La columna de Carlos Federico Smith: las buenas intenciones no son suficientes

No tengo por qué dudar de las buenas intenciones de la diputada Marulin Azofeifa, al presentar su proyecto de creación de un colegio de estilistas y afines, por el que sólo podrán ejercer sus oficios estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas. Pero, las buenas intenciones no son suficientes; también deben ponderarse los efectos de su propuesta.

La diputada considera que, con la creación de ese colegio, se protegería a los consumidores de daños por personas posiblemente no capacitadas para dichas prácticas, así como también habría se daría protección a miembros de esos oficios, ante otros que simplemente entrarían a competir “deslealmente.” 

Pero, esas buenas intenciones aparte, espero exponer con buenos argumentos económicos, sociales y políticos, cómo es que podemos estar en presencia de un caso más, en que no se toman en consideración consecuencias derivadas de la puesta en práctica de una política que, por ley, exigiría una serie de requisitos, esencialmente la membresía en dicho colegio, para poder trabajar en esos oficios.

Y las consecuencias no previstas de tal propuesta, a las que me referiré luego, son especialmente vitales en nuestro país, cuando se tiene información reciente sobre la situación del empleo en la economía, por parte de la Dirección General de Estadística y Censos, del último trimestre del 2018, la cual indica que la tasa de desempleo llegó a un 12%, aumentando un 2.7% de la del mismo período del año previo. Son 294.000 personas las que están en busca de un empleo y no lo tienen.
 

Asimismo, la tasa de subempleo, que se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo de personas que trabajan menos de 40 horas a la semana y que andan buscando más horas de trabajo, pero no lo encuentran, para el último trimestre del 2018 fue de un 9%, un punto mayor que la equivalente del año anterior.

El llamado empleo informal, que incluye a trabajadores no inscritos en el Seguro Social, ayudantes no remunerados, y trabajadores por cuenta propia en empresas no inscritas como sociedades, fue de un 44.9% en el cuarto trimestre del 2018, un aumento del 3.8% al dato equivalente de un año anterior, según la Encuesta Continua de Empleo de la Dirección de Estadística y Censos.

Por esta razón esencial, resulta crucial analizar los efectos esperados sobre el empleo y el desempleo ante la obligación de colegiarse para ejercer los oficios arriba citados. Esa afiliación obligada será una barrera más al ingreso de trabajadores en esas ocupaciones y, principalmente, por la naturaleza de esos oficios, generalmente de trabajadores relativamente poco calificados y posiblemente de capas de ingresos inferiores. 

Al limitar las posibilidades de trabajar sólo a quienes lleguen a ser miembros de ese colegio, verán reducirse la oferta de competidores, pues el costo de ingresar al mercado de esos oficios aumenta, con la colegiación obligatoria, en comparación con otras actividades. Los miembros del colegio así posiblemente verán aumentados sus ingresos. Pero, además, algo fundamental en esos colegios “profesionales” es que fijan tarifas o precios mínimos por los servicios que regulan, los que pueden ser impuestos gracias a la menor competencia que habrá y que permitirá elevar los costos a los usuarios de esos servicios.
 

Por eso, si bien la propuesta de ley favorecería a los beneficiaría a los que se integren a dicho colegio, perjudicará a los consumidores en general y, particularmente, a aquellos potenciales oferentes de los servicios regulados, quienes no puedan ejercer libremente sus capacidades debido a la limitante que ejerce la colegiación obligatoria.
 

Una vez que entren en funcionamiento el colegio y su política restrictiva y su fijación de precios mínimos obligatorios, da lugar a una protección a los miembros ya establecidos del colegio, e impedirán, al surgir una serie de regulaciones, que entren más miembros a ese colegio, haciendo más costosa su membresía y pertenencia al colegio. Pero, los ciudadanos consumidores no quedan protegidos de modo alguno por ese colegio que se crea, como asegura su proponente, para proteger a personas de malas prácticas. Pero, el incentivo es para que suceda precisamente lo contrario, pues, al ser menos los oferentes de los servicios, a precios ya establecidos mencionados antes, la calidad se deteriorará, pues las disponibilidades de oferentes de los servicios se ven restringidas.
 

