La columna de Carlos Federico Smith: ¿de dónde va a salir toda esa plata?

Con base en un informe técnico de la Contraloría General de la República acerca del Presupuesto Nacional del 2020, La Nación del 4 de enero nos presenta el comentario titulado “Gobierno afronta faltante de ¢840.000 millones para pagar las pensiones.”

La pregunta obvia es ¿de dónde saldrán los dineros para pagar esas pensiones? Bueno, parte de la respuesta, no muy agradable, se la brinda el mismo medio, al indicar que, ese déficit por las pensiones a cargo del presupuesto nacional de casi ¢840.000 millones, “tendrá que ser cubierto con deuda pública y con impuestos.” Y dije que “parte de la respuesta,” pues se asoma otro camino que podría seguir este gobierno, dejando de lado, por supuesto, una reducción sustancial de los aportes estatales para, al menos para empezar, a las llamadas pensiones de lujo. Ese otro camino que podría elegir es emitir dinero, lo que crearía inflación, con las consecuencias nefastas que eso implica (entre otras, reducir las pensiones en términos de su poder adquisitivo). 

Lo cierto es que, cualesquiera de las opciones indicadas -endeudarse, aumentar impuestos o generar inflación- será cargada a los bolsillos de los ciudadanos. Pero, claro, como este gobierno (y todos) pretende tener el menor costo político actual, lo que casi que dejaría por fuera su “necesidad” de ponernos aún más impuestos a los ciudadanos hoy acogotados, en el marco de una economía que por eso es que no crece lo suficiente, podría preferir otras dos alternativas más sutiles, más “placenteras,” como son, una de ellas, endeudarse hasta la coronilla (ya vamos llegando al punto de inflexión de un 60% del PIB de endeudamiento del estado), que tiene la ventaja adicional que no se “carga” directamente a los votantes de hoy, sino que será pagada por las generaciones del futuro y que potencialmente no se vengarían votando en contra de ese gobierno. (Aunque la gente descuenta esos pagos futuros que se traducirán en impuestos).

La otra alternativa, de rapacidad encubierta, es que el Banco Central emita para prestarle al gobierno para que financie su gasto. Y, como es usual, al subir los precios, los políticos dirán que es “por culpa de los voraces empresarios” y no tardará en proponer la siempre fracasada política de controles de precios, que lo único que genera es escasez de bienes y servicios para los consumidores. (Dejo de lado todas las distorsiones en el sistema de precios, en donde ya no más es claro que un aumento en el precio de un bien sea indicador de su escasez e impulsa aumentar la oferta, pues, en una inflación todos los precios aumentan generalmente y la señal deja de servir). 

Este año el gobierno destinará ¢1.127.890 millones a pensiones, donde ¢917.000 millones corresponden a sistemas de pensiones como los del Magisterio, Nacional, Hacienda y ex Diputados, financiados ¢840.000 millones por el estado y los restantes ¢78.000 millones serán aportados por los “beneficiarios, funcionarios públicos activos y pensionados.” Los ¢211.000 millones que faltan corresponden al aporte estatal al IVM de la Caja (recuerden que es un régimen tripartito; trabajadores, patronos y estado). Según informa la Contraloría, “el gasto en pensiones se comerá casi el 11% del Presupuesto Nacional.” Indica el medio que ese “rubro creció en un 41% entre el 2015 y el 2020” y que, para este año, comparado con el anterior, el aumento es de un 6.4%.
 

La jarana siempre sale a la cara. El desorden fiscal, si se mantiene ese gasto desbordado, nos pasará la cuenta de una u otra forma, pues. para hacer cacao, se necesita de chocolate y ese chocolate viene de los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes, los de hoy y los del futuro.
 

Aquel déficit, en opinión de la Contraloría, se debe a “la ausencia histórica de fondos con financiación tripartita y a la reducción de la población trabajadora, producto también de la situación demográfica” (¿y de la económica, que se ha reflejado en un crecimiento de la economía subterránea, en donde no hay cotizaciones?), además de que ”los regímenes con cargo al presupuesto son de carácter cerrado” y aunque desaparecerán en su momento, “durante un plazo considerable tendrán un peso significativo en el gasto.” Claro, lo que nos dice es que se debe terminar ya con las pensiones de lujo que básicamente están presentes en esos regímenes a cargo del presupuesto nacional. Estos sistemas “seguirán costándole mucho dinero al Estado,” léase, a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes.
 

El artículo señala que los sistemas de pensiones de mayores cuantías en el presupuesto nacional son el del Magisterio con ¢619.000 millones, los de Hacienda y Poder Legislativo con ¢78.000 millones, ¢211.000 millones al IVM de la Caja, esto último porque pasó de ¢72.400 millones del 2018 a ¢211.000 millones, ante el alza en el aporte estatal (además del laboral y patronal) de 0.58% a un 1.41%.  Por otra parte, las llamadas pensiones no contributivas subieron de ¢8.560 millones a ¢12.680 millones, en mucho debido a las prejubilaciones a extrabajadores de JAPDEVA. En el desglose que presenta el medio se indica que el gasto gubernamental a las pensiones del IVM en este año será de ¢285.000 millones, pero, por otra parte, señala que es de ¢211.000 millones, a lo que podría ser necesario sumar el aporte estatal de las llamadas pensiones no contributivas, si es que va a dar a la Caja, que este año ascenderían a ¢12.860 millones. Así, el total para la Caja sería de ¢224.000 millones, cifra que no calza con la señalada por el medio. Así que no tengo certeza acerca de los datos que consigno y que indica el medio.
 

En todo caso, vale la pena destacar que, en un esfuerzo por reducir los montos destinados a pensiones, “el gobierno planea impulsar, cuando los diputados retornen a sus labores el 13 de enero próximo, una segunda reforma a las pensiones de lujo que imponga un tope de ¢2.4 millones (al mes) y que pase al IVM a todos los trabajadores públicos que aún no se hayan pensionado mediante regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.” Bueno, ver para creer...

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Política salarial y de incentivos en la Caja (Parte II)

Una impresión inicial que se puede derivar de lo expuesto en la primera parte de mi comentario es que, en cierto momento, la relación laboral en la Caja se comportó como un monopolio bilateral, en donde la Caja era el único (o casi) demandante de los servicios de profesionales de Ciencias Médicas, que a la vez que dio lugar a la existencia o al fortalecimiento de organizaciones sindicales (Colegios de Médicos y otras agrupaciones laborales) de ese grupo de profesionales. Estas asociaciones incorporan una regulación firme en cuanto a una autorización legal de precios mínimos a la prestación de sus servicios, de forma que, de hecho, se tenía el monopolio en la oferta de esos servicios profesionales. Esto hizo que, alrededor de hace 50 años, ante estos dos monopolios enfrentados entre sí, se diera un proceso de arduas negociaciones entre ambos para determinar los precios de esos servicios. Esto particularmente se reflejó en la aprobación en 1982 de la Ley de Incentivos Médicos, que luego fue la base primordial para la determinación, en los años siguientes, del “precio” definido de los servicios de profesionales de las ciencias médicas.

