La columna de Carlos Federico Smith: cooperación versus centralización política

Han observado ustedes la frecuencia con que políticos suelen decir que proponen hacer alguna cosa en nombre nuestro; esto es, que consideran deseable, por ejemplo, prohibir o controlar o regular ciertas actuaciones de las personas, lo cual lo dicen hacer en representación nuestra. 

La primera gran duda que le salta a uno es acerca de dónde es que emana esa presunta capacidad de políticos para conocer mejor que nosotros mismos, qué es lo que deseamos o queremos. No creo que los políticos tengan alguna habilidad genética particular que los diferencie de las demás personas y menos que dicha capacidad sea superior a la de los otros individuos, como la de poder leer la mente de estos, en tanto que los individuos no son capaces de conocer lo que está en la mente de los políticos. Ni uno ni otro; lo que pasa por la mente de una persona en cuanto a sus preferencias sólo es conocida cuando las revela al actuar en un mercado. ¿Cómo sabe usted si yo prefiero el mango al melón? Bueno, cuando a un mismo precio por unidad estandarizada, compro más de uno que del otro. Pero, si bien el consumidor reveló sus preferencias,  eso no significa que uno conoce las razones de sus preferencias. 

¿Será que el político sí puede saber lo que conocen o saben los individuos, cuando en un mercado de la política considera que, quienes votaron por él (o ella), lo hicieron así porque lo preferían?  Eso puede ser así, pero conocer exactamente qué es lo que pasa por la mente de una persona cuando lo escogió es, creo, imposible, porque no sabe si votó por él porque, digamos, le gustaban sus planteamientos o, por el contrario, porque es que le disgustaban menos que los de otros o porque la visión que ese votante puede tener del mundo es propia de un masoquista y le encanta sufrir cuando elige a un mal gobernante. Todo eso y más son posibles cuando se pretende hurgar en la mente de una persona (votante o no) en particular y más aún cuando hay tantos individuos que actúan en circunstancias específicas de tiempo y espacio muy distintas.

Gobernantes absolutos, como ciertos reyes, pretendían, tan sólo por tener ciertos antepasados familiares, creer que lo sabían todo mejor que como lo podían saber sus súbditos. Y legislaban (o dictaban órdenes) acordes con esa pretensión. Pero no sólo hay muchos capítulos históricos, en que esos mismos gobernantes no tenían certeza de cuáles eran sus verdaderos antecesores biológicos, sino que, también, como se ha llegado a saber, muchos de esos gobernantes, al imponer su criterio, más bien generaban el malestar ciudadano y otros, al hacerlo, tal vez atinaban, ganándose la voluntad popular. Pero, de ser cierto este último caso, ¿por qué el ciudadano no se iba a ahorrar ese intermediario y por sí mismo lograba hacer lo que deseaba (por supuesto que restringido en cuanto a que no afectara el mismo derecho poseído por otros ciudadanos)?

Una de las razones por la cual no me “gustan” los gobernantes que dicen hacer algo porque lo hacen a nombre mío, radica en que, al fin de cuentas, yo sí sé qué es lo que realmente quiere o prefiero. Por ello, por ejemplo, cuando un estado me quita lo que he ganado trabajando y acatando las reglas del juego, para hacer, en mi nombre, lo que ese gobernante quiere hacer con él, me produce mucho disgusto. Tengo mejor conocimiento –aunque sea imperfecto- para organizar mi modo de vida como yo lo prefiero, que como el que puede tener ese gobernante acerca de mi conocimiento propio. Los individuos buscamos la cooperación de otros (no sólo dentro de la familia o de allegados) sino de la generalidad, porque ello nos beneficia. No porque se nos imponga. 

Esto lo explica Richard  A Epstein en su libro Skepticism and Freedom (Chicago: The University of Chicago Press, 2003), cuando señala que 

“La cooperación entre familiares ofrece obvias ventajas genéticas. Y puesto que, por definición, la evolución es un instrumento muy imperfecto, los principios usuales de selección natural conducen a alguna distribución, probablemente normal, de gustos acerca de la disposición para cooperar, en la cual los cooperadores, en promedio, es posible que sobrevivan más que los no cooperadores. El resultado neto es que no hay razón para aceptar la historia radical Hobbesiana del egoísmo individual, o de su corolario, de que un estado de naturaleza produce una anarquía, que puede ser refrenada tan sólo por un estado unitario dirigido por un gobernante absoluto. Muy al contrario, uno de los peligros más grandes de la centralización del poder, es que tiende a minar el control que los métodos informales de control social ejercen sobre su fuerza. Los individuos exhiben métodos más elevados de cooperación en ambientes no regulados, cuando sus rupturas previas de las reglas legales no están sujetas a sanciones legales. Evidentemente, encarados por el éxito o fracaso de sus propias acciones, ellos desarrollan estrategias cooperativas.” (Op. Cit., p. 25-26).

Lo que el autor nos dice es que la cooperación entre los humanos existe porque los beneficia, permitiéndoles adaptarse mejor a la escasez, que en su ausencia. Por lo tanto, no es de aceptar que surgirá necesariamente la anarquía, por lo cual no se requiere que exista un gobernante absoluto, que venga a poner orden en la anarquía. Más bien un gobierno totalitario impide que surjan los acuerdos sociales de cooperación entre los individuos, que limitan ese poder. En libertad, más bien surge la mayor cooperación.

Un mercado libre es un buen ejemplo de una exitosa estrategia de cooperación de los individuos, que les permite sobrevivir mejor. Es una excelente muestra de cooperación en un ambiente no regulado. El problema con la cooperación “forzosa” que se presenta cuando el estado define por el individuo lo que debe hacer, es que ese estado no tiene el conocimiento que si poseen los individuos actuando cooperativamente en ese mercado.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: gobierno mínimo y políticas públicas

La primera política pública debería ser la garantía de la libertad y, por ello, la respuesta debería reflejarse en la propia concepción estatal.

La mayor parte de las Constituciones Políticas han asumido este concepto, por ello la existencia de libertades públicas, elencos de garantías y acciones y recursos privilegiados para proteger al individuo de las invasiones públicas.

En punto a ello la pregunta es si el Estado es un mal necesario, debe controlarse como mala hierba, debe revisarse constantemente para evitar su perverso crecimiento o si es posible pactar un equilibrio o balance al respecto.

Esta pregunta viene haciéndose en distintas formas y matices desde hace cientos de años.  En todos los tiempos se ha visto que el gobierno puede tener potencial para mucho y para todo, pero que es excepcional que se mantenga en su lugar.  Hay una tendencia general a excederse, a crecer, a acaparar, a invadir y a dejarse no solo el vuelto (el cambio) sino el mandado (el encargo).

La democracia como forma de gobierno no ha cambiado las cosas.  Ha aparecido la demagogia y han aparecido el clientelismo y demás prácticas similares.  

Y, por supuesto, tal y como dice el saber popular, “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.  

Las “políticas públicas”, más bien,  se regodean en buscar nuevas áreas de acción pública, buscar más instrumentos para la acción del gobierno, redundar en instituciones y tomar más dinero de los contribuyentes.  Están al servicios del clientelismo y la campaña por los votos.  

