La columna de Carlos Federico Smith: el desperdicio no importa

Para el que no quiere caldo, dos tazas. El dicho se aplica perfectamente a los ciudadanos consumidores de los servicios monopolizados del agua y de los combustibles. Las fuentes son La Nación, en sus artículos “Agua perdida por AyA permitiría abastecer a dos millones de personas” del día 28 de junio y “RECOPE busca que usuarios paguen robos de combustibles,” y crhoy.com del 4 de abril del 2019, con su comentario “En Costa Rica se pierden 51 de cada 100 litros de agua por las fugas.” 

En el caso del desperdicio de agua, según crhoy.com, “el 51.94% del agua que se produce en Costa Rica no llega a los consumidores,” debido a “tomas ilegales, fugas, robos, alteración de medidores o el agua que utilizan los hidrantes” (que no se mide como “consumida,” así como la pérdida de agua por obras municipales o del MOPT en calles).

Pero, según informa el sitio elmundo.cr el 26 de marzo pasado, bajo el título, “Defensoría solicita rechazar alza del 24% en tarifas de agua,” el AyA pretende alzas de sus tarifas para los años 2019-2020, de un 7.7% a partir de enero del 2019 y un 15% en enero del 2020. Evidentemente, estos aumentos son muy superiores a la inflación estimada para ese período y, más bien, la petición parece reflejar la situación financiera del AyA y necesidad de financiar nuevos proyectos de inversión.

Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una empresa que hoy desperdicia la mitad de su producción (desperdicio como sinónimo de que no cobra por ella), simplemente hace solicitudes de aumentos de las tarifas para poder cubrir ese derroche? Es obvio que esas alzas afectarán seriamente a los presupuestos ya muy golpeados de las familias, debido al montón de nuevos y mayores impuestos, y a una economía que no crece, precisamente, entre otras razones, por los aumentos de costos impuestos por el estado. Sorprende que, con tan baja productividad empresarial (tan alto desperdicio), en lugar de cobrar debidamente los servicios y dar el mantenimiento requerido, sólo siga el camino fácil de aumentarles las tarifas de agua a los consumidores cautivos.

Ese derroche, debido a la mala gestión del productor AyA, no debe cargarse a los ciudadanos, pues, de aprobarse, no habría un incentivo para que la empresa AyA arregle la situación. ¡Qué va a importar el desperdicio, si, después de todo, se lo cobramos a los ciudadanos usuarios!
 

Algo similar sucede en RECOPE. Según la información periodística, el monopolio está buscando que la ARESEP le autorice incluir dentro de los precios de los combustibles a los consumidores, los robos sufridos de estos, que en los últimos tres años se han estimado ascienden a ¢6.000 millones. En esos años se han descubierto 356 tomas ilegales). En apariencia, esa petición de RECOPE se debe a que el INS (entidad estatal), dejó de pagarles el seguro contra robos que tenía la primera, pues no se trataba de algo accidental (¡obvio!), sino ya sistemático.
 

La pregunta que surge es similar a la previa en torno al desperdicio de agua: ¿cómo es posible que una empresa a la que le roban una cantidad tan importante de su producción, simplemente pretenda aumentar los precios a los combustibles a los consumidores, incorporando el costo de esos robos? No hay incentivos para cuidar que no se los roben, si ese desperdicio lo cubren con aumentos a los consumidores cautivos por el monopolio.
 

Si AyA fuera privada, si RECOPE fuera privada (y si hubiera competencia) hay un indicador sencillo que daría señales claras (y dolorosas) para evitar esos desperdicios y robos: si los hay, se elevan las pérdidas o se reducen las utilidades, ante lo cual el buen administrador buscará minimizarlas, usando recursos propios para frenarlos y así evitar ese daño. Pero, como los estados de pérdidas o ganancias parecen ser simplemente un adorno en los entes estatales -no una guía de eficiencia- ¿qué importan los robos y desperdicios si simplemente esos costos los trasladarán (ojalá que ARESEP no lo permita) a los consumidores? No tenemos opción de adquirir esos productos en otras empresas que sí se rigen por la eficiencia económica. Somos cautivos del monopolio: ¡a pagar la tarifa que nos impongan con la aprobación de la ARESEP! Y que siga la irresponsabilidad y la fiesta…

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: nuestra costosa electricidad

No deben pasar inadvertidos ciertos datos de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) divulgados a fines de año pasado, en torno al costo comparativo de la electricidad en nuestro país, con respecto a los de los otros países del área.  