No obstante, aquella naturaleza monopsónica de la Caja (de un único o casi comprador exclusivo de esos servicios) ha ido disminuyendo gradualmente y, en la actualidad, existe un ambiente más competido por servicios médicos de parte de empresas privadas, también demandantes de esos servicios. Esto, sin dejar de reconocer que la Caja sigue siendo la más importante y mayor, pero ya no más el único o casi único comprador de esos servicios de épocas pasadas. Una ampliación de un mercado con un mayor número de demandantes debe verse positivamente desde muchos puntos de vista, pues ha dado lugar a una mejor asignación de los recursos, reflejado en mayores oportunidades para obtener un mejor rendimiento de la inversión en la educación de ciencias médicas.
 

Pero, este avance de un mercado más competido en la definición de los precios de los servicios médicos, todavía hoy se ve impedido por la existencia de regulaciones en cuanto a precios mínimos a los que los médicos pueden dar sus servicios, como sucede con las impuestas por el Colegio de Médicos y similares. Esto hace que el consumidor no reciba el beneficio pleno de servicios médicos en cuanto a calidad y cantidad, pues, de hecho, el Colegio y su influencia sobre el mayor centro educativo en medicina, la Universidad de Costa Rica, ha logrado que la cantidad de profesionales que llega al mercado se restrinja a lo que sería sin esa limitación de obligación de colegiarse para poder ejercer. Afortunadamente, cada vez hay más opciones para educarse en el país, pues antes solía ser en el extranjero (con mayores costos), pero siempre han existido “trabajas y regulaciones” en ese Colegio profesional, para limitar un aumento en la oferta de profesionales médicos provenientes del exterior.
 

Para beneficio de los consumidores y para permitir un aumento en la cantidad de profesionales de esa área de la economía, es necesario que la regulación de esos Colegios se restrinja a ser un ente (o varios entes que compiten entre sí: esto es, que pueda haber más de un Colegio de profesionales iguales o similares y no la exigencia de que, por Ley, sea sólo uno) que sirva de informador o referente a la ciudadanía consumidora, acerca de la calidad de los profesionales en un marco de libre asociación, pero no para fijar precio mínimo alguno por sus servicios.
 

Un segundo aspecto importante que se puede derivar de lo comentado en la primera parte, es cómo, al darse un aumento de salarios o pluses no generalizado, sino sólo para un grupo específico dentro de una institución, con el paso del tiempo se va extendiendo a grupos restantes, más o menos organizados, dentro de esa institución. En otro comentario previo expuse acerca de los pluses en el Poder Judicial, y eso allí se vio claramente: cada sector trataba y lograba no quedarse atrás del grupo que se le había adelantado en salarios o pluses.  Este parece ser también el mismo caso en la Caja, en donde, como se mencionó, en 1982 se aprobó la Ley de Incentivos Médicos por el Congreso, que otorgó una serie de pluses para ese sector profesional específico (anualidades de 5.5% anualizado, carrera profesional de un 11% sobre el salario, otro del 11% por carrera administrativa, un 3% por cada hora, después de la quinta, para los que laboran en consulta externa y de un 10 a un 14% por trabajar en áreas rurales).
 

Ante el aumento para ese sector, algunos de tales beneficios luego se extendieron a otros grupos, como la dedicación exclusiva también para empleados administrativos y profesionales de ciencias de la salud y, posteriormente, otra serie de ellos a profesionales de enfermería. Y eso es entendible, porque, una vez que se le otorga a un gremio de relevancia institucional dentro del ente, es más difícil dejar de dárselos a otros gremios de esa misma entidad. Así, uno observa muchos casos de “solidaridad” entre esos grupos para apoyar aumentos entre ellos, pues luego son base para que su propio grupo los logre, así como para que, tal vez, ante esto, los primeramente favorecidos, bajo el argumento de mantener incólumes diferencias previas, soliciten y obtengan otro aumento diferencial. Y así va el sistema…
 

Esto es interesante, pues este efecto a veces no se circunscribe a un impacto dentro de la misma institución. Por ejemplo, cuando se daban aumentos en los salarios de los contralores de la República, aumentaban las dietas que se pagaban en una serie de instituciones distintas de ese ente, pues el pago en la primera determinaba el pago en las otras. O, también, cuando un grupo profesional dentro de un ente gubernamental obtenía un aumento o nuevos pluses (todo lo que elevara el salario efectivo), eso promovía que, en otras instituciones diferentes, profesionales de ese mismo gremio insistieran en que a ellos también se les diera un trato similar (por ejemplo, para el caso, profesionales de medicina o dentistería o derecho, en entes además de la Caja).
 

Otro caso interesante de esta interdependencia fue el plus de la Caja llamado “enganche salarial,” mecanismo por el cual “se aumentan los salarios de los médicos y demás profesionales de la salud, cada vez que el Gobierno Central le otorgue un incremento o un incentivo a cualquier otro grupo de funcionarios públicos, sean misceláneos, policías, maestros o abogados.” Este plus forma parte de la Ley de Incentivos Médicos de 1982, antes mencionada, beneficio que se extiende a los profesionales en salud -médicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y microbiólogos- “de todos los entes públicos,” no sólo de la Caja.  Esto lo consigna La Nación en su artículo del 25 de agosto, titulado “Reforma fiscal anula privilegio que infla salarios de médicos,” pero esa anulación no se aceptó en la comisión que ve la reforma fiscal.
 

Un tercer elemento que surge claramente al analizar el caso de la Caja (no es privativo de ella), es la urgente necesidad de tener una política salarial que dependa definitivamente de un salario base para las diversas categorías sobre el cual no se le adicione pluses, excepto cuando es algo definido por una ley general aplicable a toda la República (por ejemplo, el treceavo mes y similares). Así, es más fácil que se pueda relacionar el desempeño del funcionario por su capacidad, desempeño, habilidad y escasez de sus virtudes profesionales, con el salario, a diferencia, por ejemplo, de cuánto ha sido el tiempo laborado en una institución, haciendo, hipotéticamente, lo mismo.
 

Cualquier política salarial deberá tomar en cuenta las capacidades financieras de la entidad para pagar los salarios, sin que sólo sea resultado de una simple comparación con aquellos de actividades privadas y pagar más porque, si no se lleva a cabo, pierde el personal. Este es un tema delicado al ampliarse la demanda de profesionales en el mercado privado, pero, en tanto que en una empresa privada los resultados son relativamente fáciles de determinar (el valor que agregan a los beneficios de la empresa) para definir el pago debido, en algunas entidades públicas no lo es tan fácil. En todo caso, no hay que incentivar con pluses la permanencia en el trabajo en el ente público, para que no se vaya a laborar al sector privado. Si hay suficiente oferta en el mercado para suplir a algún empleado crucial que busque irse a laborar adonde se le pague mejor, pues es mejor dejarlo que busque un mejor destino en esa otra entidad. La gente vota con los pies: si no le parece o se le presenta algo mejor, se va. Por supuesto, un desafío de la Caja es tener que equiparar sus salarios de personal indispensable para su desempeño, pues obviamente no es aceptable que carezca del personal requerido, si es una obligación legal prestarlo. El equilibrio en la gestión salarial de la Caja es crucial, pero debe ser claramente definido.
 

