Tema polémico: libertad de expresión y redes sociales

La libertad de expresión es ese derecho humano fundamental que nos garantiza poder manifestar nuestras ideas y creencias. En él se fundan los valores que sustentan nuestra forma de vida, nuestra cultura y en gran medida los conceptos de democracia y convivencia.

La libertad de expresión es el camino ancho de las libertades, el puente que necesitamos para transitar de la libertad del pensamiento hacia la libre difusión de las ideas. Sin ese camino nos privaríamos de la información, de la prensa libre, de las creaciones artísticas y literarias, de las ideas y de la producción de conocimiento, es decir, sin ella no hay progreso humano posible.

Así, la libertad de expresión es para la sociedad el mejor barómetro de la sana democracia. Basta observar, por ejemplo, el funcionamiento de los medios de comunicación y valorar la independencia de los periodistas para saber si estamos en presencia de una sociedad libre y democrática, o si lo que existe es el eco del statu quo gubernamental, de las voces oficiales y las limitaciones a la expresión libre de la ciudadanía.

El auge de las plataformas de comunicación digital a través de las redes sociales ha planteado nuevos escenarios para la libertad de expresión. Hoy cada ciudadano con acceso a Internet tiene un camino tan ancho como nunca antes en la historia de la humanidad para pasar, casi sin filtros ni limitaciones, del mundo de las ideas al mundo de la difusión de las ideas. Con las nuevas herramientas digitales de comunicación quedó atrás la época en que ese salto era exclusivo para aquellos con recursos y acceso a los medios tradicionales de difusión de ideas.

La frase “todo tiempo pasado fue mejor” no puede estar más lejos cuando de libre expresión se trata, pero tampoco podemos ignorar que este nuevo mundo de las comunicaciones digitales y las redes sociales nos obliga a repensar aquella frontera, ahora tensa, entre la libre expresión y la responsabilidad ante lo manifestado.

El tema adquiere relevancia en Costa Rica cuando en los Tribunales de Justicia se desarrolla un juicio entre la ex presidenta de la República, Laura Chinchilla contra el empresario Alberto Rodríguez Baldí, teniendo como tema de fondo precisamente la supuesta difamación del Baldí contra Chinchilla, a través de redes sociales.

El resultado de este caso sin duda sentará un precedente en el país, pero la sentencia que dicten los jueces no nos debe confundir. El juicio de la expresidenta Chinchilla contra el señor Baldí no trata de reescribir los términos de la libertad de expresión, ni de interpretar su fundamento, garantizados ya en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, así como en Convenios Internacionales aprobados por Costa Rica y sentencias de nuestra Sala Constitucional.

La libertad de expresión de la que gozamos sigue siendo la misma, y la responsabilidad que implica también, con o sin redes sociales. De lo que se trata es de madurar y comprender el uso de las nuevas herramientas de comunicación y sus implicaciones.

El precedente que siente el juicio entre Chinchilla y Rodríguez Baldí debe orientarnos hacia la correcta utilización de las herramientas de comunicación digital. La evaluación de las políticas públicas, así como la fiscalización de la actuación de nuestros representantes deben ser rigurosas, pero deben estar amparadas en la búsqueda legítima de la verdad.

Sin importar el resultado de la querella el tema debe estar sobre la palestra pública. El contenido del señalado artículo constitucional debe verterse e interpretarse a la luz del nuevo paradigma comunicacional que plantean las redes sociales. Ese es el reto que enfrentamos todos los usuarios de las redes sociales: entender hasta dónde podemos llegar, cuál es el límite, casi siempre difuso, entre la crítica legítima, sana, racional e informada, y el abuso en el ejercicio de este derecho.

Desde la tribuna: confusión y verdadera libertad

Comentábamos la semana pasada acerca de la esencia de la libertad (autodeterminación con responsabilidad) y cuán lejos está ello de la lucha por los llamados derechos programáticos.

En ello juega un rol principal el concepto que se tiene de la vida en sociedad y del instrumento denominado Estado.  Este instrumento de la vida en sociedad ha sido idolatrado por muchos.  Quien idolatra al Estado incurre en fascismo y sin remedio. Hay un instrumento primero que es el Derecho, el Estado está supeditado al Derecho.  Ambos sirven a la vida social y al ser humano, no al revés. Sin embargo, algunos y en determinados momentos invierten las prioridades.  A ello conlleva el clientelismo político, el abuso del poder y la corrupción.  

