La columna de Carlos Federico Smith: un viernes confusamente negro

Hace pocos días, el Ministro de Hacienda, con base en la opinión de la Dirección General de Aduanas, informó que reiteraba su decisión de aplicar los impuestos de venta y de consumo, cercanos a un 36%, a las importaciones que los ciudadanos hacemos de mercancías adquiridas en el exterior, por medio de la Internet.

De esta manera, se echó para atrás la práctica de exonerar, por hasta $500, de impuestos arancelarios que los costarricenses podíamos disfrutar, con la presentación de nuestro pasaporte a la hora de des almacenar las mercancías que importáramos. Esto resulta ser especialmente significativo en momentos en que en Estados Unidos se celebra el llamado Viernes Negro, que no es sino una enorme rebaja en los precios que los comercios de ese país otorgan, creo que en el último fin de semana de noviembre. Los ciudadanos ya nos íbamos acostumbrando a esa enorme oportunidad de estirar nuestros ingresos, gracias a la competencia y al comercio internacional.

Pero ahora Hacienda le ha dado una interpretación a nuestros derechos, de manera que exige, para que sean aplicables, que esas importaciones puedan sernos sólo enviadas por parientes, por supuesto que en cantidades no comerciales, con lo cual se impide que, por ejemplo, uno pueda importar bienes que nos llegan adquiridos en empresas tales como Amazon, Best Buy, Macy’s, Penney’s o cualquier otro chinamo comercial que a Usted le da la gana comprar, a no ser que acepte pagar los impuestos arancelarios que ahora Hacienda desea cobrarle.

Se ha escuchado la opinión de profesionales especializados en esta lides, indicando que la anterior es una simple interpretación antojadiza de parte de Hacienda (y muestra de angurria, agrego yo), pues en el país no se ha efectuado el cambio requerido a la norma jurídica pertinente, de forma que pretende impedir que la importación se pueda lleva a cabo proveniente de una empresa comercial del exterior y sólo la acepta si le es enviada por parientes que se encuentren o viajen por el exterior.

Resulta ser muy poco clara la decisión de Hacienda, en especial después de que durante muchos años no existió tal impedimento y que no ha existido recientemente nueva legislación que defina esa interpretación que ahora hace el gobierno. Esta práctica de poner impuestos por la vía de la interpretación, da lugar a mayor incertidumbre en el país y desconfianza en cuanto a la vigencia de la ley.

Por supuesto que hay que preguntarse a quién se va a beneficiar y a quién se perjudica con la nueva medida.  El gobierno sin duda que impulsa la prohibición, a fin de lograr mayores impuestos por las mayores importaciones que supuestamente ahora van a realizar los comercios formales del país.  Pero esto no es tan seguro, porque bien puede estimular, una vez más in crescendo, las importaciones ilegales, mejor conocidas como contrabando. Así, el gobierno terminaría por agarrar poco o nada, además de que, tal vez, muchos ciudadanos de forma tajante decidan disminuir su consumo de esos bienes. En síntesis, podría darse que el gobierno termine agarrando migajas de la mesa.

Pero hay otro gran ganador. Tal vez los consumidores ya habrán notado que en Costa Rica, desde hace un par de años para atrás, también los comerciantes locales decidieron reducir sus precios en ocasión  del Viernes Negro. Sin duda que ello lo provocó la práctica estadounidense y la posibilidad de los consumidores de traer los productos por Internet. Al ahora encarecerse esta última posibilidad con la decisión reciente de Hacienda, los comerciantes locales tendrán menor competencia de precios por parte del comercio extranjero y no tendrán que reducirlos tanto para poder competir por la clientela. Por supuesto que el gran perdedor en todo esto es básicamente el consumidor (y si quiere agregue aquí las empresas dedicadas al transporte y trámite de las compras que se hacen por Internet).
Los consumidores sonamos en dos vías. (1) Si hacemos importaciones por el Viernes Negro, nos azotarán con mayores impuestos y (2) quienes compran aprovechando las rebajas en el comercio local a causa  del Viernes Negro, verán como éstas ahora ya no serán tan grandes.

