La columna de Carlos Federico Smith: ahora, ¡siembren aguacates!

El gobierno ha lanzado el “Plan Nacional del Aguacate.” Pretende que se cultiven 2.500 hectáreas más de las 2.000 hoy sembradas. Por supuesto, el estado aportará dinero, en esta ocasión por medio del Banco Nacional, el cual dijo disponer “de más de ¢5.000 millones para ofrecer crédito a los agricultores,” así como se usarían fondos del Sistema de Banca de Desarrollo. O sea, el gancho de siempre para los agricultores: hay plata para prestar, aunque debería depender de ellos si se justifica que lo piden prestado. Y, paradójicamente, cuando en el país ese mismo gobierno habla del problema del sobreendeudamiento. Tal vez para que, al llegar el momento de repagar la deuda, deban acudir a presiones políticas para que les amplíe el plazo de repago o que se les rebaje algo o la totalidad de las obligaciones. ¿Acaso no ha sido eso parte de la historia de ciertos endeudamientos estimulados por el gobierno de turno?

Según La Nación, en su artículo “Gobierno pretende elevar en un 125% la siembra de aguacate,” lo que en realidad nos dice es que la producción doméstica, hasta el momento, no ha estado a la par de la demanda, por lo que los precios han aumentado (yen cuanto a la calidad que usted sea quien juzgue, porque, para mí, algunas veces muy mala y, en otras, muy buena). Tan es así dicha “insuficiencia,” la que solía ser llenada esencialmente por una eficiente producción mexicana, que ahora se debe importar de países más alejados, pues la prohibición del aguacate Haas, que es altamente demandado en el país, se hizo para países como México, Australia, España, Ghana, Guatemala, Israel, Sudáfrica, Venezuela y Estados Unidos, lo que hace que probablemente tenga que venir desde otros productores menos conocidos y hasta más alejados, lo cual eleva el costo. 

Ahora, ante la “insuficiencia,” según el ministro de Agricultura, se debe “cubrir la demanda nacional en su totalidad [o sea, si bien entiendo, se pretende la autosuficiencia] que actualmente es de 13.000 toneladas por año.” No se informa de cuánto es la oferta actual nacional, pero se puede estimar, dado que el objetivo es un aumento del 125% en la producción para ser autosuficientes, lo que daría que la oferta actual debe ser de unas 5.780 toneladas al año. Tamaña tarea ser autosuficientes…

Ciertamente, uno habría esperado que, si los precios de hoy son buenos ante la falta de importación, ese faltante se habría estimulado satisfacerlo con una mayor producción nacional, por una decisión de mercado propia de los productores, y en donde el estado puede, tal vez, ser útil an asistencia técnica y similares, pero no lo sería por falta de financiami}ento, pues, según el sistema bancario nacional, lo que hoy se tiene es un exceso de fondos prestables.

Hay algo que me inquieta de este programa en particular del gobierno, que es que ya una corte nacional ha determinado que la prohibición proteccionista, impuesta por el gobierno anterior, causó daño a algunos (importadores del aguacate y creo que principalmente a los consumidores). La resolución del conflicto producido por esta política proteccionista del gobierno está en manos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues el país fue acusado de violar las reglas internacionales del comercio por el gobierno nacional. O sea, podría ser que, a cierto plazo no muy largo, habrá una decisión de la OMC que obligue a las autoridades del país a reabrir su mercado a la competencia internacional.

Ante un nuevo “Plan Nacional del Aguacate, vale la pena recordar lo que ha sucedido con diversos ejemplos de programas estatales similares, de un estímulo determinado del gobierno para aumentar siembras de ciertos cultivos. De un gobierno que presume ser un mejor conocedor de los mercados que los productores e importadores nacionales, quienes son los que verdaderamente corren los riesgos del negocio al final de cuentas como para decidir sus inversiones. 

Me acuerdo, hace ya muchos años cuando, ante una decisión de políticos de turno, se promovió la siembra de cabuya en una parte importante del país, que, en la actualidad, si acaso, se produce algo de ella para artesanías locales. Eso fue hace ya su rato, pero hace menos tiempo, el gobierno promovió la producción de otro producto “exitoso”, pues los empresarios sembraban poco y, así, el gobierno promovió arduamente su siembra. Me refiero al cacao, tanto en el Atlántico como en el Norte del país. Sabemos que el experimento no fue exitoso, en mucho por tener variedades no resistentes a ciertos hongos. Y hoy la producción es relativamente baja.

Más cercano está el caso del estímulo estatal a la siembra de palma africana, que, según tengo entendido, el área sembrada se ha reducido significativamente, entre otras, por razones de mercado. Y, aún más actual, recuerdo cuando la “moda” gubernamental fue estimular a los agricultores para que sembraran palmito. Lo hicieron. Luego la competencia internacional dejó por fuera de ese mercado a quienes sembraron esperanzados, quienes, eso sí, terminaron con altas deudas por haber seguido el consejo de políticos.

¿Por qué no se deja a que sea la prudencia y la posibilidad de usar los recursos incluso emprestados, lo que guíe a los empresarios, para llevar a cabo sus proyectos, sin incitarlos a que lo hagan en productos selectivos que han fracasado en diversas ocasiones? Que el empresario pondere sus decisiones, sin tratar el gobierno de alentarlo, diciéndole que les van a dar acceso a fondos, entre otras cosas, que no suelen ser suficientes para que la actividad sea rentable. Los Planes Nacionales del… producto de moda, el del momento, definido entre burócratas, terminan sirviendo sólo para que una burocracia pase entretenida y para que unos políticos alienten a empresarios a invertir en lo que, si fuera rentable, lo harían por ellos mismos sin un plan estatal, todo a fin de cosechar votos. Piense el inversionista productor, cuáles son sus riesgos, cuáles las decisiones del mercado en curso y qué precios podría lograr si se duplicara la producción doméstica. El verdadero empresario buscará conocer mejor las condiciones de los mercados, que lo que pueden saber mejor un burócrata de escritorio o un político embaucador, pues, si se fracasa, si se pierde, ninguno de todos esos sufrirá en sus bolsillos la mala decisión económica que han incentivado.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: más proteccionismo ad portas

La marea proteccionista no cesa de arribar. Uno puede haberse ilusionado que en cierto momento ella se hubiera detenido, aunque fuera en algún grado, pero la reducción arancelaria, que beneficia a los consumidores, tenía excepciones que se resumen en una desgravación a lo largo de varios (muchos) años. La ilusión es que algún día llegará la hora en que el arancel será sumamente bajo, alentando así a que la competencia externa pueda vendernos productos esenciales más baratos.
 

