martes, 29 de enero de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: el poder al pueblo

Gracias a las reflexiones de mi amigo Luis di Mare y a las conversaciones que ellas han motivado, creo haber llegado a comprender la verdadera significancia del llamado referendo. Para darnos cuenta de ello, me permito transcribir lo que considero es el artículo fundamental de nuestra Constitución, el cual (el segundo) reza así: “La soberanía reside exclusivamente en la Nación”.  Igualmente esclarecedor y aclaratorio de este artículo es el criterio expresado por la Sala Constitucional en el voto 4601 de 1994, el cual, en lo que me interesa, señala que, de acuerdo con los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución, “la soberanía reside en el pueblo” y que “el ejercicio de las diferentes manifestaciones por las que la voluntad popular pueda expresarse, está restringido a los integrantes de ese conjunto de personas, el pueblo”.  En nuestro país, en esencia, el poder soberano reside en el pueblo y no en nada ni en nadie más.

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa…” Este último artículo señala la delegación de la voluntad soberana del pueblo para legislar, en manos de una Asamblea Legislativa.  Esto es, en vez de decidir directamente acerca de la existencia de leyes, el pueblo cede esta facultad en los diputados que integran la Asamblea Legislativa y que son fruto del sufragio de ese pueblo.

Aquí hay dos temas que hoy, ante el esfuerzo de diferentes ciudadanos para que los costarricenses tengamos un mejor esquema político –esfuerzo amplio que debe de agradecerse y no de vilipendiarse- me parece necesario comentarlos. El primero, muy importante, creo, pero no el principal en mi empeño, es que el actual sistema de votación por papeletas, en vez de serlo directamente por la persona, debilita enormemente esa “delegación” que indica el artículo 105 constitucional.  Simplemente por el hecho de que el ciudadano (pueblo), quien está “delegando su soberanía” mediante el voto, en realidad no sabe en quién fue que la delegó. Por ello, desde hace ya muchos años, he venido señalando el grave inconveniente para nuestra democracia de que hoy el ciudadano deba votar para diputados en un “paquete” y no por personas específicas y concretas. De esta manera, si el ciudadano deseara increpar al “diputado” por la forma en que vota cierto asunto, en realidad éste, que ejercitará la soberanía por cesión del primero a través de un “paquete”, no podrá ser individualizado por el integrante de ese conjunto de personas llamado pueblo.

Creo que mi segundo tema es más importante, cual es valorar si la decisión de establecer leyes debe retornar al pueblo, para que directamente decida, en vez de dejarlo en manos de los diputados, a quienes supuestamente el pueblo dio su voluntad para hacerlo. Si se me permite expresarlo de otra manera: el tema crucial es si en la coyuntura actual debemos evolucionar a un mayor grado de democracia directa o que sigamos con el actual esquema de una democracia indirecta.  

No tengo dudas de que el pueblo debe estar agradecido con los ciudadanos que recientemente han destinado su tiempo, conocimiento y voluntad, para formular propuestas de reformas básicas en la relación estado-ciudadano.  Este es un nuevo esfuerzo por mejorar una situación que parece no estar funcionando bien: hace ya unos doce años, a mediados de la administración Rodríguez Echeverría, también se formuló una serie de propuestas de “reforma del estado”, que lamentablemente pasó al olvido. Ojalá que el esfuerzo de esos ciudadanos expertos, llamados “notables”, no tenga igual destino y sirva como fuente de discusión ciudadana de temas que, de verdad, valen la pena que se analicen.

No es la ocasión para evaluar cada una de las ideas sugeridas por ese grupo de personas.  De ellas me gusta ese objetivo de buscar un balance entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Voy más allá. Me parece que es una buena oportunidad para profundizar y continuar exponiendo acerca de mi propuesta en favor del referendo. Creo que el principal problema que hay en la relación personas-estado, es la enorme falta de confianza de los primeros con la forma en que actúa el segundo.  Principalmente, creo que al ciudadano le preocupa, además de las formas, cómo es que se definen las leyes en nuestra nación, sin que medie una participación directa suya y tan sólo mediando la actuación de designados en la Asamblea Legislativa.

Mi idea es que todo tema de reforma constitucional, así como los asuntos tributarios, deberían ser objeto de consulta directa a la ciudanía, por medio del referendo. Ante la simple sugerencia de una utilización más amplia de este instrumento, para oponerse se han esgrimido al menos tres razones importantes, a las que debo referirme (1) que es muy costoso; (2) que es “peligroso” y (3) que podría acabar con las libertades básicas. En el sometimiento a la aprobación de impuestos a un referendo, la objeción adicional es que (4) nunca se aprobarían nuevos gravámenes que bien podrían ser necesarios.
En cuanto al primer punto de arriba, eso parece ser cierto con las experiencias en nuestro medio, pero no en otras naciones, en donde con frecuencia se realizan votaciones tanto locales como nacionales. Allí los más diversos temas normalmente se sujetan al referendo (aprobación) de los ciudadanos. En Suiza y en Estados Unidos, en los estados de esta nación, así como en sus condados, es amplio el uso del referendo para obtener la aprobación directa de los ciudadanos, sin que implique un costo muy elevado. Simplemente el de las papeletas y su procesamiento. La discusión la efectúan libremente los ciudadanos o los grupos interesados. Generalmente esas votaciones se suelen efectuar en el marco de un conjunto de temas o en ocasión de elecciones dirigidas a escoger a ciudadanos a posiciones de gobierno.  No he escuchado una oposición a referendos con base en que son costosos.

Continúo refiriéndome a objeciones que suelen hacerse a la propuesta de utilizar el referendo, como medio para que los ciudadanos puedan decidir directamente sobre asuntos públicos de su interés. Una segunda se refiere a que es un proceso “peligroso”. Históricamente han existido muchos ejemplos de que grupos gobernantes de turno suelen considerar a los gobernados como incapaces de gobernarse a sí mismos.  Se juzga (aunque tal vez así no lo digan) a los ciudadanos como incultos, no preparados, intransigentes, sin visión política, totalitarios, entre otras cosas similares, lo cual se asume que los incapacitaría para tomar directamente decisiones “sabias”. Me parece muy apropiado nuestro texto constitucional actual, en cuanto se refiere a que la soberanía reside en el pueblo, sin hacer distinción o calificación alguna: simplemente nos dice pueblo (artículo 2º. de la Constitución y el voto 4601 de la Sala Constitucional de 1994). No nos dice “un pueblo educado o culto” ni tampoco “tolerante o sabio” ni “con visión política”. Simplemente así: pueblo, con sus ciudadanos virtuosos y defectuosos.  Que la idea de un referendo asume, con demasiado optimismo, que un pueblo puede hacerlo bien, tal vez sea cierta.  Pero es preferible a que lo decida una casta, grupo, sangre, partido, agrupación, gremio, o parte de ese pueblo.  

