Lo s incentivos tienen efectos

Como noticia, el fenómeno que señala La Nación en su comentario del 8 de julio, “¢55.000 millones en ayuda social van a personas sin necesidades,” no es algo nuevo. Lo que sí es noticia es que, a pesar de esfuerzos reales o sólo simbólicos para poner orden en esa situación, las cosas no han variado mucho.
 

Ya en el 2015, el Estado de la Nación había informado de “personas de clase media y clase alta que recibían ayuda social”, así como también eran conocidos casos de gente que recibió bonos de vivienda sin cumplir con los requisitos o que una vez obtenidas los dueños las han alquilado y se han ido a vivir a otras. Tampoco han faltado cuchicheos acerca de gente que recibe tres o cuatro ayudas de diferentes entes estatales, para superar supuestas condiciones de pobreza. Pero, ahora con este informa que de nuevo hace el Estado de la Nación, basado en estadísticas del INEC conocidas como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el lapso 2016-2018, se valora, con datos, la magnitud -en lo posible- de fondos de programas de bienestar que van a dar a personas que bien se pueden mantener por sí mismas.
 

Incluso quien fuera ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, tomó medidas ante el primer informe citado del Estado de la Nación, lo que, según La Nación, logró disminuir el porcentaje de filtraciones (eufemismo empleado para señalar a personas que, sin tener los requisitos usuales de pobreza, reciben fondos de beneficencia estatal, que, vale la pena recalcar, no son sino fondos aportados por los ciudadanos contribuyentes) “de 29.6% a 22.3% entre el 2014 y el 2015.” Pero, para los años siguientes, indica el medio, el porcentaje de filtraciones se mantiene prácticamente similar.” (Me trajo a la memoria una persona amiga que le dio el voto al gobierno actual, porque en campaña le dijeron que le darían “una casita”. Por supuesto que no le han cumplido, pero habría que ver si las promesas de campaña se han traducido en una realidad).
 

En este último informe del Estado de la Nación, se indica que, de los ¢55.000 millones, ¢30.000 van a dar a esos infiltrados o colados en el IMAS (que creo es el ente más grande de subsidios de ese tipo, como alimentos, vivienda y educación) y ¢25.000 millones del Régimen no Contributivo de la Caja, según señaló una persona que conoce mucho de estos asuntos, el economista don Juan Diego Trejos.
 

Todavía más es que un 18.4% de quienes reciben ayudas son familias que “no la necesitan, porque sus ingresos son mayores” que los requeridos para recibirla, así como que 34.000 hogares que las reciben no son pobres y 1.050 hogares tienen ingresos superiores al millón de colones al mes y que con todo y eso reciben esos aportes estatales. Este tipo de fenómeno de infiltración o “colazón” también se presenta en el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y los CEN-CINAI.  

A su vez, el informe indica que hay tanto como “270.000 hogares en condiciones de pobreza (que) no son atendidos por el IMAS.”

El estado, indica el medio, tiene un proceso de control llamado Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), que reune toda “la información socioeconómica del 80% de la población costarricense,” aunque el medio indica que “no hay garantía de que el SINIRUBE se ponga en práctica en todas las sedes que otorgan ayudas a los segmentos más vulnerables del país y esto facilita que las filtraciones persistan.”

Lamentablemente, la filtración sucede hasta en “las mejores familias.” Por ejemplo, existe en países muy desarrollados como los Estados Unidos, pero es de esperar que la ayuda estimule a que haya quienes la prefieren a la opción de trabajar (eso en el marco de un desempleo elevado) o bien trabajan subterráneamente y complementan sus ingresos familiares con esos programas asistenciales. Los incentivos conducen a que sea la búsqueda de subsidios, necesario o no según la situación de pobreza, en vez de procurarse recursos mediante el esfuerzo propio.
 

El artículo es omiso en cuanto al origen de esas familias que reciben ayuda social. No es con afán chauvinista, pero, bien podría ser que la facilidad con que se logra esa ayuda, su monto y su diversidad de razones para recibirla, se conviertan en factor que atrae personas de otras naciones, principalmente vecinas, dada su situación peor en sus naciones de origen.
 