Y hay más. Cuando los ciudadanos encuentran que el servicio de los “colegiados” es más caro y de menor calidad, tenderán a proveérselos a sí mismos, lo cual sí puede dar lugar a problemas por accidentes o daños.  Es natural que al “incitar” debido a un costo y calidad menor del servicio, que las personas lo busquen y no necesariamente son conocedores de las características de un servicio, el cual ya es poseído por otros proveedores especializado que se los han dado hasta el momento.
Muchos de esos servicios que se piensan sujetar a las restricciones del colegio, ya son disfrutados por muchas personas, las cuales conocen a sus proveedores. Es un conocimiento adquirido por los clientes, incluso con episodios de insatisfacción ante la calidad y el precio que pueden haber tenido de alguien que les diera ese servicio, pero, con base en ese tipo de experiencias, han llegado a familiarizarse y aceptar que una persona conocida, a un precio y calidad acordada entre las partes, le brinde el servicio, sin que esa persona sea miembro de colegio alguno.
 

Pero, justamente, alguien que da esos servicios a clientes y que, al no ser miembro de ese “colegio” hoy lo ejerce, estaría, en el futuro, sujeto al delito de ejercicio ilegal de esa profesión, si siguiera ejerciéndolo. Incluso se expone a ser denunciado por alguien que cree que esa ley, aunque absurda, debe cumplirse y eso cierra espacios para una vida en sociedad, en convivencia. Esa persona que, para ganarse la vida, sigue ejerciendo “ilegalmente” esa profesión, está lejos de ser necesariamente un delincuente peligroso que amenaza vidas y propiedades de personas, como para que sea denunciado por alguien a quien simplemente no le parece conveniente tal competencia “ilegal.” No es apropiado que en sociedad se estimule la discordia y que la gente se pelee por cosas como esas.
 

Las consecuencias no previstas de la colegiación obligatoria para poder trabajar no llegan hasta allí. Para que la ley se cumpla, es necesario dedicar recursos para vigilar a quien esté trabajando en las áreas reguladas, que esté colegiado, o sea, autorizado para poder trabajar. El cuerpo represor por excelencia es la policía. Conceptualmente, la policía (y las cortes) reprimen al transgresor de la ley (en este caso el ejercicio ilegal como estilista, peluquero, barbero, maquillista o manicurista) y eso demanda recursos de la sociedad, que así no podría usarse en lo que tal vez sean funciones más apremiantes en la sociedad, como es la represión de actos criminales que efectivamente causan daño a las personas. Con frecuencia, el ministro de turno de Seguridad en el país, habla de lo saturados de trabajo que están los policías, sin poder reprimir actos criminales supuestamente de mayor calado. Y no se diga de la saturación en los tribunales de justicia, pues los ciudadanos la vemos, y vivimos, día tras día. Ahora se abarrotarían aún más, al perseguir a estilistas, barberos, etcétera, etcétera, quienes ejercen fuera de la legalidad “del colegio.”
 

Aquí en nuestro medio, por buenas razones, hay una seria y real preocupación ante la corrupción. Pues bien, la instauración de colegios como ese que se propone, incentivará la corrupción en varios sentidos. Uno de ellos, es que, no lo dudamos, si se “atrapa” a un practicante ilegal de esos servicios, hay posibilidades de que quede suelto si acude a dar mordidas a quienes pretenden detenerlo. Pero, mayor aún en la naturaleza de sus efectos, es que la creación de colegios profesionales, como el referido, estimula el surgimiento, de una mayor amplitud, en la búsqueda de rentas en la sociedad.

