La columna de Carlos Federico Smith: el gasto público de los últimos tiempos

Si logramos tener alguna idea del comportamiento del gasto gubernamental de los últimos años, eso nos permitirá entender por qué es muy posible que  fines de este año el déficit del gobierno llegue a algo más de un 6% del Producto Interno (PIB).

La información la suministra La Nación del 30 de abril, en su comentario titulado “Gobierno incrementó el gasto público en ₡1 billón: Ejecutivo consumió ₡400.000 millones más de lo que quiere recaudar con nuevos impuestos.”

Ya estamos acostumbrados a que un gobierno siempre le “eche los muertos” a quien le precedió, por el mal momento actual en su gasto público. Es una cadena casi sin fin: siempre el responsable será “el otro”, el de atrás, pero nunca dirá que el actual.  Posiblemente hay algo de razón en la queja, porque muchos gobiernos actúan con la idea de que “después de nosotros, el diluvio.” Esto es, “hagamos la torta ahora y que después la pague el gobierno que nos sigue.”

Si uno junta ambos argumentos -el de echarle la culpa siempre al gobierno anterior y el de ser dispendioso en el gasto y que el gobierno siguiente pague dicha pasión- nos damos cuenta de que la verdadera carne del sándwich terminamos siempre siéndolo nosotros, los ciudadanos.

La información periodística citada analiza primordialmente el comportamiento de los gastos de la segunda administración Arias Sánchez (2006-2009), así como los de la administración Chinchilla Miranda (2010-2013) y dos años de la actual, la de Solís Rivera (2014-2015).  Los datos que, a continuación, señalo son estimaciones a partir del Infográfico del comportamiento del gasto del gobierno central, presentado por el periódico en la edición arriba citada.

En el primer año de la segunda administración Arias, el gasto total del gobierno central ascendió a, aproximadamente, ₡3 millones de millones. Aumentó luego en un 5.4% y el gasto total llegó en el 2007 a, más o menos, ₡3,2 millones de millones. Para el tercer año de esa administración (2008), habría aumentado en un 7%, elevando el gasto total a alrededor de ₡3,4 millones de millones. En el último año de dicha administración, los gastos del gobierno crecieron en un 4.7%, lo cual llevó el gasto total a un estimado de ₡3,5 millones de millones en el 2009.

En cuanto a la administración Chinchilla, en su primer año aumentó aquel gasto del gobierno central en un 21%, lo cual lo elevó a un estimado de ₡4,3 millones de millones en el 2010. En el año siguiente, el gasto descendió en un 0.5%, lo cual redujo el total a un monto aproximado de ₡4,2 millones de millones.  Luego, en su tercer año de gobierno (2012), el gasto se incrementó en un 5%, llevando la cifra estimada a un total de ₡4,5 millones de millones.  Y, en su último año de gobierno, la partida aumentó en un 9%, con lo cual su administración concluyó con un estimado de ₡4,9 millones de millones.

En lo correspondiente a la administración Solís, en su primer año el gasto total se incrementó en un 8.4%, con lo cual el total se estima que ascendió a ₡5,3 millones de millones en el 2014, en tanto que en su segundo año (2015), el incremento fue de un 9.9%, llevando la cifra a un monto estimado de ₡5,8 millones de millones.

Si bien es cierto que, para cada gobierno que empieza, siempre ese primer año está determinado por el presupuesto que le dejó la administración previa, el objetivo aquí es señalar como fueron creciendo los gastos, hasta llevarnos a la difícil situación actual. Podemos claramente deducir que en las tres administraciones citadas, con excepción del 2011 (segundo año de la administración Chinchilla, si bien en el 2010 rigió el presupuesto heredado del último año de la segunda administración Arias), el gasto gubernamental siempre creció en términos nominales. (Casi todo el análisis del periódico lo hace en términos nominales, pero, en todo caso, siempre los cambios nominales fueron superiores a la inflación del período de referencia. Para el objetivo de este análisis no parece existir un problema serio si se hace en términos nominales en vez de reales) 

El comentario periodístico analiza el aumento de gasto del gobierno central de ₡940.000 millones que se dio en los primeros dos años de la administración Solís.  Está compuesto por ₡350.000 millones en transferencias corrientes; ₡296.000 millones en remuneraciones; ₡168.000 millones en el pago de intereses y ₡125.000 millones en gastos de capital.

Aquí hay varias cosas interesantes de resaltar.  Las llamadas transferencias corrientes incluyen el pago de pensiones, así como “salarios y pluses en entidades descentralizadas.” (Un ejemplo de dichas transferencias es la que el gobierno central le hace a las universidades estatales). Las remuneraciones comprenden tanto salarios como cargas y pluses de los empleados cubiertos por el presupuesto del gobierno central. La suma del aumento en estos dos años de la administración Solís por estas dos grandes partidas (remuneraciones y transferencias), que podríamos llamar gasto corriente exceptuando el pago de intereses, sería de  ₡646.000 millones, lo cual es 5,2 veces lo que el gobierno central aumentó en inversión en obras públicas y adquisición de activos, que sería de ₡125.000 millones.

