La columna de Carlos Federico Smith: cuando lo barato sale más caro

No hace mucho tiempo, en uno de mis comentarios me referí al atraso enorme que se ha presentado en la reconstrucción de 145 escuelas dañadas por el terremoto del 2012. Recientemente un análisis que presenta La Nación del 24 de febrero, titulado “MEP renuncia al control para procurar que se aceleren obras: Procesos de construcción abreviados no logran su objetivo,” nos puede dar alguna luz acerca de por qué tan infausto atraso.

Resulta que el Ministerio de Educación decidió seguir lo que se denomina un proceso abreviado de contratación de obra pública, que impone menos limitantes y restricciones que el conocido proceso usual de contratación pública.  Para ello, determinó que fueran las Juntas de Educación, generalmente integradas por ciudadanos que no son duchos en aspectos de construcción y de contratación administrativa, para que ellas se encargaran de contratar “al ingeniero a cargo de la construcción,” de hacer las “licitaciones para escoger las empresas que aportarán la mano de obra y los materiales,” y “de elegir los mejores precios del mercado y la mejor calidad.”
 

Antes de setiembre del 2015, el costo máximo de una obra para poder usar ese proceso abreviado no podía exceder de ₡150 millones, pero luego se elevó el tope hasta un máximo de ₡600 millones. No obstante, parece que, de hecho, ha ido en aumento el monto máximo para poder seguir el procedimiento abreviado delegado a las Juntas de Educación. De ello, el medio señala varios ejemplos; así, el año pasado se aprobó que para el Instituto de Alajuela se siguiera un proceso abreviado aun cuando el valor estimado fue de ₡3.786 millones y “lo mismo ocurrió con los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) de Santa Rosa, en San Carlos, de Guácimo y del barrio Irving en Guanacaste, cuyos costos fueron de ₡2.000 millones; ₡1.700 millones y ₡1.400 millones, respectivamente.” Hay más ejemplos en donde se superó aquel tope de ₡600 millones citado para poder hacer uso de procedimientos abreviados de contratación.
 

Pero, ¿qué ha sucedido? Que naturalmente las Juntas de Educación son muy limitadas en todo el manejo y puesta en marcha de las obras y eso ha tenido efectos tales como, por ejemplo, que las Juntas tengan que contratar a profesionales para que les asesoren. Y, según datos del MEP, “este desembolso para los profesionales externos sobrepasa los recursos para los salarios de los 110 ingenieros con que cuenta el Ministerio.” Debe hacerse notar que, para los procesos ordinarios de contratación, no así para los procesos abreviados, dicha tarea está a cargo del MEP, por medio de su Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), que ahora se concentra en proyectos de gran complejidad y de montos sumamente elevados. Ante esto, es así como, en el 2017, de 184 proyectos que “entraron” a la DIEE, 175; esto es el 95% de aquellos, se usó el proceso abreviado.
 

Ello podría explicar “por qué proyectos desarrollados con procesos abreviados presentan sobreprecios, retrasos importantes, construcciones nuevas con alto deterioro u obras inconclusas.” Esto es, simple y sencillamente, hay mucho mayores costos. Lo que se buscó resolver no se logró. Lo que se esperaba que fuera más barato (más económico, más eficiente), terminó saliendo más caro. El esquema de menos controles del MEP y de una tramitología menos engorrosa terminó con un efecto contrario, pues “la mayor parte de las escuelas y colegios del país se levantan bajo la dirección de padres o vecinos sin experiencia.”
 

¿Y en qué quedó la DIEE, que se suponía acompañaría a las Juntas de Educación en todo el proceso de construcción o reparación de los centros y fiscalizaría la labor de los servicios de profesionales contratados por las Juntas? La respuesta la brinda el señor William Sáenz, jefe del Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la DIEE, quien desde el 2012 señaló que los inspectores suelen “estar colmados de apretadas cargas de trabajo,” que les limita atender “tareas adicionales” como por ejemplo servir de fiscales de los procesos abreviados. En síntesis, las Juntas de Educación están en las manos de Dios. Uno esperaría que, naturalmente, los miembros de las Juntas encuentren serios problemas y riesgos al tomar decisiones que muchas veces no comprenden o no están familiarizados con ellas y que incluso pueden generar responsabilidades personales. Aceptar un puesto en una de esas Juntas de Educación significa correr riesgos enormes, que podría explicar la parálisis relativa en las construcciones de centros educativos.
 

