el presupuesto gubernamental a agosto del 2018, habría aumentado, en el 2019, en un 11.2% adicional. 

La buena noticia es que, según el comentario en La Nación del 10 de enero, el “Gobierno y diputados procuran bajar más las pensiones de lujo,” y que, recogiendo aportes de diputados de diversos partidos, “la expectativa es contar con el documento nuevo [de reforma legal a las pensiones de lujo] para inicios de febrero,” según lo dijo al medio, el diputado Vítor Morales, jefe de fracción del PAC.
La mala noticia es que ya terminó febrero y todavía no contamos con el “documento nuevo,” ni se han escuchado más noticias relevantes al respecto.  Tanto nos han rodado, que no sería de extrañar que lo pretendan y logren una vez más.

Pero, veamos algunas de las medidas que se propone incorporar en el nuevo documento de reforma:
 

1. Habría un tope más bajo. Recuerden que ya se había reducido en el paquete tributario reciente y que la Sala IV había aprobado un tope de ¢2.7 millones, pero eso sólo logró un ahorro del 0.08% (casi nada relativamente hablando). A su vez, el tope para el régimen del Magisterio es de ¢3.9 millones al mes y el del Poder Judicial, de ¢4 millones. Muchos quieren unificar esos topes al del IVM de la Caja (de casi ¢1.6 millones), pero eso todavía no está definido.
 

2.  Las pensiones hoy sin tope, pagarían contribuciones solidarias. Ello porque la decisión de la Sala IV sobre el tope decidió que se podía aplicar sólo a las pensiones otorgadas después del 28 de diciembre de 1998, que fue cuando entró a regir la Ley con ese tope citado. La posibilidad de aumentar las contribuciones solidarias surge porque “la ley permite rebajar hasta un 55% mensual y todavía hay margen para hacerlo,” según señaló la dirección de pensiones del ministerio de Trabajo.
 

3. Edad de retiro. Mientras que en el IVM de la Caja es de 65 años, en el del Magisterio es de 55 años, en el gobierno puede ser hasta de 60 años y en el Poder Judicial es de 65 años. Además de pretender la unificación a 65 años (eso sí, no me lo imagino sin discriminación por sexo), y de que se tomará en cuenta la expectativa de vida promedio del costarricense (se señala que es de 80 años en el 2016), hay que enfrentar la realidad de tener que pagar pensiones por muchos años, ante una mayor posibilidad de vida de los cotizantes.
 

4. Revisar el aporte estatal. Mientras que en el régimen tripartita del IVM de la Caja, el estado da un 1.24% del aporte (el trabajador un 3.84% y el patrono un 5.08%), en el del Magisterio es de casi un 8%; esto es, 6.75% como patrono y 1.24% como estado y en el Poder Judicial un 15.6%; esto es, como patrono un 14.36% y como estado un 1.24%. En estos dos sistemas, los trabajadores aportan porcentajes más altos que los de la Caja. Se busca homogeneizar los aportes estatales, pero se desconoce el porcentaje.
 

5. Aumento anual de las pensiones. En el IVM de la Caja, el del Poder Judicial y el del Magisterio, se ajusta según aumente el costo de la vida expresado por el índice de precios al consumidor elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos, pero en las pensiones del gobierno, el ajuste se hace según aumentos de costo de vida específico de los funcionarios públicos.
 

6. Duplicación de pensiones y relación con otras remuneraciones. Hay gente que recibe más de una pensión por regímenes distintos en el gobierno. Este no sucede con el IVM, pues no lo permite, pero hay casos en instituciones autónomas en que se reciben pensiones propias de sistemas internos, en donde el patrón, la institución, parte del estado, aporta una parte sustancial de las pensiones, costo que es trasladado a los consumidores por aumentos en el costo del servicio que esos entes dan. 

Asimismo, “se quiere acabar con los casos de quienes, además de recibir una pensión, tienen un sueldo porque siguieron laborando después de haberse acogido a retiro,” además, si no me falla la memoria, en el Poder Judicial, por ejemplo, se vuelve a contratar a funcionarios que ya se han pensionado, para que realicen tareas no permanentes, pero sí sucesivas, para su antiguo patrono.
 

Agregue que hay pensionados que pueden recibir dietas en juntas directivas de entes públicos, lo cual me hizo recordar a cierto pensionado del magisterio, quien se pensionó juvenilmente a los 48 años de edad, y ahora genera altos ingresos como directivo en el Banco Popular. Se busca reformar las leyes para que ahora escojan entre pensión o dietas de juntas directivas estatales, mas no ambas.
 

