Desde la tribuna: estado de la libertad en Costa Rica

He recomendado a muchos consultar el índice de Doing Business. Tal medición se puede ver en en este link. Allí encontrarán a Costa Rica en el lugar 122º de 183 países. Por un número no quedamos en el último tercio.

 

No está bien la seguridad de las inversiones y no está bien el asunto de trámites.Es obvio que padecemos tramitomanía. El examen de algunos casos nos evidencia que así son las cosas en nuestro país. No hay vuelta de rosca, así estamos. A pesar de normas que procuran que mejoremos, la verdad es vamos mal.
 

Hace poco un “ambientalista” decidió que SETENA estaba haciendo las cosas “facilonas” para la instalación de torres de telecomunicaciones para sistema móvil avanzado 3G (SMA-SG). La SETENA, según resoluciones 2031-2009 y 123-2012 la SETENA moduló que tramitaría la instalación de torres de telecomunicaciones para sistema móvil avanzado 3G (SMA-SG) de conformidad con el instrumento conocido como “D2” el cual sería complementado con una serie de información y trámites. Un poco de análisis llevará a la conclusión de que no es nada “facilona” la manera de tramitar la instalación de dichas torres (antenas o radiobases), sino que más bien se trata de un procedimiento recargado (más bien se indica que se reserva un procedimiento agravado si se trata de “zonas frágiles”).

 

Pues bien, este ambientalista presenta entonces una acción de inconstitucionalidad contra tales resoluciones, las acusa de ir contra el texto expreso de la ley (indica que el artículo 16 de la Ley de la Autoridad Reguladora de  Servicios Públicos exige trámite agravado y expreso cuando se trata de “explotación de un servicio público”) y enreda a la Sala Constitucional. Señalo este punto con detenimiento, pues la intencionalidad de la acción se desnuda ante el hecho de que el recurrente “confunde” la “explotación de un servicio público” con la instalación de torres, antenas o radiobases. 

 

La Sala, sin más, da curso al asunto y ordena la suspensión del dictado de resolución final. No obstante, como las resoluciones ordenan el trámite y es un asunto administrativo, se hace un inmenso nudo y se suspende el trámite en SETENA de la instalación de las benditas  torres de telecomunicaciones para sistema móvil avanzado 3G (SMA-SG).  

Claro que el “ambientalista” no explica por qué las torres privadas sí contaminan y son un peligro para el ambiente y las del ICE no. Tampoco explica la “confusión o enredo” que hace del artículo 16 de la ARESEP citado. 

A la SETENA le queda cómodo cruzarse de brazos, para qué exponerse. Es el resultado de una señal que hace mucho tiempo dio la mismísima Sala Constitucional cuando resolvió que en materia ambiental no podía darse el “silencio administrativo positivo”. 

¿Se han movido las autoridades públicas prestas y alertas a aclarar los puntos y a idear una vía alternativa para no detener el progreso? Por supuesto que no. La Procuraduría contestó negativamente la acción, pero no aclaró el enredo normativo que hace el recurrente.

El Ministerio Rector podría hacer algo con su comisión de infraestructura, pero aún no hace nada. 

Una de las compañías fabricante de torres optó por tramitar en SETENA con el instrumento más complejo y exigente, con el “D1”  (que según el recurrente es la vía que corresponde) y  la SETENA tampoco le ha dado curso.  ¿Qué hacer?

¿Cuánto durará la Sala Constitucional en resolver este asunto? Si al final resuelve bien y determina que no hay inconstitucionalidad ¿quién pagará el atraso de meses en la tramitación? ¿El “ambientalista” que se escudó en “intereses difusos”, el letrado o instructor de la Sala que no reparó en la agarrada de majes que les están dando o la SETENA que no quiso tramitar ni la gravosa vía del D1?  ¡Es para pensar!

Por otro lado, todavía recuerdo cuando hace meses un representante de la Procuraduría y un integrante del CONESUP y representante de sus miembros negaron ante un Juzgado Contencioso-Administrativo que existiera la posibilidad de “silencio positivo” en la autorización de Universidades Privadas. Rabiosamente y con la connivencia judicial bloquearon incluso la posibilidad de demostrar precedentes (no se había estimado que hasta allí llegara la mala fe de unos y la posible ignorancia de otros).   

