La columna de Carlos Federico Smith: a 40 años de fundada la primer Universidad Privada de Costa Rica

Lograr la apertura de la primera universidad privada en Costa Rica no fue nada fácil. La oposición a ello fue amplia e intransigente, sobre todo porque en aquel entonces había un muy poderoso adversario: la Universidad de Costa Rica, representada por sus autoridades, algunos profesores y alumnos.

Esto último, viéndolo retrospectivamente, iba más allá de impedir una competencia que surgiría para esa universidad, sino que reflejaba una pretensión inaudita, cual fue que el nombre “universidad” sólo podía ser usado por la Universidad de Costa Rica.  Se pretendía que ese uso del nombre “universidad” estaba, como si así lo fuera, sujeto a derechos de autor o un derecho de propiedad de una marca registrada. ¿Qué no me lo creen? En cierto momento la Universidad de Costa Rica se opuso a la existencia de un bar en su vecindad (100 varas al sur de la Biblioteca Carlos Monge), al cual solían acudir principalmente jóvenes estudiantes, pues tenía un rótulo que decía “Taberna Universitaria”. Sí, “universitaria”…pidieron que se prohibiera que usara tal calificativo.

Antes de que alguien me señale, vestido de puritanismo, que posiblemente esa oposición de la Universidad de Costa Rica, se debía a que aquel era un sitio en donde se disfrutaba de un vicio, lo cierto es que su pretendido afán iba más allá, mucho más allá, de lo que sería la pretensión de ser niñera de la moral de los jóvenes. Pero, también se opuso a que el naciente Instituto Tecnológico fuera una “Universidad”, pues no deseaban que viera la luz, a fin de conservar el monopolio educativo superior, del cual disfrutaba en ese entonces. Moralina y monopolio: todo en un revoltijo.

Lo que sí dio lugar a un intenso debate social y político, en diversos medios, fue la oposición expresa de la Universidad de Costa Rica para que un grupo de ciudadanos constituyera lo que luego se llegó a conocer como la Universidad Autónoma de Centro América. Gran parte del alegato del titular del momento para oponerse, era que la educación universitaria debería de estar en manos del estado y no de una empresa o personas privadas.  Así, de un plumazo, se dejaba de reconocer el enorme aporte brindado por la educación universitaria privada en la historia de la humanidad.  (De paso, muy interesantemente, se considera como una de las primeras, sino es que la primera, fue la Universidad de al-Qarawiyyin fundada en el año 859, en Fez, Marruecos por Fatima al-Fihri, una asombrosa y sabia mujer). 

Afortunadamente, tuve la oportunidad de ser parte de un grupo de ciudadanos deseosos de que en el país los estudiantes tuvieran la opción de estudiar carreras universitarias, no sólo en un centro distinto del único existente, sino que asimismo fuera producto del esfuerzo privado. Los 18 fundadores de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA) fueron, en orden alfabético, don Enrique Benavides Chaverri, este servidor, don Alberto Di Mare Fuscaldo, don Guido Fernández Saborío, don Alfredo Fournier Beeche, don Fabio Fournier Jiménez, don Edmundo Gerli González, don Fernando Guier Esquivel, don Enrique Malavassi Vargas, don Guillermo Malavassi Vargas, don Gonzalo Ortiz Martín, don Rafael Robles Jiménez, don Rogelio Sotela Montagné, don Christian Tattenbach Iglesias, don Luis Demetrio Tinoco Castro, doña Cecilia Valverde Barrenechea, don Renato Viglione Marchisio y don Thelmo Vargas Madrigal. En estos momentos, seis de ellos aún estamos en este mundo y los restantes doce gozan ya de la vida eterna.

La oposición inicial en círculos gubernamentales fue enorme, pues estaban en contra de que el estado le diera a la UACA el permiso para funcionar, exigido por alguna ley. Incluso tal obstrucción de cierta manera resultaba ser paradójica, pues un muy elevado porcentaje de los ministros de ese gobierno (1974-1978), había realizado estudios en escuelas o universidades privadas, e incluso muchos enviaban a sus hijos a centros de educación también privados (podemos imaginar las razones de sus decisiones).  

