La columna de Carlos Federico Smith: competencia y consumidores

Una de las primeras cosas que me impacto al iniciar mis estudios de economía hace más de cincuenta años, fue la proposición de que el fin último de una economía era lograr satisfacer los deseos y necesidades de las personas.  Es decir, el objetivo no era la producción en sí, ni tampoco la empresa privada (o pública) como tal, o bien que una economía produjera aquello que alguna autoridad determinara como satisfactor de los deseos o necesidades humanas.  En el centro estaba el consumidor, aquella persona que tenía necesidades o deseos que buscaba satisfacerlos de alguna manera. 

Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que el sistema de organización que con más eficiencia logra ese objetivo -esto es, con menores costos; menores recursos empleados en hacer algo- era el capitalismo competitivo o sistema de mercado competitivo. No brindo en esta ocasión mis ideas en torno a porqué comparativamente es una opción mejor para dicho logro, sino que aprovecho para referirme hoy cómo, en algo tan reciente en nuestro medio como es el uso de la aplicación de Über en el país, hay propuestas en contra de su operación que a quienes daña es a los consumidores -cuya satisfacción es el objetivo básico de la economía- y cómo es que los grupos que más adversan dicha aplicación se caracterizan por no ser competitivos en el sentido económico. Al contrario, suelen ser detentadores de algún privilegio estatal que impide que haya un número suficiente de oferentes, de manera que se pueda considerar que estamos en presencia de un mercado competitivo.

En la mañana del jueves 5 de mayo arrancó una marcha de protesta que salió desde el Parque de la Paz hacia la Casa Presidencial, en la cual los manifestantes que la integraban eran esencialmente taxistas rojos -el actual establishment de taxis- y autobuseros, con el objetivo de solicitarle al gobierno que prohibiera la operación del sistema denominado Über, a través del cual una parte privada se pone libremente de acuerdo con otra parte privada, para ser servida con un traslado de un lugar hacia otro.

Detrás de todo esto hay un interés supremo, que debe primar en toda economía, en todo momento: la mayor satisfacción de los consumidores, la cual lógicamente se da cuando aquellos pueden libremente escoger entre alternativas, aquella que le parece es la mejor. Esto es, cuál le sale más barata; cuál servicio es de mejor calidad; cuál se le provee en el momento oportuno en que se le requiera; cuál llega más expeditamente a donde uno le pide que vaya, en el marco del enmarañado tránsito urbano al menos de nuestra área metropolitana; así más, de cuál se recibe un mejor trato personal al brindársele el servicio. Que como consumidor seamos libre de escoger lo que mejor nos parezca, que lo podamos hacer sin imposición de nada ni de nadie, es lo que obviamente nos conviene como los consumidores.

Posiblemente si uno es propietario de su propio medio de transporte prefiera escoger usar lo que es suyo, pero incluso eso tiene el costo de la incomodidad y el estrés de manejar en caminos convulsos, así como puede ser necesario incurrir en costos de cuido del vehículo o de estacionamiento (además de los lógicos de gasolina y aceite), pero muchas veces tiene ante sí la opción de escoger entre un bus, un taxi tradicional, uno pirata o bien el servicio Über, tomando en cuenta diferenciales de precios, de rutas, de accesibilidad adónde se dirige, de trato, etcétera.

El costo total para el consumidor se refleja en el precio a que se ofrece el servicio y ese precio resulta ser mayor cuando el oferente de dicho servicio no tiene competencia que le obligue a reducirlo al consumidor. Por tal razón hay tanto esfuerzo de hombres y de empresas para, de alguna forma, lograr convertirse en monopolistas; en el caso concreto, de que no haya competencia en el servicio que ofrecen. Afortunadamente, no hay más monopolios en una economía porque hay libre entrada de competidores. La clave está la mayoría de las veces en manos del estado: en si está dispuesto a permitir la libre entrada (y salida) de oferentes en una actividad económica o si le otorga el privilegio del monopolio a alguien (o a algún grupo de ellos). Es una simple forma de protección del interés de alguien en particular, específico, al impedir que otros puedan competir con éste.

