Desde la tribuna: ¿matriz energética?

El presidente de la República ha optado por la racionalización de la energía.  Dicen que el PAC ya definió la matriz energética, que el presidente se ha echado un pulso con el ICE, Recope y el aumentador y que lo único que atinan a decir es que hay que bajar impuestos.  El presidente también ha expresado que no autorizará la exploración de petróleo.

Por otro lado, el aumentador acaba de aprobar aumentos en el precio de la electricidad y, además, los aumentos en la gasolina no cesan.

Lo que nuestra sociedad necesita es energía abundante, buena y barata.  Lo deseable es que dejemos de ser importadores de energía y nos pudiésemos convertir en exportadores de energía.

La energía hidroeléctrica apenas alcanza a un 15% de la utilizada y no parece ser la llave inmediata para dar el importante salto.

¿Bajar los impuestos?  No andan tan perdidos los poco imaginativos burócratas que lo recomiendan.  Si quitamos impuestos a los derivados de petróleo y a la electricidad, podrá esta última venderse un poco más barata.  Recordemos que una buena parte de la electricidad es producida por plantas que consumen derivados del petróleo.  Lo que pasa es que si en la actualidad quitáramos los impuestos, sería como halar la cobija para otro lado, dejando descubiertos a otros sectores importantes.

Ello por cuanto, sin que sea el punto central de este artículo, vivimos una de las más serias crisis financieras del Estado costarricense.  Hay un serio déficit fiscal que resulta en un endeudamiento diario de más de tres mil millones de colones. 

En todo, la solución a los elevados precios de la energía eléctrica no pasa necesariamente por el tema de los impuestos  (por supuesto que sin negar su impacto, sin renunciar a la denuncia por el desvío de los fondos a otras cosas, sin dejar de pregonar que el gasto público es desmedido e injustificado). 

La deseable electricidad barata tiene un par de obstáculos más serios que la angurria fiscal:  el monopolio de Recope y el monopolio del ICE.  Dos gigantes públicos, burocráticos, pesados e inútiles que no hacen bien las cosas.  Uno empeñado en la refinería china y el otro nos tiene aún con los malos recuerdos de Alcatel, Erickson y demás corruptelas, ambos llenos de privilegios, gollerías y planilla excesiva.

El ICE se ha empeñado en impedir cualesquiera otras participaciones privadas en la generación eléctrica.  Ello cercena las posibilidades de la sociedad costarricense e impone esquemas anacrónicos y limitantes. 

Es irracional cerrar los caminos del desarrollo y la útil participación de la iniciativa privada en la cogeneración eléctrica.  Quedamos limitados a la proverbial inutilidad del ICE y a sus engañosos números, que conculcan libertades y desarrollo.

Por otra parte, la limitación jurídica y política, ideológica y burocrática a formas de apertura para que la sociedad y la iniciativa privada participen en diversas formas de generación eléctrica, aprovechamiento de las diversas fuentes y formas y las posibilidades de proveer la abundancia e incluso tener oportunidad de exportación constituye, sin duda alguna, una tragedia nacional.  Es la expoliación del futuro a todos los costarricenses, la condena a ser importadores de energía y postración de la industria nacional.

Todos los sectores productivos requieren energía, desde el escritor que utiliza apenas la luz hasta el que se sirve de la computadora, desde quien manufactura productos hasta el exportador de software, desde el trabajador de turismo hasta agricultor.   Limitar la producción de energía a la estulticia burocrática y monopólica significa perder la carrera de la competitividad.  No hay posibilidad de suplir con imaginación y esfuerzo las falencias que impone el monopolio, el costo de la energía y el desposicionamiento económico que todo ello supone.  Es una guerra perdida.
 

¿Ahorrar y racionalizar la energía?  ¡Claro que se puede!  Pero a costa de producir menos, negarse a competir y optar por actividades que no requieran energía.  Tal exportemos unos futbolistas ahora que Pinto y nuestros jugadores han tenido tan buen desempeño en el Mundial pero …. de ahí no pasaremos.   

Hay que permitir la exploración de las fuentes de energía que la sociedad requiere, hay que aprobar nuevos esquemas de explotación y hay que permitir que participe la sociedad y la iniciativa privada en este asunto.  Tenemos que convertirnos en exportadores de energía y exportarla junto con todo el valor agregado que podamos.  

Sin abundante energía, sin buena energía, sin energía barata no somos opción para más empresas, no tenemos oportunidad de competir y tendremos como fomentar el desarrollo.

Federico Malavassi Calvo   

Desde la tribuna: ¿cuál es el área más importante?

En torno al impostergable y necesario impulso que requiere la libertad, resulta ineludible determinar su importancia y grado, a fin de orientar adecuadamente los esfuerzos y tareas.

En tal tesitura, concurren muchos temas de vital interés, que van desde el trabajo de desintoxicación de la tramitopatía que azota al país hasta una estrategia para superar la postración en la que la mezcla de ambientalismo oportunista, ambientalismo patológico, eliminación del silencio positivo y burocratización tienen a la actividad privada y la gestión de infraestructura en general.  

