Desde la tribuna: la justicia pierde una batalla

La sentencia de sobreseimiento, en favor de un señor exministro Rodrigo Arias, implicado en el manejo de fondos donados al Estado costarricense por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), corresponde a una batalla que ha perdido la justicia. Si no lo hubiese detenido una apelación, el tribunal, integrado por una sola persona,   hubiera cerrado el caso, con setenta candados, para que nunca pueda reabrirse, aunque estén pendientes acciones para conseguir  documentos que el BCIE se niega a entregar y mantiene en las tinieblas, fuera del alcance de la justicia.  

Algunos piensan que conviene esperar a que se logren extraer los documentos faltantes, entre ellos el señor Procurador de la Etica. Cerrar el caso, en estas circunstancias,  conviene al señor exministro y hoy precandidato, pero nunca a la justicia: pues ganó, donde ésta perdió. Es imposible obtener más claridad acerca de la gravedad y profundidad, del problema político que vive Costa Rica.

La fiscalía arrancó mal el caso, en medio de una maraña  de llamadas telefónicas y desconvocatorias a citaciones y, finalmente, pidió al tribunal desestimar la causa, mientras  las pruebas  esperadas, desde los archivos del BCIE, lograban conseguirse. El tribunal decidió que valía más la tranquilidad del exministro imputado, que esperar algo del BCIE.  A lo mejor, el tribunal es capaz de recordar el futuro. Así, oliéndose la tostada y apartando  la vara de la justicia, la sentencia anuncia y reitera un buen futuro para el abuso. Consecuente con su desganado impulso al caso, el señor fiscal general ha manifestado que no hay ningún interés en apelar la resolución judicial, olfateando, seguramente, lo mismo que el tribunal.  Como dice el refrán,  oliva y olivo y aceituno, todo es uno.

Esta sentencia es aún más intrigante, porque sanciona a quienes se les impidió obtener pruebas, en vez de, a quienes lo  impidieron   Aún en su desgano, la fiscalía solicitó tiempo para buscar pruebas que podrían estar en documentación retenida por el BCIE pero, el tribunal, no se inmutó. La Procuraduría de la Etica, estimó que, la fiscalía ni siquiera debió suspender el proceso, sino insistir y  profundizar su actividad para obtener esa documentación y proveer el proceso de prueba necesaria pero, el tribunal, no se inmutó. Aún la Sala Constitucional no resuelve una acción de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional la loza sepulcral bajo la que esconde, el BCIE, la documentación completa relacionada con estos fondos, pero el tribunal, tampoco se inmutó.  Al final, el juzgado, en una batalla perdida por la justicia, propone cerrar por siempre el caso;  hacer inútil cualquier insistencia ante el BCIE;  desarticular la acción de inconstitucionalidad presentada para evitar el uso del BCIE como un escondite y, finalmente, sanciona a quienes insistieron en denunciar e investigar. 

Y bien, la sentencia es un hecho. Pero, no se puede concluir, de lo que es…lo que debe ser.  Por más publicidad  y arrogancia que se despliegue en torno al hecho, nunca podrá deducirse que así debió ser o que así debe ser. La justicia no puede perder la guerra, en una batalla. 

Mario Quirós Lara

Carta pública a Roberto Gallardo

El día de hoy, hemos visto con pesar y asombro un artículo del Ministro de Planificación, Roberto Gallardo, titulado "Mejor un debate informado", el cual nos parece un aberrante compendio de inconsistencias y cinismo.

Dice don Roberto que "don Jorge y sus compañeros libertarios se han opuesto fervorosamente al aumento de la carga tributaria, no es posible pagar mejores salarios en la administración pública". Primer horror: Gallardo pretende ahora trasladar la responsabilidad de los problemas financieros de la Administración Pública a quienes se oponen a más impuestos y no quiere ver (por ignorancia o mala fe) que la verdadera razón de ser de estos problemas radica en el mal manejo y la peor aún ejecución de fondos del sector público costarricense. De hecho, resulta curioso que don Roberto soslaye la información publicada hace poco tiempo donde se consigna que dicho sector cerró el primer cuatrimestre del 2008 con un superávit de ¢131.000 millones. Le preguntamos don Roberto: ¿para qué aprobar más impuestos si hay tanto dinero sobrando? Conociendo los constantes problemas de ejecución presupuestaria del sector público, ¿para qué quiere dotarlos de más fondos? El recurso de buscar chivos expiatorios para tratar de salvar el pellejo, nos parece, no sólo un recurso de política partidaria tradicional (¿dónde queda el cambio del UPC don Roberto?) sino una de las formas más bajas de evadir la responsabilidad y seriedad en la gestión política, nociones tan difundidas por los profesores de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué pasó don Roberto? ¿Dónde quedaron aquellos tiempos?

