Desde la tribuna: de pobreza, caridad y otras cuestiones

El nuevo Presidente del IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social, creado a principios de los setentas como solución a la pobreza extrema) ha acuñado una frase muy interesante:  “la caridad no saca a nadie de la pobreza”.

Cuestión central si es bien enfocada, pues la idea del IMAS era acabar con la miseria extrema.  Incluso, para quienes recuerdan, era una institución autónoma con plazo u ocaso, que debía agotarse una vez cumplida su misión.  El hecho es que sobrepasó el plazo y hubo que renovarla con plazo perpetuo.  Dicho de otro modo, no cumplió las metas ni expectativas.

La caridad es una gran virtud.  Cuando la ejerce el Estado le quita la virtud y se convierte en repartidera.

El meollo del asunto es que después de tanta acción del Estado en contra de la pobreza, más bien parece que reproduce el patrón perverso y cada vez hay más dependientes de la ayuda pública.  Pareciera, entonces y como se ha dicho reiteradamente, que la lucha contra la pobreza se convierte en un negocio.  No es de extrañar, entonces,  que la nueva Presidenta del INVU también salga a denunciar que encuentra formas monopólicas en las casas de interés social.

La existencia del Estado debería facilitar el que cada cual tenga la posibilidad de resolver sus problemas económicos por sus propios medios (trabajo, creatividad, empeño, empresariado, producción, generación de riqueza, responsabilidad y superación).    Hemos institucionalizado algunas formas de ayuda social que se han convertido en un fin en sí mismos e, incluso, hemos agregado el calificativo de “social” al Estado de Derecho, deformando algunas concepciones importantes y promoviendo algunas cuestiones perversas.  ¿Por qué entre más bonos de vivienda aparece mayor saldo de viviendas?  ¿Por qué entre más becas y programas aparece mayor cantidad de gente que las requiere?   ¿Por qué cada vez hay más ayudas sociales y más gente que las necesita?

¿No bastan las instituciones que hay?  Es claro que algunos políticos medran en medio de todo.  Su propuesta es directa y descarada, ofrecen ir a quitarle a los otros para repartir entre los suyos (el paquetazo de Pacheco era eso:  dijo, con demagogia y mentira, que ya los ricos tenían su TLC y que había que darle a los pobres el paquete tributario; el trámite de la ley de impuestos  a las casas de alto valor, supuestamente para dar vivienda a los más necesitados y así en cada caso).  También es evidente que buena parte de  la burocracia se asienta con el crecimiento del aparato público.  Asimismo, es innegable que la demagogia se presta para que los buscadores de rentas agarren lo suyo.  Transferimos el riesgo social, repartimos y festinamos la plata ajena, expropiamos lo de unos para repartirlo entre otros (aquí hay situaciones de lo más paradójico:  expropiamos para repartir parcelas que luego terminan en manos de políticos de uno y otro partido, concentradas y en contravención de la idea original).

Si de competencia se trata, ¡claro que es hora de revisar cómo es que el propio Estado y sus instituciones, a través de la contratación, podrían estar promoviendo carteles y concentraciones!   El hecho es que algunas de esas contrataciones no deberían ni existir.  Los subsidios en vivienda terminan en contrataciones masivas que contravienen la idea de participación personal, responsabilidad y focalización, prestándose a rutas inaceptables. 

Queda mucho en el tintero, esto no es sino un poco de apuntes derivados de los primeros asombros de los nuevos administradores públicos.  ¡Ojalá les dure!

Federico Malavassi 

Desde la tribuna: secuestro de posibilidades

Poco a poco, los Estados van cayendo en ruina y postración.  Ello no es casualidad.  El clientelismo y el modo impropio en que han rebasado sus posibilidades jurídicas ha ido transformando la gestión en un atentado contra la libertad.

Los presupuestos públicos son incapaces de alcanzar las promesas electorales y el clientelismo político.  ¡No hay plata que alcance! Ello lleva a un exceso de gasto, a un irracional aumento de la burocracia y a una fatal inercia que va concentrando giros y actividades en la mano estatal. Cada vez más personas dependen de los presupuestos públicos, pues todo el mundo anda tras las rentas de los presupuestos.

Las garantías constitucionales de libertad han sido irrespetadas sistémicamente, a través de diversos pretextos, eufemismos y trampas:  el impuesto sobre la renta, los deberes públicos que chocan con la libertad, malas interpretaciones del bien común y así sucesivamente.

Algunos de quienes impulsan esta fatal tendencia son fascistas, estatólatras y enemigos de la libertad.  Otros tienen miedo de la libertad, tanto la propia como la ajena.  Pero una buena parte son inescrupulosos buscadores de rentas públicas, promotores del clientelismo político y demagogos. 

Poco a poco los presupuestos públicos ahogan las sociedades, impiden el desarrollo y pujan por más impuestos, más intervención y más Estado. Es un ciclo que lleva a la pobreza general, al desabastecimiento, al desestímulo de la inversión privada, a la fuga de capitales y cerebros, a la migración de empresas y demás posibilidades.

Algunos creen que se trata de un tema meramente ideológico y que tal tendencia es una opción política, no entienden que tal modo de vida y desorganización lleva la ruina sin remedio.  Otros piensan que aprovechándose primero toman ventaja, pero ello es cierto solo en corto plazo, pues a largo plazo la sociedad entera se arruina.  Y muchos políticos creen que pueden arbitrar el asunto y reparten mentira y gollerías a diestra y siniestra, creyendo como aprendices de brujos que luego podrán desfacer el entuerto. Lo que no entienden unos  y otros es que están violentando la libertad, el recto sentido de los derechos, cercenando la vida de las sociedades y jugando con fuego.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: ¿quienes proponen libertad y razón?