 

Curiosamente, tal Consejo ha venido bloqueando sistémicamente la creación de nuevas Universidades. La autorización ha sido la excepción. La tramitomanía ha sido la regla. Se dice que el Ministro concernido ha expresado, en el caso concreto de una solicitante, que mientras él sea Ministro tal entidad no se autorizará.  ¿Capricho, exceso de discrecionalidad, mala fe o abuso de poder? ¿Cuántos casos similares hay en nuestra Administración Pública? 

La forma de actuar en relación con la libertad de enseñanza ha sido de antología. Inspecciones previas (de entidades que aún no están autorizadas) para revertir dictámenes e impedir su autorización, inacción u omisión de solicitudes de consulta a fin de bloquear el plazo del silencio positivo, nuevos requerimientos de información en otros casos para encontrar un pretexto para no autorizar son apenas algunos de los expedientes utilizados.  

 

Recientemente, a pesar de que según se narró negaban la existencia del silencio positivo, el susodicho representante de los miembros de CONESUP pidió a la Sala Constitucional la inconstitucionalidad del plazo para decidir respecto de la autorización de una Universidad privada por parte de este Consejo. Estima, con la concurrencia obvia de la Procuraduría y el Ministro concernido, que el plazo de cuatro meses es “irracional” y corto para decidir la autorización.   

Para alguien que ejerce una poder de autodeterminación reconocido por nuestra Constitución como derecho fundamental y libertad pública, la libertad de enseñanza, resulta espantoso tener que esperar durante cuatro meses para que el CONESUP decida sobre su solicitud. Más aún, no entiendo cómo podría decidir negativamente si se trata de una libertad pública.  Allí están las solicitudes haciendo fila perpetuamente.   

Pienso que las telecomunicaciones y la educación son actividades principales y estratégicas en el desarrollo de una sociedad.  He puesto el caso de cómo son vulgarmente bloqueadas y regateadas. ¿Cómo anda lo demás? ¡Basta imaginárselo!

¿Invertir en educación costarricense? ¿Invertir en las telecomunicaciones? Basta un litigante escudado en derechos difusos para bloquear cualquier trámite. En otros casos hemos olvidado la naturaleza de los derechos. Basta el capricho de un ministro para que no se autorice una nueva Universidad. 

Ni hablar de otras actividades en las cuales se construyó y actuó con autorizaciones administrativas y en las que, retroactivamente, ha recaído orden judicial de derribar, cerrar o terminar. No por trámite torticero sino por imperfección del Ordenamiento Jurídico según el cual se autorizó la actividad. 

Por eso no es de extrañar que algunos agentes fiscales tengan cómo encarcelar a quien quieran (aunque sea una defensora pública que está en juicio, una persona que espera en el mostrador a su abogado para una declaración indagatoria a la que fue citada en hora que todavía no se ha cumplido) o que algunos miembros de la policía le den una vapuleada a un ciudadano indefenso y además lo acusen de amenazas o que el Ministerio de Salud cierre un negocio que ha pedido en tiempo los permisos correspondientes. 

El capricho de algunos funcionarios y administradores se está convirtiendo en la ley que rige algunas actuaciones públicas. El problema es que el exceso de leyes y la presión pública ha puesto en sus manos demasiado poder y lo usan así. 

Y … ¿la libertad? Menoscabada y maltratada. Los defensores oficiales de los derechos prefieren los derechos programáticos que los derechos de libertad, así como prefieren los intereses difusos que las personas de carne y hueso. ¡Malos tiempos! 

Queda dicho, abundan los ejemplos.

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: apertura a medias

Muchos celebramos hace ya más de 3 años cuando se aprobó el TLC con los Estados Unidos: en particular, celebramos porque ese acuerdo permitió la apertura de telecomunicaciones y seguros. De un esquema donde el Estado empresario mantenía el monopolio de estos dos servicios, ofreciendo pésima cobertura y calidad, con la excusa de precios "bajos" y universalidad -sin reparar que el mal servicio acarrea otros costos no asociados con la tarifa pagada, pero sí por la pérdida de competitividad, oportunidad y efectividad, tanto para individuos como para empresas-, pasamos a uno donde era posible encontrar competencia, opciones y aspirar a un mejor servicio.