La información aparece en la edición de La Nación del 5 de enero, en un artículo titulado “Inversión se aleja para no pagar luz más cara del Istmo: CINDE e informe de la CEPAL confirman alto precio de energía.”

Según el medio, ese informe “señala que los precios de la energía en el país son los más altos para todo tipo de consumo: residencial, comercial e industrial y casi todo segmento de demanda, según necesidad de voltaje y potencia.” Para la CEPAL, “en el 2016 el costo promedio en Centroamérica de un kilovatio hora (kWh) fue de 13.48 centavos de dólar mientras que en Costa Rica fue de 18.47 centavos de dólar; 37% más para consumos industriales de 100.000 kWh.”

Veamos algunos de los datos comparativos país presentados en dicho artículo:
 

Guatemala: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.54 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.6%.
 

El Salvador: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.03 centavos de dólar.
 

Panamá: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 10.92 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.7%.
 

Honduras: en el 2016 el costo de un kWh para consumo industrial en el bloque de 15.000 kWh costó 14.08 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.57 centavos de dólar (una reducción del 40%). Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 3.8%.
 

Nicaragua: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 19.36 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 24.69 centavos de dólar (una reducción del 21%).
 

Costa Rica: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 21.25 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.07 centavos de dólar (una reducción del 7%).
 

El efecto de estos precios más elevados de nuestra electricidad, en opinión de CINDE, ya afecta la atracción de inversiones al país. Señala su director, señor Jorge Sequeira, que una electricidad barata es crucial para atraer industrias que cada vez más utilizan robots para su producción. Dice que “el problema que tenemos es que, por lo general, comparar el costo de electricidad entre países es fácil. Las empresas ya traen información. Es más evidente la falencia y es la primera impresión que se llevan de Costa Rica. De entrada, empezamos con el pie izquierdo y hay que ver cómo se compensa eso con otros atractivos del país.” ¿Quedó clarito?

Las razones parecen apuntar a que, en opinión de Sequeira, “el país ‘sigue atrincherado’ a un único proveedor cuyos costos de operación son muy elevados y que hace plantas dos o tres veces más caras de lo previsto.” Todo ello por la cerrazón del mercado eléctrico, que impide el crecimiento de energías alternativas, tal como se ha observado en países que han decidido abrir ese mercado a la inversión global.
 

Asimismo, la Cámara de Industrias ha manifestado su preocupación por los altos costos de la energía. Según Carlos Montenegro, de dicha Cámara, el encarecimiento de la energía local se debe a que se han construido “plantas de energía renovable de alto costo.” “Sea por mala planificación, falta de competencia o desinterés en el consumidor, al no buscar que la inversión abarate las tarifas.”
 

Este mercado eléctrico cerrado, casi monopólico o bien monopsónico (único comprador), impide esa reducción de costos que ya está afectando la atracción de inversión externa.
 

También, el sector de los consumidores parece estar pagando tarifas mucho más altas que en el resto de países de Centro América; sin embargo, esa información y análisis comparativos requeridos lamentablemente no se hacen o no se publican.  No quiero recordar la famosa frase de programa del Chapulín Colorado, de que “ahora quien vendrá a defendernos,” pero, en realidad, los consumidores domésticos no parece que en este país tangamos valor alguno, excepto como clientes cautivos a los cuales explotar. Tal vez mayor competencia, menor regulación y ampliar las posibilidades de importar libremente desde el resto de Centro América, puedan ayudarnos a los consumidores, en una nación que, ya tristemente lo sabemos, es bastante cara.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: que la paguen quienes la disfrutarán

Se hace una carretera costosa a un lugar, la cual podría ser objeto de peaje pues claramente se puede determinar quiénes son los beneficiarios de ella, pero el costo de la carretera lo obligan a que sea pagado por todos los ciudadanos por medio de los impuestos, aportados por quien se fuma un cigarrillo hasta el que tiene que pagar el impuesto de ventas o el de la renta. Es decir, lo que si bien es directamente beneficioso para un grupo concreto de personas, termina en que su costo es cargado a todos, incluso los que ni siquiera lleguen a usar esa carretera. 

