La columna de Carlos Federico Smith: Banco Popular, otro feudo estatal bajo la lupa

Recientemente, un informe confidencial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) del 6 de setiembre pasado y comentado por La Nación del 8 de octubre, bajo el encabezado “SUGEF cuestiona nombramientos en gerencias del Banco Popular,” señala una serie de decisiones tomadas por la Junta Directiva de ese Banco, por las cuales “se incurrió en observancias a sanas prácticas de buen gobierno, así como incumplimientos de la normativa interna y externa,”
 

Los tres funcionarios cuyos nombramientos se cuestionan son el gerente general, de apellido Rodríguez, y dos subgerentes, de apellidos Aguilar y Rodríguez. Ellos fueron nombrados por un período de 5 años, por un procedimiento disputado por la SUGEF.
 

En esencia, la Junta Directiva del Banco aprobó el 22 de mayo pasado los elementos de idoneidad y perfiles que deberían tener los tres nuevos funcionarios. Pero, poco después, el 24 de mayo, la Junta nombró en los nuevos puestos a Rodríguez, anterior gerente de Popular Pensiones, así como a Aguilar, quien fungía como director de riesgos del grupo bancario, y el 4 de junio a Rodríguez, quien estaba a cargo del puesto de bolsa del Banco, sin que el Banco hubiera definidos los nuevos cargos y el rol que desempeñarían los nuevos funcionarios.
 

La SUGEF advirtió que la misma semana en que la Junta empezó “a analizar los atestados de los candidatos, coincide con la fecha de designación.” Asimismo, la SUGEF “criticó que la selección de los gerentes fuera hecha de forma exclusiva por la Junta Directiva” sin acudir a asesores externos especialistas en selección de personal. Igualmente, que no hay evidencia de que la Junta entrevistara a alguno de los candidatos a esos puestos y tampoco aparecieran “en los expedientes suministrados… pruebas aplicadas a los candidatos, como, por ejemplo, pruebas psicométricas, pruebas de habilidades, pruebas técnicas, ni estudios de carácter económico y social, entre otros.” Además, se refiere el informe de la SUGEF, que hubo directores del Banco que “conocieron la lista completa de candidatos una semana después de nombrados el gerente y subgerente.” Esto último sorprende, pues a la hora de votación de los directores no se les presentó el informe correspondiente con la totalidad de los candidatos, o bien, sólo unos sí lo sabían, mientras que otros no.
 

Pero hay más. En cierto momento se les nombró ganando un sueldo (no se indica si a los tres referidos o sólo a alguno de ellos) de ¢12.6 millones mensuales (me imagino que es sueldos más pluses, pero que no incorpora salarios en especie), si bien ya existía una directriz de la presidencia de la República en cuanto a un tope de ¢9.5 millones al mes, para los gerentes de los bancos estatales. Este salto olímpico a la directriz se tradujo en que el gobierno suspendiera a sus tres representantes en la anterior Junta Directiva del Banco. (Antes de esa directiva presidencial, el sueldo del gerente del Banco era de ¢16.5 millones mensuales).
 

La SUGEF indica que, cuando se nombró a estos tres funcionarios, el Banco no tenía “una política de remuneraciones para la alta administración aprobada y de fácil acceso público,” así como que los directivos “eligieron a los gerentes, pese a que incumplían con requisitos para ocupar puestos claves, dictados por el propio Banco y la SUGEF.” Así como que el nuevo gerente general “no tenía experiencia en alta gerencia a nivel corporativo en instituciones públicas o privadas.” Similarmente, que el subgerente Aguilar no “cumplía con el requisito de contar con al menos cinco años de experiencia en puestos de alta gerencia,” y que no hay evidencia de que el subgerente Rodríguez tuviera estudios “con especialidad en finanzas internacionales o administración de proyectos.”
 

Bueno, todo se cocinó dentro de casa. Y pensar que todos los trabajadores del país se ven obligados a cotizar, como parte de las cargas sociales, un 1% de su salario, si bien les será devuelto después, pero, también se obliga al patrono, que incluye al estado y, por tanto, se hace con los fondos de todos los ciudadanos, a desembolsar el 0.5% del salario, para que pase a ser propiedad del Banco. Creo que es hora de que esa transferencia totalmente innecesaria para el Banco cese y que opere por su propia gestión, no con subsidios de la ciudadanía. Como diría alguien, “ya están muy grandecitos” para requerir subsidios pagados por todos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: poner oídos sordos es conveniente.

En el pasado la Sala Constitucional tomó decisiones relevantes en cuanto a ciertos pluses, que vuelven a salir a la palestra cuando, según informa La Nación en su edición del 16 de agosto, bajo el encabezado “INS y RECOPE desoyen a Sala IV para conservar pluses salariales,” esas dos entidades han sido objeto de denuncia de parte de la Procuraduría General de la República por no obedecerlas.

Según el medio, se refiere a dos decisiones de la Sala IV, siendo la primera del 2006, cuando “el alto tribunal declaró inconstitucional la indemnización para empleados despedidos sin responsabilidad patronal,” y la segunda del 2014, al resolver la Sala IV, ante acción de la Contraloría, una oposición a que RECOPE otorgara “un aumento adicional al pago de anualidades, que reconocen entre 3% y 5% a los trabajadores no profesionales con el argumento de que sus salarios están por debajo de los sueldos del sector público.” 

Veamos el caso del INS objeto del criterio de la Procuraduría (bien por ella), en donde ella le indica, ante su pedido, a la Sala Constitucional, que aquella entidad sigue pagando indebidamente privilegios en sus convenciones colectivas, que fueron determinados como improcedentes por esa Sala

Concretamente, indica la Procuraduría la improcedencia de que se continúe, a pesar de aquella resolución de la Sala del 2006, el pago de cesantía cuando sus empleados renuncian o terminan el contrato laboral sin que haya justificación; esto es, por simple petición del que renuncia. En la sentencia referida se lee: “La indemnización está prevista para los casos de despido sin justa causa, pues es una consecuencia lógica del rompimiento del contrato por decisión unilateral del patrono. En aquellos casos donde el rompimiento del contrato de trabajo obedece a una causa imputable al trabajador, no se justifica el pago de cesantía, pues no existe causa que lo legitime.” 