Parece que aún hay tiempo para el “Salacuartazo” por la interpretación arbitraria de la ley que quiere hacer Hacienda. El amparo a tiempo nos podría permitir seguir disfrutando de ese derecho ciudadano que se nos quiere quitar.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: ¿Protectores del Consumidor?

Es común escuchar a los políticos defensores de la regulación y la intervención  del gobierno en las actividades del mercado decir que  se realizan con el objetivo de defender a los consumidores de los abusos de los productores y distribuidores. La excusa consiste en que la información con que cuentan los consumidores para tomar sus decisiones es  limitada pues existe asimetría entre los conocimientos que tiene los fabricantes y a los que tienen acceso sus clientes. Es deber del Estado asegurarse de que los producto cuenten con estándares de calidad mínimos y dispongan de suficiente información para que los consumidores tomen decisiones acertadas. 

Si bien es cierto, estas medidas se basan en buenas intenciones, nunca toman en consideración los efectos negativos que conllevan. Nunca ven más allá de las decisiones a corto plazo de la intervención estatal pues si se hiciera se darían cuenta que todos los efectos nefastos que resultan de este tipo de medidas terminan sumando más que los posibles beneficios que podrían traer.

Ejemplos lamentablemente sobran pues vivimos en país donde el Estado debe tener injerencia en absolutamente todo. Uno de los casos lo analizamos hace tres semanas sobre la inefectiva regulación de Sutel en el mercado de las telecomunicaciones que lejos de favorecer a los consumidores más bien a impedido que los precios sean más bajos y ha limitado la cantidad de oferentes en el mercado. Otro ejemplo es los requerimientos cada vez mayores que exige el Ministerio de Salud en el etiquetado de productos alimenticios y ni hablar de los requerimientos de información para los productos médicos.

Un caso que queremos comentar el día de hoy es el del nuevo Código Eléctrico Nacional que fue presentado el año pasado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y específicamente la oficina de Reglamentos Técnicos. Este nuevo código regula todas las instalaciones eléctricas del país y la entrada de productos eléctricos al mercado con el objetivo, por supuesto, de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con este nuevo código se exigirá que todos los productos que entren al mercado cuenten con certificaciones internacionales. Estas certificaciones son difíciles de conseguir y normalmente son muy costosas al inicio y para conservarlas. Al final esto lo que termina haciendo es sacando a todas las pequeñas empresas y pequeños  importadores del mercado pues se necesitan requerimientos de capital que no tienen. No es de extrañarse claro  que los principales impulsores de este código eléctrico sean las grandes empresas de materiales eléctricos del país pues saben que solo ellas tienen el capital necesario para conseguir certificaciones. Este código eléctrico se les vende a las personas como una herramienta para garantizar su seguridad pero realmente es una barrera de entrada impuesta por las grandes empresas a pequeños y nuevos negocios para limitar la competencia en el mercado. Uno de los más grandes enemigos de las pequeñas y medianas empresas es la regulación estatal.

En ASOJOD no estamos insinuando que no existan casos en el mercado de información engañosa y peligros para el consumidor. Lo que no entendemos es por qué el gobierno termina interfiriendo en estos procesos de negociación entre los consumidores y los productores. El mismo mercado naturalmente se encarga de regular que los productos que se venden cumplan con ciertos requerimientos mínimos pues los consumidores no son tontos y se cuidan de que lo que estén comprando sea conveniente. Las empresas a medida que van creciendo van adquiriendo reputación y sin necesidad de que nadie se los imponga van adquiriendo estándares de calidad para poder diferenciarse y vender más con mejores márgenes. Finalmente, con el tema de publicidad engañosa, si en el país en verdad existiera un sistema judicial ágil, las empresas se cuidarían de informar lo más posible a los clientes pues de nos ser así se exponen a demandas y acusaciones que podrían poner en riesgo su existencia. 

¿Medidas para proteger al consumidor? Lo cierto es que no. Estas regulaciones son máscaras que responden a intereses de grupos de poder muy alejados del bienestar del consumidor. Para que el consumidor verdaderamente gane debe tener la libertad de comerciar sin ningún tipo de restricción.