Sin embargo, sabíamos que la apertura que nos propusieron entonces no era la óptimo, pues mantenía regulaciones, plazos, cierto grado de protección a las instituciones públicas, participación de reguladores y, en fin, no se acercaba a un escenario de libre competencia, donde los oferentes lucharan para atraer al cliente. Pero como dicen, la libertad entra por rendijas y a pesar de todas esas objeciones, era mejor que mantener el statu quo. Los costarricenses votamos, mayoritariamente, por cierto grado de apertura, quitándole el apoyo al monopolio en telecomunicaciones y seguros.

Luego de más de 3 años, todavía seguimos esperando esa apertura. Más de uno pensará que quienes apoyamos el TLC le hemos mentido: le prometimos más y mejores opciones en telefonía, internet y seguros y hasta la fecha, prácticamente no se le ha cumplido. Recientemente, los usuarios vivieron, una vez más, el calvario producido por las fallas del ICE en la red celular. También recientemente, se anunció que SBA Communications estudia la posibilidad de demandar al Estado costarricense por los atrasos en la apertura. Pero esa noticia no es para extrañarse: apenas iniciando el 2009, es decir, más de dos años después de aprobado el TLC, se completó la conformación de la SUTEL, órgano encargado de regular el mercado de telecomunicaciones en nuestro país.

No le mentimos a los costarricenses cuando decíamos que el TLC traería más competencia: la competencia vino, pero el Gobierno no la ha dejado entrar. Para muestra varios botones: ya han iniciado funciones dos empresas aseguradoras -ASSA y MAPFRE- pues pareciera que ese sector, el proceso ha caminado un poco más. Pero en telecomunicaciones, empresas como Costa Pacífico, entre otras, han mostado interés por participar en el mercado, pero la inoperancia de la SUTEL para definir las "reglas del juego", la ineficiencia del MINAET para entregar las bandas a concesionar y la miopía del Gobierno y el ICE, se los han impedido.

En otras palabras, los que verdaderamente apoyamos el libre comercio no engañamos a nadie. Quienes verdaderamente ha timado a los costarricenses son los gobernantes, los que nunca han demostrado tener voluntad para que podamos adquirir servicios en un mercado competitivo, los que nunca han querido que seamos los consumidores los que tengamos el poder de premiar y castigar empresas con nuestro consumo, sino que han querido ser ellos los que premian y castigan con favores políticos, propios del país clientelista en que vivimos.

Son los timadores socialdemócratas de siempre: los que nos han quitado recursos con impuestos para, supuestamente, devolvérnoslos con servicios de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, pero que en el día a día se demuestran como inexistentes. Tenemos un sistema de salud colapsado, altamente costoso, incapaz de ofrecernos atención adecuada y eficiente; tenemos un sistema educativo mediocre, que premia a quienes no lo merecen con becas y subsidios y castiga a los que se esfuerzan. Tenemos una seguridad ciudadana de pacotilla, con policías mal entrenados y sin equipamiento, jueces que no dan a basto, normas sumamente permisivas y tolerantes en favor de los delincuentes y ni qué decir de la gran cantidad de funcionarios corruptos. Y de la infraestructura mejor ni hablar: puentes que se despedazan, carreteras mal diseñadas por la complacencia ante concesionarias que no cumplen con los requisitos, calles repletas de huecos, puertos del siglo XVIII con operarios de la época de las cavernas y un aeropuerto que lleva más de 10 años modernizándose sin que uno vea los grandes cambios prometidos.

Sin dudas, la realidad nos da una bofetada para hacernos reaccionar, pero lamentablemente, el grueso de los ciudadanos no lo hace. Sigue creyéndole, elección tras elección, a los mismos de siempre; sigue confiando en sus palabras; sigue pensando que las cosas hay que hacerlas a medias y que todo aquello que se suene ligeramente radical respecto al statu quo es malo.