Pero también es cierto que ha habido episodios en que “el pueblo”, impulsado por cierta clase de líderes, ha votado por lo que algunos, con inteligencia, tolerancia y sabiduría, consideran inconveniente y hasta nefasto para las personas. Es verdad, en mi opinión, que mayoría no hace sabiduría. Este dictum se lo he aplicado muchas veces a decisiones que han tomado algunas mayorías legislativas. Pero, ¿acaso también no sería aplicable a una mayoría que decidiera, mediante un referendo, algo que podría juzgarse como inconveniente o nefasto para los ciudadanos? Me parece que el problema de una democracia que decide mal, tanto si es directa como indirecta, debe ser evaluada en términos de la respuesta a la pregunta: ¿en cuál orden político democrático, ya sea de decisión popular directa o de decisión popular indirecta, es más factible que se presente la posibilidad de decisiones mayoritarias, inconvenientes o nefastas para la ciudadanía? Es mi opinión que las personas no desean el mal para sí mismas (o que rara vez eso sucede) y que, por tanto, no votarán a favor de lo que directamente los dañe. Siempre será deseable la existencia de un pueblo educado y que haya libertad plena de expresión para minimizar el error que pudiera cometer una mayoría de ciudadanos. Me parece que, en nuestro sistema político actual, se dispone de la educación y libertad para poder elegir adecuadamente. Ello posiblemente se destaca, ante la incapacidad mostrada en muchas ocasiones, por aquellos en quienes el pueblo delegó para que decidiera por ellos.  Los diputados no son ni más educados ni más amantes de la libertad que lo son los ciudadanos que los eligieron. Por ello, enfatizar ante el elector que, para su propio bienestar, debe elegir bien en un referendo, me parece que es mejor opción que esperar que un diputado lo haga mejor que él mismo.

La tercera objeción que en mi camino he encontrado, en torno a la utilización del referendo como medio para que el ciudadano directamente opine sobre la legislación que se propone, es que podría acabar con las libertades básicas.  En cierta manera es una apreciación particular de la analizada en mi comentario anterior, del peligro que entrañaba el método del referendo, como una decisión mayoritaria que pudiera ser dañina para las personas.

El temor es que, por medio de un referendo, una mayoría altere los derechos y garantías individuales contenidos en nuestra actual constitución (artículos 20 a 49 inclusive, contenidos en el Título IV: Derechos y Garantías Individuales). Esto incluye, por ejemplo, el derecho al habeas corpus, a la privacidad, a la libertad, a la inviolabilidad de la vida, a la libre expresión, a la privacidad del domicilio, entre otros igualmente importantes. Me parece que la objeción analizada es una preocupación justa del ciudadano. Podemos, en prueba de ello, ver lo que ha pasado recientemente en Venezuela, en donde por voluntades de mayorías –es cierto- se han ido limitando las libertades básicas de las personas.

Mi propuesta de sujetar a referendo cualquier posible variación de la Constitución, podría estar enmarcada en una o dos de las ideas siguientes, que permitirían a las personas poner algún freno al abuso potencial de una mayoría. Primera: que en el caso de que se trate de una variación en el capítulo constitucional que actualmente garantiza los derechos y garantías individuales, la resolución que se adopte en el referendo correspondiente se aprobaría por al menos el 65% de los votantes. Segunda: que, también en dicho caso, se requeriría de una aprobación de al menos un 50% en dos votaciones, en referendos distintos realizados con un año entre sí. Con una o ambas prácticas, lo que se busca es tanto que haya una amplia discusión ciudadana de lo propuesto, así como hacer más difícil una eventual variación de los derechos y garantías de los ciudadanos, hoy establecidas.

Nunca he dicho que el referendo es un medio perfecto para decidir acerca de los asuntos públicos de importancia. Sólo que es mejor el referendo, que significa el voto directo ciudadano, en contraste con el sistema actual de representación, en donde son los diputados quienes deciden estas cosas. Cuando se puede afectar significativamente lo que es propio por medio de una legislación, quien lo apruebe debe ser quien en potencia sería el directamente afectado y no un tercero por mandato, quien eventualmente no lo sería por dicha decisión o que, tal vez, sólo ampliaría su capacidad de determinar la vida de los demás ciudadanos, de acuerdo con sus intereses propios.

Debo referirme a la crítica formulada a quienes hemos propuesto usar el referendo popular cuando se trata de aprobar nuevos o mayores impuestos.  Parece apropiada la aseveración de que las personas jamás votarían en un referendo por nuevos o mayores gravámenes.  Pero ello no parece ser cierto en todos los casos y más bien esa apreciación podría ser resultado de no darse cuenta de que las personas valoran pagar por algo que, a cambio, les da un beneficio mayor.  Me he dado cuenta, a lo largo de los años, que muchas de las críticas a una aprobación de nuevos o mayores impuestos, se debe a que quienes pagarían esos tributos se oponen, porque consideran que reciben muy poco beneficio en el gasto público que obtendrían con los impuestos que paguen.  En sencillo: no quieren pagar más, porque lo que reciben a cambio no les satisface.

Por la razón anterior, un buen fundamento para cualquier consulta tributaria mediante un referendo, deberá considerar la obligatoriedad de usar esos impuestos en lo que el gobierno dice que lo hará.  Así se establece una necesaria relación entre impuestos y gastos que las personas podrían estar dispuestas a financiar con mayores cargas impositivas.  De hecho, así se suele hacer en Suiza, en donde la práctica del referendo es usual cuando se trata de aprobar mayores o nuevos impuestos y, en general, los presupuestos federales. El ciudadano podría aprobar esos mayores tributos si le parece bien en lo que se van a gastar.  El hecho es que en Suiza, en muy diversas ocasiones, mediante referendos se ha aprobado la imposición de nuevos o mayores gravámenes. No hay así razón para afirmar que en un referendo nunca se aprobarán esos impuestos.  Todo está en que la gente apruebe el uso que tendrán esos recursos, que están dispuestos a dárselos al gobierno. Tal forma de aprobar los impuestos, asociándolos a un gasto que la gente aprueba, constituye una forma apropiada de introducir disciplina en nuestras autoridades. Lo que está en juego es que éstas se den cuenta de la importancia de aquélla.

