La columna de Carlos Federico Smith: la regulación no es gratuita

Con suma frecuencia uno escucha propuestas de personas para que se regule tal o cual cosa; esto es, que el estado, de alguna manera, restrinja la plena libertad en los mercados para lograr producir los bienes que una sociedad desea, la forma de hacerlo y para quien son esos bienes. Algunas veces tales sugerencias se hacen teniendo en mente una percepción de que algo no es correcto o que causa daño a quienes los usan, daño que no es cubierto por quienes lo provocan, así como cuando hay una práctica monopólica de algún agente económico.  Pero, en otras ocasiones, la motivación para pedir una regulación descansa en la falsa impresión de que el estado sabe y tiene un conocimiento mayor que todos y cada uno de los individuos que toman decisiones en un mercado y que, por tanto, está en capacidad de enderezar apropiadamente lo que se considera que no está bien. No debe descartarse, tampoco, que factores tales como la envidia motiven tales requisiciones, a fin de afectar a alguien a quien no se considera merecedor de algo o porque simplemente las acciones de este no van en beneficio particular del proponente de la regulación. Esto último es frecuente cuando, mediante una regulación, se logra impedir que haya una mayor competencia en el mercado.

Cualesquiera que sean las motivaciones para la regulación, ella nos señala que, en algunas circunstancias -usualmente no muchas- se trata de una posibilidad deseable para que el estado intervenga en corregir algo que no funciona tan bien como podría serlo. Un caso de una regulación conveniente puede ser, por ejemplo, fijar la velocidad máxima a que puede transitar un vehículo en ciertas calles o zonas. Pero, el punto al cual quiero llegar en esta ocasión, es que esa intervención, conveniente o no, siempre tiene un costo, y que éste debe ser comparado con los posibles beneficios que traiga dicha regulación.  Tal comparación nunca se suele hacer en nuestro medio, pues las regulaciones suelen surgir ya sea porque a algún burócrata estatal o bien a un grupo de diputados, se le puede haber ocurrido que tal regulación era conveniente en sí, sin hacer la comparación debida de su costo con su beneficio.  Tan sólo vislumbran a un presunto beneficio para la sociedad -el cual, incluso muchas veces cuesta distinguirlo- resultante de una regulación, pero nunca siquiera toman en cuenta a los costos que trae asociada.

Además, es posible que mucho de ese incremento regulatorio, provenga de un deseo de políticos de introducir regulaciones, bajo la creencia de que con nuevas medidas de ese tipo, van a dejar huella de su enorme capacidad como gobernantes.  Pero, lo cierto, es que más bien con sus acciones suelen provocar un daño a consumidores y productores.

Esos costos de la regulación se puede decir que aparecen en dos grandes áreas de análisis. Uno de ellos, que me permito llamar el impacto económico, es esa estimación de los costos y los beneficios de la propuesta regulatoria que tiene sobre la sociedad como un todo, pues usualmente dicha regulación afecta la asignación de los recursos productivos en el mercado, imponiendo costos adicionales a la producción de la actividad que se regula.

La otra área, que llamo impacto financiero o monetario, y que es parte de ese marco general antes referido, suele ser muy evidente, pues es el costo formal de la regulación, usualmente mediante cánones o cobros a los entes regulados, quienes, a su vez, tienen la posibilidad legal de trasladar esos costos directamente hasta los usuarios.  Esto es, tales costos terminan siendo pagados por los consumidores, pues van incluidos dentro de los precios de los servicios regulados.

Por ello, es interesante el artículo de La Nación del 17 de noviembre, titulado “Regulación de servicios públicos costará ₡15.000 millones a clientes: Canon de supervisión cargado a tarifas subirá 6.6% en el 2007.” Pero, desde ya, observen y que quede muy claro, que estos datos se refieren únicamente a lo que tiene que ver con la regulación que hace la ARESEP, y no la totalidad de la regulación estatal en la economía, que en mucho trasciende a la que practica la ARESEP, pues aquella se presenta en muy diversas entidades y por muy diferentes leyes. Incluso, no se tiene idea del costo de este último ámbito regulatorio estatal, diferente y en comparación con el de ARESEP, el cual nos lo brinda el artículo periodístico bajo comentario.  Este otro costo monetario podría ser mayor o menor que el de la ARESEP, pero posiblemente es significativo. 

Veamos algunos datos importantes del costo financiero o monetario del servicio regulatorio de ARESEP. Para el 2017, se estima que se recaudará de los clientes regulados -mediante los llamados cánones- la suma de ₡15.354 millones. Eso significa un aumento de más del 6.6% con respecto a los ₡14.401 del año que recién concluye.  Pero, hay más: tan sólo desde el 2014, el ingreso por canon aumentó en ₡5.202 millones; esto es, en tres años ha habido un aumento de más de un 51.2% (o sea, un promedio anual de aumento del 17% aproximadamente). Ciertamente, el personal en la ARESPEP ha aumentado en número -algunos han dicho también en calidad, pero eso no lo puedo comprobar- llegando ya a casi 3.000 empleados. 

Por supuesto, los jerarcas de la ARESEP dicen que esos aumentos de recursos, provenientes de los cánones, serán empleados en un mejor control de los servicios de buses y taxis, pero, sépase que esos mayores recursos son pagados por la vía de las tarifas que ARESEP le permite a sus regulados, cobrarlas a los consumidores finales. 

Las principales fuentes de ingresos de cánones para el 2017 (los ₡15.354 millones) provienen del transporte en un total de ₡4.565 millones, básicamente de autobuses ₡2.829 millones y de taxis ₡1.714 millones.  Luego, de los combustibles ingresarían uno ₡4.006 millones; en esencia, de los combustibles de RECOPE, ₡2.737 millones y ₡1.269 millones de distribuidoras y transportistas de aquellos. Le sigue en importancia el canon del agua por ₡3.291 millones, siendo casi todo proveniente del servicio de AyA (₡3.265 millones). Luego están los costos de la regulación de electricidad, por la suma de ₡2.249, en donde destacan, el ICE con ₡1.368 millones, Fuerza y Luz con ₡450 millones y otros relativamente menores. Otra fuente importante se denomina regulación portuaria, que generará ingresos por el canon de ₡1.110 millones y, finalmente, hay otros ingresos menores de algunas otras actividades reguladas.
 

Lo cierto es que ese costo será pagado por todos los ciudadanos, sin quite alguno, porque muchos de estos servicios son brindados en condiciones no competitivas o poco competitivas para entes del mismo estado, que no permitirían al consumidor dejar de pagarlo.
 

