lunes, 30 de noviembre de 2015

Tema polémico: el cobro del marchamo 2016 es inconstitucional

En estas fechas, los costarricenses no sólo estamos concentrados en los descuentos del Black Friday, el aguinaldo, las compras de navidad, los tamales y las promesas de fin de año. Una cosa más abruma nuestra mente, pero de forma negativa: el pago del marchamo. 

Sobre la materia, lo que más rompe la cabeza de los ciudadanos es tratar de comprender cómo sus vehículos, cada año más viejo y, por tanto, cada vez más devaluados, tienen un valor fiscal mayor. Costa Rica pareciera ser el único país donde ese fenómeno paranormal se presenta aunque para mayor claridad, los últimos informes de científicos especializados han logrado determinar que ocurre sólo para fines impositivos, es decir, para saciar la voracidad del Ministerio de Hacienda. 

El artículo 9 de la Ley N° 7088 del 30 de noviembre de 1988, "Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA" crea el impuesto sobre la propiedad de vehículos (que representa el 69.5% del cobro del marchamo) y establece los porcentajes de impuesto por cada tramo de valor del vehículo sobre los cuales se calcula dicho impuesto de acuerdo con "el valor que tengan, en el mercado interno, en enero de cada año, los vehículos, las aeronaves o las embarcaciones de recreo, según la lista que el Poder Ejecutivo emitirá, por decreto para cada marca, año, carrocería y estilo". 
 
Valor de mercado es aquel al cual, compradores y vendedores, están de acuerdo en realizar el intercambio de dinero por el bien. Sin embargo, Hacienda se inventa el concepto de valor fiscal, a través de unas fórmulas matemáticas de imposible comprensión para la ciudadanía que, además, está completamente desfasado de la realidad. Mientras un vehículo normalmente se deprecia entre un 10% y 20% de su valor al año, para Hacienda se aprecia. Basta con revisar el valor fiscal de su vehículo, indicado en la tarjeta de circulación, durante los últimos años, para darse cuenta que en los modelos del 2001 al 2015, el dato es creciente y, en los anteriores a 2001, aunque decreciente, el ritmo de reducción es más lento que el de mercado.  Así pues, es obvio que a mayor valor fiscal, mayor cantidad de impuesto a la propiedad se debe pagar, aunque ese valor fiscal solo aplica para Hacienda, pues ni aplica para vender su vehículo ni para tasarlo en caso de que el INS deba pagarle la póliza de pérdida total en caso de que sufrieda la destrucción de su bien.
 
Pero lo sorprendente no acaba ahi. El mismo artículo 9 establece que "si la Administración Tributaria no publicara en La Gaceta, en enero de cada año, la lista con los valores de los vehículos, el impuesto se pagará sobre la base de los precios fijados el año anterior. Esto mientras no se publique la lista actualizada". Es decir, es claro que en enero de cada año se deben publicar los tramos que menciona la Ley, a efectos de que el ciudadano pueda corroborar que el monto que deberá pagar a más tardar el 31 de diciembre de ese año, sea el correcto o, de lo contrario, pueda presentar los reclamos correspondientes. 

Algo tan obvio no fue considerado por las autoridades tributarias. El pasado jueves, cuando el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, compareció ante la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público, reconoció que el decreto en cuestión no había sido publicado aún, pero ya se estaba usando para estimar el monto del impuesto a la propiedad y, por tanto, del marchamo.

Así como lo lee. Resulta que el 23 de noviembre salió al cobro el marchamo por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS) y los ciudadanos pudimos corroborar que nuestro marchamo, en muchos casos, era mayor que el del año anterior. Aquellos que revisamos el monto, lo hicimos con base en el último decreto vigente, el Decreto N° 38722 del 24 de octubre de 2014, que contiene la lista de valores para 2015, pues no había otro parámetro y así lo ordena el propio artículo 9 de la Ley N° 7088. Allí descubrimos que existía una inconsistencia entre lo calculado y lo establecido por Hacienda. Pero no; había que calcularlo sobre la base de los datos de 2016, aunque no tengamos forma de conocerlos y aunque esto violente lo que dice la ley.

Entonces ¿cómo y por qué lo utilzaron? La razón, desde el punto de vista numérico, es simple: en la nueva lista, por causa de una baja inflación anual, los tramos bajaron, de forma tal que se puede cobrar más por dicho impuesto. La razón, desde el punto de vista jurídico, es más compleja: o en el Gobierno no entienden las disposiciones normativas y los principios constitucionales, o sencillamente, no le importa lo que digan. En su arrogancia, los representantes del "cambio" deciden que ellos son demasiado buenos como para dejarse limitar por un texto jurídico que no supera su sabiduría.
 
En nuestro país existe un principio fundamental, transversal a todo el ordenamiento jurídico: el principio de seguridad jurídica. La Sala Constitucional lo ha explicado como "la existencia de un conjunto de disposiciones que fijen consecuencias jurídicas frente a ciertos hechos o actos" (Voto Nº 2011010375), lo que en sencillo  se puede traducir como la garantía del ciudadano de conocer, de antemano, las consecuencias jurídicas de sus acciones para saber a qué atenerse respecto a los Poderes Públicos. Parte consustancial de este principio es la publicidad, pues no puede exigirse conocimiento y obediencia de la ley, como lo dispone el artículo 129 constitucional, si el ciudadano no tiene forma de darse cuenta qué disponen los Poderes Públicos. 