Búsqueda de rentas no es sino el acto por el cual el cuerpo político le otorga algún beneficio a cierto grupo -en este caso, a quienes sean miembros de ese colegio- ya sea para asegurarles la posibilidad, mediante la reducción de la oferta, de cobrar más que en la actualidad, pues les disminuyen la cantidad de competidores potenciales. Los políticos no suelen otorgar tales privilegios por razones altruistas: simplemente lo hacen como un medio para obtener votos, lograr apoyos políticos, ya sea para uno de ellos individualmente o para el grupo político al que pertenecen. Esto bien lo conocemos.
 

Por todas estas razones, vale la pena que se medite en la Asamblea Legislativa, así como que se haga consciencia en la ciudadanía, de que la propuesta de un colegio profesional de estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas, es un gran y dañino sinsentido. No es justo proteger a algunos con privilegios, que, en última instancia, significan costos mayores y menor calidad, para los ciudadanos consumidores, entre otros resultados no esperados.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el riesgo

Cualquier decisión que se toma lleva consigo un riesgo: se pueden obtener resultados positivos y, por supuesto, resultados negativos. El fracaso es aquella frustración que se obtiene cuando un objetivo o un proyecto no concluye en la forma esperada. Contemplar la idea del fracaso no es placentero, sin embargo, éste puede ser uno de los factores más importantes de un eventual éxito. Tanto en la vida cotidiana como en los negocios, el aprendizaje que se obtiene como resultado de una frustración, puede conllevar una oportunidad para sacar un resultado exitoso, tal vez aún mejor que el que se esperaba obtener originalmente. Por ejemplo, la famosa pastilla para tratar la disfunción eréctil Viagra originalmente fue desarrollada para tratar la hipertensión arterial. No dio los resultados esperados, pero terminó siendo utilizada, con éxito, para tratar otro padecimiento y, hoy, genera millones de dólares en ganancias. Por eso, cualquiera que sea el resultado, tomar riesgos es parte fundamental de una economía de mercado.

En 1921, en economista Frank H. Knight expuso que parte esencial del empresario es asumir el riesgo de la actividad económica. El beneficio económico es la recompensa de haber asumido el riesgo. Sin embargo, el Estado, en su erróneo propósito de regular el mercado y distribuir la riqueza, puede desincentivar o eliminar este factor tan importante, generando perversas distorsiones.

Uno de los casos más típicos es el de los impuestos. El impuesto, como lo hemos discutido en otros artículos, no es sino un arrebato de la riqueza de los individuos resultado de su esfuerzo personal. Como habíamos mencionado antes, parte fundamental de tomar riesgos es el incentivo de la recompensa, pero si de antemano sabemos que el Estado nos arrebatará esta recompensa por medio de impuestos es probable que no queramos tomar el riesgo. En otras palabras, por medio de los impuestos, el Estado desincentiva la generación de riqueza.

Peor aún, el Estado utiliza muchos de esos recursos para subsidiar aquellas personas y aquellos negocios que no han obtenido resultados positivos luego de sus decisiones. Al hacer esto, basado en la política del "pobrecito", elimina la cuota de responsabilidad a la hora de tomar riesgos y esto es muy negativo, ya que como mencionamos antes, parte de las malas decisiones es aprender de las mismas. Si el Estado está dispuesto a hacerse cargo de las posibles pérdidas es como una invitación a seguir tomando malas decisiones. El Estado en su política de distribuir la riqueza les arrebata el premio a las personas que han asumido riesgos y han sido exitosos para dárselo a personas que han asumido riesgos y no han obtenido resultados beneficiosos.

Para que una economía de mercado funcione adecuadamente, es normal que haya ganadores y perdedores. Ese impulso de seguir tomando riesgos para obtener mayor grado de riqueza produce que un beneficio generalizado. Por ejemplo, a inicios del año pasado, la compañía Apple sacó al mercado su revolucionario producto llamada iPad, una combinación entre computador portátil y smarthphone . Un riesgo claramente, pues se trataba de un producto nada parecido a cualquier otro en el mercado. El resultado fue un éxito e incentivó a que otras compañías quisieran acapara ese nuevo mercado, como por ejemplo Motorola con su Xoom o Samsung con su Galaxy. Esta dinámica de competencia luego genera que las compañías perfeccionen sus productos y bajen el costo, todo lo cual se traduce finalmente en beneficios para los consumidores.