Es necesario que, de una vez por todas, los costarricenses caigamos en cuenta que el libre mercado, el libre comercio, la libre empresa, la libre elección, implican que los individuos son los que deciden qué comprar, qué consumir, qué producir, qué escoger, a dónde dirigir sus recursos, qué actividades preferir y que, por el contrario, la regulación -mucha o poca- siempre querrá decir que son los políticos los que tomarán las decisiones en lugar de los individuos comunes y corrientes.

Por eso, pidámosle al Gobierno que abra ya a la competencia no sólo las telecomunicaciones y seguros, sino todas las actividades económicas. Exigámosle que respete nuestra libertad y capacidad para decidir con quién, cómo, cuándo y donde hacemos intercambios. Obliguémosle a no entrometerse en nuestras decisiones. En otras palabras, reclamemos nuestra propia libertad y dejemos esos esquemas intermedios".

Flash Legislativo

Este día queremos ofrecerles información acerca de una interesante iniciativa del Diputado Carlos Góngora del Movimiento Libertario. Se trata del proyecto de Ley N° 17.712, que procura exonerar a los café internet de impuestos de renta, ventas, contribuciones parafiscales y del canon de regulación que establece el Fondo Nacional de Telecomunicaciones.

Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en ASOJOD no nos parece que las exoneraciones sean un mecanismo apropiado, toda vez que generan una distorsión en el trato, de forma que mientras unos gozan del beneficio -muchas veces por favores políticos- el resto tenemos que pagar las cargas. Sin embargo, como también hemos explicado, en un escenario como el nuestro, con gran intervencionismo y voracidad fiscal, y con escasas oportunidades de implementar un sistema tributario más sencillo y reducido, que respete la propiedad de los individuos, vemos como un paso adelante que estas exoneraciones se den. Al final de cuentas, como dice Jorge Corrales, Presidente de ANFE, "la libertad entra por rendijas".

La eliminación de estos tributos para los café internet resulta positiva en dos sentidos: por un lado, es una forma de dejar de presionar a los emprendedores que, poco a poco, han ido surgiendo en esta área, a pesar de las trabas que el ICE, como monopolio o como actor hegemónico, les ha generado para su desarrollo. Por el otro, estos negocios han cumplido un interesantísimo rol que refleja, a la perfección, la idea de Smith sobre el egoísmo: buscando su propio interés individual, los empresarios de este sector le han hecho un enorme favor al conjunto: han democratizado el acceso a Internet.

Gracias a estos negocios, cientos de costarricenses han podido introducirse en ese fascinante mundo, han podido desarrollar destrezas y acceder a más información, entretenimiento y conocimiento. En un siglo que nos caracteriza por las tecnologías de la información y la comunicación, los café internet han permitido que los costarriceses que tal vez no tenían recursos para contar con acceso a la red desde sus casas, puedan mejorar sus condiciones académicas y laborales.

Precisamente, esta iniciativa reconoce y premia el esfuerzo de los emprendedores que decidieron arriesgarse y ganar en esa área.

Efectos de la competencia en telefonía celular

Hace unos días llegué a Panamá a visitar a mi familia. El día 14 de diciembre, decidí conseguirme el celular más barato para poder comunicarme durante mi estadía libremente. Terminó sucediendo lo siguente:

12:20 pm - Entré a la sucursal de Digicel

12:23 pm - Encontré 4 celulares de diferentes marcas, ¡todos a US$ 9.99!

12:25 pm - Escogí un Nokia 1200. Un modelo sencillo con pantalla en blanco y negro y linterna.

12:35 pm - Luego de hacer una fila de cinco personas salí con un celular con línea, un dólar de saldo para hacer llamadas y un MP3 player de 1 GB.

Hagamos la comparación con Costa Rica, en donde tantas personas todavía insisten en que la competencia no nos va a beneficiar:

Precio

El celular en Panamá me costó US$ 9.99, lo que equivale a aproximadamente a 5 500 colones. Un celular Nokia con las mismas características (Nokia 1112) cuesta en Costa Rica entre 30 000 y 35 000 colones (US$ 54 a 63). Más o menos cinco veces lo que me costó a mi aquí. Esto sin contar el MP3 player USB que venía incluido.

