El Estado costarricense, por medio del Ministerio de Educación Pública en consuno (¿colusión?) con el Ministerio de Salud, ha establecido una prohibición de vender determinadas comidas en las sodas de las escuelas y colegios públicos.
El asunto sí que se las trae. Ya expresé que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.
Apunto a dos cosas principales. La primera es relativa a la patria potestad, autoridad parental o derecho de regir a los menores. En esta medida el Estado hace un movimiento de sustitución de la posición de los padres de familia. Un movimiento administrativo, político y jurídico según el cual se atribuye la decisión respecto de la alimentación que conviene a los menores.
También es básico el segundo asunto. Si el Ministerio de Educación tuviese la actividad a su cargo totalmente enfilada, organizada, en gran estado de desarrollo, con los fines satisfechos o en buen cumplimiento, qué más que ponerse a apuntalar los logros con algunas decisiones que pudiesen salir del ámbito de su competencia. Mas no es así, el MEP hace aguas por todas partes.
Hay dos asuntos complementarios. Uno de ellos es relativo al procedimiento y a la “propiedad de las escuelas públicas”. El procedimiento de la Ley General de la Administración Pública establece al menos audiencias y resolución dentro de la ciencia, la técnica y el conocimiento adecuado. Dudo seriamente de que ello se haya satisfecho. Están en medio importantes derechos fundamentales y no puedo entender que mediante disposición administrativa (reglamento, bajo el vehículo del Decreto) se pretenda regular , prohibir u organizar el asunto. Es sabido que solo la ley puede incursionar en tal área, además de que su intervención habría de ser proporcional, racional, razonable y, sobre todo, necesaria.
La Administración pública ha alegado que se trata de actividad que se realiza dentro de las escuelas y colegios públicos y, por ende, se trata de algo así como competencia interna. Sin embargo, señalo, habría que ver si las escuelas y colegios públicos son del MEP o son de la sociedad costarricense (incluso del propio Estado).
El MEP no es sino un órgano del Estado, parte de otro órgano (Poder Ejecutivo) público. Así que no puedo entender que sean territorios del Ministro, sino propiedad de la comunidad (de la sociedad costarricense). Curioso que por una parte corresponda la administración a las Juntas de Educación y por otra parte el MEP pretenda centralizar las decisiones. No obstante, la cita de que un asesor legal del MEP se refirió al asunto señalando que debía analizar los contratos de arrendamiento de las sodas para ver su antigüedad y contenido, termina de complicar la tendencia autoritaria. ¿Quién firma los contratos? ¿El MEP o las Juntas?
Pero también hay que cuestionar los presupuestos de la medida. Resulta que la información que suple la misma fuente pública, señala que un porcentaje bastante parecido (alrededor del 20%) en escolares y liceístas padece obesidad. Con ello se cae la decisión.
Primero, porque no apunta a la buena alimentación sino a evitar la obesidad. Son cosas distintas. Segundo, porque es inaceptable una censura a la totalidad (100%) para evitar la obesidad de una quinta parte.
Además de todo, es dudoso que eviten la obesidad de este modo, pues no hay garantía de lo que pase extramuros escolares. En sí misma, la prohibición es una negación de la filosofía y pretensiones de la educación.
En todo caso, los alimentos excluídos, prohibidos, proscritos y condenados sin juicio, no son dañinos per se, sino en una determinada proporción.
Por otra parte, está el tema de los comedores escolares. Este tema, desde la antigua pero legalmente vigente concepción de los comedores escolares, empezó como un subsidio parcial y amenaza con convertirse en un uso total. ¿Qué pasa en estos comedores? ¿Son la excelsitud alimentaria, nutritiva e higiénica? ¿Quién lo dice? En todo caso, objeto el concepto por totalitario, estatista y excluyente de la autonomía de la voluntad y fortalecimiento familiar.
Finalmente, ha surgido la polémica acerca de la efectividad de la medida prohibitiva si, por otra parte, el MEP no encuentra el instrumento para intervenir la lonchera escolar. Porque, aunque no lo crean, han sobrado ideólogos y partidarios de la liberticida medida y se la han pasado cavilando acerca de cómo controlar la lonchera.
¡Policías de las frituras, inspectores del chicharrón, policías de tránsito de la restricción a la gaseosa, censores de la galleta y demás ejércitos de la prohibición, hay que levantar barricadas, escavar trincheras, construir alambradas, registrar salveques y loncheras, obligar a volver las bolsas del pantalón al revés, abrir las bocas y no dejar pasar nada!
Recuerdo que hace muchos años, los estadounidenses que venían de intercambio a nuestro país insistían en tomar cocacolas y comer cornflakes. Estaban prevenidos contra los peligros del agua y otras comidas. No podían tomarse el riesgo de enfermarse con comida contaminada, agua sucia y otras cosas.
La medida actual más bien prohíbe lo que a ellos se recomendaba. ¿Estamos seguros de que los estudiantes no se enfermarán de tomar el agua o los refrescos en agua en lugar de ingerir gaseosas? ¿A algunos no los afectará la leche que tomarán en lugar de la gaseosa? ¿Estarán libres de pecado las frutas o podrán transportar hepatitis y otros males? ¿No será mejor una comidilla empacada, aunque el MEP no la quiera, que una expuesta a contaminación?
