Desde la tribuna: quien parte y reparte...

Quien parte y reparte …se deja la mejor parte. Así es el asunto. El Estado se ha desviado de sus funciones básicas y elementales y, de manera culposa e indolente, acomete diversas labores que no corresponden a su naturaleza y termina volviendo el rótulo para adentro.

La prensa ha hecho eco del  estudio de la Academia de Centro América denominado “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público”. El digital CRhoy destaca que “Unos 120 mil funcionarios públicos reciben beneficios de 54 regímenes de convenciones colectivas”, que el “El monto que reciben los empleados públicos por remuneraciones, representa un 25% del gasto público total” y que “El pago de los incentivos con poca fiscalización se ha convertido en uno de los principales gastos del sector público y mucho de eso está relacionado con que 120 mil funcionarios se cobijan bajo 54 regímenes de convenciones colectivas.”.  

Por su parte, el resumen que trae el propio estudio, expresa que “ Se examina la dinámica de los salarios y el empleo público en Costa Rica, ante una crítica situación fiscal en donde la masa salarial aparece como uno de los disparadores automáticos del gasto público. La situación es muy com- pleja debido a un sector público fragmentado, una autonomía institucional fuerte y la ausencia de un ente rector. El estudio inicia con la presentación de un marco conceptual de referencia sobre la importancia, costos y beneficios del empleo público y los regímenes de servicio civil. Se presentan seguida- mente algunos casos sobre las mejores prácticas internacionales que rigen la materia, y los principales desafíos que involucra la puesta en marcha de reformas en empleo público y salarios. El estudio continúa con un análisis de la situación en Costa Rica, destacando las principales características del sistema, el marco legal e institucional y algunas experiencias llevadas a cabo en el país para romper con los esquemas tradicionales. Se examina también algunas de las reformas que han sido planteadas en el transcurso de poco más de una década para atacar los problemas identificados, y se concluye con algunas reflexiones finales.”

Los autores del estudio son Miguel Loría y Carlos Umaña. Destaco algunas expresiones de las conclusiones:

1.    “ … Un sector público costoso, ineficiente y sin un adecuado sistema de rendición de cuentas impide un servicio de calidad para el ciudadano y perjudica la productividad del aparato pro- ductivo. Esta temática no fue abordada a profundidad en el presente estudio, toda vez que el énfasis se concentró los temas de salarios y remuneraciones. …” 

2.    “La masa salarial exhibe un crecimiento automático. Dicho crecimiento en un contexto de ingresos fiscales con lento crecimiento contribuye a ensanchar el desequilibrio en las finanzas públicas.  …” 
 

3.    “La ausencia de un organismo rector en materia de empleo y salarios públicos ha derivado en el surgimiento de una serie de incentivos en el Gobierno Central y en las entidades descentralizadas, que se han consolidado como derechos adquiridos, sin una vinculación directa con el trabajo realizado. Si bien el costo de la planilla descentralizada no incide en el déficit del Gobierno Central, tiene importantes implicaciones sobre el precio de los servicios públicos. además, salarios altos en el sector descentralizado son puntos de referencia para negociaciones en Gobierno Central.  …”
 

4.    “ … a lo largo de los años el sistema actual de empleo y salarios públicos ha generado una serie de distorsiones e ineficiencias en el manejo del recurso humano. Si bien existen diferencias en los salarios base según el puesto y la institución, la raíz del problema se focaliza en los pluses salariales, los cuales se generan en gran medida al amparo de convenciones de trabajo y que son consideradas como derechos adquiridos e irrevocables por los sindicatos.”
 

5.    “ … La problemática tratada no es nueva, ya que el país ha realizado varios intentos de reforma sobre el empleo público. Durante poco más de una década el diagnóstico es básicamente el mismo, sin que se hayan ejecutado las recomen- daciones indicadas.”
Entre las recomendaciones, podemos leer lo siguiente:  “El costo-beneficio de las reformas en el empleo público y la política salarial luce positivo en términos del bienestar social, por sus impactos en el déficit fiscal, la gobernabilidad y el desarrollo económico. Pero al mismo tiempo ello implica un gran desafío para las autoridades, en términos de los arreglos institucionales, políticos, económicos y sociales que serán necesarios para poner en marcha las reformas. El tema es altamente sensible, toca una gran cantidad de intereses y genera resistencias al cambio, como bien lo ha evidenciado la experiencia internacional, sobre todo cuando existen posiciones encontradas con respecto al efecto del empleo público y el costo de la planilla estatal en la sostenibilidad de las finanzas públicas."