Así pues, al no publicarse el mencionado decreto, el cálculo del marchamo debía hacerse, como ya explicamos, con los valores del 2015. Sin embargo, el accionar de Hacienda fue diferente y, con ello, violentó no solo la norma sino el principio de seguridad jurídica. Por tanto, lo actuado desde el 23 de noviembre hasta la fecha, debe ser declarado inconstitucional y se debe reintegrar a las personas que ya han pagado el marchamo, el monto cobrado de más, al tiempo que debe sancionarse a los funcionarios responsables de tal desaguisado.

Evidentemente, esta horrible maniobra  responde a la estrategia del Poder Ejecutivo de aplicar una reforma fiscal solapada, sin pasar por la Asamblea Legislativa -donde sabe que no tiene apoyos- y así cobrarle más dinero a los costarricenses para tapar el déficit y saciar su voracidad, en lugar de hacer recortes importantes al gasto público o poner en orden las finanzas públicas.  

En países con alto sentido de la responsabilidad política y seriedad jurídica, el Ministro de Hacienda dejaría su puesto por algo como esto y el Tribunal Constitucional se traería abajo el cobro. No obstante, como se trata de Costa Rica, creemos que don Helio seguirá en su puesto hasta que lo desee o termine su periodo y que la Sala Constitucional dará solo un jalón de orejas al Ministerio de Hacienda, pero sin anular el cobro ni profundizar en la falta pues dimensionará los efectos y hablará sobre la necesidad de recursos que tiene el Estado Social de Derecho para cumplir con sus deberes y bla bla bla. Esperamos equivocarnos, pero el pasado no ofrece buenos augurios.

martes, 24 de noviembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: depende de qué tipo de control

En mucha ocasiones es importante definir cuál es el tipo de control que se pretende lograr de la acción de una entidad, a fin de considerar si es conveniente. Trataré de un caso concreto, que fue objeto de un artículo en La Nación titulado “Acueductos rurales del país operan en completo descontrol: Entes privados administran el 25% del agua del país, mas no hay registro de sus servicios.”

Francamente el que una entidad no lleve registro de los servicios que llevan a cabo ciertas entidades privadas, nos debe de tener sin cuidado, pues nada nos está garantizando que, lo que pretende esa entidad, es lo más conveniente para los intereses de los usuarios finales, los consumidores.  Ese es el primer matiz que le doy a mi comentario: Todo depende de si se sabe, tal vez de previo, para qué es que se quiere implantar un control de parte del estado, y así evaluar si el control pretendido es deseable. O sea, ¿qué se pretende con el “control”?

Un subtítulo de ese artículo dice: “Estado ignora el número de clientes y las tarifas de 1.500 sistema comunales”. Si eso es así, tal vez lo mejor es como están las cosas. Imagínese que la burocracia centralizada quiera saber cuántos clientes hay para hacerles la vida más infeliz. Además de que se dependa de un ente extraño para los ciudadanos, ubicado por allá en Pavas, bien lejos de la comunidad que sí está cerca del servicio. Mejor que, entonces, no sepa aquellas cosas. También podría ser que al ente central no le parecen las tarifas que por el servicio de agua se cobran en las comunidades, ya sea porque son muy elevadas, según su criterio, o bien porque son bajas en comparación a lo que cobra el ente central. Puede ser que lo que pretende es acabar con una actividad rentable y apropiada que puede brindar un servicio de la comunidad; esto es, acabar con la competencia. Así que, hay que andar con mucho cuidado: el centralismo puede resultarle muy caro a quien adquiere un servicio en su comunidad, el cual le satisface en cuanto a calidad y precio.
 
La pretensión del estado la puede reflejar la opinión de un funcionario de la ARESEP, quien expresa que “el desorden y la falta de armonía entre esos entes privados y el Gobierno ha hecho que el 40% de los acueductos opere ilegalmente sin haber firmado el convenio de delegación con el AyA.” Pregunto ¿por qué tiene que ser “armoniosa la relación entre una parte privada y el estado?  Puede ser de sana independencia, hasta de indiferencia y, si a alguien se le ocurre, también puede ser de “dejadme hacer, dejadme pasar,” como tantos han clamado en el pasado. Ese 40% sobre el cual el estado pretende concentrar información acerca de la calidad del servicio, son 28 acueductos municipales en operación, en conjunto con las asociaciones administradoras de acueductos rurales, mejor conocidas como ASADAS.
 
Alguien podrá señalarme, no sin cierta razón, que AyA es un órgano técnico especializado en el servicio de agua, mientras que esos entes privados no brindan la mejor calidad de un producto.  Eso puede ser cierto, pero también hay que entender que tener una mejor calidad de algo puede requerir un mayor precio y, por tanto, el consumidor, libre y soberanamente, puede preferir tener una menor calidad pero a un menor precio. Asimismo, alguien podrá señalarme que AyA es muy eficiente en comparación con la producción de las ASADAS y municipios, pero en esto también me salta una seria duda, cual es el enorme desperdicio de agua que hay en la provisión que, a gran parte del país, nos brinda el AyA, así como también inquieta la muy elevada tarifa que se nos ha cobrado en los últimos años, lo cual, sin duda, ha afectado principalmente al presupuesto de los hogares de ingresos medios.
 