Además, el costo de las llamadas entre celulares de la misma red es de US$0,24 (132 colones) por los primeros dos minutos y la media hora siguente es gratis. Es decir, el minuto sale aproximadamente a 4 colones en los primeros 32 minutos de llamada. Si la llamada es a otra red (Movistar o Cable and Wireless) cada minuto cuesta US$ 0,12, pero se cobra al segundo.

Tiempo de espera

No creo que haya mucho que decir sobre esto. Como pueden ver, entre el momento en que entré a la tienda y el momento en que salí pasaron con costo 15 minutos. En Costa Rica, con suerte se duran 2 horas haciendo una fila interminable en alguna sucursal del ICE.

Antes de que Digicel entrara a Panamá, el precio por minuto de celular rondaba los US$ 0,35 a 0,45 por minuto. La competencia puede beneficar a los usuarios, pues mejora tanto los precios, como el servicio. Esperemos que tengamos una competencia efectiva en Costa Rica el año que viene, porque el ICE simplemente da un pésimo servicio.

Felipe Echandi L.

Absurda oposición legislativa

Mientras en Costa Rica los diputados Merino y la bancada del PAC se las ingenian para ahogar en cientos de mociones el proyecto en discusión legislativa para dotarnos de nuestra primera Ley General en Telecomunicaciones, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones –UIT– desde Ginebra, Suiza, en respuesta a las exigencias del mercado mundial, ha reasignado el uso de algunas bandas del espectro radioeléctrico, para facilitar y promover el uso de la telefonía móvil de tercera generación.

Apertura de banda. Los miembros de la UIT, incluyendo a Costa Rica, en una reciente convención mundial (WRC07), coincidieron en reasignar la banda del radioespectro desde los 689 MHz hasta los 862 MHz, frecuencias con excelentes características para la transmisión a grandes distancias, anteriormente asignadas a canales de TV por UHF y buscapersonas, para los muy solicitados servicios de telefonía móvil mas navegación por Internet a velocidades desde los 64 Kbps hasta los 2 Mbps, conocida también como la telefonía de tercera generación. Esta reasignación de bandas para los servicios de 3G, adicionales a los TDMA y GSM existentes, representa un incremento en capacidad suficiente como para permitir la transmisión de 30 portadoras de tecnología W-CDMA con ancho de banda de 5 MHz cada una, a través de 15 operadores en competencia, cada uno utilizando dos portadoras. Solo en Estados Unidos, la FCC ha sacado a subasta para este mes de enero 1.099 licencias de operación en esa banda. Se trata, sin duda, de una gran apertura del radioespectro que viene a dar al traste con los sueños de acaparamiento indefinido de frecuencias que muchos operadores hubiesen deseado mantener en usufructo para siempre. Se trata de una verdadera optimización del radioespectro, que permitirá mayor grado de libertad en escogencia para los abonados de todo el planeta, y que, sin duda, reducirá drásticamente los costos actuales del servicio.

Otra Costa Rica. Los diputados que todavía se oponen a la apertura en telecomunicaciones, y en general al cambio del estatismo económico a ultranza por un mercado de capitales mixtos en la prestación de servicios públicos, son cada vez menos. Estamos por presenciar un desplazamiento paula- tino de los votos legislativos hacia el grupo mayoritario del G-38, a medida se acerca el nuevo periodo electoral. La Costa Rica posreferendo es totalmente otra, y sus exigencias están mucho más orientadas al desarrollo y consolidación de un modelo social basado en el esfuerzo productivo individual, familiar y empresarial, que en la defensa a muerte del caduco modelo de la redistribución de la riqueza por la sola vía de los servicios públicos. Ya muy pocos costarricenses están dispuestos a morir luchando en la ultima trinchera en defensa de un modelo de redistribución económica seriamente deteriorado y apenas consistente en la devolución de migajas de muy bajo valor, como el supuesto subsidio de la tarifa básica de la telefonía fija y la solidaridad con las zonas rurales a través de teléfonos públicos.

