Renuncia tardía

Así calificó el diputado Quirós la renuncia de la ministra de Obras Públicas y Transportes, presentada tres días después de que colapsó el puente que unía Orotina y Turrubares, cobrando varias vidas humanas.

Subraya el diputado que la ahora ex ministra tenía “una enorme cantidad de errores políticos”.

Es un hecho que alguien tiene que asumir la responsabilidad y, políticamente, esta toma la forma de renuncia. En un gobierno parlamentario quizás habría caído el gabinete entero. El asunto es sumamente serio y es una de las dimensiones que quienes incursionan en el ámbito político generalmente no meditan: asumir responsabilidades y obligaciones.

El MOPT es un ministerio inmenso, una administración crecida y desordenada. Hace algunos años se le hizo una auditoría cuyo costo se arrimaba a los mil millones de colones. Se le han hecho reformas administrativas para enfrentar un objeto administrativo enorme y asimétrico: Conavi, Consejo Nacional de Concesiones, impuesto sobre los combustibles para infraestructura vial, Concesión de obra pública y demás especias. Aún así, la cosa no avanza.

Más bien se ha hecho un gran enredo (empleados pasan a consultores para ganar más y en dólares y la administración “corriente” queda como vacía) pero el déficit administrativo aumenta. ¡No ha sido posible que la administración entregue un ejemplar válido del contrato con Riteve! No hay modo de entender lo que pasa con los aeropuertos. Se le ha dado un trato especial al concesionario de la obra San José-Caldera y más bien se suspendió arbitrariamente a la entidad supervisora. Se insistió en una reforma a la ley de tránsito pero apareció llena de errores y la ministra propuso suspender la ley mediante un decreto (siendo abogada). El caso de la platina resultó de antología. Por eso se califica de tardía la renuncia.

Muy lamentable y triste el suceso del puente Orotina-Turrubares, pero un ejemplo de cómo funcionan algunas administraciones públicas costarricenses. Por un lado toda la pompa, los motores y la fórmula uno, el palacio (leyes y publicidad) y los grandes contratos pero … por el otro, la abulia, la postración administrativa, la incapacidad de prevenir y arreglar, la falta de mantenimiento, la imposibilidad de cambiar un puente 7 años después de que ya están la piezas listas, el olvido de que se trata de vidas humanas. Toda la prepotencia en la frustrante e inconstitucional restricción vehicular y la ausencia de vigilancia y prevención en un humilde camino regional.

Los impuestos y el costo de la administración pública se pagan para que nos sirva, para que nos haga, para que nos permita; y no para que nos asuste, nos mande y nos reprima.

Federico Malavassi

¡Huele raro!

Ayer por la tarde, Karla González presentó su renuncia como Ministra de Transportes y Obras Públicas, luego del accidente ocurrido la semana anterior y que produjo la muerte de 5 personas. Según González, los pasajeros del autobús cruzaron el puente "amparados a su derecho de creer que la principal responsabilidad y valor ético del Estado y la sociedad civil, es la de salvaguardar sus vidas. Tenían toda la razón de hacerlo y es una expectativa a la que como Estado nunca deberíamos fallar. Pero fallamos”.

Siguiendo las palabras de la ex-Ministra, habría que suponer que, bajo esa "responsabilidad y valor ético del Estado" le correspondía al Gobierno, y particularmente al MOPT y sus dependencias, todo lo relativo a la condición en que se encuentran los puentes. No obstante, según informaciones de Repretel, en 2006 se creó la Dirección de Puentes, órgano que ha recibido hasta la fecha, la friolera de ¢13.535 millones pero los 1.330 puentes del país -incluyendo el que se vino abajo- están en condiciones críticas. Sin embargo, según su Directora, esa oficina se creó “no para resolver la actividad del mantenimiento de los puentes, competencia del CONAVI y de las municipalidades, sino como un ente técnico del MOPT como rector para dar asesoría técnica en el tema específico de los puentes.” ¿Entonces qué hace con el presupuesto que recibe? No lo sabemos, pero lo cierto es que no lo utiliza para diseñar, construir, reparar o revisar la infraestructura correspondiente.

¿Será que, ante este desaguisado, González decidió renunciar? ¿Le habrá dado un "ataque" de ética y responsabilidad después de traspiés como los intentos por prohibir el porteo, la platina o el terrible estado de la infraestructura vial? ¿O será que la "renunciaron" para no afectar la campaña del continuismo de Laura Chinchilla? Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

No importa cuál sea la respuesta, el problema no es responsabilidad únicamente de González ni de este Gobierno. Es un problema estructural que descansa en la enorme dispersión de fondos públicos, programas e instituciones, que termina por hacer que no se cuente con los recursos para hacer bien pocas tareas (seguridad e infraestructura) pero sí para pagar los caprichos de los sindicalistas de JAPDEVA, las consultorías del BCIE, la repitencia de los alumnos de Avancemos, la programación del SINART, los bailes de la Compañía Nacional de Danza, los instrumentos musicales de las escuelas, el subsidio a Nery Brenes para que corra, las condonaciones de deudas a agricultores ineficientes, el salario de miles de empleados públicos que van a sus oficinas sólo a calentar el asiento, el negocio con los Certificados de Ahorro Tributario (CAT), las comisiones de CCSS-Fischel e ICE-Alcatel, entre otros tantos ejemplos de la forma en que el dinero de los tax payers es desperdiciado.

Mientras ese entramado de burocracia, despilfarro, corrupción y perversidad exista, seguirán escaseando los fondos para reparar calles, caminos y puentes, así como para dotar de equipo y personal a la Fuerza Pública para que nos proteja de los delincuentes. Y, por supuesto, seguirán presentándose casos donde muera más gente, porque en su afán de hacerlo todo, el Estado costarricense termina haciendo nada.