Se filtran por allí algunos temas específicos, sobre todo en torno a retraso de la organización pública en permisos y los temas atinentes a los planes reguladores.

Igualmente, no se puede dejar de lado el rezago en algunas áreas específicas, tales como cumplimiento efectivo de algunas leyes paralelas al famoso TLC (apertura en telecomunicaciones, por ejemplo; igual registros en salud) y el desempeño de algunas instituciones públicas en relación con ello.

Por supuesto que hay que impulsar cambios estructurales y culturales en torno a la gestión municipal, que van desde poner en práctica el 10 del presupuesto nacional como aporte al régimen hasta la transferencia efectiva de competencias del Poder Ejecutivo equivalentes a dicho porcentaje.

Tampoco se puede evadir lo que pasa con la educación, pues la ausencia de ella o la falencia que muestra la pública (la general) muestra un exceso de gasto, desprecio de propósitos institucionales (como los 200 días efectivos) y serias transformaciones negativas (2 años para aprender a leer y escribir) y un exceso de trámites y regulaciones en el ámbito privado.  Ni que decir de la falta de libertad y exceso de regulación y tramitología en el área de la educación privada universitaria. 

Por supuesto que emergen  también múltiples temas en el espacio económico y energético, que igualmente no pueden hacerse un lado:  el monopolio de Recope y sus metástasis y demás riesgos, el costo de la energía eléctrica y las posibilidades de solución, el mercado financiero, la tendencia regulatoria en torno al comercio, las barreras no arancelarias y el impacto de la gestión del Banco Central en la economía general.

¿Qué es lo más importante?  ¿Cómo acometer la tarea?  

Es esencial promover foros para idear agendas, prioridades, determinar la importancia relativa de cada tema y continuar la faena en pro de la libertad.

Federico Malavassi Calvo 

Tema polémico: Recope: apertura, ahora o nunca

Entre más noticias se publican respecto al negocio de la refinería China, más se evidencia que nuestros dirigentes han perdido cualquier signo de pudor o auto-contención. Parece que ya nada les da pena y no tienen contemplación alguna a la hora de saquear a los costarricenses.

Ahora bien, como dice el refrán popular no hay mal que por bien no venga. Los pocos actores políticos sensatos, así como la sociedad civil deben aprovechar esta oportunidad única para romper de una vez por todas con el nefasto monopolio de Recope.

Dicha reforma debe estar sustentada bajo los sólidos principios del libre mercado. Es decir, cualquiera que lo desee debe poder participar dentro del mercado, ya sea importando, refinando, etc y además debe existir una libre fijación de precios sobre la venta de combustible, eliminando de una vez por todas la fijación de precios que realiza la ARESEP. En resumen, debe regir la ley de la oferta y la demanda, con un mercado verdaderamente disputable con el menor número de barreras de entrada y salida para los competidores.

En este sentido, no nos cabe la menor duda de que las condiciones para emprender la tan necesaria reforma son más ideales que nunca, debiendo el Movimiento Libertario aprovechar dicha coyuntura ya que dicho partido ha presentado durante varios años distintos proyectos de ley para abrir el mercado de los combustibles. Así, resulta vital un esfuerzo de comunicación política por parte de dicha agrupación que permita poner en la palestra pública la presente discusión, y más importante aun que logre sumar importantes activos de la sociedad civil que respalden dicha iniciativa.

La oportunidad para romper el monopolio de Recope no puede ser desperdiciada, ya que en este país con tan corta memoria histórica pronto ya todo será olvidado y quién sabe cuándo se nos vuelva a presentar un escenario tan favorable como el presente: es ahora o nuca, manos a la obra!!!

Desde la tribuna: diagnóstico, llamada de atención y recomendaciones

Desde la expectativa de lograr información, compartirla y contrastarla, la actividad convocado y organizada por la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) el pasado 10 de octubre en el Hotal Aurola Holyday Inn fue un éxito total.

Expresidentes del Banco Central, exdiputados, una diputada, pensadores y empresarios compartieron disertaciones, opiniones, información y perspectivas en una enjundiosa Mesa de Trabajo convocada bajo el tema “Presente y Futuro de la Libertad Económica en Costa Rica”.

Algunos se concentraron en el examen de las aperturas lentas y sufridas que lleva a cabo la sociedad costarricense, con buen análisis y criterio técnico.  Otros ofrecieron diversos aportes acerca del desempeño económico de nuestra sociedad en el concierto internacional.

Otros insistieron en lo complicada que está la situación nacional, con riesgo total para sus integrantes por lo limitada que está la libertad económica y por los riesgos que se ven venir.

Y es que la variedad de enfoques, la cantidad de información, los diversos análisis resultaron en una actividad muy intensa, muy profunda y muy rica.  Había información económica, monetaria, jurídica, legislativa e internacional que se suplió de manera oportuna y apropiada.

Al final, quedó claro que hay grave amenaza para la libertad en general y en particular para la libertad económica, ha habido regateo de las aperturas, el Estado costarricense acapara actividades esenciales y no se desempeña bien, la legislación va en una tendencia malsana, estatizando actividades y bienes, hay confusión jurídica que diluye el valor de los derechos fundamentales.