La reforma es impostergable, tanto por exigencias fiscales obvias (la reducción de gasto gubernamental en este rubro es relativamente ínfima), y por decisiones judiciales, así como porque estamos en presencia de una injusticia evidente, obvia, en donde unos privilegiados son mantenidos en sus pensiones de lujo por una ciudadanía que, en promedio, tiene ingresos mucho más bajos que los de los elegidos. Que no se nos engañe una vez más y que se avance seriamente en esa reforma indispensable. Debemos estar atentos ante esto (en especial cuando salgan a pedirles sus votos).

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: secuencia relativamente resumida del déficit gubernamental de los últimos años

Es interesante el análisis resumido que hace La Nación del 3 de agosto en su artículo “El coctel que llevó al Gobierno a su actual crisis económica,” que desde el 2018 presenta un déficit primario; esto es, el último año en que el gobierno gastó menos que lo que recibe de ingresos, excluyendo el gasto por el pago de intereses. Esto equivale al ahorro del gobierno sin tomar en cuenta el pago de intereses por la deuda pública. 

Prefiero tener una idea del déficit total del gobierno, resultado de la comparación del total de ingresos percibidos menos el gasto total, incluyendo el pago de intereses, pues da una idea, en mi opinión, más apropiada del ahorro efectivo del gobierno. Después de todo, los intereses de la deuda pública se deben pagar, al igual que muchos otros gastos corrientes.  

En todo caso, en el 2008 el país tuvo un superávit primario (más ingresos que gastos sin tomar en cuenta el pago de intereses) del 2.4% del PIB y ya en el 2017 el país tenía un déficit primario (más gastos que ingresos sin tomar en cuenta el pago de intereses) del 3% del PIB. El superávit financiero con respeto al PIB en el 2008 (que incluye intereses) fue de un 0.2% del PIB y ya para el 2017 el déficit financiero ascendió a un 6.2 y “amenaza con superar el 7.2% este año.” (Debo hacer notar que el artículo de La Nación consigna erradamente los datos del 2008, pues dice que el superávit primario fue de un 0.2%, cuando esa cifra corresponde al superávit financiero). 

Señala el artículo citado que “Según la Contraloría [en su Memoria Anual del 2017] el superávit del 2008 fue el resultado del aumento en la recaudación de impuestos y de la contención del gasto público que se practicó a inicios de los años 2000.” Pero, ya en el 2009 la cosa cambió debido esencialmente a dos factores: la caída de ingresos tributarios por la crisis económica mundial y un aumento de los gastos durante la administración Arias (recordemos al Plan Escudo). 

La Contraloría dice que el gasto “aumentó, principalmente por un alza en los salarios, atribuible a que el Gobierno decretó correctivos en las bases salariales de los puestos profesionales del Servicio Civil que pretendía llevar a un sitial intermedio las escalas del sector público (percentil 50) y continúa aumentando de manera inercial.” 

Según la Contraloría, el crecimiento inercial del gasto gubernamental se debe a varias razones: (1) “la gran cantidad de instituciones -330 en total- que trabajan gracias a” las transferencias del Gobierno Central a sus presupuestos; (2) que muchas instituciones que reciben esas transferencias se dan por leyes que obligan al Gobierno a hacerlas, como es el caso del Fondo Especial para la Educación Superior, que obliga al Gobierno Central a transferir el 8% del PIB a las universidades públicas; (3) los salarios y los pluses. “En promedio, para el período 2012-2017, los incentivos crecieron a una tasa del 6.3% en comparación al 5.2% promedio de las remuneraciones básicas,” cita el medio a la Contraloría (y obviamente el conjunto de ambos -salarios base y pluses- aumenta significativamente las remuneraciones totales).  

Por su parte, del lado de los ingresos, según el artículo de La Nación, la Contraloría señala que “las exoneraciones y la evasión fiscal son significativas,” y menciona que “en el 2015, los impuestos que se dejaron de cobrar por un tratamiento tributario diferenciado fue equivalente a un 5.34% del PIB,” lo cual me parece que es resultado de estimaciones de evitaciones legales, como, por ejemplo, las exoneraciones a insumos para bienes exportados, que son permitidas y usuales en sistemas impositivos para mantener la competitividad externa de la producción doméstica, así como de evasiones, que son ilegales y responsabilidad del Ministerio de Hacienda por su recaudación (me imagino que esto incluye a los contrabandos, que bien sabemos se da por impuestos excesivos). 

Asimismo, para llenar el hueco entre gastos e ingresos, el gobierno acudió al endeudamiento. Es así como en el 2008, el porcentaje que, de la producción nacional de ese año, representa el endeudamiento del gobierno (esto es, de todos los costarricenses, quienes seremos quienes terminemos pagando estas obligaciones) ascendió a un 24.1%, pero ya para el 2017 ese porcentaje se acerca a la mitad de la producción anual. 