Ni por asomo se inspirarán en el principio de acción subsidiaria del Estado;  menos en las añejas e irrebatibles lecturas de John Stuart Mill acerca de porqué es mejor que cada cual haga lo suyo y no lo ponga en manos del Estado y es impensable que al menos sean cotejadas con las enseñanzas de James Buchanan (“the public choice”:  cómo es que se toman las decisiones públicas).  

Hablar de gobierno racional, Estado racional, minarquismo, gobierno mínimo o limitado, Estado mínimo o limitado o de responsabilidad individual en relación con las políticas públicas es como que una oveja asistiera a un baile de zorros.

Es obvio que el Estado ha dejado de defender y proteger la libertad.  En realidad, es apreciable que en gran cantidad de administraciones ha cundido el modo de conculcar las libertades, desdeñar el poder de autodeterminación de las personas, considerarlas incapaces y en estado de interdicción, fomentar la tutela general y adjudicarse la voluntad general.  Sobran asesores legales para aconsejar los torcidos caminos del estatismo, el proteccionismo y el intervencionismo.  Casi no hay sociedad que se haya librado de tan torcidos senderos.  

Los derechos “programáticos” y de segunda y tercera generación han desplazado a las libertades públicas y a los derechos fundamentales.  No es de extrañar que en algunas sociedades se violente la libertad de expresión y la libertad de prensa.  Ha venido dándose, por todas partes, una expoliación de los bienes atinentes a los derechos fundamentales.  Con regalos, limosnas y repartos de algunos centavos se ha comprado la voluntad de votantes y grupos de presión.  Muchos han vendido la libertad por la promesa (ni siquiera pago real) de un puñado de guisantes.

Los gobiernos y los políticos han sido astutos como serpientes, poco a poco han desaparecido los jueces que leían las Constituciones con el espíritu y sentido de sus redactores.  Eso ha sido superado por la práctica de poner jueces y funcionarios que tienen compromiso con las nuevas tendencias (un Estado más social que de Derecho, derechos programáticos, Administraciones que claman por “gobernabilidad”, notables que son obsecuentes con los políticos de turno).

Los derechos fundamentales y las libertades públicas dejado de ser absolutos y han sido objeto de relativización frente a las necesidades pasajeras de políticos de turno.

Algún día los tribunales constitucionales olvidaron los principios del equilibrio presupuestario, otro día cedieron la privacidad y la confidencialidad a las autoridades tributarias, alguna mala tarde se cansaron de tutelar la libertad de expresión y en una oscura noche cohonestaron la expoliación de los contenidos del derecho de propiedad.

Poco a poco los nuevos plumarios de corte fueron reinterpretando el sentido de la división de poderes y borraron aquello de frenos y contrapesos: sonaba mejor hablar de especialización y entender al gobierno integrado (y no separado).  

Poco a poco los juzgadores encargados de tutelar la recta interpretación de la norma constitucional fueron convencidos de que las limitaciones presupuestarias también incidirían en sus salarios y en sus pensiones.  

Poco a poco fueron invirtiendo la naturaleza de las personas y apropiándose de la autonomía de la voluntad para el sector pública y sometiendo al particular al principio de legalidad.  El insostenible argumento de la “ingobernabilidad” no ha sido sino uno de los trillados subterfugios para prohijar y cohonestar la expoliación y conculcación de las libertades fundamentales y los conceptos básicos.  

Observen los programas de gobierno y, con borrosas excepciones, leerán de más áreas, más acciones, más programas que requieren financiamiento, más instituciones públicas, más oficinas, reiteración de programas y acciones y así como disco rayado.  Cuenten con los dedos de una sola mano las propuestas que apunten a  la derogatoria de leyes redundantes, la eliminación de la tramitomanía y la tramitopatía, la reducción de la planilla pública, la racionalización del gasto público, la propuesta para que el Estado saque sus sucias manos de la economía, el respeto a los derechos básicos o la racionalización del Estado y el gobierno, la inteligencia en el uso de la ley como recurso coactivo, la posibilidad de sistematizar el Ordenamiento Jurídico en lugar de reproducirlo y multiplicarlo o la reconstrucción de la responsabilidad del ser humano en la conducción de su vida.  ¡Sobrarán como seis dedos!  Político que se precie de su raza no tomará el camino de la racionalidad y la responsabilidad.  El clientelismo va en otra dirección. 

Ahora hay pasión por la regulación y por la gestión directa de la Administración.  Si la gente se descuida, las leyes no serán aprobadas por los parlamentos sino por la Administración. Curiosamente, aparecen más propuestas para regular la vida privada que para controlar la acción pública.  

Llamo la atención sobre todo ello y prometo no quedarme callado.  ¿Usted?

Federico Malavassi Calvo

Jumanji empresarial: la manía de la medición y las estadísticas

Parecería que si no se pueden medir resultados éstos no existen o se los subestima sin percatarse de otra dimensión no cuantificable que es en definitiva la que marca el propósito de las acciones humanas. Es cierto que el cálculo económico en general y la evaluación de proyectos en particular son indispensables al efecto de conocer si se consume o si se incrementa el capital. De allí es que resulta indispensable la institución de la propiedad privada y los consiguientes precios de mercado, sin cuya existencia se opera a ciegas.

Pero no es menos cierto el abuso de las mediciones en teoría económica. Incluso en la pretendida ilustración de las transacciones comerciales, el signo igual es inapropiado puesto que los precios expresan pero no miden el valor. El precio es consecuencia de valorizaciones distintas y cruzadas entre compradores y vendedores de lo contrario no habría operación alguna. El vendedor valora en más el dinero que recibe que la mercancía o el servicio que entrega y al comprador le ocurre lo contrario.

Además “medir” valores a través de precios en rigor significaría que si una mesa se cotiza en mil media mesa se debiera cotizar en quinientos cuando en verdad pude muy bien traducirse en un valor nulo y así sucesivamente. La medición requiere unidad de medida y constantes (por ese motivo -en “The Place of Mathematical Reasoning in Economics”-  Paul Painlavé concluye que “medir el valor de algún objeto resulta imposible”). Asimismo, la expresión algebraica de “función” no es aplicable en el ámbito de la ciencia económica puesto que conociendo el valor de una variable no permite conocer el de otra. Tampoco es pertinente recurrir a las llamadas “curvas de indiferencia” al efecto de ilustrar elecciones puesto que toda acción implica preferencia ya que la indiferencia es la negación del actuar. Ni siguiera es aceptable recurrir a las “curvas” de oferta y demanda puesto que significa el tratamiento de variables continuas cuando la acción inexorablemente significa variables discretas.

En otros ensayos y artículos me he referido a los graves problemas referidos a la “renta nacional” y al “producto bruto”, al supuesto de considerar producción-distribución como fenómenos susceptibles de escindirse y a las falsedades inherentes al modelo de “competencia perfecta”, pero en esta oportunidad no tomaré espacio para ese análisis ya efectuado con insistencia, para en cambio aludir a aquella otra dimensión no cuantificable a que me referí al comienzo.

