La libertad de expresión es ese derecho humano fundamental que nos garantiza poder manifestar nuestras ideas y creencias. En él se fundan los valores que sustentan nuestra forma de vida, nuestra cultura y en gran medida los conceptos de democracia y convivencia.
La libertad de expresión es el camino ancho de las libertades, el puente que necesitamos para transitar de la libertad del pensamiento hacia la libre difusión de las ideas. Sin ese camino nos privaríamos de la información, de la prensa libre, de las creaciones artísticas y literarias, de las ideas y de la producción de conocimiento, es decir, sin ella no hay progreso humano posible.
Así, la libertad de expresión es para la sociedad el mejor barómetro de la sana democracia. Basta observar, por ejemplo, el funcionamiento de los medios de comunicación y valorar la independencia de los periodistas para saber si estamos en presencia de una sociedad libre y democrática, o si lo que existe es el eco del statu quo gubernamental, de las voces oficiales y las limitaciones a la expresión libre de la ciudadanía.
El auge de las plataformas de comunicación digital a través de las redes sociales ha planteado nuevos escenarios para la libertad de expresión. Hoy cada ciudadano con acceso a Internet tiene un camino tan ancho como nunca antes en la historia de la humanidad para pasar, casi sin filtros ni limitaciones, del mundo de las ideas al mundo de la difusión de las ideas. Con las nuevas herramientas digitales de comunicación quedó atrás la época en que ese salto era exclusivo para aquellos con recursos y acceso a los medios tradicionales de difusión de ideas.
La frase “todo tiempo pasado fue mejor” no puede estar más lejos cuando de libre expresión se trata, pero tampoco podemos ignorar que este nuevo mundo de las comunicaciones digitales y las redes sociales nos obliga a repensar aquella frontera, ahora tensa, entre la libre expresión y la responsabilidad ante lo manifestado.
El tema adquiere relevancia en Costa Rica cuando en los Tribunales de Justicia se desarrolla un juicio entre la ex presidenta de la República, Laura Chinchilla contra el empresario Alberto Rodríguez Baldí, teniendo como tema de fondo precisamente la supuesta difamación del Baldí contra Chinchilla, a través de redes sociales.
El resultado de este caso sin duda sentará un precedente en el país, pero la sentencia que dicten los jueces no nos debe confundir. El juicio de la expresidenta Chinchilla contra el señor Baldí no trata de reescribir los términos de la libertad de expresión, ni de interpretar su fundamento, garantizados ya en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, así como en Convenios Internacionales aprobados por Costa Rica y sentencias de nuestra Sala Constitucional.
El resultado de este caso sin duda sentará un precedente en el país, pero la sentencia que dicten los jueces no nos debe confundir. El juicio de la expresidenta Chinchilla contra el señor Baldí no trata de reescribir los términos de la libertad de expresión, ni de interpretar su fundamento, garantizados ya en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, así como en Convenios Internacionales aprobados por Costa Rica y sentencias de nuestra Sala Constitucional.
La libertad de expresión de la que gozamos sigue siendo la misma, y la responsabilidad que implica también, con o sin redes sociales. De lo que se trata es de madurar y comprender el uso de las nuevas herramientas de comunicación y sus implicaciones.
El precedente que siente el juicio entre Chinchilla y Rodríguez Baldí debe orientarnos hacia la correcta utilización de las herramientas de comunicación digital. La evaluación de las políticas públicas, así como la fiscalización de la actuación de nuestros representantes deben ser rigurosas, pero deben estar amparadas en la búsqueda legítima de la verdad.
Sin importar el resultado de la querella el tema debe estar sobre la palestra pública. El contenido del señalado artículo constitucional debe verterse e interpretarse a la luz del nuevo paradigma comunicacional que plantean las redes sociales. Ese es el reto que enfrentamos todos los usuarios de las redes sociales: entender hasta dónde podemos llegar, cuál es el límite, casi siempre difuso, entre la crítica legítima, sana, racional e informada, y el abuso en el ejercicio de este derecho.
