La columna de Carlos Federico Smith: ecámela en el sombrero

No olvidemos aquel lema popular: “No quiero, no quiero, pero, echámela en el sombrero”, que se solía expresar acerca de aquellos políticos de turno, quienes siempre negaban una precandidatura para algo o bien para obtener un privilegio o un puesto público, pero quienes, en el fondo, la ansiaban o la buscaban.
 

Si alguien me diera la oportunidad de asentar un lema, tal como se escribió en el frontón del templo de Delfos, lo haría en la entrada de la Asamblea Legislativa: “No legislarás en tu propio beneficio.” Tal deseo coyuntural lo estimuló la decisión reciente de los diputados de aumentar el número de miembros de la Junta Directiva del Banco Popular, suavizando los requisitos para un puesto tan delicado, al rechazar una propuesta de la diputada doña Rosibel Ramos, para que los diputados actuales y los del próximo período, no pudieran ser nombrados como miembros de la Junta Directiva, el Directorio de la Asamblea de Trabajadores o en los puestos gerenciales  del Banco.
 

La información aparece en un artículo de La Nación del 31 de enero, que lleva por título “Diputados se abren puerta a cúpula del Banco Popular: Legisladores apuran plan de ley para subir de 7 a 9 el número de directivos.” La razón: esos directivos recibirían hasta ₡2.4 millones al mes y ya sabemos de los jugosos salarios de los gerentes de dicho banco. Por supuesto, nos dirán que su ambición bancaria surge por su disposición a seguir sacrificándose por la patria y por las luchas de los trabajadores, entre otras historias políticas similares que suelen ser lanzadas, como cortinas de humo, para esconder la conducta usual de los políticos de maximizar su poder.
 

Así, el “excelso” diputado Jorge Rodríguez alegó que rechazaron aquella propuesta citada de la diputada Ramos, porque sería “quitarles el derecho. ¿Qué culpa tiene uno de ser diputado? ¿cuál es el pecado? ¿y la experiencia que se ha adquirido? No podemos desechar los conocimientos de una persona…” Increíble verdad, como si no hubiera muchos otros quienes sí están efectivamente capacitados para esos puestos, calificaciones que no las otorga un paso efímero por una vocinglera diputación. Ciertamente, la culpa de que tengamos diputados ejemplares como ese, radica en los ciudadanos que votaron de cierta manera: ahora se merecen lo que tienen.
 

Otra diputada, la señora Suray Carrillo, diputada del Frente Amplio, quien llegó al Congreso de rebote, cuando el diputado al que sustituyó fue coaccionado por sus compañeros de partido al acusársele de agresión sexual, alegó que la propuesta de la señora Ramos “violenta la Carta Magna y que estaría dispuesta a ejercer un cargo en el Banco Popular”, por supuesto, después de dejar de ser diputada, dado que siempre está dispuesta a “sacrificarse por el pueblo”.
 

Asimismo, el cerebro detrás de la reforma legislativa a la Ley del Banco Popular, el diputado Víctor Morales, dijo: “Por mí que ni se preocupen. No tengo interés de formar parte del Popular. Tal y como lo conversé con los proponentes del plan, ninguno quiere beneficiarse con él.” Recuerden: “No quiero, no quiero, pero, echámela en el sombrero.”
 

Recuerde el lector que el Banco Popular obliga a un aporte de todos los trabajadores del país y que son muchos los fondos que administra, por lo cual, es deseable que, para velar por su buen manejo, se lleve a cabo no sólo por gente honesta, sino también calificada, que tenga experiencia real en asuntos de banca.
 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el cual se encarga de supervisar los órganos del sistema financiero del país, ya había indicado la importancia de que el Banco Popular contara con directivos capacitados para dicha labor, sugerencia y directriz que se esperaría fuera corregida al discutirse el proyecto en  el plenario. Eso sí, no pondría en duda que, aún con esa reforma deseable, contaremos en la Junta Directiva y en los órganos principales de dirección del Banco Popular, gracias a la “sabiduría” y la “experiencia” en temas bancarios que los diputados actuales impartirán en el manejo de los recursos de todos los costarricenses, quienes, por ley, están obligados a cotizar para dicho banco.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: cooperación versus centralización política

Han observado ustedes la frecuencia con que políticos suelen decir que proponen hacer alguna cosa en nombre nuestro; esto es, que consideran deseable, por ejemplo, prohibir o controlar o regular ciertas actuaciones de las personas, lo cual lo dicen hacer en representación nuestra. 

La primera gran duda que le salta a uno es acerca de dónde es que emana esa presunta capacidad de políticos para conocer mejor que nosotros mismos, qué es lo que deseamos o queremos. No creo que los políticos tengan alguna habilidad genética particular que los diferencie de las demás personas y menos que dicha capacidad sea superior a la de los otros individuos, como la de poder leer la mente de estos, en tanto que los individuos no son capaces de conocer lo que está en la mente de los políticos. Ni uno ni otro; lo que pasa por la mente de una persona en cuanto a sus preferencias sólo es conocida cuando las revela al actuar en un mercado. ¿Cómo sabe usted si yo prefiero el mango al melón? Bueno, cuando a un mismo precio por unidad estandarizada, compro más de uno que del otro. Pero, si bien el consumidor reveló sus preferencias,  eso no significa que uno conoce las razones de sus preferencias. 