Es cierto que ya han pasado muchos años desde que se dio el proceso de apertura comercial de nuestra economía, y que aún no se termina el proceso de desgravación, pero, en realidad, la cosa es más grave. Sabemos de la vigencia del proteccionismo a los arroceros, así como también la pretensión -afortunadamente rechazada. En su momento, por el ministerio de Economía- de aumentar el arancel a la importación de varilla de construcción. Ahora, el monopolio doméstico del azúcar (lo llamo así, pues es un cartel que pretende operar como un solo vendedor en el mercado) pide que el arancel proteccionista sea incrementado.
 

La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) le pidió al ministerio de Economía (MEIC) que haga un estudio para imponer mayores aranceles a los hoy vigentes a la importación de azúcar -actualmente un arancel de poco más del 45% sobre el precio de importación. En el 2017 ese gremio había solicitado un aumento del arancel proteccionista de un 6.8%, pero el gobierno (siguiendo el camino proteccionista lo aumentó, pero en menos; en un 3.67%). Ahora la LAICA vuelve a las andadas y cabildeos y pretende que el gobierno utilice las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para casos de dumping, con la denomina cláusula de salvaguardia, que no es sino una limitación más a la importación del producto.
 

La cláusula señala que un país puede restringir temporalmente las importaciones de un bien que compite con una producido domésticamente, para proteger a aquel país de un aumento en importaciones que amenace o cause un grave daño a la producción doméstica. LAICA pretende que se aplique esa cláusula para frenar importaciones de Brasil (y tal vez del mercado mundial, pues los precios han bajado) y que luego que se imponga un arancel, definido por el MEIC, que se adicionaría al ya vigente del 45%.
 

El precio del azúcar al consumidor no está fijado por ley, de forma que importaciones a un costo menor (con todo y esos aranceles ya de por sí elevados) le impiden al cartel elevar el precio al consumidor y al usuario doméstico del azúcar.  Es de esperar que, si la fuente de la competencia externa se extingue, primero, con la cláusula de salvaguardia y, luego, con el posterior aumento en el arancel, habrá una reducción de la oferta de azúcar en el mercado doméstico, lo que permitiría elevar su precio.
 

Al momento de la información base que aparece en La Nación del 9 de julio, titulada “LAICA solicita al MEIC elevar arancel a azúcar importado,” el ministerio rechazó tomar la medida temporal de cerrar importaciones, en tanto investiga la acusación de dumping para lo que proceda. Ojalá que, cuando el MEIC tome la opinión de las “partes involucradas,” esté presente el invitado invisible a esas reuniones: el consumidor que debería ser libre de escoger el producto al menor precio posible y con la mejor calidad, sin imposiciones de algún gremio específico que quiere imponérselos a un mayor precio. Después de todo, son los consumidores el objetivo final de una economía: satisfacer sus deseos y necesidad de la mejor manera posible.  Si se remueven los aranceles proteccionistas podremos adquirir una azúcar más barata y de igual calidad, para beneficio de los 5 millones de consumidores.
 

Teniendo en mente las palabras de una escritora, Caroline Breashears, refiriéndose a acuerdos proteccionista con la industria azucarera de su país, y que son perfectamente aptas para nuestra circunstancia, reafirmo que “Los acuerdos endulzados con la industria del azúcar dejan un sabor amargo en las bocas de los consumidores.”

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: proteccionismo a la vista

No me refiero a que empeorará la protección contra la importación del aguacate mexicano, que ha subido un 74% desde el 2015 cuando se crearon las prohibiciones. Tampoco a la pretensión de una empresa productora de alambres de acero para que, mediante un arancel, se encarezca la entrada al país de ese producto. Me refiero a las declaraciones del nuevo ministro de Agricultura, quien afirmó tajantemente que “La posición que traigo al Ministerio es proteger la producción nacional, con todos los instrumentos jurídicos y técnicos que nos dan los marcos de tratados... Vamos a ser muy celosos con los ingresos, no importa cuáles sean, con carnes, con papas. Ha habido mucha laxitud, no cumplimiento con la normativa.”

Esto aparece en una publicación de La Nación del 12 de mayo, titulada “Ministro de Agricultura promete proteccionismo: Renato Alvarado asevera que su posición es ‘proteger la producción nacional.’” El señor Alvarado es productor de carne de cerdos y tiene que haber sabido que, en el 2015, el Servicio Fitosanitario del estado (SFE), dependencia del ministerio de Agricultura, “también prohibió la importación de... carne de cerdo...” entre otros productos, como lo denuncié en un comentario del 8 de marzo del 2016, titulado “Amenaza al Comercio Costa Rica-Estados Unidos,” así como en otro comentario “Ñangazos Proteccionistas” que publicara el 16 de junio del 2015.

O sea, es posible que el empresario Alvarado se haya beneficiado de la protección al bien que produce, pues posiblemente se tradujo en precios mayores para los consumidores y utilidades más altas para el gremio protegido. 

Dada esa experiencia personal, dejando de lado que pueda correr riesgos por actuar en beneficio propio si toma medidas proteccionistas unilaterales, tomo muy en serio a su afirmación de que aumentará el proteccionismo contra los consumidores nacionales, a favor de gremios de pocos pero muy bien organizados productores. 

Ojalá que pronto emane de parte de la Organización Mundial del Comercio una decisión que obligue al país a permitir la importación de aguacate desde México, pues podría servir de advertencia de que, cualquier abuso sin pretexto válido utilizado por un ministro proteccionista, será sancionado debidamente. Cuando un país pone una barrera arancelaria indebidamente o con subterfugios, se le condena a que se limiten ciertas exportaciones del país como compensación por el daño.  Ojalá esto no suceda, pues se castigaría a exportadores que nada tienen que ver con el asunto, en vez de serlo los propios burócratas responsables del desaguisado.

Lamentablemente siempre hay grupos que se acercan al gobierno -o colocan gente afecta a sus intereses- para obtener formas de restringir la competencia y poder con ello poder cobrar más a consumidores cautivos. Esa protección no es gratis para ese gremio, pues tiene que “invertir” en los políticos para que les den esa protección, tal vez apoyando las ambiciones de los primeros por aumentar su poder electoral. Eso sí, quienes inevitablemente perdemos con la protección somos los consumidores, quienes se supone somos el fin último de una economía: producir de la manera mejor y más barata para que las personas puedan satisfacer sus necesidades económicas.

Nos damos por informados de las declaraciones del ministro de Agricultura, ante lo cual redoblaremos nuestros esfuerzos para que los costarricenses podamos conseguir los mejores y más baratos bienes y servicios, producto de la mayor competencia posible. Parece no haber peor cosa que un empresario proteccionista con poder político, que imponga costos adicionales a los productos que elimina la competencia para poder venderles más caro a los consumidores cautivos.