Someter a referendo las variaciones a la constitución del país tiene también un efecto positivo sobre la percepción en algunos sectores, en cuanto a que la Sala Constitucional ha incursionado como legislador en nuestra política.  Esa excelente institución pone su éxito en peligro si continúa incursionando en ámbitos que no le corresponden y que generan litigios constantes con el Poder Legislativo. Restaurar en las personas el derecho soberano de legislar directamente en las cosas importantes que le conciernen, como es el caso de variaciones a la Constitución o la aprobación de nuevos o mayores impuestos, le quita esa carga política a la Sala Constitucional.

Mi impresión es que en la actualidad los ciudadanos están profundamente defraudados en su relación con los gobernantes.  Creo que sólo haciéndolos partícipes directos de los principales actos de legislación, habrá una reconciliación de intereses hoy en pugna.  Nadie está en contra de los políticos, en cuanto estos no usurpen lo que en realidad pertenece al pueblo: la soberanía de los ciudadanos. Algo podemos aprender de cómo es que los suizos resuelven, cuando encaran decisiones en torno a asuntos cruciales de la cosa pública.

Espero que mi sugerencia sea útil en el debate que se está dando en el país en torno a reformas al estado. Nada más me mueve. Bien podría estar equivocado en mi propuesta, pero creo que merece ser objeto de la discusión ciudadana. Lo que está en juego es la base del orden político en nuestro país.

Jorge Corrales Quesada



lunes, 28 de enero de 2013

Tema polémico: el informe de los "notables"

Hace unos meses, la Presidente Laura Chinchilla encargó a un grupo de "notables" decirle lo que debía hacer para que la ciudadanía creyera que ella gobierna este país. En los últimos días, los imparciales eruditos (jamás se les ha conocido color partidario alguno) emitieron su informe con casi 100 recomendaciones para "mejorar la gobernabilidad democrática en Costa Rica".

Luego de una atenta lectura, en ASOJOD queremos referirnos a las principales recomendaciones hechas por este órgano asesor de la Presidente, que más parece un Consejo de Gobierno con "ministros" ad hoc que hacen lo que los nombrados para tal efecto (y que descuentan salarios pagados con fondos públicos) parecieran no poder hacer. Aunque la verdad, estos personajes de reconocida trayectoria profesional habían levantado altas expectativas entre la prensa y un sector de la población que todavía sigue creyendo, ilusa y torpemente, que el Gobierno puede solucionar problemas, lo cierto del caso es que su galimatías deja mucho que desear para aquellos que pensamos que los problemas políticos, jurídicos, sociales y económicos deben ser abordados de forma seria. 

El primer problema que encontramos en el mencionado documento es la visión de la que parten los autores. Paradógicamente, el propio informe indica algo que Constantino Urcuyo -uno de sus autores- explicó brillantemente en su libro "Reformas políticas y gobernabilidad": la gobernabilidad democrática está en directa relación con el concepto de legitimidad democrática. La legitimidad puede definirse como el reconocimiento del derecho a gobernar de los gobernantes por parte de los gobernados, que viene dado en dos vertientes: la legitimidad de origen, dada normalmente por la aceptación inicial -sea por consentimiento en el caso de monarquías y dictaduras o por elecciones libres y transparentes en el caso de democracias- que los ciudadanos dan a los poderes públicos y la legitimidad en ejercicio, que no es otra cosa que la adecuación de las actuaciones de dichos poderes a los valores, expectativas, intereses, deseos y necesidades de los ciudadanos. Bajo esa tesitura, se entiende que la gobernabilidad, o sea, la capacidad de los poderes para exigir obediencia y gobernar, depende de que sean considerados como legítimos por todos los actores políticos de la sociedad.

No obstante lo anterior, nada de esto permea las propuestas hechas por los "notables", pues la gran mayoría parte de la errónea creencia de que gobernabilidad es la capacidad del Poder Ejecutivo -no ya de todos los poderes públicos- para hacer lo que sus jerarcas -no la totalidad de actores políticos- esperen, deseen o les interese. En resumidas cuentas, las recomendaciones para generar más "gobernabilidad" que dan los "notables" pretenden allanar el camino para que el Ejecutivo no encuentre obstáculos a sus ocurrencias y caprichos. El informe contiene una visión del Poder Ejecutivo como víctima de la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional, los cuales le impiden llevar a cabo las "maravillosas" propuestas del Plan Nacional de Desarrollo de turno, tan solo porque no se acomodan a los caprichos de Casa Presidencial. Las recomendaciones se resumen en más poder para el Ejecutivo mediante la eliminación de cualquier forma de oposición política-institucional, cualquier control a priori y a posteriori, cualquier necesidad de diálogo, negociación y convencimiento, cualquier mecanismo que pueda retrasar, aunque sea un ápice, la imposición de las ocurrencias políticas venidas desde Zapote.

Por supuesto que no vamos a abordar las casi 100 recomendaciones dadas por los caballeros de oxidada armadura, pero sí vamos a referirnos a algunas que nos resultaron interesantes, tanto para bien como para mal. Para quienes deseen ver el documento completo, pueden encontrarlo en este enlace y sacar sus propias conclusiones. Por nuestra parte, abordaremos las siguientes:

Lo malo: eliminación de toda forma de control político.