En tanto que el gasto del gobierno actual durante los primeros dos años de su administración, aumentó en aproximadamente ₡940.000 millones (casi un billón de colones, según lo dice el medio), la recaudación de impuestos en ese mismo lapso fue de ₡643.000 millones.  Esto es, hubo un déficit o faltante de aproximadamente de ₡360.000 millones en esos dos años.

El gasto total durante la administración Solís aumentó en ₡415.000 millones en el 2014 y ₡523.000 millones en el 2015, pasando de ₡4,9 billones en el 2014 a ₡5,8 billones en el 2015.

Cabe hacer notar que, en tanto que el presidente Solís pretende aumentar los impuestos en este año para recaudar ₡600.000 millones, en los dos años de su administración el gasto creció en alrededor de ₡940.000, lo cual es una suma que excede en un 63.8% a los impuestos que espera recolectar con su propuesta tributaria.

Es interesante reseñar la opinión que al respecto suministró al periódico el viceministro de Hacienda, don José Francisco Pacheco, como explicación del porqué se dio ese aumento del gasto de ₡940.000 millones en la administración Solís. Indica que “el fenómeno  es culpa del crecimiento vegetativo que tienen las partidas y de la ‘herencia’ presupuestaria que recibieron del gobierno pasado.” De acuerdo con sus cálculos, “un 17% del incremento de ₡1 billón (en los gastos del 2015) corresponde al pago de intereses de la deuda, un 42% al presupuesto para la educación pública, y un 15% a la transferencia para pagar pensiones, gasto que en el 2015 fue de ₡430.000 millones, un 18% del total de las transferencias corrientes de ese presupuesto… Las pensiones tienen vida propia… De cada ₡100 que se pagan por pensiones, ₡90 se financian con endeudamiento y ₡10 con cotizaciones.” Asumo que esto último se refiere a las pensiones a cargo del presupuesto del gobierno central.

El punto es que las distintas administraciones -aquí analizadas- han aumentado fuertemente el gasto gubernamental.  Por ejemplo, la administración Arias no sólo inició un fuerte incremento por ajustes salariales, sino que puso en marcha dos programas, uno llamado Plan Escudo y el otro, Plan Nacional de Alimentos, para reducir los efectos de la crisis mundial iniciada a finales del 2008. El hecho es que “alimentaron” fuertemente el gasto del gobierno: casi en alrededor de ₡600.000 millones. Un problema grave de dicho aumento es que no tuvo un carácter “temporal”, en el sentido de que el estado creara empleo público para suplantar las pérdidas de empleo en el sector privado, durante la baja del ciclo económico citado. En esencia creó empleo permanente en el sector público, lo cual incuestionablemente tuvo serios efectos en el gasto de los gobiernos que le siguieron.

En los cuatro años de la administración Chinchilla, el gasto gubernamental creció aproximadamente en ₡1.200.000 millones, pues pasó del nivel del último año de la administración Arias de un estimado de ₡3,7 miles de millones a ₡4,9 miles de millones en el cierre del 2013.  No hay duda que, en mucho, heredó el problema de un gasto salarial “permanente” que había formulado la administración Arias, pero también tuvo su parte propia en tal incremento. 

Es factible argüir que la administración Solís también ha experimentado el “legado” o “herencia” de la naturaleza dispendiosa de parte de los dos gobiernos que le precedieron, pero han pasado dos años sin que se tomaran las medidas que condujeran a una reducción impostergable del gasto público, tanto en salarios como en pensiones, cosa que, al momento en que esto se escribe (mayo del 2016), aún no se hecho de manera significativa. Por ejemplo, aumentó en un 14% adicional las transferencias para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) -aumento del subsidio a las universidades estatales que ascendió a ₡51.000 millones en el 2015.

Eso es preocupante, en mi opinión, más que el déficit en sí de un 5.9% del PIB en el 2015 y que, de acuerdo con estimaciones del Banco Central, en el 2106 podría llegar a un 6.2% del PIB.  El gasto que realiza el gobierno central es una demanda que ejerce sobre los recursos que produce una economía.  De esa especie de “olla” (el PIB) sale la parte que el gobierno toma, dejándole menos para llenar las necesidades de inversión y consumo del sector privado de la economía.  Son recursos que extrae de la economía como un todo, dejándole cada vez menos a la economía no gubernamental; esto es, a la parte privada de la economía. 