Asimismo, en algunos momentos además, se suma a tal confusión la falsa libertad, la idea de gestionar como derechos de libertad situaciones que más bien corresponden a derechos programáticos (prestaciones públicas).

Por supuesto que tal esquema engorda al Estado y convierte la vida en una existencia muy regulada A ello se suma la enfermedad del miedo a la libertad (a veces coincidente con la “agorafobia” o al menos comparable).

Si no se tienen claros los campos del Derecho y de las libertades públicas esenciales (poder de autodeterminación) y la importancia constitucional de la declaración de derechos básicos y fundamentales (campo que no puede ser invadido por el Estado ni por la coacción sino únicamente por la responsabilidad), entonces se dará campo al fascismo, a la corrupción y al abuso del poder, mezclados con el clientelismo y demás problemas. 

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: la libertad va pareja con la responsabilidad

Es fundamental entender que las libertades públicas son un derecho fundamental que tiene como esencia un poder de autodeterminación.  Luego el Estado reconoce el derecho y lo positiviza y tutela.

El poder de autodeterminación implica la posibilidad de libertad, de elección, de hacer por uno mismo.

La idea es que uno ejerce la libertad, pero asume las consecuencias del acto.  Eso es la responsabilidad.

Por ello no corresponde al ámbito de la libertad la idea de derechos programáticos (que no dependen del poder de autodeterminación), derechos  o expectativas de acción pública, de acciones gubernamentales o de repartición o creación de derechos que no corresponden a la gestión personal de cada cual.

No son propiamente libertades aquellos derechos a estirar la mano para pedir, para exigir conductas en favor de uno o de prerrogativas y concesiones por parte del Estado.

Esta cuestión no es solamente éticamente relevante sino que corresponde a la naturaleza de los derechos y acciones.

Algunos creen que estos “derechos” de nueva generación son derechos de libertad o implican libertad por sí mismos.

Es un tema fundamental para entender la libertad y la diferencia entre las doctrinas que la propugnan y las pseudoposiciones de libertad….
 

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: ingobernabilidad

El termino ingobernabilidad sirve varios propósitos políticos. Uno de los mas comunes es ser justificación para la mala gestión publica y el otro, complementario, para pedir aún más potestades como supuesto medio para resolver los problemas nacionales. Este viciado esquema produce resentimiento e impunidad y recicla los problemas del proceso político, magnificándolos.

La falta de capacidad para resolver los problemas sometidos al proceso en que los políticos son protagonistas, el proceso político, queda entonces impune. Los responsables van de la radio a la prensa escrita y a la televisión o a las “redes sociales” ofreciendo una solución para la supuesta ingobernabilidad, pero en realidad están pidiendo más poder para ellos y aun más impunidad.

Una sociedad fundada en la impunidad se convierte inmediatamente en una basada en la irresponsabilidad y con ciudadanos pusilánimes, pequeños, acobardados por el poder.

El verdadero problema de nuestras sociedades es la falta de responsabilidad, el desestímulo a las personas responsables y el estímulo cada vez mayor a la irresponsabilidad. Brillan al ojo los ejemplos en las concesiones de obra pública, en la educación publica y en la CCSS, la dejadez de muchos tribunales y la creciente burocratización de las relaciones entre ciudadanos, todo bajo inimaginados pretextos.

La responsabilidad ciudadana, tanto como la personal, solo es posible en un ambiente de libertad, nunca de tiranía explicita o implícita en que los seres humanos tienen castradas sus relaciones naturales, normales, por las regulaciones impuestas por la política. Con el propósito de ofrecer gobernabilidad, los políticos van concentrado poder y acorralando la libertad y la responsabilidad.

Cada vez que un político habla de ingobernabilidad con el fin de alojarse en la impunidad y enardecerse con más poder, está connotando unos ciudadanos ignorantes y acobardados como parte de su discurso. Ya va siendo hora de volver a la gobernabilidad y de acabar con el desgobierno y la impunidad. La libertad es tanto la prevención como el tratamiento de la impunidad, porque es el único camino cierto y fundamento, de la responsabilidad.