Jumanji empresarial: consumidores vrs productores

Todos los individuos somos productores y consumidores a la vez. Vendemos nuestro trabajo o producto sólo para comprar el trabajo o el producto de otros. Cambiamos de sombrero constantemente. Cuando usamos el sombrero de productor, nuestros intereses son antisociales: el productor de café tico se alegra cuando hay una helada en Brasil; le gusta la escasez. Los abogados, médicos y otros limitan la oferta por medio de los colegios; promueven la escasez. Los empresarios agrícolas e industriales se benefician de la escasez causada por los aranceles. Las aerolíneas utilizan la Dirección General de Aviación Civil para limitar la oferta.

Por el contrario, cuando usamos el de consumidor y vamos al mercado en esa condición, queremos abundancia; queremos que la cosecha de todos sea muy buena, que abunden los teléfonos, automóviles, seguros, alimentos, medicinas, salud, cines, seguros, servicios de conexión a Internet. Evidentemente, el interés del consumidor está en total armonía con el interés general de la sociedad y el bienestar de la humanidad.

¿Cuál interés debería prevalecer: el del productor o del consumidor?. Bastiat explica que el problema de la teoría de la escasez se debe a la falta de entendimiento de lo que es el intercambio. En una economía, donde se da la división de labores, cada persona valora su trabajo no como un medio (cosa que hace en autosuficiencia), sino como un fin en sí mismo. Con respecto a un producto en particular, el intercambio crea dos intereses directamente contrapuestos: el productor quiere escasez, precios altos y poca variedad; el consumidor, abundancia, precios bajos y mucha variedad. Dado que los dos intereses son mutuamente incompatibles, uno de ellos debe coincidir con el interés de la sociedad como un todo, y el otro debe ser hostil a este interés.

Si los deseos secretos del hombre en su papel de productor se cumplieran, habría escasez de todo, pobreza generalizada y hambruna, el mundo retrocedería rápidamente hacia el barbarismo. En cambio, si los secretos deseos del hombre en su rol de consumidor se cumplieran, habría abundancia de todo, y más riqueza, bienestar y prosperidad. El interés del consumidor está en armonía con el interés de la sociedad. Y es el que debería proteger la legislación.

Es un hecho que el proteccionismo o subsidios que otorga un país, lo hace en contra de sus propios consumidores y contribuyentes, y no en contra de otros países. Criticar el proteccionismo o subsidios de otra nación es totalmente inútil, dado que es una decisión soberana la de empobrecer a sus ciudadanos a base de aranceles o impuestos a la producción y el consumo.

La protección o subsidio de una actividad económica siempre tendera a castigar a otro grupo económico más grande y más relevante para la economía; ademas, las actividades subsidiadas nunca encuentran un punto óptimo de eficiencia y el uso indiscriminado de los recursos a su disposición hace que estas tarde o temprano desaparezcan. En Latinoamérica, donde la cantidad de consumidores pobres es mayor a la cantidad de agricultores protegidos, las protecciones arancelarias terminan convirtiéndose en sistemas de redistribución de riqueza que va de pobres a ricos, y la falta de innovación e inversión real, termina convirtiendo a los mismos agricultores en depredadores y beneficiarios crónicos de asistencias estatales.

Andrés I. Pozuelo

La columna de Carlos Federico Smith: ¿Cómo que casi no hay?

Preguntado por el periodista de La Nación si había una posibilidad de reducir los aranceles para enfrentar el aumento internacional de las materias primas, el vicepresidente Luis Liberman respondió: “casi no hay” materias que pagan aranceles. (Ver La Nación del lunes 21 de febrero del 2011, página 24A).