Aparte de los valiosos elementos de juicio, conclusiones y recomendaciones del estudio reseñado, creo que es hora de reflexionar acerca de otras cuestiones relativas directamente al tipo de Estado y de burocracia que se han desarrollado por inercia y abulia en nuestra sociedad.  Gran cantidad de convenciones colectivas reparten gollerías y prerrogativas de tal modo que quedan de lado los subterfugios y justificaciones que han servido para crear instituciones y programas.

Sencillamente el sector público gana mejor que el privado, no tiene riesgo, no necesita eficiencia, no luce ninguna productividad y ahoga a la sociedad entera.

Entre los daños no solo aparece la irritante y desastrosa situación fiscal sino la libertad conculcada a todos y entregada a una burocracia que goza de limitar las posibilidades de los demás, juega de empresaria y entorpece el desarrollo social.

Esta burocracia se queda con todo, irrespeta los principios constitucionales y se reparte convenciones colectivas que no le corresponden.   ¿Necesitamos más pruebas?

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: el déficit se expande a ₡276 mil por cada habitante

Me imagino que a doña Patricia Leitón, periodista de La Nación, le debe pasar lo mismo que me sucede a mí: señalar que el gasto del gobierno central crece mucho más que la recaudación, se ha hecho algo tan rutinario en nuestro país, que ya debe aburrir a los lectores.  El último reportaje de ese periódico (27 de febrero) indica que el dispendio gubernamental de los últimos doce meses creció en un 11%, en tanto que sus ingresos lo hicieron en tan sólo un 4%.

Por este motivo, la periodista nos indica que el déficit de los últimos doce meses significó un monto de (voy a ver si puedo escribirlo) ₡1.300.000.000.000, que, según leo, son ₡1.3 millones de millones, y señala que “fue un 35% más alto respecto al mismo período del año anterior”. Eso equivale a decir que cada costarricense sufrirá un impacto de ₡275,823 que deberá sufragarlo con impuestos, mayor endeudamiento, pagando más caro los servicios públicos o con inflación.

Si no fuera por la desgracia que esos datos deficitarios implican para toda la ciudadanía, los emplearía en demostrar el jueguito político al que el gobierno se nos ha venido sometiendo en todo ese despilfarro. Por un lado, los mandatarios de turno nos hablan del enorme esfuerzo de contención del gasto que han realizado, pero, por el otro, esa aceleración del gasto no es más que el producto de un crecimiento desordenado de las remuneraciones (esto es, pagos de sueldos y salarios), transferencias e intereses que realizan esos mismos gobernantes.

Más interesante es lo que ha venido sucediendo en el trasfondo de algunas de esas partidas tan agregadas que se nos suelen brindar. Según lo indicó en el artículo de referencia un asesor del Ministerio de Hacienda, un factor importante que explica dicho aumento son las alzas salariales y el aumento en la planilla gubernamental.  Y eso que no incluye el último aumento semestral de un 0.43% en los salarios de los trabajadores del gobierno central, que, aunque ciertos líderes sindicales hayan alegado que es un “pobre aumento”. Lo cierto es que ese “pequeño” incremento trae asociado otra serie de aumentos salariales, los que, según una estimación, si se toman en cuenta las anualidades y otros beneficios derivados de aquel incremento, harían que aquel aumento de salarios en el sector público ascienda entre un 5 y un 9.17%, en vez del desabrido 0.43%. Por ello, el impacto sobre el gasto del gobierno central por tan sólo este rubro no es algo ínfimo, sino todo lo contrario; dará lugar a un fuerte impacto en las finanzas públicas.

También el asesor del Ministerio de Hacienda nos expone en su comentario que “en el 2013 hubo unos 3.270 empleados más en educación, unos 500 adicionales en seguridad y se trasladaron 400 plazas” de otro sector gubernamental al gasto del Gobierno Central.