No deja de ser importante recordar que toda esa ayuda proviene de los contribuyentes y que ese uso de fondos para esos fines deja al país sin posibilidad de dedicarlos a otras cosas que los ciudadanos podrían considerar como mejores, ya sea mediante la acción personal de cada uno o para la provisión de bienes públicos por el estado. De esto casi no se habla en el país.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: a dónde moran más pensionados de lujo

Es en el sistema de pensiones del Magisterio y del Poder Judicial en donde se encuentra el mayor número de pensionados de lujo. Eso lo informa La Nación en su comentario del 18 de abril, “Corte y Magisterio tienen más pensionados de lujo.”

Alguien podría señalar que eso es esperable, pues el sistema de jubilaciones del Poder Judicial y el del Magisterio son los que tienen más pensionados. Lo cierto es que eso no sólo se da en números absolutos, sino también en el porcentaje de pensionados de lujo dentro del régimen correspondiente.
Veamos algunos datos
 

1. En el régimen de pensiones del Poder Judicial hay más o menos 4.000 pensionados. De ellos, 1.200 personas son de lujo (definidos por el medio como aquellos que tienen una pensión superior a los ¢1.57 millones, la pensión más alta dentro del IVM de la Caja de Seguro Social). Esto significa que un 30%, aproximadamente, son pensionados de lujo en el régimen de pensiones del Poder Judicial.
 

2. En el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) hay 48.256 ya pensionados y, de estos 6.900; o sea, el 24.3% son pensionados de lujo.
 

3. En otros regímenes de pensiones, como el de la Asamblea Legislativa y el de Hacienda, hay 1.702 pensionados de lujo, de un total de 25.844 pensionados; es decir, un 6.6%.
 

4. El régimen de Hacienda y el RTR fueron cerrados en 1992 y su financiamiento proviene del Presupuesto Nacional.
 

5. En el caso del IVM de la Caja, la pensión mayor es de ¢1.57 millones y la obtiene el 0.6% del total de pensionados.
 

6. Aquel porcentaje tan elevado de la Corte, se debe a que la pensión era del 100% de los mejores 24 sueldos recibidos, pero eso cambió en abril del 2018 a un 82% del promedio de los últimos 20 años, criterio que regirá a partir de noviembre del 2019. Sigue, sin duda, siendo muy elevada, comparada con la de la Caja.
 

7. Para los sistemas de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, como son los de Hacienda y el de RTR, la pensión se calcula con base en el promedio de los12 mejores salarios de los recibidos en los últimos 24 meses. Sigue siendo muy elevada.
 

8. En cuanto a promedios de pensiones, mientras que en la Corte fue de ¢1.6 millones (casi igual a la más alta del IVM), el del RTR del Magisterio fue de ¢1.1 millones (todos a mediados del año pasado). La pensión promedio del régimen de la Caja es de ¢386.800 (una cuarta parte comparado con lo que recibe el pensionado promedio del Poder Judicial). Obviamente, estamos hablando de promedios y no de las más altas de cada uno de los regímenes de la Corte y del Magisterio.
 

9. Para junio del 2018, en el régimen de la Corte había 6 pensionados con montos brutos superiores a ¢9 millones, pero, el año pasado se reformó para que las pensiones superiores a ¢4.2 millones mensuales, pagaran un aporte solidario. En el neto, esto es, después de ese aporte, siguen siendo muy elevadas, porque probablemente no hayan cotizado lo suficiente como para recibir tales cantidades.
 

10. También en el RTR hay pensionados con pensiones mensuales brutas “de hasta ¢12 millones.”
 

11. “El fondo de pensiones complementarias del Banco Nacional, tiene un beneficio superior al IVM” de la Caja.
 

La información que brinda el medio fue dada a conocer por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en su Informe de Coyuntura y Supervisión del Sector Pensiones.