La regulación no es gratuita y lo descrito en los últimos párrafos es sólo una parte -la financiera o monetaria- de todo en lo que incurre la sociedad e incluso es lo correspondiente a uno sólo de los reguladores, la ARESEP, faltando lo de otros entes que regulan actividades dentro del estado. Lo que es más inquietante es que por ningún lado se muestran estimaciones del costo económico total de la regulación (ni de su posible beneficio), por el impacto de alterar las decisiones de consumo, producción y distribución en la economía. Como ven, estamos en un hoyo negro de costos regulatorios, que los pagamos, ya sea tanto directamente en los precios de los bienes y servicios regulados, como indirectamente por las distorsiones que introduce en la economía.  La jarana de la regulación siempre sale a la cara; sólo que nosotros la pagamos, para que la burocracia pueda seguir imponiendo más y más regulaciones, sin ton ni son.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: informalidad y cargas sociales

El estudio que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recién realizó de Costa Rica, sacó a la luz un tema que considero es de los más relevantes de nuestra economía: la denominada informalidad o subterraneidad. De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de noviembre del 2105, titulado Encuesta Continua de Empleo: El Empleo Informal en Costa Rica, este “alcanzó al 45% de la población ocupada en el cuarto trimestre del 2014, sin embargo, este valor ha oscilado entre el 36% y 45% del tercer trimestre del 2010 al cuarto trimestre del 2014, con una tendencia de aumento paulatino a partir del primer trimestre del 2012.” (P. 14). Es decir, a partir de tales datos acerca del empleo, existe en nuestra economía un importante sector laboral que labora en condiciones de informalidad (a veces llamado economía subterránea, aunque esto último puede interpretarse como que algo se oculta, lo cual no es enteramente exacto), además de que en los últimos años la informalidad ha mostrado un crecimiento constante.

En nuestra economía se presenta en las más diversas actividades.  Por ejemplo, en el sector vivienda, hay importantes aglomeraciones de tugurios en tierras invadidas.  Asimismo, en el sector comercio es frecuente observar las denominadas ventas ambulantes en las principales calles de la ciudad, además de ventas en vehículos estacionados en calles de zonas suburbanas de viviendas. También hay una industria informal, no sólo usualmente en productos de artesanía, sino también de confección y ropa, entre otros.  En el sector transporte es harto conocido el caso de los piratas ilegales. Y en el sector de los servicios abunda la informalidad en talleres mecánicos, reparación de techos, arreglos de cañerías, limpieza de zacate y similares, así como de servicios de alimentación, no solo en las calles, sino incluso en sitios concretos. Toda la economía está llena de actividades en el marco de la informalidad.

En esencia la informalidad surge por la ineficiencia de las llamadas leyes -mejor dicho la legislación- que se traducen en costos de la legalidad: acatarlas tiene un costo.  Entre estos hay un costo debido a la cantidad de tiempo que se debe dedicar para que una actividad logre ser formalizada, así como también en obtener la información necesaria que permita cumplir con la legislación y claramente a causa de los diversos pagos que se tienen que hacer dentro de ese marco de formalidad. La lógica es que, si el costo de cumplir con la formalidad es mayor que el beneficio que la persona obtiene de estar en ella, optará por escoger la opción de la informalidad.

Veamos algunos de esos costos típicos de la formalidad que se tiene para ciertas actividades. Por ejemplo, en la construcción suelen existir costos de visados de planos, permisos para construir, la exigencia de que se construya bajo supervisión profesional (usualmente de colegios de ingenieros). Son muchos los trámites requeridos para poder abrir un negocio que sea “legal”, desde cumplir con requisitos legales de llevar libros de contabilidad, a tener un representante legal, hasta cumplir con una serie de requisitos físicos, desde la ubicación hasta el tipo de instalaciones, sin olvidar la obtención de patentes, que son autorizaciones estatales a veces muy onerosas. En el caso del transporte, está la imposibilidad de adquirir una placa de taxi (excepto si se la compra a un tenedor de ella que está dispuesto a venderla a un costo elevadísimo), todo lo cual estimula que el servicio de taxi sea pirata; esto es, fuera de la legalidad. Sin agotar la lista, también es importante el pago de impuestos que sobre las utilidades tienen que hacer las empresas formales, así como el pago de cargas sociales, que no son más que un impuesto al factor trabajo, una parte pagada por el patrono y otra por el trabajador, y termino citando los costos de servicios públicos que en diversas ocasiones son ilegalmente evadidos o bien no cubiertos del todo (por ejemplo, recolección de basura o de alumbrado público).  

La Nación expone la posición de la OECD respecto a la informalidad en su edición del 22 de febrero, en el artículo titulado “OCDE asocia alta informalidad con elevadas cargas sociales: Fuertes contribuciones son principal obstáculo para la formalización, dice estudio sobre Costa Rica.” En él se señala, proveniente la información del último Informe del Estado de la Nación, que “por cada empresa formal, hay 1.4 semi-formales (que pagan patente, pero no cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social” y agrega “estos trabajadores (informales) generalmente no tienen seguro pagado por el empleador o su empresa no está registrada.” Sin duda que son trabajadores que no dispondrán de pensión a la hora de su retiro (excepto que logren lo que se llama pensión contributiva -usualmente baja- que da la Caja, lo cual expresa el obvio riesgo moral existente), además de no tener garantías laborales establecidas en la legislación pertinente.

De acuerdo con la OECD, los aportes en Costa Rica al sistema de seguridad social (CCSS) se dividen en un 26% de los salarios, que es aportado por los empleadores, y un  16%, por los trabajadores. El primer aporte está por encima del promedio de aquel de empleadores de los países miembros de la OECD, que es de alrededor de un 17%, mientras que el segundo -el aporte de los trabajadores- es casi igual que el promedio de los países miembros de la OECD, aproximadamente de un 10%. O sea, en total el aporte de contribuciones del país al seguro social es de un 36%, en tanto que el promedio de los países de la OECD es de aproximadamente un 27%.  El impuesto sobre el trabajo destinado a la seguridad social es mayor en nuestro país, que el promedio de las naciones de la OECD.

Aparte de que lo expuesto da lugar a una distorsión cual es que en un país, en donde es relativamente escaso el capital, se tiende a gravar el trabajo, que es el factor relativamente abundante, estimulando con ello un uso más intensivo del capital, en vez de la mano de obra, sino que también ocasiona que muchos negocios se vean impulsados a sumirse en la informalidad a fin de evitar tales cargas sociales. Sé que este puede no ser el factor único que impulse tal sistema de producción, pero creo, al igual que lo hace la OECD, que es un elemento importante para incentivar la informalidad.

Refiriéndose a un estudio realizado por el Instituto Libertad y Democracia del Perú, el jurista Enrique Ghersi, en su ensayo El Costo de la Legalidad, publicado por el Centro de Estudios Públicos de Chile, N. 30, 1988, expresa que los costos de permanecer en la formalidad, para una muestra de 50 pequeñas empresas industriales, “representan el 347.7% de sus utilidades después de impuestos y el 11.3% de sus costos de producción.” El 21.7% de los costos de permanencia “son tributarios; el 72.7% son laborales y burocráticos y el 5.6% restante, costos por uso de servicios públicos.”  Los costos tributario son menos importantes para definir su informalidad y “más bien los costos de origen laboral y burocrático (son) los que tienen incidencia definitiva en la legalidad de las actividades económicas.”(P. 96). No hay duda de que la informalidad en cada nación difiere en lo específico de la de otros países, pero aquí hay una pista clara de que en nuestro país, tal como lo da a entender la OECD, las altas cargas sociales podrían constituir un estímulo importante para incentivar que las empresas se suman en la informalidad.