Entre los manifestantes de hoy, hay representantes de dos sectores de la economía que efectivamente están caracterizados por la falta de competencia. Ya acerca de los taxistas se ha dicho mucho: su número es restringido por decisión del estado (lo cual ha provocado la existencia subterránea y ciertamente riesgosa de los llamados piratas). Tal limitación la expresa el enorme precio (multimillonario) que hay que pagar por obtener “la placa” o permiso para poder trabajar legalmente como taxista, si es que se busca la vía de comprar el permiso en vez de esperar la gracia divina del estado (de sus políticos). Una persona, aunque reúna todas las condiciones técnicas que suele requerir el estado para quienes disponen de placas de taxis, si no tiene dichas licencias, simplemente no puede trabajar.  Esa limitación en la oferta de servicios de taxis se traslada a los consumidores, los cuales tienen que pagar precios mayores que los que tendría si cualquiera pudiera ser taxista (cumpliendo requisitos técnicos mínimos), lo cual aumentaría la oferta en el mercado.

El otro sector que se manifestó hoy en contra de la competencia que les traería Über, es el de transporte remunerado en autobuses. Aquí el caso es interesante, porque no sé hasta qué grado los autobuses son sustitutos -principalmente por los niveles de ingresos de los usuarios- del servicio que brinda Über. Pero, en todo caso, aunque me salgan con el cuento de “solidaridad” con los taxistas, no creo que tal “solidaridad” exista en la actualidad, pues ambos sistemas suelen competir fuertemente entre sí.  Por ello, la manifestación debe ser porque también los privilegiados autobuseros temen que la presencia de Über vaya a incidir negativamente sobre sus negocios.

Resulta que el servicio de buses no es competitivo: no existen dos o tres empresas que dan el servicio directamente a Desamparados o a Sabanilla de Montes de Oca o a tantos lugares del país.  Rige un régimen mediante el cual una ruta se le asigna a una empresa mediante lo que se llama una concesión.  Esto es, se supone que hay una licitación abierta para que diversos oferentes pujen por obtener la concesión para operar una ruta pre-establecida, satisfaciendo parámetros esperables, tales como calidades del servicio, frecuencia, etcétera, pero esencialmente que está sujeta a una tarifa que cubre los costos determinados por el estado. Para ello, este toma en cuenta, supuestamente, las cifras que la empresa brinda en torno al número y frecuencia de usuarios, la distancia de las rutas, entre otros.  El hecho es que hay un solo oferente para cada ruta de buses específica, a pesar de que es de esperar que haya muchos otros que desearían poder entrar a dar el servicio en condiciones similares. Asimismo, es un hecho que dichas concesiones duran períodos relativamente largos; no es algo que ni siquiera se otorga competitivamente, de forma anual, sino que dura por un tiempo significativo.

Y no, no le voy a entrar al hecho de lo apetecidas que son las contribuciones políticas a ciertas agrupaciones electorales, no sólo recibidas como aporte monetario sino en la prestación de servicios en momentos cruciales, políticamente hablando.  No tengo pruebas específicas, de casos concretos, de ello, de manera que cada uno de los lectores lo tome como le parezca, aunque la lógica de la elección pública nos dice que la maximización del poder de parte de los políticos suele a conducir al otorgamiento de tales servicios a quienes se sirvan aportar apoyo para la permanencia de esos políticos.

Así, el consumidor de servicio de buses en una ruta concreta no tiene en dónde escoger: debe usar el servicio concesionado, le guste o no (si no lo gusta, puede usar los taxis actuales o los piratas o bien Über, pero bien saben que les salen más caros que los buses). Pero no puede usar -contratar- un servicio de buses competitivo, porque tal servicio de hecho, por la decisión restrictiva del estado, no existe: el ciudadano consumidor no tiene forma de optar por otro bus que sea de igual o mejor calidad, pero de menor precio, que el que monopolísticamente enfrenta por el sistema de concesión estatal.