¿Será que el político sí puede saber lo que conocen o saben los individuos, cuando en un mercado de la política considera que, quienes votaron por él (o ella), lo hicieron así porque lo preferían?  Eso puede ser así, pero conocer exactamente qué es lo que pasa por la mente de una persona cuando lo escogió es, creo, imposible, porque no sabe si votó por él porque, digamos, le gustaban sus planteamientos o, por el contrario, porque es que le disgustaban menos que los de otros o porque la visión que ese votante puede tener del mundo es propia de un masoquista y le encanta sufrir cuando elige a un mal gobernante. Todo eso y más son posibles cuando se pretende hurgar en la mente de una persona (votante o no) en particular y más aún cuando hay tantos individuos que actúan en circunstancias específicas de tiempo y espacio muy distintas.

Gobernantes absolutos, como ciertos reyes, pretendían, tan sólo por tener ciertos antepasados familiares, creer que lo sabían todo mejor que como lo podían saber sus súbditos. Y legislaban (o dictaban órdenes) acordes con esa pretensión. Pero no sólo hay muchos capítulos históricos, en que esos mismos gobernantes no tenían certeza de cuáles eran sus verdaderos antecesores biológicos, sino que, también, como se ha llegado a saber, muchos de esos gobernantes, al imponer su criterio, más bien generaban el malestar ciudadano y otros, al hacerlo, tal vez atinaban, ganándose la voluntad popular. Pero, de ser cierto este último caso, ¿por qué el ciudadano no se iba a ahorrar ese intermediario y por sí mismo lograba hacer lo que deseaba (por supuesto que restringido en cuanto a que no afectara el mismo derecho poseído por otros ciudadanos)?

Una de las razones por la cual no me “gustan” los gobernantes que dicen hacer algo porque lo hacen a nombre mío, radica en que, al fin de cuentas, yo sí sé qué es lo que realmente quiere o prefiero. Por ello, por ejemplo, cuando un estado me quita lo que he ganado trabajando y acatando las reglas del juego, para hacer, en mi nombre, lo que ese gobernante quiere hacer con él, me produce mucho disgusto. Tengo mejor conocimiento –aunque sea imperfecto- para organizar mi modo de vida como yo lo prefiero, que como el que puede tener ese gobernante acerca de mi conocimiento propio. Los individuos buscamos la cooperación de otros (no sólo dentro de la familia o de allegados) sino de la generalidad, porque ello nos beneficia. No porque se nos imponga. 

Esto lo explica Richard  A Epstein en su libro Skepticism and Freedom (Chicago: The University of Chicago Press, 2003), cuando señala que 

“La cooperación entre familiares ofrece obvias ventajas genéticas. Y puesto que, por definición, la evolución es un instrumento muy imperfecto, los principios usuales de selección natural conducen a alguna distribución, probablemente normal, de gustos acerca de la disposición para cooperar, en la cual los cooperadores, en promedio, es posible que sobrevivan más que los no cooperadores. El resultado neto es que no hay razón para aceptar la historia radical Hobbesiana del egoísmo individual, o de su corolario, de que un estado de naturaleza produce una anarquía, que puede ser refrenada tan sólo por un estado unitario dirigido por un gobernante absoluto. Muy al contrario, uno de los peligros más grandes de la centralización del poder, es que tiende a minar el control que los métodos informales de control social ejercen sobre su fuerza. Los individuos exhiben métodos más elevados de cooperación en ambientes no regulados, cuando sus rupturas previas de las reglas legales no están sujetas a sanciones legales. Evidentemente, encarados por el éxito o fracaso de sus propias acciones, ellos desarrollan estrategias cooperativas.” (Op. Cit., p. 25-26).

Lo que el autor nos dice es que la cooperación entre los humanos existe porque los beneficia, permitiéndoles adaptarse mejor a la escasez, que en su ausencia. Por lo tanto, no es de aceptar que surgirá necesariamente la anarquía, por lo cual no se requiere que exista un gobernante absoluto, que venga a poner orden en la anarquía. Más bien un gobierno totalitario impide que surjan los acuerdos sociales de cooperación entre los individuos, que limitan ese poder. En libertad, más bien surge la mayor cooperación.

Un mercado libre es un buen ejemplo de una exitosa estrategia de cooperación de los individuos, que les permite sobrevivir mejor. Es una excelente muestra de cooperación en un ambiente no regulado. El problema con la cooperación “forzosa” que se presenta cuando el estado define por el individuo lo que debe hacer, es que ese estado no tiene el conocimiento que si poseen los individuos actuando cooperativamente en ese mercado.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: insisto en la pregunta

¿Qué pasa con alguna gente?  Por un lado despotrican contra los políticos, incluso generalizan sus acusaciones acerca de la corrupción, pero … solo confían en el Estado e insisten en atribuirle funciones y giros sociales. Es un terrible contrasentido. Pareciera que una parte del cerebro tiene una información y que la otra funciona con desconocimiento total de la información que se tiene.

Si, además, se percataran de que tienen información suficiente para entender que una de las causas de la corrupción consisten precisamente en llenar al Estado de potestades y funciones, entonces se aprecia que mi pregunta es absolutamente justificada. Hay una contradicción, un problema de razonamiento, un alejamiento de las vías para llegar a conclusiones, una carencia de lógica y consecuencias fatales.

Uno de los focos de corrupción se forma con el exceso de decisiones que se ponen en manos de políticos: contrataciones, servicios, modo de los servicios, permisos, requisitos, regulaciones. No es materia neutral, el político se erige en árbitro de la sociedad y su funcionamiento. Hay que recordar los estudios acerca de “the public choice” (Buchanan) y el viejo decir que “en arca abierta hasta el justo peca”.  ¡Todo eso lo sabe la gente!  Pero… sigue poniendo la vida en manos de los políticos.

