La columna de Carlos Federico Smith: el mundo salarial en las universidades públicas

Una interesante historia comparativa acerca del comportamiento de los salarios en las universidades estatales del país, aparece en La Nación del 13 de noviembre, en su artículo “Universidades públicas doblaron gasto en salarios en 12 años.” Me sirve de base para mi comentario y empiezo refiriéndome a cuatro universidades públicas para las que hay datos, no así para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica (me imagino que por no formar parte del FEES), en el lapso 2007-2018. 

1. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR): En el 2007, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢149.310 millones y el gasto en remuneraciones (que incluye salarios, pluses, cargas y similares) fue de ¢106.130 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

En el 2018, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢335.208 millones y el gasto en remuneraciones de ¢210.721 millones. O sea, del presupuesto total de gastos de ese año, un 63% se dedicó al pago por remuneraciones.
 

Lo gastado en remuneraciones en ese lapso 2007-2018 descendió en 8 puntos porcentuales. Pero, las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢104.591 millones. Por lo tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 125% en el presupuesto de gastos de dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (casi un 98.5%).
 

Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UCR tenía 9.430 personas y 9.790 en el 2017, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢11.2 millones anuales a ¢21.5 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 4%, las remuneraciones aumentaron en un 92%, en mucho ocasionado “por los incentivos que reciben los empleados, pues esa partida aumentó un 124% sobre la inflación [o sea, en términos reales] en la misma década,” según lo expone el medio. Este aumento en la remuneración por empleado de un 92% es el mayor de todas las universidades analizadas, pues el equivalente en la UNA fue de 15.8%, mientras que en el TEC fue de 52.7% y en la UNED de 39.1%
 

El nuevo ministro de Hacienda fue firme en decir que la regla fiscal se aplicará en todo el sector público, pero, señala el medio, la “UCR confirmó que, para el 2020, no se incluyeron las medidas de ahorro ordenadas por la reforma fiscal en el tema de salarios” (el subrayado es mío). Así que veremos si el esfuerzo fiscal alcanza a esa isla de pseudo autonomía, pues, sólo el aporte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), por el cual el gobierno traslada recursos aportados por los ciudadanos contribuyentes a las universidades públicas, se ha estimado que, en el 2020, ascenderá a ¢297.200 millones (de lo que, aproximadamente, un 57.96%, es el porcentaje que del FEES va a dar a la UCR). De hecho, las autoridades de la UCR han estimado que, en el año que viene, un 73% de los ingresos del FEES se usarán en pagar la “masa salarial,” que, me imagino, se refiere a la partida presupuestaria conocida como remuneraciones.
 

2. UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA): En el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢67.013 millones y el de remuneraciones de ¢47.342 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

En el 2018, en términos reales, el presupuesto total fue de ¢70.900 millones y el gasto en remuneraciones de ¢48.828 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 64% se dedicó al pago de remuneraciones.
 

Lo gastado en remuneraciones en el lapso 2007-2018 descendió 7 puntos porcentuales. Pero, es un hecho que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢38.046 millones. Por tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 100% del presupuesto de gastos en dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (un 80.4%).
 

Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UNA tenía 1.240 empleados y 1.930 en el 2018, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.3 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 9%, las remuneraciones por empleado aumentaron en un 80%, de lo cual un 9% es por la cantidad de empleados y un 71% por mayores remuneraciones. [Erróneamente, el medio indica que el monto por empleado subió en un 65%]. Eso sí, debe señalarse que la UNA es la universidad en donde, entre las cuatro citadas, se paga la mayor remuneración por empleado en promedio: ¢25.3 millones anuales.
 

3. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (TEC): Mientras que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢29.862 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢20.471 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 69% se dedicó a pagos por remuneraciones.
 

El presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢70.900 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢48.828 millones. Es decir, un 69% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 

El aumento en las remuneraciones de un 138.5% es casi igual al alza del presupuesto total en dicho lapso (de un 137.4%), por lo que, la proporción que del gasto total representan las remuneraciones, para efectos prácticos se conserva en dicho lapso.
 

En términos de cada funcionario, si bien no se indica el número de empleados en ambos años, el medio indica que la planilla aumentó en un 60%, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.2 millones, lo que significa que las remuneraciones aumentaron en un 52.7%.
 

4. UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED): En tanto que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢26.437 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢18.987 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71.8% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

A su vez, el presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢61.707 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢42.192 millones: un 68.4% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 

Ese descenso de casi 72% a alrededor de un 68%; o sea, de alrededor de 4 puntos porcentuales y, aunque el monto gastado en remuneraciones creció en ese lapso (122.2%), el crecimiento fue mayor en la totalidad de gastos (133.4%), a pesar de que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢23.205 millones.
 

Otro dato interesante del artículo de La Nación es que el gasto conjunto total de esas cuatro universidades pasó de ¢272.624 millones en el 2017, a ¢601. 914 millones en el 2018; es decir, un aumento del 121%. El total de pagos por remuneraciones pasó de ¢192.931,3 millones en el 2007 a ¢387.131,5 millones en el 2918; es decir, un incremento de poco más de un 100% en ese lapso. Pero, “la matrícula aumentó un 27%,” según indica el medio citado. De hecho, en la UCR, se incrementó en un 28%, en tanto que el gasto en remuneraciones creció en un 98.5%; en la UNA,  creció en un 50%, pero las erogaciones por remuneraciones subieron un 80%; en el TEC, se elevó en un 54%, pero aumentaron más las remuneraciones, en un 138% y en la UNED, si bien la matrícula lo hizo en un 12%, las remuneraciones crecieron en un 122%.
 

Que se sepa…





Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: problemas de eficiencia en el Poder Judicial

Creo que el Segundo Informe del Estado de la Justicia -parte del Programa del Estado de la Nación- el cual lo recoge La Nación en su edición del 20 de abril, hace un valioso aporte al país al revelar el serio problema de ineficiencia productiva de nuestro Poder Judicial, de acuerdo con diferentes e importantes indicadores. El comentario se titula “Productividad judicial cae pese a más personal y presupuesto: Informe del Estado de la Justicia no encuentra explicación a baja en rendimiento en 15 años.”

Quiero señalar algunos de los hallazgos de ese estudio. Empiezo por uno que considero debió ser mejor analizado, aunque el resultado siempre habría sido igual de revelador. Se trata de que, aunque el presupuesto de dicho Poder haya aumentado, su productividad ha disminuido, indicando que, “por ejemplo, hace quince años, el presupuesto por cada funcionario era de $32, mientras que en la actualidad para el 2015, pasó a $156.” La inflación en dólares en Estados Unidos en el período diciembre del 2010 a diciembre del 2015 fue de casi un 36%. Si asumimos que esa inflación en dólares fue igual en el país, en términos reales, el presupuesto por funcionario pasó de $32 a $115 aproximadamente, lo que daría una idea más exacta -pero similar- del problema: un aumento anual real promedio del 17.3%.

A pesar de lo anterior, el incremento en el número de empleados varió: de “160 servidores por cada 100.000 habitantes; 15 años después esa cifra se elevó a 246.” Esto es, un aumento anual promedio aproximado de 3.6% anual. 

Por contraste, si medimos “la producción” del Poder Judicial, en términos de tres indicadores, primeramente, la cantidad de casos atendidos por un juez de primera y única instancia, pasó de “2000, [en que] ingresaron 844 procesos; en el año antepasado, entraron 529,” indicando un descenso anual promedio aproximado del 4%. En segundo lugar, otro indicador de producción que analiza el informe citado, señala que la cantidad de casos terminados por los jueces descendió “de 841 procesos terminados en el 2000 a 491 en el 2015”. Esto es, una caída anual promedio de alrededor de un 4.75%. Tercero, si se mide por el número de sentencias dictadas, varió de “958 sentencias en el 2000 a imponer sólo 135” en el 2015.  Es decir, una disminución anual promedio de más o menos un 40.6%. Este último dato es, sin duda, impresionante.