La excusa del INS sin duda que inquieta, pues, según el medio, su presidente ejecutivo, Elián Villegas, dice que el INS “tiene un régimen salarial distinto al del resto del sector público por tratarse de una empresa en competencia que requiere de compensaciones como esa para retener el talento,” pero, lo cierto es que hay otras entidades del gobierno que no tiene esa prebenda y que están compitiendo con la empresa privada y que requieren de personal talentoso, como puede ser el caso del ICE, de los bancos comerciales del estado, entre otros. Es decir, esas entidades no tienen ese plus de pagar prestaciones por simple renuncia para mantener a su personal calificado: podrán tener otras, pero no esa específica, que distorsiona totalmente el concepto original del auxilio de cesantía, que se aplicaba cuando se despedía por decisión patronal no justificada o al pensionarse, pero nunca -y ese fue el abuso- cuando el empleado presentaba su renuncia porque le parecía o le daba la gana. En el caso de RECOPE, también, a petición de las Sala IV, la Procuraduría le indica que en esa entidad se seguía pagando un plus que el ente judicial había declarado que era inconstitucional. Bien por la Procuraduría.

Específicamente, la Sala en el 2014 indicó que el inciso de referencia usado por RECOPE para fundamentar un incentivo adicional al pago de anualidades, de entre 3 y 5% a sus trabajadores no profesionales, lesionaba “los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad y el buen uso de los fondos públicos, sin que existan motivos suficientes y razonables para el mantenimiento de tales diferencias salariales,” pues estaban bien pagados. Es más, la Sala en sus considerandos dijo que no se podía aplicar ese beneficio, sino hasta que “no se logre establecer un mecanismo que busque preservar el poder adquisitivo de los funcionarios no profesionales.”
 

La imaginación de la burocracia de RECOPE para remediar el caso no se tardó en salir a flote. Inventaron y colocaron en la nueva convención colectiva (negociada en el 2016) una “escala de aumentos de entre 3% y 5%, cuyo piso se otorga aun si la persona obtiene un cero de calificación,” adicional al aumento por anualidades. Ese fue el mecanismo “brillante” que se inventaron para seguir con el privilegio cuestionado por el fallo del 2014 de la Sala IV.
 

La respuesta de RECOPE, por el momento, señala que, como hay una inconstitucionalidad por resolver de la convención colectiva de RECOPE, no se referirán al asunto. No deja de sorprender que su asesora legal, Zoraida Fallas, señalara, según el medio, que “la inclusión del beneficio fue acordada por la anterior administración y que, por tanto, no podría explicar por qué se tomó esa decisión.” Bueno, en una entidad cuya existencia es continua y permanente, se debería saber por qué una directiva anterior tomó esa decisión: el mundo no cambió totalmente porque hubo un cambio de gobierno y de directiva. Ahí han de estar los papeles...
 

En todo caso, el comportamiento del INS y de RECOPE sirve de advertencia de que esos males, como los zombis de las películas, mueren, pero luego resucitan con brujerías. Harán todo lo posible por mantener los privilegios, incluso desatendiendo fallos que les afectan en sus pluses. La lucha por introducir cierta sanidad en las políticas de privilegios a diestra y siniestra no va a ser fácil, pues los zombis seguirán en su intento de seguir viviendo… y haciéndonos la vida más difícil a los ciudadanos contribuyentes

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la gloria salarial en el ICT

Dos artículos recientes de La Nación, uno del 16 de julio titulado “Antiguo incentivo del ICT impacta su presupuesto,” y otro del 30 de julio, bajo el encabezado “53 empleados del ICT ganan más que la presidenta ejecutiva,” brindan la información base para mi comentario.

En resumen, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) posee un sistema de incentivos que desborda lo imaginado. Vale la pena que destaquemos algunos detalles de, al menos, 14 incentivos, en donde hay un presupuesto total para incentivos en el 2018 de ¢5,720 millones.

1.- ANUALIDADES: Se paga un 5% sobre el salario base. En el presupuesto de este año se estima que costará ¢2.243 millones. (Dado que, según La Nación del 16 de julio en el ICT hay 298 empleados y en el reportaje del 30 de julio indica que allí 277 empleados, como no sé cuál es el real, salomónicamente escojo el promedio de 287 empleados para algunos cálculos). Eso significa que, en promedio, cada empleado recibiría ¢7.8 millones al año, sólo por anualidades (recuerden, este es sólo un promedio; algunos recibirán mucho más y, otros, mucho menos). “Un informe de remuneraciones realizado en el 2016 por el ICT señaló que sus empleados tienen, en promedio, 18 anualidades,” dice en su comentario La Nación del 16 de julio.

2.- QUINQUENIO: Se paga un 10% sobre el salario base por cada vez que el empleado cumpla 5 años de trabajar; pagadero en fracciones de 2% cada año y para cada quinquenio trabajado. Incluso si no cumple los 5 años laborando, se le reconoce anualmente el 2%; también si se retira antes de ese tiempo. En el presupuesto de este año, el ICT desembolsará ¢710 millones por este plus.
Es importante analizar un poco estos dos primeros pluses en conjunto.  Ambos, de hecho, significan un 7% del salario base. Los dos se reflejan en el presupuesto de este año en la cifra de ¢2.953 millones; o sea, un promedio de ¢10.3 millones por empleado por año. Estos dos incentivos exceden al monto presupuestado para el salario base en casi un 20% (o sea, se paga por esos dos incentivos, un 20% más de lo pagado como salarios base), que en este año es de ¢2.467 millones,
En el 2006, la Procuraduría General de la República se opuso a este adelanto del 2% anual del pago total del quinquenio, al considerar “que desnaturaliza la figura del quinquenio.” Quienes quedamos “desnaturalizados” somos los ciudadanos, al ver cómo se emplean los recursos públicos. Y todo ha seguido igual… Procuraduría o no.

3.- ASIGNACIÓN PROFESIONAL: Se reconoce hasta un 20% del salario base por estudios formales. Hace poco lo eliminó la Sala Constitucional, pero sólo para nuevos empleados. Así, para los “anteriores,” el presupuesto del 2018 destina ¢211 millones.

