Un par de días antes de que la Contraloría General de la República le diera un fuerte golpe al proyecto de refinería de SORESCO (sociedad entre RECOPE y la empresa petrolera estatal china CNPC), en la gloriosa Asamblea Legislativa se desechó un proyecto del diputado Luis Fishman, para que esa entidad fijara su posición en torno a la bondad de aquel proyecto. Se han dado varios argumentos para ese rechazo, entre ellos el del presidente legislativo, Luis Fernando Mendoza, de que la propuesta del diputado Fishman no contenía una resolución o declaración de fondo. Por esto, que me parece una excusa falaz, el diputado Mendoza decidió mandarla al fondo del basurero; esto es, la ubicó para que sea analizada detrás de una serie de proyectos que llevan muchos años pendientes de ser vistos en la Asamblea. En la decisión de este diputado, fue apoyado mayoritariamente por la fracción de su partido político.
No nos hagamos tontos. Esta vez se trata, una vez más, del ejercicio del poder que tiene el Partido Liberación en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que a dicha agrupación un análisis del tema de la refinería no le era conveniente en ese momento. Así que, para no darse el color total de su oposición a discutir razonadamente acerca de la cuestionada inversión, decidieron enviar la petición de Fishman a lo que se conoce como el refrigerador. Simplemente ejercitaron el poder de tapar lo que ya olía mal.
Ya conocemos de la prudente decisión que en torno a la refinería tomó la Contraloría General de la República. Sin embargo, si bien es un golpe fuerte a las pretensiones del gobierno, de imponernos a medias con los chinos una refinería innecesaria y muy costosa, tampoco la resolución de la Contraloría significa que le haya dado un golpe de gracia a ese mal proyecto. Se trató de un cato bien pegado, pero no de un knock-out paralizante. Prueba de ello es que le dejó las puertas abiertas a los políticos de hoy y a los de mañana, para que resuciten el aparente cadáver petrolero. Solo que esta vez deberá ser endulzado o, mejor, oreado, con el cuento de las energías limpias, pero que resultan ser muy costosas, así como proponer el ahorro energético, por el cual entienden disminuir el uso de combustibles. Sin embargo, ese plan B que pidió el Ministro de Energía, René Castro, como resultado del rechazo de la Contraloría, será formulado por quienes hoy cercenan la posibilidad privada de generar energía hidroeléctrica, entre otras opciones igualmente privadas. Es decir, el plan B será algo, dentro, por y para el monopolio de RECOPE, pero, eso sí, con la plata china, aunque terminemos pagando con creces lo recibido.
Hay un hecho fundamental del cual la Contraloría no puede ser omisa, cual es, como lo ha señalado el abogado Manrique Jiménez, experto constitucionalista y en contratación administrativa, la existencia de nulidad absoluta de todo lo actuado por RECOPE, en unión de CNPC, mediante la firma SORESCO. Si existe una nulidad absoluta, las cosas deberán volver a ser como estaban antes; es decir, nada vale de lo hecho hasta hoy por SORESCO.
Afortunadamente, el diputado liberacionista Víctor Hugo Víquez salió por el camino de la decencia e insistió en que la Asamblea debería de entrarle al tema de la refinería china. Esa debería de haber sido la actitud de toda la fracción liberacionista desde el momento en que el diputado Fishman propuso que la Asamblea tomara una posición al respecto. Pero optaron por frenarla, a como diera lugar.
El enredo es muy grande y no le doy cabida a la chismografía que suele rodear este tipo de cosas. Pero el tema de la refinería tiene que ser investigado muy a fondo por la Asamblea Legislativa. No sólo se deberá buscar la responsabilidad de quienes han provocado gastos que, se dice, ascienden a $50 millones, los cuales han sido incurridos por RECOPE en el proyecto de SORESCO, sino que también, quienes se supone que representan a la ciudadanía –los diputados- deberán buscar ver cómo se le explica esta aventura gubernamental a los costarricenses.
Sé que habrá escépticos que, con mucha razón, me dirán: “cuándo la Asamblea ha descubierto a los grandes involucrados en algún tamal con fondos públicos”. Pero, al menos, las comparecencias de algunos caracteres a las comisiones investigadoras legislativas, permiten que los ciudadanos nos demos cuenta, con algún detalle, del grado en que se ha extendido la corruptela en nuestro país -y tal vez hasta poder vislumbrar a algunos de los principales actores. Así ha sucedido con casos tan sonados, como la Trocha o con las recomendaciones impropias e ilegales y no olvido la comparecencia ante la Asamblea de políticos por nombramientos incorrectos de diplomáticos o por el viaje que, en su momento, realizó acompañado el ex gerente de Acueductos y Alcantarillados. Sabemos que hay otros incidentes que deberían haber sido objeto del control político legislativo, como, por ejemplo, el viaje en jet o las andanzas de políticos peruanos en nuestro país o Crucitas o la concesión a la firma OAS para construir la carretera a San Ramón. Pero no ha sido así. Por algo será…
Puede ser que me está seduciendo el histrionismo que uno observa en las comisiones investigadoras, pero, además de los estrados penales, es tal vez el escenario más visible en esta democracia, de lo que puede suceder con los fondos públicos.
El problema es que posiblemente esas exhibiciones no le convengan a quienes detentan el poder momentáneo y escogen hacer lo que muchas veces practica el avestruz: meter la cabeza en la arena, para que no se les vea (o mire a los ojos). Tapar y tapar parece ser el objetivo del poder, el cual sólo puede ser derruido si todos los ciudadanos nos constituimos en vigilantes del uso que se hace de nuestros recursos, que los gobiernos nos extraen mediante impuestos, deuda o inflación.
Restaurar la vergüenza en la Asamblea Legislativa es crucial. No sé si lo podremos lograr en las próximas elecciones. Lo único que sé es que DonBurro Diputado bien puede resultar mejor que lo que hoy se tiene allí, con notorias excepciones. Aunque se resienta el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, quien ahora ataca a quienes escrutan a los políticos, él y todos los demás diputados son empleados nuestros (y muy bien pagados). Están obligados a dar cuentas de sus actos al pueblo costarricense, tanto en lo moral como en lo político. Esa es la regla en las democracias. La pretensión de infalibilidad que algunos creen tener, no sólo sería un ejercicio de arrogancia, sino demostraría una ambición medio-frustrada de lograr el poder totalitario.
Así que, a pedirles cuentas bien claras a los diputados en cuanto a su accionar político, pues la alternativa sería dejar que florezca una corruptela rampante y sin freno. No podemos dejar que el poder, que una mayoría relativa detenta en cierto momento en el Congreso, permita que se tapen cosas que, a los ojos de los ciudadanos, son vistas como totalmente incorrectas, impropias y soberbias.
Jorge Corrales Quesada
