Es innegable el legítimo derecho del ser humano a manifestarse ante lo que considera injusto. Este es, de hecho, un elemento fundamental de las democracias, al punto que no podríamos considerar una que acalle la voz de quienes sienten cómo sus legítimas aspiraciones se ven afectadas. Sin embargo, en los últimos meses hemos presenciado en diversas partes del planeta manifestaciones que banalizan este derecho.
En ASOJOD queremos llamar a reflexionar sobre el verdadero valor del derecho a manifestarse y su utilidad, como recurso ante las verdaderas injusticias, además del peligro y las contradicciones que se esconden detrás de algunas de estas expresiones.
Para ser claros, el derecho que estamos defendiendo –y sobre el cual queremos llamar la atención- es aquel que utiliza los mecanismos institucionales que brinda la democracia para manifestarse, y que constituye la vida misma de todo régimen democrático. No podríamos tolerar, por su puesto, aquellas manifestaciones contra la democracia misma, pues su naturaleza pone en peligro la propia supervivencia del sistema.
La reflexión surge a partir de las manifestaciones de los llamados Indignados de España, que nacen como corolario de la revolución de los Jazmines, con la clara diferencia de que estos últimos combaten en países al mando de tiranos, mientras que en Occidente las manifestaciones se enmarcan dentro de regimenes democráticos.
La consideración no escapa a nuestro interés inmediato, pues aunque los acontecimientos que se viven en España, Inglaterra, Chile e Israel se dan a miles de kilómetros de distancia, las consecuencias podemos apreciarlas en casos como la reciente huelga de trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social, por citar sólo un caso.
Y es que no podemos dejar de lado las claras contradicciones que encierran este tipo de acciones colectivas, cuando los manifestantes exigen empleo, pero sus ataques se dirigen contra el sistema financiero y empresarial generador de empleo; cuando se indignan contra los políticos y la política en general, pero sus demandas colectivistas se encaminan a pedir mayores prerrogativas a los políticos; cuando exigen transparencia y democracia genuina, pero ellos mismos critican a los representantes que votaron, o peor aún, ni siquiera votaron.
“No nos representan”, gritan en España, pero son los que gritan –y los que no-, quienes llevaron a los representantes hasta donde están. Estas mismas contradicciones las podemos encontrar una y otra vez en nuestro país. Cuántos costarricenses que hoy critican las condiciones en que vivimos votaron por el partido en el gobierno.
Indignarse más parece un esnobismo que se expande al ritmo de las redes sociales. El último grito de la moda progresista es indignarse, y luego, preguntar por las razones de la indignación. Si alguien creé exagerada esta apreciación debería ingresar al grupo en Facebook Indignadxs Costa Rica para corroborar lo aquí dicho.
Pero no debemos reflexionar únicamente sobre la banalización del derecho a manifestarse, y los peligros que acarrea semejante libertad, sino también, sobre la eficacia de este instrumento, como mecanismo para llamar la atención y lograr objetivos sociales.
Ya en 1965 Mancur Olson, en su libro La Lógica de la Acción había señalado la naturaleza ineficiente de las manifestaciones dentro de los grupos numerosos, los cuales resultan menos eficientes en términos de organización y movilización que los grupos pequeños.
La cuestión no es menos relevante, pues si nos preguntamos cuál fue la última movilización social en Costa Rica que alcanzó el 100% de sus demandas deberíamos retroceder hasta el año 2000, cuando las organizaciones sociales lograron detener denominado “COMBO DEL ICE” que intentaba privatizar la prestación de los servicios la electricidad y las telecomunicaciones. Muchas manifestaciones han pasado en poco más de 11 años desde entonces, y ninguna ha logrado alcanzar la totalidad de sus peticiones.
¿Podríamos decir que este es un mecanismo eficiente? La respuesta es un categórico No.
Ni los grupos en contra del TLC, ni los estudiantes universitarios que pedían un aumento del presupuesto del FEES, ni los porteadores, ni los grupos indígenas, ni los trabajadores de la Caja, ninguno de estos grupos han alcanzado la integridad de los objetivos perseguidos.