4.- CARRERA PROFESIONAL: Se reconoce lo mismo que el gobierno central, que antes era de un 1.55% del salario base y recientemente se fijó un monto de ¢2.273 por cada punto, siempre que no sea requisito para el puesto correspondiente. El monto presupuestado para este año por el ICT para esta partida, es de ¢280 millones.

5.-DEDICACIÓN EXCLUSIVA: Se paga a la mitad de los funcionarios del ICT y el monto presupuestado este año es de ¢800 millones. Refiriéndose a los funcionarios del ICT que actualmente ganan más que la presidenta ejecutiva de él, se indica en la información del 30 de julio que “Reciben… un 55% por dedicación exclusiva…” Tal es el caso presentado de un ejemplo de un jefe de departamento.

6.- FONDO DE JUBILACIONES: El ICT aporta un 5% de la planilla para dicho fondo de los empleados.

7.- FONDO DE GARANTÍAS: El ICT aporta un 5% de la planilla para ese fondo de los empleados.

8.- ASOCIACIÓN SOLIDARISTA: El ICT aporta un 5.33% de la planilla para tal fondo de los empleados.
Los pluses del 6 al 8 antes indicados, significan un monto en el presupuesto del 2018 de ¢917 millones.

9.- VACACIONES: 30 días hábiles al año.
 

10.- JORNADA: 8 horas diarias, que incluyen 45 minutos para almorzar.
 

11.- PERMISOS PARA ESTUDIAR: Se paga el salario para estudios en el país o en el exterior.
 

12.- MATRIMONIO: Se otorgan 8 días hábiles con pago completo del salario.
 

13.- PAGO POR INCAPACIDAD: El ICT paga el diferencial con respecto a lo que paga la Caja de Seguro Social por incapacidad, a fin de que el empleado reciba el 100% de su salario en ese lapso.
 

14.- FUNERALES: El ICT otorga “beneficios económicos para cubrir gastos funerales de los familiares de sus colaboradores.”
 

Todo esto conduce a una disparidad total entre los salarios de ciertos altos funcionarios del ICT, según lo expone el comentario de La Nación del 30 de julio. Por ejemplo, y es el punto de referencia, mientras que un ministro del gobierno de la República, incluyendo la prohibición, gana un salario base más pluses de aproximadamente ¢2.3 millones o que la presidenta ejecutiva del ICT reciba un salario total fijo de ¢2.7 millones, en el caso del auditor tiene un salario base de ¢1.3 millones más ¢4.6 millones (el medio erradamente indica una cifra que no calza de ¢3.6), para un total mensual de ¢5.9 millones. Por su parte, un jefe de departamento puede ganar un total de casi ¢4.9 millones, formado por un salario base de ¢900 miles y los pluses de casi ¢4 millones. Asimismo, un ejecutivo de turismo 2 obtiene un ingreso mensual total de ¢3.5 millones, conformado por un sueldo base de ¢700 mil colones y ¢2.8 millones en pluses. Evidentemente algo anda muy, pero muy, mal en la estructura salarial del ICT.

Pero, hay algo sorprendente que afirmó “la institución,” el ICT: “Nótese que el ICT no forma parte del Gobierno Central, ni tampoco forma parte de las instituciones cuyo presupuesto proviene de ningún tipo de transferencia.” De hecho, provienen “del impuesto de un 5% sobre los pasajes para viajes internacionales que se compran dentro y fuera del país, así como de un impuesto de ingreso de $15,” tratando con esa aseveración de presentar una justificación a su discorde política salarial.

Aparentemente lo que esas autoridades consideran es que hay un país llamado ICT dentro de Costa Rica y que, si ellos directamente esos fondos provenientes de un impuesto nacional, no se trata, en última instancia, de fondos públicos de todos los costarricenses. Lo pongo en sencillo: lo que uno paga por los impuestos de ventas o renta es equivalente a lo que uno paga en impuestos al comprar un tiquete de viaje: sale de los bolsillos de las personas, y son fondos llamados públicos, porque pertenecen, en última instancia, a un pago que la ciudadanía hace al erario del estado. No estamos en presencia de un reino independiente, que puede hacer lo que le da la gana con esos recursos; tan es así, que se requiere de una aprobación presupuestaria por parte de la Contraloría General de la República en representación ciudadana, para que el ICT pueda usar esos recursos. Si esos burócratas alegan que aquellos son impuestos que “pagan los extranjeros,” y que por tanto no es de bolsillos de nacionales, igualmente lo son los impuestos a las exportaciones o la serie de cargas sociales que se agregan en el costo del trabajo usado para producirlas.
 

Los gastos del ICT, como los de cualquier otro ente autónomo, descentralizado o sujeto público, constituyen el uso dado a dineros de personas que pasan, mediante diversos cargos e impuestos, a manos de entes del estado y no son de uso discrecional por parte de ningún burócrata jerarca de un ente público. Que quedemos bien claros en esto…

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: voracidad sindical

En estos momentos se está renegociando la convención colectiva entre las autoridades de la Universidad de Costa Rica y el sindicato de esa entidad, el SINDEU. El convenio había sido denunciado por ambas partes, poco antes de vencer el 3 de marzo.  

De acuerdo con lo que informa La Nación acerca de las propuestas que se han planteado, según su artículo del 24 de febrero, titulado “Sindicato de UCR exige más cesantía y asuetos: Gremio no está dispuesto a negociar a la baja la convención colectiva,” el sindicato más bien aprovecha la oportunidad de esta renegociación para aumentar sus gollerías, las cuales son pagadas por todos los ciudadanos.

Actualmente la convención colectiva -la que las dos partes quieren cambiar- significa una erogación anual de ₡42.000 millones al año, para beneficio de los 9.357 funcionarios de la UCR.  Esto es, se trata de un promedio de ₡4.488.618 al año para cada uno de sus trabajadores.

Las autoridades de la UCR quieren introducir reformas que posiblemente ahorrarían unos ₡8.000 millones, con lo cual la convención, si se aprobara en los términos que proponen, significaría una erogación de ₡32.000 millones anuales, lo que se traduciría en un promedio por trabajador de ₡3.355.353 por año. Para lograr esta reducción, las autoridades de la UCR proponen reducir las anualidades, que pasarían de un 5.5% anual, a un escala que oscilaría, de acuerdo con los años de servicios prestados, entre un 5.5% para los de menos años hasta un 1% para los más antiguos.