La OECD sugiere, “además de reducir los costos laborales no salariales,”… “simplificar las políticas del mercado laboral, mejorar la capacitación y la educación, fortalecer el cumplimiento y adaptar los trámites de registro a las necesidades de pequeños y medianos productores", pero creo que, si no se llega directamente a reducir los altos costos impuestos por cargas sociales que hoy se cobran sobre el factor trabajo, continuará el incentivo hacia la informalidad. Es verdad que éste puede no ser el único factor que inclina hacia la informalidad, pero no parece haber duda de su significancia.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: UBER, Estado y Sociedad Costarricense

Sin lugar a dudas el tema de estos últimos días ha sido la entrada al país de UBER, así como las medidas tomadas por el Gobierno. En ASOJOD queremos compartir un par de reflexiones e interrogantes un tanto desordenadas, las cuales hacemos evidentemente desde de nuestra particular forma de entender el mundo (para bien o para mal), mismas que no se limitan propiamente a UBER, sino que pretenden ser un diagnóstico mucho más “macro”:

1. Ironía: el Gobierno del cambio defendiendo el status quo, en contra de los avances tecnológicos y las nuevas formas de economía.

2. Sharing economy y evolución social: El “sharing Economy” llegó para quedarse, adaptémonos y saquémosle provecho o perezcamos.

3. Siguen las ironías: los niños malos del Gobierno pese a su juventud son los que más relinchan en contra de UBER.

4. Más ironías: los “progresistas” en contra de aquello que genera progreso…

5. Revolución: Los gringos por mucho menos que esto hicieron una revolución en el siglo XVIII.

6. Del like a la acción social: Están muy bien los memes, críticas, likes y shares de Facebook, pero eso no es suficiente, debemos pasar de la acción en el mundo cibernético a la acción en el mundo material, solo así se darán los cambios necesarios.

7. Lección: los políticos y el Estado deben de tener el menor poder posible, eso disminuye las posibilidades de que se paseen en la vida y propiedad ajena.

8. Pregunta: ¿conoce el Gobierno los conceptos de escasez y costos de oportunidad? Es increíble que con la cantidad de problemas económicos y de infraestructura que pesan sobre el país, la administración se dedique a darle “guerra” a UBER.

9. Objetivo de la ley: La ley en la mejor tradición liberal está diseñada para proteger los derechos individuales, para ser un límite frente a los poderes del soberano. Cuando este noble fin se pervierte y la ley se convierte en instrumento de privilegios y prebendas políticas para la obtención de votos, pasa precisamente lo que hemos visto en estos últimos días.

10. Acción privada: La Constitución Política en su artículo 28 indica: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” ¿Nos puede explicar alguien de que manera UBER afecta el orden público, la moral o interfiere con los terceros para que tenga que estar dentro del marco de acción de la ley?

11. ¿Regulaciones videntes? Algunos afirman que el servicio de UBER se encuentra previsto en la normativa actual, y que en ese sentido debe regirse por la misma. Esa es una aseveración bastante extraña y peligrosa, ya que cuando nuestras leyes que rigen los servicios públicos de transporte se crearon, no existía ni por asomo algo remotamente parecido a UBER, por lo que no se puede sostener que nuestro legislador pretendía que algo de esta naturaleza se encontrara cubierto por dicho manto legal. Lo anterior es fundamental par proteger la innovación y el cambio tecnológico, es la ley la que debe adecuarse a las novedades sociales, económicas, culturales, tecnológicas, etc y no a la inversa. 

Bajo esta línea de pensamiento imaginemos que en el futro se invente una batería o sistema de autoabastecimiento eléctrico, que haga totalmente innecesario e intrascendente al ICE, ¿en ese caso también vamos a prohibirlo o regularlo? 

12. Interpretación pro libertad: ¿Si existe duda de si este es o no un servicio público no deberíamos resolver dichas controversias teniendo como piedra angular el favorecimiento de la autonomía privada y la libertad individual?

13. Encuentre las diferencias: Mussolini dijo: “para el fascista, todo reside en el Estado, y nada que sea humano o espiritual existe fuera del Estado.” El Presi dice: “Toda actividad que no está regulada por el Estado es ilegal”.

14. Devuelta a la época oscura del Siglo XX: Las acciones de la administración rayan en la “mejor” tradición fascista y autoritarita del siglo XX.

15. Sociedad abierta vrs Sociedad Cerrada: La Sociedad Abierta y la civilización es la recuperación de los espacios privados para la sociedad civil, implica dejar de ser una especie de tribu en donde todos los temas de la vida de los individuos son un problema de la polis. 

16. Valentía: Bien por la empresa UBER por atreverse a hacer lo que rara vez ocurre en nuestro país con el sector privado: retar la arbitrariedad y sed de poder de los Gobernantes.

17. Responsabilidad empresarial: Todavía mejor por parte de la empresa UBER en ponerse detrás de sus afiliados colaborando con las multas y daños a la propiedad de los vehículos. Empresa 2-0 Gobierno.

18. Ciudadanos en contra de si mismos: El Estado con sus regulaciones estúpidas es el único que tiene la capacidad de poner a los propios ciudadanos en contra de si mismos, logrando establecer un clima de confrontación social en virtud del sistema de castas sociales que establece a través de leyes perversas. El Estatismo politiza todos los ámbitos de nuestra vida, convirtiendo simples interacciones individuales, en todo una problemática social y política.

19. Lo que está detrás de UBER: Lo que está en juego con UBER es algo más grande que el sistema de UBER, es el “alma” de nuestra sociedad. El Gobierno ha entendido bien esto, por ello ha actuado de la forma desproporcional y temeraria en que lo ha hecho. Sabe de que sistemas como UBER y actitudes como las que ha asumido la empresa ponen en jaque su cuota de poder político, además de que desnuda la verdadera cara de la acción estatal. Evidentemente no pueden permitir que el castillo de naipes sobre el que se encuentran montados se les venga al piso.

20. Mamar tetita estatal: Es mejor UBER que la UBRE del Estado.

21. ¿Quién gana y quién pierde? Preguntémonos: ¿qué intereses defiende el Gobierno con estas medidas y a cuáles sectores? Los más afectados con estas medidas son los ciudadanos de pie: aquellos que quieren ganarse una extrita a través de UBER, así como aquellos que quieren ahorrarse una platita con un servicio más eficiente y a menor costo. UBER no pierde, UBER no nos necesita, nosotros necesitamos a UBER.

22. Sino puedes con ellos úneteles: ¿Si a los taxistas les molesta tanto UBER por qué mejor no cambian de equipo?

23. Pregunta para el lector: ¿en las próximas elecciones seguirá votando usted por los mismos de siempre, con sus ideas retrógradas de siempre, aquellos que no pueden mirar más allá de la nariz Estatal?

24. Indiferencia: no son momentos para ser indiferentes, a todos nos toca escoger de que lado queremos estar.

25. Reforma del Estado: todos estos eventos no hacen más que mostrar la necesidad de plantearlos nuestro actual modelo Estatal en todas sus dimensiones y manifestaciones.