No olviden, que también esas pensiones de lujo tienen la característica de que, lo aportado por el beneficiario, más los intereses generados por sus aportes al sistema, no es suficiente para cubrir tal pensión, por lo que la diferencia se carga, de una u otra forma, sobre los ciudadanos contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: unidos ante la amenaza a "nuestros" privilegios

Era esperable que, incluso ante una relativamente pequeña reducción o freno a privilegios incorporada en el paquete tributario recientemente aprobado, en su defensa y conservación, los rectores de las universidades estatales (UCR, Tecnológico, UNA, UTN y la UNED) se unieran para pedirle al presidente de la República, que a esas entidades no les fueran aplicadas, según lo definieron en un acuerdo del Consejo de Rectores (la tribu) del pasado 21 de febrero.

Las reformas cuya puesta en práctica se objeta para las universidades públicas, se refieren a la dedicación exclusiva, para que sólo se pague un 25% adicional del salario a licenciados y un 10% a bachilleres, mitad de las actualmente vigentes. Asimismo, en cuanto a la cesantía, la reforma requiere que haya un tope de 8 años, tal como está en el Código de Trabajo, y que a los que trabajadores cubiertos por convenciones colectivas, no excedan de los 12 años. También, en cuanto a las anualidades, en vez de ser un porcentaje del salario, lo sea en un monto fijo. En lo que trata de la evaluación de desempeño, así como que, en general, las reformas que está diseñando el gobierno para poner orden, regular los incentivos y las escalas salariales dentro del sector público, no les sean aplicadas, dejando que lo sea según una decisión propia de esos entes.

Todo forma parte de una andanada de rechazos en defensa de una serie de privilegios, como lo fue la gestión legal de los rectores para que se les mantuvieran los ¢10.000 millones que los diputados “le quitaron” al llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que inicialmente para este año era de ¢511.000 millones (sí, leyó bien). O sea, apelan legalmente para que una pequeñísima reducción del 1.96% por ciento de la trasferencia no se lleve a cabo. No olviden que son dineros que, de alguna forma, los ciudadanos han pagado con impuestos al fisco y el gobierno transfiere nuestros recursos para la operación de esas universidades. (En realidad, ese monto de ¢511.000 millones es sólo para la UCR, la UNA, el Tec y la UNED, pues, además, sólo para la Universidad Técnica Nacional se destinan por la vía del presupuesto gubernamental casi ¢35 mil millones).

El argumento que da base a la petición de los rectores, es que las universidades públicas gozan de autonomía y, por tanto, que esas decisiones legisladas en el paquete tributario citado no les son aplicables: que la autonomía universitaria es constitucionalmente distinta a la que gozan los llamados entes descentralizados, de forma que el Poder Ejecutivo no tiene jerarquía alguna sobre ellas en ese aspecto financiero, como también lo es en lo administrativo. En sencillo, se sienten independientes: una especie de repúblicas autogobernadas dentro de una República nacional, la cual, eso sí, les transfiere obligatoriamente recursos que todos los costarricenses aportamos por la vía de los impuestos.

Como dijo uno de los rectores de esas universidades, “no podemos ser reformados vía decreto, ni porque lo diga un diputado ni la contralora,” pero es de esperar que esa independencia y autonomía, entendible para su estructura administrativa interna, se extienda a que esas universidades generen los ingresos necesarios para sus gastos. Que sean autosuficientes, emancipados del gobierno nacional.

Hoy la quieren toda de todas: que les paguemos el gasto que deseen “autónomamente” llevar a cabo, pero liberados de que, quienes pagamos por medio del estado, la ciudadanía, no tenga forma alguna de detener un gasto que juzgamos sobredimensionado. Yo creía que en Costa Rica el poder soberano descansaba en la ciudadanía y no en una entidad gubernamental, que se arroga total independencia constitucional de la voluntad general.