Tengo un enorme aprecio por los trabajadores de la Caja de muy distintas áreas y creo que la institución, adaptándose a técnicas modernas de desempeño, como podría ser como en Suecia hoy, llegar a acuerdos contractuales para que entes privados puedan dar el servicio a que hoy está obligada a dar la Caja, pero a un costo menor que el actual. Así, la Caja nunca deja de definir el servicio de salud que considera conveniente para los ciudadanos, pero la prestación del servicio sería más eficiente bajo los criterios de una empresa privada. El futuro financiero de la Caja no se vislumbra róseo y aumentos en las cotizaciones posiblemente serán inaceptables para los ciudadanos quienes, en muy justificados casos, sienten que lo que reciben es muy inferior a lo que cotizan.
 

Adicionalmente, como está hoy el sistema, en donde una vez pagado un monto dado por cotizaciones a la Caja de parte del trabajador y la empresa, se usen o no sus servicios, estimula la idea de que se debe demandar todo servicio médico que al usuario pueda ocurrírsele, pues ya ha “pagado” por eso.  Esa demanda “infinita” surge al saber el usuario que, una vez pagado el servicio con las cotizaciones efectuadas, para él usar el servicio médico tiene un precio de cero y eso se refleja en una demanda sobredimensionada que, dada la capacidad de la Caja, da lugar al deterioro del servicio, a filas en espera de recibirlos y otra serie de consideraciones que le molestan al ciudadano. Pensar en el llamado “copago” no es mala idea, para hacer saber que el servicio médico cuesta, y que no es gratuito, aunque ya se hayan pagado las cuotas por el servicio. De esa forma se racionalizaría el uso (demanda) de los servicios de la Caja.
 

O la situación financiera de la Caja se soluciona, empezando por terminar con abusos en pluses como los expuestos, o simplemente termina en su quiebra real: en donde no habrá servicios ni para lo esencial por parte de la Caja o serán sumamente deteriorados. Tengo la impresión de que la ciudadanía no desea eso. Si se quiere mantener la vigencia de la institución, es indispensable introducir cierto grado de racionalidad en su gasto y ámbito de servicios.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: política salarial y de incentivos en la Caja (Parte I)

La Nación publicó sendos artículos sobre este tema, uno titulado “CCSS paga medio billón de colones en incentivos: Diputados, directivos y Gobiernos crearon pluses en últimos 50 años,” en su edición del 27 de julio, y, el segundo, bajo el título “4 gobiernos inflaron pluses a médicos en asocio con gremios: Acuerdos por presiones sindicales cuestan hoy ¢200.000 millones anuales a la CCSS,” que apareció el 6 de agosto pasado. Ambos artículos sirven de base para mi comentario al respecto.
 

Para entender el problema, explicaré grosso modo un tema de economía, cual es el llamado “monopolio bilateral,” que significa que, en la relación comercial, existe tan sólo un demandante de, por ejemplo, un servicio (un monopolio del lado de la demanda) y un solo oferente de ese servicio (un monopolio del lado de la oferta). En este caso, a diferencia del usual análisis competitivo, no se llega a un acuerdo “estable” en el precio, sino que será una posición intermedia resultante de la fuerza relativa de cada uno de ellos, en donde el monopolista (único oferente) no logrará su precio óptimo, ni tampoco el monopsonista (único demandante), estará en su posición óptima. Complejidades técnicas aparte, significa que el monopolista ni el monopsonista se salen con la suya de lograr, el primero, el precio mayor por la venta del servicio, ni, el segundo, el precio menor que puedan pagar por ese servicio, sino uno que esté entre esos dos extremos.
 

Para mi análisis, se podría considerar a la Caja, en cierto momento histórico, como un único demandante de los servicios de los médicos y dada esa condición presunta de monopsonista (único comprador), su posición óptima es lograr pagar el mínimo posible a los médicos que contrata. Por otra parte, los médicos se organizan en un sindicato (monopolista) para lograr que se les pague el máximo posible por sus servicios, superior al salario del mercado competitivo.
 

Hay dos condiciones aquí que tomar en cuenta: la primera y fundamental, es que haya algún impedimento para la entrada o salida de los participantes en el mercado y eso usualmente se logra tan sólo si el gobierno, con su regulación, permite que el poder monopólico de una o de ambas partes pueda ejercerse. Bueno, la Caja en cierto momento fue el único contratista de los servicios de salud institucionales, antes que otros hospitales privados surgieran demandando servicios de médicos y así se ha ido rompiendo el poder de la Caja, de pagarles menos a los médicos que lo que sería el salario de mercado (la única “medio salida” que había era el ejercicio privado de la medicina en despachos privados, usualmente en horarios después del trabajo en la Caja, pues siempre era prominente trabajar en hospitales: esto puede haberse convertido en un aliciente para el surgimiento de los llamados “biombos”).
 

Por el lado del monopolio del servicio ejercido mediante el o los “Colegios de Médicos” y otros entes sindicales, se ha mantenido el poder para lograr que los salarios pagados sean mayores que los que podrían obtener en un mercado competitivo por sus servicios. De hecho, la regulación gubernamental no permite que alguien que sea médico pueda ejercer como tal y esa pertenencia es requisito para trabajar en los hospitales del gobierno (así como en los privados) y, ante todo, fija los costos o precios mínimos por servicios médicos.
 

Una segunda característica importante es que es posible observar, en ciertos momentos de crisis de la economía, cómo se instauran ciertas políticas -no dudo que bien intencionadas- de aumentos de salarios permanentes (y lo de permanentes es clave) en la estructura salarial, a fin de evitar un empobrecimiento del gremio médico causado por esa crisis. El problema es que, una vez pasada la crisis, se han instaurado mecanismos que, automáticamente, siguen aumentando el pago por esos salarios a médicos y otro personal, mucho más allá de, digamos, la inflación o de cambios en los mercados de esos servicios. Dos ejemplos son los grandes incrementos en ciertos pluses otorgados como compensación, uno ante la crisis de 1982, en la administración Carazo, práctica que se continuó en la administración Monge, y otro que se dio en el 2008, posiblemente como parte del llamado Plan Escudo, que se otorgó tanto a profesionales de la medicina, como a personal administrativo. El problema con estos ajustes a un grupo profesional, es que internamente fue factor de presión para que expandirlo en distintos grados hacia otros sectores laborales dentro de la Caja.
 

En el marco de esa lucha de poderes (del monopolio bilateral), ante la entrada de nuevos demandantes de servicios profesionales médicos -hospitales privados- el poder del monopolio de la Caja se ha ido erosionando y dando lugar a un mayor espacio de poder a los gremios sindicales para imponer un precio (salario) más alto en la Caja.
 

Veamos algunos detalles de los principales acuerdos en los últimos 50 años acerca del origen de la decisión, ya sea la aprobación de una ley, un acuerdo de la Junta Directiva de la Caja, una decisión del Gobierno o acuerdos directos con los sindicatos, que se tradujeron en 24 incentivos o pluses. (Obviamente esto es sólo una formalidad porque, por ejemplo, no me van a decir que los gremios sindicalizados no han hecho presión ante el Poder Legislativo, para que se aprueben diversas leyes en favor de sus asociados).
 

