México: apertura comercial y mercado laboral

Cuando una economía se desenvuelve en un entorno de protección comercial por la imposición de barreras a las importaciones, sean estás arancelarias o no arancelarias, se genera una distorsión en los precios relativos de los bienes comerciables internacionalmente, tal que la asignación de los recursos productivos, capital, tierra y mano de obra, dejan de reflejar las ventajas comparativas que tendría cada sector y cada región. Así, cuando el gobierno otorga protección a determinado sector en contra de la competencia externa, se genera el incentivo para que la cantidad de recursos que se le asignan a este sector sea mayor que la que se hubiese dado en ausencia de esa barrera al comercio internacional. Además, el pago a los factores de la producción empleados en los sectores protegidos será mayor que el que hubiesen obtenido en un contexto de libre comercio es decir se apropian de rentas extranormales, mismas que son pagadas por los consumidores que enfrentan precios por arriba de los internacionales.

Partiendo de esta situación, cuando cambia la política comercial y el país se abre al libre comercio internacional, los precios internos de los bienes reflejarán los precios internacionales, lo que genera el incentivo para que los recursos se asignen en aquellas actividades productivas en las cuales se goce de ventaja comparativa. Por lo mismo, al abrirse la economía, lo natural es que se observe sectores que se contraen y expulsen recursos productivos, incluidos capital y mano de obra, mientras que otros se expandirán empleando en consecuencia una mayor cantidad de estos recursos. Además, el pago a los factores de la producción tiende a reflejar la escasez relativa de cada uno de ellos y el valor de su productividad marginal.

Dados estos cambios en los precios relativos de los bienes y los factores de la producción que genera la apertura comercial, es indispensable que junto con el cambio en la política comercial se adecue la legislación laboral para eliminar todas aquellas disposiciones que introducen rigideces a la movilidad de la mano de obra, tanto sectorialmente como regionalmente, es decir, hacer que este mercado sea más flexible, reduciendo con ello los costos del ajuste.

La apertura comercial que se inició durante el gobierno de Miguel de la Madrid y se profundizó durante los siguientes tres gobiernos, un proceso que aun no termina dada la inmensa y estúpida cantidad de regulaciones que impone el gobierno a las empresas en sus operaciones de comercio internacional, cambió efectivamente los precios relativos y generó el incentivo para una reasignación de recursos en la economía hacia aquellos sectores en donde hubiese ventajas comparativas. Sin embargo, entre las muchas reformas que faltaron para complementar esta apertura destaca la laboral. Seguimos teniendo una legislación laboral que ya no es compatible con una economía abierta, una legislación que genera enormes distorsiones y rigideces en el mercado laboral en particular y en la economía en general y que se refleja en una menor competitividad de las empresas mexicanas en el mercado internacional.

Salinas no quiso, Zedillo no pudo, Fox ni lo intentó. ¿Podrá Calderón modernizar la legislación laboral? Si él tampoco puede, seguiremos condenados a un crecimiento económico notoriamente mediocre.

Isaac Katz

México, petróleo y corrupción

En la petrolera estatal PEMEX hay 11.500 trabajadores que cobran salarios sin trabajar. Fueron contratados en el pasado para hacer algo y ahora, como su “fuente de trabajo se agotó”, hay que reasignarlos a otra posición dentro de la empresa, posiblemente en otra localización y en otro tipo de labor. Pero según el contrato colectivo, la reasignación de un trabajador a otra actividad obliga a PEMEX a promover al empleado al siguiente nivel del escalafón salarial, con el consecuente aumento, no importa si está o no capacitado para ese nuevo cargo. Además, si el cambio implica trasladarlo a otro sitio, PEMEX está obligado a pagar 18 meses de renta de vivienda para el trabajador reubicado, además de 100 días de salario por los “trastornos” que sufre por el cambio. De lo contrario, la empresa tiene que liquidarlo con una indemnización equivalente a 5 meses más 20 días por cada año trabajado.

Se trata de otro ejemplo de por qué PEMEX es la empresa petrolera más ineficiente del mundo, no importa cómo se le quiera medir: valor de la producción o margen de ganancia bruta (antes de impuestos) por cada trabajador.

Nos aseguran que PEMEX es de todos los mexicanos. ¡No! PEMEX es propiedad de un grupúsculo de individuos pertenecientes a la burocracia y al sindicato petrolero que se apropian de rentas a costa de la riqueza de todos los demás ciudadanos mexicanos. Ya en 1939, como lo reseña Luis González en su libro “Los Días del Presidente Cárdenas”, en el primer año después de la nacionalización y a pesar de la caída de la producción, la plantilla laboral de PEMEX aumentó de 15.895 a 22.206 trabajadores.

Hoy seguimos teniendo una enorme cantidad de cínicos, a menudo politiquillos nacionalistas, que se atreven a afirmar que PEMEX es el orgullo de México y que debemos mantenerla manejada por el gobierno, aunque sea ineficientemente, porque se trata de un principio fundamental de nuestra soberanía nacional.

Es inaudito que esos politiquillos afirmen que la soberanía nacional radica en que el gobierno sea dueño de fierros viejos, obsoletos y poco productivos, cuando en realidad la soberanía nacional se fortalece en la medida que prospera toda su población, no un sector políticamente privilegiado.

Ya es tiempo de despojarnos de ese mito nacionalista y expropiar PEMEX a los burócratas y sindicatos por causa de utilidad pública, para entonces aprovechar la riqueza petrolera y convertir a México en un país verdaderamente rico y soberano.

Por Isaac Katz