En cierto modo, todos somos cómplices del clientelismo electoral.  Ello por cuanto no acentuamos suficientemente lo importante en la campaña electoral y dejamos que decurra el juego de las promesas, ofrecimientos y demagogia.

¿Cómo empezó?  Ha sido una larga historia.  Ofreciendo cosas, prometiendo casas, endulzando el oído con supuestas reivindicaciones hasta que, a final, todo se ha enredado y nos desenvolvemos en un ambiente diferente.

Porque todos se van poniendo superlativos.  Uno pone el bono de la vivienda, el otro ofrece que sea gratuito, aquel ofrece bono más algo y finalmente repartimos y repartimos y la sociedad va como el cangrejo, “p’atrás”.

¿Será tan difícil proponer cosas honestas y útiles, productivas y llenas de responsabilidad?  ¿Por ejemplo, contratación administrativa apropiada, transparente y racional?

¿Será que ya no se puede hablar de promover el trabajo, la creación de fuentes de empleo sostenibles, un ambiente propicio para la generación de empresas y que el trabajo y el salario rindan?

¿Será que ya no se puede hablar de racionalizar la tramitomanía que azota a nuestra sociedad y de desintoxicar al Estado de tanta permisopatía y burocracia?

¿Será que ya no es atractivo hablar de libertad, del derecho de cada cual a construir su vida con su esfuerzo y trabajo, de la responsabilidad de asumir la labor de sacar adelante las familias con la dirección de los padres de familia?

¿Será que ya es imposible hablar de una educación de calidad, exigente y liberadora?

¿Será que se ha vuelto complicado hablar de un sistema jurídico racional, razonable, respetuoso de la libertad y de la iniciativa personal?

¿Tanto nos hemos complicado y pervertido?

¡Qué triste!  Todos repartiendo los bienes de los demás como si no hubiera derechos, ofreciendo lo que el inútil Estado es incapaz de dar, prometiendo normas y leyes como si allí estuviera la posibilidad.

Quisiera saber cuánta gente está dispuesta a revertir tan fatal tendencia y apuntarse a una sociedad inteligente, en el cual rinda el trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad, en la cual impere la razón y el respeto, en la cual se pueda trabajar y no se sufra la constante amenaza de un estatismo irresponsable y de una burocracia llena de gollerías y privilegios.

Quisiera saber cuántos estamos dispuestos a luchar contra los monopolios y burocracia que nos encarece la vida, que nos impone falsas verdades, que impide el desarrollo y solo piensa en paquetes tributarios.

Estoy seguro de que muchos de quienes engrosan las filas del abstencionismo están ahí porque perciben la grosería de las promesas y la demagogia, de la corrupción y el estatismo, de los privilegios y la complicación.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: otro desvarío del gobierno venezolano

Hace poco el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de un Viceministerio de la Suprema Felicidad. Tendrá como función –con todo y ese rimbombante nombre- de coordinar a las más de 30 misiones sociales que hay en ese país. Se nombró así para honrar a Chávez y a Bolívar. Se supone que así trascienden los criterios del estado de bienestar, considerado como un avance social en el marco del capitalismo.

Las autoridades venezolanas interpretan como felicidad cuando el estado regala viviendas, electrodomésticos, efectivo y otra serie de cosas. Tan sólo faltaba plasmarlo en un decreto creando ese viceministerio.  Sin embargo, me parece un irrespeto enorme que aquel logro tan inusitado y descollante, se circunscriba a un simple viceministerio y no a un ministerio. No se merece esa bajada de piso.  Es de esperar que ahora, con este reconocimiento del estado de felicidad que se vive en Venezuela bajo el gobierno chavista y el de su sucesor Maduro, abundarán el papel higiénico, la leche, el azúcar, el café, el aceite y la margarina, que hoy los “mentirosos” opositores dicen que escasea en ese país y que es, por tanto, causa de infelicidad.  Les aseguro que esa inflación ignominiosa del 50% anual, que también “inventaron” esos mismos mentirosos, se quedará muy corta. 

Los gobernantes venezolanos creen que el estado es el que da la felicidad a los ciudadanos.  Llamados al “bien común” o al “bien público”, son las razones para actuar “por el bien del gobernado”. Pero existen tantas ideas diferentes acerca de lo que es la felicidad, como seres humanos hay. Lo que importa es ver cómo una sociedad logra que esos individuos puedan buscar su felicidad. Es errada la creencia de esos gobernantes venezolanos, al igual que la de otros tantos similares en la historia humana, que la sociedad de alguna forma es un ente capaz de experimentar la felicidad. Los individuos son los únicos que pueden definir su felicidad, la cual ellos buscan.  Si lo que prima en una sociedad es que esa búsqueda de felicidad la defina un gobierno o un gobernante y no por cada uno de esos individuos, se estará en presencia de un gobierno despótico, absoluto. En una nación de siervos el rey tirano decidía cuál era la felicidad de sus súbditos. Algo parecido sucede hoy en Venezuela.

En una sociedad lo esencial es que se posibilite que los individuos puedan buscar la felicidad, según su propia concepción, de una manera simultánea y sin que haya conflicto. Se logra tan sólo cuando los individuos poseen derechos en un orden social. En los hechos y en la moral, el bien público se da cuando existe protección y preservación de la propiedad –que incluye la vida, la libertad y todas las cosas que una persona posee. El bien común lo promueve un gobierno si protege los derechos de los individuos. Sólo así es posible que en un orden social los individuos puedan buscar su propia felicidad, mediante el intercambio voluntario de toda índole. En él todos ganan, pues, de no ser así, no participarían de él. Por eso se requiere que la gente pueda actuar en libertad. Que lo haga según sus propios juicios, sin que haya compulsión o fuerza por la cual se les imponen sus decisiones.  

