En una democracia representativa, para que los ciudadanos contribuyentes realmente se beneficien de los méritos del sistema, dos conceptos básicos deben ser atendidos: 1) que las necesidades de los individuos superan a las necesidades de las argollas organizadas; y 2) que solo respetando los derechos de los individuos, las mayorías y minorías encuentran legitimidad.
Los gobernantes son los responsables de crear las condiciones necesarias, si se quiere que dichos preceptos se respeten en toda la esfera socioeconómica de la nación; pero esto únicamente se logrará si los ciudadanos envían el mandato adecuado a los gobernantes electos. De lo contrario, siempre existirá el peligro de que los gobernantes de turno sucumban a las presiones de las argollas (grupos de presión), menospreciando las necesidades de los individuos dispersos y burlando, así, la libertad de elección del conjunto de la ciudadanía.
Desgraciadamente, este escenario de continua entrega del poder a políticos carentes de un mandato acorde con las necesidades individuales se ha dado por culpa de un desinterés generalizado de la clase política que no provee a la población del conocimiento apropiado, indispensable a la hora de crear un sentimiento de auto dependencia, capaz de generar el libre pensamiento. Y el ejercicio del libre pensamiento con conocimiento, base de la toma de decisiones ciudadanas, como en el caso de emitir un voto por ejemplo, es lo que garantiza la elección de agentes políticos que realmente se hallen dispuestos a respetar los preceptos básicos ya mencionados; es decir, un enfoque en pro de los derechos individuales, pero siempre conscientes del principio de una legítima representación y demás derechos por parte de las elites políticas.
El problema, claro está, es que la responsabilidad de diseminar este conocimiento liberador ha recaído, en los hechos, sobre una minoría burocrática que domina el sistema educativo, influyendo - consciente o inconscientemente - la conciencia individual y colectiva de los futuros electores y elegidos que comparten el sistema democrático. Tanto el magisterio, como los administradores del sistema, pretenden bajo un inadecuado esquema de grados y educación estandarizada que los jóvenes adquieran el conocimiento teórico y empírico, además de las habilidades y destrezas para analizar problemas complejos.
La rigidez del sistema y la falta de conocimiento de los educadores hace imposible el uso adecuado de los datos (ya se trate del método científico, ya se trate del método heurístico), inhibiendo la propia iniciativa de los educandos. Por otro lado, la falta de una enseñanza que incluya conocimientos básicos sobre el sistema de especialización e intercambio que regulan, a través de los mecanismos libres de mercado, las actividades e interconexiones entre los diferentes agentes económicos de una sociedad, hace que la educación deje de ser una herramienta de vida y se convierta en una simple recopilación de datos inútiles para la generación de riqueza tangible e intangible. Este hecho obliga a los ciudadanos a tomar decisiones de voto, siempre bajo un estado de inseguridad, desconocimiento y hasta de coacción.
Una veloz mirada a semejante cuadro nos indica la evidente urgencia de promover una reforma educativa global e integral en Costa Rica, una reforma que explore esquemas educativos innovadores y liberadores, además de sistemas de autogestión y descentralización administrativa, y que se convierta en verdadero punto de apoyo de un alto grado de libertad de elección por parte de quienes requieren del aprendizaje y del conocimiento tácito para crecer. Además, urge reformar nuestro sistema de gobierno, para que tanto las decisiones de interés colectivo, así como la internalización de las externalidades implícitas en las actividades económicas, se logren conciliar a nivel local y no diluir a nivel nacional.
Los gobernantes son los responsables de crear las condiciones necesarias, si se quiere que dichos preceptos se respeten en toda la esfera socioeconómica de la nación; pero esto únicamente se logrará si los ciudadanos envían el mandato adecuado a los gobernantes electos. De lo contrario, siempre existirá el peligro de que los gobernantes de turno sucumban a las presiones de las argollas (grupos de presión), menospreciando las necesidades de los individuos dispersos y burlando, así, la libertad de elección del conjunto de la ciudadanía.
Desgraciadamente, este escenario de continua entrega del poder a políticos carentes de un mandato acorde con las necesidades individuales se ha dado por culpa de un desinterés generalizado de la clase política que no provee a la población del conocimiento apropiado, indispensable a la hora de crear un sentimiento de auto dependencia, capaz de generar el libre pensamiento. Y el ejercicio del libre pensamiento con conocimiento, base de la toma de decisiones ciudadanas, como en el caso de emitir un voto por ejemplo, es lo que garantiza la elección de agentes políticos que realmente se hallen dispuestos a respetar los preceptos básicos ya mencionados; es decir, un enfoque en pro de los derechos individuales, pero siempre conscientes del principio de una legítima representación y demás derechos por parte de las elites políticas.
El problema, claro está, es que la responsabilidad de diseminar este conocimiento liberador ha recaído, en los hechos, sobre una minoría burocrática que domina el sistema educativo, influyendo - consciente o inconscientemente - la conciencia individual y colectiva de los futuros electores y elegidos que comparten el sistema democrático. Tanto el magisterio, como los administradores del sistema, pretenden bajo un inadecuado esquema de grados y educación estandarizada que los jóvenes adquieran el conocimiento teórico y empírico, además de las habilidades y destrezas para analizar problemas complejos.
La rigidez del sistema y la falta de conocimiento de los educadores hace imposible el uso adecuado de los datos (ya se trate del método científico, ya se trate del método heurístico), inhibiendo la propia iniciativa de los educandos. Por otro lado, la falta de una enseñanza que incluya conocimientos básicos sobre el sistema de especialización e intercambio que regulan, a través de los mecanismos libres de mercado, las actividades e interconexiones entre los diferentes agentes económicos de una sociedad, hace que la educación deje de ser una herramienta de vida y se convierta en una simple recopilación de datos inútiles para la generación de riqueza tangible e intangible. Este hecho obliga a los ciudadanos a tomar decisiones de voto, siempre bajo un estado de inseguridad, desconocimiento y hasta de coacción.
Una veloz mirada a semejante cuadro nos indica la evidente urgencia de promover una reforma educativa global e integral en Costa Rica, una reforma que explore esquemas educativos innovadores y liberadores, además de sistemas de autogestión y descentralización administrativa, y que se convierta en verdadero punto de apoyo de un alto grado de libertad de elección por parte de quienes requieren del aprendizaje y del conocimiento tácito para crecer. Además, urge reformar nuestro sistema de gobierno, para que tanto las decisiones de interés colectivo, así como la internalización de las externalidades implícitas en las actividades económicas, se logren conciliar a nivel local y no diluir a nivel nacional.
Andrés Pozuelo Arce