Ese mismo ministro ha mandado, según el comentario de La Nación del 19 de mayo titulado “Jerarca del MAG pretende elevar ayudas directa al agro: Transferencias no reembolsables,” una señal clara de que subsidiará cierta -¿elegida por quién?- producción doméstica dirigida tanto al mercado interno como al externo. Asumo que piensa contar con ingresos provenientes de los impuestos a los ciudadanos que tramita el gobierno: muchos pagaremos impuestos para subsidiar a algunos. ¡Qué lindo!

De paso, ya también los transportistas de carga en el país quieren que aquí los extranjeros no nos puedan dar el servicio. Simplemente es una forma para elevarnos los costos de transporte de todas las mercancías a los ciudadanos: ese el resultado principal del proteccionismo, mantener poderes monopólicos y así obligar a los consumidores cautivos, ante la menor competencia, a pagar más por los bienes o servicios que los protegidos nos venden.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Arroz para ricos

El día de hoy aparece publicada una nota en La Nación que debe preocuparnos a todos. En la misma, se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el sétimo más caro de todo el mundo.

Como todos sabemos, el arroz es un producto que consumen masivamente los costarricenses, incluídos los más pobres. Así las cosas, estos precios desmedidos tienen un impacto sumamente profundo sobre el bolsillo de las personas que menos recursos tienen.

Ahora bien, no podemos dejar de señalar que el arroz es todavía de los productos que mantiene un precio fijado, es decir, que no es producto del proceso de mercado. Lo anterior, sin duda es un baño de realidad directo para aquellos que piensan que la eficiencia se puede alcanzar artificialmente a través de leyes, decretos y reglamentaciones. La realidad es que cuando existe una regulación estatal los grupos de presión buscan ser los beneficiados de la misma, precisamente, esto es lo que ha acontecido con el caso del arroz, tal y como lo menciona la nota:

“El Gobierno y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, concluyeron que la fijación por ley del precio perjudica al consumidor y al final beneficia solo a unos pocos productores.”

Bajo este panorama, resulta impostergable la búsqueda de políticas públicas que solventen este flagelo para la población costarricense. Evidentemente, para ASOJOD dichas propuestas transitan por una mayor apertura comercial, una reducción de aranceles y una disminución de las barreras de entrada al mercado. En este sentido parecía caminar el Estado costarricense, mismo que se había comprometido a que el precio del arroz se liberara a partir del primero de marzo del 2015. Ahora, desafortunadamente al nuevo Ministro le resulta poco dicho plazo de transición, situación que por supuesto nos deja a todos a la expectativa de que irá a pasar con este medida.

Nuestro país no puede seguir teniendo sueldos y condiciones del tercer mundo, y precios por encima del primer mundo, esa ecuación es una receta para el desastre y empobrecimiento económico. Debemos apostar por políticas públicas que alivien la carga económica al consumidor, y no slogans vacíos. Las billeteras de las personas no entiendes de ideas trasnochadas, la plata al final del mes alcanzo o no, tan simple como eso.

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, queremos compartir con ustedes el maravilloso libro de Rigoberto Stewart titulado "La magia y el misterio del comercio" donde explica, de forma sencilla y amena, cómo opera el principio de especialización e intercambio, los grandes beneficios que ofrece para la humanidad y expone la lógica del libre comercio como generador de riqueza. Esperamos que lo disfruten.

Tema Polémico: ¿Adonde están los del NO?

El día de hoy en ASOJOD queremos recordar aquella gran lucha que se dio en el 2008 alrededor de la aprobación o no aprobación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Costa Rica (CAFTA-DR). Ya tenemos tres años y medio de tener este TLC en vigencia y aun no se ha sucedido ninguna de las ocurrencias que se dejaron decir los representantes del NO durante tanto meses para asustar a la ciudadanía. El día de hoy vamos a analizar algunas y las vamos a comparar con la realidad. Por supuesto, nos concentraremos en los temas más serios y no en las estupideces como la de que se iban a llevar el agua del país en barcos que esperamos que haya sido muy poca la gente que muy ilusamente se haya creído tremendo salidón en al algún momento de la campaña.

“El TLC afecta la colocación de nuestros productos en un importante receptor de nuestras exportaciones: el Mercado Centroamericano.”

Según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior, las exportaciones de Costa Rica a Centroamérica no se han visto para nada afectadas desde que entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, todo lo contrario, se han incrementado en un 14% y la balanza comercial es positiva y creciente.

“Este Tratado afecta negativamente a la mayoría del sector agropecuario.”

Las exportaciones del sector agrícola se han incrementado un 20% con respecto al 2008. También, las exportaciones a los Estados Unidos se han incrementado en un 14% de estas exportaciones el 25% de los productos que representan el 80% de las exportaciones son productos de este sector. 

“Este Tratado pone en peligro el acceso universal y de bajo costo a los servicios de telecomunicaciones y electricidad ya que obliga a Costa Rica a la apertura permitiendo la participación de multinacionales en la prestación de servicios de telefonía celular, Internet y redes privadas.”

Es más que evidente que el sector de telecomunicaciones se ha visto beneficiado con la apertura del mercado. Ahora, en presencia de competencia, el ICE que sigue siendo el principal actor en el mercado de telefonía celular a incrementado la calidad de sus servicios y además todas las compañías ofrecen tarifas y planes de telefonía cada más competitivos. Y esto se ha logrado a pesar de la SUTEL pues si no existiera este ente regulador limitando la cantidad de oferentes en el mercado y colocando mínimos a los precisos los consumidores se hubieran visto aun más favorecidos.

“El Tratado obliga a permitir que participen empresas de todo tipo en el negocio de los seguros, esto impedirá al Instituto Nacional de Seguros (INS) obtener las ganancias que hoy invierte para mantener un servicio de bomberos gratuito para toda la población, en subsidiar los seguros solidarios como riesgos del trabajo y de cosechas.”

Contrario a esto que decían, con la entrada de la competencia, el INS se ha afianzado como la empresa líder del mercado de seguros y ha obtenido las mayores ganancias de su historia. 

La lista podría continuar pero los argumentos expuestos son evidencia suficiente para concluir que las amenazas de los grupo del NO carecían de fundamento. En aquel entonces en ASOJOD nos mostramos a favor del TLC y del libre comercio en general y lo seguiremos haciendo. Este TLC con Estados Unidos ha demostrado que nuestra tesis sobre los grandes beneficios que tiene el libre comercio son correctos. Y ¿adonde están los del NO, cuando darán la cara?