Las demandas de seguridad social para este siglo XXI se están actualizando y modernizando. El periodo electoral que ya se aproxima abrirá ciertamente la posibilidad de replantear y redefinir las nuevas prioridades de solidaridad social que demandarán los ciudadanos de esa nueva Costa Rica que ya se encuentra en febril construcción.

Ricardo Trujillo

Apertura en telecomunicaciones

Es válido mantener criterios dispares acerca de temas en discusión, sean estos sin importancia o de gran relevancia nacional, como el próximo referendo sobre el TLC. Pero lo que no es válido, en esta o en cualquier otra discusión, es apoyarse en argumentos que no son ciertos. Este es precisamente el caso de los argumentos de algunos de los oponentes al Tratado para justificar su oposición a la apertura a la competencia de las telecomunicaciones en Costa Rica. Se apoyan en estadísticas de dudosa procedencia, en estudios obsoletos y en verdades a medias, para profetizar toda suerte de calamidades que caerán –según ellos– sobre los clientes telefónicos costarricenses, en cuanto haya apertura.

Sin el menor asomo de apoyo en la realidad, profetizan catástrofes tales como que el 25% de los actuales clientes de servicios celulares van a tener que prescindir de estos servicios, puesto que las tarifas aumentarán en un 400%. ¿De dónde obtienen los datos que apoyan tan absurdas profecías? No se sabe, pero lo que sí es cierto es que la realidad es otra.

En el momento en que empiece a ofrecer servicios en el país otra empresa de celulares (que no será inmediatamente después de aprobada la Ley y promulgados los Reglamentos, pues la empresa debe ganar un concurso para la concesión y luego construir su red y sus oficinas comerciales), los precios que cobre el ICE y el nuevo entrante para este servicio serán de fijación libre; es decir, determinados libremente por cada uno de ellos. En tales circunstancias, es lógico que el nuevo operador cobre tarifas más bajas que las del ICE (u ofrezca mejor paquete de servicios) para entrar al mercado.

Gran ventaja. ¿Significaría esto la ruina financiera del ICE? Poco probable. En primer lugar, el ICE es la empresa celular ya establecida, lo que le da una gran ventaja y, aunque su servicio podría ser grandemente mejorado, siempre “es preferible malo conocido que bueno por conocer”, por lo que es imposible pensar que todos sus abonados van a cambiar masivamente al proveedor de servicios. Claro está, algunos si lo harán, pero no todos, y puesto que el mercado celular seguirá creciendo debido a la demanda insatisfecha actual (que se estima es igual al total actual de clientes), es improbable que el total neto de clientes del ICE disminuya.

En segundo lugar, ICE-Telecomunicaciones factura alrededor de ¢1.000 millones por día y tiene un endeudamiento muy bajo, por lo que su solidez financiera actual es excelente. Por lo tanto, no existiría razón alguna para que –frente al ingreso de un competidor– el ICE se vea obligado a subir tarifas para evitar la quiebra.

Pero se alegan por ahí otros argumentos aún más falaces. Se argumenta que teniendo el ICE tarifas muy bajas, el regulador de Telecomunicaciones lo obligaría a subirlas para no perjudicar la rentabilidad del nuevo operador. Tal afirmación no merece ni comentario explicativo, ya que en competencia las tarifas serían fijadas por el mercado, no por el regulador. Más inverosímil aún, se alega que, si el nuevo operador entra con tarifas muy bajas y captura una importante porción del mercado, entonces prontamente subirá sus tarifas a niveles imposibles de pagar. Pero dejan de lado que en un mercado en competencia, los clientes no son cautivos de una sola empresa, sino libres de trasladarse y afiliarse a aquel servicio que más les convenga.

Por último, alegan que, dado el poder económico de los posibles entrantes, estos ofrecerían sus servicios a tarifas por debajo del costo, con el fin de lograr que el ICE quiebre y así apoderarse de todo el mercado, y dejan convenientemente de lado el que en la legislación costarricense actual, esta figura de negocios (dumping) está ya penalizada.