En otras palabras, el gobierno ha usado cada vez más endeudamiento para pagar los gastos corrientes, tales como salarios, que se han convertido, entre otros, incluyendo pluses y decisiones legislativas que crean nuevas funciones para el estado sin determinar de dónde procederán los recursos para ello, en detonantes del crecientemente elevado gasto gubernamental. Por ejemplo, “en promedio, para el período 2012-2017 los incentivos (o pluses) crecieron a una tasa anual del 6.3% en comparación al (sic) 5.2% promedio de las remuneraciones básicas.” 

Jorge Corrales Quesada 

La columna de Carlos Federico Smith: sin querer queriendo

No hay duda que la crisis fiscal y las propuestas de reformar una serie de privilegios contenidos en los pluses salariales, que pululan en la administración pública, han logrado una enorme virtud imprevista: han salido a la luz una serie de situaciones abusivas, displicentes, acomodaticias, de arrastrar los pies en la toma de decisiones, de claros abusos con los fondos públicos aportados por los contribuyentes, en vez de tomar las medidas correctivas moralmente indispensables, sin pretender gravar con más impuestos a la ciudadanía.

Una de ellas la describe el comentario de La Nación del 9 de junio, bajo el encabezado “Gobierno de Solís le dio largas a rebaja en las pensiones de lujo: En últimos ocho meses, rehusó pedidos de Ottón Solís.”

Resulta que, de acuerdo con la Ley 7531 de 1995, “Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio,” por la cual los jubilados bajo ese régimen que recibían entre ₡3.8 millones y ₡11.2 millones (¡casi nada!), deberían darle al estado entre un 25 y un 75% de esos montos en exceso de ₡3.8 millones (¡sigue siendo un montón de plata!), como contribución solidaria para dar sostén a un abusado sistema de pensiones del magisterio, cuya supervivencia depende del cobro de impuestos a toda la ciudadanía. 

Pero, en agosto del 2017, el diputado Ottón Solís le advirtió al gobierno de Luis Guillermo Solís, que “325 pensionados no estaban pagando la contribución solidaria” y que buscara “recuperar los montos no pagados durante los últimos 23 años.”

No fue sino hasta abril del año siguiente (8 meses después), cuando el ministerio de Hacienda reconoció que Ottón Solís estaba en lo correcto. 

Afortunadamente, ya el presidente Alvarado decidió proceder a dicho cobro y recuperar lo no pagado por los pensionados de lujo en esos últimos 23 años. 

¿Cómo fue el vía crucis burocrático? Que ante aquella nota del diputado Solís, el ministro Helio Fallas respondió, tres meses después (noviembre del 2017), que no se podía hacer el rebajo por razones de “legalidad” y porque aquellas pensiones en su plenitud eran producto de “actos declarativos de derechos subjetivos, revestidos de presunción de legalidad.” Esto no lo entiendo, pues claramente existía aquella Ley 7531, que legitimaba esa rebaja como una contribución solidaria.   Luego, una resolución del Procuraduría de la República de marzo del 2017 le dio razón al diputado Solís y que el grupo de pensionados del magisterio que debería pagar “no se encontraba exento de la contribución especial.” 

Así pasó el tiempo, no fue sino hasta que la burocracia de Hacienda estuvo en capacidad, y 8 meses después de que Ottón Solís lo advirtiera, cuando, al fin, el gobierno pasado reconoció que debería hacer ese cobro. Dar más largas no podemos imaginárnoslas. No, en verdad, ¡sí lo podemos imaginar!, dado el arrastre de pies en estas cosas de ordenamiento del gasto público que caracterizó al gobierno anterior.

Ahora debemos estar alerta para que el gobierno ineficiente -si bien estimulados por la apropiada prisa del gobierno de Alvarado en cobrar el abuso- efectivamente haga la recuperación de esos fondos... pero rápidamente. Y que no nos metan en el jueguito de si quien debe hacer el cobro es la Junta de Pensiones del Magisterio o la Dirección Nacional de Pensiones o el Ministerio de Hacienda o la Superintendencia de Pensiones: el que sea, pero pronto, pues el abuso es flagrante y, de paso, injusto con todos los costarricenses, que hemos aportado los fondos en montos suficientes para otorgar a plenitud esas pensiones de privilegio. Deben recuperarse esos casi ₡1.800 millones anuales. (Incluso, ¿qué tal cobrar intereses por esos fondos pagados de más?)

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la informalidad en la economía y los aumentos de impuestos

Posiblemente vieron el comentario de La Nación del 30 de abril titulado “Informalidad golpea con mayor fuerza grupos más vulnerables: En Costa Rica, cuatro de cada 10 trabajadores son informales,” basado en un estudio hecho por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como parte de su informe sobre Costa Rica del 2018. (No olviden que tal informe es parte del proceso para la admisión de Costa Rica a la OCDE).