Las zonas francas son una excepción que debería generalizarse (todo el país debería ser zona franca):  de tal modo habría crecimiento del empleo, mayor transferencia de tecnología y atracción de la inversión.  El desorden económico estatal es un ancla que impide que la sociedad costarricense navegue ágilmente en las aguas del desarrollo.  La mala administración pública y la constante amenaza impositiva, sumada a los problemas anteriores, espantan la inversión y la complican la actividad empresarial.

La formación de mercados no avanza por problemas de inseguridad jurídica y falta de flexibilización adecuada. 

El regateo de las aperturas se conjuga con vivezas de algunas instituciones públicas y el resultado no es nada halagüeño.

De tal modo, se hace necesario denunciar lo que está pasando en torno a la libertad, las amenazas de legislación estatista, cómo se está obstaculizando específicamente la libertad económica y las graves consecuencias de ello en el desarrollo económico, el peligro de atacar las fuentes de empleo y mal desempeño público.

Hay que monitorear más intensamente los proyectos de ley, alertar a la opinión pública acerca del rumbo de las tendencias legislativas y jurisprudenciales, denunciar con mayor intensidad el mal desempeño de las instituciones públicas, sobre todo las que afectan el rumbo económico del país y acaparan las fuentes de energía.  

Debe generarse oposición a los proyectos de ley inconvenientes por demagógicos, por insostenibles y estatistas.  Debe hacer cabildeo abierto contra tales proyectos de ley, con suficiente tiempo para que la sociedad pueda enterarse de los riesgos que entrañan.

Debe difundirse el conocimiento económico y cuáles son las rutas del desarrollo, para que la sociedad costarricense tome conciencia de la importancia de libertad económica y de cuánto se complica el futuro con la intervención pública.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: el freno a la competencia telefónica

En el periódico La Nación del sábado 24 de setiembre aparece una información que puedo resumirla como entristecedora, pues expone los frenos que contiene la ley que aplica la Superintendencia de Telefonía (SUTEL), con los cuales impiden que el consumidor costarricense disfrute a plenitud de los beneficios que traería una mayor competencia en el campo de la telefonía celular.

Los consumidores hemos mantenido la esperanza de que las nuevas empresas telefónicas que han entrado a operar en el país, como resultado de la apertura del monopolio vigente en el sector, nos brindaran la oportunidad de disponer de precios menores y servicios mejores, que los que actualmente hay disponibles por parte del monopolio del ICE, al igual que como ha sucedido en tantos países, quienes decidieron realizar la apertura de sus sistemas internos de telefonía a la competencia más amplia posible.

Al inicio de nuestro proceso de apertura, a muchos nos preocupó que el país tan sólo dejara que fueran dos empresas las únicas que podían ingresar a competir frente al monopolio existente, pues consideramos que, además de aquellas dos, había otras firmas deseosas de entrar a brindar el servicio. Sin embargo, limitaciones del espectro, nos dijeron, fue la razón que impidió que eso se pudiera dar. Pero, por tantas coas que han corrido bajo este puente, me he puesto a pensar si el deseo de nuestras autoridades no ha sido sino el de traerle al monopolio tan sólo un poquito de competencia y no toda aquella plena que nos merecemos los consumidores, quienes se supone somos soberanos en una democracia liberal como la nuestra.

Pero, aún así, nos alegramos con ese poquito de competencia, que parecía que habría de llegar. Pero la triste noticia aparece este sábado en La Nación. El titular de la información lo dice todo. “Ley dificulta competencia en tarifas de servicios celulares”. Aquí es donde se me hace presente la admonición que, en cierto momento, hicieron algunos defensores de oficio del monopolio del ICE, ante la entrada de nuevas empresas. Dijeron que ello más bien iba a elevar los costos de la telefonía, en vez de reducirse, cosa que pocos nos tragamos. Sin embargo, la ley que crearon las autoridades legislativas, posiblemente influenciadas por las acciones que en todo momento llevó a cabo el monopolio durante su aprobación, podrían terminar dándole la razón a esos oponentes del progreso y la competencia, pues resulta que, “la Ley de Telecomunicaciones establece que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) debe regular las tarifas al usuario final hasta que con un estudio de mercado se demuestre que existe efectiva competencia. Basada en esto, la SUTEL estableció precios tope por minuto celular, mensajes de texto y para velocidades de Internet. Las empresas podrán ofrecer descuentos a partir de los precios tope, pero nunca superarlos…” (La Nación, 24de setiembre del 2011).

Entonces, ¿en qué quedamos? En apariencia, como ha sido la práctica través de los tiempos con este tipo de fijación de precios a bienes o servicios, la acción del Estado ha sido para fijar precios máximos que no se pueden exceder, pero, en este caso, la limitación es para que no se cobren precios menores a los que establece el Estado. Con ello hacen que la competencia no vaya a poder reducir los precios para favorecer al consumidor, porque la Ley y SUTEL se lo impiden, al menos eso nos dicen. Al igual que en la actualidad, los consumidores seguiremos siendo las jodidas víctimas del monopolio oneroso, pues la burocracia no deja que los precios puedan ser menores a los que define.