Viernes de recomendación

Para este viernes de recomendación queremos compartir con ustedes un breve pero extraordinario texto del profesor Manuel Ayau, quien en vida fuera Rector de la Universidad Francisco Marroquín. El texto se titula "Un juego que no suma cero: la lógica del intercambio y los derechos de propiedad" y contiene una atinada explicación de cómo funciona el intercambio libre y voluntario de propiedades, que en todo momento se convierte en una ganancia mutua para los participantes. Esa es la lógica del libre comercio: no es un juego de suma cero -donde la ganancia de uno significa la pérdida de otro- sino de suma positiva, en el que ambas partes ganan, pues simplemente nadie estaría dispuesto a intercambiar algo si lo que recibe no es más apreciado que lo que entrega.

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les presentamos el artículo La Paz y el Libre Comercio de Juan Ramón Rallo Julián. En este, don Juan Ramón explica como el libre comercio genera instrumentos que facilitan la instauración de paz.

¿Soberanía de los gobernantes o de los individuos?

A raíz del debate sobre dolarización que acompañó a mis dos comentarios previos, salió a relucir una discusión muy interesante sobre el tema de la soberanía. Una de las objeciones válidas (hasta cierto punto) a dolarizar la economía es la pérdida de la llamada soberanía monetaria, es decir, la capacidad que tiene nuestro Banco Central de adecuar las políticas monetarias a la realidad económica nacional, en lugar de dejarlas a la mano de la Reserva Federal en Washington. Pero, en realidad, nuestra cacareada soberanía monetaria es en la práctica casi que una quimera dado el alto nivel de dolarización de la economía y el hecho de que tengamos una cuenta de capital abierta, lo cual limita severamente el margen de maniobra del Banco Central.

Sin embargo, quiero retomar la discusión filosófica sobre el concepto de soberanía inherente en éste y otros debates similares, como el que tuvimos con el TLC con Estados Unidos.

En el siglo XIX, un gran liberal francés, Benjamint Constant, brindó una conferencia titulada “Sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos". En ella, Constant marcó la diferencia entre los dos conceptos de libertad que caracterizaban el debate político en la Grecia Antigua y en los tiempos modernos (en ese entonces siglo XIX). Constant indicó que en las polis griegas, la libertad implicaba la capacidad de los hombres libres (una minoría) de participar en los debates públicos y votaciones democráticas con las que se regían dichas entidades. Era la libertad de los hombres de gobernar sus propios estados sin estar sometidos a un monarca o pueblo extranjero. Sin embargo, la libertad de los antiguos, como Constant la describió, era muy diferente a la libertad de los modernos. Los griegos tenían esclavos después de todo, y la libertad de los pueblos podía desembocar en la aniquilación del individuo y en la instalación de tiranías como la de Esparta. “Hace del individuo un esclavo de tal forma que los pueblos sean libres”.

Constant la comparó con la libertad de los modernos, que es la capacidad de un individuo de vivir su propia vida de la mejor manera siempre y cuando respetara los mismos derechos de los demás. Dicho concepto versaba en el individuo, a diferencia del colectivo (llámese patria, polis, pueblo, nación, etc.).

Casi 200 años después de que Benjamin Constant hiciera dicha distinción, en nuestro país, y en muchos otros, sale a relucir una y otra vez la discusión sobre soberanía y libertad. Veámoslo en el tema del TLC con Estados Unidos. En la campaña sobre el referéndum del 2007, los opositores cargaban contra el acuerdo ya que éste pisoteaba nuestra soberanía. La interrogante es, ¿la soberanía de quién? ¿La de los gobernantes de decidir por los demás qué compañía de teléfonos podemos usar o a quién le podemos comprar pollo? Pues sí, esa soberanía se veía limitada por el TLC. ¿Pero qué hay de la soberanía del individuo de poder tomar esas decisiones por sí mismo? El TLC, con todos sus defectos, ampliaba dicha soberanía.

De igual forma, cuando hablamos de “soberanía monetaria” estamos hablando de la soberanía de un puñado de economistas (junta directiva del Banco Central) de decidir las condiciones y el valor de la moneda que usamos de manera obligatoria. Varias objecciones se vienen a la mente, desde las propias de la escuela austriaca (¿cuéntan estos economistas con toda la información económica necesaria para tomar decisiones acertadas?) hasta las de la escuela de Public Choice (¿defenderá esta junta directiva, nombrada por políticos, el supuesto interés común de los costarricenses o impulsará los intereses particulares de grupos de presión?). Pero el tema de la soberanía radica en que los individuos deberían tener la libertad de escoger la moneda que más les conviene. En este sentido, aún mejor que dolarizar, sería permitir que todas las divisas tengan poder liberatorio en Costa Rica, de tal forma que las personas escojan la moneda que prefieren a la hora de hacer sus transacciones económicas (en la medida que eso se permite en Costa Rica, ya la gente escogió el dólar).

De tal forma, podemos hablar de una sobería de los gobernantes y una soberanía de los individuos. Los matices varían. La tiranía de los Castro apela a la “soberanía del pueblo cubano” para mantener una prisión al aire libre en Cuba. Es la soberanía de los Castro, no de los cubanos. De igual forma (aunque guardando dramáticamente las distancias), la soberanía monetaria es la soberanía de la Junta Directiva del Banco Central (con nombres y apellidos) y no de los costarricenses.

Cuando se trata de cualquier debate político, prefiero la soberanía de los individuos sobre la soberanía de los gobernantes.

Juan Carlos Hidalgo

Tema polémico: ¿no era que defendían el libre comercio?

En este Tema polémico, queremos abordar un caso que verdaderamente nos deja perplejos: los mismos empresarios que hace unos años defendieron el TLC con Estados Unidos, hablando de las ventajas de la competencia y de los beneficios de importar más y mejores productos provenientes de otros mercados, ahora están pegando el grito al cielo con el TLC con China. El último capítulo de esta confusa historia es que el Gobierno de Costa Rica renunció a aplicar medidas antidumping y salvaguardas de protección en el intercambio comercial con ese país asiático.

El dumping o competencia desleal se presenta cuando las empresas de un país bajan los precios de sus productos exportados para que, cuando ingresen a otros países, se encuentren comparativamente, a un mayor alcance del consumidor, con la intención de sacar del mercado a los productores locales. Según los creyentes de esta premisa, la competencia es desleal si "A" baja el precio de sus productos a tal punto que "B" no pueda hacerlo sin operar con pérdidas.

Esta premisa merece un análisis detenido: en primer lugar, pretende hacer creer que la "perversidad" de la competencia descansa en el hecho de que un productor procure beneficiar al consumidor con precios menores. Pero ¿no es ese el objetivo del comercio: satisfacer las necesidades de consumo? En segundo lugar, es cierto que la oferta de un bien a un precio menor que el del mercado local puede ser el resultado del incumplimiento de regulaciones pero, en todo caso, ese es un problema jurídico y no económico que debe ponderar el consumidor a la hora que adquiere el producto, y no el Estado pretendiendo decirle qué puede y qué no puede comprar.