Las recomendaciones Nº 1, Nº 3, Nº 7 y Nº8 reflejan tímidamente la adopción de un sistema parlamentario. A pesar que en ASOJOD estamos de acuerdo con evolucionar hacia el parlamentarismo (por razones que explicaremos en un artículo futuro), la forma en que se plantean en el informe de los notables es nefasta. Proponen que el Ministro de la Presidencia pase a ser una especie de Primer Ministro (sin las competencias que ese cargo implicaría) al ser nombrado por el mandatario y ratificado por el Congreso y se establece tanto la obligatoriedad de aquel de comparecer regularmente ante los Diputados sobre el rumbo del gobierno como la posibilidad de que el Parlamento lo destituya mediante un voto de censura. No obstante, como "contrapeso", los "notables" aconsejan dotar al Presidente del poder de disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas "cuando considere que la labor legislativa es ineficaz o entorpece la marcha del país". Nótese que esto implica dos serios problemas: por un lado, el requisito para disolver el Congreso es que el Presidente considere que no funcione bien o que entorpezca el rumbo del país, lo cual se traduce al simple y subjetivo capricho. Cuando al Presidente se le antoje, cuando la oposición le impida hacer su ocurrencia de turno, cuando le atrase la imposición de políticas (tan nefastas como el aumento de impuestos por ejemplo), puede sacarlos y convocar a otra elección. Por si fuera poco, tal prerrogativa ni siquiera viene con su contrapartida lógica -que sería la que dota el equilibrio de poderes-: la posibilidad de que el Parlamento destituya al Presidente (o Jefe de Gobierno). Mucho menos incorpora la propuesta de los "notables" (a excepción de una minúscula sugerencia hecha por Manrique Jiménez y Rodolfo Piza) el derecho ciudadano a revocar el mandato tanto a Presidentes como legisladores (y jueces constitucionales) por los que hemos abogado en ASOJOD.

Nótese que este gallo-gallina no es ni Parlamentarismo verdadero ni una reforma seria; no es otra cosa que una petición de otorgar poder absoluto al Ejecutivo para que, de forma arbitraria y antojadiza, disuelva la Asamblea Legislativa cuando ésta se erija como un bastión de control y oposición para impedirle convertir en políticas públicas los desvaríos que le surjan. Algo como esto se configura en el mecanismo perfecto para instaurar la dictadura en democracia, donde todo aquel que se interponga en el camino de Casa Presidencial será acallado y separado para allanar el camino, negando no sólo la representación sino todo derecho de los ciudadanos para que de forma directa (al no existir revocatoria) o indirecta (mediante sus representantes políticos) controlen el poder político del Ejecutivo.



Por su parte, las recomendaciones Nº 16, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22 y Nº 40 del Informe,son otras manifestaciones más que van en la dirección del establecimiento de la dictadura en democracia. Proponen cercenar todos los mecanismos que el Reglamento Legislativo da a los Diputados para oponerse a los proyectos en discusión, por cuando se reducirían usos de la palabra, quórum, presentación de mociones y se eliminaría la posibilidad de presentar consultas facultativas de constitucionalidad. En otras palabras, simplemente se desarma a la oposición (tanto política como temática) para hacer que las iniciativas del Ejecutivo sean aprobadas sin discusión, sin negociación, sin análisis, sin reflexión, sin escuchar otras posiciones. Se consolidaría con esto lo que ha sido la tónica de lo que hemos experimentado en los últimos años: la tiránica imposición de una mayoría numérica que, a golpe de tambor, con vías rápidas y procedimientos especiales, usan su fuerza matemática para crear leyes que no gozan de legitimidad, que no se adecuán a los valores e intereses de los ciudadanos y que causan grandes perjuicios individuales. Asistimos con esto a la institucionalización de la arrogancia política, de la falta de vocación de diálogo y apertura a la negociación, a la materialización de la dictadura del partido que esté en el Ejecutivo, sin controloes, sin rendición de cuentas, sin obligaciones, sin respeto por los derechos de las minorías, aplastando a cualquiera que ose atravesarse en su camino. Es la petición dura y pura de poderes plenos, irrestrictos e incontrolables para obligar a todos a plegarse al antojo político, la petición dura y pura de poder absoluto, la suplantación de la palabra por la espada, de la razón por la fuerza bruta de los brutos con fuerza. ¿Cómo no va a resolver esto el problema de ingobernabilidad para aquellos que entienden por gobernabilidad que el Ejecutivo pueda hacer todo aquello que desee? Como bien decía Acton, "con poder absoluto, hasta para el burro es fácil gobernar". ¿Así quién no?

Y para colmo de males, si eliminar los controles políticos al Ejecutivo no fuera suficiente, las recomendaciones Nº 37, Nº 49, Nº 50 y Nº 52 pretenden prescindir todos los controles administrativos, técnicos y jurídicos, al quitarle la vinculatoriedad a los dictámenes de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. al eliminar los controles a priori (entre ellos el refrendo de las contrataciones públicas que define la Ley) y la suspensión de la ejecución de los actos administrativos cuando se encuentren impugnados ante la Sala Constitucional. Con esto se terminaría de allanar el camino, de deshacerse de todos aquellos "estorbos" que impidan al Ejecutivo imponer sus ocurrencias. Es la guinda en el pastel para que el festín de fondos públicos, el festín de la corrupción y el despilfarro de recursos, el enriquecimiento ilícito y la ineficiencia se desarrollen sin ningún obstáculo.

En su momento, señaló Francisco Antonio Pacheco, uno de los "notables", que "este informe no está hecho para personas nerviosas. No obstante, luego de revisarlo, en ASOJOD -que no está conformada por personas nerviosas- se nos ponen de punta los pelos por la exhortación generalizada que hacen para que se consolide una tiranía de las mayorías con más poder para los políticos irresponsables, destructores de la economía, de la propiedad y la libertad. 


Lo bueno: muy poco.

En ASOJOD debemos reconocer que si bien la gran mayoría del informe de los "notables" contiene propuestas nefastas, hay algunas que vemos con buenos ojos, aunque dudamos acerca de su implementación y sospechamos -con sobradas razones- que son para congraciarse con la ciudadanía pero que nunca serán aplicadas por este Gobierno.

Sobre la Sala Constitucional y el Poder Judicial, nos gusta la recomendación Nº 41, que sugiere que la Sala, "al conocer y resolver los procesos relativos al desarrollo de derechos “prestacionales”, tome en cuenta las capacidades y condiciones objetivas del Estado en general y de las administraciones públicas en particular, para hacerlos efectivos". Nos preocupa sobremanera el impacto en el gasto público que tienen muchas resoluciones del Alto Tribunal, toda vez que ese dinero no sale de otro lugar que del bolsillo de los ciudadanos. Cada vez que la Sala avala convenciones colectivas, pagos de prestaciones, entrega de medicamentos, becas o bonos de vivienda, los tax payers tenemos que ver cómo se nos despoja de nuestro dinero con más impuestos para pagar.