El gobierno venezolano no promueve la protección y preservación de los derechos de los individuos, sino que define la felicidad y que, como lo atestigua el nombre de su viceministerio “de la felicidad suprema”, no es más que una sarta de regalías y transferencias estatales. Ese gobierno recuerda a un soberano omnímodo quien goza de derechos absolutos e inalienables y al que no le interesa la vigencia de los derechos de los individuos.  La arrogancia de ese gobierno -de creerse el supremo dador de la felicidad de los ciudadanos- es la novedosa representación de un viejo absolutismo, que ahora corroe la política latinoamericana.

Aunque fingen o lo ocultan, hay seguidores domésticos de las políticas disparatadas de los gobernantes de la Venezuela de hoy. Si pretenden electoralmente llegar al poder, tienen la obligación moral de ser honestos con la ciudadanía acerca del rumbo que quieren imponerle al país. Difícilmente las personas podremos buscar la felicidad o el bienestar propio, si de hecho no se garantizan nuestros derechos. No es aceptable que nos sea impuesto un criterio de felicidad para todos y cada uno de nosotros, cuando en última instancia eso no es más que la creencia coercitiva particular, de algún pretendiente iluminado de turno y quien aspira a gobernarnos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: buscando el apoyo de la burocracia

Los burócratas también votan, al igual que como lo hace cualquier otro elector. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, los primeros enfrentan un conflicto de intereses: El de ser patronos, como son los ciudadanos de cara a los administradores de la cosa pública, y, a la vez, el de ser empleados, pues dependen de la voluntad de su patrono, la ciudadanía.  Este es un conflicto fundamental que encara la burocracia, el cual tendrá más relevancia entre mayor sea la burocratización de una nación.

Una sociedad que opte por las virtudes de la libertad individual encara la decisión de escoger políticamente límites al crecimiento de la burocracia como bases para organizar su orden económico, en contraste con una administración burocrática, sujeta en su accionar a la obediencia de la ley, reglamentos y regulaciones que debe observar a ciegas. Esto porque si las burocracias crecen relativamente, hace que decline la capacidad de desarrollo de una economía, que efectivamente pueda satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores.

Si el orden económico es regido por una burocracia, ésta no hace más que obedecer lo que cualquier ley le permita hacer, sin importar si la solución a un problema es efectiva o no. Interesa tan sólo que la actuación esté dentro del marco de la ley y nada más.  En contraste, tal limitación no existe cuando en sociedad el individuo es libre de organizarse productivamente. Las habilidades del empresario para innovar, así como su iniciativa para resolver problemas, que esencialmente toman en cuenta los intereses de los consumidores, se logran traducir en el progreso, bienestar y crecimiento de las sociedades, en un orden basado en el mercado y la búsqueda de utilidades. Por su parte, un orden burocrático no tiene posibilidades de tales logros, pues la actuación del administrador está restringida al cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones, que limitan la discrecionalidad de esos actores. 

Como escribió Ludwig von Mises, 

“Decir al director de una empresa sometida a un régimen de beneficio posible pero limitado: ʹCompórtese como un concienzudo burócrataʹ, equivale a ordenarle que evite toda reforma. Nadie puede ser a la vez un buen burócrata y un innovador. El progreso es precisamente lo que los estatutos y los reglamentos no han previsto; queda necesariamente fuera del dominio de la actividad burocrática”. (Burocracia, Madrid, España: Unión Editorial S. A., 1974, p. 95). 

Un argumento en favor de un estado relativamente pequeño, limitado, es que minimiza la necesidad de una burocracia, cuyos incentivos no se dirigen al logro de la mayor satisfacción del consumidor ni a obtener el mayor crecimiento posible, sino tan sólo a la satisfacción de las regulaciones y reglamentaciones predeterminadas. Ello lo que hace es impulsar el mantenimiento de un indeseable status quo. 

Para restringir un estado con un proceso de crecimiento de su burocracia, se hace necesario convertir dicha voluntad en una realidad política, por la vía de elecciones libres. Es aquí en donde las cosas suelen ponerse difíciles, porque los partidos políticos naturalmente lucharán por ver cuál es el que ofrece más, en términos de apoyo, aliento y estímulo a la burocracia, a fin de obtener como compensación su voto en las elecciones. 

Si trasladamos estas apreciaciones al caso actual de la política costarricense, es fácil observar cómo todos los candidatos presidenciales para las próximas elecciones ofrecen, en mayor o menor grado, mejorar los campos de acción de la burocracia (aunque paradójicamente en ocasiones digan estar en contra de “la burocracia innecesaria y dañina”). Esto lo cumplirían simplemente ampliando sus funciones u ofreciéndoles mantener actividades que hoy se presume debían desempeñar bien, pero que el pueblo ha visto que son innecesarias que las lleve a cabo  (como es el caso del Consejo Nacional de Producción). También los políticos les prometen a la burocracia que le devolverán funciones que en el pasado se habían eliminado por haber mostrado una obvia ineficiencia, como es el caso de la construcción directa de carreteras por el Ministerio de Obras Públicas. Los candidatos también proponen darle más recursos a la burocracia, ante una presunta escasez de fondos que supuestamente impide un desempeño eficiente de esas burocracias. Hacen eso aún cuando se derive en serios problemas presupuestarios, que sumergirán más al país en un déficit voraginoso. En resumen, los partidos políticos, de cara a un proceso electoral, ofrecen a una burocracia establecida, darle un ámbito mayor de acción que el que actualmente tiene, aunque ello termine afectando la capacidad de progreso de la sociedad.

