Entrevistada, la diputada Elizabeth Fonseca, ante una pregunta sobre si no es simple obstruccionismo desoír la voluntad del pueblo expresada en el referendo del 7 de octubre, impidiendo que se aprueben las leyes complementarias al TLC –parte vital e integral del Tratado–, esta señora dijo que “la gente votó en muchos casos ignorando las consecuencias que traerían estas leyes”.
Al erigirse en intérprete de la voluntad del pueblo, esta diputada desborda su mandato y se convierte en dictadora, al igual que la madre dominante que ante la decisión de su hijo mayor de edad de casarse con quién ella no quiere, insiste en oponerse porque “él no sabe lo que es mejor para él”, ella sí.
¿El pueblo no sabe? Arrogándose el conocimiento de lo que subyace en la conciencia del pueblo –o sea, conoce al pueblo mejor que el pueblo mismo–, para ella la decisión tomada en el referendo no vale, pues el pueblo que votó no sabe lo que es mejor para él, y ella sí. Y como el pueblo se va a arrepentir de esa decisión, entonces –como la mamá de marras– hará todo lo que esté a su alcance para impedir que esa decisión se concrete en hechos.
Al mismo pedestal ha ascendido Alberto Salom, quien se ha creído al pie de la letra eso de “padre de la patria” y quiere entregarnos inermes al hampa porque “los niños no deben jugar con armas”: sus acciones desbordan su mandato.
Dudoso honor compartido. Ambos diputados ocupan ahora el dudoso honor de haberse convertido en “Los dictadores del siglo XXI en Costa Rica”, al desobedecer la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Por supuesto, hay que tener clara la diferencia entre “diputado” (alguien que llena un puesto burocrático) y “legislador” (quien, en representación de la voluntad del pueblo, crea las leyes).
Espero que, como historiadora, la diputada Fonseca haga conciencia tanto de los alcances de sus actos como del juramento constitucional, sobre todo la última frase.