Se entiende por trabajo informal cuando el trabajador no tiene contrato laboral, carece de seguro social, trabaja sin remuneración o labora en empresas no inscritas u ocasionales. Resulta que, según el OCDE, 4 de cada diez trabajadores trabajan en la informalidad. En efecto, la tasa de informalidad en el país en el IV trimestre del 2016 fue de un 44.7% y el promedio del período 2012-2016 fue del 42.6%.

El medio señala, con base en las cifras de la OCDE, que “la informalidad es más alta en grupos menos favorecidos. Por ejemplo, entre mujeres es poco mayor al 40%, (en) los mayores de 60 años y entre quienes no terminaron la primaria alcanza casi 70% y en personas de bajos ingresos es casi del 80%.” “También es mayor entre trabajadores rurales y (entre) quienes laboran en agricultura y servicios domésticos.”

Para la OCDE, hay tres explicaciones para esos niveles de informalidad: (1) las altas contribuciones a la Caja, que en una gran porción es aporte de los patronos; (2) altos salarios mínimos y (3) la migración. 

Bien apunta el economista Pablo Sauma, al advertir que “la informalidad no se debe exclusivamente al no aseguramiento, sino que considera el pago de patentes, los registros contables, etc.” En resumen, el alto costo de la formalidad que incorpora esos aspectos, entre otros, constituye el incentivo que esencialmente conduce a la informalidad en la economía: simplemente les sale más barato a las partes vivir en la informalidad, que en ella.  Cuesta más ser formal que informal; o sea, el beneficio de ser formal (por ejemplo acceso al crédito bancario, así como tener el amparo de leyes) es menor que el de ser informal.

Reconozco que tanto políticos como empresarios han buscado recientemente aliviar esta fuerte informalidad de nuestra economía. Pero, la realidad es que en el país se están tomando medidas que más bien aumentarán la informalidad. Concretamente, se están elevando fuertemente los impuestos, los que, al incrementar el costo de la operación formal de las empresas y de las personas, estimulará a que acudan a producir y laborar fuera de la formalidad; esto es, se incentiva a que se incremente el ya elevado nivel de informalidad en la economía nacional. 

Una propuesta que se ha mencionado para disminuir la informalidad es cargar tasas menores a las empresas hoy informales en vez de las altas cargas sociales hoy existentes en la economía formal (“37% en Costa Rica versus 26% promedio de países de la OCDE”). Creen que con esa medida se reduciría el “costo de la formalidad”. Pero eso, en momentos en que se nos augura un aumento de impuestos por parte del gobierno -IVA, ganancias de capital, impuesto sobre la renta, entre otros- más bien podría inducir a negocios hoy formales, para que se vayan hacia la informalidad, pues más bien estimula que siga siendo más rentable ser informales.

Simplemente se deben reducir los elevados impuestos para la economía como un todo, a la vez que eliminar una serie de formalidades legales y contables y costos similares, para que disminuyan los incentivos que lanzan, por lo general a grupos relativamente desvalidos, hacia la informalidad para así poder sobrevivir con sus familias.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: terminar de quebrar a Bancrédito

En alto grado sabemos del cierre del Banco Crédito Agrícola; los detalles de esa situación espero que se conocerán con el paso del tiempo, incluyendo, ojalá, la responsabilidad de las autoridades actuales del país que no han tomado las medidas de cierre adecuadas y que ha provocado pérdidas mucho mayores, que si se hubiera actuado a tiempo. No entraré a pedir cuentas, pues es sabido que probablemente nunca saldrán a la luz los responsables de todo eso. Más bien quiero ahondar acerca de ciertas medidas y situaciones recientes que parecen destinar al banco hacia una quiebra plena.

La base del comentario se encuentra en el artículo de La Nación titulado “Interventor: Bancrédito se encamina a la quiebra técnica: Pérdidas de ₡30.000 millones se comieron 45% del patrimonio en un año.” Entendamos lo que significa patrimonio: básicamente la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe: su valor neto; si pagara todo lo que debe, lo que le termina quedando. El banco tenía al cierre del 2016 un patrimonio de ₡68.130 antes de entrar en la crisis ya conocida. Si se toman en cuenta las pérdidas del 2017 más las de enero recién pasado, su patrimonio quedaría en sólo ₡37.407 millones: esto es, en un año el banco ha perdido un 45% de su patrimonio. Lo que al final de todo le queda a los ciudadanos, dueños de ese ente público, en ese lapso se ha reducido fuertemente.

Las razones de las pérdidas en este año, el medio las atribuye al “menoscabo de la cartera de crédito debido a operaciones que entraron en morosidad o pasaron a cobro judicial”... y “por el registro del gasto para crear la provisión de cesantía de los empleados de la institución.”  El gobierno intervino el banco a fines del año pasado, después de que en mayo de ese año cerrara su operación financiera y “transformarlo en un banco de fomento. No obstante, dicho plan nunca prosperó.” 