Otras buenas recomendaciones son las Nº 83, Nº 84, Nº 85, Nº 87 y Nº 88 que van dirigidas a exigir a la Administración Pública que se ponga en cintura en materia de tramitomanía, de forma tal que cada nuevo trámite que se cree deba estar justificado en una ley o decreto y valorar su costo beneficio, impidiendo que puedan salir de la ocurrente y caprichosa mente de los burócratas. También se sugiere limitar la cantidad de trámites y documentos que se le pueda solicitar al administrado, así como se exige que las instituciones facilitarse entre sí los documentos para evitar requerírselos al ciudadano.

Nos gustan también las recomendaciones Nº 61 que pretende eliminar las Juntas Directivas de las instituciones autónomas y Nº 65 para reestructurar RECOPE y el MOPT, por cuanto se habla, por primera vez desde el Gobierno, de cerrar instituciones para recortar el gasto público. Asimismo, nos agrada la recomendaciones Nº 72 y Nº 75 para reformar el régimen de empleo público, eliminando pluses salariales y privilegios odiosos como los de las Convenciones Colectivas que disparan el gasto y le cuestan muchísimos millones de colones a los tax payers. Celebramos la recomendación que, a título individual (lamentamos que no existiera consenso en ella) realizaran Piza y Jiménez para establecer un límite constitucional al gasto público, propuesta que ya fue planteada por la Diputada libertaria Marielos Alfaro y que se tramita en el Congreso bajo el expediente legislativo Nº 18.867.

El balance.

No obstante todo lo anterior, aunque nos gusten esas propuestas, tememos que hayan sido plasmadas en el documento de los "notables" con el único objetivo de congrasiarse con la ciudadanía y engatusarla para que no vea las nefastas recomendaciones que hemos señalado con anterioridad. ¿Por qué lo decimos? Porque mucho de eso ya se puede hacer según el ordenamiento jurídico. Expertos como Johnny Meoño han venido señalando, desde mucho tiempo atrás, que el Ejecutivo puede hacer muchísimo con la Ley de la Administración Pública para ejercer dirección sobre las instituciones autónomas y ceñir sus procedimientos al marco legal vigente. La Ley Nº 8220 y sus reformas ya ofrecen los mecanismos para reducir la tramitomanía que martiriza a los ciudadanos y la Ley Nº 8131 ya establece límites al endeudamiento y gasto público. Por su parte, el cierre de instituciones, muy necesario y por el que los liberales venimos abogando desde hace mucho, nunca ha querido ser abordado por los gobiernos de turno, por falta de voluntad política y por cálculos electorales, pateando la bola una y otra vez con reformas y reestructuraciones cosméticas (siendo el CNP, IDA y Correos de Costa Rica los mejores ejemplos) para reinventarlas y asignarles nuevas tareas, sin aceptar que ya no sirven para nada. Tampoco se le ha querido entrar al empleo público y sus excesivos privilegios (especialmente los contenidos en las convenciones colectivas) por temor a los sindicatos y a sus huelgas que, más que paralizar al país, le restarían votos al partido de Gobierno en las elecciones siguientes.

En síntesis, no creemos que todas esas buenas propuestas vayan a pasar del papel, pues así lo ha demostrado la falta de voluntad, interés y responsabilidad de los gobernantes anteriores y la Administración Chinchilla Miranda no ha sido la excepción. Por ello, aún cuando nos gustan, no tiramos las campanas al viento en el marco del informe de los "notables" y, más bien, lamentamos que cosas tan obvias -pero necesarias- no se hayan implementado antes.

Por ello, ante nuestra desconfianza, consideramos que su presencia en este documento no lo hace menos malo de lo que ya lo consideramos. Por eso queremos cerrar con algunas reflexiones que ilustren con claridad meridiana, el entorno político en el que ese trabajo fue desarrollado:

Ante la inacción del Gobierno, su torpeza e incapacidad, su falta de visión y capacidad de diálogo ¿por qué un grupo de "notables" (concepto por demás cuestionable) vienen a dar recomendaciones de lo que puede hacer y no ha hecho ya? ¿Por qué, a estas alturas de la Administración, aparece una especie de "Plan de Gobierno" que marca el rumbo del Gobierno si, hace tres años, Laura Chinchilla se presentó ante el electorado diciendo que ella era la mejor opción?

¿No es la propia inacción, ineficiencia y torpeza del Ejecutivo la que minan la legitimidad de su trabajo y, por ende, carcome la gobernabilidad? ¿No es el autismo político del gobierno que no atiende los canales de comunicación que se le han abierto desde la oposición y desde la ciudadanía? ¿Cómo pretende mantener la gobernabilidad del sistema un gobierno incapaz de escuchar, de reflexionar, de negociar y de entender la dinámica política de una democracia pluralista? ¿Qué legitimidad espera? ¿Qué aceptación del mandato pretende obtener si desarrolla su accionar a golpe de tambor, a imposición de la fuerza numérica, con una mayoría relativa en el Parlamento que no respeta los acuerdos, que pisotea a quienes se le oponen y que busca tapar, a toda costa, los desaciertos en lugar de hacer un análisis introspectivo para mejorar?

Así es muy difícil. Sin vocación de gobernar respetando los derechos de las minorías, sin respetar a los ciudadanos, sin respetar el ordenamiento jurídico, ni un millón de notables podrán marcarle el rumbo a doña Laura.

viernes, 25 de enero de 2013

Viernes de Recomendación

El día de hoy les recomendamos que compren la segunda parte de la más reciente adaptación al cine de la famosa novela de Ayn Rand, la Rebelión de Atlas. Aun no está disponible en el país, sin embargo, la podrían comprar por medio a Amazon.com en el siguiente link


miércoles, 23 de enero de 2013

Desde la tribuna: El Estado ¿medio o fin?

El Estado no es sino un medio para que la vida social se realice de la mejor forma posible. Es un instrumento del ser humano para ese fin, igual que el mismo Derecho. Por ello algunos los consideran sinónimos o equivalentes. El Estado es una forma de organización de la sociedad, la cual siempre ha encontrado formas de organización  (tribales, familiares, religiosas y basadas en documentos, costumbres u otras maneras).

Sin embargo, algunos líderes han exagerado la importancia y peso del Estado y han incurrido en estatolatría, fascismo y doctrinas similares. Es paradójico que el mismo comunismo, que en la teoría plantea una sociedad sin determinadas estructuras, ha producido no obstante las formas de Estado más absorbentes y totalitarias.