Mario Quirós Lara

"El mejor lugar donde una adolescente madre puede estar es el aula"

Y dónde debe quedar el hijo mientras tanto?

Es un adecuado escarmiento para la adolescente madre poder delegar la irresponsabilidad de la crianza de su hijo mientras estudia?

Debería más bien el hijo ir también al aula, interrumpiendo así las clases a los demás?

No da la adolescente madre en el aula un ejemplo a las otras adolescentes de que no es tanta responsabilidad la que se adquiere con un embarazo?

Si la adolescente se convirtió en madre por sus juntas de colegio, no permanecerá la posibilidad de embarazos adicionales?

A los cuántos embarazos debería la adolescente madre dejar el aula?

Si la adolescente madre tiene el derecho a permancecer en el aula, por qué los demás tienen la obligación de financiar y soportar tal irresponsabilidad?

A qué se obliga la adolescente madre que permanece en el aula, en términos de responsabilidad sexual?

Busca el cambio mercadológico del término "madre adolescente" por el de "adolescente madre" sutilmente minimizar la responsabilidad por los hijos tenidos en la adolescencia?

El dinero para becas a adolescentes madres no se debería usar más bien para las adolescentes suficientemente responsables con su estudio como para no quedar embarazadas?

Qué fomentan los programas de permanencia en el aula de adolescentes madres?

¡Que paguen los irresponsables!

En este video el periodista de la ABC John Stossel, cuestiona el hecho de que se utilicen fondos públicos para rescatar a aquellas personas que se auto-exponen a una situación de riesgo. El mismo argumento es aplicable mutatis mutandis a quienes se accidentan estando ebrios, o a los delincuentes que reciben salud pública después de salir heridos en un intento de asalto frustrado. Tanta chabacanería no debería ser subsidiada.

El capitalismo y la responsabilidad evitan accidentes de tráfico

Es sorprendente la cantidad de veces que causas aparentemente nobles son excusas socialmente aceptadas para reducir nuestra libertad. La situación se vuelve más hiriente si a la vez que nos la arrebatan observamos como la responsabilidad que ésta conlleva también se pierde. Las causas nobles que el Estado convierte en políticas suelen derivar en individuos irresponsables y caprichosos. ¿Y qué causa hay más noble que la de reducir el número de muertos que todos los días se producen en las carreteras? La Dirección General de Tráfico (DGT) y las administraciones públicas llevan décadas inmersos en esta cruzada tan particular.

Hace algo más de un año, las autoridades españolas decidieron introducir en España el permiso de conducir por puntos con la esperanza de que este tipo de penalización supusiera una mayor concienciación de los peligros de la carretera y el ciudadano levantara un poco el pie del acelerador. Según los datos de agosto de 2007, y en comparación con los de 2006, la situación no puede ser más desalentadora: este año han muerto en las carreteras españolas un total de 229 personas, nueve más que en 2006. El aparente éxito de los primeros meses, todo un fenómeno mediático que abría los telediarios, se ha truncado en uno de los meses de mayor tránsito de vehículos. Nueve muertos más o menos no es un resultado estadísticamente relevante, lo importante es que la ineficacia de todas estas medidas que restringen la libertad de los conductores va acompañada de medidas punitivas y multas que se mantienen o se incrementan pese a la ineficacia de la política.

No menos preocupante es la actitud de los responsables de estos organismos públicos cuando intentan explicar los resultados. El director general de la DGT, Pere Navarro, explicó que la siniestralidad que han registrado las motos –en julio y agosto se ha incrementado en un 53% respecto a 2006– se debió al incremento exponencial de este tipo de vehículos, asegurando que "probablemente, sea un problema de país rico". Ahora resulta que el capitalismo es culpable directo de los muertos en carretera, lo cual no debería de sorprendernos por la tendencia a achacar todos los males del mundo a un materialismo indecente que idealiza el consumo y la posesión de ciertos bienes.