Una posibilidad es que  los partidos políticos y las ideologías hayan contaminado su modo de pensar.  ¡A veces pasa! Otra posibilidad, es que el bombardeo de la burocracia tenga a mucha gente confundida (por ejemplo:  “Banco Central, nervio y motor de la economía nacional”, ICE:  “a tu lado”,  BNCR:  “más cerca de usted”, BCR:  “somos el banco de Costa Rica”, CCSS:  “al servicio de la salud”, BPDC:  “el trabajo nos une”; JPS:  “para hacer el bien” y quién sabe cuántas entidades públicas nos atosigan con el “trabajamos para usted”.)  Otra fuente de error es el adoctrinamiento diario de algunos sistemas (banca nacionalizada, Recope, Aresep, MEP, Imas) convenciendo a la gente de que la gestión pública es meritoria, barata, justa y necesaria. También puede ser que algún sector de la gente sea masoquista y requiera de opresión y corrupción para sentirse bien.  No hay que olvidar que alguna gente es dogmática y fascista, estatólatra y estatista.

Aún así, si por otra parte está evidenciado que buena parte de los políticos son corruptos y si la gente no está contenta con el manejo que hacen de las cosas, sigo preguntándome porque les entregan su vida. Otra respuesta es que quizás no hayan conectado una parte con la otra, que en su mente exista una abstracción conceptual que no conecta al Estado con los políticos, con la misma gente a quien en lo particular le tiene desconfianza o con las mismas personas a quienes no quiere reconocer la libertad

En fin … me sigo preguntando.  ¿Usted tiene la respuesta?

Federico Malavassi Calvo 

Jumanji empresarial: de la desconfianza a la confianza

La desconfianza, como mecanismo de supervivencia, tiene una base psicobiológica muy arraigada en la historia de la adaptación del hombre y de las demás especies del reino animal.

Mecanismo hasta cierto punto compulsivo, que se manifiesta desde las arcaicas estructuras del sistema límbico primordial, la desconfianza es un instinto básico de protección del individuo ante lo desconocido y ante su propia falta de control del entorno. Las pasiones y emociones básicas - el miedo, la ira…- que tienen sus raíces en el hipotálamo, son acentuadas por este demonio que llamamos desconfianza y que puede variar de individuo a individuo, según la arquitectura cerebral y las experiencias de vida de cada uno.

Podríamos decir entonces que la confianza, en sí misma, es la ausencia de desconfianza, dado que el estado de alerta natural del ser humano lo obliga a permanecer en una situación de sospecha en equilibrio que solo baja su escudo si se presentan señales del entorno que ayuden a desactivarla y, por ende, a aumentar el nivel de confianza.

Con esto en mente, ¿cómo hacemos para construir confianza en las comunidades humanas, por ejemplo en la sociedad costarricense, cuando por muchos años se ha vivido bajo un esquema sociocultural en que la desconfianza ha influido en la generación de leyes, educación, reglamentos y comportamientos civiles que alimentan el círculo vicioso de la suspicacia colectiva y una escasa empatía.

En Costa Rica, igual que en otros países de Latinoamérica, los líderes políticos y empresariales han cometido el error, durante muchos años, de acentuar los sentimientos de vulnerabilidad e incertidumbre de los ciudadanos por medio de sistemas educativos estatizados y estandarizados, un paternalismo excesivo con asistencias pedestres y, lo más grave, un sinnúmero de leyes, reglamentos y controles que hacen de los asuntos colectivos una verdadera pesadilla.

Si lo que realmente queremos es desactivar el exagerado nivel de prevención y desconfianza ciudadana, resulta evidente que estamos enviando las señales equivocadas, cuando contamos con entidades de control y comando remoto como el Setena, el ministerio de salud, el MEP, la Contraloría, la Procuraduría y otras que sacan a relucir continuamente los errores de procedimiento, de por sí tediosos, y las diferencias regionales naturales, a menudo sin tomar en cuenta el carácter local y particular de los problemas colectivos.

Es urgente que pasemos, en nuestro país, de un sistema de desconfianza redundante a uno de confianza y empatía básica, en el que nos atrevamos a formar individuos con confianza en sí mismos y a otorgar fe pública a ciudadanos con una moral y conocimiento superiores al mismo Estado, cada quien en su área, para que ayuden a velar por el cumplimiento de las leyes generales, evitando que estas se vuelvan una traba al desarrollo.

Además, hay que eliminar los obstáculos al comercio y la interacción personal, como los aranceles y controles proteccionistas, los impedimentos migratorios, y las regulaciones nacionales, que impiden el libre intercambio entre seres humanos, por el simple hecho de proteger a grupos económicos, instituciones y burócratas irresponsables e ineficientes. Esta comprobado que un alto grado de libertad económica e individual, aumenta los niveles de confianza entre los ciudadanos.

Se trata, en todo caso, de una gran asignatura pendiente que podría convocarnos y hermanarnos y que tiene algo de los mejores sueños de la humanidad.

Andrés Pozuelo Arce

La columna de Carlos Federico Smith: todo menos la renuncia

Hace pocos días renunció un ministro inglés debido a que hace más de 8 años se vio involucrado en un accidente de tránsito. Él había señalado que su esposa conducía, cuando en verdad era él quien lo había hecho. Su renuncia fue inmediata, dado el daño que causaba al gobierno conservador del cual formaba parte, a pesar de ser él de otra agrupación política, de los llamados demócratas liberales. La responsabilidad política que tenía ese ministro por los hechos comentados fue la causa de su renuncia e ida respetable hacia su hogar.