Por supuesto que no se debe contemplar sólo las materias primas que pagan aranceles a las importaciones, sino que también es necesario señalar que hay muchos bienes terminados que aún son objeto de una significativa protección arancelaria. El tema no debe circunscribirse a la circunstancia del momento de un fuerte aumento en los precios internacionales de la materias primas. También es hora de que el vicepresidente Liberman responda a los intereses de los consumidores. Estos, posiblemente producto de la voracidad fiscal del gobierno, son víctimas de su decisión de gravar incluso bienes vitales dentro de la dieta y el presupuesto de los hogares más pobres del país. Pero también es importante destacar que ese proteccionismo permite que haya un tipo de cambio inferior en el mercado del que habría sin tales aranceles. Es decir, sin tales aranceles el tipo de cambio del colón con respecto al dólar reflejaría mejor su verdadero valor. Ello daría algún alivio para el sector exportador que ha encarado una fuerte revaluación del colón durante los últimos tiempos.

Como don Luis, quien uno asume es conocedor de la situación arancelaria del país -y, si no lo es, puede preguntarle a doña Anabel González, quien sí sabe de estas cosas- dice que son pocas las materias primas gravadas con aranceles, me voy a permitir hacer una pequeña y representativa lista de ellas, pues en verdad son muchas las materias primas hoy gravadas. Y, además, pensando en el interés de los consumidores, principalmente los de menores ingresos, me permito agregar a esa lista algunos pero muy importantes bienes finales que hoy pagan un arancel.

Al arroz terminado que se importa se debe pagar un arancel de cerca del 100%. Este arancel se usa para subsidiar a un grupo muy reducido de productores. El arroz, junto con los frijoles, equivale a más de un 30% del gasto familiar de los grupos de ingresos más bajos (¡Hablemos de justicia social!).

Si quiero importar leche, sólo en lo referente al arancel, tendría que pagar casi el mismo precio que pago por el bien. Es decir, ronda en alrededor de un 100%. Esto se hace para proteger un monopolio. La leche es un sector en que hay una muy clara falta de competencia que permita algún grado de ventaja para los consumidores, quienes hoy posiblemente pagan el doble de lo que podrían pagar si no existiera tal barrera arancelaria.

Pero también los quesos, la natilla y el yogurt, tanto para consumo final como para el industrial, pagan aranceles. En general, todos los derivados de lácteos están sujetos a un fuerte arancel. ¿Será que don Luis no se ha dado cuenta de esto?

Y del pollo qué podemos decir. También el impuesto que paga la carne de pollo importada se aproxima a un 100%. El consumidor así posiblemente tiene que pagar el doble por la carne de pollo en comparación con un situación en que pudiera importarlo sin pagar esos aranceles.

Algo parecido sucede con la carne de cerdo y de res y con todos los llamados derivados cárnicos. Si don Luis no me lo cree, puede preguntar en el Ministerio de Comercio Exterior, en donde con gusto creo que le suministrarán los datos exactos.

No debemos olvidar el precio del azúcar que pagamos los consumidores. Y de una vez les advierto acerca de lo que va a suceder ahora que está subiendo el precio internacional del azúcar. Pronto habrá presiones para aumentarle el costo al consumidor nacional. La razón para tal solicitud es que, si no aumenta el precio interno, habrá un gran "contrabando" hacia el exterior. Eso podría ser cierto, pero ¿por qué cuando el precio internacional era relativamente más bajo que aquí (incluso los es hoy en día), no se nos permite a los consumidores, tanto finales como industriales, conseguirlo a esos menores precios? Esta es una de la formas más amargas en que se daña el bienestar general por promover el interés de algunos. ¿Hará don Luis algo para lograr que la competencia beneficie a los ciudadanos costarricenses? Francamente, lo dudo…

El maíz blanco también paga aranceles cuando se le importa. También la zanahoria en polvo y en escamas, así como el puerro en polvo y en escamas; asimismo el sazonador, la pimienta, el perejil, el ajo en pasta y el apio en polvo, como los anteriores pagan aranceles de un 15%.

¿Quieren más? Verán que no “es que no hay” productos con aranceles, sino que no se quiere ver o se hacen los majes. El café en grano, las manzanas en cubos deshidratadas, las preparaciones con base en lácteos para usos en snacks, galletas, cereales, productos a base de huevo, edulcorantes, sales, especias, sopas, salsas, ensaladas, productos proteicos, formulas infantiles, bebidas de todo tipo, miga de pan, empanizadores, alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación, cebolla granulada, huevo congelado, pasta de cacao desgrasada y sin desgrasar, manteca, grasa y aceite de cacao, cacao en polvo sin azúcar, todos tienen aranceles. Y sigo: jamaica molida, pimienta blanca molida, paprika en polvo, pimienta blanca entera, pimienta negra triturada, chile picante en polvo, chile dulce rojo, pimentón dulce en polvo y la linaza, sufren gravámenes (aranceles) al importarlos.