Por eso, estoy a favor de Über -además de creer en el progreso: no quiero que nadie me obligue a volver a las épocas de las carretas o de los caballos- porque me permite como consumidor escoger libremente un servicio que hoy no puedo obtener en las condiciones de restricción de la oferta que he comentado y las cuales le permiten al productor monopolista obtener un precio mayor que el que recibiría si estuviera en un régimen de competencia.

La competencia como consumidor me favorece.  En cualquier economía, producir por producir no tiene sentido.  Nada de beneficio se lograría si alguien decide producir behemots para nuestro consumo o también burps que nadie desea  (no existe ninguno de esos en nuestros mercados) o, digamos, carne de tiburón “madurada”, o algo similar.  La producción tiene sentido la producción si está destinada a satisfacer los deseos y necesidades de las personas. Esa producción será mucho mejor y más barata si resulta de la competencia entre las partes que participan de la oferta del bien o servicio. Es allí cuando más se nos beneficia a los consumidores.

Por tal razón, rechazo la manifestación de grupos que quieren evitar la competencia, que lo que quieren es mantener grados de monopolio, pues con ello se daña a la totalidad de consumidores de la economía, que somos todas las personas.

A su vez, debe tenerse presente que la posibilidad de una competencia suele ser acicate para quienes hoy están conformes con el estatus quo que le brinda el estado. Una competencia puede incentivarlos a que sean más eficientes en lo que hacen: es su forma de mantener los clientes.  Surge así enorme estímulo para que los taxistas actuales se pongan las pilas y mejoren su producto y así complazcan a los consumidores. Traten de hacerlo mejor y más barato que Über.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ya ni para limpiarse el trasero

¡Quién iba a imaginarse que, en una de las naciones del mundo más rica en bienes naturales, como es Venezuela, iba a escasear el papel para el escusado! A tal estado de cosas ha llegado la situación de esa economía.  Es verdad que no solo el papel “toilette”, como se le llama allá, desapareció de los comercios, sino que también están ausentes de los anaqueles otros productos esenciales como la harina, la leche, el pollo, la manteca y el café, entre otros.  Paradójicamente, lo único que parece abundar es la gasolina y otros derivados de petróleo. Un litro de gasolina cuesta entre 3 y 4 centavos de dólar, el más bajo del mundo. En contraste, una taza de café en una soda cuesta 30 veces más.  Por lo general, la propina que el consumidor le da a quien le llena el tanque, es más que lo que se gasta en echarle gasolina al carro.

Todo este desorden tiene que ver con la política gubernamental de control de precios. La gasolina tiene un precio ínfimo, por lo cual el gobierno está dispuesto a subsidiar su consumo hasta la coronilla, como medio para ganar puntos ante los consumidores (aunque esas pérdidas en que incurre el estado lo pagan todos los ciudadanos-consumidores de ese país). Pero, en el caso de bienes que son producidos por el sector privado, como muchos de los que cité antes, la situación es muy diferente, pues sus precios están muy por debajo de su costo de producción, con lo cual nadie, en su sano juicio y siempre evitando perder, estaría dispuesto a producirlos para llevarlos al mercado a ese precio controlado. 

No hace mucho Alejandro Fleming, Ministro de Economía de Venezuela, dijo que ese desabastecimiento de productos se debía a que había mucha demanda y poca oferta.  En rigor, eso es cierto, pero hay que entender por qué se presenta esa disparidad entre la oferta y la demanda.  Veamos primero la razón de la alta demanda en la economía.  Ello se debe simplemente a la enorme emisión de dinero que ha practicado el Banco Central de Venezuela durante los últimos tiempos.  Cualquier estudiante de Economía básica, así como cualquier ciudadano medianamente informado, saben que, si se emite mucho dinero en una economía, mucho más allá de lo que crece la producción, se presenta inflación.  No se necesita ser un Milton Friedman para saber que el más de 30% de inflación que actualmente azota a Venezuela, se debe al populismo monetario de las autoridades del Banco Central de ese país. 

A fin de controlar la inflación, el gobierno venezolano ha acudido a dos medidas.