En apariencia el problema del manejo del servicio de agua de parte de las comunidades radica en dos partes.  Primera, que la calidad de esa agua es inferior a la que brinda el AyA. Pero aquí debe tomarse en cuenta aquella relación que expuse entre calidad y precio, aunque, en este caso, señala el periódico que, de acuerdo con la ARESEP, la “debilidad más frecuente [de las ASADAS] es la cloración inadecuada.” Aceptemos que, en principio, clorar el agua es deseable y que la no cloración da lugar a que se presenten enfermedades bacterianas y virales que contagian a otras personas distintas de las que toman agua no clorada (en el lenguaje de los economistas, que hay una importante externalidad negativa por ese suministro de agua no clorada). Pero tal situación no es razón necesaria ni suficiente para que las ASADAS y los servicios municipales de agua dejen de existir como tales. Para esta circunstancia, más bien pensaría en un programa conjunto de asistencia técnica del mayor ente gubernamental en asuntos de aguas, el AyA, con las entidades locales, en cuanto a la conveniencia de que los ciudadanos puedan contar con agua clorada. Y punto; nada más.
 
El otro tema argüido para tratar de cierta manera de obligar a cierta conducta de las ASADAS y las municipalidades, es que las administraciones de éstas son un desorden.  Eso puede ser así: después de todo, esos servicios municipales y las ASADAS suelen brindarlos en áreas relativamente remotas, probablemente con gente que no es de la más preparada técnicamente, usualmente a causa de disponer de menores recursos y de tener poca preparación en lides burocráticas. Pero no es razón para creer que el resultado sería mejor si se les sujeta a un reglamente que puede alterar la independencia de una empresa privada, como lo es la ASADA, ni tampoco de un gobierno de un nivel “inferior” al del centralizado AyA.
 
De nuevo, si hay tal vacío de calidad administrativa, ¿por qué no ofrecerle a las ASADAS y a los municipios un acuerdo para trasmitir la técnica mejor que supuestamente posee AyA? Las partes, hablando, se entienden. No puede ser algo unilateral, sino de beneficio mutuo.

Hay una cosa importante que se debe tener presente: la competencia beneficia a los consumidores.  Si, por ejemplo, AyA ofrece un mejor servicio (digamos con un mejor tratamiento y con cloración) y que tal vez tenga un precio aceptable para los consumidores actuales del servicio privado de las ASADAS y de las Municipalidades, no dudo que gente pueda decidirse por aquello que le ofrezca la mejor relación precio-calidad y oportunidad o permanencia del servicio: la gente no es tonta; podrá no saber de administración profesional, pero suele saber, tanto como cualquiera de nosotros, qué es lo que les conviene. La gente lo que debe de tener siempre es la opción de poder escoger y así “votar” con su consumo qué es lo que prefieren ellos y no un burócrata que posiblemente conoce menos que la totalidad del mercado.
 
Cuando hablo de competencia, me llama la atención que, en estos momentos, está en discusión legislativa “un proyecto de ley para permitirles a las cooperativas vender agua y asumir las ASADAS que no dan la talla.” Es absolutamente un ridículo que actualmente exista tal prohibición: la regla debe ser permitir todo, y que se prohíba lo estrictamente necesario. ¿Por qué razón no pueden ser una competencia para el AyA? ¿Por qué prohibirle a las empresas cooperativas, al igual que las ASADAS, que son empresas privadas, que cualquiera otra empresa privada pueda servirle a los consumidores? ¿Por qué sólo un estado centralizador puede brindar ese servicio? Es más, ¿por qué evitar el acicate de la competencia que obligue al AyA a innovar en sus prácticas?
 
Por eso es que entiendo la posición del señor Rolando Marín, de la Unión de Acueductos Comunales (UNAGUAS), del cantón de Grecia, al señalar que “el sector nunca ha aprobado el reglamento de ASADAS (vigente desde el 2005), pues es abusivo, les limita, controla y los ‘trata’ como entes públicos”, que no lo son.  Ese reglamento lo elaboró el AyA y gran parte del problema es que pretenda su imposición a los otros entes que suplen de agua al país. Me parece que hay conciencia en que estos obtengan asesoría administrativa y técnica, pero a su vez que tienen razón en clamar por tener un espacio para sus decisiones y no la sujeción a un ente centralizador. La competencia debe siempre ser bienvenida, Ojalá que las cosas mejoren para bien de los usuarios, los consumidores, que son quienes importan y no las burocracias, estén donde estén.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 23 de noviembre de 2015

Tema polémico: una agencia de innovación nacional.

El aparato productivo doméstico está compuesto en un gran porcentaje por microempresarios, pero muchos de estos emprendimientos no crecen lo suficiente para trascender y mueren durante sus primeros años (80% de emprendimientos dejan de existir en los primeros tres años).

Este amplio sector de nuestra industria enfrenta desafíos estructurales de competitividad, pero sin duda, uno de los lastres que arrastra tiene que ver con una burocracia dispersa de actores de apoyo a la PYME que funcionan como islas, cada uno con un diseño institucional y procesos de ejecución entrabados.