No obstante, en un momento dado, aquella barrera quedó hecha añicos, cuando el presidente de la República del momento, don Daniel Oduber Quirós, junto con su ministro de Educación, don Fernando Volio Jiménez, quien inicialmente se había opuesto a la fundación de la nueva universidad privada, decidieron dar el permiso requerido para su existencia. Se ha comentado que lo allí esencialmente primó fue la posición del presidente Oduber, quien convenció a su ministro de Educación de la conveniencia de abrir las puertas a una universidad privada en el país.

Históricamente, en todo esto, debe recordarse al papel llevado a cabo por la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), en cuyas instalaciones se discutió mucho acerca de la necesidad de crear una universidad privada y en donde, también, se analizaron los numerosos documentos que se hacían necesarios para lograrlo. Recuerdo que uno de los argumentos más poderosos para promover su creación, además del eminente derecho ciudadano de ser libre para escoger, era que, en esos momentos -y parece ser algo que aún continúa-, la demanda de estudios en la Universidad de Costa Rica era más que sobrepasada por la oferta de ingreso para esos estudiantes, lo cual creaba un excedente de jóvenes que deseaban estudiar una carrera universitaria y rápidamente se llenaba el exiguo cupo ofrecido. Y el estado no estaba en capacidad de satisfacer esa demanda en exceso.

Por ello, cuando al fin la UACA pudo abrir físicamente sus puertas, allá en el año 1976, su éxito fue inmediato y terminó, parodiando la famosa encíclica, convirtiéndose en Mater et Magistra, pues a partir de ella luego surgieron muchas otras nuevas universidades privadas en el país. La UACA ha sabido defender la libertad de enseñanza en el país y mantiene una alta calidad académica: es, en palabras de su actual rector y uno de quienes le dio vida, don Guillermo Malavassi, un balance entre calidad y libertad. 

Ese esfuerzo porque tengan vigencia nuestros derechos innatos para definir cómo ha de ser nuestra educación, no debe de haber sido en vano, pues siempre persisten los afanes de ciertos sectores dentro del estado, al cual sabemos no le agrada mucho la competencia. Por ello, es frecuente ver que proponen y pretenden más y más regulaciones para la educación universitaria privada. Sin embargo, ante ello hay un hecho impresionante no imaginado a principios de los años setenta por aquellos visionarios: hoy en día, aproximadamente, la mitad de los estudiantes universitarios del país asisten a centros privados, coadyuvando así al progreso de esos individuos y, a la vez, de la prosperidad de la nación.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: liquidando la educación universitaria privada

Tanto periodistas de Telenoticias, así como de La Nación ya nos han avisado, no sin cierta aprobación y más notoriamente en el noticiero televisado, acerca de este nuevo proyecto dirigista y controlista que nos están preparando las autoridades gubernamentales. (Ver en la edición del 18 de marzo de La Nación el titular “MEP urge controlar costo de trámites en ‘U’ privadas: Alista proyecto de ley para ejercer mayor control sobre educación superior”).

Lo cierto es que detrás de ese objetivo hay una gran falacia, cual es que, tal como se dice en el encabezado de La Nación, se busca “ejercer mayor control sobre educación superior”. Pero la verdad es que esa pretensión no es “sobre la educación superior”, sino tan sólo sobre aquélla que brindan las universidades privadas del país. No resulta serlo para la universitaria estatal, que es también parte de esa “educación superior”. El embuste radica en señalar la variación de costes que hay entre diversas universidades privadas, las cuales cobran por servicios, tales como los costos de los cursos, de la matrícula, “todos los cánones, derechos o tasas que las universidades cobren a sus estudiantes,” como señala el artículo periodístico. Destaco “entre” universidades privadas y que no se dice absolutamente nada acerca de las públicas.