Por contraste, se hace un nuevo muelle de carga en el Atlántico, por medio de una concesión a una empresa privada.  El pago de su costo será sufragado por aquellos que efectivamente utilicen los servicios de ese muelle, no como un gravamen que recae sobre todos los ciudadanos del país, usen o no dicho muelle. 

Ahora se nos presenta una situación relativamente similar a la primera: resulta que Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha planteado una solicitud ante la ARESEP, para elevar los cobros que lleva a cabo por el servicio de agua a los más de 500.000 abonados que sirve (por supuesto, excluyendo a los que usan su agua “desperdiciada” y que de hecho no pagan nada por ella), para aumentar la producción de agua potable en Guanacaste. Según una información suministrada por La Nación del 4 de enero, titulada “AyA pide 14% más en tarifa para llevar agua a todo Guanacaste: Abonados de todo el país financiarían obras de emergencia en Pacífico norte,” habría un aumento para cada usuario de entre ₡43 y ₡218 al mes, en función de su volumen de consumo. 

La razón de tal petición es atender “la emergencia por el faltante de agua en Guanacaste”, lo cual es obviamente una tarea en la que presuntamente debería de estar interesada el AyA. Pero, en lugar de pensar en cobrar por esos servicios nuevos que va a brindar en Guanacaste, la ocurrencia es que todos los consumidores de AyA, desperdigados en todo el país, tengamos que asumir el costo del proyecto. Es claro que el beneficio es a una región concreta del país y que beneficiará sólo a los habitantes de esa región, población que incorpora desde el más pobre peón de finca, hasta el más rico dueño de propiedades de recreo en esa zona, posiblemente -por ser el calorcito lo usual- poseedor de una piscina, sin dejar de lado al poderoso dueño de hoteles, con lo cual terminaríamos subsidiando el costo a turistas que llegan a pasear por allá. 

El monto estimado de los tres principales proyectos -el Acueducto Costero de Santa Cruz, el acueducto de Bagaces y el de Las Trancas para la región de Papagayo y vecindades- no es poca cosa: ₡13.659 millones, de lo cual, poco menos que la mitad (₡7.735 millones) sería la inversión en el Acueducto Costero, ₡4.449 en el de Bagaces y ₡1.475 en el acueducto de Las Trancas. No dudo que sean obras necesarias, aunque en cierto momento se ofreció, creo que de parte de China, financiar proyectos de desalinización que parecían tener costos menores que los propuestos con las perforaciones alternativas. No se supo qué impidió seguir con aquellos proyectos. Es claro que el de Bagaces resulta de un mal manejo previo de un agua contaminada peligrosa, que ahora debe ser reparado por quien la suplió inadecuadamente.

Pero, en especial los proyectos costeros, no veo por qué no pueden ser pagados claramente por quienes los usarán de forma directa, como es lo justo y lógico: que el que lo utiliza, pague por ello. Sé que se argumentará que hay gente pobre que no podría hacerlo, pero eso lo que nos dice no es que todos los ciudadanos, incluyendo los no usuarios de esos pozos, tengan que pagarlo, sino que el estado, si desea subsidiar tal consumo, lo haga explícitamente, pero los que tienen recursos en esa zona sí deben pagar por el agua que usarán. Me parece justo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ahorrar en el desperdicio de agua

Una publicación de La Nación del 31 de diciembre, bajo el encabezado “Enorme desperdicio de agua pone a correr al AyA: Mitad de líquido se pierde por fugas, tomas ilegales y medidores alterados,” nos muestra a plenitud el derroche del agua producida por Acueductos y Alcantarillados.

El triste antecedente es ver que muchos ciudadanos se dieron cuenta hasta hace poco de los serios problemas financieros del sistema de pensiones de la Caja (IVM), a pesar de que, desde hace mucho tiempo atrás, se habían realizado estudios serios que confirmaban tan angustiante situación. Pero lamentablemente, en aquellos momentos -hace años- no se tomaron las medidas correctivas del caso y, ahora, es urgente resolver como enfrentar un problema que se ha hecho mucho más grande.
 

Algo igual sucede con el caso del desperdicio del agua potable que sirve AyA, tanto en el Gran Área Metropolitana  (GAM), como fuera de ella. Desde hace ya mucho tiempo era conocido el problema, ante lo cual, ahora, son meritorias dos cosas: que La Nación se refiriera al enorme desperdicio y que las autoridades de AyA, a partir de este año y durante 5 años, impulsarán “un plan para reducir el desperdicio’’.  [Ojala fuera para eliminarlo, pero, si hay razones poderosos, tanto prácticas como económicas, para tan sólo reducirlo, que al menos lo sea significativamente.]
 