En realidad, todas las acciones (y no digo humanas puesto que sería una redundancia ya que lo no humano no es acción sino reacción) apuntan a satisfacciones no monetarias. Incluso para quien el fin es la acumulación de dinero, puesto que la respectiva satisfacción siempre subjetiva, no puede manifestarse en números cardinales, solo ordinales pero personales ya que son imposibles las comparaciones intersubjetivas.

En nuestro léxico convencional podríamos decir que esta dimensión no sujeta a medición alguna se refiere al rendimiento o la productividad psíquica. Por ejemplo, se compra un terreno para disfrutar de las puestas de sol debido a que esa satisfacción posee para el comprador un valor mayor que el dinero que entregó a cambio, pero no resulta posible articular la medida de ese delta y lo mismo ocurre con todo lo adquirido. En otros términos, lo más relevante no está sujeto a medición.

Esto es lo que confunde y altera a los megalómanos planificadores que se manejan a puro golpe de cifras que aunque fueran fidedignas no cubren lo medular del ser humano. No deja de ser curioso que esta inundación de estadísticas se pretenden refutar con otras, lo cual no va al meollo del asunto. Es en este sentido que Tocqueville escribe que “El hombre que le pide a la libertad más que ella misma, ha nacido para ser esclavo”. Por eso es que las cifras globales (llamadas macroeconómicas) son, en última instancia, intrascendentes puesto que en liberad simplemente serán las que deban resultar. Este es el significado de la sentencia de James Buchanan en cuanto a que “mientras el intercambio sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el fraude, el acuerdo logrado, por definición, será calificado como eficiente”. Por esto mismo es que Jacques Rueff repetía en que no deben compilarse estadísticas del sector externo “puesto que constituyen una tentación para los gobiernos de intervenir, en lugar de permitir las ventajas que proporciona la libertad”.

Desde luego, lo dicho no es para eliminar las estadísticas, sino, por un lado, para diferenciar las relevantes de las irrelevantes y, por otro, mostrar que aunque se recurra a veces a números como circunstancial apoyo logístico (todos los economistas lo hacemos pero lo dramático es cuando se revela que eso es lo único que hay en la alforja), lo transcendente no radica allí puesto que hay un asunto de orden previo o de prelación que apunta a lo no cuantificable en lo que se refiere a la esfera del aparato estatal y dejar que en el sector privado se compilen las series que se conjetura requiere la gente.

A título de anécdota, señalo que cuando Alfredo Canavese de la Universidad Di Tella, por entonces colega en la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Buenos Aires, solicitó mi nombre para una declaración contra las manipuladas cifras oficiales del INDEC en la Argentina, le manifesté que las tergiversaciones oficiales producirían como resultado positivo la preparación de índices por parte del sector privado lo cual esperaba termine con los números estatales que exceden su misión específica con el correspondiente ahorro de recursos de los contribuyentes y que los gobiernos se circunscriban estrictamente a las cuentas de las finanzas públicas, liberando energía para controlar al siempre adiposo Leviatán.

Preciso un poco más la idea: en el supuesto de que el gobierno pudiera hacer multimillonarios a todos (irreal por cierto si tenemos en mente ejemplos de sociedades iguales pero con regímenes distintos como era Alemania Occidental y Alemania Oriental o como es hoy Corea del Sur y Corea del Norte), nada se ganaría si simultáneamente la gente no puede elegir que productos comprar del exterior, si los padres no puede elegir las estructuras curriculares que prefieren para la educación de sus hijos, si no se puede elegir el contenido de los periódicos, las radios y las televisiones, si no se puede afiliarse o desafiliarse a un sindicato sin descuentos coactivos de ninguna naturaleza, si no se puede profesar el culto que cada uno prefiera sin vinculación alguna con el poder, si no se cuenta con una Justicia independiente, si no se puede pactar cualquier cosa que se estima pertinente sin lesionar derechos de terceros, etc. etc. Como en el cuento de Andersen, de nada vale que ingresen al bolsillo de cada uno miles y miles de kilos de oro si se ha vendido la liberad, es decir, la condición humana.

Es clave comprender y compartir el esqueleto conceptual de la sociedad abierta, las estadísticas favorables se dan por añadidura. Por el contrario, si se tratara de demostrar las ventajas de la libertad a puro rigor de estadísticas ya hace mucho tiempo que se hubiera probado su superioridad, el asunto es que, en definitiva, con cifras no se prueba nada, las pruebas anteceden a las series estadísticas, el razonamiento adecuado es precisamente la base para interpretar correctamente las estadísticas. Es por eso que resulta tan esencial la educación en cuanto a los fundamentos éticos, jurídicos y económicos de la sociedad libre y no perder el tiempo y consumir glándulas salivares y tinta con números que desprovistos del esquema conceptual adecuado son meras cifras arrojadas al vacío.

En resumen, el oxígeno vital es la libertad, si los debates se centran exclusivamente en las cifras se está desviando la atención del verdadero eje y del aspecto medular de las relaciones sociales. Como bien ha escrito Wilhelm Röpke en Más allá de la oferta y la demanda: “La diferencia entre una sociedad abierta y una sociedad autoritaria no estriba en que en la primera haya más hamburguesas y heladeras. Se trata de sistemas ético-institucionales opuestos. Si se pierde la brújula en el campo de la ética, además, entre otras muchas cosas, nos quedaremos sin hamburguesas y sin heladeras”.

Alberto Benegas Lynch

* Tomado del sitio: http://independent.typepad.com/elindependent/2013/03/la-man%C3%ADa-de-la-medici%C3%B3n-y-las-estad%C3%ADsticas.html

La columna de Carlos Federico Smith: el poder al pueblo

Gracias a las reflexiones de mi amigo Luis di Mare y a las conversaciones que ellas han motivado, creo haber llegado a comprender la verdadera significancia del llamado referendo. Para darnos cuenta de ello, me permito transcribir lo que considero es el artículo fundamental de nuestra Constitución, el cual (el segundo) reza así: “La soberanía reside exclusivamente en la Nación”.  Igualmente esclarecedor y aclaratorio de este artículo es el criterio expresado por la Sala Constitucional en el voto 4601 de 1994, el cual, en lo que me interesa, señala que, de acuerdo con los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución, “la soberanía reside en el pueblo” y que “el ejercicio de las diferentes manifestaciones por las que la voluntad popular pueda expresarse, está restringido a los integrantes de ese conjunto de personas, el pueblo”.  En nuestro país, en esencia, el poder soberano reside en el pueblo y no en nada ni en nadie más.

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa…” Este último artículo señala la delegación de la voluntad soberana del pueblo para legislar, en manos de una Asamblea Legislativa.  Esto es, en vez de decidir directamente acerca de la existencia de leyes, el pueblo cede esta facultad en los diputados que integran la Asamblea Legislativa y que son fruto del sufragio de ese pueblo.