Para finalizar queremos dejarlos con una frase de la filósofa Ayn Rand la cual describe a la perfección el entorno socio-político en el que se encuentra atascado nuestro país, y sobre todo que nos mantiene sumergidos en el total y absoluto subdesarrollo:

“Cuando te das cuenta que, para producir, necesitas obtener autorización de quien no produce nada. Cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes sino con favores. Cuando te das cuenta que muchos son ricos por soborno e influencia, mas que por el trabajo, y que las leyes no nos protegen de ellos, mas por el contrario, son ellos los que están protegidos. Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en auto sacrificio. Entonces podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu sociedad está condenada.”

La columna de Carlos Federico Smith: las vedas en nuestros mares

Tal vez debo empezar explicando el concepto llamado “la tragedia de los comunes” (en inglés, tragedy of the commons), expuesto por el economista Garrett Hardin de la siguiente manera:

“La tragedia de los bienes comunes surge de esta manera. Imaginemos un pastizal abierto para todos. Se puede esperar que cada pastor trate de alimentar la mayor cantidad posible de animales en ese pastizal en común. Tal acuerdo puede funcionar más o menos bien durante siglos… Finalmente, sin embargo, con el tiempo llega el momento del ajuste de cuentas... En ese punto, la lógica inherente de los bienes comunes genera, inclementemente, la tragedia. Como un ser racional, cada pastor buscará elevar al máximo su utilidad… se pregunta: ‘¿cuál será la utilidad para mí si agrego un animal más a mi rebaño?’ Esa utilidad tiene dos componentes: uno positivo y uno negativo…” El positivo “está en función del aumento de un animal más” y el negativo “es una función del aumento de sobrepastoreo causado por el animal adicional. Sin embargo… los efectos de dicho incremento del pastoreo son compartidos por igual por todos los pastores… Al sumar las utilidades parciales de ambos componentes, el pastor racional concluye en que la única vía sensata para él radica en añadir otro animal a su rebaño. Y otro, y otro... Pero esta conclusión es la misma a la cual llegan todos y cada uno de los pastores racionales que comparten las tierras en común. Precisamente en eso es donde reside la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo obliga a incrementar su rebaño ilimitadamente -en un mundo que es limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno prosiguiendo su propio interés en una sociedad la cual cree en las tierras en común. La libertad en unas tierras en común acarrea la ruina para todos.” (Garrett Hardin, Tragedy of the Commons (La tragedia de los comunes), Science, Vol. 162, No. 3859, diciembre de 1968). 

La solución que Hardin propone como solución a este problema es la creación de derechos de propiedad; en este caso, sobre el pastizal. Ella conduciría a evitar esa sobreproducción ruinosa para todas las partes.

Un interesante artículo (en inglés) de Robert J. Smith, “Soluciones Privadas para los Problemas de Conservación,” en Tyler Cowen, editor, The Theory of Market Failure, Fairfax, Virginia: George Mason University Press, 1988, señala lo siguiente:

“La tragedia de los comunes se aplica a todas las pesquerías oceánicas… en donde la sobrepesca… es un fuerte testamento del fracaso en la ‘administración’ de recursos de propiedad común… Si se prestara más atención en terminar con la tragedia de los comunes, mediante la creación de derechos de propiedad y de otros incentivos para administrar sabiamente los recursos naturales… el medio ambiente del mundo estaría en una condición mucho mejor.” (Op. Cit., p. 343). Y agrega “Lo que necesitamos ahora son cambios legales que hagan posible la propiedad privada de las aguas marinas… Bajo el sistema de utilización de recursos como una propiedad en común, un pescador tiene poco incentivo para practicar la conservación y el uso de métodos de agricultura marina. Cualquier intento de su parte para enriquecer el mar, simplemente le permitiría a los colados u oportunistas beneficiarse más allá de sus gastos.” (Op. Cit., p. 348). “Si fuera extendida la propiedad privada al lecho marino, sus derechos de propiedad podrían ser aplicables. Las flotas de pesca que operan desde puertos  podrían crear sus propios cayos de pesca, asegurando por tanto que haya viajes exitosos de pesca deportiva para sus clientes o capturas de pescados exitosas destinadas a sus plantas procesadoras.” (Op. Cit., p. 350).

Pero esa lógica de definir propiedad en sitios marinos no parece ser viable en la actualidad (por muchas razones, principalmente políticas), por lo cual, en Costa Rica, al menos, se ha buscado que exista un cierto grado de regulación gubernamental de la pesca, de manera que se logre (tal vez con poco éxito) preservar la vida marina salvaje; concretamente, evitar la desaparición de pescado en áreas marinas próximas a las costas del país. 

He hecho esta relativamente amplia introducción a fin de comentar un artículo aparecido en La Nación del 16 de enero, el cual lleva por encabezamiento “Contraloría cuestiona criterios para fijar vedas en mares ticos: Entidad señala inoperancia de comisión científica que asesora a INCOPESCA."

La Contraloría consideró que INCOPESCA es “ineficiente en el establecimiento de las vedas y en regular las tallas mínimas que deben tener las especies al ser capturadas, lo cual lleva a la sobreexplotación del recurso marino.”

Dicha sobreexplotación no se puede adscribir a la ineficiencia en las vedas y en la falta de regulación de las tallas mínima. Si existiera la posibilidad de crear propiedad en el lecho marino, es de esperar que sí conduciría a evitar dicha explotación. Pero dicho objetivo no parece ser viable de lograr simplemente introduciendo veda o limitación a la talla de los peces, en tanto tenga vigor un incentivo claro hacia la sobreexplotación de los recursos: estamos en presencia de la tragedia de los comunes.

La resolución del problema de la tragedia de los comunes no se logra, tal como señaló un señor Arauz del Frente por Nuestros Mares, haciendo que “el manejo de las pesquerías implica decir cómo se debe pescar y eso conlleva restricciones, las cuales podrían atentar contra intereses económicos de particulares.” Además de que esa última afirmación de su cita carece de sentido, pues una veda podría servir intereses económicos de los particulares, si con ella se asegurara una mayor existencia de pesca. Más bien podría resultar un buen negocio para un individuo, poder pescar pero evitando que tenga lugar la tragedia de los comunes, en donde todos pierden.

Lo importante es tener los incentivos correctos para conservar la biomasa de la pesca e incluso que ésta se incremente. Si hubiera propiedad privada, tiene vigencia aquel decir de que “en el mundo no hay escasez de gallinas,” lo cual es explicado por el hecho de que va en el interés del productor de carne de gallina el que no se extinga el animal, que se daría si las aves no tuvieran dueño alguno y en donde cualquier pudiera cazarlas. No hay escasez de gallinas porque son propiedad privada y está en el interés de cada uno de los productores la conservación de la especie.

Pero, ¿será posible lograr el objetivo deseable de permanencia de peces si se regula su pesca mediante la veda y la prohibición de que no capturar peces de tamaño “pequeño”? El estímulo para brincarse las prohibiciones es muy grande y a veces requiere de un proceso de vigilancia que es muy costoso para el estado. Pero, entonces, ¿es imposible deshacerse de la necesidad de que sea el estado el que regule esa actividad pesquera? De no ser así, ¿estamos condenados a la extinción de especies marinas debido a la sobrepesca? 