Al ver tales datos, no nos queda más que cuestionar cómo es posible que un gobierno central, en tan precarias condiciones financieras, sea capaz de aumentar el empleo público.  Lo hacen aunque no tengan plata suficiente para pagar las nuevas plazas y todas sus derivaciones.  Estamos en presencia de una administración irresponsable, incapaz de ahorrar los dineros propiedad de todos los costarricenses. Y les auguro que muy pronto esos políticos nos van a azotar con nuevos y mayores impuestos para pagar esa burocracia creciente.  Todo ello a pesar de que las cifras de gasto gubernamental en remuneraciones no incorporan, afortunadamente, las peticiones al gobierno, de parte de dirigentes sindicales, para que haya un aumento mayor en los salarios de los empleados del gobierno central. Lo dijo el sindicalista Albino Vargas: "La preocupación de nosotros es la posibilidad que en el corto plazo haya una congelación salarial en el sector público. Si no se arregla el problema del déficit fiscal los empleados podrían sufrir dramas como el que actualmente se vive en la Unión Europea". 

La propuesta del sindicalista es la de “arreglar” el problema fiscal, que en verdad no es más que se den poner nuevos y mayores impuestos a todos los costarricenses, a fin de que se puedan financiar esas peticiones sindicales de mayores aumentos de salarios en el sector público.  Es decir, los sindicatos públicos desde ya están gastado el nuevo paquetazo tributario que, por dicha, apenas está en ciernes. Lo que Albino pretende es una transferencia, vía impuestos, de todos los costarricenses hacia los relativamente menos, afortunadamente, empleados del gobierno central.

En lo que sí le doy razón al sindicalista Vargas es en cuanto a señalar que  “los empleados podrían sufrir dramas como el que actualmente se vive en la Unión Europea”.  Eso no lo pongo en duda. Casi que me atrevo a apostar a que, de seguro, lo que señala se va a dar, porque mucho del problema económico de Europa se originó en un desmadre fiscal que cada vez más se parece al nuestro: a un exceso de gastos gubernamentales, principalmente por pagos a una burocracia enquistada en el sector público, los cuales eran muy superiores a lo que permitían las recaudaciones que percibía el gobierno.  Ojalá que don Albino no le toque que vivir en carne propia el “drama” que han tenido que sufrir aquellos trabajadores en Europa.  Sólo que allá, incluso sin dejar por fuera a los laborantes públicos griegos, han sido los propios trabajadores gubernamentales quienes se han tenido que ir adaptándose a las difíciles condiciones fiscales de sus países, a fin de lograr mantener el mayor número de empleos posible para esos trabajadores, aunque lo sea a cambio de salarios reales menores o estancados. 

Lo importante para los propios trabajadores estatales de nuestro país es que el gobierno sea ordenado en su política salarial, pues, precisamente por no serlo, es que los trabajadores estatales de Europa han tenido que pasar por los problemas ya conocidos.  El desorden fiscal no beneficia a nadie y menos a quienes por años han sido beneficiarios de políticas de gasto sin financiamiento, por parte de sus gobiernos.

La otra partida desbordada de gastos del gobierno central de nuestro país, es la transferencia provocada por los gastos electorales; la llamada deuda política que Hacienda pagó el año pasado.  Ya conocemos el estribillo que justifica esa bicoca de ₡25.000 millones: “que es el precio que los costarricenses debemos de pagar por la democracia”. Tal cosa podría ser aceptable, pero, en las condiciones de estrés fiscal en que se encuentra el país, tal vez los políticos deberían de haber hecho un esfuerzo mayor en cuanto a contener dicho gasto. Cuando uno se da cuenta de cómo, por ejemplo, ahora hay que financiar viajes de funcionarios electorales por todo el mundo, a fin de recoger el voto de unos costarricenses que habitan en otros países, es conveniente cuestionar si tal gasto era necesario. De hecho, un voto en el extranjero en promedio salió muchísimo más caro que el promedio de uno emitido en Costa Rica  ¿No hubiera sido mejor dejar ese gasto relativamente tan innecesario y costoso, para una oportunidad ulterior, cuando el país no esté financieramente casi en estado de quiebra? Eso fue para la primera vuelta; ahora vuelve el gasto con la segunda votación.