Y no voy a dejar de lado a la papa: tanto la fresca para ser adquirida por los consumidores finales como para las empresas que la utilizan para industrializarla. Ya sabemos del proteccionismo que se le brinda

Me aburre seguir señalándole a don Luis Liberman que no es cierto lo que él dice de que son pocos los bienes que pagan impuestos al importárseles. Más bien son muchos, pero muchos. Y gravan no sólo bienes que el consumidor final utiliza, encareciendóselos en beneficio de unos pocos, sino también a materias primas que utiliza nuestra industria de transformación hacia bienes finales, que también el consumidor alternativamente podría adquirir más baratos. En síntesis: se trata de un gobierno que piensa en hacer plata a costas de los consumidores y de paso proteger a unos pocos para que puedan enriquecerse a costas de los consumidores, no por la eficiencia que se logra bajo competencia, sino por la protección monopolística que se les brinda. Todo muestra la insensibilidad del gobierno hacia el logro del bienestar de los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Reglamentos Técnicos

Decía el difunto Premio Nobel de la economía, Milton Friedman que no existía nada más nefasto que las buenas intenciones. Cuando decía esto se refería a todas esas medidas que los gobiernos imponen sobre el comercio como resultado de un sentimiento "noble" de protección a los ciudadanos o al medio ambiente que los rodea, bajo la falsa premisa de que los gobernantes deben contar siempre con un sentimiento paternalista hacia los ciudadanos y que solo ellos saben lo que es mejor para sus vidas. Pues un buen ejemplo de esto es al caso de los reglamentos técnicos.

Un reglamento técnico es un documento adonde se establecen características de los bienes o sus procesos y métodos de producción cuya observancia es obligatoria. En otras palabras, es un requisito impuesto por el gobierno en el que se exige ciertas características de cumplimiento a uno o más productos para su venta en territorio nacional. La justificación de estos documentos es que buscan proteger a los consumidores en temas de salud, engaño, seguridad nacional o protección al medio ambiente. Ejemplos hay muchos: desde requisitos que obligan a las empresas a que el producto cuente con determinados tipos de empaque o etiquetado hasta exigencias de que cumplan con alguna certificación emitida por un órgano autorizado para su venta.

La oficina encargada en nuestro país de emitir reglamentos técnicos es la comisión interministerial llamada Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) y las medidas impuestas son aceptadas por la OMC. Precisamente, en las últimas décadas, en la medida en que la globalización se ha vuelto más evidente, el uso de reglamentos por parte de todos los países se ha incrementado considerablemente.

En ASOJOD consideramos que el uso de reglamentos técnicos, fuera de ser algo bueno para proteger a las personas, son realmente trabas al comercio que atentan contra el adecuado desarrollo de las economías. Pero hay que hacer algunas consideraciones importantes.

Primero que todo, los reglamentos obligan a que los productores e importadores cumplan con ciertos requerimientos que, en muchos casos, requieren de grandes inversiones en los procesos de producción, distribución o certificación de los productos. Esto representa una gran limitación para el desarrollo especialmente de pequeñas y medianas empresas., ya que muchas veces, no se tienen el capital ni los medios para cumplir, dejando solo a los grandes fabricantes en el mercado. Es por esto que no es de extrañar que los grandes fabricantes normalmente sean siempre los grandes impulsores de este tipo de obligaciones, ya que con los reglamentos técnicos se fomenta la creación de monopolios u oligopolios en los mercados.

Otro gran perdedor en este procesos suele ser lel consumidor, a pesar de que en un principio se le trata de defender. Los nuevos requisitos obligan a que las empresas incurran en gastos adicionales que luego se verán reflejados en los costos de los productos. Por lo tanto, las personas terminan pagando más por los productos disminuyendo su capacidad de compra y de ahorro.