Una de ellas es realizar importaciones de bienes que se consumen masivamente en Venezuela y que no se elaboran en ese país o que han dejado de producirse internamente. Casi todos los bienes, excepto petróleo y derivados, están en esas circunstancias. Tales importaciones han sido posibles gracias a los elevados precios internacionales del petróleo. 

Sin embargo, la producción de petróleo de Venezuela ha venido declinando con el paso de los años. Se estima que la producción anual de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) ha caído un 2% anual desde el 2008. A pesar de que, según la Organización de Países Exportadora de Petróleo (OPEP), Venezuela posee los mayores recursos petrolíferos del mundo, superando incluso a Arabia Saudita, su producción actual de petróleo es tan sólo de 2.4 millones de barriles diarios. Esto es, un 25% menos de lo que se producía cuando Chávez llegó al poder, hace 14 años.

En mucho ese decrecimiento de la producción de PDVSA se debe a su propia incapacidad. En estos tres últimos años su capacidad productiva ha caído un 35%. Por ello, ahora andan como locos tratando de que los chinos inviertan en su industria petrolera, aunque tal vez sea a cambio de los derechos que hoy Venezuela tiene por su petróleo. La incapacidad administrativa de PDVSA y la limitación de recursos que le impiden llenar los montos requeridos de inversión auguran un futuro muy incierto para los ingresos petroleros de ese país en especial ante su cierre a inversión extranjera (con excepción, tal vez, de la China o la de India). Los efectos ya se están sintiendo en la economía de esa nación.

Volviendo al tema de la inflación y particularmente en lo referente a la disminución de la oferta en la economía citada por el Ministro de Comercio Fleming, en la actualidad es notoria la escasez de divisas que permitan a las empresas domiciliadas en Venezuela adquirir del exterior lo necesario para producir sus bienes. Ante tal incapacidad para importar, las firmas internas han tenido que reducir sus niveles de producción. Por supuesto, eso no lo dice ese Ministro de Economía, quien habló de la mucha demanda y de la poca oferta. Esta decrece porque ahora no se tiene el financiamiento de divisas, que antes se disponía gracias a la abundancia petrolera de Venezuela. Al no tenerse ahora financiamiento para adquirir los insumos necesarios, ni el equipo productivo indispensable, ni los repuestos requeridos, la producción nacional tiene que caer. 

El Ministro de Finanzas de Venezuela, Nelson Merentes, ha reconocido estos problemas de financiamiento y ha dicho que está en marcha un plan para garantizar la adquisición de divisas para las empresas pequeñas y medianas. Pero lo cierto es que la situación de reservas internacionales de Venezuela parece ser precaria.  Se ha se mencionado que, a principios de mayo de este año, si acaso las reservas internacionales del país superaban los $25.000 millones y que de ellas un elevado porcentaje (70%) estaba conformado por posiciones en oro y similares. Se ha hecho saber que la posición de reservas líquidas de Venezuela es inferior a los $3.000 millones. (Casualmente un monto de reservas parecido al que hoy tiene Costa Rica, si bien no son totalmente líquidas).

Por eso es que, ante la limitación de divisas, en Venezuela el tipo de cambio se ha disparado por las nubes.  El llamado dólar paralelo –el precio del dólar en la calle- tiene a la fecha un precio superior a los 26 bolívares (llamados bolívares fuertes), en tanto que el tipo de cambio oficial es de 6.30 bolívares fuertes por dólar.  Ya el presidente Maduro ordenó llevar a cabo una guerra contra el tipo de cambio paralelo, al igual que lo han hecho infinidad de veces en el pasado, todos los usuales poseedores de la sabiduría que supuestamente otorga el poder: y que siempre concluyen en un fracaso. Ha llamado a clausurar los sitios libres en donde se transan dólares fuera del estado. A los participantes en ellos casi que los ha convertido en delincuentes subrepticios, tan sólo porque quieren cambiar sus dólares por su verdadero valor y no por el que se le antoja a Maduro y a su Banco Central.