Según datos del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), hoy Costa Rica posee más 100 programas de apoyo a la PYME. Todo un entramado institucional de apoyo a las Pequeñas y Medianas empresas duplicando esfuerzos y atendiendo las mismas fases del ciclo de vida de estas empresas.

Lejos de atender y centrar esfuerzos en aquellos emprendimientos innovadores y dinámicos de base tecnológica, estos programas se han enfocado en emprendimientos de subsistencia, a través de políticas asistencialistas que lejos de propulsar un motor del desarrollo y encadenar emprendimientos, han creado una clientela de microempresarios que no generan impacto en la economía.

Así, hoy el MEIC es un ministerio sin peso ni capacidad para ejecutar muchas de sus obligaciones. Lo mismo sucede con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es un elefante blanco con enorme cantidad de instituciones y programas, pero sin agilidad para ejecutarlos. Dentro de estas instituciones rectoras del ecosistema de apoyo a la PYME se encuentra COMEX, junto a PROCOMER y CINDE, quienes conforman una realidad diferente: una triada estratégica con una gobernanza distinta, recursos ligeros y mecanismos de ejecución rápida, pero además, con una población receptora de sus servicios pequeña en comparación a la que tienen las otras instituciones.

En medio de este escenario de institucionalidad complejo se ha diseñado una propuesta que está por ingresar a la corriente legislativa: el Proyecto de Ley de Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado.

Según la propuesta que se conoce, esta Agencia plantea una nueva arquitectura institucional, con una nueva forma de operar y un nuevo modelo de atención que le dé escalamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. La legislación no plantea más burocracia ni demanda nuevos recursos al erario público. La idea esbozada, al contrario, busca fusionar los programas existentes y trasladar los recursos bajo una misma sombrilla.

De esta forma, si la iniciativa llega a funcionar, entidades como el CONICIT se unirían a los recursos del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, Los recursos del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a los que se unirían los recursos  del 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Aún es muy temprano para llegar a cualquier tipo de conclusión, pero una propuesta que ordene el ecosistema institucional de apoyo a la PYME, bajo un marco legal similar al de PROCOMER, con las mismas facilidades legales: no aplica la ley de contratación administrativa como tal sino sus principios, no funcionaría bajo el Régimen del Servicio Civil, tiene un régimen de contratación privado y un sistema de transparencia explícito, que además asigna un tope a su gasto administrativo de no más de un 6% del total de las fuentes de financiamiento, merece al menos el beneficio de la duda. 

Si algo se demanda de la Administración Pública es coherencia, sentido de urgencia, capacidad de gestión y conciencia de la importancia de la relación simbiótica que debe existir entre el Estado, el sector Privado y Academia en el diseño de políticas públicas.

Probablemente el mayor reto que enfrenta el proyecto de ley sea su viabilidad política, debido al traslado de recursos de diferentes instituciones como el Banco Popular, o la Unidad PYME del INA, así como el despido, reubicación o movilidad de funcionarios.

Es previsible el rechazo de estos actores a cualquier cambio de su statu quo, sin embargo, debemos saludar un debate que busque poner orden sobre un enjambre de instituciones y programas cuyo impacto actualmente es casi nulo. 

martes, 17 de noviembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: escándalos en la vía

Uno está durmiendo y le despierta el ruido externo, con frecuencia después de las doce de la noche y hasta tal vez las cinco de la mañana, debido a los rugidos de motores -fast and furious- provocados por un montón de escandalosos seudo-corredores de carros y motos, quienes, en lugar de hacerlo en lugares permitidos, lo hacen en las calles cercanas de donde duermen los tranquilos ciudadanos y, sin dudarlo, han de poner en riesgo a los ciudadanos que, por la razón que sea, andan tranquilos por las calles de la ciudad a esas horas de la noche. Esa, dirán los disminuidos Fangios, es la única posibilidad que tienen en la actualidad como justificación para correr, pero lo que reflejan es que no les importa la vida de terceros a quienes los meten en tales riesgos al satisfacer sus caprichos.
 
Ya sabemos que las autoridades han fracasado en un alto grado en detener los piques, pero también es cierto que las leyes como están les impiden sancionar tanto a vehículos como a motos que andan sonando los motores en todo momento.  No es sólo ya en las noches, cuando los picones, los que nos despiertan y nos alarman, salen a correr, sino también en las calles durante el día, cuando salen disparados en los cambios de luz de los semáforos, haciendo gala de sus motores arreglados y ruidosos. 

Uno esperaría que existiera limitantes a ese ruido, pero no es así. Un estado ineficiente se caracteriza, entre otras cosas, por tener leyes malas en lo que es debido.  Eso lo informa La Nación del 23 de octubre, en su artículo “Vehículos ruidosos seguirán en carretera por débil sanción: Nuevo reglamento no obliga a dueños de automotores a arreglar desperfectos.” Nuestra legislación de tránsito, tan resobada y recalentada que fue cuando se hizo, da muestra de goteras por todo lado, empezando que esos ruidos no son usualmente “por desperfectos” como lo indica el medio, sino resultado de costosos “arreglos” que les practican precisamente para que hagan buena bulla.
 