Más impactante fue lo que políticamente sucedió en Japón, a raíz del tsunami que destruyó las instalaciones nucleares de Fukushima, el 11 de marzo del 2011. En mayo de ese mismo año renunció Masataka Shimizu, jefe de la poderosa firma TEPCO (Tokio Electric Power Company), entidad encargada de la administración de las instalaciones nucleares de Fukushima, como forma de asumir la responsabilidad por lo sucedido a causa del maremoto.

Poco antes había renunciado Toshiso Kosako, tal vez el más alto consejero del gobierno en asuntos de energía nuclear, quien indicó que el gobierno había ignorado sus consejos acerca de la seguridad nuclear, dados los acontecimientos de Fukushima.

En julio de ese mismo año, renunció el Ministro para la Reconstrucción del Japón, Ryu Matsumoto, por haber formulado unas declaraciones que se consideraron “insensibles” en torno a la crisis de la planta nuclear de Fukushima.

Poco tiempo después, el Primer Ministro del Japón, Naoto Kan, presentó su renuncia al cargo, a fin de cumplir con su palabra empeñada en junio, de renunciar debido a la responsabilidad política por los acontecimientos sucedidos, una vez que a su gobierno se le aprobaran ciertas acciones.

Como si fuera poco, el recién electo Ministro de Comercio, Yoshio Hachiro, presentó la renuncia a su cargo en setiembre del 2011, con tan solo ocho días de desempeñarlo, a causa de unas declaraciones “infantiles” en torno a la tragedia.

En noviembre del 2011, Masao Yoshida, quien era el director de la planta nuclear devastada, presentó su renuncia.

Lo que sorprende es ver cómo los altos funcionarios japoneses asumen la responsabilidad política que resulta de acciones que su pueblo considera como indebidas, impropias o descuidadas, incluso frente a un hecho tan fortuito, como fue el tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima.

Comparemos la dignidad y civilidad que rodean estas renuncias de funcionarios públicos, como manera de responsabilizarse por sus gestiones políticas, con lo sucedido tan sólo recientemente en nuestro país, pues en verdad no vale la pena hurgar toda una triste historia al respecto, como es el caso nuestro.

Para que soltara la chamba, un infeliz alcalde de una importante ciudad del sur del país, fue necesario que el pueblo realizara un plebiscito y de esa manera mostrar su voluntad de destituir, a quien no había servido a cabalidad con las obligaciones para las cuales fue electo. El vía crucis de la ciudadanía para tener a alguien nuevo que encabezara su gobierno local, no tiene parangón. Fue deprimente observar el papelón que al respecto desempeñó el Tribunal Supremo de Elecciones, que medroso acogió cuanto recurso le plantearan los cercanos al destituido alcalde. Con posterioridad, esa entidad pretendió mostrar que era el portaestandarte de la voluntad popular, cuando lo cierto es que se vio forzada, indirectamente por decisión de la Sala Constitucional, a acoger la destitución franca del alcalde, que el pueblo había tomado mediante su plebiscito. Más que cólera daba ver la actitud del alcalde, apegado a las faldas de su esposa diputada del partido oficialista, con el fin de conservar su chamba a como hubiera lugar. Francamente daba lástima, pues uno no puede concebir a un político que se divorcia más de la voluntad de un pueblo, cuando éste vota por su destitución y aun así él insiste en quedarse. ¡Qué escasa es la dignidad!

Hay muchas cosas buenas en este episodio de destitución de un alcalde, mediante un referendo que realiza su pueblo, y que se deben rescatar. Por una parte, que el contrato que un pueblo hace con un gobernante de turno no es algo irreversible y eterno. En este caso, el plebiscito fue la salida escogida para deshacer un contrato que resultaba a todas luces desventajoso para la ciudadanía. En segundo lugar, muchos otros alcaldes incapaces y corruptos en nuestro país deben poner sus barbas en remojo, al darse cuenta que, cuando un pueblo noble y honesto se organiza, los pueden destituir. Si esos malos políticos soñaron que, cuando fueron electos, lo era por siempre, pues se equivocaron: lo único que los alcaldes de turno deben hacer es dedicarse honrada y efectivamente a servir los propósitos para los cuales se les eligió. En tercer lugar, los apadrinadores de las alturas político-institucionales deben de tener mucho cuidado cuando pretendan ignorar la voluntad de los ciudadanos libres. El pueblo es el soberano: los gobernantes son sus servidores y, quienes administran las reglas, también lo son. Ambos deben servir a la voluntad suprema de la sociedad civil; esto es, al pueblo. Servir a aquello que no es el gobierno y menos todavía a los políticos oportunistas del momento, quienes con frecuencia lo único que pretenden es proteger a sus adláteres del peso de la voluntad popular, libremente expresada.

Parece que tener un buen nombre no es algo importante para ciertos políticos. Ello lo deduce uno de la conducta de cierto diputado de la Asamblea Legislativa, cuestionado desde muy diversas partes, hasta de su propio partido político oficialista, aunque tratado “suavecito”, con poca firmeza. Si se respetara a sí mismo o si al menos honrara a las personas que lo eligieron con base en cierta información acerca de su comportamiento público, de la cual disponían en aquel momento electoral, ante las graves acusaciones que hoy se le hacen y por la evolución de los acontecimientos en los tribunales y en la misma Asamblea Legislativa, ¿por qué no renuncia a su curul y a su inmunidad y se dedica a defender su buen nombre, si es que ha sido injustamente acusado? Si ese diputado aprecia en algo el respeto que debe tener una Asamblea Legislativa, lo que le corresponde hacer es despedirse con dignidad y señalar, si fuere el caso y ante la evidencia, que se apresta a defender su honra, presuntamente mancillada. Lo que no puede hacer es esconderse tras un privilegio legislativo, usado para garantizar la independencia de sus decisiones en el Congreso, usado como medio para retrasar o impedir la sanción moral y legal. Puede ser que, para algunos, París bien vale una misa, pero no parece ser que una diputación cuestionada sea algo de la cual un buen ciudadano se puede enorgullecer.