Asimismo, las autoridades proponen que el ajuste salarial a la base sea en función de la inflación acumulada del semestre previo -debe ser que, en la práctica, el ajuste a la base es semestral- y no en la inflación proyectada, como es en la actualidad. Además, proponen que el número de horas sindicales que hoy da la UCR, que es de 15 tiempos completos, disminuya a 10, lo cual sigue siendo más que lo que se da en RECOPE, el INS, JAPDEVA y la UNA. De estas tres propuestas, la única realmente significativa, es la de disminuir las anualidades.

Pero, el monstruo insaciable, el SINDEU, a sabiendas de la suma multimillonaria que recibe la UCR de parte del Fondo Especial para la Educación Superior, que en el 2017 ascenderá a la suma de ₡478.570 millones y para la UCR va el 57.71% de esa suma; o sea ₡276.183 millones, provenientes de todos los ciudadanos, sabe de dónde pegarse y aprovecha la renegociación de la convención colectiva para tragar aún mucho más.

Veamos las principales propuestas del sindicato:

(1) En lo que tiene que ver con las vacaciones del personal, que aumente, para los que trabajen entre 1 y 5 años, de 16 días hábiles a 20; para los que tienen de 6 a 10 años de trabajar, que pase de 23 días hábiles a 25 y para los que tiene más de 10 años, que permanezca igual, en 30 días hábiles.

(2) Quiere que el asueto concedido graciosamente por la administración este fin de año recién pasado, sea definitivamente institucionalizado -esto es, que haya un asueto del 26 al 31 de diciembre.  

(3) En lo referente a las anualidades, el SINDEU no acepta su disminución, sino que se mantenga el privilegio obtenido desde el 2009, del 5.5% de aumento anual.

(4) En cuanto a la cesantía, que se aumente desde 15 años a 20 años. (Para el resto de trabajadores privados en el país es de 8 años).

(5) Que del costo de los materiales por servicios de odontología, que en la actualidad la UCR les cobra en su totalidad, proponen que sólo paguen el 50%.

(6) En cuanto a incapacidades, el acuerdo vigente señala que la UCR paga un subsidio equivalente al salario completo en los primeros tres días y, para un período más largo, rige la reglamentación de la Caja, que es de un 50%.  Piden que este último sea del 100% y pagado por la UCR.  

(7) En cuanto a licencia de maternidad con goce de salario, actualmente se dan cuatro meses, pero el SINDEU quiere que se otorguen 15 días más y, sorprendentemente, la UCR que sean 35 días más. 

No hay duda que el SINDEU es insaciable y que la UCR quiere una reforma a medias de la convención colectiva. Por supuesto, todo este desenfreno es pagado por la ciudadanía, por medio de impuestos, inflación o una mayor deuda estatal.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¡qué importa si a los consumidores se les cargarán las pérdidas de RECOPE!

No sé si pronto algún tribunal superior decidirá que RECOPE puede solicitar a la ARESEP que le permita aumentar los precios de los productos que nos vende, a fin de no tenga pérdidas. Veamos las razones de las pérdidas de RECOPE en el 2015 por más de ₡6.000 millones, según el informe que presenta La Nación del 6 de junio, bajo el título “RECOPE reportó una pérdida de ₡6.000 millones en el 2015: Baja en ventas de hidrocarburos y gasto por cesantía golpearon operación el año pasado.”

Una de las razones de dicha pérdida, según RECOPE, es que el año anterior tuvo una caída en sus ventas anuales de 19.4 millones de barriles en el 2014 a 19 millones en el 2015. Esta reducción se debió al menor uso del ICE de energía térmica, pero, además, porque “dicha baja, aunada a la reducción tarifaria por el precio internacional de crudo, provocó una caída del 27% en los ingresos de la Refinadora comparado con el 2014.” Uno puede entender el efecto de la baja en la demanda de uno de los productos de RECOPE, al dejar el ICE de adquirir tanto búnker como antes, gracias a una mejora en su coctel productivo, pero no el por qué se cayeron los ingresos de RECOPE ante la baja internacional de los precios del crudo, pues dicha baja debería haber estimulado su consumo. Por otra parte, también se redujo el costo de adquisición de la materia prima de RECOPE, reflejándose en una baja de su partida de gastos, de manera que el efecto total sobre las utilidades no necesariamente tendría, en el todo, que ser negativo.

Más interesante es la otra explicación que la administración de RECOPE, en palabras de Clara Luz Acuña, directora financiera de la entidad, brinda acerca de las pérdidas mencionadas: fue “debido a una situación ‘extraordinaria’ generada por la provisión de auxilio de cesantía para los trabajadores”. El gerente de administración y finanzas de RECOPE, Édgar Gutiérrez señaló que “el mayor gasto se dio por el registro de ₡14.000 millones de provisión por cesantía”, pues se hizo necesario actualizar la reserva de prestaciones de RECOPE, que, según la auditora externa de RECOPE, Deloitte, no se había podido determinar si tal provisión era la correcta o no. La crítica de Deloitte se dio porque “la empresa estatal no efectuó, en el 2015, el cálculo actuarial que cada año debe hacerse de prestaciones legales.” RECOPE hizo un aumento tan elevado de las prestaciones, al reconocer que no tenía previamente la provisión correcta al respecto.
 

Aquí viene lo interesante, dada la decisión reciente de la Sala Constitucional autorizando a RECOPE a cargar los costos de su convención colectiva en los precios finales. La convención define las prestaciones que paga la entidad con “un tope de 20 años de cesantía a los empleados cuando se pensionan”, en contraste con los 8 años de acuerdo con la legislación general. Sabemos que RECOPE siempre ha financiado su convención colectiva con ajustes ordinarios a los precios de los combustibles que vende a los consumidores y, ahora, la Sala Constitucional obliga a la ARESEP a no excluir de los precios aquellos gastos por beneficios laborales. Esto anuncia lo inevitable: RECOPE pedirá a la ARESEP que le incluya en los precios a los consumidores gastos como el exceso de prestaciones, que debe pagar según su convención colectiva.  