Pero, antes de esa descripción, es necesario señalar que hoy la Caja “prevé gastar más de ¢475.000 millones en pluses” y que “hay beneficios para todo tipo de funcionarios; médicos, enfermeros, ingenieros, abogados y administrativos entre otros,” según lo señala el medio arriba citado.

APROBACIÓN DE LEYES POR LOS DIPUTADOS:
 

Se trata de 10 casos que significan “más de la mitad del costo de los beneficios, con ¢264.000 millones.” O sea, cualquier pretensión de reforma requeriría la aprobación de una reforma esencial de ley, tal que corrija las anteriores. La ley más costosa es la Ley de Incentivos Médicos, creada en 1982, “que le cuesta a la Caja unos ¢152.000 millones anuales.”
 

Entre los pluses comprendidos en esta Ley están las anualidades a profesionales de ciencias médicas (5.5% del salario por cada año laborado), carrera hospitalaria (11% del salario), administrativa (11% del salario) y dedicación exclusiva (no se informa qué porcentaje del salario), un incentivo por consulta externa (un 3% por cada hora después de la quinta) y un incentivo a quienes trabajan en áreas rurales (oscilando entre un 10% y un 14% del salario, dependiendo de la zona). En 1985, asumo que, basada en esa Ley de 1982, la Autoridad Presupuestaria creó una bonificación adicional para los profesionales en ciencias médicas, del 15% sobre el salario base.
 

En 1989 se aprobó la Ley del Estatuto de Servicios de Enfermería, que otorgó a los enfermeros una anualidad del 3.5% y un complemento salarial de un 15% sobre el salario base.
 

En 1990, aquellos porcentajes de pluses aumentaron: 16% en la carrera administrativa y la carrera hospitalaria, el de consulta externa hasta un 21% del salario base, el incentivo de zona rural ascendió a un rango entre 17 y 21%, y se elevó el llamado asignación de vivienda de un 10% a un 15%.
 

En el 2004, mediante aprobación legislativa se amplió la Ley de Incentivos Médicos a otros profesionales de las ciencias médicas, y se definió una anualidad del 3.5% para los enfermeros, así como un incentivo de un 55% por dedicación exclusiva a estos últimos.

APROBACIÓN POR ACTOS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA:
 

Se trata de 9 beneficios otorgados mediante decisiones de la Junta Directiva del ente.
 

En 1985 aprobó un pago a los ingenieros por disponibilidad (20% del salario).
 

En 1992 autorizó un incentivo de rotación que, supongo, es “por la adaptación biológica de laborar en los turnos de la tarde y de la noche, aún si ese salario es eventual” (no sé si es un porcentaje sobre los salarios).
 

En 1997 se dio la aprobación de la Junta Directiva de un pago por disponibilidad administrativa para 1.200 funcionarios y también aprobó un pago por zonaje a empleados administrativos.
 

En el 2002 autorizó un plus a los abogados de la Dirección Jurídica de la Caja y en el 2003, uno llamado viático fijo (que no se a qué se refiere).
 

En el 2009 la Junta adoptó una anualidad para los empleados administrativos que oscila entre un 2 y un 3% del salario por año laborado. Eso tiene un costo para la Caja de ¢78.500 millones en el presupuesto del 2018.
 

En el 2010 aprobó un plus llamado auxilio económico con un presupuesto de ¢3.8 miles de millones en el 2018 y es para trabajadores hospitalarios a los cuales la Caja no les puede dar alimentación (no hay información del costo del plus para aquellos a los que sí se les da alimentación).
 

Asimismo, el periódico señala que no dispone de la fecha de aprobación de un pago por disponibilidad médica, que en el presupuesto del 2018 significa una partida de casi ¢22 mil millones.

APROBACIÓN POR DECISIÓN DEL GOBIERNO:
 

Se refiere a 3 beneficios que fueron decididos por actos del gobierno de la República.
 

En 1989, de acuerdo con el medio, por un acto del gobierno se otorgó un plus a los informáticos (me parece que es de un 25% sobre el salario).
 

En 1994, el gobierno decidió la creación del llamado salario escolar, el cual es aplicado a todos los trabajadores del sector público, no sólo a los de la Caja.
 

Y, en el 2012, el gobierno definió un plus llamado “carrera profesional” para todos los profesionales del sector público, que, en conjunto con los dos anteriores, se traduce en un monto de ¢93.000 millones en el presupuesto de la Caja del 2018.

APROBACIÓN POR ACUERDOS ADMINISTRATIVOS CON EL SINDICATO CORRESPONDIENTE:
 

Hubo dos beneficios que derivaron de la acción directa de sindicatos con la administración. Uno de ellos fue un pago adicional al salario por riesgo en hospitales psiquiátricos (una partida que en el presupuesto de este año se eleva a ¢844 millones).
 

Y el segundo fue en el 2010 por “tecnologías médicas,” cuyo detalle no se indica, excepto que en el presupuesto del 2018 asciende a casi ¢6 mil millones.
 

En la segunda parte de este comentario, daré mis opiniones en torno al problema estructural serio que exhibe la Caja del Seguro Social en cuanto a su política salarial.
 

* La segunda parte de este comentario se publicará mañana

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: acerca de la regla fiscal que limitaría el gasto estatal

Escribo esto -tarde del jueves 12 de mayo- porque he llegado a saber que la regla fiscal que estaba en discusión en la Asamblea Legislativa ha pasado a mejor vida.  A pudrirse en el olvido por culpa del oportunismo político y no a causa de un razonamiento apropiado que la hubiera lanzado a la tumba, como sí sería aceptable.

Explico brevemente en qué consistía dicha regla fiscal, propuesta en la Asamblea Legislativa para que la aplicara el gobierno central: En la contabilidad fiscal existe lo que se llama un déficit primario, que es la diferencia entre ingresos, tanto corrientes como de capital, del gobierno central y todos sus gastos, excepto los financieros; esto es, excluye de la comparación entre gastos e ingresos, aquellos por el pago neto de intereses. La propuesta inicial que se había presentado en la Asamblea Legislativa, contenida en su artículo 7, contenía varios elementos que se deben de comentar:

1)    Que bajo condiciones normales, el resultado primario (arriba explicado) debería de ser superavitario en un 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es, aunque no se sabe que son “condiciones normales” y menos quién las define, el ejercicio fiscal del gobierno central debería de generar un exceso de ingresos sobre gastos (dejando por fuera a los intereses) en el equivalente de un 2% del PIB, me imagino que del año (normal) correspondiente.

2)    Que bajo condiciones económicas excepcionales (de nuevo, no se dice quién determina tal excepcionalidad y ni siquiera qué es lo que eso significa), gobierno central no tendrá superávit ni déficit (0% del PIB).

De esta manera, la regla amarra al gobierno central para que no tenga un déficit primario; esto es, habría tan sólo un déficit al tomar en cuenta el pago neto por intereses del gobierno central.
 