Sin lugar a dudas, en ASOJOD consideramos que, como lo muestra la historia de la humanidad, el progreso depende de una sucesión de éxitos y, sobre todo, fracasos. La tecnología, el conocimiento, el bienestar, la riqueza y todo lo bueno que hoy conocemos es resultado de intentos, a veces fructíferos y a veces no, de personas que tuvieron el valor para innovar, crear, producir y pensar. Por eso, como bien enseña Ayn Rand, el mundo es del ser productivo, del empresario.

En un mundo donde no sea posible asumir riesgos y, fundamentalmente, donde el éxito o fracaso no sea asumido exclusivamente por el sujeto que actúa, es imposible que se avance. Por ello, cada vez que el Estado pretende definir ganadores y perdedores sin que el resultado sea una derivación lógica de la acción, está generando distorsiones que terminarán perjudicándonos a todos por igual.

En razón de lo anterior, en ASOJOD invitamos a nuestros lectores a que tomen riesgos y que demanden cuando estos riesgos se puedan ver limitados por ese grupo de burócratas que se dicen llamar Gobierno. Hay que interiorizar ese valor de justicia, donde cada quién obtiene lo que cosecha, en lugar de ese antivalor popularmente conocido como "justicia social", donde algunos obtienen lo que no merecen.

Sobre cómo las subvenciones destruyen el mercado

Las ayudas del Estado tienen varios efectos negativos sobre la economía, algunos de ellos bastante directos. En primer lugar, está el efecto general de redistribución: se redirigen recursos a unas actividades que no son demandadas por el mercado. Los recursos se obtienen de forma coactiva mediante impuestos; dichos recursos no van a donde el legítimo dueño de los mismos los hubiera dirigido, y se dirigen a actividades no demandadas.

Además de este efecto general, se produce uno algo más sutil, consistente en la progresiva adaptación de las empresas a los requisitos para obtener dichas subvenciones, en lugar de a conseguir un producto final aceptable para el público. Así, poco a poco, la estructura productiva se va modificando, siguiendo lo que Kirzner llama el proceso de descubrimiento completamente superfluo, hacia aspectos innecesarios desde el punto de vista de la demanda, pero imprescindibles para conseguir la subvención.

Por ejemplo, pueden aparecer especialistas en realizar proyectos según los requerimientos públicos, o en preparar la documentación necesaria, o, por qué no, en proporcionar los contactos adecuados. Son actividades que, desde el punto de vista de la empresa, tienen valor únicamente por la existencia de las subvenciones.

Sin embargo, los efectos pueden ser quizá aún más destructivos. Además, pueden provenir no solo de ayudas públicas, sino de la contratación pública en general. En presencia de ambas, aquellas empresas que no se adapten a los requerimientos de las administraciones, tenderán a disminuir su rentabilidad respecto a aquellas que sí lo hacen. Por un lado, porque no acceden a esas subvenciones o contratos. Y por otro porque, consecuentemente, no pueden competir con precios similares. El público puede encontrar sustitutivo el producto subvencionado, aunque no se adapte bien a sus necesidades, simplemente por ser artificialmente más barato. La empresa que no se adapta está llamada a desaparecer del mercado, mientras que la otra garantiza su supervivencia siendo cada vez más eficiente en la obtención de subvenciones y contratos públicos. Esto es, apartándose progresivamente de las necesidades del mercado y acercándose a las preferencias del Estado.

Eventualmente, desaparecen las empresas que satisfacían mejor al mercado, y la oferta queda compuesta exclusivamente por empresas especializadas en satisfacer la demanda del Estado. Al consumidor no le queda más remedio que consumir el producto subvencionado, aunque ha dejado de satisfacer sus expectativas, o dejar de consumirlo completamente.