La situación es que, sencillamente, las universidades públicas forman parte de un estado cuyas finanzas hacen aguas y que, en este terruño, sólo hay una República, no varias independientes. El día de mañana, bajo el prurito de autonomía, nos confiscarán más y más fondos por la vía de impuestos, cobrados por el gobierno para transferirlos luego a los administradores de esas universidades, para hagan lo que a ellos les parezca.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Banco Popular, otro feudo estatal bajo la lupa

Recientemente, un informe confidencial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) del 6 de setiembre pasado y comentado por La Nación del 8 de octubre, bajo el encabezado “SUGEF cuestiona nombramientos en gerencias del Banco Popular,” señala una serie de decisiones tomadas por la Junta Directiva de ese Banco, por las cuales “se incurrió en observancias a sanas prácticas de buen gobierno, así como incumplimientos de la normativa interna y externa,”
 

Los tres funcionarios cuyos nombramientos se cuestionan son el gerente general, de apellido Rodríguez, y dos subgerentes, de apellidos Aguilar y Rodríguez. Ellos fueron nombrados por un período de 5 años, por un procedimiento disputado por la SUGEF.
 

En esencia, la Junta Directiva del Banco aprobó el 22 de mayo pasado los elementos de idoneidad y perfiles que deberían tener los tres nuevos funcionarios. Pero, poco después, el 24 de mayo, la Junta nombró en los nuevos puestos a Rodríguez, anterior gerente de Popular Pensiones, así como a Aguilar, quien fungía como director de riesgos del grupo bancario, y el 4 de junio a Rodríguez, quien estaba a cargo del puesto de bolsa del Banco, sin que el Banco hubiera definidos los nuevos cargos y el rol que desempeñarían los nuevos funcionarios.
 

La SUGEF advirtió que la misma semana en que la Junta empezó “a analizar los atestados de los candidatos, coincide con la fecha de designación.” Asimismo, la SUGEF “criticó que la selección de los gerentes fuera hecha de forma exclusiva por la Junta Directiva” sin acudir a asesores externos especialistas en selección de personal. Igualmente, que no hay evidencia de que la Junta entrevistara a alguno de los candidatos a esos puestos y tampoco aparecieran “en los expedientes suministrados… pruebas aplicadas a los candidatos, como, por ejemplo, pruebas psicométricas, pruebas de habilidades, pruebas técnicas, ni estudios de carácter económico y social, entre otros.” Además, se refiere el informe de la SUGEF, que hubo directores del Banco que “conocieron la lista completa de candidatos una semana después de nombrados el gerente y subgerente.” Esto último sorprende, pues a la hora de votación de los directores no se les presentó el informe correspondiente con la totalidad de los candidatos, o bien, sólo unos sí lo sabían, mientras que otros no.
 

Pero hay más. En cierto momento se les nombró ganando un sueldo (no se indica si a los tres referidos o sólo a alguno de ellos) de ¢12.6 millones mensuales (me imagino que es sueldos más pluses, pero que no incorpora salarios en especie), si bien ya existía una directriz de la presidencia de la República en cuanto a un tope de ¢9.5 millones al mes, para los gerentes de los bancos estatales. Este salto olímpico a la directriz se tradujo en que el gobierno suspendiera a sus tres representantes en la anterior Junta Directiva del Banco. (Antes de esa directiva presidencial, el sueldo del gerente del Banco era de ¢16.5 millones mensuales).
 

La SUGEF indica que, cuando se nombró a estos tres funcionarios, el Banco no tenía “una política de remuneraciones para la alta administración aprobada y de fácil acceso público,” así como que los directivos “eligieron a los gerentes, pese a que incumplían con requisitos para ocupar puestos claves, dictados por el propio Banco y la SUGEF.” Así como que el nuevo gerente general “no tenía experiencia en alta gerencia a nivel corporativo en instituciones públicas o privadas.” Similarmente, que el subgerente Aguilar no “cumplía con el requisito de contar con al menos cinco años de experiencia en puestos de alta gerencia,” y que no hay evidencia de que el subgerente Rodríguez tuviera estudios “con especialidad en finanzas internacionales o administración de proyectos.”
 