Aquí hay dos temas que hoy, ante el esfuerzo de diferentes ciudadanos para que los costarricenses tengamos un mejor esquema político –esfuerzo amplio que debe de agradecerse y no de vilipendiarse- me parece necesario comentarlos. El primero, muy importante, creo, pero no el principal en mi empeño, es que el actual sistema de votación por papeletas, en vez de serlo directamente por la persona, debilita enormemente esa “delegación” que indica el artículo 105 constitucional.  Simplemente por el hecho de que el ciudadano (pueblo), quien está “delegando su soberanía” mediante el voto, en realidad no sabe en quién fue que la delegó. Por ello, desde hace ya muchos años, he venido señalando el grave inconveniente para nuestra democracia de que hoy el ciudadano deba votar para diputados en un “paquete” y no por personas específicas y concretas. De esta manera, si el ciudadano deseara increpar al “diputado” por la forma en que vota cierto asunto, en realidad éste, que ejercitará la soberanía por cesión del primero a través de un “paquete”, no podrá ser individualizado por el integrante de ese conjunto de personas llamado pueblo.

Creo que mi segundo tema es más importante, cual es valorar si la decisión de establecer leyes debe retornar al pueblo, para que directamente decida, en vez de dejarlo en manos de los diputados, a quienes supuestamente el pueblo dio su voluntad para hacerlo. Si se me permite expresarlo de otra manera: el tema crucial es si en la coyuntura actual debemos evolucionar a un mayor grado de democracia directa o que sigamos con el actual esquema de una democracia indirecta.  

No tengo dudas de que el pueblo debe estar agradecido con los ciudadanos que recientemente han destinado su tiempo, conocimiento y voluntad, para formular propuestas de reformas básicas en la relación estado-ciudadano.  Este es un nuevo esfuerzo por mejorar una situación que parece no estar funcionando bien: hace ya unos doce años, a mediados de la administración Rodríguez Echeverría, también se formuló una serie de propuestas de “reforma del estado”, que lamentablemente pasó al olvido. Ojalá que el esfuerzo de esos ciudadanos expertos, llamados “notables”, no tenga igual destino y sirva como fuente de discusión ciudadana de temas que, de verdad, valen la pena que se analicen.

No es la ocasión para evaluar cada una de las ideas sugeridas por ese grupo de personas.  De ellas me gusta ese objetivo de buscar un balance entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Voy más allá. Me parece que es una buena oportunidad para profundizar y continuar exponiendo acerca de mi propuesta en favor del referendo. Creo que el principal problema que hay en la relación personas-estado, es la enorme falta de confianza de los primeros con la forma en que actúa el segundo.  Principalmente, creo que al ciudadano le preocupa, además de las formas, cómo es que se definen las leyes en nuestra nación, sin que medie una participación directa suya y tan sólo mediando la actuación de designados en la Asamblea Legislativa.

Mi idea es que todo tema de reforma constitucional, así como los asuntos tributarios, deberían ser objeto de consulta directa a la ciudanía, por medio del referendo. Ante la simple sugerencia de una utilización más amplia de este instrumento, para oponerse se han esgrimido al menos tres razones importantes, a las que debo referirme (1) que es muy costoso; (2) que es “peligroso” y (3) que podría acabar con las libertades básicas. En el sometimiento a la aprobación de impuestos a un referendo, la objeción adicional es que (4) nunca se aprobarían nuevos gravámenes que bien podrían ser necesarios.
En cuanto al primer punto de arriba, eso parece ser cierto con las experiencias en nuestro medio, pero no en otras naciones, en donde con frecuencia se realizan votaciones tanto locales como nacionales. Allí los más diversos temas normalmente se sujetan al referendo (aprobación) de los ciudadanos. En Suiza y en Estados Unidos, en los estados de esta nación, así como en sus condados, es amplio el uso del referendo para obtener la aprobación directa de los ciudadanos, sin que implique un costo muy elevado. Simplemente el de las papeletas y su procesamiento. La discusión la efectúan libremente los ciudadanos o los grupos interesados. Generalmente esas votaciones se suelen efectuar en el marco de un conjunto de temas o en ocasión de elecciones dirigidas a escoger a ciudadanos a posiciones de gobierno.  No he escuchado una oposición a referendos con base en que son costosos.

Continúo refiriéndome a objeciones que suelen hacerse a la propuesta de utilizar el referendo, como medio para que los ciudadanos puedan decidir directamente sobre asuntos públicos de su interés. Una segunda se refiere a que es un proceso “peligroso”. Históricamente han existido muchos ejemplos de que grupos gobernantes de turno suelen considerar a los gobernados como incapaces de gobernarse a sí mismos.  Se juzga (aunque tal vez así no lo digan) a los ciudadanos como incultos, no preparados, intransigentes, sin visión política, totalitarios, entre otras cosas similares, lo cual se asume que los incapacitaría para tomar directamente decisiones “sabias”. Me parece muy apropiado nuestro texto constitucional actual, en cuanto se refiere a que la soberanía reside en el pueblo, sin hacer distinción o calificación alguna: simplemente nos dice pueblo (artículo 2º. de la Constitución y el voto 4601 de la Sala Constitucional de 1994). No nos dice “un pueblo educado o culto” ni tampoco “tolerante o sabio” ni “con visión política”. Simplemente así: pueblo, con sus ciudadanos virtuosos y defectuosos.  Que la idea de un referendo asume, con demasiado optimismo, que un pueblo puede hacerlo bien, tal vez sea cierta.  Pero es preferible a que lo decida una casta, grupo, sangre, partido, agrupación, gremio, o parte de ese pueblo.  

Pero también es cierto que ha habido episodios en que “el pueblo”, impulsado por cierta clase de líderes, ha votado por lo que algunos, con inteligencia, tolerancia y sabiduría, consideran inconveniente y hasta nefasto para las personas. Es verdad, en mi opinión, que mayoría no hace sabiduría. Este dictum se lo he aplicado muchas veces a decisiones que han tomado algunas mayorías legislativas. Pero, ¿acaso también no sería aplicable a una mayoría que decidiera, mediante un referendo, algo que podría juzgarse como inconveniente o nefasto para los ciudadanos? Me parece que el problema de una democracia que decide mal, tanto si es directa como indirecta, debe ser evaluada en términos de la respuesta a la pregunta: ¿en cuál orden político democrático, ya sea de decisión popular directa o de decisión popular indirecta, es más factible que se presente la posibilidad de decisiones mayoritarias, inconvenientes o nefastas para la ciudadanía? Es mi opinión que las personas no desean el mal para sí mismas (o que rara vez eso sucede) y que, por tanto, no votarán a favor de lo que directamente los dañe. Siempre será deseable la existencia de un pueblo educado y que haya libertad plena de expresión para minimizar el error que pudiera cometer una mayoría de ciudadanos. Me parece que, en nuestro sistema político actual, se dispone de la educación y libertad para poder elegir adecuadamente. Ello posiblemente se destaca, ante la incapacidad mostrada en muchas ocasiones, por aquellos en quienes el pueblo delegó para que decidiera por ellos.  Los diputados no son ni más educados ni más amantes de la libertad que lo son los ciudadanos que los eligieron. Por ello, enfatizar ante el elector que, para su propio bienestar, debe elegir bien en un referendo, me parece que es mejor opción que esperar que un diputado lo haga mejor que él mismo.

La tercera objeción que en mi camino he encontrado, en torno a la utilización del referendo como medio para que el ciudadano directamente opine sobre la legislación que se propone, es que podría acabar con las libertades básicas.  En cierta manera es una apreciación particular de la analizada en mi comentario anterior, del peligro que entrañaba el método del referendo, como una decisión mayoritaria que pudiera ser dañina para las personas.

