La columna de Carlos Federico Smith: el mismo afán de silenciarnos

Una de las virtudes de lograr cierta edad es que cuando se ve una situación que a muchos les puede parecer como un hecho novedoso, en realidad ya se ha vivido algo parecido. Me refiero al intento de silenciar a la ciudadanía en cuanto a la aprobación rápida del paquete tributario, que está en ciernes en la Asamblea Legislativa. Porque con toda franqueza, esa pretensión de la mayoría de los diputados, como producto de lo que se conoce del PACto Solís-Chinchilla, para aplicar la vía rápida a la discusión legislativa en torno al paquetazo de impuestos, es para impedir que surja una discusión amplia de los alcances de las nuevas leyes tributarias. Y es evidente que la ciudadanía que tendrá que pagar esos arrebatos, tiene un interés supremo en ver qué significado tiene la aprobación de mayores gravámenes, que implica un traslado forzoso y sustancial de sus dineros bien ganados, como producto del trabajo, esfuerzo y riesgo de las personas, hacia el Estado.

Leyendo en estos días me encontré un artículo que escribí el 19 de abril de 1987 en La Nación, el cual se refiere a un intento parecido, con sólo algunas variantes con lo que pasa en la actualidad, de aplicar una mordaza legal a la voz de los ciudadanos, acerca de la aprobación de nuevos y mayores impuestos por parte de la Asamblea Legislativa. En esencia dicho comentario esgrime los mismos argumentos que esgrimiría hoy en día, para ejercer mi protesta ciudadana en contra del abuso del Estado, que pretende exigirme un silencio sumiso ante su potestad de imponerme tributos, tratando de que ni siquiera diga algo en contra, sino que simplemente acepte que, al ceder mi soberanía a un parlamento, significó que esa cesión sería permanente, universal, irreversible e inobjetable en todo momento. Por el contrario, los hechos me permiten recordar hoy que la soberanía reside en el pueblo y que tratar de limitarla al aprobar legislación odiosa, es ir en contra del principio básico de residencia última de la soberanía popular. Alguien debería recordar, en momentos en que convenencieramente algunos lo han dejado de lado, que de eso se trata la acción ciudadana.

El artículo en mención se titula “Pega, pero escucha”, el cual reproduzco a continuación:

“Un hecho reciente acaecido en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, debe ser objeto de atención por parte de las personas celosas de la función de un parlamento en una democracia.

Por un deseo expreso de la mayoría dominante del partido oficial en dicha comisión, en cierto momento se decidió que los ciudadanos no podríamos presentar nuestra opinión verbal ante dicho comité, acerca de las intenciones del Gobierno de imponer más gravámenes a los costarricenses, incorporados en el llamado paquete tributario. Alegaron que si así lo deseaban hacer los grupos interesados, podrían presentar a la comisión de la Asamblea sus opiniones por escrito, a fin de evitar un presunto boicot al paso acelerado con que se deseaba aprobar dicho proyecto de ley de impuestos.

Casualmente, en los mismos días en que algunos diputados pretendían limitar la función de dar audiencia a la ciudadanía en la Asamblea y particularmente en la comisión, personas conocedoras y sapientes de estos asuntos, en un seminario patrocinado por ese mismo cuerpo político, enfatizaban la importancia que tiene el parlamento en una democracia y específicamente la cercanía que ella debe tener con el pueblo que elige a sus representantes ante una Asamblea Legislativa.

Este paradójico acontecimiento no puede ser explicado sino por el aprisionamiento en una especie de creencia de “pa’ eso tenemos la mayoría” que prima en la mente de algunos de nuestros legisladores, a quienes más bien se hace muy convenientes recordarles el ligamen histórico que existe entre la representación en una Asamblea y la capacidad que tiene de poner impuestos (aquella “no taxation without representation” que dio vida a la revolución americana) por una parte, en tanto que, por la otra, que esos legisladores fueron electos sus representantes por los ciudadanos ante el Congreso, de quienes por lo menos se espera que les escuchen en sus quejas y pareceres sobre los temas que se tratan en la Asamblea.

El reciente seminario promovido por el parlamento tiene una enseñanza para los costarricenses y en especial para ciertos diputados hiper-sensitivos, la cual se relaciona con lo expresado en los párrafos anteriores. Independientemente de los intereses personales que puedan tener los expositores y de que puedan estar o no en lo correcto, muchos de los oradores expresaron fuertes críticas a nuestro actual sistema legislativo.

En algunas oportunidades, cuando se han expresado reparos al Congreso, ciertos diputados se han referido a ellos como intentos de desestabilizar al parlamento o como pretensiones de rebajarlo en su magna función. Con estos arrebatos diputadiles se ha intentado descalificar las quejas de personas acerca del funcionamiento de nuestra Asamblea, de manera que la lección que menciono espero sea bien aprendida por los diputados de piel fina, quienes deben ser bien conscientes de la obligación que tienen de escuchar al pueblo que los eligió, para que así éste les pueda transmitir cómodamente sus opiniones acerca de todo lo que sucede en un parlamento, lo cual se supone irá en beneficio de los gobernados.

