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lunes, 18 de febrero de 2013

Tema polémico: un nuevo Papa más tolerante y tolerable

En ASOJOD siempre hemos tenido una posición muy crítica contra la religión y sus instituciones, especialmente contra la Iglesia Católica, que es la más fuerte en nuestro país, por sus posiciones contrarias a la libertad y a los derechos individuales.En ocasiones anteriores, hemos atacado la peligrosa intromisión de la Iglesia en las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, eutanasia, aborto y unión de personas del mismo sexo. Como siempre hemos dicho, todas esas decisiones corresponden únicamente a los individuos que viven la situación y a la Iglesia ni al Estado influído por esta.

Sin duda, el rostro más visible de la Iglesia es el Papa. Y Benedicto XVI, en su anterior postura como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (antigua Inquisión en el medioevo) y en su actual papado, ha sido muy enfático en censurar muchísimas de esas libertades. Su posición, sumamente conservadora, ha influido en los diferentes Estados -y el costarricense no es la excepción- para que el camino hacia una sociedad respetuosa de los derechos indivuales sea más intrincado y complejo, como lo demuestra la renuencia de este Gobierno para discutir temas como la unión civil de parejas del mismo sexo. Por el contrario, inspirada por la idiotez y el fanatismo, la Administración Chinchilla Miranda declaró de interés público una conferencia de un médico que pretende ofrecer la "cura" a la homosexualidad. Retrógrado, medieval, despreciable, estúpido y otros adjetivos son los que merece tal decisión.

Lo cierto es que, con su sorpresiva renuncia (que desearíamos también influyera en la renuncia de nuestra muy católica señora Presidente de la República) se abre un nuevo capítulo político en el Vaticano para la elección de su sucesor. Sea desde la perspectiva espiritual para los creyentes, donde elegirán al designado por Dios para representarlo en la tierra o desde la perspectiva laica, donde un Estado elegirá a su nuevo gobernante, el cónclave que se celebrará en marzo próximo será todo un evento mundial.

Por supuesto, en ASOJOD esperaremos que, aunque parezca difícil y poco probable, el nuevo Papa tenga una posición más acorde con los nuevos tiempos y sea más sensato que su predecesor. La gran cantidad de personas con enfermedades de transmisión sexual, los niños abandonados producto de embarazos no deseados, los discriminados por su orientación sexual, la víctimas de violencia de género así lo exigen. Estos flagelos requieren un abordaje serio, basado en más libertad y más racionalidad, en lugar de más intervención y oscurantismo medieval.

Lo mismo esperamos en nuestro país. Tal vez un Papa y una Iglesia más flexibles y tolerantes puedan influir en los sacerdotes criollos para que, desde sus púlpitos o desde la Conferencia Episcopal, le bajen el tono a su oposición y comiencen a dar señales de respeto a la dignidad humana, poniendo por encima del dogma a los individuos.

miércoles, 15 de junio de 2011

Flash Legislativo


El día de ayer, la Asamblea Legislativa archivo el expediente Nº 17.900 que pretendía habilitar la técnica de la fecundación in vitro (FIV). A pesar que en ASOJOD defendemos los derechos individuales, en este caso, los sexuales y reproductivos y consideramos que el Estado costarricense erró olímpicamente cuando, en el año 2000, la Sala Constitucional prohibió la FIV valiéndose de argumentos puramente religiosos -origen de la vida basada en la concepción católica-, lo cierto del caso es que, entratándose de este proyecto en particular, más bien celebramos su entierro.

Por supuesto, no faltaron los amigos de la doxa y de los pronunciamientos aventurados e irresponsables-como los publicados en el foro de La Nación y en varias redes sociales- que culpan a la Asamblea Legislativa sin conocer, a profundidad, el contexto. La verdadera responsabilidad de que los costarricenses veamos atropellado, una vez más, un derecho individual no debe recaer, por esta vez, en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley que envió el Gobierno era sencillamente absurdo. Independendientemente de las posturas religiosas que asumieron algunos legisladores para oponerse, la iniciativa tenía serios gazapos jurídicos y económicos, como lo es obligar a la Caja a financiar la técnica. Tal como lo hemos denunciado con otros casos -como el de la Viagra-, los estatistas encuentran cómodo poner al ciudadano como el pato de la fiesta, obligándolo a pagar de su bolsillo la atención médica y los procedimientos de otros, lo cual es inaceptable.

Además, sólo permitía la técnica para parejas casadas, excluyendo de la posiblidad a las personas en unión de hecho o cualquier otra modalidad de convivencia. Por si fuera poco, pretendía limitar excesivamente la transferencia embronaria heteróloga, mejor conocida como donación de un tercero desconocido para la pareja o para la mujer, con lo cual se restringe el derecho de las mujeres solas a procrear. También obligaba a los pacientes a practicarse una infinidad de exámenes que le permitieran al Estado verificar que eran aptos o no para acceder a la FIV.

Enhorabuena que esta iniciativa tan mal planteada fue archivada. Ella representaba esa costumbre tan arraigada en el político costarricense de hacer todo a la carrera, con base en ocurrencias y sin ninguna seriedad y, mucho menos, previsión de las consecuencias nefastas que traerá. Por primera vez en mucho tiempo, los Diputados tomaron una decisión responsable y sensata, evitando dejarse llevar por las pasiones y las presiones mediáticas.

En ASOJOD estamos a favor del derecho de cada quién a decidir sobre su cuerpo y vida y esperamos que pronto existan otras iniciativas para permitir la FIV como lo que es, un derecho individual, sacando al Estado de la excesiva reglamentación y, especialmente, evitando que todos los demás ciudadanos tengamos que pagar por los procedimientos. En lo que no estamos de acuerdo es en una iniciativa que traslade costos coercitivamente a los ciudadanos, que restrinja el derecho de reproducción de los individuos y que entrometa al Estado en el proceso. Esas, precisamente, eran las características del expediente Nº 17.900.