Así, los patos de la fiesta de RECOPE seremos, una vez más, los ciudadanos consumidores obligados del monopolio de RECOPE. El lector se preguntará ¿por qué RECOPE no redujo sus gastos?  Ciertamente se redujeron los costos de la materia prima traída del exterior, pero los egresos de operación, que no los incluyen, más bien ascendieron en el 2015, al pasar de alrededor de ₡106.000 millones en el 2014 a ₡112.917 millones en el 2015; esto es, un aumento del 6.2% en el año. El rubro que más aumentó fue el de transferencias, que pasó de ₡7.742 millones en el 2014 a ₡17.864 millones; esto es, un incremento del 130%.  Aquí entra el aumento en el fondo de provisión de cesantía arriba citado.

No sólo recientemente se ha incrementado el precio de los combustibles por el alza internacional del precio del petróleo, sino que ahora se avecina este nuevo incremento, gracias al privilegio autorizado ahora por la Sala Constitucional.  Estamos de burros amarrados –los ciudadanos consumidores- ante un tigre suelto -RECOPE. No nos queda más que hacer todos los esfuerzos de nuestra parte para traer competencia, abriendo el monopolio y logrando que esos privilegios de convenciones colectivas no nos sean trasladados a los consumidores.  Ya le han jalado mucho el rabo a los pobres burros amarrados: siempre terminamos apechugando con los desafueros de RECOPE.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las tribulaciones de RECOPE, JAPDEVA y CNFL

En la lucha contra el abuso, el dispendio sin freno y la depredación irresponsable de los recursos públicos, los ciudadanos hemos de estar muy satisfechos con la posición firme de fines del año pasado de la Contraloría General de la República, al improbar en los presupuestos de JAPDEVA, RECOPE y Fuerza y Luz (CNFL), aquellos gastos destinados al pago de sus convenciones colectivas.  Es decir, con anterioridad los presupuestos de esos cuerpos públicos incluían las partidas para pagar las gollerías de las convenciones colectivas, lo cual se reflejaba en última instancia en los precios de los servicios de muellaje, combustibles y energía, respectivamente, que debían ser pagados por los ciudadanos.

Esto lo informa La Nación del 12 de enero, bajo el título “RECOPE, JAPDEVA y CNFL en apuros para pagar convenciones: Contraloría frena presupuestos por falta de financiamiento en esas instituciones.” La medida tomada por la Contraloría descansa en el hecho de resoluciones recientes correctas y convenientes de la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos (ARESEP) y principalmente de “la Ley No, 7592 de ARESEP, según la cual el control tarifario que ejerce la Autoridad se fundamenta en el principio de servicio al costo. Esto significa que la tarifa de un servicio público debe comprender solo costos necesarios para brindarlo y una retribución que garantice el desarrollo de dicha actividad.” Es decir, los consumidores ya no tendremos que sufrir la ignominia de que se nos obligara a pagar los abusos de los convenciones en los precios de los servicios. Era un echar sal sobre la herida. Ahora cada entidad tendrá que ver de dónde obtiene recursos -ya no de nosotros- a fin de que pueda seguir pagando el manjar que reciben sus empleados al amparo de convenciones colectivas.

Por supuesto, el gobierno se lava las manos -sanitariamente, creo yo- y deja que el asunto de cómo financiar tales privilegios sea resuelto por cada entidad y no ya por nosotros, los ciudadanos sujetos a esos monopolios. Eso sí -porque ya uno olfatea por dónde es que se van a ir esas entidades- que se tenga muy presente que tampoco es válido que nosotros los consumidores nos veamos obligados a futuro a resarcir cualquier pago derivado de esas convenciones.  Esto se daría si los entes involucrados acuden a endeudarse para pagar privilegios odiosos a ciertos trabajadores del sector público. De hacerlo así, luego, más tarde o más temprano, tendrá que repagarse el principal endeudado, así como una suma mayor por los intereses del caso.  De manera que, ¡a ponerse vivos en ARESEP y la Contraloría, por esa posible movida de sus regulados en daño de los consumidores! La regla debe ser que los servicios que brindan esas entidades sean al costo y no por los gastos totales de esas entidades, como luego pretenderá que sea así.

De hecho el gobierno ante la Sala Constitucional, al tratarse una apelación de RECOPE, dio su posición favorable a que, dentro de los presupuestos de las entidades públicas, se incorpore la parte correspondiente a las prebendas laborales a que me he referido y que no tienen nada que ver con la producción del bien o del servicio.  Por eso hay que estar ojo avizor si el gol ahora nos lo trataránn de meter por medio de la nueva autoridad recién nombrada para el puesto de regulador en la ARESEP.
 

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: RECOPE sigue pasándonos factura

En los últimos días asistimos a un espectáculo casi inédito: una rebaja importante en el precio de un servicio o bien público regulado: el precio del combustilbe disminuyó en aproximadamente ¢116. Curiosamente la lógica con la que se regularon estos precios -torcida dicho sea de paso- es evitar que "las fuerzas del mercado" disparen el precio de bienes o servicios sensibles para la población, como lo son electricidad, agua, combustibles, tarifas de transporte público, telecomunicaciones, entre otros, pero en la realidad pasa lo contrario, como lo hemos demostrado hartamente los liberales: el precio de los servicios o bienes regulados es mayor que el de los que se encuentran en competencia pues al no poder concurrir varios oferentes, no es posible generar condiciones en las cuales el consumidor se vea beneficiado con mejor calidad, precios más bajos, etc. 

Para muestra un botón, a propósito del combustible: como publicó en redes sociales hace poco el Diputado Mario Redondo, resulta que hoy día tenemos el mismo precio internacional del petróleo que en el año 2004: $36/barril; en ese entonces, el precio que fijó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para el combustible en las gasolineras era de ¢281/litro, pero con la rebaja "histórica" que vivimos los costarricenses, dicho precio apenas cayó hasta los ¢538/litro. ¿Qué provoca que a igual precio internacional de petróleo, tengamos que pagar casi el doble que hace 12 años? 

La respuesta no es, definitivamente, la inflación, ya que para ese año, la tasa de este fenómeno era de 13.1% según datos del Banco Central mientras que en la actualidad alcanza el -0.8%. La razón es una: RECOPE. Este verdadero elefante blanco viene trasladándole a los consumidores, desde hace muchísimos años, el costo de sus errores, sus ineficiencias, sus abusivas convenciones colectivas e incluso, las aventuras empresariales en las que literalmente se embarca.