Además ¿no sé supone que la liberalización del comercio, se basa en la reducción de la intervención estatal y, en especial en la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio? Si esto es así, ¿por qué se mantiene abierta la posibilidad de aplicar salvaguardas y medidas antidumping que, en todo caso, descansan en la fijación de obstáculos para desestimular el comercio de ciertos bienes y servicios? Pero, aún con todas esas inconsistencias, se habla de firmar Tratados de Libre Comercio.

Ahora bien, el caso costarricense es muy curioso, no sólo por la confusa posición de algunos sectores empresariales frente al acuerdo comercial con China, sino también por las incoherencias que acabamos de explicar. ¿No era que en el país se defendía el libre comercio? Lamentablemente, la respuesta es negativa. Además de la estructura mercantilista que caracteriza a nuestros negociadores y gobernantes, autorizando la apertura de algunos sectores pero protegiendo a otros de la competencia, existen serias confusiones conceptuales que inciden en la política comercial costarricense, como la equivocada pretensión de beneficiar al productor, en lugar del consumidor.

En ASOJOD defendemos el libre comercio y, como tal, consideramos que el sentido del comercio es satisfacer las necesidades del consumidor. Así las cosas, si un productor es capaz de ofrecer bienes a precios que el consumidor encuentre atractivos y, está en la voluntad de ambos realizar un intercambio, entonces que se haga. Si un consumidor estima inaceptable algún método o práctica utilizada en la producción de un bien, simplemente no lo comprará, pero si a otro le resulta indiferente y desea adquirirlo, tiene el derecho de hacerlo. Esa es la maravilla del libre intercambio en el capitalismo: cada individuo vota con su dinero, decidiendo a quién premiar y a quién castigar.

Sin embargo, cuando es el Estado el que establece restricciones al comercio, está imponiendo las preferencias y valores de unos sobre los de otros. Esto es precisamente lo que ocurre en Costa Rica: unos queriendo impedir que los costarricenses compremos bienes y servicios a mejores precios, simplemente porque desean proteger sectores específicos de la producción y buscan cualquier oportunidad para beneficiar a unos a costa de los demás. Por eso, en ASOJOD denunciamos que Costa Rica está muy lejos de ser un país que defiende el libre comercio.

"En guerra avisada no muere soldado y si muere, es porque quiere"

“Nosotros creemos en la seguridad alimentaria y en los subsidios a empresas (...) Vamos a violar todas las normas de libre comercio por lo tanto no puedo firmar el documento con esa previsión” dijo Ottón Solís en un foro que tuvo lugar hoy, en el Hotel Radisson, donde los candidatos presidenciales se reunieron, por invitación de la ONU, para conversar sobre los Objetivos del Milenio.

Además de negarse a firmar la versión original de esos Objetivos, Ottón Solís los criticó y emitió la frase antes consignada. ¿Será que Ottón, al igual que con el TLC, pedirá renegociar los Objetivos del Milenio? ¿Pedirá también la renegociación del Protocolo de Kyoto y de la Carta de las Naciones Unidas? No lo sabemos. Pero lo que si sabemos es que cada vez es más claro el panorama que nos pinta Ottón sobre lo que haría si quedara como Presidente de la República: violentar la libertad, planificar la organización sociopolítica de Costa Rica para modelarla a su gusto, irrespetar las normas establecidas, saturar de impuestos y, en fin, crear el "paraíso" intervencionista en la tierra.

Quedamos avisados los costarricenses que votaremos el próximo 7 de febrero de 2010: "en guerra avisada, no muere soldado y si muere, es porque quiere".

¿Empresarios? vrs libre comercio: reflexiones en torno al TLC con China

El ojo observador no puede pasar por alto que algunos actores que apoyaron y bendijeron el CAFTA, se encuentran un tanto renuentes a que el TLC con China se lleve acabo. Por supuesto esto tiene que causar una gran confusión en el público, cómo es que aquellos que alababan las bondades del libre comercio y la competencia ahora reniegan de ellas. Precisamente el día de hoy nos queremos centrar en este tema, el cuál ha provocado una distorsión conceptual tremenda la cual nos pasa una gran factura.

Lo primero que se debe decir es que en nuestro país no existe ni ha existido nada que se le parezca al libre mercado, no importa cuantos gritos pregonen ciertos “académicos” a este respecto. Precisamente aquí se encuentra la primera distinción que debemos hacer: distinguir entre lo que se denomina capitalismo democrático (libre mercado) y capitalismo antidemocrático (mercantilismo). El libre mercado se caracteriza por reglas claras y abstractas, un Estado de Derecho y una economía abierta y competitiva, donde los empresarios para triunfar deben atender de la mejor manera posible las múltiples necesidades de sus consumidores. En este sistema todos los días el consumidor sale a votar con su dinero y elige la opción que más le plazca, determinando así quienes son los grandes ganadores y perdedores del mercado. Por otra parte, el mercantilismo ocurre cuando la competencia sale del mercado económico y se traslada al mercado político. Así los “empresarios” no deben tener que prestar atención a sus consumidores, sino que dedican sus esfuerzos y recursos para ganar el favor político. Así esperan que sus amigos en el poder se dediquen a emitir normativa que los favorezca: barreras de entrada, barreras de salida, exenciones fiscales, tarifas de servicios públicos preferenciales, aranceles, subsidios, etc. Los CATS son el mejor ejemplo del drama y la tragedia mercantilista que ha secuestrado a nuestro país a lo largo de los últimos años.

Dada esta distinción podemos encontrar como bien lo mencionara el Nobel de Economía James Buchanan dos tipos de comportamiento: rent seeking behavior (búsqueda de rentas) vrs porfit seeking behavior (búsqueda de ganancias). La búsqueda de rentas se refiere al comportamiento económico que realizan ciertos individuos dentro de un marco institucional, en donde sus esfuerzos por maximizar valor generan mayores pérdidas sociales que beneficios. En cambio en la búsqueda de ganancias encontramos un mayor beneficio social, ya que la misma se produce a raíz de la creación de riqueza y no de la extracción de la misma. Esta situación se produce debido a que los grupos de interés o presión tienen mayores incentivos y reportan un mayor beneficio, que aquellos que tienen que financiar sus privilegios. Así un grupo de productores de arroz tiene mayor interés en mantener los precios altos, que el que puedan tener los consumidores en que los precios bajen, Esto porque el costo para los consumidores se difumina entre millones de personas, mientras que los beneficios para los productores se concentran en un sector que ha decidido como mencionamos con anterioridad utilizar sus recursos y esfuerzos en el mercado político.