James Buchanan, recién fallecido, con su pensamiento y estudios en el desarrollo de la teoría de “the public choise” (obtuvo un Premio Nobel) demostró cómo se toman las decisiones públicas. El funcionario público no es un querubín o un ser celestial, desconectado de las cosas mundanas, sino todo lo contrario. Súmese a todo ello la dimensión del clientelismo electoral, la demagogia y la corrupción y tendremos un panorama completo de la tendencia general en la mayor parte del mundo. 

Centralismo, monopolios, irrespeto a los derechos de propiedad, exceso de carga tributaria, eufemismo de “reivindicaciones sociales” para denominar el despojo y exceso de tributos y un ataque sistémico a los derechos fundamentales.

No es casualidad que los regímenes populistas de América Latina estén constriñendo la libertad de expresión. Hasta en Costa Rica se ha dictado una “Ley Mordaza” y con el pretexto de la protección de los datos personales se ha cercenado la Libertad de Información. Es una tendencia evidente y demoledora. Sin embargo, no es más que un síntoma de la enfermedad.

El hecho central es que hay grupos que toman el Estado como un instrumento propio, lo proponen como el fin en sí mismo (ya no es el ser humano, la persona y mucho menos la sociedad) y por eso no es de extrañar que quieran poner en sus manos todo lo importante.

Mussolini había dicho que “… todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Son muchos los que en la actualidad sienten lo mismo. Cercenan la libertad de los demás y se apoderan del Estado, al cual erigen como todopoderoso.  

El Estado ha pasado, entonces, a dejar de ser un instrumento social y a convertirse en el fin social. Poco a poco, se va olvidando la sociedad y, lo que es más grave, el ser humano, la persona, el individuo.

Lo demás es cuento sabido: más leyes, menos libertad, menos derechos y más obligaciones, menos opciones sociales, más centralismo, más burocracia, más coacción, más deberes cuya omisión constituye delito, más conductas penalizadas, más funcionarios públicos para ejecutar las políticas públicas y así sucesivamente. Por supuesto que la pobreza no baja, por supuesto que la riqueza no sube, por supuesto que la productividad no mejora.  

Sin embargo, aparecen nuevas fortunas (pero no acuñadas en economía de mercado), empresas asociadas con el Estado, empresas del Estado (muchas aprovechando los monopolios), más corrupción, más repartición de dineros y más clientelismo. El Estado deja de ser un medio de la sociedad y la sociedad se va desdibujando hasta desaparecer en las fauces del Estado, junto con las libertades y derechos de los individuos).

Lo que digo no es una antiutopía, al estilo de “Un mundo feliz” de Aldous Huxley o de “1984” de George Orwell.  Lo que digo es un testimonio de lo que veo y experimento.

Federico Malavassi Calvo

martes, 22 de enero de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: el actual enredo monetario y fiscal

Sólo a políticos enquistados como profesionales de la banca se les ocurre decir que los recientes problemas con la entrada de dólares “se deben, paradójicamente, al éxito que ha tenido la economía costarricense”.  No quiero aplicar un análisis basado en el dicho de que “en el país de los ciegos, el tuerto es rey” para poder señalar que aquella interpretación está errada, sino que, más bien, me referiré a que es una pobre justificación de no haber anticipado algo que desde hace ya buen rato se venía anunciando.  Me consta, por ejemplo, que don Jorge Guardia, desde su columna en La Nación y creo que, también, desde editoriales en ese medio, había indicado que las altas tasas en colones vigentes en el mercado nacional se habían convertido en un poderoso atractivo para la inversión monetaria en Costa Rica. Claramente arguyó que para evitar problemas cambiarios –entre otras propuestas que él suele formular- era indispensable revisar las tasas hacia abajo.

Ante esto, el economista metido a político, don Luis Liberman, respondió, ante la pregunta de “¿por qué los tomó por sorpresa esta arremetida de capital especulador?” que “No nos tomó por sorpresa…Lo que los tomó por sorpresa fue la magnitud de estos elementos. La velocidad con  que descubrieron a Costa Rica es lo que nos está impactando” 

Hace un buen rato se había advertido el problema.  Los centros financieros internacionales desde hace tiempo venían invirtiendo en el país, ante tasas tan atractivas en colones, un tipo de cambio más o menos fijo y, sobre todo, ante el desmedido abarrotamiento de dólares que el gobierno de Obama ha practicado en su nación. Allá los intereses desde hace mucho están por los suelos y posiblemente desde ese entonces esos dólares andan buscando mejores rendimientos (tomando en cuenta el riesgo) en los mercados financieros de otros países. En nuestro medio financiero eso se sabía desde hace mucho, pero mucho, tiempo.

El gobierno (incluyendo al Banco Central) se lerdeó en buscar reducir las tasas y lo único que ha venido haciendo es dejar el campo libre para esa entrada excesiva de dólares al país. Es más, en los últimos días se ha hablado mucho de que se van a reducir las tasas en colones, pero ello se ha llevado a cabo tan gradual y lentamente, que el atractivo sigue presente. Creo que esos funcionarios tienen claro lo que deben empezar a hacer. Dicen que lo van a llevar cabo. Pero no lo hacen. Y después se quejan de que el capital financiero acuda apurado, para aprovechar el buen rendimiento que tienen al invertir en Costa Rica.

El problema del que se ha hablado en estos días no radica tan sólo en esos "capitales-buitre", lenguaje que ya copió Amelia Rueda de la presidenta de Argentina. Mucho de la entrada de dólares al país (el cual mandaba señales claras para esos intermediarios) la provocó la decisión del gobierno para llenar sus necesidades de financiar su déficit. No pudo poner más impuestos y tan sólo marginalmente pudo aumentar ciertos costos de transacciones que le proveyeran recursos. Además, ya en el mercado doméstico de fondos sólo podía obtenerlos si se aumentaba aún más la tasa de interés. Ante eso acudió al casi único camino que le quedaba: pedir prestado dólares en el exterior aprovechando las tasas bajas que regían en esos mercados (los mismos dólares baratos que, por su parte, han traído al país los “buitres” esos). Con dicha forma de financiar el déficit, era esperable el flujo y el impacto monetario de la entrada de dólares al país.  

En tanto el gobierno no tome en serio como medida para reducir su déficit –su gasto muy por encima de los ingresos que percibe- no ya una disminución de la tasa de crecimiento de los egresos, sino una reducción de ellos, difícilmente podrá evitar que sigan sucediendo acontecimientos como los analizados.