Para bien popular, la minoría en la Asamblea Legislativa hizo meditar a la mayoría para que ella se retractara de una intención de impedir que el pueblo, la ciudadanía, las personas, expresaran su criterio y su satisfacción acerca del proyecto de mayores impuestos, que el Poder Ejecutivo ha enviado para que parlamento lo decida aprobar o rechazar. Este es un buen paso en un largo camino, en el cual debe tenerse siempre presente el origen y función de un parlamento en una democracia.

Si se quiere que los costarricenses respetemos a nuestra Asamblea Legislativa o que, según lo consideran algunos, se restaure tal reverencia, lo primero que precisamente debe hacer ese parlamento es mostrar diáfanamente a los ciudadanos que a ellos se les escucha, y con el debido respeto, en todo lo que tenga que ver con el gobierno del pueblo. Así entendemos la cesión de nuestra soberanía para nuestro propio bien.”

En aquella oportunidad de alguna manera se respetó la relación indisoluble que hay entre Asamblea y ciudadanía, aunque luego se aprobara el paquetazo de turno. De paso, observen que en esa época, al igual que ahora, el argumento para la aprobación de mayores impuestos fue la necesidad de eliminar el déficit gubernamental. Lo cierto es que pocos años después, con todo y los nuevos tributos que le ingresaron, de nuevo el Estado exhibió un déficit de similares proporciones. Esto es, la plata que entró, salió disparada en gasto… igual que va a suceder ahora.

¿Cuál es el apuro que tienen ahora ciertos diputados para no escuchar ampliamente las razones que, por medio de algunos otros diputados, la ciudadanía puede tener para sugerir que varíen sus propuestas tributarias? ¿Será que, como a la gente no le parecen estos nuevos y mayores gravámenes, entre menos se discuta y más rápidamente se aprueben, la prepotencia legislativa intentará de que lo sucedido pase al olvido? ¿Por qué si tanto creen en la acción ciudadana, en el derecho soberano de las personas a que se discuta ampliamente el tributo mayor que se le quiere imponer, no someten el caso al referendo de la ciudadanía? Ahí diré mi palabra si más impuestos son convenientes o no en la forma en que se plantean. También usted dirá su palabra acerca de esto. Tal vez aquí está la esencia del terror que tiene el llamado “legislador”: que el pueblo le obligue a hacer lo que él desea y no lo que el diputado pretende. Es de esperar que civilizadamente, sin imposición violenta, se logre el camino tributario que de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos se debe de seguir.

Jorge Corrales Quesada

La dolencia crónica del PAC

Como segunda fuerza política del país, el Partido Acción Ciudadana (PAC) debería analizar con frío realismo y meticulosa autocrítica lo que implican dos recientes resoluciones de la Sala Constitucional. Porque ambas representan serios retos para la agrupación, tanto en su capacidad de incidencia presente como en sus aspiraciones de gobierno futuro.

En ambos casos la Sala no actuó de oficio, sino como respuesta a consultas promovidas, principalmente, por los diputados del PAC. Si estos lo hicieron, fue porque creían que tenían razón, podían ganar y, al hacerlo, impulsar las estrategias del partido. Al perder, el golpe es real, y su impacto, indudable.

Ciertamente, como dijo Ottón Solís en un reciente artículo, que la Sala IV califique de constitucional el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, no implica, necesariamente, que sea favorable para el país. Porque sus defectos, por ejemplo podrían ser de orden político, económico o social.

Claro desmentido. Sin embargo, es un hecho que esa resolución destruyó el principal argumento que el PAC y otras agrupaciones enarbolaban contra el tratado: que violentaba nuestro ordenamiento jurídico y la naturaleza del Estado.

También es un hecho que, sin esa base, se derrumba el castillo de naipes de otros falsos males atribuidos al TLC, como violar la soberanía, conspirar contra el ambiente, perjudicar la salud o afectar nuestra territorialidad, puntas de lanza del PAC y otros sectores adversos al tratado.

Porque si esos y muchos otros principios, presuntamente en riesgo, están garantizados por nuestra Constitución, y si los magistrados dijeron que el Tratado no la contradice, quiere decir que el TLC tampoco los afecta.

Pero la Sala IV fue más allá en su voto de mayoría 2007-09469 y, explícitamente, dijo que el texto del convenio no perjudica los derechos a la salud, al acceso a las telecomunicaciones, a la protección del ambiente, al agua, los recursos naturales y las garantías laborales. Además, aclaró que tampoco permite expresamente el comercio de armas prohibidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Pretender, entonces, que el fallo no constituye un serio golpe contra la esencia argumental del “no” y contra el PAC es, para decir lo menos, una ingenuidad, que revela una preocupante incapacidad de reflexión.