Además, en tanto este gobierno argumente que necesita esos ₡600.000 millones en nuevos y mayores impuestos, casi que sabemos que la administración actual no va a dejar de gastarlos -ahorrarlos- sino que le servirán para financiar muchos proyectos que usualmente señala como carentes de recursos frescos, para poder llevarlos a cabo.  En otras palabras, los quiere para simplemente gastarlos.  Por eso uno no observa que esta administración tenga un verdadero interés de reducir significativamente el excesivo gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

Costa Risa... para llorar

Queríamos aprovechar para compartir con todos ustedes esta importante iniciativa. Como bien menciona este grupo, nuestro país se encuentra gobernado por verdaderos payasos, cuyas ¿soluciones? a los problemas nacionales no son más que puras ocurrencias. Detengamos todos juntos este PACquetazo de impuestos, que nos afectará a todos.

Pensar antes de hablar

El día de ayer se informó que en una votación de 5 a 2 los magistrados de la Sala Constitucional, decidieron rechazar los recursos de amparo que se habían interpuesto contra el proyecto Crucitas.

Lo que más nos sorprendió fue cómo explotaron los comentarios (a favor o en contra) de la decisión. Cosa que resulta interesante, ya que el voto ni siquiera ha sido redactado. Entonces, cabe preguntarse cómo es que la gente se pronuncia respecto a algo que no existe todavía.

Este es el problema de nuestro país, la doxa: la necesidad, o mejor dicho, la necedad de abrir la boca cuando nos de la gana sin ninguna responsabilidad. No importa si lo hacen para opinar a favor o en contra, lo que importa es la falta de responsabilidad para emitir criterios.

La pregunta que formuló en Twitter el periodista Iván Meza, de canal 7, resume a la perfección esta actitud: ¿es acertado el fallo de la Sala UV sobre crucitas? ¿Quiénes a favor, quiénes en contra? Así no más, sin ningún asco, como si se tratara de un partido de fútbol.

Por eso estamos como estamos...

El ICE: mal de nunca acabar

A pesar de haber llegado a un supuesto acuerdo en casa presidencial, el ICE sigue sin entregar las frecuencias de radio, impidiendo así la entrada de nuevos competidores al mercado de las telecomunicaciones. Es importante recordar que dichas bandas pertenecen al Estado y no a la institución, esta es la desnaturalización de la cosa pública que hemos visto a lo largo de los años, los ejemplos sobran.

Esta actitud merece un fuerte repudio, desgraciadamente no podemos decir que nos encontramos sorprendido. La fruta nunca cae muy lejos del árbol.

En Vela

Sepan los diputados del PLN de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa y quienes, hasta hoy, la han apoyado, dentro y fuera, que su ardid contra Miguel Gutiérrez Saxe para descalificarlo como Defensor de los Habitantes y para favorecer a su candidata, solo tiene dos nombres: corrupción y cinismo. Nada más.

No me refiero a la corrupción política como favorecimiento pecuniario, sino –lo que es igual y, quizá, peor– como desnaturalización de la función pública para favorecerse a sí mismo o a otros, prostituyendo un procedimiento de selección, o bien, variándolo anticipadamente en el caso del nombramiento del Defensor de los Habitantes. La carta de Miguel Gutiérrez, que hoy publica La Nación , verifica la excelencia moral e intelectual, y la valentía del autor, valores suyos reconocidos de sobra en la sociedad costarricense, en la política nacional, en el Estado, en la academia y en el exterior.

Esta carta lo contiene todo y debe llenar de vergüenza a los patrocinadores y estrategas de esta patraña. Leí la entrevista en este “concurso”, un modelo de entereza y de dominio de la materia. Sin embargo, un vivillo lo calificó con un 0 en la entrevista (posiblemenente se calificó a sí mismo). Otros dos le pusieron un 50 (insuficiente). El ensayo le mereció un 40... No se reconocieron sus galardones nacionales e internacionales, y los mismos calificadores rechazaron su conocimiento en materia de derechos humanos por cuanto si bien “había dado” lecciones dentro y fuera del país, “no las había recibido”(sic). Había que pararlo y, es obvio pensarlo, favorecer, a toda costa, a la candidata oficial. Un diputado del PLN ya había anunciado oficialmente el juego, según consta en actas: “Vamos a permitir el concurso, pero nuestros votos van a ser para la compañera diputada”… Es decir, una farsa. ¿Es decente llegar a un cargo público (magistratura moral) con estos antecedentes?

Comento los hechos, los dichos, de singular importancia en la vida nacional, por cuanto reflejan un estilo político y una conciencia moral que nos han causado daños irreparables. Me refiero a la instrumentalización de la función pública al margen del bien común y a una de las lacras peores en el arte del gobierno y de la política: la ausencia de crítica personal o institucional, honrada y objetiva, en la aceptación, aspiración, ofrecimiento o elección de cargos públicos; esto es, la función pública no como servicio, sino como negocio o simple prolongación del currículo personal. La corrupción comienza aquí. No hace falta poner ejemplos, pues los hemos sufrido en el pasado y acabamos de reeditarlos en el presente.

