Tema polémico: repensar las medidas para reducir las presas

Desde hace muchos años, las personas que habitamos en la Gran Área Metropolitana de nuestro país sufrimos un verdadero calvario con las presas. Recorridos de 10 o 15 km, que perfectamente podrían hacerse en 30 o 40 minutos, terminan consumiendo hasta 2 horas a la ida y otras 2 horas al regreso.

El deterioro de la salud física y mental de los trabajadores es incuestionable. Según algunas investigaciones, los costarricenses pasamos atrapados en las presas el equivalente a 15 días al año, lo que sin duda merma nuestra productividad y, por ende, la competitividad del sector productivo, pues el caos vial genera termina elevando los costos de producción.

También es usual que este fenómeno derive en grandes frustraciones para los conductores, que reaccionan con agresividad y violencia ante cualquier situación en carretera. Ni qué decir sobre la pérdida de espacios de descanso y recreación con nuestras familias, ya que después de un largo día de trabajo más las presas, terminamos llegando a casa con deseos únicamente de acostarnos para madrugar al día siguiente y salir un poquito antes para reducir la tortura.

La causa del problema es clara: contrario a lo que algunos creen, no es porque existen muchísimos vehículos -por el contrario, eso demuestra que estamos frente a una sociedad cuya riqueza ha crecido y se manifiesta a través de la compra de automotores- sino porque la infraestructura vial no ha crecido al ritmo necesario para dar fluidez al tránsito.

Tenemos más de dos décadas de rezago en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de las carreteras y caminos. Un Ministerio de Obras Públicas absorbido por la ineficiencia, que consume gran parte del tiempo y recursos en trámites sin que esto genere obras; un sistema de contratación pública intrincado, complejo y que termina siendo vulnerado por el contubernio entre algunos funcionarios públicos y empresas constructoras, entre otros males.

Por si fuera poco, carecemos de un buen sistema de transporte público que motive a la gente a dejar sus carros en casa. Los autobuses, en su mayoría, se encuentran en malas condiciones -es usual que se queden varados-, son sumamente incómodos (especialmente en época lluviosa), inseguros frente a la ola de asaltos o, simplemente, tardan mucho más que el vehículo para llegar de un punto a otro.

El tren, que podría ser un excelente remedio, se ha convertido en el hazmerreir. Constantes fallas mecánicas, saturación del servicio (sus vagones repletos a veces evocan la triste realidad de los trenes en La India) y los cada vez más frecuentes retrasos en el servicio, además de tener un horario limitado, hacen que mucha gente tampoco lo considere como una opción.

Frente a este panorama tan desalentador, ¿cuál solución salta a la vista? Bueno, no hay solución fácil en este tema. Por supuesto que, a largo plazo, lo ideal es ejecutar con prontitud los recursos disponibles para la construcción de nueva infraestructura o la ampliación y mejoramiento de la existente, lo cual implica corregur las fallas del MOPT y de las municipalidades. Pero en el corto plazo, puede haber una que otra salida que vale la pena valorar como paliativo.

No nos referimos a la restricción vehícular, que carece de sentido, toda vez que además de representar una limitación arbitraria e injustificable a la libertad de tránsito, ni siquiera ha dado resultados en cuanto a la disminución de consumo de combustible o de presas. La gente simplemente evita la zona con restricción aunque esto implique manejar mayores distancias o, como se dice popularmente, "se la juega" esperando no encontrar un Oficial de Tránsito. 

Las medidas que, a nuestro criterio, podrían contribuir en el corto plazo a reducir las presas no son nuevas, ni mucho menos las inventamos nosotros: se trata de teletrabajo y flexibilidad laboral. Con la primera, sería posible lograr que muchas personas dejaran de ingresar a la GAM y pudieran trabajar desde sus casas, lo que a su vez representa grandes ventajas para el empleado: no tendrá que gastar dinero en transporte, alimentación, vestido y, sobre todo, tiempo de desplazamiento, lo que le permitiría realizar otras actividades que mejoren su calidad de vida.

Por su parte, la flexibilidad laboral consiste en replantearse la idea antigua de que el trabajador tiene que pasar 8 horas sentado frente a un escritorio y dar paso a un trabajo por objetivos, de forma que la persona pueda cumplir con metas establecidas indistintamente del horario. Otra forma de ver esta medida es a través de la transformación de los horarios de trabajo propiamente dichos: en lugar de trabajar, digamos, 8 horas al día durante 5 días para un total de 40 horas semanales, se podría distribuir ese tiempo de forma distinta: por ejemplo, 10 horas por día durante 4 días, lo que permitiría tener ya no 2 días libres sino 3. En este caso, una medida como esta permitiría no solo que menos gente ingrese a las áreas congestionadas sino que también le daría al trabajador tiempo de descanso, que redundará en mayor productividad al regresar a labores, permitiría que las familias pasen más tiempo juntas (fortaleciendo los lazos y contribuyendo a reducir situaciones sociales problemáticas) así como  incentivar la economía, pues en los fines de semana largos, la gente tiende a pasear, lo cual se traduce en consumo de bienes y servicios que aumentarán la producción de otros sectores como turismo, servicios, etc.