Desacertada decisión. También pretenden extrapolar realidades de países vecinos, en los que se vendió la empresa telefónica estatal (y no simplemente se abrió el mercado a la competencia) y además se otorgó al nuevo operador una exclusividad de servicio por cierto tiempo. Esta decisión fue muy desacertada para ese país (excepto para aumentar ingresos para el fisco) y solo condujo a que se cambiara un monopolio estatal por uno privado, sin que hubiera mejora alguna en el servicio o tarifas para el cliente.

Por otro lado, la experiencia internacional (documentada en estadísticas de la UIT) es que en la mayoría de los países, las tarifas de los servicios en el mercado bajaron en el lapso de dos años después de la apertura. Más aún, en países donde había un operador estatal monopolístico fuerte (como el caso de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia), este operador continuó siendo el operador dominante después de la apertura.

Por lo tanto, discutamos sobre telecomunicaciones, pero con la verdad, nunca con falsedades, pues de otra manera no estaremos haciéndole servicio alguno al país, sino simplemente estaríamos creando confusión, que solo fortalece al fanatismo extremo.

Por Roger E. Echeverría
Tomado de la Nación

Falsedades y manipulaciones

Con motivo de la apertura a la competencia de las telecomunicaciones que propicia el TLC, en varias ocasiones opositores del tratado me han atribuido afirmaciones falsas o se ha tergiversado mi dicho para beneficiar sus tesis. Esta vez me refiero a las alusiones del expresidente Rodrigo Carazo Odio a la revistaFortuna, Negocios y Finanzas, y del señor Gerardo Fumero Paniagua, funcionario del ICE, en su artículo “La falacia de la competencia en las redes de telecomunicaciones”.

Sobre los precios. En declaraciones dadas a la citada revista, el expresidente Carazo atribuye a una investigación, que supuestamente yo elaboré, la conclusión de que “con la desintegración de un monopolio natural del sistema de telecomunicaciones (tal y como está integrado el ICE), los costos de competencia para el país tendrán un aumento inicial de más del 20 por ciento”.

Al respecto, debo aclarar que es absolutamente falso que yo haya elaborado una investigación que concluya lo que el señor Carazo indica. Todo lo contrario. Creo en los beneficios de la libre competencia en todos los ámbitos del sistema económico en que sea posible, bajo el control del Estado. Además, como lo entendió la Sala Constitucional al resolver la consulta referida al TLC, estimo que “el texto del Tratado se convierte en una garantía para los consumidores en materia de telecomunicaciones” entre otras razones, en tanto estos “van a tener la oportunidad de escoger el proveedor de servicios que más les convenga a sus intereses, en atención a lo dispuesto en el numeral 46 de la Constitución Política”. Por otro lado, es posible demostrar la tendencia a la baja de los precios que propició la apertura de las telecomunicaciones, previa definición de una legislación balanceada garante de una igual y libre competencia, por ejemplo, en España.

En efecto, según un estudio de Ariño y Noriega (2004) que hace un balance de los resultados de la apertura de las telecomunicaciones entre 1998 y el 2003 en España, se prueba que sucedió todo lo contrario a lo que dice el señor Carazo. En ese estudio se señala que, luego de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, con excepción de los servicios subvencionados, todos los servicios presentaron “un fuerte descenso de precios”. Aún más, según ese estudio, dicha baja de precios durante esos 5 años, supuso “una importante transferencia de rentas de los accionistas e inversores a los usuarios finales, que asciende, según estimaciones del Ministerio de Economía, a 35.971 millones de euros”.

No es monopolio natural. Por su parte, en el referido artículo, el señor Fumero acude a una cita salida de contexto, de mi ensayo sobre el artículo 46 en la Constitución Política Comentada de Costa Rica, Mc Graw-Hill, 2001, para intentar justificar que en el mercado de las telecomunicaciones prevalece un monopolio natural. De hecho, toma del aludido texto, la definición de monopolio natural de los autores Fischer, Dornbusch y Schmalensee que cito de forma literal, si bien en su manipulación, me pone a decir, implícitamente, lo que nunca he dicho y, lo que es más grave, obvia señalar mi frase de cierre en ese tema, conforme a la cual “la existencia de un monopolio natural es relativa y dependerá de su demostración según las diversas variables de tiempo, espacio y tecnología al alcance, en un determinado momento y por ello está sujeto a constante revisión”. Precisamente en el caso de las telecomunicaciones, hoy es indiscutible que no existe un monopolio natural. La discusión ha estado en el diseño de la legislación que permita la igual y libre competencia y beneficie al usuario con más variedad, mejor calidad y menores precios.