Cuando, en esta situación, cambia la política económica del Gobierno, esto es, decide que hay que fomentar otro sector económico, las empresas hasta ahora subvencionadas dejan de ser viables. El consumidor no está dispuesto a pagar el precio que se necesita para cubrir los costes sin la subvención por un producto que no satisface adecuadamente sus necesidades.

En esta situación dramática, el proceso de readaptación a las necesidades del cliente no es inmediato. Y puede llevar a la empresa a la desaparición, de forma que se destruya completamente el sector. Ya no quedan ni las empresas que originalmente satisfacían las necesidades del cliente, ni aquellas que adaptaron sus actividades para satisfacer los requerimientos públicos.

Así pues, las empresas deberían rehuir y evitar todo tipo de subvenciones públicas, e incluso contratos públicos (este planteamiento no es, evidentemente, realista para aquellos sectores en que el único demandante es el Estado). Es obvio que en el corto plazo nadie es capaz de rechazar un dinero aparentemente llovido del cielo. Pero también lo es que ajustarse a las necesidades del Estado en vez de a las de la demanda del mercado deja la sostenibilidad de la empresa en manos del arbitrio de los políticos, en lugar de de su desempeño.

Fernando Herrera

¿Crisis del mercado?

Los fans de izquierda celebran lo que algunos llaman el “fracaso del mercado”, luego de observar los desenvolvimientos de la crisis financiera en EUA. Titulares, eslóganes y adjetivos pintorescos dominan el “análisis” de lo que está ocurriendo. En medio de ese “análisis” se ignora la realidad de ¿cómo y por qué pasó lo que pasó? Las respuestas son tan incómodas como inconvenientes (para los celebrantes), porque apuntan a la intervención del Gobierno como el gran culpable de esta situación.

¿Quién manipuló la tasa de interés para que ésta llegara a los niveles más bajos de los últimos 30 años, causando un boom crediticio? ¿Quién incrementó el gasto de tal manera que la deuda pública estadounidense alcanzó los nueve mil millardos de dólares? Fueron el Banco Central y el Gobierno de los EUA, respectivamente. Así que la “tormenta perfecta” fue concebida, creada y engendrada dentro de aquellas instituciones públicas que primero lanzan la piedra y luego esconden la mano. Imagínese, ¿quién sale ahora al “rescate”? ¡El Gobierno! ¿Y a quién le echa la culpa? A los bancos, adonde fue a parar toda esa liquidez y quienes la invirtieron en lo que, ahora se sabe, fueron malos instrumentos. ¿Y qué solución se propone? Regulación. Imagínese la ironía: el ciego guiando al supuesto otro ciego.

Yo estoy de acuerdo con más regulación. Pero la regulación que hace falta es la que se le debe aplicar a las instituciones públicas, para que se les prohíba, por ejemplo, manipular la tasa de interés e incrementar el gasto público de manera, literalmente, irresponsable. La memoria es corta, porque ya se olvidaron de las mil instituciones de ahorro y préstamo (con activos por más de 500 millardos de dólares) que quebraron a mediados de los 1980, en circunstancias similares a las actuales. Ahora pasó lo que tenía que pasar, cuando se vuelven a manipular los precios del crédito para dar la impresión de que una casa es más accesible de lo que en realidad era. ¿Y qué pasa cuando el banco central levanta de nuevo la tasa de interés? Que la gente ya no puede pagar y la hipoteca se vuelve “tóxica”.

Revise la historia de las llamadas “crisis financieras”: las mexicanas y argentinas, las de EUA, la rusa, la japonesa, etc. En todas ellas no encontrará “la mano invisible”, sino la “mano peluda” de gobiernos y bancos centrales. Mientras uno gasta, el otro manipula el crédito. Explosiva combinación que usualmente termina en quiebras bancarias y crisis cambiarias. El problema es que no nos gusta ver hechos de forma objetiva, sino, de preferencia, culpar a la “avaricia del mercado”.