El temor es que, por medio de un referendo, una mayoría altere los derechos y garantías individuales contenidos en nuestra actual constitución (artículos 20 a 49 inclusive, contenidos en el Título IV: Derechos y Garantías Individuales). Esto incluye, por ejemplo, el derecho al habeas corpus, a la privacidad, a la libertad, a la inviolabilidad de la vida, a la libre expresión, a la privacidad del domicilio, entre otros igualmente importantes. Me parece que la objeción analizada es una preocupación justa del ciudadano. Podemos, en prueba de ello, ver lo que ha pasado recientemente en Venezuela, en donde por voluntades de mayorías –es cierto- se han ido limitando las libertades básicas de las personas.

Mi propuesta de sujetar a referendo cualquier posible variación de la Constitución, podría estar enmarcada en una o dos de las ideas siguientes, que permitirían a las personas poner algún freno al abuso potencial de una mayoría. Primera: que en el caso de que se trate de una variación en el capítulo constitucional que actualmente garantiza los derechos y garantías individuales, la resolución que se adopte en el referendo correspondiente se aprobaría por al menos el 65% de los votantes. Segunda: que, también en dicho caso, se requeriría de una aprobación de al menos un 50% en dos votaciones, en referendos distintos realizados con un año entre sí. Con una o ambas prácticas, lo que se busca es tanto que haya una amplia discusión ciudadana de lo propuesto, así como hacer más difícil una eventual variación de los derechos y garantías de los ciudadanos, hoy establecidas.

Nunca he dicho que el referendo es un medio perfecto para decidir acerca de los asuntos públicos de importancia. Sólo que es mejor el referendo, que significa el voto directo ciudadano, en contraste con el sistema actual de representación, en donde son los diputados quienes deciden estas cosas. Cuando se puede afectar significativamente lo que es propio por medio de una legislación, quien lo apruebe debe ser quien en potencia sería el directamente afectado y no un tercero por mandato, quien eventualmente no lo sería por dicha decisión o que, tal vez, sólo ampliaría su capacidad de determinar la vida de los demás ciudadanos, de acuerdo con sus intereses propios.

Debo referirme a la crítica formulada a quienes hemos propuesto usar el referendo popular cuando se trata de aprobar nuevos o mayores impuestos.  Parece apropiada la aseveración de que las personas jamás votarían en un referendo por nuevos o mayores gravámenes.  Pero ello no parece ser cierto en todos los casos y más bien esa apreciación podría ser resultado de no darse cuenta de que las personas valoran pagar por algo que, a cambio, les da un beneficio mayor.  Me he dado cuenta, a lo largo de los años, que muchas de las críticas a una aprobación de nuevos o mayores impuestos, se debe a que quienes pagarían esos tributos se oponen, porque consideran que reciben muy poco beneficio en el gasto público que obtendrían con los impuestos que paguen.  En sencillo: no quieren pagar más, porque lo que reciben a cambio no les satisface.

Por la razón anterior, un buen fundamento para cualquier consulta tributaria mediante un referendo, deberá considerar la obligatoriedad de usar esos impuestos en lo que el gobierno dice que lo hará.  Así se establece una necesaria relación entre impuestos y gastos que las personas podrían estar dispuestas a financiar con mayores cargas impositivas.  De hecho, así se suele hacer en Suiza, en donde la práctica del referendo es usual cuando se trata de aprobar mayores o nuevos impuestos y, en general, los presupuestos federales. El ciudadano podría aprobar esos mayores tributos si le parece bien en lo que se van a gastar.  El hecho es que en Suiza, en muy diversas ocasiones, mediante referendos se ha aprobado la imposición de nuevos o mayores gravámenes. No hay así razón para afirmar que en un referendo nunca se aprobarán esos impuestos.  Todo está en que la gente apruebe el uso que tendrán esos recursos, que están dispuestos a dárselos al gobierno. Tal forma de aprobar los impuestos, asociándolos a un gasto que la gente aprueba, constituye una forma apropiada de introducir disciplina en nuestras autoridades. Lo que está en juego es que éstas se den cuenta de la importancia de aquélla.

Someter a referendo las variaciones a la constitución del país tiene también un efecto positivo sobre la percepción en algunos sectores, en cuanto a que la Sala Constitucional ha incursionado como legislador en nuestra política.  Esa excelente institución pone su éxito en peligro si continúa incursionando en ámbitos que no le corresponden y que generan litigios constantes con el Poder Legislativo. Restaurar en las personas el derecho soberano de legislar directamente en las cosas importantes que le conciernen, como es el caso de variaciones a la Constitución o la aprobación de nuevos o mayores impuestos, le quita esa carga política a la Sala Constitucional.

Mi impresión es que en la actualidad los ciudadanos están profundamente defraudados en su relación con los gobernantes.  Creo que sólo haciéndolos partícipes directos de los principales actos de legislación, habrá una reconciliación de intereses hoy en pugna.  Nadie está en contra de los políticos, en cuanto estos no usurpen lo que en realidad pertenece al pueblo: la soberanía de los ciudadanos. Algo podemos aprender de cómo es que los suizos resuelven, cuando encaran decisiones en torno a asuntos cruciales de la cosa pública.

Espero que mi sugerencia sea útil en el debate que se está dando en el país en torno a reformas al estado. Nada más me mueve. Bien podría estar equivocado en mi propuesta, pero creo que merece ser objeto de la discusión ciudadana. Lo que está en juego es la base del orden político en nuestro país.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: políticas públicas por referéndum

El reciente intento de la Administración Chinchilla Miranda, en contubernio con el Partido Acción Ciudadana. liderado por Ottón Solís, para aumentarnos los impuestos pese a la enorme oposición ciudadana y su casi materialización, de no ser porque la Sala Constitucional se trajo abajo la tramitación del proyecto de Solidaridad Tributaria gracias a la valiente consulta presentada por los Diputados del Movimiento Libertario y de la Unidad Social Cristiana, demuestra que algo no está bien con nuestro ordenamiento jurídico.

El futuro de nuestro bolsillo depende, en estos momentos, de un grupo de Diputados y de una Sala Constitucional que no sabemos hasta cuándo podrán aguantar los embates y presiones. Los fracasos políticos que han azotado a quienes, en los últimos años,  han intentado impulsar un paquete de impuestos han motivado a que ellos mismos vengan hablando de la imperiosa necesidad de reformar el Reglamento Legislativo para impedir a la oposición aplicar los mecanismos necesarios para atrasar o impedir la aprobación de estas inorales iniciativas o de modificar el papel de la Sala Constitucional para que no siga siendo el "Senado costarricense" que vete lo que se produce en Cuesta de Moras. Todo ello para allanar el camino a lo que el Gobierno considera "medidas urgentes e importantes", realizadas a la trocha y mocha (cualquier parecido con la trocha 1856 es mera coincidencia) pero que, a criterio de ellos, deben avanzar sin el "molesto filibusterismo parlamentario que defienda a los ciudadanos de no tener que pagar más impuestos", sin las "infundadas críticas" hacia un Gobierno que pretende, a golpe de tambor, imponer la solidaridad hacia los más ricos, perdón, hacia los más pobres pero con comisión para los más ricos.