No soy un histérico quien cree que deben existir leyes para todo, pero creo que la convivencia urbana sí requiere de cierto ordenamiento mínimo.  Si un vehículo hace un ruido ensordecedor -definido esto técnicamente- debe ser multado para incentivar que, si quiere hacer ruido, lo haga en un área apropiada para ello, como lo eran antes La Guácima y similares, pero no afectando al resto de ciudadanos que esperan cierta moderación sónica en la ciudad  y en sus afueras.  Si existieran multas, los ostentosos tratarán de revertir o moderar los arreglos que le han hecho a los motores de sus vehículos para que hagan más escándalo.

La libertad tiene un precio; no lo dudo. Pero también hay casos claros en que el abuso de alguien afecta a otras personas.  No estoy proponiendo un silencio de cementerios, sino, creo, algo razonable, cual es moderar los decibeles permisibles para los motores de vehículos. Ello sería factible determinarlo en el examen anual de RITEVE (si no es que falsean el motor para que pase examen), al igual que mediante la revisión de ruidos por parte de los agentes de tránsito. Me imagino que muchos ciudadanos, precisamente no afectos a la bondad de la acción del estado, considerarían que sí es necesario que haya reglas en cuanto a este exceso. 


Jorge Corrales Quesada

lunes, 16 de noviembre de 2015

Tema Polémico: ¿Empleador vs Empleados?

Con frecuencia, los empresarios son acusados de explotadores, inconscientes y codiciosos. Individuos que intentan ganar la mayor cantidad de dinero a expensas de la mayor cantidad posible de personas. A los sindicatos y otros grupos de izquierda les encanta crear esa imagen de que existe una guerra constante entre los empleados y los empleadores.  Tal parece que a estos grupos les encantaría que dejaran de existir empresarios y toda la riqueza se repartirá entre los trabajadores. En ASOJOD nos da la impresión de estos grupos no tienen ni la más remota idea de cómo se crea riqueza. No se dan cuenta que, si no existiesen empleadores, no existirían tampoco fuentes de empleo. 

Por supuesto, un empresario crea y administra su negocio con el objetivo fundamental de hacer dinero, pero eso no tiene por qué perjudicar a otras personas. Todo lo contrario, en su misión por crecer cada día más surge la necesidad de contratar a otras personas. Estas personas colaboran con el empresario a cambio de una remuneración. Una remuneración que se negocia anticipadamente a la contratación y dependerá del valor que agregue ese trabajo al cumplimiento de las metas de la empresa.  Las contrataciones se dan en condiciones de ganar-ganar. Al trabajador no se le obliga a ocupar ese puesto de trabajo ni al empresario se le debería obligar a contratar a una persona si no existiese la necesidad real. Es un proceso en el que se establece un contrato entre dos personas y nadie debería interferir en el mismo.

Lastimosamente en este país esto no sucede de esta manera. Representantes del Gobierno y varios grupos organizados se han encargado de que estos procesos no sean tan libres impulsados por supuestas intenciones de mejorar las condiciones de los trabajadores. A los empresarios los obligan a contratar al personal ajustándose a ciertos horarios laborales, con condiciones mínimas de salario y garantías para el trabajador en caso de despido. A primera vista suena noble y correcto pero las consecuencias reales son muy diferentes. Estas obligaciones que le imponen al empresario lo que hacen es aumentar sus costos de operación y restarle competitividad. Dado esto, las empresas se ven obligadas a contratar menos personal y en algunos casos hasta a cerrar el negocio. Para lo único que sirven estas medidas, supuestamente en beneficio de los trabajadores, es para aumentar el desempleo y disminuir las inversiones. Y ahora, por medio de referéndum, los sindicatos pretenden incrementar el salario mínimo. Esto conllevaría lamentables consecuencias para la economía del país. 

Los que más sufren con estas medidas suelen ser los de menos ingresos pues, al verse obligados a cumplir con tantos requisitos, los empresarios tienen que disminuir las contrataciones y esa baja empieza por aquellos puestos de trabajo que le agregan menor valor al negocio. Puestos de trabajo con pocos requisitos que casi siempre ocupan las personas de menores recursos con menos educación. Muchos negocios, en vista de que les es imposible subsistir con estas condiciones, se ven obligados a trabajar al margen de la ley perjudicando de esta manera sus posibilidades de crecimiento.

Y es que mucha gente tiene una visión errónea de los empresarios en este país. Cuando piensan en el empresario, piensan en un multimillonario que se aprovecha de los demás. La realidad es que la inmensa mayoría de las empresas en este país son PYMES. En muchos casos la empresa la conforman no más que la misma familia del dueño. Son personas emprendedoras que cada día les cuesta más sacar adelante el negocio a causa de este montón de trabas y regulaciones. Y solo hemos hablado de las dificultades para contratar y despedir personal. Esto es tan solo el comienzo de la inmensa cantidad de trabas que tienen los empresarios para salir adelante. A esto se le debe sumar los impuestos que son cada vez mayores, la tramitología, los gastos para abrir y mantener una empresa, los esfuerzos para poder cumplir con la enorme cantidad de requisitos de prácticamente todos los ministerios. Y la lista puede continuar.