Al otro  intento del gobierno venezolano por contener la inflación ya nos referimos anteriormente: fijar precios topes o máximos. La lección de la historia económica en este tema es tajante. Desde la época de Henku, rey de Egipto en el 2080 antes de Cristo, o del rey Hammurabi (hace 4.000 años) hasta en el Chile de Allende y la Nicaragua de la primera administración de Ortega, los gobiernos nunca han podido controlar la inflación mediante el control de precios.  Tal vez con excepción de lo sucedido bajo el régimen nazi, se tuvo algún grado de éxito en poder controlar los precios en circunstancias inflacionarias.
El historial de fracasos de la política de fijación de precios lo documento en un libro que escribí en 1984 bajo el título Inflación y Control de Precios (Editorial Stvdivm). Pronto estará disponible en la web y de ello oportunamnte le informaré al amigo lector que desee ojearlo o reproducir. En él, expongo los resultados que tiene sobre los mercados esa ineficiente política que pretende controlar la inflación, como es hoy el caso de Venezuela. Provoca el surgimiento de mercados negros, que los precios no controlados se disparen, que se presente un deterioro de la calidad de los bienes cuyo precio es controlado, que surjan largas colas para poder comprarlos, que aparezcan sistemas de ventas atadas (esto es, que a usted se le vende el bien al precio controlado, pero tan sólo si adquiere otro bien a un precio más alto o de menor calidad). 

Asimismo, el control de precios provoca el acaparamiento y la aparición de negocios “fáciles”, como cuando se obtiene de parte del gobierno permisos de importación, lo cual genera grandes ganancias que van más allá de las usuales en los mercados. También abunda la corrupción de las autoridades, así como la escasez y desaparición de los bienes en los mercados, los horarios anormales de ventas, como en las madrugadas, a los precios mayores del mercado, al igual que los productos se venden de repente en bolsas menos llenas, al igual que surge la venta de productos empacados en cantidades diferentes a las reguladas, con lo cual se evita la regulación a bienes empacados en otras cantidades. Incluso simplemente aparece un producto “nuevo” (por ejemplo, ahora con “triclorín climatizado”). Igual de nocivo es el impacto que la política de control de precios tiene sobre el desempleo, que afecta a  trabajadores de empresas cuyo precio es controlado, así como la subutilización del equipo de producción, entre muchas otras cosas.

Podemos predecir que el iluminado del pajarito, con total incultura y poca madurez, pero sobre todo con falta grave de inteligencia, le dirá a su pueblo: “Si no hay papel, pues que usen elotes”. El problema es que en Venezuela tampoco hay producción suficiente de maíz para usar los elotes en esas higiénicas materias. Esto significa que hay una buena oportunidad para la exportación de elotes a Venezuela desde Costa Rica, entre otras naciones.  El problema es que sus reservas monetarias, a pesar de la abundancia petrolera, se han menguado notoriamente como para poder exportarles lo necesario a Venezuela.

Jorge Corrales Quesada

La ley de la oferta y la demanda

Uno de los principios más importantes de la economía es el de la ley de la oferta y la demanda: cuando el precio de un producto sube, las empresas aumentan su producción (porque un precio superior hace provechosos procesos que de otra manera no son rentables) y los consumidores reducen las compras (porque pasan a comprar substitutos más baratos). En una economía de mercado como la nuestra, el equilibrio entre la oferta y la demanda determina el precio final: el precio sube cuando aumenta la demanda o cuando cae la oferta. Así de simple.

A pesar de que todo eso se enseña durante la primera semana en cualquier facultad de economía moderna, la reciente escalada del petróleo ha puesto de manifiesto que son muchos los políticos y analistas económicos que siguen sin entender las leyes fundamentales de la economía. Veamos tres ejemplos reveladores. Primero: cada día está más extendida la idea de que el petróleo está subiendo por culpa de unos supuestos especuladores malignos, especuladores que, dicho sea de paso, han sustituido a los empresarios capitalistas en el papel de causantes de todos los males de la humanidad en el ideario de socialistas, medioambientalistas y demás descendientes intelectuales del marxismo.