Todavía hay tiempo para despedirse con honra del parlamento.

Julio Rodríguez

Renuncia tardía

Así calificó el diputado Quirós la renuncia de la ministra de Obras Públicas y Transportes, presentada tres días después de que colapsó el puente que unía Orotina y Turrubares, cobrando varias vidas humanas.

Subraya el diputado que la ahora ex ministra tenía “una enorme cantidad de errores políticos”.

Es un hecho que alguien tiene que asumir la responsabilidad y, políticamente, esta toma la forma de renuncia. En un gobierno parlamentario quizás habría caído el gabinete entero. El asunto es sumamente serio y es una de las dimensiones que quienes incursionan en el ámbito político generalmente no meditan: asumir responsabilidades y obligaciones.

El MOPT es un ministerio inmenso, una administración crecida y desordenada. Hace algunos años se le hizo una auditoría cuyo costo se arrimaba a los mil millones de colones. Se le han hecho reformas administrativas para enfrentar un objeto administrativo enorme y asimétrico: Conavi, Consejo Nacional de Concesiones, impuesto sobre los combustibles para infraestructura vial, Concesión de obra pública y demás especias. Aún así, la cosa no avanza.

Más bien se ha hecho un gran enredo (empleados pasan a consultores para ganar más y en dólares y la administración “corriente” queda como vacía) pero el déficit administrativo aumenta. ¡No ha sido posible que la administración entregue un ejemplar válido del contrato con Riteve! No hay modo de entender lo que pasa con los aeropuertos. Se le ha dado un trato especial al concesionario de la obra San José-Caldera y más bien se suspendió arbitrariamente a la entidad supervisora. Se insistió en una reforma a la ley de tránsito pero apareció llena de errores y la ministra propuso suspender la ley mediante un decreto (siendo abogada). El caso de la platina resultó de antología. Por eso se califica de tardía la renuncia.

Muy lamentable y triste el suceso del puente Orotina-Turrubares, pero un ejemplo de cómo funcionan algunas administraciones públicas costarricenses. Por un lado toda la pompa, los motores y la fórmula uno, el palacio (leyes y publicidad) y los grandes contratos pero … por el otro, la abulia, la postración administrativa, la incapacidad de prevenir y arreglar, la falta de mantenimiento, la imposibilidad de cambiar un puente 7 años después de que ya están la piezas listas, el olvido de que se trata de vidas humanas. Toda la prepotencia en la frustrante e inconstitucional restricción vehicular y la ausencia de vigilancia y prevención en un humilde camino regional.

Los impuestos y el costo de la administración pública se pagan para que nos sirva, para que nos haga, para que nos permita; y no para que nos asuste, nos mande y nos reprima.

Federico Malavassi

Diputada viajera

La Nación informa que la Diputada ambientalista Maureen Ballesteros ha utilizado al menos en 28 ocasiones desde febrero del 2007 a octubre del 2010, las avionetas de la fuerza pública. Incluso en el supuesto en que dichos viajes fueran de trabajo, resulta injusto que los diputados oficialistas puedan disponer bienes del Poder Ejecutivo para llevar a cabo sus labores. No deben existir desigualdades de ese tipo entre diputados de gobierno y de oposición.

Ya la Contraloría también esta detrás de este caso, sólo queda esperar en que culmina esta y las otras investigaciones.

¡Intolerable!

La flamante diputa liberacionista Maureen Ballestero fue descubierta utilizando una avioneta de la fuerza pública, con fines electorales. Resulta que la vicepresidente del Congreso utilizó dichos bienes públicos con el objetivo de participar de una actividad electoral del PLN en la provincia de Guanacaste.

Esta situación es un verdadero abuso pues, de ninguna forma, los bienes y fondos de la Administración deben de estar al servicio de propósitos electorales. Esto resulta un verdadero acto de corrupción y demuestra la total y escandalosa desfachatez que tienen nuestros gobernantes. El Estado costarricense no es un botín político por más que muchos politiquerillos lo deseen.

Resulta que doña Maureen dice que sólo pasó a saludar a sus compañeros, pero que la avioneta en verdad la utilizó para ir a recoger un pasaporte que había olvidado. Aunque esto fuera cierto, ¿qué le hace pensar a la diputada Ballestero que los costarricenses deben pagar sus desafortunados olvidos para que ella pueda irse de viaje.? Algunos no tienen nada de vergüenza.

Un robo más

El día de hoy empieza a regir el nuevo impuesto a las casas de lujo. Como toda iniciativa populista y demagógica, este nuevo impuesto lleva un nombre pomposo: “Ley de impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda”. Quién podría decir que no a este proyecto con un fin tan noble como que sean ciertos ciudadanos los que financien las viviendas de otros.