Empiezo por señalar que, en lo que se refiere a una prestación privada de cualquier bien o servicio que sea, definir los costos de las actividades resulta ser crucial para que la firma pueda obtener ganancias –esto es, cobrando al menos lo que cuestan las cosas. En caso contrario, el ente que provee esos servicios o produce tales bienes terminaría en quiebra. Este es el verdadero punto que está detrás del manoseo pretendido por el MEP, parte formal del estado costarricense. ¿Acaso ustedes saben cuál es el verdadero costo de todos esos servicios que a su vez brindan las universidades estatales? Digo y subrayo verdadero, porque resulta que son costos en que la sociedad incurre como un todo, pero no quienes no pagan por ellos lo que verdaderamente cuestan. Eso es posible, debido a que las universidades estatales perciben un jugoso subsidio multimillonario de parte del estado -por supuesto que con platas pagadas por toda la ciudadanía- lo cual les permite no cobrar a los estudiantes el verdadero costo de las cosas. Las universidades privadas no reciben tales subsidios, de manera que, la única forma que tienen para recuperar esos costos y con ello tener éxito en su operación económico-financiera, es cobrando por los servicios que brinda a quienes los utilizan. ¿Está clara la diferencia?

Pero aún hay más, ni siquiera se tienen esos costos individualizados en el caso de las universidades estatales. Cuando se sacan en los medios los pagos que hay que hacer por los servicios que reciben los estudiantes en las universidades privadas, es porque los montos son conocidos, pero yo pregunto: ¿y cuánto es lo que verdaderamente cuestan esos mismos servicios en las universidades públicas? Ya vimos que no sirve comparar el precio que el estudiante debe pagar en ellas, porque su precio está subsidiado, pero también se debe a que las universidades estatales no tienen ni idea de cuánto cuesta en verdad, en realidad, en cuanto al uso de recursos escasos, esos servicios que dan. La universidad estatal no depende de un estado financiero que compare los ingresos provenientes de matrículas, cursos, tasas, etcétera, con el costo de las cosas, sino de cuánta plata le da anualmente el estado como subsidio; por ello, no es de interés individualizar los costos de los diversos servicios que brinda. ¿Está clara la diferencia? 

Algo tiene de bueno la información que han diseminado La Nación y Telenoticias (y agrego que con posterioridad el de Repretel): se le alerta al estudiante de que hay diferencias de costos para los distintos servicios que brindan las múltiples universidades privadas. Ello podría inducirlo a que, dada la calidad de cada una de ellas, de la oferta que se brinda acerca de lo que se desea estudiar, de la proximidad física, de la disponibilidad de horarios, entre otras variables, el estudiante busque ingresar a aquella universidad que, por lo que recibe, cobra menos. Eso es elemental, ¿verdad?

Pero ¿qué podría pasar si el MEP divulga los verdaderos costos de las universidades estatales -no los falsos por insuficientes que se les cobran a los estudiantes- y resultan que efectivamente estos salen más bajos que los comparativos de las universidades privadas? Todo lo demás constante, me diría que entonces el alumno preferiría estudiar en las universidades estatales, pero enfrentará un pequeño pero importante problemita: en muchas de las carreras que se ofrecen en la universidades públicas -posiblemente por el falso abaratamiento debido a los subsidios- encontrará un exceso de demanda, que, en sencillo, quiere decir que “no hay cupo”. Eso lo obliga a irse -todo lo demás constante- a buscar estudiar en una universidad privada. (Y con mayor razón si no se da ese hipotético costo real menor de los servicios en las universidades públicas). Me explico: no encontrarán campo, pues en las públicas ya están agotados.

De paso, para que tengan una idea del rol que hoy desempeñan las universidades privadas en la educación superior del país, con gusto transmito lo que La Nación del 8 de abril, en su artículo “’U’ privadas culpan a Conesup de las carreras sin actualizar”, señala: “Hay 195.364 estudiantes matriculados en la educación superior: 51.8% de ellos en la privada y 48.2% en la pública.” 

La situación no termina aquí. Es un hecho que las universidades privadas del país satisfacen una demanda de educación universitaria que no es satisfecha a plenitud por la oferta de educación universitaria gubernamental (los números citados en el párrafo inmediato anterior así parecen confirmarlo). Si, como pretenden las acciones del MEP expuestas, se restringen de forma artificial los ingresos de las universidades privadas, éstas no crecerán tanto y más bien reducirán su oferta. Ante esto, habría que ver qué hace el gobierno, a fin de poder acomodar al montón de estudiantes, que ahora no podrán proseguir la carrera universitaria que desean en las universidades públicas, pues en ellas “ya se acabaron los cupos”. 