El robo de más de 250 pistolas de las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, concretamente de la Dirección General de Tránsito, se ha visto dramáticamente rodeado de la renuncia (separación forzada, de momento) de algunos funcionarios de esta última entidad.

Resulta evidente la gravedad de lo sucedido. No dudo de la capacidad de una horda de 250 facinerosos, con esas armas debidamente arregladas, de casi poder tomar el poder mediante un golpe de estado. Pero no creo que ello vaya a suceder. La impresión que me dejó ese señalamiento de una persona amiga, fue tan fuerte, al exponer las posibilidades que en nuestro medio puede tener un grupo de delincuentes comunes y corrientes, armados hasta los dientes con equipo moderno, que aprovecho para transmitírsela a los apreciados lectores, a fin de que cada uno de ustedes medite acerca de la trascendencia de ese acto delincuencial.

Parece haberse presentado toda una cadena de hechos que evidentemente deben ser apechugados por quienes tenían la responsabilidad básica de cuidar esas armas. Se ha dicho públicamente, por ejemplo, que con anterioridad se había denunciado ante la Contraloría General de la República, la precariedad en que se encontraban guardadas esas armas del Estado costarricense, en instalaciones de la Dirección General de Tránsito. Si se recibió esa denuncia y el órgano de control no hizo nada al respecto, por su trascendente importancia debería de implicar la asunción de responsabilidades por el mal manejo de la denuncia, por parte del órgano contralor. Debo decirlo: si hay una entidad que conoce del tema de las responsabilidades de los funcionarios públicos es la propia Contraloría. Así que, ¡a aplicar lo correspondiente!

Lo que uno no entiende es cómo parte tan importante del arsenal costarricense yacía en unas instalaciones totalmente inadecuadas, en donde ni siquiera había instaladas cámaras de vigilancia (sí, aunque fuera una de esas que las mismas autoridades de tránsito han querido poner en muchas de nuestras calles). Se ha mencionado que si acaso estaban protegidas por un par de candados comunes y corrientes y que su seguridad y cuido recaían en manos privadas, algo que ciertamente confunde hasta los cuasi-anarquistas, quienes claramente juzgarían que aquellas sí son funciones propias del Estado.

No se trata ahora de dejar que la cuerda se rompa por lo más delgado, aunque sea en varias partes de esa “cuerdita floja”: es necesario que se analice diáfanamente ante la ciudadanía si las autoridades superiores que tienen a su cargo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y bajo cuya responsabilidad está el manejo de la Dirección General de Tránsito, no deberían, casi desde el momento en que ingresaron esas armas a las instalaciones de estas últimas, supuestamente de manera transitoria, haber ordenado su traslado casi de inmediato al Arsenal nacional. Se supone que allí sí se le daría el cuido apropiado al armamento estatal.

Más aún, debe investigarse -y mostrar al país- si esas autoridades superiores del Ministerio de Obras Públicas (así como las del Ministerio de Seguridad) tuvieron conocimiento previo alguno del precario estado en que estaban cuidadas esas armas, en instalaciones inadecuadas, con poca protección, en manos privadas y no de la policía del Estado, casi sin vigilancia y con una infraestructura totalmente inapropiada para el cuido que se debe dar a los armamentos. Si las autoridades superiores llegaron a tener conocimiento o se les hizo saber de ese estado de cosas por sus subalternos y no hicieron nada para remediarlo, deberán ellas asumir la responsabilidad de no haber cuidado debidamente el armamento nacional.

Ni siquiera estoy pidiendo que hagan lo que hicieron los dignos funcionarios japoneses que describí al inicio de este comentario. No estoy solicitando que simplemente renuncien y con ello asumir la responsabilidad política por sus acciones. Sólo planteo que, si tenían algún conocimiento de lo que pasaba con el cuido de esas armas en las instalaciones de la Dirección General de Tránsito, y no hicieron nada al respecto, entonces, que asuman su responsabilidad por tan grave falta y se vayan para sus casas.

Yo sé que, como toreros en una plaza de toros mexicana o española, le han hecho el “ole” a cualquier pedido de renuncia. Recuerden que en Costa Rica, para los políticos mediocres todo se vale menos la renuncia. Tal vez esta sea la oportunidad histórica en que se colma el vaso político por la incapacidad en su desempeño. La ciudadanía debe exigir que renuncien los irresponsables. Hechos de tal gravedad no deben concluir únicamente con que se echen de sus puestos a funcionarios medios, si es que sus superiores no hicieron nada para averiguar acerca del estado precario en que se encontraba tan importante armamento. Pero aún más grave es el incumplimiento irresponsable si es que tenían conocimiento del descuido en el manejo de esas armas y no hicieron nada para arreglarlo… tal vez excepto hablar paja…

Algo huele a podrido en Dinamarca, dijo Shakespeare… Todo menos la renuncia, es lo que algunos pigmeos dicen por aquí.