Dada esta situación es ininteligible como ciertos progres que se autodenominan los defensores de los desprotegidos, de los pobres, del pequeño productor nacional, etc, apoyen iniciativas de corte mercantilista, estatista o dirección central de la economía. Resulta casi increíble la ingenuidad de estos grupos, ¿si el gobierno tiene la posibilidad de intervenir en la economía, y convertir en ganadores a uno y en perdedores a otros, quiénes creen que se verán beneficiados? Por supuesto, que serán los grupos económicamente más poderosos, aquellos que contribuyeron con la campaña, etc. Es precisamente este contubernio entre el poder político y económico el que se debe evitar a toda costa, si deseamos una sociedad justa y próspera.

En conclusión, lo que menos existe en nuestros país son empresarios en cambio lo que abundan son lobistas profesionales, que en todo momento buscan obtener beneficios a costa del resto.

¡Que joya!

El día de hoy aparece publicado en La Machaca una verdadera oda a la insensatez, una celebración al terrible vicio humano de hablar paja o peor aún de hablar porquería. ¿Reflexiona? La Machacha de la siguiente forma:

Para variar un diputado libertaria atrasa un proyecto de ley que favorece a un grupo de agricultores.

Mario Quiros se opone al proyecto de ley, que obligará a adquirir el total de la cosecha de frijoles producidos en el país, que es como el 20% o el 25% del total de consumo.

Por supuesto que los importadores de frijoles se oponen a ese proyecto porque tendrían menos negocio y suponemos, que por eso entra el diputado.

La doctrina libertaria parece impulsar el principio de que, aunque se lleve el diablo a los agricultoes ticos, no hay que limitar el negocio de los importadores.

Pero la obligación del país es garantizarles a los frijoleros nacionales, que venderán su reducida cosecha.

¡Que maravilloso análisis! Es una pena la caricatura que hace del liberalismo este desatinado y desentendido filósofo político. Le informo al señor machaquero que el liberalismo ni favorece a los productores nacionales o extranjeros ni tampoco a los consumidores, lo que el liberalismo tutela es el libre acuerdo entre las partes, la posibilidad que tienen los individuos de comerciar e intercambiar libremente según ellos crean conveniente. El liberalismo es el imperio de la igualdad ante la ley, es la eliminación de privilegios (ley privada) a grupos especiales. Por último, sería bueno que el señor machaquero se de la vuelta por una clase de introducción de economía para que aprenda lo que es La Ley de Asociación de Ricardo, esta simple lección le evitaría hacer comentarios tan burdos como el anterior.

Testosterona

Qué dicha que el diputado Mario Quirós Lara sí tiene bien puestos los principios libertarios! Valiente y viril, le ha atravesado el caballo a los que pretenden transplantar a los frijoles el asqueroso proteccionismo arrocero.

Adelante don Mario!

¡Proteccionismo!

Ya ha iniciado la restricción a las importaciones que el gobierno de Ecuador impuso sobre los productos colombianos, en virtud de una salvaguardia cambiaria. Dicha restricción afecta 1.346de productos colombianos (entre los cuales se encuentra: electrodomésticos, textil, calzado, muebles, productos de panadería, confitería, salsas, licores, cosméticos, productos de aseo, plásticos, cuero, productos de papel, industria editorial, cerámica, juguetes, carne de bovino, lácteos, flores, hortalizas, frutas, café y tabaco) lo cual corresponde a un 38% de las exportaciones de Colombia a dicho país.

Es una lástima el empleo de estos mecanismos para impedir el libre comercio, pierden los productores y los consumidores con este tipo de medidas.

Más allá del G-20

El principal riesgo que enfrenta la economía mundial ante la crisis financiera no es el ajuste de valores en los activos financieros, o los activos reales, ni siquiera las fluctuaciones cambiarias que vivimos en la actualidad. El gran riesgo es el resurgimiento del “nacionalismo económico”.

El proteccionismo, al parecer, se ha re-posicionado en la agenda comercial de los gobiernos —a pesar de la formidable evidencia en su contra. Pero esto pasa en tiempos de crisis. Empero, es precisamente en tiempos de crisis cuando la protección comercial es más peligrosa.

La rara premisa del proteccionismo es que la prosperidad requiere otorgar poder monopólico a los productores nacionales. Ello genera pobreza, no prosperidad, tanto al reducir la capacidad de exportación de países, como en la reducción de la libertad de elegir de consumidores.

En la antesala del G-20, se destacó un dato esperanzador: la caída del volumen de compraventa comercial global, la cual se estima en un 9% para este año —la peor en la época de la posguerra, y la primera contracción comercial desde 1982.

El nuevo proteccionismo amenaza con profundizar esta caída. Sin duda, existen varias modalidades de proteccionismo, unas más sofisticadas que la versión vulgar, y bien conocida, de provocar confrontaciones a punta de aranceles a bienes externos. En las palabras de la revista The Economist, hoy en día, el proteccionismo “viene en 57 variedades”.

Aun así, de explotar aranceles u otras medidas como armas comerciales, habrá que tomar riesgos calculados. Al norte de la frontera, nos quedan mal con el programa para permitir el libre tránsito de camiones mexicanos. Nosotros respondemos con una batería de represalias comerciales, pero debidamente seleccionadas, precisamente con la idea de no perjudicar nuestras propias industrias. Pero el riesgo existe que se abra la puerta a un círculo vicioso de represalias y contra-represalias.

¿Había algo que el G 20 pueda hacer, más allá de la retórica, para evitar una escalada de guerras comerciales? Hay dos problemas, dice el mismo The Economist. Por un lado, deberemos identificar las medidas no arancelarias que pretenden dichas protecciones; por otro lado, se necesita pensar en formas de desarticular esas medidas con rapidez, con determinación. Es muy difícil eliminar una medida proteccionista, una vez que esta entra en vigor, por los intereses especiales que genera.

Más allá del G-20, habrá que recordar las palabras de Montesquieu, escritas hace dos siglos y medio: la paz y la satisfacción de necesidades mutuas son efectos naturales del comercio abierto entre países.

Roberto Salinas

Proteccionismo latinoamericano

Seríamos necios si no aprendemos las lecciones de la historia. La depresión de los años 30 se prolongó demasiado y fue mucho más profunda por la actitud proteccionista de los países que buscaron salvar a fabricantes nacionales, imponiendo barreras a productos importados. Así, las economías se fueron aislando, las tensiones aumentaron y terminó cumpliéndose en 1939 lo previsto por el economista francés Federico Bastiat: “Si los bienes no cruzan las fronteras, lo harán los soldados”.