La economista Elinor Ostrom obtuvo el Premio Nobel en Economía en el 2009, compartido con Oliver E. Williamson, por “su análisis de la gobernanza económica especialmente de los recursos compartidos.” Por ello tomaré algunos comentarios de su ensayo “Institutional Arrangements and the Commons Dilemma” (Acuerdos Institucionales y el Dilema de los Comunes), del libro editado por Vincent Ostrom (esposo de Elinor), David Feeny & Hartmut Pitch, Rethinking Institutional Analysis and Development (San Francisco: Institute for Contemporary Studies Press, 1988). 

Hay buenos ejemplos de arreglos institucionales destinados a resolver el problema de los comunes antes mencionado, los cuales no necesariamente han requerido de la conversión de las zonas públicas de pesca marina en propiedad privada (que probablemente resolvería el problema), sino que han sido innovadores en cuanto al manejo institucional de la situación. Tal es el caso de las pesquerías de Alanya en Turquía. Señala la señora Ostrom: “Muchos de los 100 pescadores locales operan con botes para dos o tres personas usando varios tipos de redes. La mitad es miembro de una cooperativa local y la otra mitad no lo es. La viabilidad económica de la pescadería de Alanya se vio amenazada a principios de la década de los setenta por dos razones. Una, el uso irrestricto de la zona de pesca creo un conflicto entre los usuarios. En segundo lugar, la competencia entre los pescadores por pescar en los mejores sitios incrementó fuertemente los costos de producción y la incertidumbre en relación con el potencial de cosecha para cualquier grupo específico de pescadores.” (Op. Cit., p. p. 111-112). 

Para resolver el problema, en la comunidad se adoptaron las siguientes medidas:

*Cada setiembre se prepara una lista de pescadores que tengan licencia para pescar en Alanya, independientemente de su membresía en la cooperativa.

*Dentro del área de pesca usual de Alanya se seleccionaron y definieron sitios de pesca específicos. Estos sitios son tomados separadamente, de manera tal que la red que se coloca en uno de ellos, no bloqueé los peces que deben estar disponibles en el sitio adyacente.

* Estos sitios de pesca mencionados están disponibles de setiembre a mayo.

* En setiembre, los pescadores aceptados en la lista rifan los lotes o sectores y se les asigna a aquellos sitios previamente escogidos para pescar.
 

* De setiembre a enero, cada día, cada pescador rota hacia una nueva localización hacia el este. Después de enero, los pescadores se muevan en dirección oeste. Esto le brinda la misma oportunidad a cada pescador de acceder a los inventarios de peces, que migran de este a oeste entre setiembre y enero y que revierten su migración de enero a mayo en toda el área.”
 

El efecto deseado se logró: “el sistema ayuda a asignar los mejores sitios de pesca a todos los pescadores mediante una base equitativa y ha reducido fuertemente los conflictos, así como los costos de producción.” (Op. Cit., p. 112).
 

Señala la señora Ostrom: “La lección substantiva más importante que puede aprenderse (de éste y de otros cuatro casos estudiados en su artículo) es que es posible para los individuos que encaran el Dilema de los Comunes en el ambiente natural, diseñar sus propios acuerdos institucionales que cambian la misma estructura de la situación en la cual se hallaron.” (Op. Cit., p. 117).  No se necesitó de la coacción del estado para resolver el problema de los comunes y se conservó y hasta amplió la dotación o cosecha marina, para poder responder negativamente a aquellas dos preguntas planteadas con anterioridad. Y, de paso, se mantienen alejados a los potenciales colados que vengan a pescar en dichas zonas durante el período de reserva. 

Tal vez proceder a estimular la conformación de arreglos institucionales en el sector pesquero de nuestro país podría contribuir a eliminar el costo de la intervención estatal, por una parte, y, por la otra, a que se genere una mayor riqueza. Podemos así buscar que un estado ineficiente pueda convertirse en un organismo eficiente que haga bien las cosas, incluso sin tener que meterse en lo que apropiadamente los individuos, mediando libres acuerdos mutuos, pueden resolverlas mejor por sí mismos.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: libertad y regulación

El artículo 28 de la Constitución Política, señalado por algunos estudiosos como “la definición ontológica de la libertad”, preceptúa, en lo atinente: 

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.  …”

Generalmente, los profesores de Derecho Público aprovechan este texto para expresar la diferencia entre los principios del Derecho público y el Derecho privado, subrayando la diferencia entre el principio de legalidad y el enunciado inicial de esta disposición constitucional  (“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.”)

El principio de legalidad amarra la actuación del funcionario público a la existencia de una ley previa que autorice su conducta  (solo lo autorizado por ley puede hacerse).  El particular, en cambio, puede hacer y decir cualquier cosa que no esté infringiendo la ley.

El comentario de hoy, no obstante, se dirige al tema de la regulación. Es claro que el reglamento y las normas subordinadas a la ley no pueden regular la conducta del particular (la Administración está sujeta al principio de legalidad, de manera que solo la ley puede imponer conductas, sanciones, penas, obligaciones, multas e impuestos o, importantísimo, regular el régimen de los derechos fundamentales  o libertades públicas).

Además, como ya se ha reiterado varias veces, si no hay infracción a la ley, puede hacerse cualquier cosa.  Ese es el régimen general.

¿Cuándo es lícito para la ley imponerse o normar conductas o regular en general a la sociedad? Lo dice el siguiente enunciado del mismo artículo 28:  “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” 

Dicho de otra manera, solo hay tres puertas de entrada para la ley en el ámbito privado: 
 

1.    Moral pública.
2.    Orden público.
3.    Perjuicio a tercero.

Al menos, así lo deja claro la norma constitucional. Durante muchos años, fue costumbre de los legisladores agregar la muletilla que decía “Esta ley es de orden pública y deroga a todas las que se le opongan” (términos más o términos menos).  Ello prácticamente ha sido desterrado del uso legislativo.  Era como un pretexto para invadir campos que debían ser respetados.  El “orden público” no puede definirse de esta manera.  

Es cierto que en la Constitución el “orden público” es un concepto jurídico indeterminado, pero es más cierto que no puede andar jugándose con tal concepto invocándolo cada vez que se quiere invadir la esfera que debe respetarse.

En los tiempos actuales, además, el tema de “moral pública” ha venido encogiéndose con riesgo de quedarse totalmente estrecho.  La vieja expresión de “moral universal y buenas costumbres” quizás ya no cobija nada.  

El criterio cada vez más amplio, en cambio, es el tema del “perjuicio a terceros”.  En las leyes relativas al comercio, responsabilidades, régimen general de contratos y relaciones entre particulares y cuasicontratos, es común ver que cada vez el legislador intenta regular más conductas.  En algunos casos, incluso, con mucha insistencia en la responsabilidad objetiva.

La cuestión fundamental es que las relaciones entre particulares se entienden, constitucionalmente, entre sujetos iguales y con libertad.  De manera que la regulación habría de ser mínima o la necesaria.

Algunos campos de la actividad humana han sido arrebatados al Derecho privado y constituyen nuevas ramas del Derecho  (Derecho laboral, Derecho de familia, por ejemplo), disminuyéndose la importancia del acuerdo de voluntades, convirtiendo en actos lo que antes era contrato y tutelándose muchas áreas del quehacer humano.

