La columna de Carlos Federico Smith: otra forma de proteccionismo

El estado no sólo protege a grupos con intereses especiales mediante la imposición de aranceles, que les protege de la competencia externa. Eso lo vivimos en el país en muchos productos, pero algunos son notorios, como el arroz, la carne de cerdo, res y pollo, la leche, el azúcar, que son sumamente importantes en el gasto de los ciudadanos, en especial los de menores recursos, en donde porcentualmente su consumo pesa más en el gasto total de las familias, comparado con el de los más ricos.

También se protege a esos intereses especiales cuando, con fondos públicos, se les otorga un subsidio para que así aumenten sus ganancias privadas, pero que es pagado por todos los contribuyentes de una u otra forma. Afortunadamente en Costa Rica no parecen existir muchos subsidios en efectivo, al menos a empresas, pero la intención de ponerlos sale a la luz surge cuando, por ejemplo, nos dicen que se debe subsidiar el uso de vehículos eléctricos en contraste con los usuales a base de derivados de petróleo, o cuando se hacen manifestaciones de que es necesario subsidiar el uso de paneles solares para producir electricidad, en vez de usarse otras fuentes de energía. 

Tal vez se pueden mencionar ejemplos de subsidios cuando RECOPE le vende a algunas empresas privadas el asfalto más barato que a otros consumidores o cuando se pretende cobrar (en otro monopolio estatal) un seguro por accidentes de tránsito, incorporado al llamado marchamo, un costo menor para un sector que es claramente más proclive a sufrirlos, caso de los motociclistas, cargándose, al mismo tiempo, un costo compensatorio mayor a otros grupos de menor siniestralidad (los carros corrientes).

Ahora estamos viendo una nueva versión de proteccionismo en nuestro país, cuando se pretende -otra vez con lo mismo- obligar a los consumidores, ya totalmente en manos de un monopolio, a que adquieran un cierto producto. Ese es el caso de la gasolina súper con un 10% de alcohol que, supuestamente a partir de mayo, los consumidores de ese producto tendrán que adquirirlo en una mezcla que tal vez no desean. Pero, lo que está, bajo el manto de dudosas aseveraciones de protección ambiental para justificar la medida, a quien en realidad se ayudará es al gremio especial de productores de caña azúcar, al convertirla en ese etanol de la mezcla.

No hace mucho se supo públicamente que la actividad cañera estaba “en problemas,” debido a la caída en los mercados internacionales del precio del azúcar. Uno ya casi que imaginaba el pronto aumento al consumidor nacional del precio que paga por ese bien, en beneficio de aquel gremio de un interés especial, protegida en su monopolio por un elevado arancel a las importaciones. Puede ser que, ahora, por circunstancias, los consumidores de azúcar no tengamos que pagar más, pero el subsidio lo logrará aquel grupo cobrándoselo a los consumidores cautivos de gasolina súper.
Ante eso pondrían a funcionar otro elefante estatal, la Fábrica Nacional de Licores, que se ha visto golpeada por la competencia en los últimos tiempos, pero la materia prima provendría de ese gremio privado de referencia.

Las circunstancias de los mercados internacionales encubrirán el verdadero objetivo proteccionista: los precios internacionales de los combustibles han caído fuertemente en días recientes, lo cual hasta ha permitido absorber el aumento en el tipo de cambio, que debería haberse reflejado en los precios en colones de los derivados del petróleo. Ante esto, ahora dirán que la mezcla de etanol con gasolina súper podría reducir su precio comparado con el actual, pero posiblemente eso no se deba al etanol de la mezcla con la gasolina, sino a un descenso en el precio de la gasolina, propiamente.

Dicho lo anterior, aparte de posibles costos en la producción de alimentos al dedicarse tierras a producir caña de azúcar, hay dudas acerca de si la mezcla con alcohol afecta los motores, lo sorprendente de este caso en concreto es el uso del poder monopólico del estado vía RECOPE, para imponer sobre los ciudadanos un producto que beneficia a un poderoso gremio de intereses particulares, sin siquiera valorar si conviene al país en cuanto a los costos y beneficios que implica. 