El primer problema que tiene este proyecto es evidentemente la arbitrariedad, qué es una casa de lujo. El "lujo" no es una categoría objetiva, simplemente es una apreciación subjetiva y arbitraria que los padres de la patria establecieron. Segundo, el sistema costarricense se funda en la ilógica perversa de castigar la riqueza -nadie puede pensar que un impuesto es un premio- primero el impuesto PROGRESIVO a la renta y ahora un impuesto a determinadas viviendas, y aun así existen académicos trasnochados que dicen que en Costa Rica existe un sistema ¿neo? liberal, ¡que pena!

Por último resulta obsceno la cantidad de imposiciones por las que debe pasar un propietario de estas casas de "lujo", veamos: primero el propietario ya paga un impuesto de bienes inmuebles ante la municipalidad -impuesto que ya lo obliga a contribuir más conforme aumente el valor de su propiedad-, así mismo el propietario también paga tributos por concepto de impuesto de ventas a la hora de comprar todos los materiales que requiere para construir su hogar, por último el propietario también paga un impuesto progresivo a la renta (no olvidemos que es desde su renta que el mismo paga la construcción de su hogar). Una verdadera espiral impositiva es lo que existe en este país, con propuestas de este tipo no vamos a ninguna parte.

Conferencia: Impuesto a Casas de Lujo

En ASOJOD queríamos invitarlos al seminario que estará realizando la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Costa Rica, en el cual se discutirá el nuevo impuesto que se pretende de crear a las casa de "lujo. Evidentemente este es un tema que merece discusión y debate.

Lugar: Hotel CrownePlaza Corobicí, Salones Corcovado 1, 2 y 3.

Fecha: martes 6 de octubre del 2009.

Hora: de 11:00 a.m. a2:00 p.m.

Expositores:Dr. Adrian Torrealba Navas (Dr. en Derecho Financiero y Tributario) y Ing. Fernando Peñaranda Peralta (Ing. Civil especializado en Ingeniería Costos y Valoración de Bienes Inmuebles)

Costo: ¢55 000.00 Incluye: almuerzo y certificado de participación.

Inscripciones: 2253-9653 / 2283-7482

Política Económica del "NO"

Los encargados del manejo de la política económica de la presente administración han ejecutado, de manera impecable, la política económica del “No”.

Esta consiste en evitar activamente la discusión abierta y seria de propuestas de política económica distintas a las preferidas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda (MH), simplemente diciendo “No”, sin presentar argumentos válidos o justificaciones.

Ese tipo de comportamiento, por parte de las principales autoridades del BCCR y del MH resulta inaceptable. Los presidentes del BCCR y los ministros de Hacienda deberían sentirse obligados a rendir cuentas por sus acciones (en el BCCR) y omisiones (en el MH). También, deben estar en capacidad de explicar y justificar el porqué de las medidas.

Lamentablemente, en esas organizaciones la toma de decisiones de manera antojadiza—muchas veces sin fundamento técnico que las sustente—se convirtió en una práctica común y quienes deberían dar la cara ante el público prefieren esconderla.

Los serios errores cometidos en política monetaria, cambiaria, tasas de interés y en el manejo de las finanzas públicas han perjudicado la competitividad y el atractivo del país como destino para hacer negocios. Hacia futuro, las políticas vigentes representan un serio obstáculo para la reactivación económica requerida para que logremos salir de la crisis en Costa Rica.

La política económica del “No” es un fenómeno bien documentado, particularmente durante los últimos dos años.

“No” a la dolarización, a pesar de que el experimento con las bandas cambiarias ha sido un rotundo fracaso y la posibilidad real de que avanzar hacia la flotación es inexistente.

“NO” a la reducción de impuestos, a pesar de que ese tipo de política ha sido implementada exitosamente alrededor del mundo para estimular las actividades productivas, atraer inversión, dinamizar el consumo e incluso ha servido para mejorar los ingresos del gobierno.

“No” a la reducción del gasto público innecesario e ineficiente.

“No” a la eliminación de los encajes bancarios (impuesto a la intermediación financiera) y la reducción de las tasas de interés, una barrera para la inversión y generación de empleos.

“No” a la eliminación de aranceles de insumos, productos intermedios y bienes de capital, que encarecen los productos a los consumidores locales y restan competitividad a las empresas nacionales.

Evidencias…

Los resultados del Reporte Global de Competitividad 2009-2010, del World Economic Forum, ponen en evidencia la seria desventaja competitiva que representan para el país las políticas económicas actuales. De acuerdo con el reporte:

1. Posición 110 de 133 países en inflación.
2. Posición 114 de 133 países en margen de intermediación financiera.
3. Posición 102 de 133 países en tasa impositiva total.
4. Posición 91 de 133 países en prevalencia de barreras comerciales.
5. Posición 122 de 133 países en fortaleza de protección a los inversionistas-léase "reglas del juego claras”.