¿Por qué entonces los electores, bajo el supuesto de que mayoritariamente no forman parte de las huestes burocráticas, no votan en contra de esa ampliación del marco en que estas actúan? Posiblemente porque lo usual es que esos individuos dispersos no están tan cohesionados como los burócratas (burocracia casi suele ser sinónimo de sindicalismo al interior del estado) y consideran que su voto individual no es relevante como para poder superponerse a una burocracia organizada (posiblemente se abstendrán de votar). Pero también porque individuos privados podrían pretender que, en una elección en donde salgan victoriosos, habrá una apertura dentro de las estructuras burocráticas, tal que les permita obtener buenos beneficios personales o de familiares. Este caso podría ser sólo un fenómeno de corto plazo, pues luego sobrevendrán los daños al crecimiento de la economía, cuyo correctivo bien podría requerir deshacerse de una onerosa burocracia ampliada y entronizada. Lo sucedido recientemente en naciones como Grecia, Chipre, España, entre otros países europeos, es muestra de tal posibilidad.

Asimismo, no se debe descontar que los electores no burócratas desconozcan la naturaleza del problema de sociedades que se van burocratizando.  Tal vez los movimientos liberalizadores de Europa del Este a finales del siglo pasado, hayan servido para entender este problema, al ser aquellos una reacción emancipadora frente a regímenes políticos altamente burocratizados, como lo fueron la antigua Unión Soviética y sus satélites.  El ciudadano de Europa del Este vivió en carne propia y con dureza, el peso ineficiente de las burocracias. En esencia, su lucha de emancipación fue en contra de un socialismo burocrático que frenaba todas sus libertades y posibilidades de progreso.

Creo que la ignorancia acerca de estos temas juega un papel importante en la decisión que toman muchos electores, de no votar en contra de propuestas que aumentan el poder de la burocracia.  No sólo se ven atraídos a votar por grupos políticos que prohíjan la administración burocrática porque generaría ingresos para ellos o sus familiares, sino porque creen que el estado, en vez del sector privado, es quien les puede brindar mejor los bienes y servicios que ansían tener. 

Pero esa es una ilusión que debe ser expuesta, al menos como un proceso didáctico de parte de intelectuales amantes de la libertad. En una burocracia no hay incentivos que permitan satisfacer cualesquier ansias que pueda tener el consumidor, sino que el incentivo es tan sólo el de cumplir con las reglamentación impuesta a esa burocracia. No hay estímulos para lograr mejores formas de producir bienes – de innovar- porque los réditos debidos a esa innovación no llegan a los burócratas, como si lo hacen a los empresarios en un sistema de mercado competitivo. El burócrata tan sólo puede cumplir con lo establecido por las leyes y reglamentaciones. El incentivo que perciben es tan sólo obedecer lo que le permite la ley. Es más, en la jerarquía burocrática, en las cumbres del mando (commanding heights), los superiores no consideran deseable que el ejercicio del poder se lleve a cabo por los burócratas inferiores o por unidades políticas relativamente menores con independencia de las decisiones determinadas por los administradores superiores (“que no hagan olas”). Esa fue la conducta típica en las burocracias nazis, fascistas y socialistas-marxistas: una dependencia total de las burocracias a las decisiones tomadas por el planificador central, usualmente un grupo pequeño de individuos con poderos omnímodos.

Por estas razones, es crucial que se informe al elector de los graves daños que provoca a sus expectativas el desarrollo de órdenes burocráticos. Esto en contraste con lo que se podría obtener en el caso de órdenes económicos basados en el mercado, con sus características de lucha, competencia, la obligación de satisfacer el consumidor y la evitación de pérdidas y el logro de ganancias.

La opción política entre más burocracia y más empresa privada claramente la delineó Ludwig von Mises, quien escribió que 

“Es indudable que, como dicen quienes se oponen a las tendencias que llevan al totalitarismo, los burócratas tienen libertad para decidir, según su propia discreción, cuestiones de importancia capital para la vida de los individuos. Es cierto que lo funcionarios no son ya servidores de los ciudadanos, sino amos y tiranos irresponsables y arbitrarios. Pero esto no constituye un defecto de la burocracia, sino que es el resultado del nuevo sistema de gobierno que restringe la libertad del individuo en la gestión de sus propios asuntos al asignar cada vez más tareas al gobierno.  El culpable no es el burócrata, sino el sistema político. Pero el pueblo soberano tiene todavía libertad para deshacerse de ese sistema”. (Burocracia, Madrid, España: Unión Editorial S. A., 1974, p. p. 22-23).

Ojalá los ciudadanos todavía voten por el camino de la libertad y no el de la servidumbre ante las burocracias.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el pasquín del Gobierno

Hace unos días, diversos medios de comunicación informaron que el Poder Ejecutivo había decidido lanzar un periódico para "transmitir las buenas noticias", porque -según el Ministro de Comunicación (¿?), Francisco Chacón, tanto ellos como la prensa no estaban "sabiendo comunicar acertiva y acertadamente las noticias". 

Pues bien, esta nueva estrategia ya no asombra entre los desaciertos y ridículos de la Administración de Laura Chinchilla. Es claro que el hecho de que los costarricenses no estén apreciando la labor del Gobierno no es culpa de los medios -aunque en otra ocasión abordaremos el papel negativo que juega la prensa en algunas ocasiones- sino de sus propios yerros y descaros. Los ciudadanos no están calificando positivamente a esta Administración porque simplemente no está haciendo nada bien; por el contrario, impulsó un paquete de impuestos altamente extorsivo a pesar del enorme descontento popular, fue incapaz de arreglar algo tan sencillo como una platina y más bien remendó un hueco en la Autopista General Cañas de forma tan mala que no tardará en volver a dar problemas, ha llevado a cabo uno de los chorizos más desvergonzados que hemos visto en los últimos años como lo ha sido La Trocha, ha protegido a varios funcionarios fuertemente cuestionados (Oscar Núñez, Leonardo Garnier, Luis Liberman, Francisco Jiménez, etc.) sin pedir renuncias y, mucho menos investigaciones, removió a una viceministra por un acto privado que no afectaba a nadie más que a su persona y a su familia, mandó a imprimir nuevos billetes -con propaganda figuerista incluída- y aún podríamos continuar citando más casos, pero sería llover sobre mojado. 