Dejémonos de cuentos. El MEP usa pretextos para atacar a las universidades privadas, pues emplea argumentos que no aplica en igualdad de condiciones a las universidades públicas. Eso me hace pensar en que este gobierno podría estar buscando afectar financieramente a la educación universitaria privada, lo que eventualmente podría devenir en una restauración del monopolio estatal de la educación superior. Y aunque aquel no fuera el objetivo del MEP, pues no estoy totalmente claro en si se trata de un esfuerzo consciente, los resultados de las políticas que al respecto está promoviendo, derivarán en lo que he estado mencionando; esto es, da lo mismo cuál sea su verdadero propósito. ¡Vamos pa’tras como el cangrejo!

Tal vez poner un pequeño ejemplo que tiene que ver -hipotéticamente estoy hablando- con la televisión nacional (y aplicable también a los periódicos), podría lograr la debida e inteligente atención de los medios que he venido citando.  Supóngase que, en aras de la importancia que tiene para la sociedad la información que brindan esos medios (un interés nacional; el verdadero servicio que podrían dar a la democracia; una garantía al verdadero derecho de ser informado, entre otra cháchara), se quiera evitar cobros exagerados e indebidos (traducidos en ganancias impropias) en ciertos medios. El órgano regulador, que en el otro caso es el MEP, digamos que es ahora el Ministerio de Información (que con ese nombre ya no existe) o la SUTEL o el MICITT o algo parecido, decide poner a disposición del público cuánto es lo que por un minuto de publicidad cobra la televisora A, cuánto la B y cuanto la C (olvídese de la D, que es oficial). Esta es la información que, al ser pagada a las televisoras, permite que los noticieros operen. Y el órgano regulador agrega luego que los medios caros, digamos A y B, deben cobrar lo mismo que C. ¿Les parece bien eso?   

Pues si lo fuere, que los periodistas de A y B empiecen a buscar otro brete, porque las empresas en que trabajan van a tener pérdidas o menores ganancias y, por ende, reinvertirán menos y también crecerán menos. Si el estado fija los ingresos, y los costos en que incurren esas televisoras permanecen iguales, los estados financieros y la rentabilidad de la empresa reflejarán tal situación. En tanto D, que es estatal, recibe un subsidio tal que no le importa lo que pase, pues sus clientes siempre pagarán lo mismo por hacer publicidad allí -posiblemente a un costo subsidiado. 

Me duele que el MEP pretenda timar a los estudiantes, porque tras un falaz “derecho” que alega la ministra, con esos costos fijados por el estado en las universidades estatales no tendrán la opción de educarse en las universidades privadas: de nada vale tener un precio fijado, cuando no se encuentra, a ese precio, el bien o servicio al cual el estado le fijó un monto máximo. Buscarán ir a estudiar a la universidad pública, pero… no habrá campo suficiente para que ellos ingresen… tal como es la experiencia en la actualidad.

Parece ser práctica de este gobierno proponer proyectos de ley y someterlos a la consulta de los ciudadanos y de los interesados; por ello, a los que se pretende manipular, les recuerdo la importancia de tener siempre presentes los resultados no previstos de ciertas decisiones. Si se fija el precio de un bien o servicio por parte del estado, disminuirá su cantidad ofrecida en los mercados, lo cual hará que se tenga que buscar dicho servicio o producto entre los oferentes gubernamentales, presuntamente al precio fijado por ley o el menor subsidiado. Si desde ahora no hay cupos, no esperen el milagro bíblico de los peces y de los panes: más bien se cerrarán universidades privadas y no aumentará la oferta de las universidades públicas. El surgimiento de los resultados no previstos es el verdadero precio que usualmente nos hace pagar la demagogia populista, la de un estado que, con lo que pretende, lograría monopolizar plenamente nuestra educación universitaria. ¿Quedó claro?

Jorge Corrales Quesada