Dicen que al perro flaco se le pegan las pulgas. Como si para todos nosotros no hubiera sido suficiente con el expendio electoral de la llamada primera vuelta, ahora tendremos que financiar una segunda vuelta. La plata no sólo saldrá de privados que quieran financiar esa nueva jornada electoral, sino que el estado costarricense, por medio del Tribunal Supremo de Elecciones, también se verá envuelto en el financiamiento que requiere ese nuevo desembolso.

Si usted se ilusionó con que, pasada esta aventura electoral para elegir nuevo presidente, el país se ahorraría en gastos, al menos parcialmente, de un Tribunal Supremo de Elecciones que ya no tendrá mucho que hacer, pues, aterrice m’hijito, que ya se acercan las elecciones municipales en el país. Ahora no hay una única jornada de votaciones electorales, como se hacía en el pasado. Antes eso daba lugar a algún ahorro, al conjuntarse las elecciones para presidente con las de diputados y las de las municipalidades. Ahora son elecciones separadas (primero para presidente con las de diputados) y luego para los municipios, en una elección nueva y aparte. Todo este festín político tendrá que ser pagado por los costarricenses, pues, como todo lo que hace el estado, lo tendremos que financiar con nuestros recursos. Por ello, es muy posible que, para ese entonces, tal vez los políticos ya habrán aprobado un nuevo paquete de gravámenes que los ciudadanos tendremos que sufragar. Sufragar todos los pagos del sufragio electoral.

La verdad es que el gasto del gobierno central sigue en ascenso, como si el país estuviera en jauja.  Recientemente, tal vez porque les sobraba plata producto del impuesto a las sociedades, las autoridades del Ministerio de Seguridad decidieron comprar 50 carros de lujo para las jefaturas de ese Ministerio.  Sí, de lujo, porque un Toyota Prado Land Cruiser es un carro de lujo.  El monto que ese Ministerio gastó por dicho rubro asciende a ₡1.953 millones. Los vehículos se adquirieron a principios de diciembre del año recién pasado.  Tal vez aquí aplica claramente la frase de que “después de nosotros, el diluvio”. Seremos los ticos quienes tendremos que pagar por esos carritos “sencillos”, en lugar de haber adquirido, como en otras épocas, carros que efectivamente sirvieran para la seguridad de todos nosotros… y que fueran más baratos. El mal ejemplo cunde.

Por cosas como las señaladas es que los costarricenses seremos castigados con más impuestos.  Recuerden que, a pesar de que ya existe un hueco fiscal enorme, producto de todo ese mal comportamiento de gasto dispendioso, si por medio de más impuestos se le da más plata al gobierno, pronto nos inventará nuevos gastos, los usará para satisfacer apetencias hasta ahora insatisfechas, creará nuevas instituciones y programas de toda índole, pero recuerde siempre será usted, el que trabaja para pagar impuestos, quien a final de cuentas deberá hacerle frente a ese desmadre en el gasto del gobierno.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el alza en la bolsa de Nueva York

Hace pocos días, preocupada por el magro comportamiento del empleo en la economía estadounidense, el Banco de Reserva Federal de ese país (la FED), decidió aumentar notablemente la cantidad de dinero en circulación, mediante la adquisición de activos financieros en los mercados, lo cual implica que la tasa de interés de mercado no aumente y posiblemente descienda. Se supone que, al ingresar esa cantidad de dinero a la economía, se garantiza a las empresas que pedirían prestado para invertir, que no vaya a aumentar el costo de ese endeudamiento y que posiblemente hasta se reducirá ligeramente. Al realizar las empresas dichas inversiones, aumentará su demanda de trabajadores, contribuyendo, presuntamente, a que se reduzca la elevada tasa de desempleo vigente en la economía.

Para obtener una mejor perspectiva de la magnitud de dicha expansión monetaria, el monto designado por la FED para esta nueva emisión es de 40 mil millones de dólares por mes. Lo que llama la atención es que en esta ocasión dicho monto se adjudicará mes tras mes de forma ilimitada, hasta que la situación de desempleo no muestre un considerable progreso. Al tratarse entonces de una emisión monetaria sin límite en términos del plazo, podríamos estar en presencia de un tsunami monetario. La medida tomada por la FED no es sino la evidencia de que ha fracasado la política monetaria que hasta el momento esa entidad ha seguido, para sacar a los Estados Unidos de la recesión. Lamentablemente lo único que ahora se le ocurre a la FED es más  de lo mismo: echar más dinero a la calle.