En síntesis, queda mucho margen para pensar, para ser creativos en la búsqueda de soluciones que contribuyan a reducir el caos vial en el corto plazo sin perjudicar la libertad y los derechos de las personas.

Tema polémico: flexibilidad laboral

En ASOJOD consideramos que la forma más efectiva de eliminar el problema de la pobreza es por medio de la generación de empleo. Para poder lograr esto, se deben propiciar las condiciones necesarias para que empresas de capital nacional y extranjero se desarrollen. El Tem a polémico de hoy queremos dedicarlo a hablar sobre el tema de flexibilidad laboral como una herramienta para mejorar la competitividad del país y generar mayores oportunidades de trabajo.

Actualmente es normal que los países tengan leyes que regulan las condiciones laborales con el objetivo de proteger a los trabajadores y garantizar estándares mínimos de vida. Estas leyes, si bien es cierto se originan de buenas intenciones, en algunas ocasiones tienen un efecto contrario al que desean lograr. Leyes laborales de protección al trabajador muy rígidas normalmente desfavorecen a las personas que no tienen empleo, dado que desincentivan al empleador para contratar más personal o invertir más en el país.

Además, leyes laborales más rígidas no redundan en mejores condiciones de empleo. Según el reporte anual “Doing Bussines” presentado por el Banco Mundial, los países con mayor libertad en el tema laboral son Australia y Singapur. Estos países tienen tasas de desempleo de 3% y 1.7% respectivamente. Por otro lado, Costa Rica (que ocupa el puesto 110 de 183 países en este tema) tiene una tasa de desempleo de 5.5% y según recientes estimaciones de la OIT, podría llegar 7.8% en el 2009.

El tema de la necesidad de una reforma en el código de trabajo para permitir una mayor flexibilización en las jornadas laborales ha cobrado más vida recientemente a causa de la crisis económica global y de la cual Costa Rica no es ajena. Las empresas, para mejorar su nivel de productividad y ser más eficientes en tiempos de poca demanda, necesitan tener mayor libertad para modificar en forma estratégica sus jornadas laborales. Esta medida les ayudaría a superar la crisis con mayor rapidez y despedir a la menor cantidad de personas posible. Sin embargo, muchos grupos en el país se enorgullecen de que actualmente tenemos leyes laborales rígidas y más bien desearían que fueran aun más todavía. En ASOJOD hemos llegado a la conclusión de que hay personas que no reconocerían la realidad ni aunque les chocara directo en la cara.

El actual proyecto de ley N° 16030 “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores”, nos parece una buena medida para enfrentar la crisis y, de paso, abrir espacios para la libertad en las relaciones laborales. Este proyecto de ley propone nuevas medidas como la jornada de 12 horas diarias y la jornada anualizada. La jornada de 12 horas consiste en modificar la cantidad máxima de horas laborales diarias a un máximo de 12 respetando siempre el mínimo de 6 y el máximo de 48 horas por semana. Esto le permitiría a las empresas tener la posibilidad de trabajar 4 días por semana. La jornada anualizada propone darle a las empresas la libertad de cambiar sus jornadas laborales durante el año a turnos de un mínimo de 6 horas diarias para épocas de poca demanda y de turnos de máximo 10 horas diarias para épocas de alta demanda.

Estas medidas le permitirían a las empresas enfrentar la crisis con mayor capacidad estratégica y no está en detrimento de los derechos que tienen los trabajadores actualmente.También, con este tipo de reformas aumentaría la competitividad del país incentivando una mayor generación de nuevas empresas y una mayor llegada de inversión extranjera directa esto con el propósito de crear nuevas fuentes de empleo en el país.

Reconocemos que iniciativas como estas son necesarias, pero no suficientes. Para nosotros, es necesario avanzar hacia la flexibilización del marco jurídico laboral, no sólo modificando la jornada, sino también, eliminando salarios mínimos, privilegios sindicales, restricciones de despido, parámetros de contratación, cuotas de género, discapacidad o edad y cualesquiera otras disposiciones que signifiquen la intervención del Estado en relaciones que sólo deberían definir patrones y trabajadores, según lo que más convenza a sus interéses y en estricto apego a la oferta y la demanda.

