Para este Tema polémico, en ASOJOD tenemos interés en comentar un suceso que poco se ha discutido en Costa Rica. El pasado mes de febrero, por orden de la Sala Constitucional, se suspendieron las investigaciones clínicas en seres humanos en nuestro país, como consecuencia de una acción de inconstitucionalidad presentada por José Miguel Corrales en 2003, donde se aducía que estas investigaciones deben estar reguladas por alguna ley de la República. La Sala falló a su favor, fortaleciendo la visión de que debe ser el Estado y no el individuo, el que escoja entre lo posible y lo imposible, entre lo aceptable y lo inaceptable, so pretexto de que salvaguarda los intereses de las personas, a pesar que ni siquiera los toma en consideración.
Lo primero que debemos preguntarnos es si existen evidencias de que estos estudios ameriten ser regulados o es simplemente una decisión antojadiza de un grupo de personas. Todo pareciera indicar que, efectivamente, la segunda opción es la más probable. ¿Por qué? Porque los médicos y empresas que realizaban este tipo de investigaciones en el país lo hacían siguiendo procedimientos muy éticos y cuidadosos, con el respaldo de grandes compañías transnacionales que actúan bajo estándares mundialmente aceptados y que no están dispuestas a sacrificar su buen nombre por nada. Cuando finalmente el estudio era autorizado, las empresas se aseguraban de que los pacientes estuvieran totalmente enterados de los beneficios y posibles consecuencias que podrían experimentar durante y después del estudio; es más, a los pacientes los obligaban a llevarse toda la información por escrito durante varios días y los invitaban a consultar con personas con un mayor conocimiento del campo del estudio.
Sin embargo, gracias a la Sala Constitucional, muchas personas que requieren tratamientos pero no pueden costearlos se quedarán sin oportunidad de mejorar su salud, pues estos estudios representaban una gran opción para ellos. Ahora, están condenados a acudir al sistema de salud de nuestro país, bien conocido por su ineficiencia. Gracias al máximo Tribunal costarricense, se ha enviado una peligrosa señal a los innovadores y emprendedores: el Estado costarricense pondrá freno a la investigación y desarrollo cada vez que alguien pida regulación.
En esta oportunidad, como en muchas otras, han ganado los que creen que el Estado debe regularlo todo, los que consideran que los individuos no están preparados para tomar decisiones, los que apoyan la tesis del eterno infante que justifica la intervención del Estado en el ámbito decisional privado. La Sala IV ha dado un espaldarazo a una creencia que va en franco crecimiento como la espuma: la de que el principio de libertad que contiene la Constitución Política ya no debe entenderse como que "todo lo que no está prohibido, está permitido", sino que "todo lo que no está regulado, no está permitido". Gracias a la interpretación de los Magistrados, la libertad se escurre por boquetes cada vez más grandes, escapándose las posibilidades de que las personas tomen decisiones sobre lo que afecta sus vidas. Gracias a la Sala y a nuestros políticos, son los burócratas los que, tras su escritorio, definen el marco de acción de los individuos.
En ASOJOD advertimos, una vez más, que si seguimos en este camino, nos dirigiremos inexorablemente al abismo. Conforme se siga ampliando el ámbito de intervención del Estado, se reduce la libertad individual y si no se toman medidas ya, pronto nos veremos con el agua hasta el cuello: huyendo hacia otras latitudes con más libertad o soportando el calvario en Costa Rica. Como es costumbre, estamos advertidos.
Lo primero que debemos preguntarnos es si existen evidencias de que estos estudios ameriten ser regulados o es simplemente una decisión antojadiza de un grupo de personas. Todo pareciera indicar que, efectivamente, la segunda opción es la más probable. ¿Por qué? Porque los médicos y empresas que realizaban este tipo de investigaciones en el país lo hacían siguiendo procedimientos muy éticos y cuidadosos, con el respaldo de grandes compañías transnacionales que actúan bajo estándares mundialmente aceptados y que no están dispuestas a sacrificar su buen nombre por nada. Cuando finalmente el estudio era autorizado, las empresas se aseguraban de que los pacientes estuvieran totalmente enterados de los beneficios y posibles consecuencias que podrían experimentar durante y después del estudio; es más, a los pacientes los obligaban a llevarse toda la información por escrito durante varios días y los invitaban a consultar con personas con un mayor conocimiento del campo del estudio.
Sin embargo, gracias a la Sala Constitucional, muchas personas que requieren tratamientos pero no pueden costearlos se quedarán sin oportunidad de mejorar su salud, pues estos estudios representaban una gran opción para ellos. Ahora, están condenados a acudir al sistema de salud de nuestro país, bien conocido por su ineficiencia. Gracias al máximo Tribunal costarricense, se ha enviado una peligrosa señal a los innovadores y emprendedores: el Estado costarricense pondrá freno a la investigación y desarrollo cada vez que alguien pida regulación.
En esta oportunidad, como en muchas otras, han ganado los que creen que el Estado debe regularlo todo, los que consideran que los individuos no están preparados para tomar decisiones, los que apoyan la tesis del eterno infante que justifica la intervención del Estado en el ámbito decisional privado. La Sala IV ha dado un espaldarazo a una creencia que va en franco crecimiento como la espuma: la de que el principio de libertad que contiene la Constitución Política ya no debe entenderse como que "todo lo que no está prohibido, está permitido", sino que "todo lo que no está regulado, no está permitido". Gracias a la interpretación de los Magistrados, la libertad se escurre por boquetes cada vez más grandes, escapándose las posibilidades de que las personas tomen decisiones sobre lo que afecta sus vidas. Gracias a la Sala y a nuestros políticos, son los burócratas los que, tras su escritorio, definen el marco de acción de los individuos.
En ASOJOD advertimos, una vez más, que si seguimos en este camino, nos dirigiremos inexorablemente al abismo. Conforme se siga ampliando el ámbito de intervención del Estado, se reduce la libertad individual y si no se toman medidas ya, pronto nos veremos con el agua hasta el cuello: huyendo hacia otras latitudes con más libertad o soportando el calvario en Costa Rica. Como es costumbre, estamos advertidos.