Esta regla había sido aceptada por los grupos de oposición legislativa al gobierno, según los acuerdos explícitos logrados de previo a la elección del último directorio legislativo. Ahora resulta que se excluyó de la discusión, al darse una oposición del poder ejecutivo actual a la aprobación de dicha regla y al considerarse que dicha exclusión, presuntamente permitiría destrabar el debate tributario actual en torno a la aprobación de proyectos para disminuir el gasto gubernamental. Esto en aspectos tales como pensiones en el caso del gobierno y el Poder Judicial, las anualidades automáticas a empleados públicos y disminuiría la cantidad de empleados públicos que hoy disfrutan de un plus salarial por disponibilidad. 

Pero, además de que el bloque de oposición descartó la discusión de la regla fiscal descrita, también lo hizo en otras dos áreas que llaman nuestra atención.  Por una parte, se había propuesto otra restricción al gasto, que constituía en que se definiera una política para reducir el gasto del gobierno central cuando la deuda pública excediera al 40% del PIB.  De hecho, en la actualidad se acerca a un 60% por ciento del PIB. O sea, ahora tal contención sería más importante que nunca.

Por otra parte, otra regla que considerada para su aprobación, era que el gasto primario (ver definición arriba), que, recuerden, deja de lado el pago neto de intereses del gobierno central, no podrá crecer en más de un 1% en términos reales; esto es, que exceda la tasa de inflación como máximo en un 1%. Eliminar esta restricción libera al gobierno de otra limitación al crecimiento de su gasto, excluyendo intereses.

Y, en una tercera parte, también los diputados del bloque opositor se plegaron a la propuesta del gobierno de una vía rápida para luchar contra el fraude fiscal, lo cual incluye el embargo, de parte de la Tributación, de los haberes de morosos, previa aprobación de un juez (al menos eso), así como también acepta la creación de un registro de accionistas, si bien no se especifica en qué condiciones operará y si su utilización para fines fiscales estará sujeta a la decisión de un juez.

Hasta aquí no queda claro un tema fundamental.  ¿Se ha llegado a un acuerdo solapado para la aprobación rápida de impuestos, tal como lo promueve el gobierno?  Vaya a saberlo usted, pero con estos gestos de liberar restricciones a un estado gastón, a uno le queda la impresión de que ese camino se ha abierto y, lo que es peor, que una eventual mayor recaudación con los nuevos y mayores impuestos no encontrará restricción alguna, como las propuestas,  en cuanto a que simplemente se gaste.  De esta manera, veremos cómo se presentarán nuevos déficits fiscales en nuestra economía, a pesar de los impuestos que se aprobarían en la actualidad.

El acuerdo -para algunos en sí un “acuerdo”, sin ver su contenido, es algo meritorio como tal- ciertamente no va en beneficio de los ciudadanos contribuyentes, sino todo lo contrario. Es factible que la ciudadanía terminará este episodio negociado pagando mayores impuestos. Su recaudación pasará a un siempre desatado -sin reglas fiscales- gobierno gastón. Así tendremos en nuestro futuro un nuevo déficit y, una vez más, en secuencia macabra, nuevos y mayores impuestos para sufragar ese otro sobreviniente déficit.  En tanto no se le queme el hocico, el perro seguirá comiendo huevos.  Sin frenar el gasto gubernamental del gobierno actual, mediante reglas como las expuestas, tanto como al de aquellos diputados complacientes que actúan así porque esperan ganar las próximas elecciones, ahora nos aprueban esta carta blanca para el gasto sin freno. Al gobierno de hoy y a los próximos les quedará abierto el camino para el desperdicio, la dilapidación y la posibilidad de gastar nuestros recursos, en manos de políticos que creen, mejor que nosotros mismos, tener una “mejor” manera de hacerlo. 

El presidente de la República se opuso a la propuesta de la regla fiscal expuesta porque, según él, de aplicarse ocasionaría la pérdida de 55.000 empleos.  No sé si fue porque no les dio y honestamente creyeron que se presentaría tal pérdida de empleo en la economía, o bien porque cínicamente piensan que llegarán a ser gobierno y no tendrán así que tomar medidas duras, le creyeron, pero creo que hay razones para dudar de esa cifra presidencial. En primer lugar, escéptico que soy de ciertos políticos, no nos dice de dónde es que sale esa suma. No sabe, para empezar, si las personas que verán reducidos ciertos privilegios, ante la posibilidad de perder totalmente su empleo público por falta de recursos del gobierno, aceptarían la eliminación de ciertas gollerías abusivas que tanto se han mencionado y que ellos mismos conscientemente aceptan que las son. En segundo lugar, hay algo elemental de economía que el presidente parece no entender (o, sabiéndolo, le importa un comino). 

La regla limitante del gasto gubernamental significa que el estado tendrá menos recursos para gastar y, conceptualmente, supongamos, daría lugar a pérdida de empleos en el sector público, pero, al mismo tiempo, la economía privada del país tendrá más recursos a su disposición con lo cual se generaría mayor empleo en un sector privado que ahora puede invertir y consumir más. Ahora el estado no podrá demandar tantos recursos de la economía como lo hace hoy gracias a la limitante fiscal, con lo cual la ciudadanía, ante tal liberación de demanda, tendrá posibilidades de crear riqueza productiva, lo cual incluye utilizar más mano de obra y generar empleo.

Las señales son claras y a la vez confusas.  La más clara es la eliminación de restricciones -limitaciones- al exagerado gasto actual y, ante todo, potencial, lo cual impediría que se logre ese mejor manejo futuro del gasto estatal. Así habrá suficientes zorros sueltos en el gallinero.  El festín con los nuevos impuestos que consideran queda así garantizado.  La confusión de la ciudadanía, que ha esperado una conducta racional de los congresistas para evitar el camino de Grecia, es ahora mayor, pues sabemos que tener “un acuerdo” porque sí, como lo han predicado algunos, más bien nos puede ocasionar mucho daño.  Darse de besos y abrazos y palmaditas en la espalada como parece estarse viendo, si bien les podrá servir a políticos miopes que sólo ven el corto plazo, no es así para los ciudadanos, quienes terminaremos pagando los platos ratos. Mejor dicho, se nos pasa la factura del festín que hará el estado con los impuestos que piensa clavar sobre nuestros presupuestos familiares. 

Ojalá me equivoque, pero las señales ominosas en el cielo legislativo no me infunden más que inquietud, zozobra y, ante todo, una desconfianza aún mayor en cuanto al principio de que los políticos están a nuestro servicio. Con lo hecho, más bien la realidad nos dice que somos los ciudadanos quienes estamos al servicio de ellos.

Sólo parece quedarnos una posibilidad: no darle más el voto a aquellas agrupaciones políticas que nos quieren poner nuevos y mayores impuestos, al tiempo que no aceptan frenos a su gasto desenfrenado y que no está siquiera en las manos de Dios, como dice el pueblo cuando ve desatino, sino de esos políticos que tanto daño nos hacen.


Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: echándole los muertos a todo el mundo todo el tiempo

No se necesita ser un historiador avispado ni un economista genial para saber que han sido gobernantes de distinto giro, quienes han actuado, tanto desde el poder ejecutivo como desde el legislativo, de manera idéntica para conducirnos a la situación fiscal deplorable en que hoy nos encontramos: la proclividad al gasto es su marca.