Jorge Corrales Quesada

También puede encontrar este artículo en el foro “Políticamente incorrecto” del sitio http://latforum.org

Desde la tribuna: la sabiduría política y la popular

El plan de impuestos, en estudio de la Asamblea Legislativa, alega, como telón de fondo, que los políticos de turno fortalecerán a los pobres, quitándoles a los ricos. La última encuesta de opinión muestra que esa historieta es ya poco creíble.

Es nefasto para la vida política y social de un país, el construir el mito social en torno tres subyacentes mitos utilizados como basamento.

Primero, que el gasto público puede estimular una economía. Segundo, que los impuestos pueden repartir riqueza y tercero, que los políticos son quienes mejor deciden quien paga y quien recibe. Tanto el primer supuesto como el segundo resultan falsos, y hay suficientes estudios para refutarlos, pero no vale la pena entrar hoy a discutirlos en toda su vastedad.

Me refiero en esta nota, a la confianza depositada en la sabiduría y el conocimiento de los políticos para determinar quién paga y quién recibe, porque choca con una muy evidente realidad. Los políticos no tienen por qué estar mejor dotados para esas decisiones y además de sus limitacioes intelectuales y cognoscitivas, carecen, frecuentemente, de escrúpulos, dejados de lado con el fin de de avanzar sus agendas personales.

Ello no quiere necesariamente afirmar que hay malas intenciones sino, más grave, que aún tratándose de las mejores, la asignación de recursos realizada por el Estado, en vez de la sociedad, resultará siempre en una defectuosa asignación y en una vejación de libertades.

De todo ello, hay muestras abundantes y suficientes para abandonar la esclavizante idea de que los políticos sean llamados a decidir quién recibe y quién paga. Basta, en Costa Rica, recordar cómo se ha olvidado a los ciudadanos en la asignación y construcción de obras públicas, la contratación de cámaras para controlar velocidad y la asignación de las pensiones para altos funcionarios.

Ante tanta, abundante y hasta reciente prueba, resulta puro y destilado error, proponer mayores impuestos para financiar las decisiones desinformadas de los políticos, para no cargar innecesariamente el argumento, también, con las malintencionadas.

A la letanía de las buenas intenciones y sabiduría de los políticos, urge ponerle de frente la sabiduría, indignación e incredulidad popular. A lo mejor, con el hastío frente a tanta falsedad, algo se ha logrado.

Mario Quirós Lara

La columna de Carlos Federico Smith: a la memoria de don Mario Echandi

Hay dos hechos cruciales en la vida de don Mario Echandi, que merecen ser igualmente reconocidos en nuestro país por todas las personas de bien. Como pocos, don Mario contribuyo a restaurar la paz interna ente los costarricenses y siempre luchó por la honestidad y la honorabilidad en la gestión pública.

Tuve el placer de compartir con él y algunos de sus amigos en varias ocasiones, pero una de ellas la recuerdo y aprecio profundamente, pues conversamos un buen rato acerca de un inquietud que ambos compartíamos, cual era sobre las posibilidades de expresarnos con plena libertad en nuestros medios, principalmente en la prensa escrita. A ambos nos preocupaba la censura que a veces se impartía por alguno de los directores, dueños o personas influyentes en el medio para restringir ideas que se expresaban o querían exponer en el periódico.

Ambos nos dábamos cuenta de que, si bien los periódicos tenían sus dueños, quienes en última instancia podían hacer lo que quisieran con su propiedad, lo deseable era que los periódicos estuvieran abiertos a las mayores posibilidades para la difusión de la ideas, sin que ello tuvieran que significar que el medio tuviera que estar de acuerdo con ellas. La realidad era que, en verdad no muy frecuentemente, los periódicos en ciertos momentos tenían su forma de ejercitar censura a lo colaboradores de opinión o políticos que deseaban exponer en sus páginas.

No obstante mi experiencia personal, don Mario pasará a la historia como un verdadero hombre de paz, pues permitió la reparación de profundas heridas entre connacionales, producto de la guerra civil de 1948. Logró esa restauración de la libre acción de personas de bien, pero con distintos pareceres sobre diversas cosas, principalmente de la política, que amargamente en esos momentos se definía en la separación forzosa de familias, de amigos, de vecinos, de compatriotas, no sólo físicamente, sino también en el campo de la moralidad. Si bien no me gusta usar la palabra “odio”, me parece que es la más apropiada para describir lo que sucedía en los momentos en que don Mario Echandi se debe haber propuesto restaurar la unión de los costarricenses. Y afortunadamente, con sus acciones y voluntad, lo logró, para agradecimiento de la Patria y de todos los costarricenses. Por eso hoy lo recuerdo como hombre de paz, en el sentido bíblico más hondo.

Don Mario también fue un infatigable luchador por la decencia en la cosa pública. Relativamente joven, ello me impresionó profundamente. Tanto que, en un momento histórico, en que salió, con su señoría y respeto bien ganado, clamando porque las autoridades hicieran un alto en el camino y lucharan contra la corrupción que, en ese entonces, se entronizaba en el país, se convirtió en la fuente que me inspiró a escribir un comentario titulado “Corrupción” en el periódico La República, el 7 de mayo de 1976, y que, en homenaje a la memoria que tengo de don Mario, me permito reproducir en esta oportunidad:

“El pasado primero de mayo, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, Daniel Oduber, señaló lo siguiente:

“Es en esos sectores llamados privados desde donde se ofrece a los funcionarios públicos gratificaciones y reconocimiento materiales a cambio de preferencias en la adjudicación de un negocio, de una licitación o de una posición de ventaja en la vida empresarial. Es dentro de esos mismos sectores donde se encuentran los cómplices de negociaciones turbias; desde donde se rompe la moral social escatimando en maniobras obscuras las cargas de tributación que todo ciudadano debe pagar a la sociedad, de acuerdo con sus ganancias”.