Las mismas empresas privadas competidoras entrantes ya manifestaron su angustia. Don Ricardo Taylor, representante de la firma Claro en Costa Rica, dijo que “en cuanto a los paquetes, el marco regulatorio tarifario debe ser flexible en el sentido de que el consumidor lo que va a estar buscando es que el valor del paquete por el que pagó le dé los precios que requiere y ojalá más allá de esa expectativa”, siendo reforzado por un funcionario de esa empresa, quien señaló que “es importante que no salgamos con una oferta homogénea, porque, si no, no vamos a competir (…) La idea es que se dé cierta libertad para atacar los distintos nichos del mercado”.

En dos palabras, las restricciones hacen que la empresa Claro quede sujeta a hacer “ofertas homogéneas”; es decir, sin que haya competencia, que es lo que beneficiaría al consumidor, quien así verá frustrar sus expectativas de poder disponer de paquetes que le satisfagan competitivamente en términos de valor y calidad. Y eso lo logramos, no con que se nos “dé cierta libertad”, aunque algo es bueno, sino más bien con que se nos otorgue plena libertad para poder escoger libremente. Sin temor a la libertad de escoger, que es lo que aborrece el monopolista.

Por otra parte, la otra empresa competidora recién ingresada al mercado, Telefónica, señaló por medio de su representante, señor Jorge Abadía, que “Al haber una tarifa máxima por minuto, se quita flexibilidad para ofrecer paquetes más atractivos a los clientes, con ofertas creativas e innovadoras… Sabemos que se ha revisado el tema, pero es muy importante que esté listo antes de la entrada con la oferta comercial”, lo cual refleja la importancia que para ésta y la otra empresa, que recientemente ingresaron a competir en el marcado, tiene la vigencia de una apertura del mercado, en donde puedan competir ofreciendo cada cual lo que mejor puede ofrecer a los consumidores, en cuanto a precio y calidad.

La respuesta del órgano regulador SUTEL, en voz de su presidenta fue que no tenía otra opción dada la ley. O sea, que los consumidores seguiremos siendo ninguneados y sujetos a la explotación de un monopolio de hecho, sólo que ahora integrado por tres empresas, dado que quien las ordena y las cobija fijará las misma reglas para todas en lo que a precios y calidades se refiere; esto es, que no habrá competencia: el monopolio de hecho queda así ordenado por el Estado y ello lo aborrecen las empresas, dispuestas a seguir el camino de la competencia para lograr obtener el favor de los consumidores.

Lo que desde ya la SUTEL debería de estar haciendo es el famoso estudio “de mercado que demuestre que existe efectiva competencia”. ¿No entiendo cómo, si la ley prohíbe que las empresas compitan, algún estudio demostrará alguna vez que hay competencia en el mercado? Tal vez la solución obvia al problema, es si se les pregunta a los ciudadanos que si con la entrada esperan que haya competencia, mediante diversidad de precios y calidades. Entre tanto, SUTEL debe simplemente proceder a lograr una revisión de la ley, pero dada la lerda experiencia que caracteriza a ese proceso legal, proceder a aprobar los distintos proyectos de precios y calidades que le presenten las diferentes empresas que participan competitivamente en el mercado. De lo contrario, los engañados seremos los consumidores, tan sólo una vez más, pero quienes tal vez merecemos mejor suerte.

Creo que fue el 24 de marzo del 2009 cuando escribí un artículo en el periódico La Extra, titulado “Los estertores del monopolio”, del cual me permito reproducir un par de párrafos. En él señalé que “Éste (el monopolio del ICE) al ver pasos de animal grande, pues los costarricenses justamente nos preguntamos ¿por qué salían tan caras las llamadas del ICE?, lo que hizo, como niñito con rabietas, fue quejarse ante los órganos reguladores de la competencia telefónica, de la ilegalidad de esos nuevos teléfonos que no habían seguido ciertos trámites para operar y que procedieran a cerrarlos. Al monopolio llorón no le quedó más que, de nuevo, tratar de impedir que otros pudieran decir que el ‘emperador estaba chingo’.

Ya no hay necesidad de usar los caros servicios del ICE para llamar al exterior. Ojalá que la competencia innovadora pronto nos ofrezca diferentes opciones, que hasta podrían ser más caras, pero que nos den mejor servicio.”

Bueno, ya vemos que la mesa de la ley estaba servida: el monopolio llorón no va a sufrir el pleno impacto de la competencia, gracias al proteccionismo que le brinda el Estado, quien estuvo dispuesto a sacrificar el bienestar del consumidor y, sobre todo, a frustrar las aspiraciones y esperanzas que tenía, de que un proceso de apertura y competencia le brindara mejores servicios a menores precios. Qué después nadie me vena a decir que la competencia de la apertura telefónica no le trajo beneficios al consumidor, si fue que la burocracia y el Estado no dejaron que funcionara en pro de los intereses de la ciudadanía consumidora de este país.