Tema polémico: el alza en el desempleo

La nueva Encuesta de Hogares nos trae malas –pero esperadas– noticias:el desempleo ha aumentado en el último año. Mientras que en el 2008, el desempleo afectaba al 4.9% del total de la fuerza de trabajo, este año la cifra se disparó a un 7.8%. Por supuesto que la crisis internacional ha sido un factor relevante para dicho aumento, pero no el único. Aunque el Gobierno procure lavarse las manos, atribuyendo dicho crecimiento en el desempleo a causas exógenas, lo cierto es que en ASOJOD creemos que el statu quo en Costa Rica también es responsable de la situación, en particular, al obstaculizar el clima para hacer negocios y el emprendedurismo. Por ello, queremos aprovechar este Tema polémico para presentar presentar algunas propuestas que servirían a impulsar dichos rubros y, por tanto, generar mejores condiciones de vida en nuestro país.

En primer lugar, como lo hemos venido diciendo en anteriores ocasiones, la inseguridad ciudadana desincentiva la inversión en el país, tanto de empresas nacionales como extranjeras. Nadie va a querer arriesgar su capital si no hay garantías en el cumplimiento de la ley y en la protección de la propiedad privada.

En segundo lugar, hay que tener una política económica sensata. Las empresas tampoco van a invertir si existe una irresponsable emisión de moneda que cree inflación y aumente periódicamente sus costos y disminuya sus ganancias. Asimismo, se debe iniciar el camino a la dolarización, no sólo como mecanismo para impedir al Banco Central manejar la oferta monetaria, sino también, para compatibilizar las transacciones, pues gran parte de ellas ya se hacen en dólares (alquileres, precios de casas, carros, servicios, etc.) pero las personas ganan en colones.

Como bien se sabe, la inflación es el más cruel de los impuestos, ya que afecta más fuertemente a los trabajadores, que ven con cada día que pasa, reducido el poder adquisitivo de sus salarios. Además la inflación afecta la posibilidad de adquirir créditos a tasas bajas y por periodos de tiempo extendidos, dificultando la ampliación o creación de negocios existentes.

A la par de esto, es necesario consolidar la apertura en servicios como telecomunicaciones, electricidad, suministro de agua y seguros, pues los precios y calidad actuales no permiten la competitividad de las empresas instaladas en suelo costarricense. Al mismo tiempo, con la ruptura de monopolios y la eliminación de barreras a la libre competencia, tanto los usuarios empresariales como residenciales, se beneficiarán obteniendo mejor calidad y a un menor costo, con diferentes opciones a donde escoger, de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

En el mismo orden de ideas, hay que convertir a Costa Rica en una gran zona franca, dando un trato igualitario a todas las empresas como una forma de respeto al principio de igualdad ante la ley y Estado de Derecho básico, con el fin de abolir privilegios mercantilistas y aumentar la competitividad del país, para poder atraer más empresas y potenciar a las fundadas acá. Junto con esto, se requiere una apertura más agresiva al mercado internacional, tanto mediante la eliminación unilateral de aranceles para facilitar la importación, como por medio de la negociación con otras naciones para conseguir una entrada más beneficiosa de las exportaciones. Pero, sin dejar de lado, que la apertura comercial no debe limitarse únicamente a bienes y servicios, sino que también debe incluir libertad de movilización de capitales y fuerza de trabajo.

De igual forma, el tema fiscal se erige como fundamental para facilitar la creación e instalación de empresas. No es lo mismo tener que pagar un alto porcentaje en impuestos que una tasa más competitiva, como lo han demostrado Irlanda, República Checa, Singapur, entre otros. De ahí que se torne necesario avanzar hacia una simplificación y reducción de las tasas impositivas mediante el establecimiento de un flat tax bajo, generando con ello un clima favorable para el empresario y evitando la evasión fiscal, pero en especial, salvaguardando la propiedad privada de los individuos que, día a día, producen riqueza.

En cuanto al tema de trámites, es fundamental eliminar gran cantidad de trámites, permisos, licencias, etc. que sólo desincentivan la inversión y el emprendedurismo y, al mismo tiempo, son terreno fértil para la corrupción. No puede tolerarse que, en nuestro país, se tarde más de 150 días para montar un negocio y que, con este tipo de prácticas, se limite la oportunidad a cientos de personas que quieren empezar su emprendimiento o desean invertir sus recursos en actividades productivas.

Respecto a la parte laboral, hay que reconocer que la rigidez anticuada del Código de Trabajo debe de ser reformada, toda vez que vivimos en un mundo dinámico y cambiante que requiere que, tanto patrones como trabajadores, tengan la posibilidad de establecer las condiciones laborales que mejor se adapten a sus situaciones particulares, especialmente garantizando la libre contratación y despido, así como la libre movilidad laboral, acuerdos en que sólo deben intervenir las partes y no el Estado.