Lo anterior sí fue dicho por el presidente Oduber. Ni más ni menos, el señor Presidente, al observar la creciente preocupación ciudadana por la corrupción observada al amparo del privilegio estatal, no vacila en culpar a otros de la corrupción entronizada en su gobierno. Así de fácil el tamal: si te atacan, ataca a los que te atacan.

El señor Presidente de la República, burdamente, no explica a quienes creímos en su “Alto a la Corrupción”, que el problema radica en que en el Estado están los mismos que buscan los privilegios, las prebendas, las preferencias y dan las gratificaciones. Nos habla de corrupción el señor Presidente, pero no nos habla de los Vesco, de los prófugos internacionales, del caso Saopim, de los negocios sucedidos en el Conejo, de los usos de fondos públicos para viajaderas innecesarias, de la Recope y otra cosas que tantas veces se han dicho públicamente y, aunque el señor Presidente diga que “Detener la corrupción en el país… es tarea de tales dimensiones que no puede ser asumida con posibilidad de éxito por un hombre o sólo por el gobierno”, ¿Por qué, entonces, ante las denuncias que formuló públicamente don Mario Echandi, el silencio encubridor, avasalladoramente encubridor, fue la respuesta al viril desenmascaramiento de lo turbio en nuestro país?

El señor Presidente hace mal en callar ante la corrupción. Que denuncie específicamente quiénes del sector privado ̶ con nombres y apellidos ̶ “ofrecen a los funcionarios públicos gratificaciones y reconocimientos materiales”. Estoy seguro que el país lo agradecerá o será que la última exposición del señor Presidente, seguirá el mismo derrotero del famoso discurso de la toma de posesión del 8 de mayo de1974, en que dijo luchar contra la corrupción. La infamia, que olvida el señor Presidente, radica en frustrar las aspiraciones honestas de muchos costarricenses de todos los colores políticos, que ya estamos asqueados.

Sería lamentable tener que recordarle al señor Presidente el propio lema de su campaña presidencial: Ya nadie engaña a nadie.”

¡Paz a los restos de don Mario y que ahora goce de la gloria de Dios!

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿verdad que nos lo prometieron?

La incapacidad del Estado para hacer las cosas bien nunca se reflejó mejor que en lo que ha tenido que ver con la famosa platina y su reparación. No voy a hablar más de esa experiencia -según algunos risible, en tanto que triste para otros- sino acerca de la dificultad que tienen los políticos de hablar con la verdad a los ciudadanos, como lo ejemplifican algunas de las promesas que tanto el Ministro como la Viceministra de Trasportes hicieron en torno a la reparación que al fin se lleva a cabo en la famosa platina.

Creo que los costarricenses somos concientes que estas obras iban a causarnos muchos trastornos, pero sabíamos que era urgente proceder a su reparación para evitar un mayor daño ulterior. Vimos, más que con agrado con resignación, la decisión anunciada por las autoridades del MOPT de proceder, a partir de la pasada Navidad, a repararla. Digo resignación porque sabíamos que nos iba a causar enormes enredos, pero había disposición para soportarlos, en especial porque con precisión esos funcionarios nos anunciaron un plan que mitigaría nuestra angustia. Nos lo hicieron saber en distintos medios: tomarían una serie de medidas que aliviarían la presión natural que surgiría sobre el tráfico usual al repararse el puente de la platina. Tristemente algunas de las más importantes promesas no se han llevado a cabo y otras han tardado tanto en ejecutarlas que cuando las hayan hecho, es de esperar que ya los trabajos en la platina estén concluidos.

Se prometió ampliar el servicio de trenes hasta San Antonio de Belén, de forma que aliviaría la demanda de tránsito que fluía por la platina. Pero, ¿qué pasó?. Que al momento en que esto se escribe -el 21 de enero- no hay tal servicio. Lo anunciado a principios de diciembre aún no se ha llevado a cabo. Se habló de traer unos trenes de España, pero la verdad es que no tenían el dinero para hacerlo. Luego, como excusa caída cual anillo al dedo, dijeron que el atraso se ocasionó por las fuertes nevadas en España que impedían el embarque de los trenes. Hace mucho que pasó eso y dudo que afectara en tal grado al embarque en los puertos. La verdad es que no se tenía los fondos disponibles para pagarlo y posiblemente por ello no se nos envió. Ahora (a mediados de enero) se asevera que, en lugar de los trenes españoles, usarán los algo viejos del antiguo ferrocarril a Puntarenas, y que empezarán a alistarlos para eso. Es decir, empezarán a funcionar cuando se haya terminado (ojalá) el arreglo de la platina. En síntesis, nunca se prestó el servicio de trenes a San Antonio de Belén anunciado para aliviar la presión por los trabajos en la autopista a Alajuela.

Caso similar de vía alterna ante esos arreglos que nunca existió fue la conclusión y reparación de tramos de la antigua carretera que va de Heredia a Alajuela. Lo que muestran ciertos noticieros es que es todavía se trata de un polvazal al que los viajeros le rehúyen por incómodo e inservible como vía alterna a la autopista en reparación. De nuevo, los trabajos no se han hecho con la celeridad requerida para que sirviera de desahogo y, si acaso estarán listos, lo será tal vez meses después de que la platina se arregló.