La columna de Carlos Federico Smith: apéndice a un planteamiento energético

Espero que hayan tenido la oportunidad de leer mis tres comentarios previos con propuestas para elevar nuestro desarrollo energético durante los próximos años. No obstante, poco después de haber concluido dicha serie, surge la oportunidad de comentar la reciente propuesta del gobierno de la República ante la Asamblea Legislativa para, fundamentalmente, ampliar la participación del sector privado en la provisión de energía eléctrica, pues, de no lograrse, daría lugar a serios problemas de abastecimiento.

Antes de opinar al respecto, debo indicar que en la Asamblea Legislativa se habían presentado dos proyectos (llamados Ley General de Electricidad) que en mucho “organizaba” o “abría” el sector de producción eléctrica al sector privado, pero ambos han estado plagados de problemas que hacen poco viable su aprobación en el corto plazo. El primero, que en general me parece tiene grandes virtudes, fue presentado al curso legislativo durante la administración anterior y, el segundo, sorprendentemente, lo presentó la nueva sustituyendo al proyecto previo. Sabido es que ambas administraciones son del mismo partido político, por lo que esta última versión fue, a su vez, bloqueada por gran parte de esa misma fracción, que no podía ver con buenos ojos cómo sus mismos compañeros de partido echaban por la borda la versión original, sin que mediara una justificación válida para proponer una fuerte variación al curso inicialmente planteado sobre la política energética del país.

Por lo tanto, nada tenía que ver la existencia de un nuevo directorio legislativo integrado por diputados de la oposición, como un factor que obstaculizara un proyecto para asegurar una mayor provisión de electricidad. El problema venía políticamente “desde adentro” y, por tanto, es injusto adscribir la responsabilidad de no asegurar la electricidad necesaria al directorio de oposición, que ni siquiera existía cuando se presentaron ambos proyectos en la Asamblea. Por ello, abrigo la esperanza de que esta última versión -llamada de Contingencia Eléctrica- sea aprobada, con algunas mejoras a las que luego me referiré, con el apoyo de una mayoría importante de diputados del Congreso. Así no habrá excusa para que les “echen los muertos” al nuevo directorio legislativo por una presunta falta de no hacer bien las cosas necesarias para el país.

En un seminario que ANFE celebró en octubre del año pasado, el Ministro de Energía, Ingeniero Teófilo de la Torre, fue cuestionado por el nuevo proyecto (el segundo de ellos), al considerarse que reintroducía una serie de restricciones innecesarias, indeseables y costosas para la participación privada en dicha actividad, en comparación con el primero que presentó la administración previa. Don Teófilo reconoció que el cambio de visión se debía a una mejor adaptación del nuevo proyecto a las políticas participativas mayoritarias y casi monopólicas que el estado había mantenido en el pasado y que la administración anterior se propuso variar. Pero ahora, inteligentemente, don Teófilo cambia aquella posición y, si se me permite así decirlo, parece haber escuchado razones para variar posiciones que no conducían a nada más que a una inopia segura en la provisión eléctrica del país. Su proyecto de ley previo no iba a resolver el problema inminente de escasez de electricidad, en especial ante los atrasos con los proyectos de Reventazón y Diquís No muchos funcionarios públicos saben rectificar decisiones, al percibir que pueden estar equivocadas. Por ello, le reconozco el mérito de haber variado su actitud inicial.

Me agrada la última -tercera si se le quiere llamar- propuesta dirigida a asegurar el abastecimiento energético del país en el corto plazo, al abrir un espacio mayor a su provisión privada. Constituye un paso adelante y significativo en el esfuerzo por lograr un suministro adecuado de electricidad. Sin embargo, creo que no hay justificación para que ese paso hacia adelante siga siendo tan pequeño. La nueva propuesta no debe reprimir el desarrollo de un sector privado fuerte en el sector eléctrico, que esté preparado para competir eficientemente con otros oferentes de países vecinos y, sobre todo, que les permita lograr escalas de operación que hagan más rentables y seguras las inversiones que tengan que realizar. Así, no encuentro explicación lógica de por qué ampliar la capacidad instalada máxima por planta de 20 a tan sólo 30 megawatts. Por ejemplo, una capacidad máxima permitida de 50 megawatts no sólo es factible realizarla sin problemas significativos, sino que su tamaño podría hacer la operación más rentable, la inversión más manejable y, sobre todo, lograr suplir en el plazo más corto posible la electricidad requerida por el país.

En el mismo sentido no me explico porqué tan sólo aumenta de un 15 a un 25% la provisión privada (que incluye a cooperativas, entre otros) del total de energía eléctrica producida en el país. Parece que el intento de conservar ciertos privilegios es lo que está detrás de estos tímidos pasos de apertura al sector privado, como proveedor impostergable e indispensable de energía en el país.