Para quienes una vez más lo único que se les ocurre es pensar con qué nuevos impuestos se gravará a los ciudadanos, deberían de tomar en cuenta que una proporción muy importante de la producción doméstica está exonerada del impuesto de la renta. Pero, también, que acudir a aumentar los gravámenes sobre sectores productivos que hoy sí están fuertemente gravados, sólo podría traerse abajo, de una vez por todas, el poquito de crecimiento logrado en los últimos tiempos.  Es más, ya se observa un menor crecimiento en los últimos meses del indicador de crecimiento de la producción, conocido como el IMAE. Ese mundo fiscal exonerado me recuerda el exceso en el pasado con los Certificados de Abono Tributario (CAT’s): un  país que en aquel entonces cada vez exportaba más y más, pero que traía aparejado un enorme crecimiento del gasto gubernamental debido a los subsidios que se daba a las exportaciones. El problema terminó cuando se acabó el óleo de los CATs.  

Debemos pensar si es conveniente seguir atrayendo inversión extranjera que no paga impuestos y que no se vislumbra que algún día los vaya a pagar.  Debe considerarse un sistema tributario que siga siendo atractivo para atraer inversión real desde el extranjero. Pero es necesario tener presente que la alta cantidad de dólares que ella trae al país también provoca un aumento de la oferta de divisas en el mercado doméstico y, por ende, se convierte en un factor que estimula la  revaloración del colón. Puede ser que se otorgue una exoneración del impuesto sobre la renta a toda nueva inversión real extranjera que llegue al país (que en gran parte está huyendo de los mayores impuestos les está poniendo Obama: el exceso de emisión monetaria no es lo único que caracteriza a esa economía). Dicha exoneración podría gozarse durante los primeros cinco años de operaciones de la inversión en Costa Rica.  Esto brindaría el tiempo suficiente de utilidades libre de gravámenes como para poder recuperar su inversión. Luego esas firmas pagarían entre 5 y 10 por ciento de impuestos sobre la renta. Aun así ésta sería una tasa muy por debajo de la que actualmente tiene que pagar la restante inversión privada ubicada en el país. Sé que el tema no es fácil de tratar. Pero me parece que posponer la discusión en torno a este asunto, lo único que va a lograr es seguir contribuyendo a que se den esas situaciones indeseables, como la que actualmente pasa el país en torno a los controles monetario y cambiario, así como de la inflación.
   
Jorge Corrales Quesada

lunes, 21 de enero de 2013

Tema Polémico: Ampliación de licencia de maternidad


El viernes pasado un grupo de personas (en su mayoría mujeres) marcharon hacia la Asamblea Legislativa con el objetivo de entregar una iniciativa de ley al diputado Villalta cuyo principal objetivo es ampliar la licencia de maternidad de cuatro a siete meses otorgando tres meses adicionales pagados postparto.

Esta iniciativa promovida por un grupo de mujeres y apoyada por la Defensoría de los Habitantes y el Inamu nos parece muy noble. En ASOJOD comprendemos muy bien la motivación de las madres de querer pasar más tiempo con sus bebes recién nacidos, sin embargo, parece que no se han dado cuenta del potencial daño que este tipo de iniciativas pueden causar para las mujeres en general y sus posibilidades de conseguir empleo. 

Claramente, un aumento de tres meses en la licencia de maternidad es una razón más para que los empleadores no contraten mujeres y en especial cuando se trata de puestos para personas jóvenes. Hay quienes acusan a los empleadores de no tener sentimientos o carecer de “responsabilidad social” pero la realidad es que el objetivo de los jefes en las empresas es lograr la mayor rentabilidad posible y la estabilidad laboral es un factor clave para poder lograrlo. A medida que el puesto de trabajo es más relevante por la importancia de las decisiones que se tomen para la empresa, se vuelve más complicado contratar a una mujer pues cualquier ausencia en el puesto puede ser muy perjudicial. 

En ASOJOD no creemos que este proyecto vaya a recibir mucha resistencia por parte del sector empresarial pues a un empresario realmente no le afecta esto en gran medida. Simple y sencillamente, la próxima vez que contrate personal les dará prioridad a los hombres. Son las mujeres y en especial las mujeres jóvenes las que no deberían estar de acuerdo con esto, irónicamente, lo apoyan a capa y espada como un potencial gran logro social.

Otro aspecto a considerar es quién pagará por estos tres meses adicionales. Si esa responsabilidad se la cargasen al empleador pues aumentan aún más posibilidades de que no se contrate a mujeres pues no solo la salida implica un inconveniente para la empresa sino también implicaría un costo adicional. Si fuese la Caja Costarricense del Seguro Social la que se vaya a ser cargo pues también es un problema porque ya de por si esta entidad está al borde de la quiebra. 

Entendemos la nobleza de este proyecto de ley pero no hace falta mucho sentido común para darse cuenta de lo perjudicial sería. 

Una vez más, las que dicen defender a las mujeres terminan cercenando sus posibilidades de encontrar un trabajo y tener mejores oportunidades para sus presentes y futuros.

viernes, 18 de enero de 2013

Viernes de Recomendación

Como se ha podido observar en estos últimos dos días las noticias han sido acaparadas por el informe de los Notables. En razón de la relevancia del mismo les presentamos tanto el informe, como una entrevista realizada a Francisco Antonio Pacheco.

martes, 15 de enero de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: las predicciones del fin del mundo

Se le atribuye al cirquero estadounidense P. T. Barnum, la frase de que “cada minuto nace un incauto” (“There’s a sucker born every minute”). Hubo un montón de “majes” quienes creyeron que el mundo iría a terminar por ahí del 21 de diciembre, pues tales eran las predicciones (falsas) derivadas de la terminación e inicio de un nuevo ciclo del calendario de los mayas. Esto nos trajo a la memoria la alharaca y el tremendo negocio que hicieron algunos avispados del mundo de la computación, con el cuento de que el mundo se terminaría al concluir el siglo pasado. Fue la famosa historia del Y2K y el desastre tecnológico que implicaba la parálisis universal de la computación. Tampoco, en ese momento al igual que ahora, nada terminal pasó.