AyA produce 230 millones de metros cúbicos de agua para el consumo  de 1.6 millones de personas y, de acuerdo con el periódico, AyA “ha sabido que la mitad… se desaprovecha”. “Tuberías viejas, numerosas fugas subterráneas sin detectar, tomas ilegales, medidores obsoletos o alterados y la lenta atención de averías” son las causas del desperdicio.
 

Todo ello tiene un impacto financiero sobre AyA, aun cuando no se tiene o expone el monto estimado de aquél –inconcebible, ¿verdad?, porque es casi increíble que pueda acudirse a organismos internacionales para pedir fondos prestados para resolver el problema, sin saber la cuantía de los ingresos que, por el desperdicio, actualmente se dejan de percibir y que, se presume, se recuperaría total o parcialmente, como para que el préstamo para la inversión ($162 millones) sea recuperado. En la actualidad, AyA “factura ₡115.000 millones al año por el líquido que sí llega a sus 428.022 conexiones oficiales.”
 

Eso sí, se ha estimado que, con el plan propuesto, se reduzca aquel 50% hoy desperdiciado, hasta un 33%, y que aumenten sus ingresos anuales en más o menos $11.7 millones (unos ₡6.435 millones anuales). Mi regla de tres sencilla me da un número muy diferente, pero, posiblemente, estaré equivocado: si hoy en día AyA factura ₡115.000 millones al año, con una utilización del 50%, como con las mejoras consideradas se espera que la utilización sea del 67% -el 33% en que, de acuerdo con el ICE, se reduciría el porcentaje de agua sin cobrar-, esperaría que mi facturación se elevara en ₡39.100 millones; pues pasaría de ₡115.000 en la actualidad, a ₡154.100 cuando se esté desperdiciando tan sólo un 33% y cobrado el 67% de lo producido. Además, creo que “no me sale el cálculo”, porque, con esa recuperación anual de $11.7 millones de ingresos que indica el medio, para repagar sólo el principal de $162 millones, sin intereses ni comisiones, AyA (los consumidores, de hecho), tomaría casi 14 años, que no sé si calza dentro del plazo estimado de redención de la deuda.
 

Tampoco se señala si en el cálculo anterior de aumento en los ingresos, ante el ahorro en el desperdicio, AyA está considerando una reducción de las tarifas cobradas a los consumidores, tal como podríamos esperar, dada la economía lograda con la inversión.
 

Adicionalmente, la información periodística expresa algo interesante, cual es el señalamiento de don Rolando Araya, director de del Área de Desarrollo Tecnológico de AyA, de que “Hay una cultura de burlar el cobro. Enfrentamos un creciente fenómeno de alteraciones de todo tipo en medidores y tomas en barriadas y precarios, las cuales son incobrables…. Dicha anomalía ocurre en comunidades enteras donde hay grupos organizados que realizan las alteraciones a pedidos de cuarterías, sodas, precarios, hoteles, servicios de lavado de carros y bares.” Y agrega que “el factor humano en zonas materialmente pobres, es muy complejo. Hablo de sitios donde nuestro personal ni siquiera puede ingresar a hacer registros por riesgo a su propia seguridad.” Algo similar a lo que sucede con el ingreso de policías, bomberos y hasta de la Cruz Roja en comunidades en donde no parece existir la vigencia de la ley.
 

No sólo lo expuesto es grave, sino que el incentivo vigente es claro. El agua tiene un costo para producirla; no es un bien gratuito, como normalmente suele serlo el aire. Si no se cobra de todo o casi del todo lo que cuesta el agua, como parece indicarlo el señor Araya, el usuario -si así le podemos llamar- no tiene incentivo alguno para economizar en su utilización, sino que se está estimulando la sobre-utilización y el desperdicio (en cierto momento, leí que en la ciudad de Buenos Aires, cuando el estado suministraba el servicio, el precio cobrado era tan bajo dado el costo, que estimulaba una enorme utilización del agua, incluso en piscinas de ricos). Si se quiere racionalizar la actividad, lo que hay que hacer es cobrar debidamente por el uso del agua, incluyendo la participación de las autoridades debidas, además de que, ojalá, la Sala Constitucional se dé cuenta de que, si algo no se cobra lo que vale, se utiliza más de la cuenta y hasta se desperdicia. Ese desperdicio es pagado por el resto de los consumidores, ciudadanos que pagarían una tarifa más elevada, al no tenerse un control del desperdicio y del abuso.