Además, es lo chic entre los intelectuales. No nos engañemos, el común denominador histórico es y ha sido la acción deliberada de funcionarios públicos que inician un ciclo y luego lo revierten solo para que la ciudadanía pague los platos rotos. De verdad que quien no conoce la historia está condenado a repetirla.

José Raúl González Merlo

Intervencionismo estatal

El día de ayer se presentó un gran disturbio en las inmediaciones del Mercado Central en San José, cuando vendedores ambulantes y la Policía Municipal se enfrentaron. Las imágenes televisivas sobre la situación fueron elocuentes: violencia, gritos, golpes, etc.

Pero lo más preocupante es el fondo del asunto: el intervencionismo del Estado sigue atentando contra la libertad individual y la generación de ingresos. El Estado, considerado por muchos como la panacea para resolver los problemas de los ciudadanos, es el que los está generando, pues al impedirle trabajar a estas personas, les está obstaculizando su salida de la pobreza. Y tal situación, sabemos, es caldo de cultivo para muchos otros problemas.

Por supuesto que no justificamos la violencia y las agresiones que se presentaron en dicho disturbio. No importa si viene de los vendedores o de los policías, el hecho es que la violencia es el recurso no racional para resolver problemas, y curiosamente, es el medio que nunca logra resolver definitivamente esos problemas. Sólo los oculta un rato, pero se convierte en una bomba de tiempo.

Para ASOJOD, estas situaciones podrían reducirse, sino evitarse, si los gobernantes comprendieran de una buena vez que no deben intervenir en transacciones voluntarias entre privados. No importa que la intervención se sustente en los más loables sentimientos e intenciones; el punto es que la única forma en que se puede mantener la paz y la tranquilidad es por medio del indivisible binomio libertad-responsabilidad.

En los acuerdos entre privados, el Estado no tiene por qué entrometerse, salvo que se violenten los derechos de alguna de las partes. Los vendedores ambulantes tienen, en la mayoría de los casos, este trabajo como única fuente de ingresos. Los compradores que adquieren lo que estos vendedores ofrecen, valoran más ese producto o las condiciones en que lo adquieren, que si lo hicieren en otro lugar. Ambas partes ganan por un acuerdo voluntario.

Por supuesto que habrá uno que otro que pretenda pasarse de listo y engañar a la otra parte. Pero el mismo mercado lo sacará de la competencia, pues nadie más le comprará o venderá. Y en todo caso, el Estado ahí sí debe intervenir para salvaguardar derechos. La coacción sólo es válida cuando es usada para reprimir una coacción previa.

Petición a los fabricantes de velas

Petición de los fabricantes de candelas, velas, lámparas, candeleros, faroles, apagavelas, apagadores y productores de sebo, aceite, resina, alcohol y generalmente de todo lo que concierne al alumbrado

A los señores miembros de la Cámara de Diputados

Señores:

Ustedes están en el buen camino. Rechazan las teorías abstractas; la abundancia y el buen mercado les impresionan poco. Se preocupan sobre todo por la suerte del productor. Ustedes le quieren liberar de la competencia exterior; en una palabra, ustedes le reservan el mercado nacional al trabajo nacional.

Venimos a ofrecerles a Ustedes una maravillosa ocasión para aplicar su... ¿Cómo diríamos? ¿Su teoría? No, nada es más engañoso que la teoría. ¿Su doctrina? ¿Su sistema? ¿Su principio? Pero Ustedes no aman las doctrinas, Ustedes tienen horror a los sistemas y, en cuanto a los principios, declaran que no existen en economía social; diremos por tanto su práctica, su práctica sin teoría y sin principios.