El interventor del banco, don Marco Hernández, de acuerdo con el medio “resaltó que la situación financiera del banco dependerá de la gestión que se realice en la recuperación de los activos -cartera de crédito- así como del comportamiento del pago que tengan” que hacer quienes le deben al banco. Pero, y he aquí lo sorprendente y hasta malévolo, es que, en primer debate, los diputados aprobaron el pasado 8 de marzo, dar a los 694 empleados (477 ya despedidos y 217 que aún laboran en el banco) un monto adicional de ₡3.000 millones a todas las prestaciones laborales ya contempladas en su proceso de administración de la crisis. O sea, se otorga un monto adicional a las estimaciones de ley que se debe pagar a los trabajadores en caso de liquidación o cierre de la firma, que equivalen, en promedio, a cuatro meses más de salarios, lo que significa un monto promedio de ₡4.322.766, adicionales a los pagos que por ley se dan por el cierre del banco. 

¿Nos debe sorprender este nuevo olio indebido de recursos públicos que hacen algunos políticos y que será cubierto por toda la ciudadanía?  Realmente no, pues por otro lado, en un banco -el Nacional-, debido a que en este año las ganancias no fueron tan altas como el previo, al financiar proyectos que no fueron rentables, se reduciría lo que se les reparte a los empleados como bonificación del 15%. Eso ha hecho que los empleados -como si fueran dueños del ente- amenacen con ir a huelga por esa rebaja de su privilegio.

El serio daño de la decisión de obsequiar recursos públicos o privilegiar a unos pocos con fondos pagados por todos los ciudadanos, fue claramente expuesto por el interventor del banco, quien dijo que se preveía una utilidad para el mes de febrero de ₡697 millones y que “no esperaban mayores pérdidas”, pero, “el panorama dio un giro” debido a esa concesión graciosa de diputados, que es así como usan el dinero de todos los ciudadanos. En un comentario de La Nación del 9 de marzo, “Empleados de Bancrédito se van con ₡3.000 millones,” se lee la oportuna manifestación del interventor Hernández, de que aprobar ese proyecto -como se dio afortunadamente sólo en una primera instancia- “implicaría una carga que elevaría sobremanera el pasivo laboral y para lo cual el Banco no tendría la liquidez para su pago oportuno.”

Sonrientes, 14 diputados de casi todos los partidos políticos hoy representados en la Asamblea Legislativa, han decidido quitarles esos recursos a las personas (posiblemente por medio de mayores impuestos), para dárselos a un grupo específico. Nada más rico que regalar plata ajena... Después de todo, dicen no explicarse (o no querer aceptar) por qué la gente está tan molesta con la acción de los políticos tradicionales.

La buena noticia es que, poco antes de publicar este comentario, el presidente de la República indicó que vetaría ese proyecto, lo cual mucho me alegra.  El escéptico se preguntará por qué, si se sabía de la aprobación legislativa de ese proyecto antes de las elecciones, no que lo vetaría informó antes de que se realizaran. El realista dirá que eso no reduce el exceso de gasto público, pues nunca se realizó y, si se le considera un esfuerzo tardío por reducir el gasto, lamentablemente, si bien ejemplar, es poca cosa comparado con lo que se debería hacer en vez de aumentarnos los impuestos a los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada 

La columna de Carlos Federico Smith: comentario acerca del déficit fiscal

Un artículo reciente de La Nación, firmado por su autora, la periodista Patricia Leitón, me da la oportunidad de hablar un poco en torno al concepto de déficits en la economía. Empiezo por mencionar que ese artículo no trata -ni lo haré aquí extensamente- del déficit internacional del país, el cual usualmente se suele llamar el déficit en la balanza de pagos. Pero, en realidad, es el producto de comparar una serie de distintas partidas del país con el resto del mundo, dando lugar a conceptos tales como déficit en la balanza comercial o déficit en la balanza de la cuenta corriente o a un déficit en la cuenta de capital, que forman parte de un todo, como es el déficit de la balanza de pagos (que pueden ser déficits o superávits) y si se incluye la variación que al final de cuentas dan a lugar esos déficits o superávits como son las reservas de divisas del banco central, pues, la tal balanza estaría siempre balanceada; no habría ni déficit ni superávit.  Lo que la gente suele llamar déficit (o superávit) en la balanza de pagos, en realidad se refiere a una de aquellas balanzas parciales, pues la total está, repito, siempre balanceada, por definición.

Quiero aclarar que, cuando menciono en mi comentario a un “déficit”, el cual da una idea de que las salidas son mayores que las entradas, también puede ser que haya un superávit, que es cuando las entradas son mayores que las salidas.