Jorge Corrales Quesada

Jumanji empresarial: yo también pido una tregua

El pasado primero de mayo, a la luz de la evaluación del segundo año de su gestión, doña Laura Chinchilla pidió una tregua al pueblo para hacer su trabajo. No me queda claro el significado y la implicación de lo que ella entiende por tregua, pero con ánimos pacifistas y un ambiente tranquilo para vivir, quiero aprovechar la oportunidad para hacer mi solicitud.

Le pido también una tregua, señora Presidente, una tregua a su Gobierno frente a los constantes aumentos en el precio de los combustibles que se decretan entre RECOPE y ARESEP omitiendo la realidad nacional y que más parece responder a una estrategia para comprar producto procesado en el exterior y vendérselo a los ciudadanos a una de las tarifas más caras en toda Latinoamérica. Le pido una tregua contra el incremento en el precio del transporte público, pues este no es consistente con su calidad: un transporte inseguro, contaminante, incómodo, deficiente y contrario a la dignidad humana, y contrario a lo que pago diariamente.

Le pido una tregua frente al incremento en la tarifa de electricidad, que  perjudica a todos los hogares, y beneficia solo a algunas empresas, que si bien dan empleo y actividad económica al país, por la falta de oferta eléctrica leo que no habrá un crecimiento real de más empresas en el país pues no se les puede suplir de electricidad o es que me seguirá estrangulando por medio de más aumentos. 

Le pido una tregua frente a nuevos impuestos, especialmente aquellos que pesan sobre gran cantidad de alimentos e insumos para su preparación y que, gracias a su reciente Decreto, solamente podrán ser adquiridos por lo que más tienen, ya que parafraseando a su ex Ministro de Hacienda, “son productos que solo consumen los ricos”.

Le pido una tregua frente a las empresas que ganan concesiones de obra pública y luego de avanzado el tiempo, no han iniciado las obras o y se van en un puro peloteo, y el Gobierno no les “jala el mecate” como si fuesen contratos escritos en piedra. Mis necesidades de puentes, carreteras, autopistas, pasos peatonales, aeropuertos, muelles y hospitales son para hoy, no para dentro de 10 o 15 años. 

Le pido una tregua frente a las largas filas y listas de espera en la CCSS, para no tener que esperar varias horas en un centro de atención médica y perder mi jornada laboral, y menos el esperar años para una intervención quirúrgica. Le pido una tregua frente a los excesos de los empleados públicos que, gracias a convenciones colectivas y huelgas tienen privilegios que ninguna economía puede soportar y se nos cargan mediante más impuestos o más tarifas.

Le pido una tregua frente a las consultorías, que pago de mi bolsillo sin que existan resultados palpables, sin que mejore la educación, la salud, la administración pública, la seguridad ciudadana, la economía o la infraestructura. Le pido una tregua frente a la conformación de Comisiones de Notables, de contratación temporal de sabios que no dicen nada diferente y que, muchas veces, son los mismos que causaron los grandes problemas que hoy enfrentamos.

Le pido una tregua frente a la corrupción, para que aplique la firmeza y honestidad prometida en campaña contra todos los funcionarios que falten al deber de probidad, a la transparencia y a la responsabilidad en el uso de recursos públicos, no los incluya en su red de cuido!, y le pida la renuncia a los jerarcas que tienen responsabilidad política por los hechos denunciados.

Le pido vehementemente una tregua en el gasto público, para que no se creen más plazas, más instituciones, más burocracia, más regulaciones, más intervenciones, más reglamentos, más decretos, más leyes, más directrices. Así como yo hago recortes en mi presupuesto familiar y me soco la faja cuando la situación anda mal, le ruego que haga lo mismo, no con medidas cosméticas sino con decisión y valentía, a pesar de que ello implique medidas impopulares pero responsables.

Así como usted pide una tregua para que la “dejen gobernar”, yo como ciudadano le pido respetuosamente una tregua para que me dejen vivir en paz. 

Kendall Navarro Zumbado