¿Cuánto admitirá la Constitución esta tendencia?  Es difícil saberlo.  A veces la historia es pendular, otras veces no.  

¿En qué radica la esencia de la actividad privada?  En ello radica el quid del asunto y la interpretación constitucional.

Lo que es claro es que no debe alterarse la naturaleza básica de la actividad particular y no debe llegar a regularse todo.  Ello eliminaría la libertad y, por ende, el propio Ordenamiento constitucional.

Dotados de inteligencia y conocimiento, los seres humanos no debemos atenernos a la solución pública, al arbitraje normativo y a escritorio del empleado público o el juez.  Debemos admitir nuestra responsabilidad y nuestro potencial.  

Asimismo, el exceso de regulación termina por lavar o disminuir los conceptos generales de justicia, equidad, buena fe y otros más derivados de principios generales.  Algunas veces la regulación no deja campo para estas soluciones.

En fin, se trata de apuntes generales para un tema que es muy principal.  ¿Queremos ser libres o súbditos de conductas diseñadas por otros?

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: Estado estorbón

En el periódico La Nación del domingo pasado se denuncia el caso del Casino Royal Dutch. En la básico, se trata de dos problemas principales que pasan por las oficinas públicas:  Hace como cuatro años que no paga alquiler al dueño de la propiedad y usa una patente de licores “polémica”.
 

En el programa “Por la Libertad”  (Lunes, 7pm Canal 54 UHF) el psicólogo William Ramírez (invitado) y yo nos referimos al tema, a propósito de la tramitopatía que sufrimos en Costa Rica. El caso se presta, como anillo al dedo, para ilustrar cómo, de manera evidente, unos logran fácilmente establecerse y operar (incluso sin pagar alquiler y con una patente discutible) y otros no logran sortear la maraña de requisitos y permisos con que la Administración y autoridades costarricenses nos atosigan. Incluso, jocosamente, comentamos que era el imperio de una de las dos leyes:  la ley de Caifás (al que está jodido, joderlo más) o la ley del embudo (a unos la parte ancha y a los demás, la estrecha).
 

Inmediatamente se congestionó el teléfono abierto del programa:  las personas no se cansaron de denunciar cómo buena parte de los municipios y oficinas de salud presionan a unos, incluso llegando a cerrar los negocios y, en cambio, dejan que otros actúen impunemente.

Por diversas razones sé de la capacidad jurídica del dueño de la propiedad, don Noé Kawer, y me sorprendió que en cuatro años no haya podido desahuciar (por no pago) a los sorprendentes inquilinos.  Espero que la información del periódico haya alertado a la inspección judicial y esté repasando qué pasa en ese proceso.  

Cuando se suma el tema de la patente queda evidente aquello de que “si parece pato, hace como pato, suena como pato y camina como pato, entonces debe ser pato”.  Para mí queda muy claro que hay “ayudas” públicas.  

El simpático locutor Pilo Obando ha acuñado una expresión muy específica, la cual usa cuando en un partido de fútbol que está narrando suceden patadas, faltas de todo tipo y el árbitro no pita y se queda como si nada.  Pilo dice que “el árbitro está contemploso”.

Pues bien, a veces sucede que la Administración, las autoridades y el Estado en general , ante ciertas gestiones, operaciones, infracciones y personas se quedan exactamente “contemplosas”.  Nada vieron, nada que decir, nada que hacer, nada que sancionar y “sin novedad en el frente”. Puro “Estado gendarme”.

Lo grave, irritante y complicada es que ante la actividad de la mayoría, ante quienes quieren pellejearla para sacar adelante a su familia, ante quienes la pulsean para fomentar empleo y actividad, entonces sí sacan pecho, aparece todo la lista de requisitos y documentos, permisos y reglamentos.

Algunas veces va acompañado del “¿cómo te ayudara?” y otras veces sencillamente hay un “uso de suelo”, un “plan regulador”, un reglamento o un requisito insalvable.  En alguna administración de cuyo nombre no quiero acordarme, los supuestos “analistas” inventan consultar a Raymundo y todo el mundo y luego de coleccionar criterios discordantes aperciben al petente de poner su solicitud a tono con todos, otras veces discrepan por el uso del lenguaje y finalmente retrasan cualquier solicitud años y años.  ¡Son distintas formas de corrupción! 
 

Cuando uno debe leer actas y actas de diversos cuerpos colegiados va percatándose de que no es cierto aquello de que  “si se da la misma condición, debe darse la misma resolución” .

Claramente se aprecia que, para la Administración pública y las autoridades es igual que en “La Granja de los Animales” de George Orwell:  “Unos son iguales que otros”.

Lo más serio del asunto, aparte del caldo de cultivo de la corrupción, es la maraña de leyes y reglamentos que le permite a la Administración y autoridades en general construir un Estado estorbón, estorboso y atravesado.  

Los funcionarios públicos terminan por no apreciar la libertad de los ciudadanos, las necesidades de gestión y trabajo, la necesidad de aprovechar la oportunidad y los derechos fundamentales que están en juego.

Es fácil, desde la comodidad del empleo público y el ejercicio de potestades, joderle la vida a los demás, complicarle al ciudadano sus derechos, escudarse cobardemente tras normas y requisitos y frustrar cualquier intento de surgir, de trabajar, de ganar dinero. 

Algunos, incluso, tienen hasta una falsa justificación moral, pues creen que en el Estado están por el bien general y que los usuarios no andan sino tras el vulgar peso, tras la ganancia.

Tema importante para el desarrollo nacional, para recuperar la dignidad de todos y para equilibrar un Estado hundido y que nos arrastra a todos al fondo, con la obsecuencia de funcionarios abusadores y aprovechados.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: a propósito de una noticia sin aparente importancia

Yahoo noticias España dedica una interesante nota al “Adiós a las aceiteras rellenables”:

El texto escrito es el siguiente “Quédense con la imagen de las aceiteras tradicionales en bares y cafeterías porque tienen los días contados. Desde el 1 de enero de 2014 las aceiteras rellenables se despiden para no volver. Entre los clientes hay muchos que están encantados con la medida, aunque a otros no les parece necesaria. Les guste o no la Unión Europea ha decidido prohibir su uso en lugares públicos para así poder controlar la calidad del aceite que se sirve al consumidor. Muchos hosteleros manifiestan su descontento porque el cambio de los envases repercutirá en el precio final del producto. Lo cierto es que en pocos meses los nuevos envases serán monodosis o recipientes no rellenables. Para que se esfumen las dudas de si el aceite es bueno o no”.

Al principio surgen sentimientos encontrados, unos apuntando a la importancia de tener garantía de que el aceite es de calidad, origen, nuevo y demás ventajas y, los otros, a la nostalgia de que las cosas ya no serán como antes, ¡adiós a las aceiteras tradicionales” y cuestiones así.

En la nota aparecen también, algunos argumentos relativos al precio y costos.  Pero detrás hay más cosas.  