Como puede observarse, es mucho lo que hay que hacer y todavía faltaría detallar más propuestas. Pero son quizá estas las más importantes y las que mayor impacto tendrían si se quiere atacar el problema del desempleo. No es contratando gente para que caven huecos y luego los tapen (típica política keynesiana) que se resuelve este asunto; es eliminando la intervención del Estado y las grandes trabas que hoy afectan a los empresarios y consumidores, que la situación puede mejorar.

Libertad de horarios

Una de las discusiones que con más frecuencia se suele producir en el terreno de los establecimientos comerciales es la conveniencia o no de liberalizar su horario de prestación de servicios. De un lado se encontrarían los partidarios de eliminar cualquier restricción de tipo temporal que exista para su actividad pública. En el extremo opuesto se situarían los que piden que el Estado regule el tiempo que puede abrir cada comercio, de tal manera que esté prohibido abrir en determinados momentos.

Los que defienden las restricciones al horario de apertura aducen la indefensión que padecen los pequeños comercios frente a las denominadas grandes superficies. Según ellos, el pequeño comerciante partiría de una situación más desfavorable para competir, y si no se restringe de alguna manera las posibilidades del gran comerciante, las pequeñas tiendas acabarían por desaparecer. Por ello sería necesario que los horarios estuviesen perfectamente regulados por la administración, de tal manera que no sobrepasasen de manera ostensible la jornada de trabajo habitual. Para ello suelen pedir limitaciones de dos tipos: en el número de horas que se puede abrir a la semana, y en los días de apertura (generalmente obligando a cerrar los domingos y determinados festivos).

Los partidarios de la total libertad de horarios aducen que beneficia al consumidor, ya que éste puede comprar en el momento que mejor le viene, ya que muchas veces su horario habitual de trabajo coincide con el horario habitual de apertura de los comercios. De esta forma, si los comercios se encontrasen abiertos en otros horarios, podrían atender mejor a sus clientes.

La restricción de horarios comerciales no deja de ser una medida arcaica que resulta ser totalmente ineficaz en mercados en los que, cada vez más, van teniendo importancia distintos canales, como la venta a distancia e Internet. Además de que forzar a compradores y vendedores a realizar sus operaciones en el momento en que el legislador juzga conveniente, y no en el que a ambas partes acuerden, no deja de ser una restricción considerable en la libertad individual.

Si se quiere proteger al pequeño comerciante habría que preguntarse los motivos por los que se juzga necesaria tal medida. En una situación de libertad de horarios es precisamente el pequeño comerciante el que podría actuar con mayor flexibilidad. Esto se debe a que la mayor parte de pequeñas tiendas suelen ser de tipo familiar, y en ese caso, el apoyo de otros miembros de la familia le puede dotar al negocio de una flexibilidad superior al de las empresas de tamaño superior. Además, la cercanía de la cúpula de empresa al cliente le otorga una mayor velocidad de respuesta frente a las exigencias y cambios de gusto de la clientela.

No obstante, sí que es cierto que los pequeños comerciantes se encuentran con inconvenientes superiores que no tienen los de tamaño superior, y son los obstáculos de índole legal. Este tipo de traba se puede percibir en diversas operaciones, como por ejemplo, la contratación de personal a tiempo parcial. En una gran superficie si se desease aumentar en un 10% la plantilla, la operación no plantearía mayor problema, ya que dado su gran volumen de personal, este aumento se traduciría en la contratación de personal a jornada completa. No obstante, en el caso del pequeño comercio, realizar esta operación le supone recurrir a personal que trabaje a tiempo parcial, dada su reducida dimensión. Sin embargo, sus costos salariales no se van a incrementar en la misma proporción que en la gran empresa, dado que la legislación laboral, con sus distintas cargas y gravámenes, penaliza la contratación de personal a tiempo parcial. Así, si el pequeño comercio desea incrementar su plantilla para permanecer abierto un mayor número de horas, se encontrará con una desventaja competitiva de índole legal que elevará sus costos por encima de la gran empresa.

Estas barreras no sólo se limitan al campo laboral, sino que existen en diversas áreas. De nuevo, para la compañía de gran tamaño superarlas no le supone un gran esfuerzo, ya que se puede permitir contar un departamento legal que analice todos estos requerimientos. Sin embargo, un pequeño comercio no cuenta con un departamento legal, por lo que su capacidad competitiva se ve mermada.

A la hora de promocionar el pequeño comercio la respuesta no debería ser limitar la competencia, lo que siempre beneficia a las personas que ya están establecidas en el mercado, sino permitirle usar sus principales ventajas competitivas, la flexibilidad y la capacidad de adaptación a las necesidades del cliente, sin que el marco legal las limite. De esta manera competir con todas sus armas, respetando la libertad de compradores y vendedores.

Juan José Mora