Bueno, todo se cocinó dentro de casa. Y pensar que todos los trabajadores del país se ven obligados a cotizar, como parte de las cargas sociales, un 1% de su salario, si bien les será devuelto después, pero, también se obliga al patrono, que incluye al estado y, por tanto, se hace con los fondos de todos los ciudadanos, a desembolsar el 0.5% del salario, para que pase a ser propiedad del Banco. Creo que es hora de que esa transferencia totalmente innecesaria para el Banco cese y que opere por su propia gestión, no con subsidios de la ciudadanía. Como diría alguien, “ya están muy grandecitos” para requerir subsidios pagados por todos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el alza en la bolsa de Nueva York

Hace pocos días, preocupada por el magro comportamiento del empleo en la economía estadounidense, el Banco de Reserva Federal de ese país (la FED), decidió aumentar notablemente la cantidad de dinero en circulación, mediante la adquisición de activos financieros en los mercados, lo cual implica que la tasa de interés de mercado no aumente y posiblemente descienda. Se supone que, al ingresar esa cantidad de dinero a la economía, se garantiza a las empresas que pedirían prestado para invertir, que no vaya a aumentar el costo de ese endeudamiento y que posiblemente hasta se reducirá ligeramente. Al realizar las empresas dichas inversiones, aumentará su demanda de trabajadores, contribuyendo, presuntamente, a que se reduzca la elevada tasa de desempleo vigente en la economía.

Para obtener una mejor perspectiva de la magnitud de dicha expansión monetaria, el monto designado por la FED para esta nueva emisión es de 40 mil millones de dólares por mes. Lo que llama la atención es que en esta ocasión dicho monto se adjudicará mes tras mes de forma ilimitada, hasta que la situación de desempleo no muestre un considerable progreso. Al tratarse entonces de una emisión monetaria sin límite en términos del plazo, podríamos estar en presencia de un tsunami monetario. La medida tomada por la FED no es sino la evidencia de que ha fracasado la política monetaria que hasta el momento esa entidad ha seguido, para sacar a los Estados Unidos de la recesión. Lamentablemente lo único que ahora se le ocurre a la FED es más  de lo mismo: echar más dinero a la calle.

El problema con esta última medida es que la FED ya la ha utilizado en el pasado reciente a fin de lograr esa meta de menor desempleo, pero ha fracasado, puesto que la mayor emisión de dinero no se ha traducido en nuevas inversiones, sino que se han posicionado dentro de las cuentas de los bancos, que han visto como el costo de ese dinero se ha reducido sustancialmente.

Una pregunta posible es ¿por qué los bancos comerciales, al tener esa mayor disponibilidad de recursos, no lo han prestado a empresas para que los inviertan? La razón que se ha aducido es que no hay demanda por los bienes y servicios que se producirían con esas nuevas inversiones. La propuesta que entonces se sugiere es que aumente el gasto gubernamental en la economía, para sustituir la insuficiencia de demanda privada.  Eso ya lo ha puesto en práctica la administración Obama en el pasado, lo cual en parte explica los enormes déficits y el elevado endeudamiento de ese país.  Dicho endeudamiento ya ha superado los 17 millones de millones de dólares (17 trillones en Estados Unidos), deuda fundamentalmente generada durante la actual administración Obama.

Por ello, ante la seria crisis fiscal, las posibilidades de aumentar el gasto, dado el enorme déficit y el monstruosamente alto nivel de endeudamiento del estado, parecen ser nulas, además de inefectivas, en cuanto a  resolver el problema, tal como ya ha llegado a comprobarse.

Pero, de nuevo, ¿por qué las empresas no demandan de los bancos comerciales los fondos tan baratos que allí existen para realizar sus inversiones? Antes de tratar de dar una respuesta a esta pregunta, trataré de responder otra: ¿por qué, si la situación de la economía estadounidense es tan mala, el tal vez principal indicador de la actividad de los negocios de ese país, el llamado índice Dow Jones (DJ), muestra un comportamiento claramente al alza? Es más, no tan sólo “claramente”, sino  pronunciadamente al alza, a partir de su punto más bajo en marzo del 2009.