Cuando esto es así y la mayoría de las fuerzas políticas del país coinciden en que se necesitan esos cambios, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que algo anda muy muy pero muy mal. Actualmente, nuestra defensa ante estos parásitos que quieren vivir a costa de nuestros impuestos, sin trabajar y moralizándonos con que es nuestra obligación regalar el fruto de nuestras labores contra nuestra voluntad, como si fuera el tributo a la benevolencia estatal, es casi nula. Dependemos, como dijimos con anterioridad, de un pequeño grupo de Diputados y de una Sala Constitucional que no son infalibles, que están sujetos a presiones, amenazas u ofrecimientos para que depongan sus armas y, en cualquier momento, nos sueltan la tabla que nos mantiene a flote. 

Por eso, como mecanismo de protección a nuestros bolsillos, los ciudadanos reclamamos el derecho a votar por si queremos o no pagar más al Gobierno. Recientemente, la Diputada del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo, escuchó ese clamor popular y presentó el expediente N° 18.304, reforma de los artículos 105 y 123 de la Constitución Política para garantizar la acción ciudadana en la toma de decisiones, que procura eliminar la prohibición que actualmente pesa sobre varios temas para ser objeto de referéndum o consulta popular, como lo son la materia tributaria, fiscal, monetaria, endeudamiento y empréstitos internacionales. 

En ASOJOD por supuesto que celebramos esta maravillosa iniciativa. Desde la perspectiva hayekiana, siempre hemos defendido la idea de que los ciudadanos conocen mejor que los gobernantes, cuáles son sus problemas y soluciones y que, por cuanto la información se encuentra dispersa y desconcentrada, lo óptimo es que sea cada individuo el que tome las decisiones que le atañen.

Sin duda, la mejor forma de defender el sistema republicano cuando han desparacido o han sido minimizados los mecanismos de pesos y contrapesos institucionales, es la acción de los ciudadanos para controlar al poder. Los tiempos actuales, como lo demuestran los constantes episodios en distintos países con el movimiento de los indignados, evidencian que se exige un cambio en la forma de tomar decisiones públicas. Ya no es simplemente una delegación en los representados que, una vez en sus sillas, escogen lo que les parezca. Es algo más avanzado, más serio: se trata de un cambio hacia una democracia participativa, donde los individuos delegan ciertas decisiones en sus representantes pero conservan para sí otras de trascendental importancia que, por su naturaleza, no pueden ser entregadas a unos pocos. 

Por eso, en ASOJOD clamamos por los referéndums como mecanismos de participación política para los individuos, quienes decidirán, respecto a cada tema, la forma en que deben orientarse las políticas públicas. Es un juego muy similar al de la oferta y la demanda del mercado: las propuestas que mejor satisfagan los intereses de los ciudadanos, serán las aprobadas. Las que no lo logren, serán rechazadas. Si, como los populistas del Gobierno siempre dicen, los costarricenses son muy solidarios y les nace pagar impuestos para ayudar a los más necesitados, un referéndum en materia tributaria podrá ser la forma de comprobación de esa hipótesis. Si, por el contrario, como presumimos, los ciudadanos no quieren pagar más impuestos, lo harán ver en su votación, como repudio contra la forma en que los gobernantes manejan los recursos públicos y como sentencia obligatoria para un giro de timón hacia una Administración Pública más eficiente y responsable.

Lo importante es saber que el argumento de que el costarricense "de a pie" no está preparado ni informado para tomar esas decisiones es inaceptable, pues ese mismo costarricense es el que hoy tiene la suficiente preparación, información y madurez para elegir una papeleta partidaria en las elecciones. Debemos entender que, pese a todo, el ciudadano siempre tendrá mejor información y mayor capacidad para decidir sobre los temas y problemas que le atañen que la que pueda poseer el político y el burócrata, encerrado en cuatro paredes y basado en premisas falsas.

Para mantener la legitimidad del sistema político y garantizar la supremacía de los derechos individuales, Cota Rica debe convertirse en un ejemplo de consulta popular. Primero, en lo más imporntante: impuestos, gasto público y endeudamiento, por ser aspectos que afectan directamente el bolsillo de cada persona y sobre lo cual, tiene derecho a decidir. Luego, avanzando hacia otros temas hasta alcanzar un nivel tal donde la mayoría de las decisiones no las tomen los burócratas sentados en un escritorio, sino los propios ciudadanos. Por supuesto, esto implica otros cambios en el ordenamiento jurídico, relacionados con el sistema electoral, dirigidos a permitir la elección en listas abiertas y desbloqueadas, las postulaciones independientes, la revocatoria de mandato en todos los niveles y otros temas que, en otro momento, abordaremos con más detalle en ASOJOD.

Como primer espacio para ahondar en estos tópico, aprovechamos este tema polémico para invitarlos al evento que organiza la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) para el próximo 31 de mayo a partir de las 6:15 pm en sus instalaciones. Allí, con pizzas y refrescos gratuitos para los participantes, estaremos analizando el tema del referéndum sobre impuestos. Esperamos poder conversar con ustedes, en vivo y a todo color, sobre ello.

Viernes de recomendación

Contra una política económica intervencionista, Ludwing Von Mises plantea una mucho más sencilla: el gobierno debe proteger los derechos de los individuos para que existan condiciones que permitirán a los productores, comerciantes, trabajadores, empresarios, ahorristas y consumidores llegar a sus propios objetivos en paz, en tanto no infrinjan la igual libertad de los demás para hacer lo mismo. El siguiente documento presenta seis conferencias dictadas en Buenos Aires en 1959 donde se esbozan las ideas de Mises sobre el tópico señalado.

Tema polémico: nuevo Gobierno, viejas prácticas

En este Tema polémico, queremos abordar una práctica que, lamentablemente, se ha convertido en la norma de nuestro país, lo cual debería preocuparnos pues precisamente cuando aceptamos y miramos a otro lado sólo porque las cosas ocurren regularmente, la indiferencia y la pasividad , que suelen ir de la mano, terminan entronizándose en nuestra cultura política con peligrosos resultados. En este caso nos referimos a uno de los eternos problemas nacionales: el desorden e improvisación del gasto.

El nuevo capítulo de esta historia está relacionado con la Red Nacional de Cuido. Resulta que antes de entregar el poder, el gobierno de Oscar Arias había decidió destinar 3000 millones de colones a la erradicación de tugurios, pero apenas entrando, la nueva administración decidió recortar 2100 millones para dárselos a su "programa estrella", un refrito de los CEN-CINAI pero con más dinero. Eso, por supuesto, generó molestias el pasado jueves en la Asamblea Legislativa, cuando se aprobó la modificación al Presupuesto Nacional, presentándose un grupo de ciudadanos que estaban entre los beneficiarios de vivienda, según las promesas de Chinchilla durante la pasada campaña.

Pero más allá de los reclamos clientelistas de esos ciudadanos, esta práctica contiene uno de los mayores vicios políticos de nuestro país: la improvisación, la irresponsabilidad, el desorden presupuestario que no sólo se refleja en los cambios repentinos de las prioridades económicas del Gobierno, sino que tiene una connotación aún mayor, por cuanto se termina financiando gasto corriente con deuda porque no se pudo presupuestar bien. Aunado a esto se encuentra el populismo de nuestros políticos, que cambian programas según intereses electorales, lo cual produce que se modifiquen los destinos de los fondos y se incumplan promesas de campaña.