El problema con esta última medida es que la FED ya la ha utilizado en el pasado reciente a fin de lograr esa meta de menor desempleo, pero ha fracasado, puesto que la mayor emisión de dinero no se ha traducido en nuevas inversiones, sino que se han posicionado dentro de las cuentas de los bancos, que han visto como el costo de ese dinero se ha reducido sustancialmente.

Una pregunta posible es ¿por qué los bancos comerciales, al tener esa mayor disponibilidad de recursos, no lo han prestado a empresas para que los inviertan? La razón que se ha aducido es que no hay demanda por los bienes y servicios que se producirían con esas nuevas inversiones. La propuesta que entonces se sugiere es que aumente el gasto gubernamental en la economía, para sustituir la insuficiencia de demanda privada.  Eso ya lo ha puesto en práctica la administración Obama en el pasado, lo cual en parte explica los enormes déficits y el elevado endeudamiento de ese país.  Dicho endeudamiento ya ha superado los 17 millones de millones de dólares (17 trillones en Estados Unidos), deuda fundamentalmente generada durante la actual administración Obama.

Por ello, ante la seria crisis fiscal, las posibilidades de aumentar el gasto, dado el enorme déficit y el monstruosamente alto nivel de endeudamiento del estado, parecen ser nulas, además de inefectivas, en cuanto a  resolver el problema, tal como ya ha llegado a comprobarse.

Pero, de nuevo, ¿por qué las empresas no demandan de los bancos comerciales los fondos tan baratos que allí existen para realizar sus inversiones? Antes de tratar de dar una respuesta a esta pregunta, trataré de responder otra: ¿por qué, si la situación de la economía estadounidense es tan mala, el tal vez principal indicador de la actividad de los negocios de ese país, el llamado índice Dow Jones (DJ), muestra un comportamiento claramente al alza? Es más, no tan sólo “claramente”, sino  pronunciadamente al alza, a partir de su punto más bajo en marzo del 2009.

Se ha dicho que el DJ de cierto momento refleja el comportamiento futuro esperado de la economía para los inversionistas. En otras palabras, lo que indica el índice DJ en un instante dado es lo que, en opinión de los inversionistas, es el comportamiento futuro de las empresas que forman parte de dicho índice. Se dice que el DJ “mira hacia adelante” (forward-looking, en inglés). Por ello, si bien el comportamiento de la economía en este momento no es nada halagüeño, un indicador alto del DJ podría reflejar que, en el futuro, el crecimiento de la economía será altamente positivo y por ello deciden invertir en la actualidad en esas empresas. De esta manera, no hay una inconsistencia entre la existencia de una mala situación económica y un futuro más brillante, pues el DJ estaría reflejando esa expectativa de ese mejor futuro. 

En mi opinión, eso es lo que sucede fundamentalmente en la actualidad con el DJ.  Por supuesto que hay otros factores que han estado incidiendo en los últimos tiempos en el comportamiento tan positivo del DJ, como pueden ser la propuesta de solución a la grave crisis actual de la mayor parte de las naciones europeas o bien la decisión de la FED antes citada, que abarata, al menos en el corto plazo, el costo de financiamiento en la economía. Sin embargo, en este último caso, es necesario advertir que esa excesiva expansión monetaria se reflejará a largo plazo en inconvenientes presiones inflacionarias.

Lo cierto es que en la actualidad las empresas no están invirtiendo, porque hay una enorme incertidumbre por lo que pueda pasar con los impuestos, a relativamente  corto plazo, en la economía estadounidense.  Al menos la administración Obama ha insistido en que, para disminuir su enorme déficit y su mayor deuda, aunque tal vez en verdad simplemente sea para financiar un nuevo mayor gasto estatal, acudiría a aumentar, en una eventual próxima administración de Obama, los impuestos a las empresas.  Ante ello, por el momento las empresas prefieran esperar y no endeudarse en nuevos proyectos, aun cuando el costo de dicho financiamiento se haya abaratado, dada la política monetaria expansiva de la FED. Las expectativas tributarias parecen ser diferentes con una administración del ex gobernador Romney, quien ha anunciado, como base de su política fiscal, una reducción de todas las tasas de imposición sobre la renta, independientemente del nivel de ingresos de los contribuyentes.