La ceguera de doña Laura y sus Ministros para darse cuenta que las decisiones tomadas han sido pésimas es tal que, en lugar de dar un rumbo al timón, prefirió culpar a otros de sus pifias -como ha sido la tónica en lo que va de su Administración- y lanzar un periódico donde publiquen las noticias que mejor le convengan, tratando de mejorar su imagen mediante propaganda de cara a las elecciones del 2014, donde puedan exponer los "logros" de sus proyectos clientelistas.

Además de la terca irresponsabilidad de la mandataria y el cínico intento de cazar votos, preocupa que este pasquín se convierta, como ya lo parece, en el medio oficial que oculte información y dificulte el trabajo de medios independientes, como en las dictaduras. Por más que algunos nos tilden de exagerados y crean que la casi bicentenaria democracia costarricense está más sólida que nunca, los eventos que poco a poco se van sumando, indican que el camino de servidumbre del que nos hablaba Hayek no pareciera una distopía.

Desde la tribuna: clientelismo electoral, empleomanía y cleptomanía, repasando la Teoría del Estado

Se siente una terrible angustia cuando se observa lo que pasa con algunas gestiones públicas. Costa Rica no es excepción sino más bien exacerbación.

Las noticias causan más susto que un tsunami y tanto disgusto como un asalto callejero. La Administración pública hizo unas acrobacias según las cuales condonó más de diez mil millones de colones de la deuda del Gobierno central con la CCSS. El régimen de pensiones común (IVM) está a punto de colapsar. La planilla estatal aumenta desmesuradamente.

Si hacemos un examen de otras situaciones, concluiremos que el asunto es grave: el estado del régimen de pensiones del magisterio nacional y cómo resulta con cargo al presupuesto, la relación entre el régimen de pensiones del magisterio nacional y la contribución presupuestaria a las universidades públicas, el tema delas incapacidades en la CCSS, el aumento generalizado de las planillas de la Administración pública central y descentralizada, la desmejora en los servicios públicos, porqué el Poder Judicial tiene un sistema de pensiones diferente del común (IVM de la CCSS) y de dónde vienen los fondos.

Cuando un cantinero se olvida del negocio y empieza a tomarse los tragos detrás de la barra del mostrador, entonces se dice que volvió el rótulo para adentro. Solo se atiende él, no atiende a los clientes y la cantina perdió la razón de ser.

En algunos servicios públicos es más que evidente que la administración volvió el rótulo para adentro.

Para colmo de males, algunos políticos han entendido que el camino al poder pasa por ofrecer repartición, prestaciones y subvenciones a cambio de los votos y el apoyo electoral. Es una racionalización exagerada de parte del electorado (hay que recordar a Buchanan, “the public choice”).

En algunos casos, hay arreglos para obtener ganancias a costa del pueblo. El caso de la “alianza estratégica” de una sociedad anónima de una institución autónoma con un “empresario” (quien gana comisión por los ingresos por partes) para poner cámaras en las carreteras es de antología. ¡Tan rápidos para estas cosas y tan despaciosos para otras!

En lugar de ofrecer probidad, eficiencia, orden, disciplina, trabajo y un gran respeto a la Constitución, el programa electoral se centra en “redistribución”, expoliación y favoritismos. En un abuso de la expresión “justicia social”, se realiza un peligroso juego entre electorado, candidatos y programas políticos que asemeja una subasta: “¿quién da más?”.

Por supuesto, en este juego de subasta del voto se ofrecen dádivas que se obtendrán de “terceros de buena fe”. ¿Bono de vivienda? ¿Programa “avancemos”? ¿Subsidios? ¿Salarios extra? Todo saldrá de los bolsillos ajenos.

Obviamente, es una forma de demagogia (dominación tiránica de la plebe). Sin embargo es puro clientelismo electoral.

La Constitución Política habría de ser el límite de tanto desmán y abuso. Sin embargo, hemos estado descuidando el órgano político fundamental para poner los puntos sobre las íes.

¿Cómo ponerle el cascabel al gato? ¿A quién le corresponde? Para ello hay que terminar de comprender la magnitud del problema. El Estado ha sido secuestrado, asaltado e instrumentalizado en favor de algunos intereses que no corresponden a tal organización.

Se entiende que el Estado es para garantizar el Derecho y los derechos fundamentales. Se organiza bajo una serie de supuestos (establecidos en la Constitución Política) y para actuar de conformidad con un sistema de principios y procedimientos.

La soberanía reside en la Nación (o sea, el pueblo es el soberano y la organización actúa en función de él). Pero el soberano se constituye en un pacto que respeta derechos y garantías individuales, unas formas y unos procedimientos esenciales.

El mismo poder del pueblo no puede pasar por encima de los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política. Muchos menos el poder derivado y con menos razón la Administración Pública.

No obstante, por desidia y abulia se ha ido dejando hacer a algunos órganos y creaciones derivadas. Por ejemplo, ahora Recope decide hacer una refinería nueva y capitaliza una cantidad irrazonable a partir de un sobreprecio inaceptable. ¿Quién lo autorizó y cuál es el plan?