Se ha dicho que el DJ de cierto momento refleja el comportamiento futuro esperado de la economía para los inversionistas. En otras palabras, lo que indica el índice DJ en un instante dado es lo que, en opinión de los inversionistas, es el comportamiento futuro de las empresas que forman parte de dicho índice. Se dice que el DJ “mira hacia adelante” (forward-looking, en inglés). Por ello, si bien el comportamiento de la economía en este momento no es nada halagüeño, un indicador alto del DJ podría reflejar que, en el futuro, el crecimiento de la economía será altamente positivo y por ello deciden invertir en la actualidad en esas empresas. De esta manera, no hay una inconsistencia entre la existencia de una mala situación económica y un futuro más brillante, pues el DJ estaría reflejando esa expectativa de ese mejor futuro. 

En mi opinión, eso es lo que sucede fundamentalmente en la actualidad con el DJ.  Por supuesto que hay otros factores que han estado incidiendo en los últimos tiempos en el comportamiento tan positivo del DJ, como pueden ser la propuesta de solución a la grave crisis actual de la mayor parte de las naciones europeas o bien la decisión de la FED antes citada, que abarata, al menos en el corto plazo, el costo de financiamiento en la economía. Sin embargo, en este último caso, es necesario advertir que esa excesiva expansión monetaria se reflejará a largo plazo en inconvenientes presiones inflacionarias.

Lo cierto es que en la actualidad las empresas no están invirtiendo, porque hay una enorme incertidumbre por lo que pueda pasar con los impuestos, a relativamente  corto plazo, en la economía estadounidense.  Al menos la administración Obama ha insistido en que, para disminuir su enorme déficit y su mayor deuda, aunque tal vez en verdad simplemente sea para financiar un nuevo mayor gasto estatal, acudiría a aumentar, en una eventual próxima administración de Obama, los impuestos a las empresas.  Ante ello, por el momento las empresas prefieran esperar y no endeudarse en nuevos proyectos, aun cuando el costo de dicho financiamiento se haya abaratado, dada la política monetaria expansiva de la FED. Las expectativas tributarias parecen ser diferentes con una administración del ex gobernador Romney, quien ha anunciado, como base de su política fiscal, una reducción de todas las tasas de imposición sobre la renta, independientemente del nivel de ingresos de los contribuyentes.

La incertidumbre tan grande, que hace que las empresas no se endeuden en la actualidad en proyectos de inversión, no disminuirá sino ante los resultados electorales del próximo mes de noviembre. En ese momento, de ganar Romney, los bancos quienes se encuentran actualmente exageradamente pertrechados con una enorme cantidad de recursos prestables a costos muy bajos, podrán prestar. Con ello, obtendrán jugosas ganancias ante una renovada demanda de fondos por parte de las empresas, quienes ya no enfrentarían la amenaza de la administración Obama de tener incrementos en sus impuestos. Por supuesto, que estas inversiones empresariales se convertirán en el generador de nuevos empleos altamente deseados en la economía.

Mi opinión, evidentemente, descansa en una serie de conjeturas, pues incluso las opiniones que he podido obtener al respecto muestran que existe una gama muy amplia de criterios.  Incluso alguien podría decir que una opinión similar a la mía podría ser expresada por Madame Gandara o Mynor Kayyam. Reconozco que bien podrían hacerlo, pero los que definirán los resultados serán los electores estadounidenses en noviembre de este año. Espero que no sea el espectáculo y la frivolidad expuesta por la administración Obama, de no asumir responsabilidad alguna por la mala conducción de la economía norteamericana durante estos últimos cuatro años, el que defina el voto de los ciudadanos: el costo de seguir cuatro años más con políticas económicas antitéticas al crecimiento de la economía estadounidense, es muy elevado, como lo atestiguan hechos recientes como la enorme deuda externa, el poco crecimiento del ingreso per cápita, el empeoramiento del porcentaje de pobres en esa nación y las notorias tasas de desempleo y sub-ocupación, sobre todo en los grupos de personas más desvalidas.

Jorge Corrales Quesada