Pero, tanto el artículo de doña Patricia como mi comentario, tienen que ver con otro déficit distinto a los internacionales citados, que frecuentemente escuchamos mencionar en nuestro medio, el llamado “déficit gubernamental.” Es aquí en donde es muy útil la exposición citada para entender claramente los conceptos. El artículo se titula “Deterioro en ICE y CCSS reduce el superávit público:

Señalamiento del Banco Central en último informe mensual,” el cual compara los resultados tenidos al acumulado de agosto del año pasado, con el acumulado a agosto de este año, ambos como porcentajes de valor total de la producción final de los costarricenses, conocido como el Producto Interno Bruto (PIB). 

Lo que entre legos, o personas comunes y corrientes, por ponerlo de una forma, se suele mencionar cómo déficit del gobierno, contrasta con el término expuesto por profesionales de la disciplina de la economía, que suele ser más puntual, y se le denomina déficit del Sector Público Global. Este déficit está compuesto (es resultado de) por tres déficits que tienen que ver con el sector público como un todo: uno es el déficit del Gobierno Central (constituido este último por los tres poderes de la República, el Tribunal Supremos de Elecciones y órganos auxiliares y otros menores); un segundo es el déficit del Banco Central y el tercero se conoce como el del Resto del Sector Público no Financiero (que comprende una muestra de seis entes estatales, el ICE, la Caja, RECOPE, AyA, la Junta de Protección Social y el Consejo Nacional de Producción (CNP)). El conjunto de estas tres “partes” importantes del estado costarricense, define lo que se llama el déficit del Sector Público Global.

Cuando se escucha hablar del déficit fiscal que, por ejemplo, fue de un 5.2% del PIB en el 2016, se refiere al déficit del Sector Público Global y trata del resultado para un año completo. De modo que, los datos que a continuación se presentan de acuerdo con el artículo arriba citado, deben entenderse como una comparación al acumulado a agosto de un año, con respecto al acumulado a agosto del año siguiente, pero no al total del año.

La historia del déficit del Sector Público Global o Total se puede resumir en que suele haber un déficit en el Gobierno Central (usualmente el déficit más significativo como porcentaje del PIB), un déficit del Banco Central (producto de deudas del banco que tienen un costo que debe ser amortizado y por operaciones de crédito subsidiadas no propias de un banco central) y un superávit en el llamado Resto del Sector Público no Financiero. El conjunto de esos tres, nos da el resultado del Sector Público Global, que es, por ejemplo, aquél 5.2% del PIB citado en el párrafo inmediato anterior.

Por tanto, por ejemplo, lo que pueda suceder con el superávit -ya sea mayor en un año que en otro- del Resto del Sector público no Financiero, suele incidir en el déficit Público Global del período correspondiente.

El acumulado a agosto de este año, comparado con el acumulado a agosto del año pasado, nos da que, de un déficit para el 2016 del 1.7% del PIB, ya para agosto del 2017 era un déficit mayor en un 0.5%, elevándolo al 2.2% del PIB. Esta no es una noticia agradable, pues hace temer que, al finalizar este año, sea superior el 5.2% del PIB del año pasado. (Una información pública reciente señala que, según la CEPAL, en el 2017 el déficit total del gobierno será de alrededor de un 6% del PIB).  Ahora bien, ¿a qué se debe este aumento del 0.5% del PIB en el déficit del Sector Público Global? Por una parte, porque entre esos dos años aumentó el déficit del Gobierno Central de un 1.4% del PIB a un 1.5% del PIB, a pesar de que el déficit correspondiente del Banco Central disminuyó de un 0.4% del PIB a un 0.3%, pero, a su vez, disminuyó el superávit del Sector Público no Financiero, que es el que compensa a esos dos déficits, pues pasó de un 1.5% del PIB a un 1.3% en dicho lapso.

Por tanto es relevante ver, tal como lo hace el artículo de La Nación, el porqué del menor déficit, como porcentaje del PIB, del Resto del Sector Público no Financiero. De acuerdo con el Informe de Coyuntura del Banco Central a octubre de este año, la caída se debe a “la desmejora en las finanzas particularmente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),” que sabemos que, además del Gobierno Central, son las entidades con los mayores presupuestos del país. En palabras del gerente del Banco Central, don Eduardo Prado, “en estas instituciones se observó tanto un menor crecimiento de los ingresos como una aceleración en sus gastos.” Ambas instituciones cuestionan la interpretación de la cifra que brinda el Banco Central.

Pero, las luces de alarma se encienden y habrá que ver con cuidado como cierran estas diversas cifras al final del año. En mucho era de esperarse lo sucedido a agosto, porque el estado costarricense no parece seguir una línea fuerte para reducir los gastos, sino que quiere aumentar los impuestos y las tarifas y cuotas a como haya lugar. Esto es, el estado sólo busca tener más ingresos para reducir el problema de sus déficits, pero no disminuir los gastos.  Qué lindo, ¿verdad?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: reempaque a los impuestos

No hay duda que la fuerte reacción del pueblo contra nuevos y mayores impuestos ha impactado la disposición que tenía el gobierno actual, de proponer un impuesto al valor agregado (IVA) del 15%, pues en la Asamblea Legislativa este no tuvo apoyo.
 