Debe recordarse que el precio al cual se adquiriría la nueva electricidad producida por estas nuevas plantas privadas es fijado por la ARESEP, razón por la cual aprovecho la oportunidad de recalcar la importancia de que esa entidad haga las cosas bien y rápidamente. Debe comprender que si la tarifa no es adecuada, esa inversión privada no se llevará a cabo o, tal como ha sucedido hasta el momento, se vaya a Panamá a producir esa misma energía, para luego venderla a Costa Rica a precios más altos. La ARESEP debe saber que en la actualidad están en proceso de construcción, tan sólo en Chiriquí, Panamá, 32 plantas que eventualmente venderían a nuestro país la energía que produzcan. Si les preocupa un hipotético sobre-abastecimiento, deben tener presente que si existe un mercado dinámico y en crecimiento en cuanto a demanda de electricidad es el propio mercado panameño, por lo cual esas firmas fácilmente podrían variar el destino de su producción, si así fuera más rentable para ellas. Claro, todo está en los precios que los productores privados de electricidad, tanto nacionales como desde el exterior, puedan obtener y es aquí donde ARESEP debe tener “bien puestas las pilas“.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: apertura a medias

Muchos celebramos hace ya más de 3 años cuando se aprobó el TLC con los Estados Unidos: en particular, celebramos porque ese acuerdo permitió la apertura de telecomunicaciones y seguros. De un esquema donde el Estado empresario mantenía el monopolio de estos dos servicios, ofreciendo pésima cobertura y calidad, con la excusa de precios "bajos" y universalidad -sin reparar que el mal servicio acarrea otros costos no asociados con la tarifa pagada, pero sí por la pérdida de competitividad, oportunidad y efectividad, tanto para individuos como para empresas-, pasamos a uno donde era posible encontrar competencia, opciones y aspirar a un mejor servicio.

Sin embargo, sabíamos que la apertura que nos propusieron entonces no era la óptimo, pues mantenía regulaciones, plazos, cierto grado de protección a las instituciones públicas, participación de reguladores y, en fin, no se acercaba a un escenario de libre competencia, donde los oferentes lucharan para atraer al cliente. Pero como dicen, la libertad entra por rendijas y a pesar de todas esas objeciones, era mejor que mantener el statu quo. Los costarricenses votamos, mayoritariamente, por cierto grado de apertura, quitándole el apoyo al monopolio en telecomunicaciones y seguros.

Luego de más de 3 años, todavía seguimos esperando esa apertura. Más de uno pensará que quienes apoyamos el TLC le hemos mentido: le prometimos más y mejores opciones en telefonía, internet y seguros y hasta la fecha, prácticamente no se le ha cumplido. Recientemente, los usuarios vivieron, una vez más, el calvario producido por las fallas del ICE en la red celular. También recientemente, se anunció que SBA Communications estudia la posibilidad de demandar al Estado costarricense por los atrasos en la apertura. Pero esa noticia no es para extrañarse: apenas iniciando el 2009, es decir, más de dos años después de aprobado el TLC, se completó la conformación de la SUTEL, órgano encargado de regular el mercado de telecomunicaciones en nuestro país.

No le mentimos a los costarricenses cuando decíamos que el TLC traería más competencia: la competencia vino, pero el Gobierno no la ha dejado entrar. Para muestra varios botones: ya han iniciado funciones dos empresas aseguradoras -ASSA y MAPFRE- pues pareciera que ese sector, el proceso ha caminado un poco más. Pero en telecomunicaciones, empresas como Costa Pacífico, entre otras, han mostado interés por participar en el mercado, pero la inoperancia de la SUTEL para definir las "reglas del juego", la ineficiencia del MINAET para entregar las bandas a concesionar y la miopía del Gobierno y el ICE, se los han impedido.

En otras palabras, los que verdaderamente apoyamos el libre comercio no engañamos a nadie. Quienes verdaderamente ha timado a los costarricenses son los gobernantes, los que nunca han demostrado tener voluntad para que podamos adquirir servicios en un mercado competitivo, los que nunca han querido que seamos los consumidores los que tengamos el poder de premiar y castigar empresas con nuestro consumo, sino que han querido ser ellos los que premian y castigan con favores políticos, propios del país clientelista en que vivimos.

Son los timadores socialdemócratas de siempre: los que nos han quitado recursos con impuestos para, supuestamente, devolvérnoslos con servicios de salud, educación, seguridad e infraestructura de calidad, pero que en el día a día se demuestran como inexistentes. Tenemos un sistema de salud colapsado, altamente costoso, incapaz de ofrecernos atención adecuada y eficiente; tenemos un sistema educativo mediocre, que premia a quienes no lo merecen con becas y subsidios y castiga a los que se esfuerzan. Tenemos una seguridad ciudadana de pacotilla, con policías mal entrenados y sin equipamiento, jueces que no dan a basto, normas sumamente permisivas y tolerantes en favor de los delincuentes y ni qué decir de la gran cantidad de funcionarios corruptos. Y de la infraestructura mejor ni hablar: puentes que se despedazan, carreteras mal diseñadas por la complacencia ante concesionarias que no cumplen con los requisitos, calles repletas de huecos, puertos del siglo XVIII con operarios de la época de las cavernas y un aeropuerto que lleva más de 10 años modernizándose sin que uno vea los grandes cambios prometidos.