Las malas evaluaciones continúan.

El informe Doing Business 2010, del Banco Mundial, ubicó a Costa Rica en la posición 121 de 183 países en el ranking del índice de facilidad para hacer negocios. En el apartado de pago de impuestos nuestra posición es todavía peor, 154 de 183 países. Ante esa realidad, resulta imposible justificar que autoridades económicas del gobierno persistan, con arrogancia, en la aplicación de la política económica del “No”. Los costarricenses debemos exigir rendición de cuentas, transparencia y debate permanente acerca de lo que más conviene para el desarrollo económico futuro.

En otras palabras, adoptar una política económica del “Sí”.

Luis Loría

Gobierno nos dirige hacia una crisis fiscal

Voy a tomar prestado un tema que ha venido presentando de manera muy acertada mi colega bloguero de El Financiero, Allan Rodríguez, y es el de la preocupante acumulación de deuda y gasto deficitario que está generando el gobierno.

Casi la mitad del presupuesto de la República presentado el martes pasado por el ministerio de Hacienda se financia mediante deuda, es decir, el gobierno no generará los recursos a través de impuestos y tendrá que recurrir a pedir prestado. Cuando eso ocurre, suben las tasas de interés, puesto que el Estado acapara el crédito disponible, en detrimento del sector productivo que es el que genera riqueza.

El gobierno apela al cuento de que las finanzas públicas se han deteriorado debido a la caída en ingresos producto de la crisis económica mundial. Si bien efectivamente ha habido una disminución en la recaudación de impuestos, el grueso del boquete fiscal es el resultado de que el gobierno ha soltado irresponsablemente las llaves del gasto, el cual aumentó en un 22% en el último año (ver gráfico).

Y la borrachera del gasto y el endeudamiento continúa. El gobierno ahora está proponiendo financiar la banca de desarrollo con deuda. El nuevo presupuesto crea 5.632 puestos nuevos en el sector público, de los cuales casi la mitad serán puestos de maestros–cuando más bien la matricula escolar va a la baja–principalmente de artes plásticas, música y educación física. Cualquier malpensado diría que el gobierno está tratando de nutrir a un gremio (educadores) que siempre ha sido base del PLN de cara a las elecciones. También se planea aumentar el presupuesto de las universidades estatales en un 10% a pesar de que la economía nacional se va a contraer este año.

Todo este festín del gasto nos ha llevado a tal grado de apretazón presupuestaria que ahora el gobierno pretende apelar al endeudamiento para pagar los gastos corrientes del Estado. La ministra de Hacienda afirma irresponsablemente que esta es la única solución al faltante de recursos. El gobierno también pretende eliminar la cláusula que prohibe que el endeudamiento en dólares supere un 20% del total de la deuda pública. No puede haber una idea más peligrosa que aumentar el endeudamiento público en dólares, puesto que cualquier devaluación del colón incrementaría significativamente el peso de la deuda.

El gobierno nos lleva a toda velocidad hacia una crisis fiscal. ¿Quién lo detiene?

Juan Carlos Hidalgo

Condonación

De conformidad con la teoría de las obligaciones, la condonación es una forma de extinguir la obligación. Simplemente significa que el acreedor perdona la deuda (por eso también se usan las expresiones “perdón” o “remisión”.

Algunas veces se acostumbra aprobar autorizaciones legislativas para condonación de intereses sobre deudas con las Municipalidades. Las propias Municipalidades lo piden con el fin de que los morosos tengan un incentivo para acercarse a pagar y para no tener que lidiar con adeudos viejos. Es considerado de conveniencia para el ente municipal. Generalmente, luego de una condonación de este tipo, se da un aumento de los ingresos municipales.

Sin embargo, hay costumbre de aprobar otro tipo de condonaciones. La pretensión es que algunas personas no tengan que pagar los dineros y ayudas que han recibido. Paralelamente, también se trata de que puedan volver a recibir ayuda similar o se conviertan en sujetos de crédito.

Por supuesto que siempre hay un grupo de diputados dispuestos a aprobar todas las condonaciones. Muchas veces sin mayor examen, sobre todo si estamos a las puertas de una campaña electoral.

No digo que no deba haber condonaciones. Me parece que muchas personas, a través de la historia, han disfrutado de este instituto. El Derecho, no obstante, pone en tela de duda (prácticamente prohibición), la condonación que hace un acreedor quien, a su vez, es deudor de otras personas. Ello por cuanto no está disponiendo graciosamente de su patrimonio sino que está disponiendo de los derechos de terceros. O sea, está haciendo caridad con dinero ajeno.