Lo que el Estado hace ahora es ligeramente diferente; en esencia, incluir más bienes y servicios gravados con el IVA, que anteriormente no lo estaban. A pesar de la angurria flagrante de este gobierno, incluso al meterle ese tributo a todos esos nuevos bienes y servicios -los que luego señalaré- simplemente no será posible que grave una serie de servicios, como los de capital, de trabajo, de renta de la tierra, etcétera, ni tampoco a otros más difíciles de controlar, como hacer el amor o respirar o tomar agua de un río, entre muchos más posibles en el imaginario fiscal.
 

Aun así, se comete o conserva un error técnico en lo referido a los IVAs, cual es tener dos tasas distintas para el universo impositivo.  Se me dirá que ya existía, que había una tasa de cero para bienes y servicios exentos y otra del 13% para el resto; o sea, que había ya una tasa dual, pero, eso sigue con la propuesta, sólo que, de aceptarse esa argumentación, ahora tendría tres tasas: una de cero para los exentos, otra del 4% para algunos bienes y servicios y otra del 13% para la mayoría de bienes o servicios.  Esto es, se incrementa la multiplicidad de tasas.
 

En todo caso, tal vez lo conveniente, desde el punto de vista de eficiencia tributaria, sea que haya una tasa única (naturalmente espero que nunca la puedan aplicar a casos extremos, como respirar, hacer el amor, tomar agua del río o sobre los factores de producción en general, por lo cual, de hecho, siempre habría dos tasas: la de cero para los exentos o sobre los “imposibles” y una única para el resto). Pero, lo que está en juego no es un gobierno que quiere lograr la eficiencia tributaria, sino ver cómo agarra más plata. Si buscara la eficiencia tributaria, se lograría con una tasa única y uniforme del 10% o 12% sobre todos los posiblemente gravables bienes y servicios (incluyendo los nuevos que se propone), en vez de la propuesta del 13% actual (y más con la del 15% que, por el momento, fue lanzada al basurero de la historia legislativa del país), de forma que la recaudación global de hoy más o menos se mantenga y no que se eleve. Esto es, que se incorporen al IVA todos los bienes y servicios factibles, pero a una tasa única más baja que la actual.
 

Pero, veamos lo que dice la nueva propuesta del gobierno (la información básica proviene de un artículo de La Nación del 10 de noviembre, titulado “Maquinaria, boletos aéreos y libros pagarían 4% de IVA: Nueva propuesta de reforma fiscal que impulsa el gobierno.”):
 

Con un gravamen del IVA del 4% (la nueva categoría impositiva):
 

(1) A los servicios privados de medicina, así como los de educación. Esto es interesante pues ya estos últimos estaban exentos y cabe reflexionar si la educación privada no le salva la tanda a la educación pública, al suplantar obvias ineficiencias e insuficiencias de esta última. Este castigo impositivo encarece la educación privada, lo que hace que disminuya su cantidad demandada, la que ahora se desviaría hacia la educación pública.
 

La existencia de servicios médicos privados en mucho es producto simplemente de una realidad ante los problemas del servicio médico universal, que ha hecho que muchos usuarios, con derecho a acudir a servicios en la Caja, prefieran hacerlo con médicos privados, tal vez por la certeza de que serán prontos, algo que en muchos casos es de vida o muerte. Un encarecimiento de los servicios médicos privados hará que, en el margen, los usuarios de esos servicios trasladen su demanda hacia los públicamente brindados. Y no me voy a meter aquí en lo que significaría ese aumento de demanda de los últimos, en un sistema que sabemos se encuentra en problemas para brindar el suministro que los ciudadanos esperan por sus cotizaciones obligadas.
 

(2) A los libros en todo formato. Se encarecen con el nuevo impuesto y, por fortuna, ante las grandes posibilidades que hay de lectura por medios electrónicos, afectaría básicamente a quienes brindan el servicio de la producción de libros físicos. Aquí hay algo interesante: esa lectura electrónica gratuita es generalmente de obras no muy recientes, y que, en algunos casos, son bastante anticuadas, al menos en campos técnicos. Con ello, el fuerte impacto del impuesto citado se vería en el caso de libros técnicos que sí se venden en el país.
 