Honda repercusión. Esa resolución, del martes 3 de julio, es la que ha tenido un impacto público más inmediato, porque el TLC se ha convertido en un inevitable talismán de nuestra vida pública, y acapara un exceso de miradas. Pero la otra decisión, anunciada al día siguiente, puede tener implicaciones más permanentes para el PAC como principal fuerza de oposición.

Al avalar el uso de la llamada “vía rápida” para agilizar la votación de proyectos legislativos, incluidos los tratados internacionales, la Sala Constitucional desarmó una de las principales estrategias legislativas que, hasta ahora, había venido aplicando el PAC (como los Libertarios en el anterior cuatrienio), aunque lo haya negado públicamente: obstaculizar el trámite de proyectos clave que adversa y, así, evitar las votaciones legislativas.

El pasado jueves, por 38 votos, la Asamblea reformó su Reglamento para introducir esa figura, con lo cual se allanó el último obstáculo para que entre en vigencia.

A partir de estos dos reveses, lo más lógico y conveniente sería que el PAC repensara seriamente sus estrategias y decidiera, de una vez por todas, hacer una oposición verdaderamente responsable, que implica, sobre todo, hacer de la negociación política un ejercicio de seriedad, no un teatro de consignas.

Sin señales. Hasta ahora, sin embargo, no ha dado ninguna señal en este sentido. Al contrario, ha insistido en que se suspenda hasta el referendo la votación de cualquier proyecto que el partido considere relacionado con el TLC; de lo contrario, ha amenazado con mayor entorpecimiento legislativo.

Además, su función de control político cada vez se centra menos en el cuestionamiento consciente, serio y bien fundamentado del actuar gubernamental, y cada vez se reduce más al intento de desacreditar, con ligereza y escasa base, a funcionarios e instituciones.

La sospecha y la suspicacia, a veces en grado tan artificial que luce patológico, han recrudecido como recurso político preferido. Basta con leer los títulos de los incesantes boletines que divulga la fracción legislativa del PAC, para documentar esta destructiva tendencia.

La “operación embarre” contra el canciller Bruno Stagno, de la que ha sido protagonista el diputado Alberto Salom, es uno de los más lamentables ejemplos. No solo carece de real fundamento y tiene matices de vendeta por parte del legislador; más grave aún, al sustentarse en buena medida en insinuaciones y acusaciones lanzadas por el Gobierno de Taiwán con motivo del establecimiento de relaciones con China, Salom ha actuado objetivamente como si fuera (aunque, obviamente, no lo es) un instrumento de Taipéi. Curiosa prioridad para un legislador que, por su talento, podría ocupar mejor su tiempo e imagen.

Y, como colofón a este andar errático y riesgoso, el PAC no se ha distanciado suficientemente de quienes, desde el “no” contra el TLC, pretenden desconocer nuestra institucionalidad democrática.

Pareciera que su enfermedad es tan crónica que ni siquiera ha reparado en ella.

Gran responsabilidad. Si el PAC fuera un grupo menor, de carácter testimonial, no tendría mayor relevancia que todo lo anterior ocurra. Sin embargo, es el segundo partido nacional; durante dos elecciones consecutivas ha logrado ser punto de confluencia de importantes sectores del país, y se ha convertido en el referente democrático de la población desafecta, algo fundamental para nuestra estabilidad.

Cuando a todo lo anterior sumamos que, a excepción de Liberación Nacional, los demás partidos parecen estancados o en retroceso, se podrá aquilatar claramente la gran oportunidad, pero también responsabilidad, del PAC.

En este momento, es la única alternativa electoral frente al PLN; por ende, puede acariciar la idea de llegar alguna vez al poder. Sin embargo, su conducta revela una aguda insuficiencia en su capacidad propositiva, una falta de verdadero sentido de dirección, una intransigencia paralizante y una ausencia de marco conceptual que, eventualmente, oriente las decisiones de sus heterogéneos componentes.

Todo esto lo ha empujado, peligrosamente, a ser un partido de “contra”, volcado hacia las poses y actitudes, sin verdadero perfil para gobernar, y con una capacidad de triunfo directamente proporcional a la frustración del electorado con otras fuerzas políticas, no a su convicción sobre lo que propone el PAC.

¿Cambiará de actitud y de rumbo con el remezón de las dos resoluciones de la Sala IV? Que hasta ahora no haya dado ninguna muestra en ese sentido, no implica que sea incapaz de hacerlo oportunamente. Sin embargo, cada vez el tiempo es menor. Quizá el referendo (no importa cuál sea su resultado) sirva también como el punto de quiebre para un replanteamiento más profundo de la agrupación.

Eduardo Ulibarri, tomado del periódico La Nación