En fin, el camino iniciado por el MEP evidencia su distracción de lo principal, su abandono de la competencia básica y el autoritarismo de muchos.
Federico Malavassi Calvo
El asunto sí que se las trae. Ya expresé que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.
Apunto a dos cosas principales. La primera es relativa a la patria potestad, autoridad parental o derecho de regir a los menores. En esta medida el Estado hace un movimiento de sustitución de la posición de los padres de familia. Un movimiento administrativo, político y jurídico según el cual se atribuye la decisión respecto de la alimentación que conviene a los menores.
También es básico el segundo asunto. Si el Ministerio de Educación tuviese la actividad a su cargo totalmente enfilada, organizada, en gran estado de desarrollo, con los fines satisfechos o en buen cumplimiento, qué más que ponerse a apuntalar los logros con algunas decisiones que pudiesen salir del ámbito de su competencia. Mas no es así, el MEP hace aguas por todas partes.
Hay dos asuntos complementarios. Uno de ellos es relativo al procedimiento y a la “propiedad de las escuelas públicas”. El procedimiento de la Ley General de la Administración Pública establece al menos audiencias y resolución dentro de la ciencia, la técnica y el conocimiento adecuado. Dudo seriamente de que ello se haya satisfecho. Están en medio importantes derechos fundamentales y no puedo entender que mediante disposición administrativa (reglamento, bajo el vehículo del Decreto) se pretenda regular , prohibir u organizar el asunto. Es sabido que solo la ley puede incursionar en tal área, además de que su intervención habría de ser proporcional, racional, razonable y, sobre todo, necesaria.
La Administración pública ha alegado que se trata de actividad que se realiza dentro de las escuelas y colegios públicos y, por ende, se trata de algo así como competencia interna. Sin embargo, señalo, habría que ver si las escuelas y colegios públicos son del MEP o son de la sociedad costarricense (incluso del propio Estado).
El MEP no es sino un órgano del Estado, parte de otro órgano (Poder Ejecutivo) público. Así que no puedo entender que sean territorios del Ministro, sino propiedad de la comunidad (de la sociedad costarricense). Curioso que por una parte corresponda la administración a las Juntas de Educación y por otra parte el MEP pretenda centralizar las decisiones. No obstante, la cita de que un asesor legal del MEP se refirió al asunto señalando que debía analizar los contratos de arrendamiento de las sodas para ver su antigüedad y contenido, termina de complicar la tendencia autoritaria. ¿Quién firma los contratos? ¿El MEP o las Juntas?
Pero también hay que cuestionar los presupuestos de la medida. Resulta que la información que suple la misma fuente pública, señala que un porcentaje bastante parecido (alrededor del 20%) en escolares y liceístas padece obesidad. Con ello se cae la decisión.
Primero, porque no apunta a la buena alimentación sino a evitar la obesidad. Son cosas distintas. Segundo, porque es inaceptable una censura a la totalidad (100%) para evitar la obesidad de una quinta parte.
Además de todo, es dudoso que eviten la obesidad de este modo, pues no hay garantía de lo que pase extramuros escolares. En sí misma, la prohibición es una negación de la filosofía y pretensiones de la educación.
En todo caso, los alimentos excluídos, prohibidos, proscritos y condenados sin juicio, no son dañinos per se, sino en una determinada proporción.
Por otra parte, está el tema de los comedores escolares. Este tema, desde la antigua pero legalmente vigente concepción de los comedores escolares, empezó como un subsidio parcial y amenaza con convertirse en un uso total. ¿Qué pasa en estos comedores? ¿Son la excelsitud alimentaria, nutritiva e higiénica? ¿Quién lo dice? En todo caso, objeto el concepto por totalitario, estatista y excluyente de la autonomía de la voluntad y fortalecimiento familiar.
Finalmente, ha surgido la polémica acerca de la efectividad de la medida prohibitiva si, por otra parte, el MEP no encuentra el instrumento para intervenir la lonchera escolar. Porque, aunque no lo crean, han sobrado ideólogos y partidarios de la liberticida medida y se la han pasado cavilando acerca de cómo controlar la lonchera.
¡Policías de las frituras, inspectores del chicharrón, policías de tránsito de la restricción a la gaseosa, censores de la galleta y demás ejércitos de la prohibición, hay que levantar barricadas, escavar trincheras, construir alambradas, registrar salveques y loncheras, obligar a volver las bolsas del pantalón al revés, abrir las bocas y no dejar pasar nada!
Recuerdo que hace muchos años, los estadounidenses que venían de intercambio a nuestro país insistían en tomar cocacolas y comer cornflakes. Estaban prevenidos contra los peligros del agua y otras comidas. No podían tomarse el riesgo de enfermarse con comida contaminada, agua sucia y otras cosas.
La medida actual más bien prohíbe lo que a ellos se recomendaba. ¿Estamos seguros de que los estudiantes no se enfermarán de tomar el agua o los refrescos en agua en lugar de ingerir gaseosas? ¿A algunos no los afectará la leche que tomarán en lugar de la gaseosa? ¿Estarán libres de pecado las frutas o podrán transportar hepatitis y otros males? ¿No será mejor una comidilla empacada, aunque el MEP no la quiera, que una expuesta a contaminación?
En fin, el camino iniciado por el MEP evidencia su distracción de lo principal, su abandono de la competencia básica y el autoritarismo de muchos.
Federico Malavassi Calvo