Este tipo de actitud no es nueva. La DGT lleva muchos años culpando del número de muertos al volante al uso incorrecto de los cinturones de seguridad, a la ingestión de alcohol o el uso de drogas o a la excesiva velocidad, lo cual no tiene porque ser falso – seguramente es así–, pero guarda silencio cuando lo denunciable son los errores de diseño de carreteras y autopistas que son propuestas y mantenidas por las administraciones públicas. Así, los puntos negros, es decir, aquellas carreteras en las que el número de muertos es más elevado que en el resto, no suelen ser tratados en las ruedas de prensa que el señor Navarro realiza con tanto aparato mediático alrededor: la mala señalización, la insuficiente iluminación o un diseño ineficiente nunca forman parte de las causas. La culpa no es de la política, es de la realidad que cabezona se niega a plegarse a tanta inteligencia en forma de normas.

Es posible que pensemos que medidas como la de un seguro para el coche que cubra tantos los daños que podamos realizar, como los que podamos recibir, es una medida razonable. También es inteligente llevar una serie de mecanismos que impidan o minimicen los daños personales en caso de accidente. No menos necesario es adecuar la velocidad del vehículo a las características del trazado, a la del propio automóvil o incluso a la habilidad del conductor. Pero que algo sea adecuado, inteligente o razonable no tiene porque ser convertido en norma o ley y mucho menos que su incumplimiento se convierta en un una excusa para confiscar parte de nuestros bienes. Por otra parte, sí es inteligente que el conductor pague o compense los daños que sobre las propiedades o las vidas de otros origine su imprudencia. Tenemos que fomentar la responsabilidad sobre nuestros actos, no satisfacer una norma que en algunos casos es simplemente estúpida o ineficaz.

El seguro obligatorio es un ejemplo de medida innecesaria. Los más baratos pueden generar una falsa sensación de seguridad y sólo sirven para cumplir una obligación administrativa. De hecho, la obligación de tener un seguro es una coacción estatal. Existen mil maneras de que la conducción sea más segura, desde un cierto gasto asumido por el conductor en la contratación del seguro, pasando por la inclusión de cláusulas que penalicen a éste si se ha cometido algún tipo de irregularidad (como conducir bebido o drogado o saltarse ciertos límites de velocidad), para terminar con medidas de cooperación entre amigos y familiares que permitan disfrutar y desplazarse sin peligro. Todo ello invita a la prudencia sin necesidad de obligar a nadie.

La asunción de las responsabilidades sería otro sistema de prevenir excesos. Que el conductor corra el riesgo de terminar con los huesos en la cárcel por la muerte de una persona o por la destrucción de la propiedad es una invitación a la prudencia. No podemos permitir que casos como el de Juan Manuel Fernández Montoya, más conocido como Farruquito, condenado a dos penas de ocho meses de prisión por delitos de imprudencia y omisión de socorro en el juicio por el atropello mortal de un peatón, inviten a pensar que en España la imprudencia se paga con una pena mínima.

Por último debemos pensar en dos cosas más. La primera es que los fabricantes de coches son conscientes de los peligros que la conducción supone y que los conductores son personas con vicios y virtudes, que en muchos casos llevan acompañantes que corren los mismos riesgos. Los coches son equipados con un creciente número de dispositivos que incrementan la seguridad del vehículo, de sus ocupantes e incluso de los peatones y otros vehículos con los que puedan colisionar. Estos dispositivos dejan, con el tiempo, de ser extras y terminan viniendo de fábrica en todos los modelos nuevos, todo ello sin un incremento excesivo del coste final del automóvil. Esto es posible porque el capitalismo y los empresarios trabajan para ello, porque la gente lo demanda. Lo segundo es que pese a todo lo anterior, el peligro de accidente siempre existe y todo el que sale a la carretera puede sufrir uno. Debemos vivir con él y acostumbrarnos. El riesgo cero no existe y por muchas leyes que creen, por muchas multas que nos pongan por no llevar cinturón o por ir a más velocidad de la permitida, podemos perder la vida. Nuestra responsabilidad, fruto de nuestra libertad, y el trabajo de miles de empresarios y asalariados que buscan soluciones, son los que reducen el número de muertos.

Alberto Illán Oviedo, tomado del Instituto Juan de Mariana