En este país, en lugar de propiciarse mejores condiciones para que se genere inversión privada parece que se está haciendo todo lo contrario. Muchos no se dan cuenta que al propiciar la generación de más empresas se aumentaría la demanda de empleo. Y al aumentar la demanda de empleo se mejoran las condiciones de trabajo de todas las personas. 

martes, 10 de noviembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: vuelvo con lo mismo de hace muchos años atrás

Con toda franqueza les digo que ya me tienen cansado denuncias como las que recientemente hace la Contraloría General de la República, en torno al mal manejo que se hace de los fondos públicos.  Es por ello que el artículo que aparece en La Nación del 30 de octubre, titulado “Contralora denuncia terrible manejo de dinero para obras: Marta Acosta explica a legisladores deficiencias de proyectos financiados con crédito externos”,  me cansa, porque ya son muchas las veces en que la Contraloría dice lo mismo a los gobierno de turno y las cosas siguen y siguen haciéndose mal. Casi que la Contraloría en esto parece estar pintada en el papel: me duele decirlo, pero creo que es cierto.

Al mismo tiempo, reconozco que esa es la obligación esencial de la institución, cual es indicar cuando se da un mal manejo de los fondos de los ciudadanos de parte de los gobernantes. Esa es su función primaria, razón por la cual me molesta ver a un presidente, quien si bien acepta la crítica de la Contraloría (es su obligación aceptarla o bien probar que la Contraloría se equivoca), decir, en un artículo de la Prensa Libre del mismo 30 de octubre, que “Cuando se señalan las limitaciones no siempre se hace referencia a los logros y ha habido logros también en construcción, en mantenimiento de vías y en atención de emergencias que han ocupado buena parte del trabajo del MOPT”. [La Prensa Libre, “Solís critica a Contraloría por no reconocer logros,” 30 de noviembre del 2015.) 

La Contraloría no está para dar aplausos a gestiones  de los funcionarios ni siquiera de señalarlas cuando ellos las han hecho bien, pues la obvia presunción es la obligación del funcionario (en este caso del presidente del Poder Ejecutivo y del ministro del ramo) hacer bien las cosas: que haya un correcto y eficiente manejo de los dineros públicos.  Si, como lo pretende el Presidente, lo apropiado es que la Contraloría alabe las acciones que él considera son “buenas”, pues mejor que se le cambie el nombre al órgano de control, por el de “ministerio de adulaciones o de ditirambos o de aleluyas”, que apropiadamente aplaudiría con cánticos elogiosos la gestión de los políticos.  Parece que en ciertos lares hace falta un buen repaso de la Constitución de la República.

Son muchas las explicaciones que nos suelen brindar las autoridades de gobierno acerca del porqué de esos retrasos en la realización de las obras. Obviamente algunas de ellas tienen bases ciertas; no así en otros casos.  Una en la cual creo que tienen cierto grado de razón las autoridades de obras públicas es en cuanto al engorroso proceso licitatorio. No creo que lo sea tanto en los requisitos formales que se deben presentar ante la Contraloría para llevar a cabo un proyecto, pues para ello la burocracia estatal usualmente está muy preparada, sino en cuanto a las múltiples apelaciones que se presentan ante la Contraloría, una vez que se adjudica la obra pública a alguna empresa específica. 

Por dicha razón, tal vez por última ocasión pues ya estoy algo cansado de seguir en lo mismo, vuelvo a insistir en la aprobación de un mecanismo que creo permitiría evitar el abuso con las apelaciones ante la Contraloría, que en la actualidad se presenta. Para reiterar los argumentos no haré nada más que presentar íntegros dos breves comentario que al respecto hice más de trece años, pues creo que nada, si acaso, se ha mejorado desde aquel entonces, en cuanto a eliminar dichas trabas innecesarias que tanto nos cuestan. No sólo son profundamente dañinas para el buen uso de los fondos de los ciudadanos, al encarecer y retrasar indebidamente el costo de la obra pública, sino que también estimula otras cosas “indeseables”, tal como lo leerán a continuación. 

Eso sí, por favor, que ni la Contraloría, ni los diputados, ni los gobernantes, salgan después, nuevamente, quejándose de que las apelaciones ante la Contraloría estorban el avance de las obras públicas del estado, si ellos nunca promueven una solución en concreto a lo que se ha convertido en un abuso real para lograr una administración eficiente del estado.

El primero de mis viejos comentarios -y aún tan actuales- describe los mayores costos derivados del proceso vigente de apelación ante la Contraloría y lleva por título “Los Costos de las Apelaciones.” Lo escribí el 5 de junio del 2002 en el periódico La Nación y se los transcribo: 

“Existe una correcta apreciación en el país de que el sistema actual de apelaciones conduce a una postergación indebida y onerosa de las obras del Estado.

Con frecuencia se manifiesta la queja de que ante la Contraloría General de la República se presentan apelaciones sin sentido, tan sólo con el propósito de que el adjudicado pierda la licitación que ganó en buena lid y que, más bien, sea otorgada a algún participante debidamente perdidoso. Si bien la Contraloría, como tal, no tiene la culpa del atraso que sufre una adjudicación objeto de apelación, lo cierto es que, al menos en los dos últimos años, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de esa entidad ha rechazado más del 72 por ciento de las apelaciones que se han presentado. Tal resultado es muestra contundente no de que existe "temeridad" por quienes apelan, hecho que es jurídicamente muy difícil y hasta imposible de probar, sino que hay una demanda exagerada e indebida de solución de este tipo de conflictos por parte de la Contraloría.