(3) A la compra de empaques y embalajes y a las materias primas de las que se hacen esos, tales como maquinaria y equipo.  Pero, se indica la excepción para el caso de exoneración expresa, como por ejemplo el régimen de zonas francas. El efecto recaería sobre la producción dirigida al mercado doméstico, encareciéndose respecto a la producción para el exterior. En el país se debería pensar, más bien, en ampliar los beneficios para los consumidores nacionales mediante una más profunda integración con el comercio global.
 

(4) A los tiquetes aéreos que salen de Costa Rica. Esto no me calza muy bien, pues, dado que, si lo es para no afectar el ingreso de turismo al país, sería válido sólo si el turista llegara con tiquetes de ida y vuelta, pero no si compra afuera el de ingreso y luego decide comprar el de salida en el país. No tengo idea de cuánto podía significar eso. Pero, la pretensión de que el tiquete de salida que se compra en el país, que incluye normalmente el viaje de ida y el de regreso, sea objeto del gravamen, va obviamente en contra del principio de libre movilidad. No obstante, incentivara que nacionales compren sólo el tiquete de salida en el país y el de regreso lo hagan en el país adónde fueron.  Eso sería muy fácil de hacer en especial en viajes por motivos empresariales de empleados de firmas que tienen sedes en otros países. Y, afortunadamente, con las nuevas formas electrónicas de adquisición de boletos
 

(5) A los servicios agrícolas, como siembra, cosecha, recolección, fumigación, control mecánico y clínico de malezas, transporte y clasificación de productos; alquiler de terrenos, almacenaje y venta de servicios de producción agropecuaria.  Es obvio que, en vez de gravar al bien final (el producto agrícola), se grava a los insumos, lo que eleva los costos de producción y el precio de venta, ocasionando un descenso en las ventas y consumo del bien final.
 

Con un gravamen del IVA del 13%:
 

(1) A las telecomunicaciones, la radio y la televisión, al igual que los servicios ligados a préstamos (caja fuerte y peritos). No sé sí es deseable que el Estado los grave en una sociedad que se precia de la libertad de expresión, de prensa y de comunicación. No hay duda que pronto se derivará la pretensión de gravar a servicios hoy gratuitos, como los mensajes que cada uno de nosotros pone en la internet (no sé si el pago del servicio de la internet ya está gravado).  Y llama la atención eso de servicios de cajas fuertes, que en mucho son brindados por bancos y por los que los consumidores tendrían que pagar más. Ante la inseguridad en que crecientemente vive la ciudadanía, se encarece el costo de prevenir la inseguridad que dan cajas fuertes más seguras.
 

(2) A los servicios que brindan los informáticos, los abogados, los gimnasios, los espectáculos, Netflix y Spotify. Lo que sucederá, al igual que muchos servicios que ahora se contratan de jardineros, plomeros, reparadores de techos, pintores, carpinteros, lavado de carros en los hogares, entre muchos otros (afortunadamente), es que la gente los contrate mediante el pago en efectivo. El problema radica en la capacidad que tenga el Leviatán de ejercer el control fiscal, que podría ser incluso tan costoso, como que para que se vaya lo comido por lo servido. (Nos dirán entonces: Lo que necesitamos es más plata para ejercer la vigilancia en cuanto al pago del impuesto hecho en efectivo por esos servicios.)
 

(3) A los alquileres superiores a los ₡425.000 mensuales, lo que incitaría a fraccionar los alquileres superiores a esa suma. Por ejemplo, un alquiler básico y, por aparte, un alquiler por instalaciones adyacentes.
 

(4) A la electricidad, que me parece, como dice el pueblo, que ¡eso es un crimen!, pues bien sabemos del alto costo que la electricidad en nuestro país (no sólo para usuarios finales, sino para empresas que la usan como insumo). De hecho, parece haber un claro componente fiscal en el precio actual de nuestra electricidad, al ser un precio fijado por el estado para proveedores monopólicos de su propiedad, lo que, a su vez, se refleja en el precio de servicios que dan otros pequeños productores privados.
 

(5) Al transporte, excluyendo al servicio público.  Me olfateo que, con ello, el estado alegará que le cobrará un impuesto a Uber y a los piratas y no a los taxis oficiales, encareciendo a los primeros para beneficio de los últimos, que ahora tendrían menor competencia. En cuanto al transporte restante, no hay duda que tendrá un impacto sobre el costo de los productos, que será trasladado a los consumidores.
 

La fiera voraz abre sus fauces y el que trabaja, el que produce, el que lo hace sirviendo a los demás, más bien es castigado. Y el consumidor tendrá que pagar más para darle recursos al estado, para que prosiga con un gasto que tiene sumamente molestos a los ciudadanos.  Claro, al político en el poder lo que le interesa es gastar el dinero, en vez de que lo haga usted, pues creen que saben mejor que usted cómo debe gastar lo que tanto le cuesta a usted obtener con su esfuerzo.  Una enorme arrogancia creer en esa presunta superioridad.

Jorge Corrales Quesada