¿Será igual en el caso de las condonaciones legislativas? O sea ¿hacer caridad con dinero ajeno? No puedo creer que la paz social dependa de estar regale y regale el dinero que no sobra a otros costarricenses. No creo que los valores sociales se fomenten de esta manera. No puedo estar tranquilo mientras la Asamblea tramita, con tanta irresponsabilidad, proyectos de condonaciones en los cuales aparecen deudas de centenas de millones y se hacen los que no sabían nada. Tampoco creo que ello haya sido por “caridad” o gratuitamente. ¡No me chupo el dedo!

En los casos grandes y pequeños de este asunto no puedo creer. Llaman pequeño agricultor a aquel cuyos ingresos anuales sean menos de veinticinco mil dólares. Dicho de otro modo, que puedan ser mayores al millón de colones mensual y por ello califiquen para no pagar sus deudas. ¿Cuántos salarios costarricenses están por debajo de eso y la gente tiene que pagar sus deudas?

Si se tratara únicamente de no llevar al cobro judicial o dar un moratoria, pero no es así. En el fondo se trata de volver a darles dinero. ¿Cuántas veces?

Federico Malavassi

En Vela

Al calor del Fideicomiso Agrícola (Fidagro) y luego de Reconversión Productiva, 40 diputados condonaron deudas por unos 8.000 millones de colones a un grupo de pequeños, medianos y grandes agricultores, sabedores unos de la regalía e ignorantes otros. De nada valió la oposición del Ministro de Agricultura, del Sistema de Banca para el Desarrollo y del Colegio de Ingenieros Agrónomos. El criterio técnico no cuenta.

He aquí un surtidor de enseñanzas. Primero, definitivamente, el problema de nuestros entuertos morales, legales y técnicos no es la Constitución Política. La evasión de la realidad se llama esquizofrenia. Segundo, los emprendedores sin los contralores son tan nefastos como los contralores sin los productores. No se hace chocolate sin cacao y sin la mirada vigilante del cocinero contralor. Tercero, La Nación reaccionó de inmediato y puso el grito en el cielo en la sección editorial y, como en muchas otras ocasiones, a lo largo de su historia, le rindió un beneficio al país. ¿Verdad que la prensa profesional e independiente funciona en una democracia? Por algo la odian y la temen.

Cuarto, la crisis actual es de pensamiento crítico, pues, al parecer, la razón es una facultad innecesaria. A ninguno de los 40 diputados se le ocurrió la pregunta elemental: ¿quiénes son los condonados o favorecidos? Algunos quizá creyeron que una condonación es una feria de condones, como esos que se reparten en Costa Rica a lo loco, sin ninguna explicación moral previa. Quinto, si el problema no fue mental, fue de corrupción (negligencia, irresponsabilidad, favoritismo, clientelismo, etc.).

Sexto, el problema no es de ahora. Es de muy vieja data. ¿Se acuerdan de los seguros de cosechas en aquellos tiempos en los que los críticos de ahora callaron? A la sombra de la ayuda a los agricultores, sin control, sin asesoramiento y sin sanción, se han botado océanos de dinero. No basta andar con sombrero, a lo Zelaya, para ser agricultor. Séptimo, nada más fácil, rentable políticamente y cómodo que repartir lo que no es de uno. En esto ha consistido en Costa Rica, en ciertos sectores, hacer política por décadas y décadas. Al calor de la banca nacionalizada, se amasaron fortunas.

Octavo, nada más productivo que explotar la envidia, el odio y los buenos sentimientos. El comunismo se montó sobre una galaxia política de igualdad social. Entre nosotros tenemos expertos en la materia envueltos en la bandera nacional. Noveno, ¿no ha sido el escándalo sindical de Japdeva mucho más costoso que las condonaciones de este cuento? Décimo, el cinismo es el coronamiento de la corrupción. SOS: comienza la campaña política.

Julio Rodríguez

¡Que inutilidad!

Parece que en las tierras de la Suiza centroamericana la incompetencia no tiene límites. Desgraciadamente el via crucis de la platina del Virilla continúa. A pesar de los constantes intentos de arreglo, el problema sigue sin solución. Esta vez la última versión fracasada duró el tiempo de record de siete horas. Es increíble que una platina ponga en jaque al MOPT y al CONAVI, ¡que pena!

¿Democracia?

El sindicata de trabajadores de JAPDEVA -SINTRAJAP- denegó la petición realizada por 709 trabajadores de la institución para que se realizará una votación secreta para definir el futuro del puerto.

Desgraciadamente esta noticia no sorprende a nadie -tal vez sólo a los ingenuos-. Resulta evidente que JAPDEVA ha sido tomada por una cúpula sindical parasitaria. No queda más que desearle la mejor de las suertes a estos valientes trabajadores que se han atrevido a desafiar al status quo sindical, que tanto daño le ha hecho a este país.

En Guardia

Voy a rebatir la parodia de Alf Giebler, publicada en La Nación el pasado jueves bajo el título “¡Qué rico el caos vial!” Mi respuesta es: Se abrió para darle rico.