Por la honestidad en el debate, lamento mucho la falsa y manipulada alusión de mi dicho que hacen, respectivamente, los señores Carazo y Fumero. La opinión pública es merecedora de respeto. La discusión debe ser seria y de buena fe.

Por María Lourdes Echandi
Tomado de la Nación

¿Por qué se oponen?

Los más acérrimos adversarios al TLC, como el PAC y los sindicatos del ICE, siempre han ocultado sus verdaderas razones e intereses de por qué se oponen a que se abra el mercado de los servicios en telecomunicaciones a la competencia y al complemento de los ofrecidos por el ICE, y por qué también se oponen a un TLC que incluye un compromiso que Costa Rica negoció y obtuvo en ultimo minuto: la apertura restringida descrita en el Anexo 13 del tratado. Últimamente, han estado escudado muchos de sus intereses iniciales y reales, detrás de la bandera por la consulta ciudadana en referendo y por la de los roces inconstitucionales del tratado.

Inicialmente argumentaron que la presión estadounidense para incluir las telecomunicaciones tenía como objetivo que sus grandes empresas operadoras se apoderasen del mercado tico. Cuando la única operadora estadounidense en la zona, SouthBell, se retiró del insignificante mercado que le representaban Nicaragua y Panamá, los anti-TLC dejaron de utilizar esa tesis y cambiaron por la del acaparamiento del mercado por el duopolio de las operadoras Telmex de México y Telefónica de España, pese a que ninguna de ellas tiene derecho alguno implícito dentro del TLC entre Centroamérica, la Republica Dominicana y Estados Unidos.

Cambio de tesis. La argumentación por la renegociación del tratado dejó de ser la tesis central opositora y cedió con el tiempo ante la protaggonística oportunidad política que se les abre con el referendo. Pero, siempre, detrás de la renegociación se ocultó con admirable habilidad la eliminación del Anexo 13 como “la prioridad”. Actualmente, la tesis de supeditar la discusión y aprobación legislativa de la agenda complementaria, al resultado del referendo es de nuevo el reflejo fiel de la intención de evitar, a como dé lugar, la aprobación de una ley de telecomunicaciones que legalice la apertura y prestación de esos servicios.

La apertura de los servicios en telecomunicaciones significa un verdadero avance hacia el siglo XXI, pues facilita la satisfacción de las urgentes necesidades comunicativas de una sociedad en pleno desarrollo, a través de las múltiples y variadas ofertas de servicios que se podrán brindar para cada nicho y segmento de demanda. Pero una apertura del mercado de las telecomunicaciones dentro del contexto de un TLC con EE. UU. también representa una seria amenaza para la tecnología europea, actualmente monopolística y consolidada dentro de las redes telefónicas del ICE.

Redes dominantes. La apertura y el TLC, sin duda, estimularán la adquisición de tecnología estadounidense para las nuevas redes convergentes de telefonía y datos, que serán las dominantes en el nuevo contexto de mercado con múltiples operadores emergentes.

De manera que el frente de oposición al tratado y a la apertura en telecomunicaciones representa precisamente la más clara expresión y coalición de intereses por mantener el control y usufructo de una empresa estatal, con todos los vicios, vinculaciones y ventajas de ese poder, y muy posiblemente, también para mantener la preferencia hacia suplidores que con sus estímulos de venta corruptores, bastante daño le hicieron ya al sistema democrático costarricense. ¡Cómo no le van a tener terror al TLC y al nuevo marco legal para el suministro de tecnología y modernos servicios en general!

Ricardo Trujillo, tomado del periodico La Nación