Claro, si hubiera competencia, el estado no podría abusar de tal forma de nosotros, consumidores cautivos, ni beneficiar a gremios privilegiados. Así, que nada le importa al estado invertir ¢12.600 millones en el proyecto si el resultado político pinta grande: (1) son ambientalmente “conscientes,” (2) favorece a un gremio de interés particular y ya sabemos qué significa el apoyo a cambio de la protección, (3) ponen a andar una maquinaria casi obsoleta de la Fábrica Nacional de Licores (todo dentro del estado) y (4) salvado por el momento del bajo precio internacional del combustible, dirán -falsamente- que el cambio al gasohol se traducirá en un precio menor al consumidor cautivo de gasolina súper en manos de RECOPE.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el recorte aprobadao por la Sala IV a las pensiones de lujo

Antes que nada, debo aclarar lo siguiente. Para mi comentario me baso en dos artículos diferentes de La Nación sobre el tema (aunque del mismo periodista). El primero, “Gasto de pensiones de lujo bajaría un 0.6% con tope” del 8 de noviembre, y el segundo, “Mayoría de pensionados de lujo podría evadir tope,” del día 16.

El problema es que hay una aparente divergencia entre ambas publicaciones, pues, si bien la primera señala que las pensiones de los regímenes llamados de Gobierno y de la Asamblea, limitadas por la reciente decisión de la Sala Constitucional ascienden a 387, en el segundo se señala que, en los regímenes de Gobierno y Asamblea, “la cantidad de pensiones afectadas “será inferior a 380” (ambas cifras muy parecidas). Pero, en las del Magisterio que se verían afectadas, según el primer artículo, serían de 374, mientras que en el segundo ascenderían a “menos de 200”, lo que mostraría una diferencia significativa entre los dos comentarios, pero ello se explicará luego.
 

Dicho lo anterior, como resultado total, según el primer comentario periodístico, se limitarían 761 pensiones de los regímenes de Gobierno y Asamblea, y del Magisterio, en tanto que, en el segundo reporte, serían “unas 580” las afectadas. Eso sí, sea cual sea el caso, las pensiones afectadas de esos regímenes serían de, más o menos, un 1% del total de los pensionados de lujo de esos regímenes (43.000 del Magisterio y 18.000 del Gobierno y Asamblea).
 

“Estos sistemas albergan 61.000 pensiones que se financian con impuestos, porque los beneficiarios no cotizaron lo suficiente para sostener las ventajas que tienen” (pensión del 100% del salario devengado más alto o retirarse a los 50 años), se indica en el primer comentario del medio.
 

¿Por qué fueron tan pocos los “afectados”? Según el fallo de la Sala IV, se conserva una excepción que exime del tope al pensionado que postergó, al menos un día, su fecha de pensión y porque el tope no se puede imponer a pensiones posteriores al 28 de diciembre de 1998, pues el fallo reconoce que la ley 7605 de esa fecha indica que ninguna de ellas “podría superar una cifra equivalente a 10 veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública.”
 

Dado las anteriores excepciones, tan sólo en el Magisterio, de los 1.884 pensionados con montos mayores a ¢2.7 millones, 1.510 pospusieron su retiro y, por tanto, el recorte no es aplicable, según la primera razón de exención que dio la Sala IV. Y, de esas 374 que serían limitadas (que fue lo que se indicó en el primer artículo citado), 174 se “salvarían”, pues las protege la segunda razón dada por la Sala.  (“Aunque podrían ser más,” señala el medio). Este segundo factor explica la diferencia en la comparación de los dos artículos periodísticos mencionados.
 