El órgano legislativo tiene la potestad de designar magistrados (cabeza del Poder Judicial, cúspide de la competencia jurisdiccional en diferentes materias e integrantes de la Sala Constitucional). También elige al Contralor General de la República (órgano auxiliar en el control de la Hacienda y recursos públicos) y tiene injerencia en otros nombramientos importantes. No obstante, tenemos a los diputados confundidos exigiéndoles leyes a granel y distrayéndoles de sus cometidos fundamentales.

Por supuesto que entonces campean la cleptomanía, el clientelismo y la empleomanía, al capricho de los administradores transitorios. Devuelven comestibles por votos, favores por elección, nombramientos por simpatía electoral, negocios por comisión, condonación y encubrimiento.

Han secuestrado al Estado con la obsecuencia de los órganos contralores del poder público, porque nos hemos dejado arrebatar nuestros derechos. Una parte de la población está a la espera del puesto público (aunque no haya que trabajar), de la dádiva, del bono, del subsidio, otra parte de la población (políticos) puja por ofrecer tales favores, la administración vuelve el rótulo para adentro y los demás nos dejamos sin protestar. Aceptamos que se diga que combaten la pobreza, nos quedamos callados cuando tramitan irregularmente pacquetazos tributarios, nos da miedo defender nuestros derechos, nos asusta que nos arruguen con pauta publicitaria de la Administración Pública, nos solazamos cuando se habla mal de los diputados y poco a poco nos convertimos en cómplices del desastre.

¿Qué hace falta para despertar? ¿Quién se apunta a defender una organización estatal bien orientada? ¿Quién está dispuesto a luchar por los derechos fundamentales? ¿Quién se suma a una pelea para que las cosas se hagan bien en la Administración pública?

Federico Malavassi Calvo

Jumanji empresarial: independencia, mas no libertad

En el día de la independencia se supone que celebramos la libertad. ¡Que maravilloso como exaltamos esta palabra, libertad! Que triste el olvido de su significado…

La tiranía no tiene nacionalidad ni lazos de sangre. Por haber nacido en casa no se vuelven aceptables los abusos del poder político ante la ciudadanía. Celebramos el momento en que nos libramos de la servidumbre a la que nos sometían los españoles durante la colonia. ¿Pero por qué se vuelve acetable la servidumbre ante políticos nacionales?

Exaltamos la democracia. Pero democracia sin libertad no es más que tiranía. Las elecciones no son suficientes para asegurar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Con los recursos del poder a la mano, no es difícil para una clase política manipular a una mayoría a través del populismo y clientelismo para perpetuar su sistema de privilegios políticos. Esto no se trata de derechas o izquierdas. Se trata del poder. Podrán cambiar las banderas y los colores, pero el hecho de que se enriquezcan con las arcas públicas y abusen del poder para provecho propio, no tiene ideología.

Como decía Bastiat, el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás. Es esa avaricia y ciega ambición que causa que el poder, aún cuando concebido de las mejores intenciones, rápidamente caiga en el abuso y la corrupción. Es un hecho inescapable de la naturaleza del poder. Decía Lord Acton que el poder corrompe. Quién ignore esto, ignora una evidente realidad.

Pero aún así somos cómplices sumisos del siempre expansivo poder y privilegio de nuestros políticos. Vemos cómo, vulgarmente, se reparten los dulces de la piñata y aún así les seguimos dando más de nuestro dinero, sudor y sacrificio. Decidimos vivir en una fantasía ideológica, llena de falsos héroes y villanos demasiados reales. Nos dejamos drogar por sus dulces cantos de esperanza y rehusamos despertar a nuestra realidad cada vez más podrida de violencia y pobreza.

Está bien este 15 de septiembre honrar a nuestra patria, nuestras comunidades y nuestras familias, pero no caigamos en el error de celebrar la libertad cuando esta no es verdaderamente nuestra.

Rodrigo Molina

Flash Legislativo

Otra vez más, los estatistas, intervencionistas, reguladores y colectivistas, vuelven a la carga. La semana anterior, el Plenario Legislativo aprobó -eso sí, con la oposición de la Fracción del Movimiento Libertario- una moción para aplicarle vía rápida, dispensar de trámites y delegar a una Comisión con Potestad Legislativa Plena, el proyecto de ley N° 17.874, de la Liberacionista Viviana Martín, para regular el porteo, eliminándolo como actividad privada y convirtiéndolo en un servicio público, sujeto a permisos y trámites.

A pesar que a mediados de este año, los Diputados Libertarios lograron traerse abajo un plan similar, al presentar ante la Sala Constitucional una consulta sobre el expediente N° 16.136, los demás legisladores subsanaron los errores mediante una nueva iniciativa y avanzan decididos a limitar la libertad de empresa, trabajo y comercio en esta actividad.

Para resolver el "caos" nacional con porteadores y taxistas, los de siempre pensaron en lo de siempre: estatizar, fomentar la intervención, darle alas a la burocracia y exigir permisos que, como bien nos ha enseñado la experiencia, sólo sirven para impedirle a la gente trabajar y fomentar la corrupción. Porque cuando se ponen barreras de entrada al mercado, el gran beneficiado es el político, que puede castigar o premiar a los solicitantes de permisos, según su apoyo y trabajo en futuras campañas electorales o en la realización de ciertos "trabajitos" que le permitan mantener o aumentar su poder.

Lamentablemente, en ASOJOD creemos que la suerte está echada. Con mayoría aplastante en la Comisión Legislativa con Potestad Plena, los Diputados del PLN, PAC, PUSC y RC y, con la ayuda de algunos porteadorcillos que se beneficiarán con los permisos, lograrán su cometido: dejar sin empleo a miles de ciudadanos y, de paso, darle una manita a Rodrigo Arias en las elecciones del 2010.