La incertidumbre tan grande, que hace que las empresas no se endeuden en la actualidad en proyectos de inversión, no disminuirá sino ante los resultados electorales del próximo mes de noviembre. En ese momento, de ganar Romney, los bancos quienes se encuentran actualmente exageradamente pertrechados con una enorme cantidad de recursos prestables a costos muy bajos, podrán prestar. Con ello, obtendrán jugosas ganancias ante una renovada demanda de fondos por parte de las empresas, quienes ya no enfrentarían la amenaza de la administración Obama de tener incrementos en sus impuestos. Por supuesto, que estas inversiones empresariales se convertirán en el generador de nuevos empleos altamente deseados en la economía.

Mi opinión, evidentemente, descansa en una serie de conjeturas, pues incluso las opiniones que he podido obtener al respecto muestran que existe una gama muy amplia de criterios.  Incluso alguien podría decir que una opinión similar a la mía podría ser expresada por Madame Gandara o Mynor Kayyam. Reconozco que bien podrían hacerlo, pero los que definirán los resultados serán los electores estadounidenses en noviembre de este año. Espero que no sea el espectáculo y la frivolidad expuesta por la administración Obama, de no asumir responsabilidad alguna por la mala conducción de la economía norteamericana durante estos últimos cuatro años, el que defina el voto de los ciudadanos: el costo de seguir cuatro años más con políticas económicas antitéticas al crecimiento de la economía estadounidense, es muy elevado, como lo atestiguan hechos recientes como la enorme deuda externa, el poco crecimiento del ingreso per cápita, el empeoramiento del porcentaje de pobres en esa nación y las notorias tasas de desempleo y sub-ocupación, sobre todo en los grupos de personas más desvalidas.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: comentarios fiscales

En días recientes, en ocasión de la presentación del presupuesto de la República para el próximo año, el Ministro de Hacienda Ayales hizo pronunciamientos importantes que merecen toda consideración. En primer lugar, se nota un esfuerzo por reducir el crecimiento del gasto público, al menos el del gobierno central. En segunda instancia, se deberá apoyar el esfuerzo gubernamental de poner algún grado de orden en las remuneraciones de los empleados públicos de la mayor parte del estado costarricense. Estas dos son razones poderosas para mantener algún grado de optimismo de que las cosas en el orden fiscal podrían ir por un camino mejor, a diferencia de lo que hasta ahora ha sucedido con este gobierno.  Pero, a riesgo de que no gusten opiniones que divergen de la oficial, tal como en cierto momento lo expresó el Ministro Ayales en el programa de doña Amelia Rueda, quiero hacer mi comentario, en el contexto más general de buscar efectivamente que se logre un ordenamiento de las finanzas públicas del país.

El paso dado del presupuesto enviado recientemente parece ser el apropiado.  Sin embargo, sigue siendo insuficiente para quitarnos de encima el fardo de un presupuesto deficitario en alto grado. Debe tenerse presente que la oposición política representada en la Asamblea Legislativa ha sido altamente magnánima en el ámbito financiero con este gobierno. No se si en privado, como a veces sucede, así se lo agradecieron los funcionarios del actual gobierno. Pero, si al menos lo hicieron en público, fue poquito lo que se habló de la enorme cantidad de recursos obtenidos, que dispondrá el gobierno proveniente del endeudamiento con el exterior, en que incurrirá el ciudadano costarricense por la voluntad legislativa. En sencillo, me atrevo a decir que el gobierno ya tiene, con ese endeudamiento externo, los recursos requeridos para salir del apuro financiero, que de no existir lo habría obligado a reducir significativamente el gasto público, a fin de poder emparejar las cuentas fiscales.

Lo expuesto significa que, con esa nueva circunstancia, han cambiado los incentivos para que el gobierno ponga sus finanzas en orden. Esto hace más meritorio el esfuerzo señalado del Ministro de Hacienda para reducir el crecimiento previo tan abultado del gasto estatal, al menos en aquella relativamente pequeña porción que del total significa el del gobierno central.