También increíble es lo sucedido con la puesta de un puente Bailey frente al Colegio Castella que aliviara el tránsito proveniente de la Valencia. Era de sentido común que, como estaban las cosas con un solo puente de acceso de una sola vía, al tratar de desfogar por allí el tránsito debido a la reparación de la platina, iban a darse enormes presas. Así ha sucedido, pero no es sino hasta ahora -esta semana- cuando se va a instalar ese puente Bailey, en lugar de haberlo hecho con tiempo antes de iniciar la reparación. O sea, ¡albarda sobre aparejo!: las obras para aliviar el tránsito se realizan en momentos en que se hacen los trabajos de reparación. No se en que mente encargada de la planificación de estas obras puede caber algo tan improvisado e inoportuno.

Sabíamos que las obras en el puente de la platina nos iban a causar enorme incomodidad, pero confiábamos en que las medidas que el Ministerio de Transportes nos había anunció para aplacarla efectivamente y oportunamente iban a ejecutarse. La verdad es que más parece que se trató de una burla, un engaño, que la implementación de un propósito para aliviar un problema. Tal vez las autoridades piensan que, una vez reparada la platina, estos episodios serán olvidados. Puede que tengan razón, pero podría ser que al fin, alguna vez, los ciudadanos estarán dispuestos a exigir cuentas ante tanta ineficiencia.

¿Qué hacen los políticos?

El joven senador Barack Obama se ha convertido en la gran revelación de los comicios estadounidenses. No solo porque es el primer candidato afroamericano con serias posibilidades de convertirse en presidente, sino porque dice encarnar el cambio que supuestamente necesita la sociedad norteamericana. Entre los republicanos, Mitt Romney, un exitoso empresario mormón, exgobernador de Massachusetts, quintaesencia delestablishment económico y político del país, se propone como mandatario alegando exactamente el mismo argumento: asegura representar el cambio. Parece que la palabra tiene una gran acogida entre los electores.

Los dos, tal vez, se equivocan. La función de los políticos norteamericanos no es generar los cambios, sino regularlos. Los cambios económicos los produce la propia dinámica interna de la sociedad civil. Se llevan a cabo por medio de las decisiones libremente tomadas por millones de ciudadanos emprendedores y laboriosos que son los que espontáneamente determinan la dirección y la velocidad en que se mueve el país. Los hacen en los laboratorios, en las fábricas, en las empresas, en las universidades. Los verdaderos artífices de los cambios son los investigadores, los científicos, los grandes ingenieros, los gerentes creativos, los empresarios agudos, los pensadores que en cada centro educativo remodelan día a día el conocimiento. Los cambios sociales los impulsan (o los frenan) los medios de comunicación, las iglesias, las ONG, los sindicatos, las organizaciones de estudiantes y los diversos grupos de interés.

Certeza de dictaduras. Los políticos, ante esa incontrolable dinámica, absolutamente impredecible, solamente pueden administrar y hacer reglas. Si las reglas son acertadas, benefician al conjunto de la sociedad, impiden los atropellos, evitan las injusticias flagrantes y consiguen facilitar la implantación de los cambios. Si se equivocan, las consecuencias pueden ser totalmente negativas y se convierten en una verdadera rémora. Pero no corresponde a los políticos la tarea de cambiar el destino de los pueblos, entre otras razones, porque en las sociedades libres nadie sabe hacia dónde debe desplazarse la población. Esa monstruosa certeza solo se tiene en las dictaduras socialistas, dotadas de una sola cabeza, donde los grandes artífices de la ingeniería social, utilizando como correa de transmisión a ciertos grupos de oscuros funcionarios, generalmente precedidos por unos fanáticos iluminados, creen saber hacia dónde debe marchar la sociedad, y arrean al pueblo en esa dirección a punta de látigo y calabozo, ahogando de paso el espíritu emprendedor, mientras arrancan de cuajo cualquier vestigio de genuina creatividad

Lucha tenaz. La mera existencia de un fenómeno como Obama prueba esa afirmación. Fue la lucha tenaz de los cuáqueros y de los abolicionistas en el siglo XIX, retomada luego por Martin Luther King a mediados del XX, donde se generó la posterior legislación integracionista de Lyndon Johnson que hoy, felizmente, permite que Obama sea una opción viable para los electores americanos. Lo que cambia a Estados Unidos es el tren, el teléfono, la aviación, la píldora anticonceptiva, las computadoras o la clonación –entre otros centenares de innovaciónes–, y todos esos hitos tecnológicos surgen en el seno de la sociedad civil y precipitan al país en una dirección hasta entonces insospechada, provocando consecuencias tremendas en todos los órdenes de la convivencia, ante las cuales tienen que reaccionar los políticos. Esa es la virtud de las llamadas sociedades abiertas, donde el Estado no dirige ni planifica, sino se limita a regular equitativamente. Es de este orden espontáneo de donde surge la inmensa fortaleza y la increíble capacidad para generar riqueza de una nación como Estados Unidos.

Pero hay otra paradoja: a veces los grandes cambios, aun siendo benéficos, crean graves problemas que sí deben enfrentar los políticos. Un caso típico es el desarrollo de la farmacología y de los carísimos equipos de diagnóstico. Gracias a ellos, hoy las personas tardan más en morir –el verdadero cambio es el aumento de la longevidad–, pero esos últimos años son terriblemente onerosos y nadie sabe cómo hacerles frente, porque casi todo enfermo desea prolongar su vida a cualquier costo. La función del político, pues, es encontrar la forma de regular este cambio de la manera más razonable y eficiente posible, dentro de las limitaciones que siempre impone el presupuesto. Y la labor del elector, claro, consiste en tratar de identificar qué político es capaz de hacer mejor esa y otras parecidas tareas. No es fácil.

Por Carlos Alberto Montaner