Este tipo de predicciones ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad. No quiero acordarme de las tristes matanzas que hubo en Guyana y en California décadas atrás, anticipándose a una presunta terminación de los tiempos. Igualmente ridículas fueron las del famoso predicador Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, quien en el 2000 profetizó que el reino de los cielos se establecería en la tierra. También en nuestro medio hubo una amplia difusión televisiva acerca de las predicciones de un tal José Luis de Jesús, otro rezador criollo de la región, quien había predicho que el 30 de junio del 2012 el mundo colgaría sus tenis. No hay duda que, como dice el latinajo, stultorum infinitus est numerus (el número de los estúpidos es infinito). Mayor que el de los embusteros profetas, lo es el de los incautos creyentes.

Ese negocio de predecir catástrofes no es patrimonio exclusivo de tipos ligados a movimientos religiosos, si bien muchos de ellos han tenido esa profesión.  También han existido notables científicos que se han aventurado a la riesgosa labor de hacer de profetas. Recuerdo algunos casos notables recientes de economistas y otros profesionales de ciencias afines, quienes se atrevieron a formular predicciones de similar talante.  Por ejemplo, el biólogo Paul Ehrlich escribió junto con su esposa un libro en 1968 titulado La Explosión Demográfica (The Population Bomb), en donde vaticinan hambrunas masivas a partir de la década de los setentas y ochentas, debido al excesivo crecimiento de la población humana, en comparación con el incremento proyectado de los recursos naturales. Fue una simple expansión de las ideas de Thomas Malthus, religioso y economista, quien se basó en el principio económico de los rendimientos decrecientes. Para él la población crecería geométricamente, doblándose cada 25 años, en tanto que los alimentos lo harían aritméticamente. Así aseveró que “Al final del primer siglo la población será de 176 millones y las subsistencias no llegarán para 55 millones; de modo que una población de 121 millones de habitantes tendría que morir de hambre”, Con el paso de los años esas desgracias malthusianas no se presentaron e igual sucedió con las predicciones de los Ehrlich, pues, por el contrario, con el paso de los años la población humana obtuvo una mayor alimentación per cápita. Ante esto, como excusa, dijeron los Ehrlich que sus metas habían sido logradas, pues provocaron un debate en torno al crecimiento de la población.  Creo que ni Babe Ruth pudo batear tanto como los esposos Ehrlich. 

Estos no son los únicos que vienen a mi memoria. En 1972 el prestigioso Club de Roma publicó su conocido informe Los Límites del Crecimiento, en el cual predijo que el crecimiento económico mundial se vería refrenado por la limitación de los recursos naturales, particularmente del petróleo. Incluso el también prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) construyó un modelo con base en las predicciones del Club de Roma, según el cual alrededor del año 2000 sobrevendría el desastre económico mundial, debido a la limitación de recursos, tales como petróleo, agua y alimentos, que reduciría fuertemente el tamaño de la población del mundo.  Por supuesto que nada de esto ha sucedido. 

Las ideas de estos proponentes del “fin del mundo” de última camada las ha resumido recientemente el físico australiano Graham Turner, con base en los modelos del Club de Roma/MIT, quien señala que “el mundo va camino al desastre” y hace la sugerencia de que el crecimiento es aún posible si los gobiernos llevan a cabo políticas e inversiones en tecnologías verdes, que limiten la expansión de nuestra huella ecológica. Con esto se nos quiere empujar a la idea de un gobierno mundial que permita evitar, una vez más, un predicho final del mundo.

Tranquilos. Podemos esperar que este año sea económicamente difícil aquí y posiblemente en casi todo el mundo restante. Pero no habrá un fin del mundo. Algo que me atrevo a señalar es que, en tanto las principales economías occidentales (Europa y Estados Unidos) no pongan en orden sus finanzas públicas, sus economías no van a recuperar una tasa de crecimiento deseable. Por el contrario, de no ponerse orden en el excesivo gasto gubernamental en todas en esas regiones del mundo, valdría la pena que se volvieran las miradas hacia la Grecia eterna.  Sólo que esta vez Grecia no es el ejemplo de florecimiento y progreso que siempre hemos admirado. Tristemente hoy lo es de cómo las naciones pueden terminar sumidas en un letargo en cuanto a su crecimiento económico, por la ambición de creer que, por medio de la acción del estado, es posible vivir más allá de sus medios por largo tiempo. Ahí si que se presenta un juicio final, más tarde o más temprano.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 14 de enero de 2013

Tema polémico: control de armas


Desafortunadamente este año que termina, ha estado lleno de matanzas y tiroteos perpetrados por una serie de locos y perversos. Por supuesto, que después de la tragedia los distintos actores sociales se preguntan el por qué de los hechos, así como posibles soluciones. Sin duda, en el apartado de las soluciones una de las primeras opciones es el tema de control de armas, al cual el día de hoy dedicaremos nuestro tema polémico.

Partimos del hecho que en estos temas pueden darse dos tipos de regulaciones. La primera de ellas se refiere al acceso de las armas. En este sentido, partimos del hecho que el derecho a comprar un arma (consecuencia del derecho a la propiedad y legítima defensa), conlleva aparejado como todo derecho una responsabilidad. Así, se puede afirmar que todas aquellas restricciones referentes a al aptitud física, psicológica, destrezas en el manejo de las armas, históricas (antecedentes penales), resultan absolutamente legítimas, razonables y proporcionales. Es decir, quien compra un arma debe demostrar que se encuentra totalmente capacitado para tenerla y portarla, lo que nos lleva al segundo tipo de regulación.

Respecto al segundo tipo nos referimos a aquellas regulaciones que pretenden restringir la portación de armas en determinados centros públicos. Sin duda, entendemos la intención detrás de esta limitación, pero consideramos que la misma no resulta idónea para el fin que persigue: esto en razón de que una regulación de este tipo no detendrá a los delincuentes, ya que estos introducirán las armas de forma clandestina, con la ventaja de que sus “blancos” se encontrarán totalmente desarmados. Así las cosas, resulta mucho más riesgoso para uno de estos dementes tratar de llevar a cabo alguna de sus perversiones en un ambiente rodeado de armas que libre de estas.

Como se puede ver, la regulación del tema de armas es todo un arte. En donde deben balancearse dos objetivos sumamente deseables: a) que personas no idóneas tengan acceso a ellas, y b) que la ciudadanía no quede desarmada e indefensa frente a los múltiples agresores que se encuentran en la calle. Encontrar este balance es una tarea ardua que  requiere de una postura crítica, y no de posturas políticamente correctas.