En el fondo se trata de una intromisión pública, normativa y coactiva en el ámbito de las relaciones privadas.  Entre el hostel, el restaurante, el café o el bar y el cliente ha intervenido el Derecho, la norma, el legislador, la vindicta pública, los oficiales de salud y la pendejera de todos aquellos que de chivatos y acusetas pierden su voluntad para entregarla al Estado.

La intervención de una relación no es gratuita, tiene graves costos.  El más serio, aunque quizás no se note, es la pérdida de libertad y entendimiento en el plano de igualdad y acuerdo de voluntades.

No se me olvida que en un taller dedicado al cambio de aceites, en la ciudad de Grecia, mi amigo “Oso” Bolaños nos daba la opción de usar tarros (cuartos de galón) nuevos o tomar de un estañón en que había comprado a un mejor precio de mayorista.  Con una simpleza directa y gran afabilidad, expresaba: “Es cuestión de confianza, si no me la tenés, vamos a los tarros.  Si me la tenés, ganás en el precio”.  La solución europea es que no le tenga confianza, que vaya a los tarros y que pague más (sin opción y con un ejército de supervisores para que las cosas se hagan de una sola manera).

Perdemos entonces la inmediatez, la capacidad de desarrollar nuestras relaciones en plano de igualdad jurídica y confianza y ponemos nuestras vidas en las manos del Estado.

¿Es posible que algún mercachifle rellene mal las aceiteras?  ¡Por supuesto!  No lo dudo.  Pero la generalización de la desconfianza o del trato receloso lleva a la sociedad a pagar más por lo mismo.  Exceso de empaques, “monodosis” o empaques que no dan la medida del uso (o sea, estándares o modelos o medidas que no van con todos, al estilo del lecho de Procusto, tan de gusto de los estatólatras) y los consiguientes desperdicios, insatisfacciones y demás situaciones.  Por supuesto, también habrá inspectores del empaque, de la nueva acepcia, de la calidad empacada e, incluso, del adecuado deshecho.  Con el tiempo también habrá inspectores de la calidad, del plástico, dela impresión, de la etiqueta, de las normas de origen y muchas cosas más.  Con un poco de imaginación se pueden crear cientos de trabajos e inspecciones inútiles e ir dejando baldada a la Humanidad para poderse relacionar consigo misma.

Por supuesto que se beneficia a la franquicia, a la cadena de alimentos y se perjudica a la “pyme”.  La gestión artesanal es desestimada por muchos y maltratada constantemente por el Estado y sus secuaces. ¡Claro que habrá que hacer más trámites! Con un poco de esfuerzo podría hasta inventarse la licencia para ofrecer al cliente aceite en empaque de monodosis. Sería adicional a la de comidas, distinta de la rótulos, diferente a la uso de suelo y podría tener gran potencial en cuanto la creación de más subterfugios:  pimienta en monodosis, vinagre balsámico en monodosis, queso parmesano en monodosis, sal en monodosis, no sal en monodosis, pan en monodosis. También podría explorarse que todos esos productos requirieran primero la aprobación por parte del Ministerio de Salud y que éste exigiera “tropicalización” de empaques, pruebas de tinta y aprovechara los empaques monodosis para hacer campaña contra el tabaco, la obesidad y las peligrosas ansias de libertad.

Es menester recordar las lecciones de Enrique Ghersi en el sentido de que la información y el Derecho no son gratis y tienen un alto costo.  Para algunos resulta fácil, divertido, hasta meritorio y registrable, andar emitiendo leyes y regulando la vida humana.  La verdad es que todo ello tiene consecuencias graves en la vida económica, terribles en las posibilidades de los más pobres y desastrosas en la habilidad para construir la propia vida con responsabilidad y habilidad.

Quizás sea hora de realizar en Costa Rica un estudio acerca del impacto normativo, la tramitomanía, su influencia en la gestión económica y la barrera que significa para las pymes.

En poco tiempo he podido percatarme de cómo el CONESUP ejerce el capricho para evitar la autorización y el funcionamiento de nuevas Universidades, carreras, sedes y modalidades.  ¡Increíble!

Cerca de mi vivienda, en Sabanilla, un operario que se dedica a arreglar llantas en un garaje alquilado (neumáticos y parches) fue obligado, en la renovación de sus permisos, a construir un servicio sanitario para minusválidos (Ley Nº  7600, acceso con silla de ruedas).  ¿Cuántas llantas tendrá que arreglar para costear la construcción que, además, fue en propiedad ajena?  Y … su tiempo, los permisos extra (construcción y demás), cómo le impactan.

Por allí mismo (Salitrillos, si no me equivoco), una señora quiere abrir un bazarcito en su casa, por necesidad de emprender una actividad que le genere ingresos.  Está dispuesta  a usar la sala de la casa para la actividad.   Nuevamente la Ley Nº  7600:  tendrá que sacrificar también el baño de la casa para que haya un servicio sanitario con acceso para silla de ruedas.  Ella quiere obtener ingresos para salir adelante, pero ahora deberá obtener algún préstamo para abrir una puerta a 90 cm, hacer un par de rampas y otras cosas, apenas para ver si abre el negocito.  

Convoco a los amigos y colegas a ver si podemos coleccionar estas tristes y graves experiencias, a fin de preparar al menos un documento con casos.

Espero que mis hijos no empiecen a pedir monodosis de salsa, azúcar, café, arroz, carne, verduras, fruta y demás provisiones similares en la casa.  Igual, espero que cuando convide a un amigo a una tacita de café, un vinito o una reunión con música y bocadillos no me salga con el cuento de las monodosis empacadas.  ¡Con qué facilidad entregamos nuestras vidas a estos demiurgos que creen saberlo todo!

Federico Malavassi Calvo   

Jumanji empresarial: alharaca sobre los transgénicos

Toda la alharaca alrededor de los transgénicos nos debe llevar a una juiciosa reflexión sobre las verdaderas raíces de conflicto que genera un tema científico, que como otros, tendría que entusiasmarnos y estimular nuestra participación en la búsqueda y hallazgo de nuevas formas de dominar la naturaleza para beneficio de la humanidad.

Así como el descubrimiento del microchip no nos ha convertido en monstruos, pero sí nos ha hecho más prósperos, de idéntica manera el dominio de la genética vegetal y animal nos ayudará a aumentar el nivel de bienestar del género humano. Lo que necesitamos es más libertad para experimentar y más confianza en que el ingenio y la ética humana nos llevarán por el camino correcto, como hasta ahora lo han hecho.

Pero, ¿qué es lo que hace que las fricciones ideológicas contaminen el ambiente científico, tanto en este como en muchos y variados temas? La respuesta es más vieja que las mismas ideologías: miedo al monopolio del conocimiento y aversión al concepto de ganancia empresarial.

En lo que respecta al monopolio del conocimiento y de las ideas, la solución está en hacer un relevamiento completo de las leyes de propiedad intelectual que promueven la monopolización del conocimiento a favor de grupos económicos con capital, y que tienen acceso a las fuentes de investigación subsidiadas por los gobiernos (universidades e institutos). Es necesario desmitificar las razones para otorgar patentes sobre ideas e invenciones que, de todas formas, se dan en un ambiente de cooperación económica, donde el escenario heurístico es el propio mercado. Ningún descubrimiento o invención surgen de un vacío, sino que siempre son parte de la inercia misma de la destrucción creativa, tarea de la que se encargan muchos creadores independientes al actuar en resonancia espontánea dentro del mercado. De modo que argumentar que alguien tiene un derecho exclusivo para lucrar con la explotación comercial de una idea –por la simple razón de que posee un registro legal arbitrariamente asignado–, no tiene ninguna lógica económica.

