¡Que siga la fiesta!

Ya en ASOJOD habíamos advertido como el deseo humano de vivir a costa de los ingresos de los demás parece no tener límite, prueba de ello fueron nuestros temas polémicos: El estado como máquina de sueños y El Problema de la igualdad de oportunidades.

Hoy una vez más los hechos nos dan la razón. Ahora resulta que gracias a un voto de la Sala IV, los taxpayers tenemos que solventar las disfunciones eréctiles de quienes tienen el infortunio de sufrirlas, regalándoles la Viagra para que puedan satisfacer sus necesidades sexuales. Este voto, sigue la misma tendencia bajo la cual la Sala ha obligado a la CCSS adquirir todo tipo de medicamentos para todo tipo de padecimientos. Así las cosas, no importa que tan costosa o rara sea su enfermedad, ya que siempre podrá acudir a la Sala IV para que esta le pase la factura al resto de los taxpayers. Alguien les debería enseñar a estos Magistrados que sus decisiones no sólo tienen efectos jurídicos, sino que también tienen repercusiones económicas, institucionales y culturales desastrosas.

Democracia y amenazas

Dijo Dios a un campesino ruso: “Te daré todo lo que quieras, pero aquello que pidas lo tendrá tu vecino en doble medida. ¿Que te gustaría?”. Y el campesino respondió: “Por favor, Dios, arráncame un ojo”.

Con ese viejo relato, el filósofo Leszek Kolakowski explicaba que, al entender la igualdad como valor supremo, algunas ideologías no han tenido por objeto mejorar la suerte de su pueblo, sino garantizar que nadie tuviera mejor suerte que los demás.

Reglas democráticas. Esa “ideología igualitarista”, como proponía Kolakowki, es asumida hoy por muchos opositores al TLC con EE. UU., lo que refleja una clara resistencia a la autoridad estatal y un proceder violentamente amenazador frente al orden público y a los Poderes del Estado, incluido el TSE.

Sorprende la actitud de estos individuos, pues un Estado de derecho como el nuestro deriva sus poderes del consentimiento de sus gobernados, y estos, a su vez, deben obedecerlo porque han consentido su mandato. La obligación de obedecer la ley en este caso es similar a la de cumplir la promesa.

Dentro de este orden de “reglas compartidas,” la sociedad civil restringe el poder del Estado, pero no procurando obtenerlo formalmente, sino legitimándolo cuando se basa en las reglas de la ley. Así, ni los sindicatos ni los empresarios ni las universidades ni los partidos políticos, entre otras organizaciones, pueden controlar la propia sociedad civil, pues se compone de un “mercado ideológico” más amplio.

Si bien la autonomía social puede ir demasiado lejos, incluso para los propósitos de la democracia, los retos y amenazas actuales exigen límites a quienes deslegitiman con su comportamiento el Estado de derecho y a los ciudadanos que piensan diferente.

Oportunidad comercial. La discusión de años que el TLC ha generado en Costa Rica nos lleva a decidir en el referendo convocado por el TSE, y en pleno ejercicio democrático de legítima soberanía, si lo aprobamos o no; punto.

Como tratado comercial que es, el TLC asegurará las reglas para el intercambio de bienes y servicios con nuestro principal socio de negocios: EE. UU., y no puede confundirse con un tratado político que resolverá los problemas de fondo que presenta Costa Rica en infraestructura, energía, telecomunicaciones, seguridad, pobreza, salud y educación, pasando por drogas y narcotráfico.

Aparte, será urgente que Costa Rica defina cuál es el modelo de desarrollo económico que seguirá, pues el TLC es solo una parte, ya que tanto la teoría económica como la experiencia de muchas naciones demuestran que la capacidad de los Gobiernos como aceleradores del desarrollo es solo una variable y no una constante económica.


José Antonio Montero, tomado del periódico La Nación