Otro dato relevante en ese mismo sentido es que en dicho lapso se acumularon los casos apilados en los despachos, a pesar de duplicarse en ese mismo período el número de “jueces, fiscales y defensores por cada 100.000 habitantes.” Así, el número de expedientes activos, que el medio llama “varados en un escritorio”, pasó por cada juez de primera instancia “de 824 en el 2000 a 839 en el 2015”; esto es, casi que se estancaron, en tanto que los que están en trámite -el periódico los llama como que estaban en una etapa más cruda- por cada juez pasó “de 467 en el 2005 a 563” en el 2015.  Esto es, la “presa” va aumentando. 

La investigadora que coordinó el informe, Evelyn Villarreal, indica, algo que lo deja a uno muy preocupado, es que no encontraron ante ese fenómeno determinado “que se haya dado un cambio procesal, o algo que hiciera los procesos más complejos. No encontramos nada, no encontramos una gran explicación.” Preocupa que no se señale el porqué de esa declinación tan significativa y que se sugieran remedios a la situación. Por ello, es crucial que las autoridades responsables administrativamente de estos asuntos, se dediquen de inmediato a encontrar las causas del descalabro.

En el caso particular del Organismo de Investigación Nacional (OIJ) -ente del Poder Judicial- tan sólo en el 2015, de cada 100 denuncias recibidas, 71 no se resolvieron. Se aduce que se debe a que “el 85% de las quejas interpuestas son contra ignorado; es decir, el ofendido no conoce el autor del supuesto delito.” Lo que se podría pensar como una justificación aceptable, más bien muestra una baja capacidad de resolver los procesos de investigación, en cuanto a la identificación de los denunciados. Son muchos los ciudadanos que posiblemente ni siquiera se molestan en denunciar hechos delictivos, pues el porcentaje de identificación de los delincuentes demuestra ser muy bajo. 

Este reporte es muy útil no sólo porque la sociedad destina una cantidad muy elevada de recursos para administrar la justicia, sino también porque, a pesar de ser unos fondos crecientes, la productividad va cada vez peor. Urge una acción definida de los diversos responsables de la administración de justicia, para enderezar esta situación tan lamentable, la cual sólo redunda en un mayor desprestigio y desconfianza de los ciudadanos, ante los entes encargados de llevar a cabo una tarea esencial del estado. La ineficiencia del Poder Judicial debe ser enfrentada prontamente.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: dos ejemplos de culto a la mediocridad

Dos acontecimientos, que han visto la luz en estos días en nuestro país, son síntomas, en mi opinión, de un mismo problema. Me refiero, por una parte, al reciente recrudecimiento de llamados para que el bachillerato se elimine, supuestamente por afectar al futuro de quienes fracasan en dicho examen o bien porque no ayuda en nada a la educación de los estudiantes.  Por otra parte, La Nación publicó el 7 de diciembre un artículo bajo el titular “Solo 49 empleados públicos perdieron bono por desempeño: Evaluación en 2015 dio anualidades a un 99.99% de planilla dentro del Régimen del Servicio Civil,” que, aunque no lo parezca a primera vista, tiene mucha similitud con el primero.
 

En el caso de la propuesta de eliminar el bachillerato, eso les quitaría la “enorme” carga a los estudiantes de secundaria, de tener que estudiar duro y prepararse para una evaluación de lo aprendido. Ciertamente, el fracaso puede, en parte, ser atribuido a una mala labor de los maestros responsables, pero, esto tiene un corolario, que, asimismo es reflejo del mismo ámbito de mediocridad: los gremios sindicales correspondientes se oponen a que maestros y profesores sean evaluados en el desempeño de sus funciones. Es así como el camino fácil, la ley del mínimo esfuerzo, dominan este campo de la educación: que no haya exámenes de bachillerato para que todos los que terminan la secundaria sean automáticamente aprobados. No habría una regla de evaluación, como lo es el bachillerato. Tampoco avanza la idea de que los profesores y maestros sean objeto de la evaluación correspondiente, lo cual sin duda que incidiría en la rendición de cuentas que debe dar todo funcionario público, así como permitiría analizar la capacidad profesional de maestros y profesores para ejercer tal profesión y, si el resultado es negativo, señalaría, al menos, la necesidad de hacer una reingeniería de sus capacidades.
 