Es por estas razones que consideramos que el derecho a la protesta debe ser accionado como ultima instancia, en casos que lo ameriten. Convocar a la protesta sin antes agotar los mecanismos que la propia democracia nos otorga es banalizar el derecho a la desobediencia. Lamentablemente hoy el derecho a manifestarse se encuentra corrompido, desgastado y degradado por los aficionados a la queja.
En ASOJOD queremos llamar a reflexionar sobre el verdadero valor del derecho a manifestarse y su utilidad, como recurso ante las verdaderas injusticias, además del peligro y las contradicciones que se esconden detrás de algunas de estas expresiones.
Para ser claros, el derecho que estamos defendiendo –y sobre el cual queremos llamar la atención- es aquel que utiliza los mecanismos institucionales que brinda la democracia para manifestarse, y que constituye la vida misma de todo régimen democrático. No podríamos tolerar, por su puesto, aquellas manifestaciones contra la democracia misma, pues su naturaleza pone en peligro la propia supervivencia del sistema.
La reflexión surge a partir de las manifestaciones de los llamados Indignados de España, que nacen como corolario de la revolución de los Jazmines, con la clara diferencia de que estos últimos combaten en países al mando de tiranos, mientras que en Occidente las manifestaciones se enmarcan dentro de regimenes democráticos.
La consideración no escapa a nuestro interés inmediato, pues aunque los acontecimientos que se viven en España, Inglaterra, Chile e Israel se dan a miles de kilómetros de distancia, las consecuencias podemos apreciarlas en casos como la reciente huelga de trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social, por citar sólo un caso.
Y es que no podemos dejar de lado las claras contradicciones que encierran este tipo de acciones colectivas, cuando los manifestantes exigen empleo, pero sus ataques se dirigen contra el sistema financiero y empresarial generador de empleo; cuando se indignan contra los políticos y la política en general, pero sus demandas colectivistas se encaminan a pedir mayores prerrogativas a los políticos; cuando exigen transparencia y democracia genuina, pero ellos mismos critican a los representantes que votaron, o peor aún, ni siquiera votaron.
“No nos representan”, gritan en España, pero son los que gritan –y los que no-, quienes llevaron a los representantes hasta donde están. Estas mismas contradicciones las podemos encontrar una y otra vez en nuestro país. Cuántos costarricenses que hoy critican las condiciones en que vivimos votaron por el partido en el gobierno.
Indignarse más parece un esnobismo que se expande al ritmo de las redes sociales. El último grito de la moda progresista es indignarse, y luego, preguntar por las razones de la indignación. Si alguien creé exagerada esta apreciación debería ingresar al grupo en Facebook Indignadxs Costa Rica para corroborar lo aquí dicho.
Pero no debemos reflexionar únicamente sobre la banalización del derecho a manifestarse, y los peligros que acarrea semejante libertad, sino también, sobre la eficacia de este instrumento, como mecanismo para llamar la atención y lograr objetivos sociales.
Ya en 1965 Mancur Olson, en su libro La Lógica de la Acción había señalado la naturaleza ineficiente de las manifestaciones dentro de los grupos numerosos, los cuales resultan menos eficientes en términos de organización y movilización que los grupos pequeños.
La cuestión no es menos relevante, pues si nos preguntamos cuál fue la última movilización social en Costa Rica que alcanzó el 100% de sus demandas deberíamos retroceder hasta el año 2000, cuando las organizaciones sociales lograron detener denominado “COMBO DEL ICE” que intentaba privatizar la prestación de los servicios la electricidad y las telecomunicaciones. Muchas manifestaciones han pasado en poco más de 11 años desde entonces, y ninguna ha logrado alcanzar la totalidad de sus peticiones.
¿Podríamos decir que este es un mecanismo eficiente? La respuesta es un categórico No.
Ni los grupos en contra del TLC, ni los estudiantes universitarios que pedían un aumento del presupuesto del FEES, ni los porteadores, ni los grupos indígenas, ni los trabajadores de la Caja, ninguno de estos grupos han alcanzado la integridad de los objetivos perseguidos.
Es por estas razones que consideramos que el derecho a la protesta debe ser accionado como ultima instancia, en casos que lo ameriten. Convocar a la protesta sin antes agotar los mecanismos que la propia democracia nos otorga es banalizar el derecho a la desobediencia. Lamentablemente hoy el derecho a manifestarse se encuentra corrompido, desgastado y degradado por los aficionados a la queja.