Deseo enfatizar algunos de los posibles costos que sobre la sociedad impone la existencia de una demanda excesiva de solución de apelaciones, además del costo burocrático que en sí ocasiona a la propia Contraloría.

Primero, las apelaciones retrasan la ejecución de obras o gastos públicos, hechos que originan un elevado costo financiero. Es innecesario ampliar este aspecto.

Segundo, facilita la colusión en contra del proceso competitivo que se supone debe regir la contratación en el Estado. Si es un "cartel" en que pocos integrantes se distribuyen de forma acordada diversos contratos, una apelación "hablada" puede permitir al ganador lograr mayor tiempo para iniciar el contrato pues, al momento, bien puede tener los recursos ocupados en otras obras.

Asimismo, facilita la cohesión requerida entre los miembros del "cartel", al convertirse la apelación en un arma potencial contra cualquier comportamiento díscolo de alguno de los miembros.
 
Alternativamente, el proceso actual de apelaciones también sirve para impedir la entrada de potenciales participantes que no son miembros del cartel, puesto que tendrán que tomar en cuenta que, si ganan un contrato al haber ofertado un precio menor en sana competencia, el costo inicialmente calculado se elevará, al tener que considerar los gastos en que incurre al no poder realizar la obra en el momento inicialmente acordado en el contrato, a causa de una apelación que se usó para retrasar el inicio de la obra.

Tercero, las apelaciones que se dan en ciertos sectores objeto de un cambio tecnológico significativo (como, por ejemplo, en computación) tienen el efecto de que el Estado no puede obtener la tecnología de punta que inicialmente pretendió lograr. De hecho, si hay un descenso, con el paso del tiempo, en el costo del producto que inicialmente se licitó y se ganó a un cierto precio, la postergación a que da lugar una apelación permite que el oferente ganador obtenga una ganancia adicional, que, por supuesto, la paga la sociedad como un todo. O sea, en estos casos, el Estado obtiene productos más atrasados y a un costo mayor que al que podría obtenerlos.

En cuarto lugar, la posibilidad de que las apelaciones no constituyan solo un medio de lograr un grado de control sobre la actuación de la administración, sino más bien una forma adicional mediante la cual los oferentes pueden jugar con los costos, hace que también se distorsionen otras partes esenciales de los mecanismos de licitación. Por ejemplo, si la administración detecta que sus procesos de contratación bajo licitación pública se apelan con frecuencia por participantes interesados en que deliberadamente haya retrasos, buscará utilizar otros procesos licitatorios diferentes y legales que podrían requerir un tiempo compensatorio menor, como, por ejemplo, usar métodos de contratación directa, fraccionar las licitaciones, entre otros, que alteran el objetivo fundamental de buscar la máxima competencia en las compras del Estado.

En quinto lugar, no omito señalar que los retrasos en la adjudicación final de las licitaciones por apelaciones injustificadas pueden poner en juego aspectos vitales de la forma de vida que hemos escogido los costarricenses, tal es el caso de apelaciones a licitaciones de medicinas y equipos de salud en el caso de nuestros sistemas hospitalarios y de seguridad social.”
 
El segundo de mis viejos comentarios expone la propuesta concreta que he venido señalando para reformar la legislación actual sobre contratación administrativa. El artículo se titula “Contratación Administrativa.” Lo escribí el 7 de junio del 2002 en el periódico La Nación y dice así: 

“La legislación sobre contratación administrativa incentiva una demanda excesiva ante la Contraloría General de la República para que resuelva las apelaciones a la adjudicación de los carteles por parte de los diferentes entes administradores del Estado. 

Mientras que los costos de esta práctica son excesivos para la sociedad en su conjunto –como señalé en mi artículo anterior, “Los costos de las apelaciones” (La Nación, 05 de junio del 2002) ̶ los que se imponen sobre quien apela son casi nulos; de hecho, ni siquiera se tiene que pagar a onerosos abogados para apelar (así, la solución no está en crear un privilegio gremial por el que se exija que sólo mediando abogados se pueda actuar), dado que administrativamente cualquier funcionario autorizado por el apelante puede plantear el caso ante la Contraloría. Y menos aún se castiga a quien apele porque le plazca. Si el costo de apelar es bajo, la cantidad demandada de los servicios de la Contraloría es alta, lo que explica la enorme cantidad de apelaciones, que resulta en un proceso muy oneroso.

La apelación es una institución esencial para el buen manejo de los fondos públicos; no obstante, una propuesta que considero esencial para disminuir este exceso de apelaciones es introducir legislación que imponga un costo sobre quien apele y pierda la apelación. Puede haber otras cosas menores que bien pueden reducir los costos de transacción, pero no es sino mediante el nexo directo entre los incentivos para apelar con el costo que tiene dicha acción, como será posible solucionar una parte significativa del problema, dado que, con la propuesta, el apelante potencial comparará los costos de perder su apelación con la posibilidad real que tenga de ganarla, lo cual limitaría el abuso.