Lo más curioso del asunto es que tanto la Presidente Chinchilla como la fracción oficialista solicitaran la modificación presupuestaria de marras para dotar de recursos a una verdadera ocurrencia de campaña. Porque a estas alturas, el programa de la Red Nacional de Cuidos no existe ni siquiera en el papel, más que en los panfletos de propaganda de la campaña electoral. Hasta la fecha, se desconoce la cantidad de fondos que requerirá (aunque ya le dotaron de 2.100 millones de colones), la institución responsable de ejecutar el programa, los resultados que espera obtener, la metodología a seguir y, muy importante, la población objetivo a la que espera atender.

Esto refleja la tendencia a que cada vez que llega un nuevo Gobierno, los ases debajo de la manga salen a relucir, con recetarios nuevos y cambios radicales, a pesar de ser continuidad en término de partido político, pues cada mandatario quiere dejar su sello personal. Pero más que todo, se refleja la falta de claridad, responsabilidad y sensatez en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, cuyos resultados acaban observándose en el fracaso, la mediocridad, el despilfarro de fondos públicos y en el fortalecimiento de una red de clientes que nunca salen de su condición de pobreza o vulnerabilidad, sino que se acostumbran a vivir a costa de otros.

Para ASOJOD, nuestros país requiere de políticas de estado, no de gobierno. Esto es, construir una base institucional sólida que permita preveer razonablemente el camino hacia donde se dirige el país y le perimta a los individuos tomar decisiones en un marco de relativa estabilidad y certeza. La incertidumbre, la falta de seguridad jurídica y la improvisación, resultan pésimos pilares para el desarrollo económico y la inversión. Se debe de hacer un verdadero esfuerzo institucional por dejar estas prácticas tan nuestras en el pasado y mientras no lo hagamos ,seguiremos siendo una República de Macondo que va a la deriva según soplen los caprichos políticos del momento.

Más Estado y más Iglesia = menos libertad

Justo cuando creíamos que las cosas no podrían ir peor, luego de las declaraciones de Laura Chinchilla en contra de la unión civil de personas del mismo sexo, nos encontramos que la Iglesia Católica desea afianzar su relación con el Estado costarricense, para lo cual impulsaría un tratado, tendienet a dotar de "seguridad jurídica" al régimen de privilegios y excenciones del que goza esta institución.

Es increíble que a estas alturas, Costa Rica mantenga una confesionalidad que, en muchos otros lugares del mundo, hace tiempo acabó, para dar paso a un ambiente de respeto a la libertad de culto y creencia y, en particular, consolidar el gobierno temporal sobre el espiritual, para usar la terminología de la Teoría de las dos Espadas. Pero aquí, de forma muy sui generis, nos empeñamos en retroceder, como el cangrejo.

En ASOJOD hemos repudiado, desde nuestros inicios, el contubernio entre la Iglesia (s) y el Estado, pues presupone una imposición sobre la libertad individual y, como en el caso de Costa Rica, otorga gollerías a una agrupación (cualquier parecido a los sindicatos es "mera coincidencia") a costa de los costarricenses. Hoy día, nuestro dinero se usa para financiar a la Iglesia Católica, que mediante las Temporalidades de la Iglesia, cuenta con partidas del Presupuesto de la República bastante altas. Además, la Iglesia sigue determinando la orientación de algunas políticas públicas, específicamente las relacionadas con la educación sexual y la salud sexual-reproductiva, de forma tal que, mediante su influencia espiritual y política, pisotea la libertad de los individuos para decidir la forma en que desean vivir.

Ya en campaña, Laura Chinchilla había demostrado toda la disposición a mantener ese contubernio odioso con la Iglesia, pero ahora en el poder, desea ir más allá, afianzando los privilegios nefastos a una congregación que, mientras siga definiendo el rumbo de las políticas públicas, nada positivo dejará a nuestro país en términos de libertad.

Tema Polémico: ¿qué nos podría deparar el 2009?

Un año más empieza y luego de la fiesta, el juego de pólvora, los tragos y la comida, hay que volver a la normalidad, al día a día. Así las cosas, el 2009 podría presentar ciertas consideraciones que los costarricenses han de tomar en cuenta desde ya.

Economía:

En el terreno económico, desde finales de año se comenzó a presentar una crisis financiera y crediticia en el mundo desarrollado, por lo cual la cuesta de enero quizá podría extenderse unos meses más, toda vez que es de esperar que la misma se manifieste con cierta fuerza en nuestro país, principalmente con una desaceleración de la producción, la restricción del crédito y quizá con el encarecimiento de algunos bienes y servicios así como un posible aumento del desempleo. A las dificultades de esta índole podrían sumársele las derivadas de las políticas adoptadas en países como Estados Unidos, donde el aumento de regulaciones, subsidios y salvatajes parece ser la tónica, por lo que no sería de extrañar que los "innovadores" criollos trataran de aplicar medidas "anticrisis", que lo único que conseguirán es entrabar aún más el proceso de mercado, dilatar los ajustes necesarios, entorpecer las acciones individuales y extender por más tiempo la crisis.

Sin embargo, hay un punto que podría reducir el impacto de la crisis: la entrada en vigencia de los TLC con Panamá y con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Con la consecuente movilización de empresas extranjeras que preferirán reducir costos instalándose en países donde en comparación con Estados Unidos, se pagan salarios más bajos, es de esperar que, en realidad, el desempleo no sea un problema tan significativo para los costarricenses. Asimismo, si la tendencia a la baja en los precios de las materias primas continúa y con la entrada de más bienes y servicios como resultado de la aplicación del TLC los precios también disminuyen, el impacto podría ser mucho menor. Sin embargo, hay que ser realistas y aceptar que, producto de la recesión y la misma crisis en Estados Unidos, estos beneficios podrían tardar un poco en aparecer.

Asimismo, hay que recordar que las crisis no son eternas. A pesar del sombrío panorama, debemos recordar que el capitalismo es un sistema que se ha caracterizado por su capacidad auto-transformadora, innovativa y cambiante. Por eso aquellos que pretenden ver la caída del capitalismo durante en este episodio histórico se encuentran sumamente equivocados, ya que el genio creativo y productivo encontrará mejores formas de producir, tecnologías más eficientes y formas más apropiadas de satisfacer las necesidades de consumo, como lo ha hecho en otras ocasiones. A esto colaboraría muchísimo la pronta negociación, firma e implementación de los TLC con China y la Unión Europea, que le permitiría a los costarricenses ampliar sus posibilidades comerciales. A pesar de que ya algunos productores se han manifestado en contra del primero y que se han generado diversos enfrentamientos en el proceso de negociación del segundo, en ASOJOD tenemos la esperanza de que estas dificultades puedan ser superadas para que Costa Rica siga integrándose efectivamente al mercado global.