No puedo sino calificar de absurda y sin sentido y tal vez de fariseísmo o mojigatería esa posición de echarle los muertos, viendo hacia atrás, a distintos políticos por la responsabilidad de la crisis fiscal actual, como argumento para que no se señale la irrenunciable responsabilidad que tienen las autoridades actuales, tanto del poder legislativo como del ejecutivo, de reducir un gasto gubernamental desenfrenado que nos ha conducido a la situación ya conocida. Nadie va a negar que fulano o zutano fueron unos irresponsables en tiempos de relativa bonanza, gastando hasta lo que no era de ellos. Pero usar dicho alegato como razón para dejar que ahora no se haga nada, es una verdadera insensatez, pues de así hacerlo sólo nos causará un mayor y enorme daño a la población.

Por eso, cuando uno hace alguna crítica a cierta agrupación política por su actuación ACTUAL (vean bien que enfatizo el momento), no significa que uno está siendo omiso de la mala actuación de diversos grupos políticos en el pasado reciente. Hay una enorme razón para hacer dicho juicio aplicado a ahora: simplemente porque aún no estamos viviendo los efectos plenos del desborde en el gasto gubernamental, pues sin duda se tratará de arreglar, por el momento, por la vía de poner mayores impuestos sobre los ciudadanos. De hecho eso no es algo a futuro; en la actualidad se han aumentado los costos de diversos servicios públicos, tales como marchamos, peajes, cánones, entre muchos otros, que no son sino formas impositivas. 

Si no creen que se pretenderá hacerlo así, pues les ruego que pongan atención a algunos de los impuestos que ya tiene pensado este gobierno tratar de que se los apruebe la Asamblea Legislativa: cambiar el impuesto de ventas por un impuesto al valor agregado, que pasaría del 13% al 15%, a la vez que se amplía la cobertura a muchos bienes y servicios que hoy están exentos de ese impuesto; aumentar el impuesto al traspaso de vehículos, aumentándolo de un 2.5% del valor que determine Hacienda hasta un 5% (vean lo que hoy estamos viviendo en relación con el marchamo, como ejemplo de la valoración cuasi-arbitraria que puede hacer el estado); elevar el impuesto sobre los ingresos de las personas físicas, de un máximo actual del 15% a dos nuevos tramos que pagarían un 20% y un 25%, respectivamente; casi duplicar el impuesto sobre los intereses que se perciben por los certificados de depósito a plazo (y otros ahorros), de un 8% a un 15% (siendo ésta la forma frecuente de ahorro de los grupos de ingresos medios); aumentar al doble los impuestos sobre el traspaso de bienes inmuebles, desde un 1.5% a un 3%; gravar las ganancias de capital, fuente de mucha de la inversión doméstica, entre otros. La cosa no es jugando…y ya estamos avisados.

Por supuesto que esos impuestos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa (hasta el momento, aunque jueguen con ciertas cosas, como en el caso del marchamo), por lo cual es necesario que, con franqueza, pongamos los puntos sobre las íes al respecto. Para que se le aprueben esos impuestos, el partido oficial PAC tendrá que buscar el apoyo de otros grupos políticos en el Congreso.  No duden que los apoyará el Frente Amplio, así como que no faltará algún diputado suelto por ahí, quien, posiblemente a cambio de algo, estaría dispuesto a otorgarles su voto personal. Pero uno esperaría que otros partidos políticos relativamente grandes y llamados de oposición, incluso el disminuido Movimiento Libertario, como lo son Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y otros menores, atiendan la justa petición popular de sus partidarios, para que no se les aumenten los impuestos antes de que se reduzca sustancialmente el enorme gasto público, cuyos abuso es ya bien conocido por los ciudadanos. (Claro: ya saben de las pensiones de privilegio, de las gollerías sindicales en convenciones colectivas, de anualidades por buen desempeño que se otorgan a buenos y a malos; ¡para qué sigo!).

Cada cual de nosotros puede tener distintas preferencias políticas y no es inusual que ciudadanos cambien “de color”, como se suele decir, pero debemos ser conscientes de los actos que, EN ESTOS MOMENTOS, se están llevando a cabo, que impiden poner orden a un estado de cosas de las finanzas públicas que nos encaminan por el rumbo griego, español y portugués ya conocido: la quiebra de sus economías con un grave daño a los ciudadanos, principalmente los más desvalidos.

El presupuesto ordinario de gastos del gobierno central que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa es desmesurado. No sólo se los digo yo; se los ha dicho, también con toda claridad y de manera precisa un diputado del partido oficial, don Ottón Solís, quien señaló que no debe ser aprobado y que, más bien, se atienda a la reducción propuesta por una mayoría de los diputados de la Unidad. Igualmente, un economista destacado de Liberación Nacional, el doctor Rodrigo Bolaños, en un excelente comentario que publicó en La Nación del 1 de setiembre, titulado “Ajustes en el presupuesto del 2016, desnudó los serios problemas que tenía dicho presupuesto en una economía que ya sufría un déficit superior al 5% del PIB. Y estoy seguro que muchas personas que hoy forman parte de Liberación Nacional han de estar meditando cuidadosamente acerca de lo sucedido en este caso. (También hay diputados de otras fracciones diferentes a las citadas, quienes también propugnan por reducir ese gasto, destacando el señor don Mario Arredondo del partido Alianza Democrática Cristiana). 

Por tal razón, me tiene sumamente preocupado la posición asumida dicen que por toda la fracción de Liberación Nacional, de aprobar sin recorte alguno el presupuesto ordinario que el Poder Ejecutivo le presentó ante la Asamblea Legislativa para el 2016. Fueron los votos, al menos en el primer debate,  de diputados del PAC (con excepción de don Ottón), del Frente Amplio, de un díscolo diputado del PUSC, de una diputada que se fue del Movimiento Libertario, quienes, junto con los diputados de Liberación Nacional, otorgaron su voto para que se aprobara incólume, intacto, dicho presupuesto en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa. Se espera que en segundo debate suceda algo muy parecido. Han votado por un presupuesto hartamente desfinanciado, de forma tal que incluso el gobierno anda buscando en China financiamiento por $5.000 millones, a fin de que le entre plata para seguir gastando; eso sí, endeudándonos a todos nosotros y a las generaciones que nos han de seguir.

Cada uno de nosotros es libre de tener sus preferencias políticas, y personalmente no descarto la posibilidad de darle mi voto a algún partido democrático -incluso Liberación Nacional- si no hubiera otra opción viable frente a una izquierda que sólo espera, no tan agazapada, las próximas elecciones. Pero, honestamente, creo que tal posibilidad se va descartando cuando uno observa tal irresponsabilidad de dicho partido, al aprobar, santificado con su contubernio, el presupuesto que le presentó este gobierno. 