Un factor importante que juega en nuestra actualidad fiscal, y recordado constantemente por el Ministro Ayales, es lo sucedido en muchas de las economías europeas, a causa de un exceso de gasto gubernamental destinado a suplir cuantas cosas se les puede ocurrir a los grupos de presión. Estos esgrimen tener el derecho impostergable e indeclinable a cualquier ocurrencia, sin pensar en que son las personas quienes deben trabajar para conseguir lo que pueden desear obtener.  Alegan que se tiene un “derecho” sobre la más diversa gama de bienes y servicios y privilegios, que de alguna manera debe ser satisfecho mediante la acción pública; esto es, acudiendo al gasto público. Eso en mucho ha provocado los enormes déficits fiscales de ciertas naciones de Europa. Ahora, al tener que tomarse medidas para arreglar la grave situación, casi que el costo es la defunción de sus economías. Salarios gubernamentales desproporcionados y muy superiores a los que se pagan por labores similares en la actividad privada; regímenes de pensiones a burócratas totalmente desfinanciados, que ante el insuficiente aporte de sus beneficiarios, últimamente son cargados sobre los presupuestos públicos; pocas horas laborales y largas, muy largas, vacaciones para los empleados públicos, son otros ejemplos del abuso. Pero también el gasto público se utiliza en mantener monopolios estatales ineficientes o empresas poco competitivas internacionalmente.  Ni qué se diga de ciertos tratamientos especiales en el sector bancario de esas naciones, que ahora buscan que en el riesgo privado en que incurrieron y que muchos les dio en su momento, sea ahora cargado tributariamente sobre las espaldas de cada trabajador de sus países.

Los políticos de hoy se han podido dar cuenta del alto grado de culpa que en esa situación han tenido políticos anteriores. Políticos de todos los colores, pero, en verdad, principalmente de lo que conocemos como social-demócratas o socialistas europeos, quienes, proclives al gasto, ideológicamente se aferraron a aquella idea de un estado que protegiera a los individuos “desde la cuna hasta la tumba”, con lo cual les cercenaron la obligación que tenían de lograr su bienestar mediante su esfuerzo propio. Al caerse las finanzas públicas en esas naciones europeas, al haberse agotado el expediente de acudir a la deuda externa para obtener fondos, pues ya nadie les quiere prestar barato para que puedan seguir en la gastadera sin límite, tienen que poner en orden a su economía, lo cual, sin duda, que será algo doloroso. Sólo así podrán sobrevivir como naciones.

Si esa experiencia europea sirve de lección en nuestro medio, debemos aprender ya que la solución a nuestro problema fiscal no pasa por seguir acudiendo al endeudamiento externo, como hemos hecho recientemente, pues en un momento dado dejaremos de ser “sujetos de crédito” adecuados, además de que tendremos que pagar lo que se nos ha prestado. También hemos de aprender que la solución no va por aumentar los impuestos, principalmente a quienes son los mismos que siempre deben pagarlos. No entiendo cómo todavía se tienen dudas acerca de las razones de nuestro relativamente poco crecimiento interno (no de la inversión externa, afortunadamente exenta del pago de muchos impuestos), si aún persiste en el país una enorme incertidumbre entre los ciudadanos privados, quienes temen más impuestos, mayores alzas en las tasas de interés y posiblemente inflación a cierto plazo. Todo ello por el mal manejo fiscal de un gasto dispendioso. Lo cierto es que nuestro sector privado mira con perplejidad el futuro de la economía y teme realizar sus decisiones de ahorro e inversión, en tanto persista ese mal manejo de las finanzas del estado.

En particular, el esfuerzo del Ministro de Hacienda para poner cierto orden en las remuneraciones del sector público debe ser apoyado. Quienes en esa tarea le apoyamos, a pesar de ser casi conversos a un escepticismo pleno, sentimos que es necesario advertir que es, en ningún momento, la propuesta de reforma a las remuneraciones en el sector público se han de traducir en un mayor gasto gubernamental. Hemos visto como, en nombre de la reducción del gasto, se termina negociando uno mayor con los grupos sindicales del sector público, a fin de lograr que acepten alguna propuesta. Si se trata de reducir privilegios, que sea hacia abajo y hacia el promedio. Privilegio es privilegio, tanto en los altos como en los bajos. Si no se pueden eliminar, entonces reducirlos al mínimo posible. Lo esencial es evitar el maléfico camino fiscal europeo, de cuyos daños ya estamos enterados.

Jorge Corrales Quesada