Llama la atención cómo las autoridades del MEP saben bien de estos asuntos desde hace buen rato y el problema sigue hoy tan vigente como antes, como lo muestra el hecho de que las obras quedan sin hacer o a medio palo y que los recursos se queden sin utilizarse como es lo debido. Todo esto tiene un enorme costo social que todos los ciudadanos terminamos pagando. ¿Y los responsables del desorden y del desperdicio?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: oscuridad en contrataciones, peligro de chorizos

Es importante aclarar, desde un principio, algo esencial del sistema de contratación del estado en el país: se fundamenta en la llamada licitación pública, mediante la cual se publica un aviso de la licitación en La Gaceta y otros medios, el cual ha sido aprobado previamente por la Contraloría y, luego, el ente estatal adjudica al ganador de la licitación pública, bajo reglas de competencia que están establecidas por la Contraloría General de la República. El resultado de esa adjudicación puede ser apelado ante el ente contralor, por alguien que considere que la adjudicación efectuada fue incorrecta. Usualmente la licitación pública es exigida para contrataciones de altos montos.

Hay posibles y legales excepciones a esta regla de la contratación administrativa, como lo es la llamada contratación directa, la cual no pasa por el control previo que realiza la Contraloría, pero que sí debe autorizar esa forma de contratación (a menudo por razones tales como emergencias o, tal vez, por tratarse de montos relativamente bajos). Este último tipo de contratación deja la decisión de la elaboración del cartel y su adjudicación, en manos del ente que hace el contrato. A menudo lo hacen por medio de CompraRed, organismo por el cual cual el ente estatal anuncia y recibe las ofertas. La adjudicación se hace a lo interno del organismo, tanto en la selección del ganador, como en su aprobación. La Contraloría queda fuera de este procedimiento.

Evidentemente, el sistema de licitación pública es más transparente y, por tanto, presenta mayores virtudes para detener posibles actos indebido (corrupción es la palabra), que es más fácil que se presente cuando se adquieren bienes y servicios mediante contratación directa. Por ello, este último sistema se supone no sólo que es por excepción, sino que debería ser una parte relativamente pequeña de la contratación total dentro del estado costarricense.  La licitación pública, tal como está diseñada, tiene un peligro menor de lograr que medien chorizos en la adquisición de bienes y servicios de parte de los organismos estatales, lo cual contrasta con la posible contratación directa.

Dicho esto, debe señalarse que se está dando un fenómeno preocupante y que aparentemente va en crecimiento, como es que las autoridades administrativas de los entes del estado no utilizan a plenitud el sistema de contratación por licitación y sí mediante otros, por la vía de excepciones, como lo es la contratación directa. Pero… ya casi es la regla en vez de la excepción.  De acuerdo con un informe de La Nación del 3 de enero, titulado “Contraloría: Estado abusa de compras directas: Contrataciones con menos requisitos,” según datos de la propia Contraloría, en el 2015 el proceso de contrataciones directas ascendió a un 46.5% del total de contratos que se adjudicaron. O sea, tan sólo un poco más de la mitad (53.3%) sí fue adjudicado mediante el sistema clásico competitivo de la licitación pública.
Tal como indicó don Allan Ugalde, gerente de la División Administrativa de la Contraloría, “los organismos internacionales advierten que eso (contrataciones directas y similares) va en contra de la transparencia,” los cuales “alertan sobre esa tendencia a evitar las licitaciones públicas.”

De acuerdo con la Memoria Anual de la Contraloría del 2015, “si bien el 80% de las compras se hace por vía de licitación (pública o abreviada) lo adjudicado correspondió a un 53.5% del dinero (₡470.501 millones), mientras que el 20% de las compras fue por vía directa, para un 46.5% de los dineros adjudicados (₡409.125 millones), lo cual es, sin duda, un montonal de plata que se adquiere por medio de procedimientos que no son lo transparentes como es lo deseable. En dos palabras, facilitan el chorizo (no digo que lo haya, sino que el control de los fondos públicos es mucho menor y, en río revuelto, ganancia de pescadores).

También, la llamada “evitación de la Contraloría” se da en un ámbito diferente, cual es acudir a que el control de este ente, pase a manos de organismos internacionales, como lo fue en el pasado el uso del BCIE -que al final de cuentas tuvo el visto bueno de los tribunales, lo que no quita el propósito por el cual se empleó- e incluso en gobiernos previos se pretendió utilizar a organismos de Naciones Unidos en vez de la Contraloría y, ahora uno ve en problemas -no por su culpa, sino por la ineficiente burocracia nacional- al ente de Naciones Unidas llamado UNOPS. Vale preguntarse si también no está siendo usado para evitar la forma tradicional de control mediante la Contraloría.  Ojalá no sea así.

Jorge Corrales Quesada