La situación actual parece estar todavía lejos de tan funesta consecuencia, pero ¿por qué jugar con fuego? Ahora las economías operan de manera diferente y la imposición de barreras destruye el funcionamiento de empresas que importan componentes de subsidiarias en otros países. Eso no era así en los años 30. Hoy, la producción es global y, a menudo, la unidad de producción local depende del insumo importado de una subsidiaria en otro país.

Pero en América Latina, la crisis revela las convicciones contra el comercio de algunos gobiernos. Si bien el presidente Lula visita a Obama para que abandone sus tendencias proteccionistas, Argentina y Uruguay ya realizan maniobras que violan tanto la letra como el espíritu de su asociación comercial en Mercosur.

Uruguay comenzó a aplicar una tasa consular del 2% a todas las importaciones, incluyendo las que provienen de Argentina, aunque el tratado no lo permite. Uruguay y Brasil, a su vez, se quejan de que Argentina exige licencias especiales de importación para productos textiles y cueros que deberían emitirse en 60 días, pero tardan mucho más.

Esto se suma a las manipulaciones cambiarias. Mientras Brasil denuncia el proteccionismo global, acelera la devaluación del real y Argentina sigue los mismos pasos. Todo ello bajo la presión de industriales nacionales, cuya solución para todos los problema económicos suele ser el aumento de aranceles y la devaluación de la moneda.

Pocos se ocupan de incrementar su competitividad, reduciendo costos, y los gobiernos no los apoyan en eso reduciendo impuestos y regulaciones. Pero los costos de tales políticas no se pueden ocultar y dañan el poder adquisitivo de los salarios. Para proteger a algunos pocos, se empobrece a todos, especialmente a los más débiles.

Bajo la excusa de proteger a los más desposeídos, esas políticas “progresistas” son diseñadas para beneficiar a sectores específicos, a costa de todos los demás ciudadanos.

Martín Krauze

¡Buenas Noticias!

Otra posibilidad de comercio parece surgir. Nos referimos al TLC con Singapur. Según COMEX las primeras rondas de negociación se realizarían en el mes de abril. En la actualidad Singapur ocupa el puesto número 2 dentro del ranking de libertad económica. Este pequeño país cuenta con apenas más de cuatro millones y medio de habitantes y con un PIB per capita de $52,900.

En ASOJOD esperamos que este TLC traiga nuevas oportunidades tanto a productores y consumidores.

Tema polémico: ¿qué ganamos con los taxis rojos?

Este día, en ASOJOD queremos analizar un tema bastante interesante: el papel de los taxis rojos en Costa Rica, el cual ha sido bastante problemático. Durante muchos años, el otorgamiento de placas de taxi ha servido para dar poder a autoridades gubernamentales, que no pocas veces corrompen el proceso. De esta forma, los concesionarios se convierten en un oligopolio en el cual sólo ellos tienen derecho a trabajar, impidiendo que cualquier otra persona intente prestar el servicio.

Por tal razón, creemos que perfectamente, el servicio de transporte se podría dejar por la libre, de forma tal que si la gente demanda conocimiento previo de los precios, el mercado dará "maría". Si la gente demanda seguridad, el mercado ofrecerá companías que certifiquen a sus choferes. Si la gente demanda distinción de vehículos para este uso, el mercado dará coloridos diseños. Para nada de esto se necesita regulación. Y si aún se insistiera regular la actividad, el gobierno podría exigir una lista de requisitos como colores determinados, dispositivos para discapacitados, entre otros, pero aún así permitir que cualquiera que cumpla con estos requisitos pueda brindar el servicio de transporte automovilístico sin necesidad de concursos y concesiones.

No obstante, para ciertas personas, el servicio de transporte no puede dejarse por la libre. ¿Por qué? ¿Cuáles beneficios le trae al usuario tomar un taxi autorizado? Algunos aducen que las tarifas son las que marcan las marías y que eso le da tranquilidad al cliente. Pero, en realidad, cualquier persona que intente tomar un taxi a altas horas de la noche, en un lugar algo alejado o en circunstancias de alta demanda de taxis (navidad, bajo aguaceros, etc.), notará que los taxistas se permiten subir el precio hasta donde aguante la demanda. Y, conociendo lo deficiente que es el sistema actual para procesar las denuncias del usuario, es muy probable que esa persona no tenga más remedio que pagar el capricho o esperar a un conductor honesto. Otros, por su parte, creen que es más seguro viajar en un taxi rojo pero no se han detenido a pensar que el personaje de los correos electrónicos masivos que viola, mata y toma licor mientras maneja un "taxi pirata", podría también usar un taxi rojo para ejecutar sus planes. Lo que queremos decir es que la paranoia creada en torno a la supuesta inseguridad que existe al tomar taxis no autorizados no es más que el producto de la imaginación de personas con poca capacidad racional o demasiado tiempo libre. Si en realidad existiera tal personaje, ¿por qué usaría sólo un tipo de vehículo en específico? Es decir, es perfectamente posible que conduzca un bus, un taxi rojo, una patrulla, un camión de productos, etc. El color del vehículo, las placas y demás información, no son garantía seguridad porque, en realidad, es muy difícil que el usuario pueda saber a priori cuál individuo es una buena persona y cuál no. Además, quien conduce el taxi no necesariamente es el titular de la concesión, pues también hay casos en que se ha admitido que esta se herede, por lo que ya ni siquiera quien concursó para obtener la placa es quien la ostenta. En fin, los supuestos controles no cumplen los fines por los que fueron creados.

Si el beneficio del usuario no es la razón de ser de este oligopolio, entonces ¿cuál es? En realidad, la razón está en un componente político-electorales, por un lado, y económico, por el otro, pero ambos conforman un círculo vicioso. Por muchos años, las placas de taxis se repartieron a cambio de votos, lo cual puede explicarse desde los ciclos político económicos, en tanto al acercarse un evento electoral, el partido en el poder manipula el precio de bienes o servicios en manos del gobierno o realiza gasto público para generar una sensación de que las cosas marchan bien en la economía. Siendo así, es perfectamente esperable que se intercambien concesiones de transporte y placas para obtener el favor electoral de los beneficiados y de sus familiares.

En la medida en que esto se ha tratado de evitar por medio de la instauración de concursos, las placas comenzaron a intercambiarse por dinero. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Además de la puerta que se abre para negocios corruptos, al tratarse de un mercado cerrado se le impide al usuario controlar la calidad del servicio y al individuo, en general, hacer efectivo su derecho al trabajo. Cuando sólo unos pueden brindar el servicio, el poder de decisión queda en manos del oferente, pero cuando hay libre competencia, es el demandante el que manda.