Lo crucial es no echar las campanas al vuelo de que ya se han eliminado las pensiones de lujo. Lo aquí expresado es un pedacito de ese esfuerzo (incluso de muchos ciudadanos en las redes). Lo mejor ahora es apoyar la reforma que se pretende hacer en la Asamblea, que unificaría todos los sistemas de pensiones en uno sólo: el IVM de la Caja. Así se terminaría mucho del privilegio de esos regímenes de pensiones de lujo.
 

Además, es sorprendente que la mayor reticencia a las reformas se está encontrando en el Poder Judicial (sí, el mismo que terminará fallando en lo correspondiente), pues, por el momento, sólo se ha logrado algo (aunque relativamente pequeño), en los regímenes de pensiones de Gobierno y Asamblea, y del Magisterio, pero no en el exuberante del Poder Judicial.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿y quién va a pagar por esto?

Ya lo sé. Habrá quien piense que esta es una pregunta estúpida. Pero, me parece conveniente enfatizar que será usted, que seré yo y que seremos todos los contribuyentes al sistema de la Caja del Seguro Social, quienes tendremos que pagar por las pérdidas provocadas por la huelga reciente en esa entidad. Y no es poca cosa: estimaciones preliminares hechas por ese ente indican que, al momento en que se dio a conocer a los ciudadanos, la pérdida será, como mínimo, de ¢12.000 millones.

La información proviene de un artículo de La Nación del 21 de octubre, titulado “Huelga costó a la Caja al menos ¢12.000 millones,” pero creo que es un título verdadero a medias, pues, en realidad, es un costo que nos fue ocasionado a todos los costarricenses por un grupo de huelguistas en días anteriores (estimación de la huelga que duró del 10 de setiembre al 10 de octubre).
 

Pero, quedemos claros: esas son estimaciones preliminares pues, según lo señaló al medio la Gerencia Médica de la entidad, dicha información tiene que ajustarse por “el dato de los funcionarios participantes en la huelga y con los requerimientos de las diferentes unidades de la Caja para mitigar las secuelas de la protesta de los servidores.” Aquella estimación de ¢12.000 millones “incluye los pagos de horas extra y la contratación de personal adicional”, así como “la compra de servicios de lavandería y nutrición” y lo que la Caja denomina “oportunidades perdidas,” que es “el valor de las consultas y cirugías programadas y que no se pudieron realizar.” 

Según la Caja, el total de citas perdidas fue de 129.935, de las cuales 80.949 eran con médicos generales, 40.567 con médicos especialistas y 8.000 con otro personal como trabajadores sociales, psicólogos y nutricionistas. Hasta el 10 de octubre se habían perdido 3.706 operaciones y se estimó que podrían ascender a 4.000. Gracias al Expediente Digital Único de Salud se atendió a enfermos en los hospitales. Así, las citas perdidas no fueron lo elevadas que podrían haber sido sin ese instrumento de control.

Aquellos datos de costos en que incurrimos los costarricenses por esa huelga en la Caja, obviamente no miden los costos que personalmente experimentaron, incluso en el control de su salud, todos aquellos que no tuvieron los servicios normales de la Caja, costos que van desde adquirir servicios médicos fuera de la Caja, pedir permisos en los trabajos para ir a la nueva oportunidad de cita que se les dio, costos de transportarse a los hospitales y llegar darse cuenta de que no los atenderían, teniendo que volver luego a recibir el servicio, e incluso por dolores que muchos sufrieron durante esa espera del cuido necesario y no me atrevo a pensar que, por la huelga, hasta muertes pueden haberse dado, al no tenerse el servicio de pleno funcionamiento de la Caja.
 

Por eso, aquella pregunta “estúpida” me permitió hacer ver la ausencia de misericordia ante el dolor ajeno que exhiben ciertos huelguistas insensatos, además del costo pecuniario para la Caja; esto es, para los contribuyentes, quienes siempre son los que terminamos pagando esas injusticias.

Jorge Corrales Quesada