Por otra parte, los datos que el informe de La Nación nos brinda en su relato arriba mencionado, son apabullantes. Un total de 35.558 funcionarios fueron evaluados en el 2015, acerca de si había un cumplimiento adecuado de sus tareas, de forma que así se les hiciera merecedores del bono o anualidad por “desempeño”, que actualmente oscila entre un 1.94% y un 2.56% del salario, según sean los montos, en el caso de que la calificación recibida fuera de “buena”, “muy buena” o “excelente.”
 

Los resultados de la evaluación de esos 33.558 empleados sujetos al régimen del Servicio Civil, indican que 24.134 de ellos (esto es, un 72%) fueron valorados como “excelentes”, 8.616 (un 26%) como “muy buenos” y 759 (un 2%) como buenos, de forma que ¡todos fueron acreedores de aquel plus! Sólo 41 empleados fueron evaluados como “regular” (un 0.1%) y 6 como “deficientes”(o sea, 2.4 por cada diez mil empleados). En dos palabras, casi todos fueron  estimados como excelentes, muy buenos y buenos y, una cantidad ínfima, como regulares o deficientes. ¡Sin duda alguna que estamos en presencia de una maravilla mundial!
 

Todo se reduce a disponer de un camino fácil para lograr las cosas: usted no tiene que esforzarse para ser un empleado en verdad excelente o muy bueno, para que así se le incentive con una bonificación pagada por todos los ciudadanos; tampoco tendrá que preocuparse por trabajar duro para aprender en los colegios, de forma que se gane el examen de bachillerato. El facilismo permite que el “éxito” sea garantizado, sin esfuerzo alguno.
 

¿Saben, de paso, cuánto les costó a los contribuyentes, a los ciudadanos de este país, ese plus por desempeño de los empelados sujetos al Servicio Civil?  La ominosa suma de ₡806.368 millones, repartida así: ₡539.183 millones para los empleados de las instituciones autónomas y de las descentralizadas y ₡267.163 millones para los del gobierno central. Esos datos ni siquiera incluyen a “policías, maestros y a otros 1.789 empleados no evaluados por diversas razones.” Francamente, no sé si también todos esos empleados públicos citados reciben bonificaciones por desempeño y si todos son tan “perfectos”, como los del Servicio Civil.  Es un dato que nos quedó debiendo el comentario de La Nación.
 

Al menos existe un proyecto en la Asamblea Legislativa, presentado por la diputada Sandra Piszk, “que reservaría el pago de la anualidad únicamente a los empleados en las categorías muy ‘bueno’ y ‘excelente’”, pero, si se mantuviera el mismo sistema realmente ausente de valoraciones, tal como lo hubo en el 2015, ese plus se pagaría al 97.5% del total de empleados del Servicio Civil; o sea, casi a todos. El proyecto también considera que se “limitaría el porcentaje del plus entre un 2.5% y un 1.9% para los “excelentes” y entre un 1.9% y un 1.4% para los ‘muy buenos.’” En síntesis, la tasa del plus quedaría igual para el 72% de los empleados del régimen del Servicio Civil, si es que se mantiene el sistema de valoración vigente y tan sólo se rebajaría un poco para los empleados “muy buenos,” que, en la evaluación actual, son el 26%.
 

No sé si en las negociaciones en proceso en la Comisión de Asuntos Sociales, en donde un bloque de diputados del PAC + FA + PLN le están echando agua a la sopa, para diluir las propuestas de reforma de los salarios en el sector público propuesto por la diputada Piszk, ya se habrá aceptado esta propuesta de ella en torno al plus por desempeño o si también la han aguado. El proyecto de doña Sandra apenas toca un poquito al problema evidente, para cuya solución es crucial una reforma real y profunda de todo el sistema actual de evaluación de los empleados públicos, de manera que efectivamente se estimule a quienes desempeñan su trabajo muy bien o excelentemente y que se desestimule a quienes apenas lo llevan a cabo, quienes no recibirían bonificación alguna y, a aquellos malos o “deficientes”, como se les llama, que haya la posibilidad de sustituirlos por otros relativamente más eficientes.
 

Las reformas deben hacerse en serio, sino pronto estaremos, de nuevo, sumidos en gastos irracionales en nuestra política salarial del empleo público.

Jorge Corrales Quesada