Política:

A nivel político, Costa Rica inicia el año electoral, con lo que hay que esperar una serie de contiendas tanto intra como interpartidarias. Dentro del PLN, los precandidatos presidenciales que parecieran perfilarse con más fuerza son Laura Chinchilla, Jhonny Araya y Fernando Berrocal; en el PAC, vemos interesante el aparente interés de Epsy Campell por disputarle la opción a Ottón Solís, mientras que en el ML no pareciera haber quién se le enfrente a Otto Guevara. El gran misterio será el futuro del PUSC, tanto si es Rafael Ángel Calderón (por el proceso judicial que enfrenta) o si aparecerá algún otro interesado. En cuanto al resto de partidos, su poco peso político hace casi irrelevante su análisis, excepto si lograran formar una coalición, como la que habían anunciado los grupos opositores al TLC. Mucho de lo que suceda a nivel interpartidario dependerá de quienes sean los candidatos a los distintos puestos, así como sus historiales en cuanto a carrera política se refiere. En todo caso, no hay que extrañarse que la táctica de "sacar los trapos sucios" aparezca para descalificar al oponente, ni que se terminen usando recursos públicos para la campaña política.

Asimismo, existen grandes posibilidades de que la maquinaria de la Administración Pública se aceite o se entrabe para algunas personas según su color partidario. A eso hay que sumarle la consideración de la deuda política para financiar las campañas, en el sentido de si será conveniente, en caso de no haber superado los efectos negativos de la crisis, que el Estado costarricense tome el dinero de los contribuyentes -que podrían usarlo para satisfacer sus propios fines- y se lo entregue a los partidos. Del mismo modo, algo sobre lo que hay que poner mucha atención es tanto sobre el conjunto de reformas al Código Electoral que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, como a lo que suceda con las propuestas de referéndum, tanto para unión civil entre parejas del mismo sexo, ratificación del Convenio UPOV como para convocar a una Constituyente. Sin duda, el futuro y la calidad de la democracia costarricense podrían verse afectadas, positiva o negativamente, por estos eventos si llegan a presentarse.

La realidad política internacional tampoco puede descuidarse. Entre lo más destacable para este 2009 es la toma de posesión del primer presidente afrodescendiente en los Estados Unidos, Barack Obama, quien tendrá importantes retos que enfrentar durante su gestión. Alrededor de su aura de cambio, se han gestado expectativas de índole mesiánica que podrían no ser correspondidas, no por falta de habilidad, sino por las dificultades propias de dichos retos. Uno de los más importantes es apaciguar los conflictos en Medio Oriente, tanto en Irak como en Afganistán, a los que se les une el cuento sin fin entre Israel y Palestina. Tampoco se debe soslayar lo que pueda suceder respecto a la relación que dicho gobernante establecerá con América Latina, especialmente a partir de dos hechos: el ocaso del patriarca y dictador Fidel Castro e, irónicamente, el resurgimiento de la izquierda torcida impulsada por Hugo Chávez y su circo. Habrá que ver si Obama asume un papel en pro de la democracia o, si por el contrario, patrocina el personalismo en detrimento de las instituciones y el Estado de derecho.

Fuera de la relación Estados Unidos-América Latina, hay que analizar a la que se desarrolla entre los países del subcontinente. Tanto Colombia como Venezuela podrían entrar en procesos de reelección: uno que pareciera ir en pro de la democracia, mientras el otro la escupe y pisotea., quizá con menos fuerza luego de la caída de los precios internacionales del petróleo. Habrá que ver si Nicaragua, Honduras, El Salvador, Bolivia y Ecuador dan un paso más hacia el despeñadero o, si por el contrario, tratan de imprimirle sensatez a su vida política. Los pequeños estados caribeños, algunos serios y otros disparatados, tienen la opción de luchar contra la pobreza y el éxodo de sus ciudadanos o prestarse a las disparatadas ocurrencias de algunos políticos irresponsables. Por su parte, países como Chile, Brasil , México y Uruguay, hoy medianamente estables, tienen el gran reto de mantenerse así en pro de sus ciudadanos.

Europa, como capítulo aparte a nivel político, pareciera no enfrentar grandes problemas, salvo en Grecia. El tema migratorio, utilizado como bandera de algunos partidos, podría jugar un papel importantísimo en el rumbo de las políticas adoptadas allí. Asia, por su parte, pareciera encaminarse muy positivamente hacia el desarrollo: ya algunos países lo han logrado, (Singapur, Malasia, Hong Kong, Taiwán, Japón, Corea del Sur, etc.) mientras otros dan importantes pasos (China, India, Indonesia, etc.). Finalmente África, otro capítulo aparte pero en el sentido opuesto a Europa, debe fortalecer muchísimo las instituciones democráticas para alcanzar niveles decentes de vida.

Ciencia y tecnología:

Entre algunos eventos científicos interesantes por desarrollarse en el 2009, se pueden mencionar el LHC (Large Hadron Collider), el año Internacional de la Astronomía y el 150 aniversariode la publicación del Origen de las Especies de Darwin.

El LHC constituye el acelerador de partículas más sofisticado del mundo y debido a unos pequeños imperfectos, no pudo comenzar a funcionar en el 2008. Según el CERN (European Organization for Nuclear Research) se espera que el LHC comience a funcionar al 100% en el verano del 2009 y tener los resultados experimentales lo más pronto posible. Dentro de la búsqueda que se realizará con el LHC se resalta el bosón de Higgs, que representaría la partícula elemental que a grosso modo explicaría como la materia adquiere masa. De encontrarse esto significaría un impulso grande al Modelo Estándar de Partículas, que constituye la teoría científica más detallada sobre el funcionamiento del Universo en su escala más fundamental.

El Año Internacional de la Astronomía (IYA por sus siglas en inglés) celebra los 400 años que han pasado desde que Galileo utilizó el primer telescopio astronómico para ver el cielo, que juntó con otras evidencias que fue recolectando, lo llevó a apoyar la teoría del heliocentrismo de Copérnico en contraposición con la geocéntrica (en la cual la Tierra era el centro del Universo) que había sido sostenida por Aristóteles (junto con otros pensadores griegos como Tolomeo) y apoyada en su mayoría por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Después de Galileo la Revolución Científica comenzó a consolidarse y a partir de ella siguieron una serie de descubrimientos que fueron invalidando algunas creencias de la época, sustentadas en una tradición escolástica.

Una noticia científica muy importante es que este año se celebrará también el 150 aniversario de la publicación del libro El Origen de las Especies de Charles Darwin, la cual representa con su teoría de la selección natural uno de los pilares más importantes de la biología moderna. En este libro, Darwin plantea una serie de argumentos para mostrar que las especies biológicas cambian gradualmente a lo largo de períodos geológicos de millones de años, lo cual termina haciendo que estas se vayan diferenciando en nuevas especies en contraposición a la creencia esencialista platónica de pensar en las especies como inmutables. También el Origen representa la tesis antagónica al libro de William Paley, Teología Natural, donde se quería trazar la creación de las especies a la intervención divina de Dios (Paley también es conocido por el argumento del relojero, esto es, el argumento del diseño como una prueba a favor de Dios).

Estas son algunas reflexiones que en ASOJOD hemos querido presentar a propósito de este año que recién inicia. Sobre ellas y muchas otras más habrá que poner especial atención, como punto de partida para el análisis y la propuesta de soluciones.