Sin dudas, la realidad nos da una bofetada para hacernos reaccionar, pero lamentablemente, el grueso de los ciudadanos no lo hace. Sigue creyéndole, elección tras elección, a los mismos de siempre; sigue confiando en sus palabras; sigue pensando que las cosas hay que hacerlas a medias y que todo aquello que se suene ligeramente radical respecto al statu quo es malo.

Es necesario que, de una vez por todas, los costarricenses caigamos en cuenta que el libre mercado, el libre comercio, la libre empresa, la libre elección, implican que los individuos son los que deciden qué comprar, qué consumir, qué producir, qué escoger, a dónde dirigir sus recursos, qué actividades preferir y que, por el contrario, la regulación -mucha o poca- siempre querrá decir que son los políticos los que tomarán las decisiones en lugar de los individuos comunes y corrientes.

Por eso, pidámosle al Gobierno que abra ya a la competencia no sólo las telecomunicaciones y seguros, sino todas las actividades económicas. Exigámosle que respete nuestra libertad y capacidad para decidir con quién, cómo, cuándo y donde hacemos intercambios. Obliguémosle a no entrometerse en nuestras decisiones. En otras palabras, reclamemos nuestra propia libertad y dejemos esos esquemas intermedios".

México: apertura comercial y mercado laboral

Cuando una economía se desenvuelve en un entorno de protección comercial por la imposición de barreras a las importaciones, sean estás arancelarias o no arancelarias, se genera una distorsión en los precios relativos de los bienes comerciables internacionalmente, tal que la asignación de los recursos productivos, capital, tierra y mano de obra, dejan de reflejar las ventajas comparativas que tendría cada sector y cada región. Así, cuando el gobierno otorga protección a determinado sector en contra de la competencia externa, se genera el incentivo para que la cantidad de recursos que se le asignan a este sector sea mayor que la que se hubiese dado en ausencia de esa barrera al comercio internacional. Además, el pago a los factores de la producción empleados en los sectores protegidos será mayor que el que hubiesen obtenido en un contexto de libre comercio es decir se apropian de rentas extranormales, mismas que son pagadas por los consumidores que enfrentan precios por arriba de los internacionales.

Partiendo de esta situación, cuando cambia la política comercial y el país se abre al libre comercio internacional, los precios internos de los bienes reflejarán los precios internacionales, lo que genera el incentivo para que los recursos se asignen en aquellas actividades productivas en las cuales se goce de ventaja comparativa. Por lo mismo, al abrirse la economía, lo natural es que se observe sectores que se contraen y expulsen recursos productivos, incluidos capital y mano de obra, mientras que otros se expandirán empleando en consecuencia una mayor cantidad de estos recursos. Además, el pago a los factores de la producción tiende a reflejar la escasez relativa de cada uno de ellos y el valor de su productividad marginal.

Dados estos cambios en los precios relativos de los bienes y los factores de la producción que genera la apertura comercial, es indispensable que junto con el cambio en la política comercial se adecue la legislación laboral para eliminar todas aquellas disposiciones que introducen rigideces a la movilidad de la mano de obra, tanto sectorialmente como regionalmente, es decir, hacer que este mercado sea más flexible, reduciendo con ello los costos del ajuste.

La apertura comercial que se inició durante el gobierno de Miguel de la Madrid y se profundizó durante los siguientes tres gobiernos, un proceso que aun no termina dada la inmensa y estúpida cantidad de regulaciones que impone el gobierno a las empresas en sus operaciones de comercio internacional, cambió efectivamente los precios relativos y generó el incentivo para una reasignación de recursos en la economía hacia aquellos sectores en donde hubiese ventajas comparativas. Sin embargo, entre las muchas reformas que faltaron para complementar esta apertura destaca la laboral. Seguimos teniendo una legislación laboral que ya no es compatible con una economía abierta, una legislación que genera enormes distorsiones y rigideces en el mercado laboral en particular y en la economía en general y que se refleja en una menor competitividad de las empresas mexicanas en el mercado internacional.

Salinas no quiso, Zedillo no pudo, Fox ni lo intentó. ¿Podrá Calderón modernizar la legislación laboral? Si él tampoco puede, seguiremos condenados a un crecimiento económico notoriamente mediocre.

Isaac Katz

En un par de horas

Mis primeras tareas entrando a Washington DC eran conseguirme una línea de celular y abrir cuentas bancarias. Tomando como referencia mis experiencias personales y profesionales como abogado en Costa Rica, no era de extrañar que me sintiera frustrado y poco motivado de realizar estos trámites. Me alisté para una/s larga/s tardes y mañanas para concretar mis tareas.

Mi sorpresa fue que pude finalizar ambas tareas en cuestión de un par de horas en una tarde. Así es. No lo podía creer.