Dice que el próximo paso de quienes adversamos la restricción vehicular sería “plantear otro recurso para eliminar señales de alto, semáforos y restricciones de velocidad.” No sé si peca de ingenuo o ignorante. Yo soy liberal, no estúpido. Sé muy bien que todo derecho nace con limitaciones (soy abogado), pero sé también que en la jerarquía de las normas la Constitución prima sobre los decretos ejecutivos y no es válido restringir libertades ni imponer sanciones por decreto. ¡Elemental, mi querido Giebler!

El Mopt restringió la circulación sin fundamento e impuso multas sin tener facultades para ello. Y, claro, la Sala IV lo frenó. Empero, dice Alf que los magistrados “se pasaron”. Alf. ¡Oh Alf! Yo le pregunto: ¿Se pasaron de listos, ignorantes, o insinúa que prevaricaron para defender intereses privados? Yo, en cambio, pienso que actuaron bien al juzgar la constitucionalidad del decreto. Permitir al Ejecutivo gobernar por decreto ignorando las garantías es muy peligroso. Solo cabe en regímenes totalitarios.

Luego dice que “no pensamos en el prójimo, la colaboración y disciplina vial”. De nuevo, se resbala. Sí pensamos en el prójimo, pero lo hacemos inteligentemente. Prójimos son los 4,5 millones que vivimos en Costa Rica y merecemos una solución más eficaz. Insistir en nuestra maldad “por pretender que el Gobierno debe resolver, sin ayuda nuestra, el problema” revela una pobre visión de Estado. Los problemas no se resuelvan por colaboración espontánea. Al Estado le corresponde construir puentes y carreteras. Para eso pagamos tasas e impuestos. Esa es nuestra colaboración. Y si no hay recursos suficientes para un plan vial, puede ajustar impuestos o contratar empréstitos y cumplir su deber. Eximirlo de responsabilidad y permitirle escapar ileso es inaceptable.

Finalmente, arguye que no me da la mente para contar placas y calcular los vehículos fuera de circulación. Bueno… Pero yo no me refería a un cálculo tan simplón. Estudios realizados en el exterior demuestran que las restricciones se evaden a largo plazo pues la gente se acomoda, circula por vías aledañas, o adquiere otro vehículo. La Defensoría demostró que en este corto tiempo las presas se habían desplazado a caminos y calles aledañas para evadir la restricción. Ahora volvieron al centro de la capital. Si se restaura la prohibición se haría nugatoria a largo plazo, el Gobierno continuaría evadiendo sus deberes, y habríamos sacrificado una libertad fundamental.

Jorge Guardia

¿Quién gobierna en CR?

Ya son $137 millones los que ha ofrecido el gobierno a los sindicatos de los puertos para poder concesionar el puerto. En qué mundo se requiere el visto bueno de los empleados para definir el rumbo que tomará una empresa. Más cuando hoy en día gracias a la pésima labor de estos trabajadores el país paga $40 millones anuales en multas por atrasos en la atención de barcos en el Caribe, o cuando según el Foro Económico Mundial, un buque en Limón se atiende en 38 horas, 16 horas más que en el resto del Caribe.

¡Que vergüenza! No sólo le restan competitividad al país sino que también desean ser indemnizados por su inutilidad. Es hora de que las instituciones públicas dejen de ser sistemáticamente saqueadas por los grupos de interés que se han apoderado de ellas. Esta situación tiene que acabarse.

¡Humillante!

Parece que este gobierno no se cansa de ridiculizar la política exterior del país. Resulta que ahora el gobierno del Premio Nobel de la Paz está realizando gestiones para que la cárcel del Caribe -mejor conocida como Cuba- ingrese a la OEA.

Sería bueno que nuestras autoridades hicieran un breve repaso de la Carta de la OEA, la cual expresamente dispone:

Artículo 2

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales:

b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;

Artículo 3

Los Estados americanos reafirman los siguientes principios

d) La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa.

Artículo 45

Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos:

a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica;

¿Qué otra sorpresa nos tendrán preparada en la Cancillería?

¿Dónde está mi subsidio?

El día de hoy La Nación informa que: "El Gobierno subsidiará este año el seguro para cubrir unas 60.000 hectáreas de cultivos vulnerables a las inclemencias del tiempo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) transfirió a finales de abril ¢1.000 millones al Instituto Nacional de Seguros (INS) para cubrir parte de los costos del seguro de cosechas para este año."

Desgraciadamente siguen existiendo grupos privilegiados que se dedican a vivir a expensas de los demás. Es el viejo esquema de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas. Pseudo-empresarios que no quieren asumir riesgos. Llevaba mucha razón Bastiat cuando en el siglo XIX argumentó, que: "el estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a cuestas de todos los demás".