Tal vez lo hizo pensando -con el cinismo político tan usual y hasta esperable- en que “ganarán” las próximas elecciones y que, aprobando los impuestos ahora, los recursos que le entren al gobierno lo serán a plenitud a partir del 2017-2018, cuando esperan gobernar. Lo hacen de manera que este gobierno recibiría una ayudadita para su gasto desenfrenado y robustecido, pero el montón de plata entraría plenamente en su anhelada próxima administración. Pero también heredarán una economía lesionada aún más por los nuevos y mayores impuestos, que luego habrán de impulsar a fin de poder llenar el hueco fiscal que ahora están contribuyendo a ampliar. Recibirán una economía que hoy casi no crece y que tiene en la actualidad tasas de desocupación cercanas al 11% y de un subempleo igualmente elevado -esto es, de aquellos que tienen empleo, pero sólo parcial- de alrededor del 12%.  Difícilmente nuestra economía crecerá más si se le ponen impuestos: todos creados para que el gobierno pueda seguir con la gastadera lo cual nos asegura -inevitablemente- que habrá un nuevo déficit a futuro. Nunca he visto yo una economía crecer cuando se le ponen mayores impuestos; todo lo contrario. Y si no hay crecimiento, no habrá mayor inversión ni demanda de trabajo ni incrementos en los ingresos familiares.

Estoy casi seguro de que muchos lectores han oído la expresión “victoria pírrica”, que toma su nombre del rey Pirro, rey del estado helénico llamado Epiro, quien derrotó a los romanos en el siglo III antes de Cristo, pero para lograrlo tuvo que sufrir una enorme cantidad de bajas. El diccionario de la Real Academia describe de la siguiente manera a la palabra “pírrica”: “dicho de un triunfo o de una victoria: Obtenidos con más daño del vencedor que del vencido.” Pues así le va a pasar a ese eventual gobierno que Liberación considera que obtendrá en el 2008: la economía, para ese entonces, estará tan golpeada, que si es que llegan a gobernar, lo será sobre cenizas. No tengo dudas de que la ciudadanía tendrá en cuenta la conducta observada de ese partido en estos días, al decidir su voto en las próximas elecciones: de olvidarlo, no faltará quien se los recuerde, por si acaso la memoria es flaca.

No desisto en mi esfuerzo.  Los diputados de Liberación Nacional se habrán dado cuenta de que los “rodaron”, cuando el gobierno les ofreció, a cambio de su voto, que si les aprobaban -como lo fue- el presupuesto ordinario del 2016, proponer nuevas reformas presupuestarias en este año, para lograr después reducirlo y no ahora.  Tienen, sin duda, confianza en la palabra de los actuales gobernantes. Igual que nosotros, quienes confiamos en la palabra del hoy presidente, quien nos dijo, antes de las elecciones en que fue electo y existiendo una situación ya conocida de un elevado déficit fiscal, que, antes de poner cualquier impuesto, reduciría primero el gasto de forma significativa. Obviamente, aún estamos esperando que cumpla con lo que nos ofreció a los ciudadanos en aquel entonces.

En el momento en que salga a la luz mi comentario posiblemente ya no habrá tiempo para que las cosas cambien correctamente y que se haya aprobado el proyecto de presupuesto ordinario mencionado, básicamente con la aprobación sorpresiva e inesperada de la fracción legislativa del partido Liberación Nacional. Pero de no variar las cosas actuales,  la ciudadanía no olvidará que, más bien como consecuencia de la cómplice aprobación de dicho presupuesto, también se nos aprobarán nuevos y mayores impuestos. Incluso recientemente (el pasado lunes 23 de noviembre) ese partido le ofreció públicamente al presidente Solís la aprobación del infame impuesto a las sociedades, que había sido declarado ilegal por la Sala Constitucional, entre otras cosas. Han sido capaces de resucitar un injusto impuesto, en donde las empresas pequeñas y muchos ciudadanos estaban condenados a pagar lo mismo que empresas poderosas: y después nos salen diciendo estar preocupados porque prolifera la economía subterránea en el país. Cada día hay más empresas pequeñas operando informalmente debido a los enormes costos que para ellas tiene cumplir con todas las reglas formales de la economía regulada; uno de esas reglas importantes es el costo y el impuesto que tendrían que pagar por constituir una sociedad y así poder trabajar formalmente. Mejor los evitan yéndose a trabajar en la economía subterránea. 

Cuando este comentario vea la luz, ya el presupuesto ordinario del gobierno habrá sido aprobado por la coalición ya mencionada en la Asamblea Legislativa. Mi comentario, a pesar de todo, no es tardío, pues espero que los ciudadanos tengan presenta lo que ha sucedido y eso es lo que ahora importa. Pero es más importante aún terminar con eso de que nos crean unos tontos de capirote, que no nos damos cuenta de la desfachatez y la falsedad que a veces vemos tan claramente expuesta en ciertos actos de políticos. No debemos de olvidar tales actos, que nos saldrán muy caros. 

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: desvestir santos para vestir al CNP

Informa el Poder Ejecutivo (desde el ministro de agricultura) que buscan dineros para poner a flotar el Consejo Nacional de Producción. El CNP adeuda más de 3 mil millones de colones y para su gestión del año entrante se requieren más de 4 mil millones de colones.

El Estado hace aguas por todo lado, pero hay que entender que algunos jerarcas se esmeran en hacerle más goteras y fugas.  EL CNP debió haberse cerrado desde hace años. Su función ha sido inútil y su creación obedece a conceptos estatistas que solo han hecho daño, han  perjudicado la economía nacional, han producido pérdidas y han fomentado la irresponsabilidad.

La idea de los jerarcas es tomar dinero de otras administraciones para “fondear” el CNP, aprovecharse el PAI  (un programa impuesto de compras públicas) para “posicionar “ el CNP y, finalmente, tomar de los insuficientes fondos públicos para terminar de poner a flotar una mala idea.

En la embriaguez que en algunos ha producido el brillante desempeño de la selección de fútbol en el Mundial, han pretendido ignorar el daño que hace el nocivo monopolio de Recope, el punto muerto a que se ha llegado en la intentona por bajar los precios de la electricidad y el complicado estado de las finanzas públicas. Solo así se puede entender que, además, pretender poner a flote uno de las administraciones más complicadas del aparato estatal:  el CNP.

No puede haber racionalidad en este anuncio y es indispensable empezar con la labor crítica para detener esta intentona.  Resucitar la gestión del CNP afectará gravemente la economía nacional y el desempeño de la agricultura.

Es obvio que tal intentona deviene del complejo de autarquía alimentaria que persigue algún sector del estatismo que ha asumido la dirección del Estado.  Es el momento de discutir, analizar y combatir tan nefasta idea, pues el resultado será el desperdicio de más fondos públicos, más endeudamiento estatal y amenaza de más impuestos.  Ello conviene a los buscadores de rentas públicas, también a los ineficientes, un tanto más a los estatistas y en alguna parte a la corrupción.  El resultado será más burocracia y pobreza, menos eficiencia y libertad. 

No podemos quedarnos callados. 

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: cooperación versus centralización política

Han observado ustedes la frecuencia con que políticos suelen decir que proponen hacer alguna cosa en nombre nuestro; esto es, que consideran deseable, por ejemplo, prohibir o controlar o regular ciertas actuaciones de las personas, lo cual lo dicen hacer en representación nuestra. 