El último capítulo de esta historia de terror fue el entuerto de la refinería con China. Para hacer corta la historia, en 2009 RECOPE y la Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPC) concretaron un Acuerdo para conformar una empresa conjunta llamada SORESCO que desarrollaría la refinería de Moín. Para empezar, cada una debía aportar la friolera de $50 millones. 

Para hacerlo, como es típico, tuvieron que realizar estudios de preinversión, prefactibilidad, factibilidad, análisis de riesgo y demás hongos. Por eso, en 2010 SORESCO contrató a la empresa HQCEC para realizar varios de esos estudios y cuando el resultado salió como lo esperaban, pretendían continuar con el proyecto.

No obstante, la Contraloría General de la República detectó que los estudios de preinversión estaban basados en supuestos erróneos, no había un adecuado análisis de riesgo ni se adaptaba a las características del mercado costarricense, como lo es operar una actividad monopólica con precios regulados, por lo cual, eran poco confiables. Por si fuera poco, encontró que la empresa HQCEC era parte del mismo grupo de interés económico al que pertenece CNPC, lo cual minaba aún más la credibilidad de los resultados. A raíz de todo esto, ordenó a RECOPE no utilizar dichos estudios y desde entonces, el proyecto se encuentra paralizado. 

En 2015, el informe RIE-008-2015 de la Intendencia de Energía de la ARESEP evidenció que los $50 millones aportados por RECOPE para la conformación de SORESCO habían salido de los ingresos ordinarios de la institución. Siendo que casi la totalidad de esos ingresos son obtenidos por la venta de derivados del petróleo, es fácil comprender que los famosos $50 millones salieron del único lugar que podían salir: el bolsillo de los consumidores. 

Eso explica, en buena parte, por qué los costarricenses pagamos tantísimo dinero por los combustibles cuando otros países tienen precios mucho más asequibles. Claro, ellos no tienen que cargar con un anquilosado e inútil monstruo llamado RECOPE.  

¿Qué proponemos? Simple: parar esta aventura de terror, cerrar RECOPE y permitir la libre importación, almacenamiento, distribución y venta del petróleo, crudo o refinado y sus derivados, para así lograr obtener un mercado competitivo en esta materia y que eso se refleje en un decidido esfuerzo de los oferentes por darle a los consumidores mejores precios y mejor calidad en lo que compran.

Desde la tribuna: al final, unos ganan más y el resto está más pobre

Es evidente que en nuestro país la lucha contra la pobreza ha fracasado. El fracaso es indiscutible y va relacionado directamente con el mismo crecimiento del Estado y de los presupuestos públicos.

Un fotografía al estilo de antes, una instantánea, revelaría el quid del tema: mayores presupuestos públicos complican el funcionamiento de la sociedad y de la economía, mayores presupuestos públicos concitan a los buscadores de rentas a vivir del Estado, mayores presupuestos públicos son un lastre para la sociedad, mayores presupuestos públicos no significan mejor desempeño social ni mejor desempeño estatal, mayores presupuestos públicos no implican menos pobreza sino más empleados públicos viviendo del tema de la pobreza. ¡Es un hecho!

Más dinero quitado a la sociedad, más impuestos, más coacción, más dinero gastado, más aparato público, más Estado no implican per se menos pobreza ni mejor desempeño. Todo lo contrario. Los números dicen que estamos peor, más mal, más pobres y más complicados. Y los números… desdichadamente no mienten, aunque las estadísticas le duelan a mucha gente.

Nos han engañado en una apuesta perdida: darle más dinero al Estado para combatir la pobreza, darle más dinero al Estado para mejorar la educación, darle más dinero al Estado… más dinero… más dinero. Al final, unos ganan más y el resto está más pobre.

Muchos servidores públicos han secuestrado al Estado y ordeñan impunemente la teta pública, para solaz personal, para lucro propio, para prosperar sin riesgo, para montarse sobre los demás. Los números no mienten: más presupuesto, más impuestos, más coacción y… más pobreza y desigualdad.
Siempre sale vacilón echarle la culpa al neoliberalismo. Hasta iglesias (con “i” minúscula) se han fundado contra el neoliberalismo: son religiones de mentiras que posiblemente compran sus ornamentos en coopeclero, pero que no aceptan tener las restricciones correspondientes. Inconsecuencia e incoherencia. Pero los números no mienten, porque toda esa pobreza está relacionada con un Estado inútil, torpe, secuestrado, abusador y abusado, gastón, angurriento y postrado que se ha arrecostado sobre la sociedad, causando más pobreza, menos avance de la educación, más desigualdad y menos prosperidad. Eso indican, indubitablemente, los números que no mienten. ¡Duélale a quien le duela!

Así que, igual que en Cuba, Venezuela, Argentina, la ex Unión Soviética y otras sociedades, los números han mostrado que a más Estado, más pobreza, desigualdad y atraso. Los números no mienten.

Federico Malavassi Calvo
Columna Perspectiva de la Prensa Libre

Desde la tribuna: el costo de la energía

Bajo el título de “empleados de Recope son los más del sector energía”, el periódico La Nación presenta una especie de cuadro comparativo entre los trabajadores del monopolio de hidrocarburos (Recope) y del sector eléctrico (nacionalizado, Ice y otras distribuidoras).

El costo anual por empleado de Recope es como de ₡26 millones al año en tanto el del ICE apenas supera los ₡13 millones. Dice el reportaje que “Si comparamos ambas empresas, encontramos que la planilla global de la Refinadora es cuatro veces más pequeña que la del ICE, pero cuesta apenas un poco menos de la mitad que la del Instituto.” 

El que la empleopatía de Recope resulte carísima no debe obviar el hecho de que la empleopatía del ICE también es muy onerosa para los costarricenses. Por supuesto que tras todo ello hay un problema de contratación laboral, monopolio público y estatización. Al final el pueblo costarricense paga más por su energía, el ambiente es menos competitivo, exportar es más caro y hay injusticia social (unos obligan a otros a pagar sus sobresueldos).  