Nosotros sufrimos la intolerable competencia de un rival extranjero colocado, por lo que parece, en unas condiciones tan superiores a las nuestras en la producción de la luz que inunda nuestro mercado nacional a un precio fabulosamente reducido; porque, inmediatamente después de que él sale, nuestras ventas cesan, todos los consumidores se vuelven a él y una rama de la industria francesa, cuyas ramificaciones son innumerables, es colocada de golpe en el estancamiento más completo. Este rival, que no es otro que el sol, nos hace una guerra tan encarnizada que sospechamos que nos ha sido suscitado por la pérfida Albión (¡buena diplomacia para los tiempos que corren!) en vista de que tiene por esta isla orgullosa consideraciones de las que se exime respecto a nosotros.

Demandamos que Ustedes tengan el agrado de hacer una ley que ordene el cierre de todas las ventanas, tragaluces, pantallas, contraventanas, póstigos, cortinas, cuarterones, claraboyas, persianas, en una palabra, de todas las aberturas, huecos, hendiduras y fisuras por las que la luz del sol tiene la costumbre de penetrar en las casa, en perjuicio de las bellas industrias con las que nos jactamos de haber dotado al país, pues sería ingratitud abandonarnos hoy en una lucha así de desigual.

Quieran los señores Diputados no tomar nuestra petición como una sátira y no rechazarla sin al menos escuchar las razones que tenemos que hacer valer para apoyarla.

Primero, si Ustedes cierran tanto como sea posible todo acceso a la luz natural, si Ustedes crearan así la necesidad de luz artificial, ¿cuál es en Francia la industria que, de una en una, no sería estimulada?

Si se consume más sebo, serán necesarios más bueyes y carneros y, en consecuencia, se querrá multiplicar los prados artificiales, la carne, la lana, el cuero y sobre todo los abonos, base de toda la riqueza agrícola.

Si se consume más aceite, se querrá extender el cultivo de la adormidera, del olivo, de la colza. Estas plantas ricas y agotadoras del suelo vendrían a propósito para sacar ganancias de esta fertilidad que la cría de las bestias ha comunicado a nuestro territorio.

Nuestros páramos se cubrirán de árboles resinosos. Numerosos enjambres de abejas concentrarán en nuestras montañas tesoros perfumados que se evaporan hoy sin utilidad, como las flores de las que emanan. No habría por tanto una rama de la agricultura que no tuviera un gran desarrollo.

Lo mismo sucede con la navegación: millares de buques irán a la pesca de la ballena y dentro de poco tiempo tendremos una marina capaz de defender el honor de Francia y de responder a la patriótica susceptibilidad de los peticionarios firmantes, mercaderes de candelas, etc.

¿Pero qué diremos de los artículos París? Vean las doraduras, los bronces, los cristales en candeleros, en lámparas, en arañas, en candelabros, brillar en espaciosos almacenes comparados con lo que hoy no son más que tiendas.

No hay pobre resinero, en la cumbre de su duna, o triste minero, en el fondo de su negra galería, que no vean aumentados su salario y su bienestar.

Quieran reflexionarlo, señores, y quedarán convencidos que no puede haber un francés, desde opulento accionista de Anzin hasta el más humilde vendedor de fósforos, a quien el éxito de nuestra demanda no mejore su condición.

Prevemos sus objeciones, señores; pero Ustedes no nos opondrán una sola que no hayan recogido en los libros usados por los partidarios de la libertad comercial. Osamos desafiarlos a pronunciar una palabra contra nosotros que no se regrese al instante contra Ustedes mismos y contra el principio que dirige toda su política.

¿Nos dirán que, si ganamos esta protección, Francia no ganará nada porque el consumidor hará los gastos?

Les responderemos:

Ustedes no tienen el derecho de invocar los intereses del consumidor. Cuando se les ha encontrado opuestos al productor, en todas las circunstancias los han sacrificado. Ustedes lo han hecho para estimular el trabajo, para acrecentar el campo de trabajo. Por el mismo motivo, lo deben hacer todavía.