Se debe aprobar legislación que reforme en este sentido la Ley de Contratación Administrativa para que se introduzca el concepto de "costas" por apelar. Esto es, que, por ejemplo, quien apele ante la Contraloría General de la República deberá rendir costas por un 5 por ciento del valor de la adquisición pública apelada. Si la gana, se le devuelven las costas rendidas; caso contrario, se pasaría el monto a la administración cuyo acto fue apelado (no a la Contraloría, para evitar el riesgo moral). Con esto creo que se pueden resolver algunas de las objeciones que la Sala IV realizó a un planteamiento similar mediante el voto 998-98, pero sobre esto sería mejor que, en su momento, opinaran los profesionales del Derecho.

Lo que ahora se necesita es que algún diputado o un grupo de ellos acoja esta idea, que me parece puede contribuir a terminar con este enorme abuso económico que con tanta razón preocupa a los costarricenses. La introducción de este sistema de costas permite a la sociedad recuperar parte de los recursos que pierde cuando se apela sin tener la razón.”

Espero que con esta propuesta se limiten las malas prácticas abusivas descritas, con lo cual dejarían de servir como excusa para una mala gestión de los recursos públicos.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 3 de noviembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: Diputados impolutos

Cada vez el ciudadano se va desilusionando más y más en cuanto a la verdad que dicen proclamar casi todos los diputados, de que harán el mayor esfuerzo por reducir el gasto gubernamental. No voy a calificar, sin embargo, de acto de cinismo lo que narra el periódico La Nación del 30 de setiembre en su artículo “Asamblea paga dos veces la gasolina de diputados: Procuraduría afirma que rubro ya se incluye en gastos de congresistas.” No lo hago así, porque debe de existir otra palabra más groseramente acertada para llamarlo, pero posiblemente me dirían que esa palabra es injuriosa, para gloria de la libertad de expresión en este país. Pero transo en los siguientes sinónimos: descaro, desfachatez, desvergüenza, falsedad, hipocresía o doblez, que no son injuriosos, pero sí apropiadamente descriptivos.

Vean ustedes la movida de los pagos por combustible a los diputados. Por una parte, de acuerdo con la Ley de Remuneración de los Diputados, como parte de una “ayuda técnica” a los diputados, la Asamblea les da, como parte de aquel aporte mensual (que no conozco qué es lo que contiene en su totalidad), una suma de dinero equivalente al costo de adquirir 500 litros de combustible al mes. De acuerdo con el precio del litro de gasolina del momento de ₡635, cada diputado recibiría en promedio ₡317.500 a finales del mes, con lo que el monto anual entregado a todos los diputados por dicho rubro, tan sólo, ascendería a ₡216 millones por este rubro.

Pero, ¿qué pasa?  De acuerdo con los diputados (no sólo en esta administración) ese monto de “ayuda técnica” es parte de su salario (tras que ganan “muy poquito”) y, como lo señala el periódico, “la usa para otros fines,” para lo que quieran, tal como hacen con su salario y no en pagar la gasolina que gastan en giras oficiales. Por lo tanto, para el pago de las giras de los diputados, la Asamblea pone recursos adicionales (bueno, la Asamblea no pode nada: son nuestros recursos los que ella pone). De acuerdo con el periódico, “esa erogación hace que el Poder Legislativo, mediante el Presupuesto Nacional, aparte una cifra millonaria para costear las giras.” Se señala que en el 2015 la suma destinada para ese fin ascenderá a ₡357 millones.

Ante este desorden, un diputado consultó a la Procuraduría en torno a esta especie de doble pago, ente que ya resolvió lo que debe hacerse, cual es “que los diputados llenen el tanque de gasolina con el dinero que para este fin les otorga la ley.” Ahora “los padres de la patria” intentarán darle largas, con los más diversos pretextos, a la decisión correcta que indica la Procuraduría, a fin de conservar a cómo haya lugar el privilegio de “dos veces la plata para la gasolina.” 

Pobrecitos señores diputados.  ¿Qué irá a hacer Abelino (el diputado Esquivel, el de los cristianos. Que Dios lo oiga si lo que pretende está bien), quien ahora no podrá usar el carro oficial tal como lo hizo para para asistir a una mejenga de fútbol entre diputados, periodistas y los veteranos del Municipal Puntarenas?   Antes de seguir comentando, les digo que creo que la ciudadanía está en un serio impasse institucional, no duerme bien, pues aún no sabe cómo quedó el marcador de tan trascendental encuentro, entre grupos de tanto colmillo… deportivo.

Pero, es que ese señor Abelino, quien, siendo diputado de la oposición, tiene un hijo, creo, trabajando en la Casa Presidencial, es miembro de la comisión de la Asamblea Legislativa, que se supone propondría fuertes recortes al abotagado presupuesto de este año que el Poder Ejecutivo mandó a la aprobación legislativa y que, sin duda, habrá de contener la partida para pagar el costo total de las giras de los diputados. [Ya sabemos que ese señor diputado fue uno de los que aprobó la gastadera que para este año propone el gobierno: era esperable]

Y no dudo que a algunos de esos diputados que así se sirven con la cuchara grande, no dudarán en poner nuevos y mayores impuestos a los ciudadanos, lo que sin duda proveerá de mayores recursos a esos mismos diputados para que puedan seguir en su gastadera.

No, en esta ocasión no debería de hablar de la ineficiencia del estado, sino de un estado expoliador, que sin duda toma recursos que tanto nos cuesta producir, para satisfacer hasta apetitos de giras futbolísticas, cuya gasolina será pagada por partida doble.

Jorge Corrales Quesada