Se han estatizado algunos giros (la producción de electricidad, el comercio de hidrocarburos a granel) y el resultado ha sido desastroso para la sociedad. Es fácil evidenciarlo a través de la envidia que produce conocer las asimetrías salariales. El problema es que hay asuntos deontológicos más importantes y que tal vez no traslucen con la primera información. La empleomanía estatal, el mito de que con el monopolio público se racionaliza la administración de recursos, el mito de los monopolios naturales, el mito de que el ente público trabaja por el bien común y el sujeto de Derecho privado solo se mueve por el lucro, la concentración de poder en manos políticas, tecnócratas o estatistas, los manejos públicos del dinero, las contrataciones de los entes públicos: son muchos los asuntos por plantear. ¡Qué lástima que la envidia sea el motor más eficiente para evidenciar las falencias del estatismo!

Hace un decenio iniciamos una serie de acciones de inconstitucionalidad contra las cláusulas inconstitucionales que había en los convenios colectivos de este tipo de entidades. Es obvio e indiscutible que se trataba de cláusulas abusivas y nulas. Con un grupo de jóvenes abogados que trabajaban con nosotros en la Asamblea Legislativa acometimos la tarea con las uñas, sin mucha facilidad informativa ni tiempo. Combatíamos a un Presidente de la República que deshonró su palabra, pues a pesar de negar que lo haría promovió un paquete tributario.

Las acciones de inconstitucionalidad eran un ejemplo de racionalidad administrativa, ordenamiento y fiscal y demostración de cuán mal se gastaban los recursos públicos. Poco a poco, incluso luego de nuestro período constitucional, la Sala Constitucional fue declarando la nulidad de una serie de cláusulas de varias administraciones públicas. Fueron apareciendo toda clase de gollerías, inequidades, abusos, alcahueterías y obsecuencias. ¡Todas ellas inconstitucionales! Demostración indubitable de mala administración, abuso y angurria, corrupción y avidez, voracidad e indolencia.

No es de extrañar que sea tan difícil aprobar normas para permitir la participación de otros actores que abaraten la energía, aprovechen la tecnología y permitan que la sociedad se desarrolle. Demasiados intereses creados en mantener el status quo. ¿Cómo hacemos?
 

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: rebrota el sindicato de RECOPE

Al apenas ventilarse algunos de los abusos que tienen ciertas convenciones laborales, lo primero que los sindicatos hacen es amenazar a la ciudadanía con el paro. Es cierto que éste parece ser una de las pocas, pero no la única herramienta de que disponen para mantener sus posiciones. Pero en verdad que también sirve para demostrar fehacientemente que el único interés del sindicato es el logro y el mantenimiento de prebendas para sus asociados.  Es puro cuento el alegato de que lo que los mueve es el interés laboral, pues muchos otros trabajadores se verán perjudicados cuando hay paro como el que desde ya nos anuncia el sindicato de Recope, en caso de que se les toquen sus privilegios.  También es falso que el movimiento del sindicato lo impulse un interés nacional, pues lo que hacen es amenazar con parar sus labores si es que los intereses particulares de ese sindicato son alterados de alguna manera.  Usar el nombre de la Patria por parte de esos sindicatos es falsificar la verdad de las cosas: lo único que ciertamente les interesa son sus propios objetivos salariales, aunque estos sean pagados por todos los costarricenses. Eso es todo: ver cómo ganan más, aunque sea abusivamente y que sea pagado por todos nosotros.

La huelga de Recope, que, en palabras de su secretario general Gilbert Brown, fue tan sólo un mensaje para la opinión pública costarricense, es que irán a la huelga, dejándonos sin combustible, si se les toca alguno de los siguientes privilegios que les ha cuestionado la Contraloría General de la República: (1) un pago adicional en el salario que se da por desempeño; en otras palabras, si trabajan bien en su horario normal se les da ese pago extra; (2) si se les disminuye el actual tope de cesantía de 24 años, en tanto que el del ciudadano común y corriente es de 8 años.  Esta es la fuente de la cual salen pensionados con sumas desproporcionadas pagadas por todos nosotros. Tienen la desvergüenza de amenazarnos, advertirnos, “a la opinión pública”, que es la que les paga estos privilegios, de que harán una huelga si esos privilegios les son tocados. (3) El pago por antigüedad, que si bien es relativamente frecuente entre empleados públicos y no en los privados, en Recope lo es por doble partida: una por una antigüedad definida simplemente como el tiempo en que han laborado en Recope y otra adicional según sea el número de años efectivamente laborados. Esto claramente suena a un doble pago; de albarda sobre aparejo, que todos los ciudadanos tenemos que pagarles.

La situación fiscal del país es muy grave y estos grupos sindicales no parecen estar nada preocupados por los empleos. O es que no leen o que no quieren ver lo que los periódicos y la televisión exponen a diario acerca de la situación del empleo público, cuando se ha desbordado, como en Grecia y España.  Lo único que parece interesarle es ver cómo mantienen esos privilegios, sin darse cuenta de que son factores que precisamente conducen a que el estado en cierto momento no esté en capacidad de financiarlo.  Recope es parte del estado y a éste lo mantenemos todos los ciudadanos mediante impuestos o pagando precios más elevados por las cosas que nos brindan a cambio, como es el caso de los combustibles. Por ello es hora de acabar con estos abusos. El esfuerzo, que en tal sentido está haciendo la Contraloría General de la República, deberá ser ampliamente apoyado. Cada uno de nosotros debe hacer lo posible para así manifestarlo, pues sólo va en beneficio de una ciudadanía hoy esquilmada en provecho de unos pocos.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Abusos en Convenciones Colectivas

Desde hace ya más de un mes, la atención de los estadounidenses sobre temas internos del país se ha centrado mucho en el pequeño estado de Wisconsin. Esto es porque el nuevo Gobernador republicano, Scott Walter, está intentando fuertemente, y contra una oposición muy dura por parte de los sindicatos, reducir el creciente déficit fiscal por medio de la eliminación de ciertos beneficios exagerados en pensiones y seguridad social. El Gobernador defiende esta reforma pues considera que es la única forma de salir del estado de quiebra en el que se encuentra el gobierno que heredó. Claramente esta situación suena familiar a la que tenemos actualmente en nuestro país. El día de hoy en ASOJOD queremos hablar de las famosas convenciones colectivas, sus abusos y sus consecuencias.