La aversión al concepto de ganancia empresarial es un aspecto que requiere de análisis, tanto psicológico como sociológico. La ganancia, además de ser un incentivo para la inversión, constituye un precio por el capital invertido y arroja una señal de mercado importantísima. Pero, por razones de dialéctica ideológica histórica, el concepto de ganancia se ha convertido en un arma de doble filo para la argumentación a favor de la actividad empresarial, que es la base de la conquista y el aumento de la prosperidad de la civilización en general.

Sin un incentivo para transformar el capital, el empresario simplemente no se activa, y por consiguiente la sociedad se ve privada de los beneficios innovadores de estos agentes dinámicos de la economía. Pero estos incentivos deben ser espontáneos y no perversos (por intervención estatal), para que realmente el valor que se agregue en el mercado sea real y no ilusorio.

En la naturaleza todo es transgénico, dado que desde los inicios de la vida celular, la naturaleza no ha discriminado a la hora de experimentar con combinaciones genéticas, seleccionando aquellas que más se adaptan a las condiciones ambientales. La diferencia es que ahora los seres humanos tenemos el conocimiento para hacerlo mejor y más eficientemente.

Así qué no tiene sentido que incorporemos miedos infundados en esta ecuación heurística, por razones ideológicas obsoletas.

Andrés Pozuelo Arce

Tema Polémico: ¿Protectores del Consumidor?

Es común escuchar a los políticos defensores de la regulación y la intervención  del gobierno en las actividades del mercado decir que  se realizan con el objetivo de defender a los consumidores de los abusos de los productores y distribuidores. La excusa consiste en que la información con que cuentan los consumidores para tomar sus decisiones es  limitada pues existe asimetría entre los conocimientos que tiene los fabricantes y a los que tienen acceso sus clientes. Es deber del Estado asegurarse de que los producto cuenten con estándares de calidad mínimos y dispongan de suficiente información para que los consumidores tomen decisiones acertadas. 

Si bien es cierto, estas medidas se basan en buenas intenciones, nunca toman en consideración los efectos negativos que conllevan. Nunca ven más allá de las decisiones a corto plazo de la intervención estatal pues si se hiciera se darían cuenta que todos los efectos nefastos que resultan de este tipo de medidas terminan sumando más que los posibles beneficios que podrían traer.

Ejemplos lamentablemente sobran pues vivimos en país donde el Estado debe tener injerencia en absolutamente todo. Uno de los casos lo analizamos hace tres semanas sobre la inefectiva regulación de Sutel en el mercado de las telecomunicaciones que lejos de favorecer a los consumidores más bien a impedido que los precios sean más bajos y ha limitado la cantidad de oferentes en el mercado. Otro ejemplo es los requerimientos cada vez mayores que exige el Ministerio de Salud en el etiquetado de productos alimenticios y ni hablar de los requerimientos de información para los productos médicos.

Un caso que queremos comentar el día de hoy es el del nuevo Código Eléctrico Nacional que fue presentado el año pasado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y específicamente la oficina de Reglamentos Técnicos. Este nuevo código regula todas las instalaciones eléctricas del país y la entrada de productos eléctricos al mercado con el objetivo, por supuesto, de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con este nuevo código se exigirá que todos los productos que entren al mercado cuenten con certificaciones internacionales. Estas certificaciones son difíciles de conseguir y normalmente son muy costosas al inicio y para conservarlas. Al final esto lo que termina haciendo es sacando a todas las pequeñas empresas y pequeños  importadores del mercado pues se necesitan requerimientos de capital que no tienen. No es de extrañarse claro  que los principales impulsores de este código eléctrico sean las grandes empresas de materiales eléctricos del país pues saben que solo ellas tienen el capital necesario para conseguir certificaciones. Este código eléctrico se les vende a las personas como una herramienta para garantizar su seguridad pero realmente es una barrera de entrada impuesta por las grandes empresas a pequeños y nuevos negocios para limitar la competencia en el mercado. Uno de los más grandes enemigos de las pequeñas y medianas empresas es la regulación estatal.

En ASOJOD no estamos insinuando que no existan casos en el mercado de información engañosa y peligros para el consumidor. Lo que no entendemos es por qué el gobierno termina interfiriendo en estos procesos de negociación entre los consumidores y los productores. El mismo mercado naturalmente se encarga de regular que los productos que se venden cumplan con ciertos requerimientos mínimos pues los consumidores no son tontos y se cuidan de que lo que estén comprando sea conveniente. Las empresas a medida que van creciendo van adquiriendo reputación y sin necesidad de que nadie se los imponga van adquiriendo estándares de calidad para poder diferenciarse y vender más con mejores márgenes. Finalmente, con el tema de publicidad engañosa, si en el país en verdad existiera un sistema judicial ágil, las empresas se cuidarían de informar lo más posible a los clientes pues de nos ser así se exponen a demandas y acusaciones que podrían poner en riesgo su existencia. 

¿Medidas para proteger al consumidor? Lo cierto es que no. Estas regulaciones son máscaras que responden a intereses de grupos de poder muy alejados del bienestar del consumidor. Para que el consumidor verdaderamente gane debe tener la libertad de comerciar sin ningún tipo de restricción.

Jumanji empresarial: las tres oraciones

Oración al Estado:

¡Oh, Dios Estado todopoderoso, que tienes dominio sobre todo lo que está a tu alcance! Solo tú eres sabio, solo tú puedes saciar nuestras ansias de ser sometidos a un orden y control que solo tú puedes dar. ¡Oh, Dios Estado, permítenos comprender que solo bajo tus leyes coercitivas y tu potestad de coacción, podremos los malvados seres humanos vivir en colectividad y olvidarnos de nuestros oscuros deseos individualistas!

Oración a los Santos Reguladores:

¡Oh, Sabios Santos Reguladores, que estáis libres de todo pecado y que habéis obtenido el poder y la sabiduría del Gran Dios Estado para determinar los límites de nuestras acciones y a la vez, en esta sagrada tarea, seleccionar a aquellos a quienes has escogido para recibir los beneficios de tu santo manto protector, excluyendo a las  sumisas criaturas que tendrán que conformarse con las migajas que felizmente recibirán después del manjar de los escogidos! ¡Santos Reguladores, tened piedad de nosotros los inocentes consumidores! 

Oración a los Bancos Centrales:

¡Oh, Gran Dios creador del dinero, tú que tienes el poder y la sabiduría de imprimir billetes de la nada, cólmanos con tu tierno papel para que, basados en la ilusión de riqueza, podamos satisfacer nuestra sed de consumo improductivo y olvidarnos así de la pérdida de valor de todo aquello que hemos acumulado y del trabajo que realizamos para sobrevivir!

Andrés Pozuelo Arce