Gallardo también argumenta que "cuando se quiera contar sobre todo con la experiencia y el conocimiento especializado, se deba acudir a consultores. Es lo mismo que hacen las empresas o instituciones que contratan a don Jorge como consultor, sin que haya nada ilegal o inmoral en ello". Segundo error: no confunda lo público con lo privado don Roberto: las empresas de las que ud habla, si son privadas, pueden contratar a cualquier consultor y pagarle lo que las partes acuerden sin que haya, como ud bien dice, nada ilegal ni inmoral. Pero le recordamos que lo mismo no aplica para el sector público: si en la empresa privada el dinero es de los accionistas, en el sector público el dinero pertenece a los pax tayers, en una dimensión temporal inmediata -cuando se trata de dinero proveniente de impuestos- o en una dimensión temporal de largo plazo -cuando se trata de préstamos, empréstitos, etc. que solicita el sector público, pero que deberán pagar los contribuyentes-.

En ese sentido, si el Gobierno quiere contar con la experiencia y el conocimiento especializado, eso está muy bien. Pero si lo quiere hacer por medio del pago de consultorías, debe hacerlo apegado no sólo a la legalidad formal, sino a los principios de racionalidad y proporcionalidad. Más especificamente, sabemos que cada gasto que haga el sector público debe ser fiscalizado y debe existir una rendición de cuentas. Por eso, le preguntamos don Roberto: ¿cuáles son los informes de rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos? ¿Dónde están las justificaciones de cada uno de los gastos, los motivos y fines que dejan claro por qué y para qué eran necesarios esos fondos?

"Segundo, los fondos de cooperación internacional no se utilizan sin control, porque, para que los organismos donantes otorguen estas ayudas, se suscriben convenios en los que se establece claramente el destino que se le dará a esos recursos". Tercer error don Roberto: si bien estamos de acuerdo que existen estrategias de evaluación y seguimiento de ejecución de los proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación internacional, sabemos que no siempre eso es así. Si no, le recordamos el caso de Taiwán, que donó dinero para, aparentemente, la construcción de viviendas y se usó para otra cosa. ¿Y el principio de legalidad, don Roberto? ¿Y la fiscalización taiwanesa? ¿Y la responsabilidad ética y política de los encargados de administrar ese dinero? ¿Se usó ese dinero para lo que decía el convenio? Hasta donde sabemos, estos recursos taiwaneses entran en la categoría que ud denomina como "donación de dineros" a partir del pronunciamiento de la Procuraduría.

Puede o no haber un "uso solapado de fondos públicos al margen de la ley", pero esa no es la cuestión. El problema está en que hay que preguntarse si es necesario usar los fondos provenientes de cooperación internacional, especialmente los que son producto de préstamos, habiendo dinero de sobra en el presupuesto nacional (superávit). Asimismo, cabe preguntarse si muchas de las consultorías pagadas, no ahora, sino a lo largo de muchos años, se justifican. ¿Necesita de verdad el gobierno a tantos profesionales para diseñar políticas públicas que pocas veces abandonan el papel y se materializan? ¿Necesita tantos profesionales para implementar una política pública que, puede variar y en efecto, muchas veces lo hace, por criterios político-partidarios? ¿Necesita el gobierno profesionales en evaluación de políticas públicas cuyos informes son (y lo decimos por conocimiento de casos particulares) archivados y olvidados, sin que haya procesos de responsabilidad civil, penal o admistrativa contra funcionarios que incumplieron sus labores?

Don Roberto, ud sabe que uno de los fundadores de ASOJOD fue su alumno y que siempre ha discrepado con sus posiciones. Pero si en algo siempre coincidió con ud era en la ética dentro de la política y en la búsqueda de las soluciones reales a los problemas. Por favor, no decepcione a aquellos que creemos en la Ciencia Política y en la ética con una defensa a ultranza de algo que sabemos no es correcto.