Una convención colectiva es un convenio que firma unos o más sindicatos de trabajadores con uno o más patronos para reglamentar las condiciones futuras de trabajo. La negociación por medio de convenciones colectivas es un derecho constitucional en nuestro país. En ASOJOD no estamos en contra de que los trabajadores se organicen para negociar con sus patronos ciertas condiciones laborales, sin embargo, hemos visto como en las últimas décadas estas negociaciones en el sector público han estado cargadas de amenazas que ponen en jaque a los gobernantes y a los empresarios.

Los trabajadores públicos tienen la gran ventaja a la hora de negociar de que laboran para monopolios estatales. Dado esto, saben que si no le les conceden sus deseos tienen el poder de dejar comunidades sin electricidad, sin agua o detener el comercio con otros países. Los trabajadores del sector privado saben muy bien que si negocian beneficios exagerados, ellos terminan siendo los grandes perdedores, ya que se quedarían sin trabajo dado que la empresa podría dejar de ser competitiva en el mercado. Este detalle tan importante en el funcionamiento de las empresas en un mercado libre no aplica para las empresas y las instituciones estatales.

Esto ha permitido que en el sector público se negocien beneficios desmedidos, convirtiendo a las empresas estatales en grandes elefantes ineficientes adonde los trabajadores realizan sus labores sin control alguno y sin temor de que los puedan despedir. La mala calidad en la educación pública, la lentitud e incapacidad de nuestros puertos y los malos servicios en distribución eléctrica y de agua potable son tan solo algunos ejemplos de lo nefastas que han sido las convenciones colectivas en el sector público y lo peligrosas para el correcto desarrollo de nuestro país.

Estos beneficios han llegado a niveles descontrolados. Si queremos convertirnos en una nación desarrollada, será necesario que le exijamos a nuestros gobernantes que los reduzcan significativamente.

Para nadie es un secreto que la gran mayoría del presupuesto del sector público es consumido por salarios y pensiones. De todo el monto que se destina a salarios, tan solo un 47% corresponde al salario bruto de los trabajadores. El otro 53% está compuesto de beneficios e incentivos resultado de las convenciones colectivas. Lo más impactante es que de este 53% de beneficios e incentivos ni uno solo está sujeto a un buen desempeño por parte del trabajador.

¿Y así queremos ser competitivos y desarrollados? Vale más que ciudadanos y políticos reflexionemos sesudamente acerca de esta situación.

La columna de Carlos Federico Smith: relajo sindical

No puede pasar inadvertida la información suministrada por La Nación del pasado lunes 29 de noviembre acerca de cómo un empleado de JAPDEVA termina ganando más si se incapacita que si labora. El privilegio es claro. Hoy cualquier persona que no sea un trabajador en JAPDEVA, si es incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social, recibe como compensación un 60% de su salario mensual, aproximadamente. Por el contrario, el privilegiado trabajador de JAPDEVA, gracias a la leonina convención laboral de que disfruta, además de aquel 60% recibe un 40% proveniente de la misma JAPDEVA. El relajo evidente no acaba aquí: durante su periodo de incapacidad, tampoco se le pueden cobrar las cuotas del Fondo de Mutualidad que tienen los trabajadores, además de recibir el aguinaldo completo aún cuando se ausenten de su trabajo.

El incentivo es muy claro: vale más, para efectos de los ingresos que se llevan a la casa, estar incapacitado que trabajando. El resto de trabajadores del país no recibe tal gollería, precisamente para evitar este tipo de práctica nefasta. Adicionalmente, este privilegio a unos cuantos que laboran en JAPDEVA, lo cubre el resto de los costarricenses mediante los impuestos. De acuerdo con la información periodística, “a la fecha, en la institución hay 47 empleados que cumplen un año o más de incapacitados”, agregando, que “los casos más graves son de personal con licencia por enfermedad que están fuera de los puertos desde enero del 2005.”

Pues, ¿cómo no iba a ser así? Todo el incentivo diseñado para los privilegiados trabajadores de JAPDEVA está para lograr incapacitarse y con ello poder “ganar más”. Lo que el periódico no dice (en esta ocasión) es que muchos dirigentes del Sindicato de JADEVA se han acogido a tales incapacidades, hecho que ha sido públicamente denunciado. La Caja dice aún estar en proceso de investigación de estas denuncias, pero ya lleva muchos meses sin decirnos qué resultó de la investigación. Producto de mi malicia indígena o del escepticismo que ya ha hecho callo sobre el accionar del Estado, no me queda más que dudar acerca de un deseo de la Caja de aclarar las cosas y señalar las responsabilidades de aquellos médicos que otorgaron las incapacidades que ya llevan muchos, pero muchos, meses. Casualmente, muchas de esas incapacidades son de dirigentes del Sindicato de JAPDEVA.

Para agregar mayor malestar a la conciencia de los ciudadanos, quienes somos los que pagamos todo este tipo de desmadres, el dirigente napoleoncillo de JAPDEVA, Ronaldo Blear, al quejarse acerca de la información que sobre este privilegio difundió el actual Gerente de JAPDEVA, don Allan Hidalgo, sentenció que los días de don Allan “están contados en JAPDEVA” y lanzó el reto ante la ciudadanía de que irá “a defender los derechos de los trabajadores” y que no va “a permitir más que se esté ensuciando el nombre de los trabajadores”. No sólo el Secretario General del Sindicato de JAPDEVA nos golpea con una clara amenaza, sino que aprovecha para hacerse el ofendido tan sólo porque el Gerente de JAPDEVA denunció el privilegio ante la ciudadanía. Se necesita tener una cara de barro para todavía querer cobrarnos por medio de la amenaza, aunada al simple desaguisado que el Sindicato ha impuesto a todo el país.

Es hora de que la ciudadanía despierte y recupere el sentido de decencia elemental extirpado por la convención de JAPDEVA. Esta denuncia no debe pasar inadvertida. Si se siente mal por este abuso, reaccione. Si lo hace por escrito, mándele una copiecita a la Sala Constitucional, que tal vez la tendrá presente la próxima vez que tenga que pronunciarse sobre privilegios arrancados a toda la ciudadanía costarricense.

Jorge Corrales Quesada