Tema polémico: la desigualdad social

En varias ocasiones nos han criticado a los liberales por no mostrar interés en el problema de la brecha entre los ricos y los pobres. En gran parte, estos críticos tienen razón: no encontramos sentido en dedicarle tanta atención al problema de la desigualdad social y optamos por concentrarnos en atacar el verdadero problema, que es la pobreza. La desigualdad social, contrario a lo que muchas personas exponen, no es la causa de tantos males que aquejan nuestra sociedad, pero admitimos que una desigualdad social con contrastes tan elevados como es el caso de América Latina, es extraño y no es normal en los países más desarrollados del mundo y amerita un análisis que explique sus razones.

Según el famoso coeficiente Gini que mide la desigualdad, América Latina es la región del mundo con mayor contraste entre ricos y pobres. El 5% más rico de América Latina concentra el 25% de la riqueza, mientras que el 30% más pobre alcanza apenas el 5.5%. Ni siquiera África tiene brechas entre los más ricos y los más pobres tan amplias. Según datos de CEPAL, 36.5% de la población de América Latina vive en condiciones de pobreza y 13,4% en condiciones de extrema pobreza, los que significa que más de 200 millones de personas en la región viven con menos de $2 diarios y cerca de 100 millones vive con menos de $1.

¿A qué se deben estos contrastes tan elevados? Contrario a otras regiones del mundo, América Latina tiene un par de características que, creemos, están directamente relacionada con estos contrastes: el constante irrespeto por la igualdad jurídica que deberían tener todas las personas y el completo irrespeto al imperio de la ley. Las personas más pobres constantemente ven frustrados sus deseos de surgir y aumentar su capital cada vez que quieren iniciar su propio negocio u optar por opciones laborales de mejor remuneración, por causa de un sinnúmero de trabas y requisitos impuestos por el Estado, como lo son regulaciones, permisos, licencias, impuestos, monopolios, salarios mínimos, entre otros, mismos que en ASOJOD hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Por otro lado, parece que, cuando una persona alcanza cierto grado de poder económico o político en la sociedad latinoamericana, las reglas del juego cambian para ellos. Rápidamente, las puertas de favores, privilegios, excenciones, subsidios y preferencias se abren de par en par a su favor. Vivimos en una sociedad en que las personas pueden incrementar su capital fácilmente por medio de corrupción, favores políticos y creación de monopolios u oligopolios que benefician a unos cuantos.

América Latina se diferencia considerablemente de otras regiones del mundo, en que el poder se puede concentrar con mucha facilidad en tan solo unas cuantos manos, lo que hace que sus detentores puedan usar la maquinaria del Estado para decretar quiénes serán los ganadores y los perdedores, impidiendo que quienes estén ajenos a su círculo puedan surgir como resultado de su esfuerzo personal y deseo de superación. Medidas mercantilistas que traen consecuencias nefastas y que lamentablemente le achacan al capitalismo y al liberalismo cuando en realidad no tienen absolutamente nada que ver con las ideas que exponemos nosotros.

Ahora bien, las medidas que recurrentemente siguen tomando los gobernantes para disminuir esta brecha es la trillada fórmula de quitarles a los ricos para darles a los pobres. Siguen con la majadería de creer que una solución a este problema podría ser el desincentivo de la generación de riqueza y la alcahuetería a la pobreza. Pero por supuesto, esto sin afectar al círculo de amigos que concentran el poder. Por eso seguiremos viendo golpe de Estado tras golpe de Estado, revolución tras revolución, populismo tras populismo.

Sin lugar a dudas, los políticos tradicionales no se han dado cuenta que el círculo está en las cobijas y que para solucionar buena parte de los problemas de la región se requieren reglas claras, simples, transparentes y que no sean modificadas para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Sin embargo, hacer esa reflexión no sólo requiere de decencia, honestidad e inteligencia, sino también de una renuncia expresa a las facultades todopoderosas de nuestros gobernantes. Hasta tanto eso no suceda, América Latina seguirá transitando por la senda del subdesarrollo y quienes quieran surgir, tendrán que buscar tierras menos hostiles a sus pretensiones.

Tema polémico: el programa de Delegados Presidenciales

Para este Tema polémico, en ASOJOD queremos abordar el programa de Delegados Presidenciales que fue creado durante la primera Administración Arias Sánchez (1986-1990). Este programa tenía como objetivo central coordinar proyectos entre las localidades y las instituciones estatales, mediante el trabajo de funcionarios nombrados por el Presidente de la República para que sirvieran como un enlace y canal de comunicación entre las partes. Su función era colaborar en la solución de problemas e informar a sus superiores de conflictos o peticiones.

Durante la actual Administración, el Viceministro de la Presidencia reavivó el interés de darle un nuevo impulso al programa (aún vigente). La novedosa iniciativa busca posicionar a los delegados como parte del engranaje de la lucha contra la pobreza que dirige el Consejo Presidencial de Bienestar Social. Además, se trataría que los delegados nombrados con requisitos del Servicio Civil y no como actualmente ocurre, por recomendación de los Diputados. Asimismo, se les daría un horario y una oficina, posiblemente, en las municipalidades y su financiamiento provendría de una partida de 500 millones de colones que el Ejecutivo intentará incorporar en el próximo Presupuesto de la República.

Ante esta propuesta, el lector podrá notar el absoluto desdén e irrespeto hacia la autonomía municipal. Para los políticos tradicionales que impulsan este programa, el Gobierno Local tiene la función de ser la oficina comunal para atender pegabanderas y repartir sus favores clientelistas. Y si bien la lista de críticas a este programa puede ser kilométrica, en ASOJOD quremos centrarnos en dos aspectos que procederemos a explicar.