En ASOJOD comprendemos la preocupación de muchos acerca del riesgo que implica la existencia en la calle de productos que puedan engañar a las personas o inclusive puedan atentar contra su propia vida. Lo que no compartimos es el deseo de trasladarle al Estado esa responsabilidad que tenemos todos de discernir entre productos buenos y malos y de esa manera limitar nuestra libertad de decisión en el mercado. Los consumidores estamos en toda la capacidad de medir el nivel de riesgo en la compra de los productos y en caso de ser engañados por el fabricante tenemos el derecho de recurrir a las instancias judiciales pertinentes y hacer nuestro reclamo. Eso sí, estas instancias deben de trabajar en forma rápida y contundente.

Empieza a regir el TLC

En ASOJOD queremos anunciar con alegría una buena noticia: a partir de hoy empieza a regir el TLC con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Después de muchos años de trabajo duro, negociaciones, esfuerzos, dificultades y hasta procesos electorales que lo definieron, Costa Rica da un buen paso hacia la senda de la libertad comercial con este tratado. Estamos concientes de que falta mucho camino por recorrer y que el aumento de la libertad depende de la capacidad que tengamos cada uno de nosotros como ciudadanos para articular nuestras demandas y nuestros recursos de poder.

Ahora miles de consumidores y productores podrán verse beneficiados por más empleos, productos más baratos, competencia en servicios, mejores precios y más oportunidades para el desarrollo. Esperemos que lo que nuestro gobierno ha logrado con la mano no lo borre con el codo, máxime en esta época de crisis, donde pareciera que las puertas para las ideas estúpidas, irresponsables y populistas se empiezan a abrir.

¿En qué lo beneficia a usted el TLC?

No hace falta tener un doctorado en el MIT para darse cuenta que la campaña televisiva de los corazones del SÍ ha sido un completo ridículo y fracaso. Es una lástima que tanta plata se desperdiciara de tal manera cuando se pudo haber gastado en anuncios que destacaran los múltiples beneficios del TLC para todos los costarricenses.

Recuerdo que cuando estuve haciendo campaña la gente me preguntaba cómo los beneficiaba a ellos el tratado. Lamentablemente la publicidad mercantilista de Comex ha dado la impresión de que el TLC solo beneficia a los exportadores, por lo que la gente común y corriente no le ve mayor beneficio a su aprobación.

Sin embargo, con el TLC Costa Rica está eliminando los impuestos a la importación de miles de productos de consumo, lo que significa que los ticos podremos comprar estos bienes más baratos. ¿Ejemplos? Electrodomésticos, automóviles, aceites lubricantes y aditivos para automóviles, líquido para frenos, telas, ropa, calzado deportivo, algunos materiales de construcción, ciertos camiones, ciertas partes de automóviles, cámaras fotográficas, juguetes, videojuegos, bolas y otros implementos deportivos, aire acondicionados, entre muchos otros.

Pagar menos por muchas de estas cosas toca el bolsillo de cientos de miles de familias costarricenses. Un mensaje tan sencillo como este puede hacer la diferencia, si tan solo el mercantilismo no estuviera tan asentado en la mentalidad de las autoridades.

Por Juan Carlos Hidalgo

¡Los TLCs siguen dando frutos!

Después de vencer los requisitos sanitarios el colifror y brócoli tico han logrado entrar al mercado de Trinidad y Tobago. Costa Rica tiene también gestiones avanzadas para cumplir los requisitos sanitarios con Jamaica, Barbados, Guyana y Surinam, y vender brócoli, coliflor y otros productos fresco.

En ASOJDO esperamos que dichos requisitos se puedan vencer para que nuestros agricultores puedan disfrutar lo antes posible de las ventajas que trae la globalización y la apertura comercial. Definitivamente nuestro país debe de entrar en un serio proceso de reconversión ecónomica en donde dejemos de producir aquello que podemos comprar en otros países de forma más barata y dedicarnos a encontrar este tipo de nichos, para que así tanto productores como consumidores podamos disfrutar plenamente de la riqueza creada por el comercio internacional.