Si la gente pudiera tomar el transporte que desee -público o privado-, podría premiar o castigar a quien le de el servicio, pero como en la realidad no puede hacerlo, prácticamente tiene que soportar lo que se le dé. Además, cuando el mercado está cerrado, como en este caso, es falso que la gente pueda escoger su trabajo. Piénsese en alguien que tenga un vehículo y quiera obtener un ingreso extra transportando gente: no puede hacerlo, aunque el cliente de su consentimiento, porque ni el Estado ni el gremio de taxistas rojos se lo permiten. Y a pesar de que la opción del porteo ha surgido, los intentos por borrarlo del mapa se cuentan por decenas. ¿Por qué? Porque muchos de los que están involucrados en el negocio de los taxis rojos son un importante cúmulo de votos y apoyos políticos y, además, constituyen uno de los gremios mejor organizados y con mayor capacidad de movilización, lo cual es de cierta manera un recurso de poder muy fuerte en contra de los gobiernos. ¿Quién quiere tener roces con el gremio de taxistas y obstruirse a bloqueos, huelgas, tortuguismo y protestas?

En ASOJOD nos hemos caracterizado por decir las cosas de frente, sin hipocresías. Y una manifestación de esa virtud es esta denuncia contra un oligopolio que sólo beneficia a los que son parte de él. Defendemos la idea de que el servicio de transporte, al igual que los demás servicios, no deben ser regulados por el Estado, que ni debe ni sabe hacerlo. Deben ser regulados única y exclusivamente por las partes involucradas, por oferentes y demandantes, por individuos tomando libremente sus decisiones.

Lamentablemente, hasta que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en general no entienda este simple concepto, seguiremos viendo cómo nuestros derechos a comprarle el servicio a quien nos plazca y a escoger libremente nuestro trabajo, son mancillados.

Por unas fronteras abiertas

Las migraciones son un fenómeno tan antiguo como la humanidad, hasta tal punto que se podría afirmar que forman parte de la propia naturaleza humana. Desde siempre, el hombre se ha desplazado en un afán de mejorar su vida, ya sea en grupos ya sea de manera individual. De hecho, en el ser humano era nómada en los primeros estadios de su desarrollo, lo que supone quizá el grado máximo del migrante al suponer un constante cambio geográfico a lo largo de la vida de una persona. En la mayor parte de los casos los motivos han sido y son económicos, pero no siempre es así. También ha habido y hay quien cambia de país de residencia en el afán de conseguir un nuevo hogar donde poder desarrollarse según sus propios valores o donde gozar de un mayor respeto a sus derechos.

En la actualidad el fenómeno migratorio ha alcanzado unos niveles en números absolutos mayores que en ninguna otra época. Los motivos son diversos. Nunca antes habían habitado tantos seres humanos sobre la tierra, lo que aumenta la cantidad de potenciales migrantes. Los medios de transportes son más veloces, cómodos y baratos que en cualquier momento del pasado. Si hace tan sólo un siglo cruzar de Europa a América (la ruta entonces habitual) suponía semanas de travesía en barcos mal acondicionados y con billetes caros, hoy en día el viaje en sentido contrario implica tan sólo unas horas de vuelo en cómodos y modernos aviones y a un precio proporcionalmente inferior al que pagaban españoles, alemanes, italianos o irlandeses por llegar a Argentina o Estados Unidos. Hay excepciones, no obstante, a esta norma de "más barato, corto y cómodo", sobre todo en lo que se refiere a los africanos.

Otro motivo que conduce al incremento de la inmigración es la diferencia de niveles de vida entre países, tal vez mayor que nunca antes en la historia, lo que supone un incentivo para emigrar. Esto no se debe al lugar común de que "los pobres son cada vez más pobres". No hay unos niveles de miseria que no haya conocido la humanidad en el pasado. Sin embargo, en amplias regiones del mundo (Norteamérica, Europa occidental y Sudeste Asiático, sobre todo) la mejoría ha sido mayor que en el resto del mundo y la diferencia se ha incrementado.

Y es este mundo rico el que trata de poner coto a la inmigración, al tiempo que la incentiva. Los gobiernos de los estados más desarrollados invierten cada vez mayores cantidades de dinero (procedente de los impuestos que pagan los ciudadanos) en sistemas que tratan de impedir la entrada de personas procedentes de otros países. Imponen asimismo visados para disminuir la cantidad de hombres y mujeres que cruzan legalmente las fronteras como turistas para después pasar a la categoría de irregulares o establecen moratorias como la que impide a rumanos y búlgaros establecerse en los demás países de la Unión Europea en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos europeos.

Sin embargo, nada de esto logra frenar la inmigración. El motivo es que los mismos estados que ponen todas estas trabas son los que no cejan en su empeño de frenar el crecimiento económico de los países de origen de los inmigrantes. En un intento de proteger la "propia" industria y la agricultura, los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países subvencionan al campo, así como otros bienes y servicios producidos dentro de sus fronteras, al tiempo que a la producción externa le imponen altísimos aranceles. Esto no sólo obliga a los locales pagar precios artificialmente elevados (lo que supone un freno a la economía de estos lugares), sino que además impide que se enriquezca el resto del mundo. Quien no puede vender su producción a otros, con independencia de que estos estén a cientos o miles de kilómetros, termina por no mejorar su nivel de vida o incluso se empobrece más. Y ante esta tesitura la emigración se transforma en la vía más factible de mejorar la situación personal.

Por muchas trabas que se traten de poner o por muy alto que llegue a ser el nivel de vida en todo el mundo, siempre habrá migraciones y es un fenómeno que no para de crecer. La única política realista para que estos flujos se reduzcan es el desarrollo de los países de origen, y este ha de llegar por el libre comercio. Mientras los países ricos se nieguen a permitir que las naranjas o los coches nuevos crucen las fronteras, quienes las pasarán legal o ilegalmente serán las personas. Y se trata de algo legítimo.

Es necesario, por tanto, poner fin a las trabas al comercio entre países. Los gobiernos de los países más desarrollados deben dejar de impedir que sus ciudadanos adquieran libremente bienes y servicios procedentes de las regiones del mundo más pobres. Si lo hacen, las personas de viven en ellas se enriquecerán y la emigración perderá gran parte de su atractivo para muchos. Bajarán los flujos migratorios y las fronteras podrán estar como debería ser su situación: abiertas para todo el que las quiera cruzar con el fin de hacer turismo, estudiar o quedarse a vivir. Desaparecería así la irregularidad y los cruces ilegales, que ponen en manos de mafias a miles de personas que tan sólo buscan una legítima mejora de su vida.

Antonio José Chinchetru