Ustedes mismos han salido al encuentro de la objeción cuando han dicho: el consumidor está interesado en la libre introducción del hierro, de la hulla, del ajonjolí, del trigo y de las telas. - Sí, dijeron Ustedes, pero el productor está interesado en su exclusión. - Y bien, si los consumidores están interesados en la admisión de la luz natural, los productores lo están en su prohibición.

Pero, dirán Ustedes todavía, el productor y el consumidor no son más que uno solo. Si el fabricante gana por la protección, hará ganar al agricultor. Si la agricultura prospera, abrirá mercado a las fábricas. - ¡Y bien! Si nos confieren el monopolio del alumbrado durante el día, primero compraremos mucho sebo, carbón, aceite, resinas, cera, alcohol, plata, hierro, bronces, cristales, para alimentar nuestra industria y, además, nosotros y nuestros numerosos abastecedores nos haremos ricos, consumiremos mucho y esparciremos bienestar en todas las ramas del trabajo nacional.

¿Dirán Ustedes que la luz del sol es un don gratuito y que rechazar los dones gratuitos sería rechazar la riqueza misma bajo el pretexto de estimular los medios para adquirirla?

Pero pongan atención a que Ustedes llevan la muerte en el corazón de su política; pongan atención a que hasta aquí ustedes han rechazado siempre el producto extranjero porque él se aproxima a ser don gratuito y precisamente porque se aproxima a ser don gratuito. Para cumplir las exigencias de otros monopolizadores, Ustedes tenían un semi-motivo; para acoger nuestra demanda, Ustedes tienen un motivo completo y rechazarnos precisamente por usar el fundamento de Ustedes mismos sobre el que nos hemos fundamentado más que los demás sería formular la ecuación + x + = -; en otros términos, sería amontonar absurdo sobre absurdo.

El trabajo y la naturaleza concurren en proporciones diversas, según los países y los climas, a la creación de un producto. La parte que pone la naturaleza es siempre gratuita; la parte del trabajo es la que le da valor y por la que se paga.

Si una naranja de Lisboa se vende a mitad de precio que una naranja de París es porque el calor natural y por consecuencia gratuito hace por una lo que la otra debe a un calor artificial y por tanto costoso.

Luego, cuando una naranja nos llega de Portugal, se puede decir que nos ha sido dada la mitad gratuitamente, la mitad a título oneroso o, en otros términos, a mitad de precio en relación con aquella de París.

Ahora bien, es precisamente esta semi-gratuidad (perdón por la palabra) lo que Ustedes alegan para excluirla. Ustedes dicen: ¿Cómo el trabajo nacional podría soportar la competencia del trabajo extranjero cuando aquél tiene que hacer todo y éste no cumple más que la mitad de la tarea, pues el sol se encarga del resto? Pero si la semi-gratuidad les decide a rechazar la competencia, ¿cómo la gratuidad entera les llevará a admitir la competencia? O no son lógicos o deberían rechazar la semi-gratuidad como dañina a nuestro trabajo nacional, rechazar a fortiori y con el doble más de celo la gratuidad entera.

Otra vez, cuando un producto, hulla, hierro, trigo o tela, nos viene de fuera y podemos adquirirlo con menos trabajo que si lo hiciéramos nosotros mismos, la diferencia es un don gratuito que se nos confiere. Este don es más o menos considerable conforme la diferencia sea más o menos grande. Es de un cuarto, la mitad o tres cuartos del valor del producto si el extranjero no nos pide más que tres cuartos, la mitad o un cuarto del pago. Es tan completo como podría ser cuando el donador, como hace el sol por la luz, no nos pide nada. La cuestión, lo postulamos formalmente, es saber si Ustedes quieren para Francia el beneficio del consumo gratuito o las pretendidas ventajas de la producción onerosa. Escojan, pero sean lógicos; porque, en tanto que Ustedes rechacen, como lo han hecho, la hulla, el hierro, el trigo y los tejidos extranjeros en la proporción en que su precio se aproxima a cero, qué inconsecuente sería admitir la luz del sol, cuyo precio es cero durante todo el día.

Frédéric Bastiat