Normalmente, los especuladores ganan dinero a base de comprar un producto barato, guardarlo durante un tiempo mientras esperan (especulan) que su precio suba y, cuando lo hace, venderlo y quedarse con la diferencia. Cuando muchos especuladores compran al mismo tiempo, ellos mismos crean una demanda que hace subir los precios. Es por eso que se les acusa de encarecer el petróleo. El problema es que los presuntos especuladores del petróleo no compran barriles de crudo, no los guardan en sus casas y no los vuelven a vender al cabo de unos meses. Para hacer eso necesitarían tener unas casas muy grandes y pagar unos costes de almacenamiento descomunales. Lo que hacen en realidad es comprar contratos de “futuros”. Es decir, adquieren unos papelitos que les da derecho a comprar barriles de petróleo dentro de seis meses a un precio determinado. Si dentro de seis meses el precio de mercado es superior al determinado, comprarán los barriles al precio determinado y los venderán inmediatamente después al precio de mercado apropiándose de la diferencia. De alguna manera, es como si los especuladores “apostaran” a que el precio del petróleo subirá sin tocar nunca ni un solo barril de crudo. Y del mismo modo que los que apuestan a las quinielas de fútbol no tienen ningún impacto sobre el resultado de los partidos, la gente que compra “futuros” de petróleo sin comprar barriles no afecta ni la oferta ni la demanda de crudo y, por lo tanto, no afecta su precio. ¿Por qué sube, pues, el petróleo? Pues por varias razones, la principal de las cuales es el enorme aumento de demanda que proviene de los grandes países en vías de desarrollo como China e India, cuyos ciudadanos cada vez más ricos han decidido ir en coche, utilizar la calefacción y el aire acondicionado. Es la ley de la oferta y la demanda.

Segundo ejemplo: una amplia gama de políticos y huelguistas españoles, europeos y estadounidenses proponen eliminar temporalmente los impuestos sobre carburantes con el objetivo de reducir su precio. Eso es un craso error. Imaginemos que la oferta y la demanda dictan un precio de la gasolina de 100 y que el gobierno pone un impuesto de 30: los consumidores pagan 100, los productores de gasolina cobran 70 y el gobierno recauda 30. Hasta aquí todo normal. Pensemos qué pasará si el gobierno elimina el impuesto de 30. Si la oferta de gasolina es más o menos constante a corto plazo (y lo es, dado que cambiar la producción de crudo es extraordinariamente costoso), la oferta y la demanda seguirán siendo las mismas, por lo que el precio que deberá pagar el consumidor seguirá siendo 100. Pero el gobierno ya no cobrará los 30. ¿Pero si el consumidor sigue pagando 100, a dónde van a parar los 30 que hasta ahora recaudaba el gobierno? Pues directamente al bolsillo de los productores. Es decir, la eliminación del impuesto sobre la gasolina no sólo no contribuirá a reducir precios sino que representará un enorme regalo fiscal a los ya millonarios regentes de Arabia Saudita o Venezuela.

Tercer ejemplo: muchos gobiernos progresistas, después de darnos la lección diaria sobre el cambio climático, van y firman todos los tratados internacionales habidos y por haber, buscan reducir emisiones a través de la coerción estatal y dedican millones de euros a “campañas de concienciación” o a promover las tendenciosas y deliberadamente histéricas películas de Al Gore. A la hora de la verdad, sin embargo, esos gobiernos fracasan e incumplen sistemáticamente los objetivos a los que se han comprometido. Pues bien, esos mismos gobiernos se quejan de la subida de los precios del crudo e intentan tomar medidas para paliar los efectos sobre los ciudadanos, sin darse cuenta que es esa misma subida de precios la que va a lograr lo que ellos no han conseguido hasta ahora: reducir las emisiones de CO2. Porque lo que realmente va afectar el comportamiento de la gente no son las campañas institucionales a favor de una "nueva cultura de la energía” o las películas porno-climáticas sino el bolsillo: los consumidores ahorrarán de verdad cuando les sea demasiado costoso no hacerlo y las empresas ofrecerán alternativas cuando eso les reporte beneficios. Así de simple. Es la lección más antigua de la economía. Es la de la ley de la oferta y la demanda.

Xavier Sala-i-Martin