Primero, abrí una línea telefónica ligada inicialmente a la de una amiga que vive aquí. Una vez que tenga mi ID de la universidad, puedo desligarla. Incluida a la apertura de la línea, la empresa de telefonía me regaló un teléfono Black Berry (en el mercado me costaría alrededor de $200). 45 minutos después de haber ingresado a la tienda, salí con una línea a mi favor y un celular de $200 regalado.

Segundo, en una hora pude abrir una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros y la posibilidad de una cuenta de crédito co-ligada en un banco de reconocida trayectoria en USA. Este banco ofrece a estudiantes la posibilidad de abrir estas cuentas con solo la presentación del pasaporte y un depósito de $50. Bajo este sistema, puede retirar mis fondos de las cuentas ilimitadas veces sin recargo alguno.

El servicio al cliente en ambos lugares fue de excelente calidad.

Salí del banco dando un suspiro de tranquilidad y satisfacción, que para muchos ticos, no ha sido experimentado.

Alejandro Beeche Van der Laat

Operador dominante

El ICE está llamado a ser el operador dominante en el mercado costarricense de telecomunicaciones. En el mundo, el mercado de telecomunicaciones es notoriamente elástico al precio; dentro de los límites del uso, los usuarios prefieren un servicio menos bueno, pero más barato. Solamente cuando la calidad del servicio se percibe inusable, están los usuarios dispuestos a pagar más por un mejor servicio.

Los enemigos de la apertura enfatizan las bajas tarifas del ICE y su alta penetración del mercado y reclaman (sin justificación) que la apertura elevará las tarifas. Las bajas tarifas del ICE se deben, principalmente, a que no tiene que generar utilidades, que no gasta las increíbles suma que gastan los operadores comerciales en publicidad y que no paga por el uso del espectro electromagnético.

La apertura de las telecomunicaciones no obligará al ICE a generar utilidades ni a gastar en publicidad (ya que los usuarios todos conocemos bien al ICE, sus capa- cidades y debilidades). El pago por el uso del espectro electromagnético vendría ser como un impuesto que pagaríamos todos, parecido al impuesto al combustible que paga ahora el ICE por el combustible para las plantas térmicas.

Situación diferente. Los enemigos de la apertura siempre mencionan a los países en Latinoamérica donde, después de la apertura, las tarifas han subido, el operador estatal se ha debilitado y el mercado lo controlan dos grandes operadores, uno mexicano y otro español. Olvidan mencionar los enemigos de la apertura que ninguno de esos países contaba con un operador con bajas tarifas y alta penetración.

En los países que antes de la apertura contaban con un operador de bajas tarifas y alta penetración (como en Inglaterra y Australia), los operadores estatales son, por mucho, los dominantes. En estos países, si bien el antiguo monopolio cuenta con una menor participación del mercado, el mercado ha crecido tanto que hoy dichas empresas venden más, emplean más gente y generan más valor que antes de la apertura.

Los enemigos de la apertura se quejan de la velocidad con que se propone realizar la apertura, que en otros países la apertura duró muchos años mientras que aquí se pretende hacer “a la carrera”. El hecho es que antes había más tiempo, el tiempo perdido nunca se puede reponer, el “sabático de ocho años” al que se refirió Juan Enríquez ha sido nefasto y costoso. El no haber actuado antes no es justificación para actuar más despacio.

La velocidad para adoptar y desplegar nueva tecnología es una de las claves del éxito de las empresas de base tecnológica. Aquí el ICE sufre de serias desventajas, por un lado laLey de Contratación Administrativa hace los trámites más lentos que los de la empresa privada, pero más serio aún es la velocidad del mismo ICE para adoptar tecnología que no viene de proveedores europeos (para muestra, la Red de Internet Avanzada).

Los “amarres” de laLey de Contratación Administrativa se liberan con laLey de Fortalecimiento del ICE ; la animosidad del ICE hacia las nuevas tecnologías debe resolverse de otra manera.

Con Internet. Los enemigos de la apertura mencionan que el ICE también tiene bajas tarifas y alta penetración en Internet; eso no es cierto. Las tarifas de Internet se comparan en relación con el ancho de banda. En Europa ofrecen 20 mbps por €20, el ICE ofrece 256 kbps por $18, eso es 80 veces la velocidad por 1,5 veces el precio (el ICE es 53 veces más caro). En Costa Rica hay un gran demanda por Internet no satisfecha, pero no aparente, debido, posiblemente, a que las tarifas de Internet fueron en primera instancia definidas por Racsa, sin ninguna regulación ni consideración por la demanda o el desarrollo nacional.

Está claro que la amenaza a la posición dominante del ICE no vendrá por la telefonía móvil ni por la fija, vendrá por Internet. Si bien esta amenaza es grave, el ICE cuenta con suficiente tiempo para corregir las tarifas y saturar el mercado antes de que venga la competencia. El tiempo, sin embargo, debe ser aprovechado asimilando las nuevas tecnologías, en lugar de perdido peleando contra lo inevitable (apertura y globalización). No hay nada en la calidad y competencia de los ingenieros del ICE que impidan que el ICE siga siendo por muchos años, el operador dominante de las telecomunicaciones en Costa Rica.

Roberto Sasso, tomado del periódico La Nación