En primer lugar, está la falta de transparencia y duplicidad de funciones. Hace tres años, la Contraloría General de la República había señalado la existencia de débiles controles y funciones confusas por parte del Programa. En ese entonces, el órgano Contralor concluyó que muchas de las tareas de los delegados son competencia de otros órganos del Estado como las municipalidades, el Ministerio de Seguridad y hasta la Contraloría.

Lo anterior refleja un síntoma propio de muestro país: el centralismo excesivo de la toma de decisiones y la necesidad, casi patológica, de tener ingerencia en la toma de decisiones locales. He aquí la primera incongruencia: si existen instituciones encargadas de coordinar a distintas dependencias y funciones entre instituciones, ¿por qué delegar esta tarea en otras personas?, ¿Por qué pagarle a cualquier hijo de vecino para que haga lo que otros ya hacen? ¿Qué pasa con el dinero de todos los costarricenses? Así las cosas, cuando tenemos dos personas haciendo lo mismo, una que se supone preparada para asumir la tarea y otra que no, entonces ¿quién es el intruso?, ¿Quién está de más? Ante tanta sinrazón sólo existe una respuesta coherente: la voracidad política de la cúpula que dirige al Partido en el Gobierno (no precisamente liderada por la Presidenta) busca extender sus tentáculos por todos los resquicios de institucionalidad, para seguir haciendo el trabajo de organización territorial para la campaña electoral siguiente.

La segunda incongruencia se origina en la propia naturaleza del delegado. Si la participación activa de los ciudadanos es tan loable, ¿por qué no realizan sus tareas gratuitamente? ¿Por qué tiene que mediar el Ejecutivo? ¿No es preferible que surja de la propia voluntad de los ciudadanos la participación en los asuntos de la comunidad? ¿Dónde queda la espontaneidad ciudadana? De nuevo, solamente existe una explicación y, curiosamente, es la misma: a los políticos que impulsan este mamarracho no les interesa la participación ciudadana, sino únicamente tener una clientela política consolidada para que hagan la labor encomendada cada cuatro años.

Sin duda, el programa de Delegados Presidenciales está rodeado de serias dudas e incongruencias, teñidas por las peores prácticas clientelares en momentos donde las arcas públicas pasan por dificultades. La naturaleza del político es la búsqueda del poder, pero las democracias modernas han creado límites y contrapesos para equilibrar el sistema. Es en este sentido que la oposición tiene el deber de frenar cualquier aspiración encaminada a fortalecer este desdichado plan. En ASOJOD esperamos que, como mínimo, se rechace su inclusión en el Presupuesto Nacional.

Falta control ciudadano

El editorial de La Nación del 13 de marzo, titulado “Confusión de papeles”, ubica los problemas crecientes del Ministerio de Educación en el clientelismo político, en los nombramientos de docentes y administradores que han llevado esa institución a una crisis galopante.

Me parece muy sano empezar por señalar esta relación causal, pero no permanecer en ella, ya que existe una causa sistémica que la sostiene y que genera el colapso progresivo del todo el aparato institucional.

El clientelismo es hijo de una relación insana, que permite que la alta jerarquía utilice sus posiciones institucionales para consolidar y mantener sus redes de poder político y personal. Una relación en última instancia patrimonialista, propia de las seudorrepúblicas, derivada de la falta de controles ciudadanos efectivos sobre los productos y el impacto de la políticas públicas. Controles que sabiamente exige la constitución, pero que no se aplican por falta de interés o de visión de sistema.

Condición indispensable. Mientras los ministros y altos jerarcas no deban dar cuentas efectivas sobre su gestión y puedan ser destituidos, como en las democracias avanzadas, seguirá profundizándose el proceso de colapso institucional.

Lamentablemente el Plan Nacional de Desarrollo recientemente anunciado, si bien alude a la reforma institucional como una de las tareas necesarias para el desarrollo, esta aparece apenas mencionada, como si hubiera sido añadida al final, más para responder a la insistencia de algunos asesores que a una convicción de los propulsores del Plan.

Para restringirme al caso del Ministerio de Educación, cabe preguntar si se puede corregir el rumbo mientras no se den facultades a la ciudadanía, empezando por modificar la composición del Consejo Nacional de Educación, para incorporar a los padres de familia y darles poder efectivo de gestión y control de la educación en los ámbitos regionales.

Esto, desde luego, implica, para que sea efectivo, una evaluación permanente de resultados e impacto, y no solo de metas. También implica desechar toda la normativa de controles aparentes, concentrada en pequeños detalles formales, que inhiben la gestión y el desempeño eficientes de las instituciones.

Ciudadanos de verdad. Dicho en sencillo, se trata de aplicar a la administración pública los principios básicos que regulan la actividad de la empresa privada, garantizando la supremacía de los socios. No podemos llamarnos ciudadanos de verdad si no tenemos los mismos derechos en relación con el Estado, la empresa de todos, que la que tienen los accionistas con su empresa. Esto es, la posibilidad de pedir cuentas efectivas a nuestros gobernantes para ajustar su quehacer y de revocar con agilidad sus nombramientos en caso de incumplimiento grave, como lo tienen las democracias avanzadas y como lo aplican las empresas privadas.

Lamentablemente mientras estos elementos constitucionales no se reivindiquen por las instancias contraloras o se creen por ley, cuando corresponda, el proceso de parálisis institucional seguirá agudizándose. El desarrollo institucional requiere visión de futuro, dejar atrás el pasado, romper con los resquicios del vasallaje tradicional y consolidar el poder ciudadano efectivo para poder estar a la altura de las exigencias del siglo XXI.


Miguel Sobrado
Tomado del periódico La Nación