La primera gran duda que le salta a uno es acerca de dónde es que emana esa presunta capacidad de políticos para conocer mejor que nosotros mismos, qué es lo que deseamos o queremos. No creo que los políticos tengan alguna habilidad genética particular que los diferencie de las demás personas y menos que dicha capacidad sea superior a la de los otros individuos, como la de poder leer la mente de estos, en tanto que los individuos no son capaces de conocer lo que está en la mente de los políticos. Ni uno ni otro; lo que pasa por la mente de una persona en cuanto a sus preferencias sólo es conocida cuando las revela al actuar en un mercado. ¿Cómo sabe usted si yo prefiero el mango al melón? Bueno, cuando a un mismo precio por unidad estandarizada, compro más de uno que del otro. Pero, si bien el consumidor reveló sus preferencias,  eso no significa que uno conoce las razones de sus preferencias. 

¿Será que el político sí puede saber lo que conocen o saben los individuos, cuando en un mercado de la política considera que, quienes votaron por él (o ella), lo hicieron así porque lo preferían?  Eso puede ser así, pero conocer exactamente qué es lo que pasa por la mente de una persona cuando lo escogió es, creo, imposible, porque no sabe si votó por él porque, digamos, le gustaban sus planteamientos o, por el contrario, porque es que le disgustaban menos que los de otros o porque la visión que ese votante puede tener del mundo es propia de un masoquista y le encanta sufrir cuando elige a un mal gobernante. Todo eso y más son posibles cuando se pretende hurgar en la mente de una persona (votante o no) en particular y más aún cuando hay tantos individuos que actúan en circunstancias específicas de tiempo y espacio muy distintas.

Gobernantes absolutos, como ciertos reyes, pretendían, tan sólo por tener ciertos antepasados familiares, creer que lo sabían todo mejor que como lo podían saber sus súbditos. Y legislaban (o dictaban órdenes) acordes con esa pretensión. Pero no sólo hay muchos capítulos históricos, en que esos mismos gobernantes no tenían certeza de cuáles eran sus verdaderos antecesores biológicos, sino que, también, como se ha llegado a saber, muchos de esos gobernantes, al imponer su criterio, más bien generaban el malestar ciudadano y otros, al hacerlo, tal vez atinaban, ganándose la voluntad popular. Pero, de ser cierto este último caso, ¿por qué el ciudadano no se iba a ahorrar ese intermediario y por sí mismo lograba hacer lo que deseaba (por supuesto que restringido en cuanto a que no afectara el mismo derecho poseído por otros ciudadanos)?

Una de las razones por la cual no me “gustan” los gobernantes que dicen hacer algo porque lo hacen a nombre mío, radica en que, al fin de cuentas, yo sí sé qué es lo que realmente quiere o prefiero. Por ello, por ejemplo, cuando un estado me quita lo que he ganado trabajando y acatando las reglas del juego, para hacer, en mi nombre, lo que ese gobernante quiere hacer con él, me produce mucho disgusto. Tengo mejor conocimiento –aunque sea imperfecto- para organizar mi modo de vida como yo lo prefiero, que como el que puede tener ese gobernante acerca de mi conocimiento propio. Los individuos buscamos la cooperación de otros (no sólo dentro de la familia o de allegados) sino de la generalidad, porque ello nos beneficia. No porque se nos imponga. 

Esto lo explica Richard  A Epstein en su libro Skepticism and Freedom (Chicago: The University of Chicago Press, 2003), cuando señala que 

“La cooperación entre familiares ofrece obvias ventajas genéticas. Y puesto que, por definición, la evolución es un instrumento muy imperfecto, los principios usuales de selección natural conducen a alguna distribución, probablemente normal, de gustos acerca de la disposición para cooperar, en la cual los cooperadores, en promedio, es posible que sobrevivan más que los no cooperadores. El resultado neto es que no hay razón para aceptar la historia radical Hobbesiana del egoísmo individual, o de su corolario, de que un estado de naturaleza produce una anarquía, que puede ser refrenada tan sólo por un estado unitario dirigido por un gobernante absoluto. Muy al contrario, uno de los peligros más grandes de la centralización del poder, es que tiende a minar el control que los métodos informales de control social ejercen sobre su fuerza. Los individuos exhiben métodos más elevados de cooperación en ambientes no regulados, cuando sus rupturas previas de las reglas legales no están sujetas a sanciones legales. Evidentemente, encarados por el éxito o fracaso de sus propias acciones, ellos desarrollan estrategias cooperativas.” (Op. Cit., p. 25-26).

Lo que el autor nos dice es que la cooperación entre los humanos existe porque los beneficia, permitiéndoles adaptarse mejor a la escasez, que en su ausencia. Por lo tanto, no es de aceptar que surgirá necesariamente la anarquía, por lo cual no se requiere que exista un gobernante absoluto, que venga a poner orden en la anarquía. Más bien un gobierno totalitario impide que surjan los acuerdos sociales de cooperación entre los individuos, que limitan ese poder. En libertad, más bien surge la mayor cooperación.

Un mercado libre es un buen ejemplo de una exitosa estrategia de cooperación de los individuos, que les permite sobrevivir mejor. Es una excelente muestra de cooperación en un ambiente no regulado. El problema con la cooperación “forzosa” que se presenta cuando el estado define por el individuo lo que debe hacer, es que ese estado no tiene el conocimiento que si poseen los individuos actuando cooperativamente en ese mercado.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: ¡Avisados estamos!

El Ministro de Hacienda designado para el nuevo gabinete, vicepresidente del nuevo Ejecutivo y coordinador del nuevo equipo económico ha sentenciado que el más grave problema fiscal es la evasión fiscal.

¡Avisados estamos! No le parece que tal calificativo sea para el alto endeudamiento público, no estima que el creciente gasto público sea el problema principal, no califica como mayor problema la desproporción del gasto público ni su ineficiencia, para él el problema es la evasión fiscal.

Es claro que si no ve problema en lo señalado, no hará nada para arreglarlo.  Es claro que ordeñará a la sociedad para solventar el inmenso gasto público.  Es evidente que perseguirá a los contribuyentes para obtener los dineros que cree evadidos. Asimismo, es indubitable que pronto vendrá el proyecto de paquete tributario y medidas coercitivas.  ¡Una vez más! 

Desde el inicio de su presencia en la Asamblea Legislativa, el PAC ha sido socio del PLN en la promoción de paquetes tributarios.  Asimismo, lo cual es más grave, ha sido socio legislativo de las maniobras inconstitucionales en que se han concitado para aprobar dichos paquetes.  ¡Malo con malo!

La visión puesta en la supuesta evasión fiscal aleja el examen de la verdadera situación del gasto público, de la verdadera tragedia nacional, del tamaño de esta Estado inutilón y convierte al nuevo gestor en cómplice del desperdicio de recursos, en cómplice del gasto corrupto y en perseguidor del sector privado.

¡Aviados estamos!

No se olvide que el Ministro saliente ha dicho que de nada sirve aprobar un paquete tributario si se dejan las cosas como están.  No se olvide que el Ministro saliente ha indicado que salarios públicos y transferencias son la causa del desastroso estado de las finanzas públicas.  No se olvide que el Estado, en su deficitario y exagerado gasto, se endeuda a razón de 3,500 millones de colones diarios (como 141 millones por hora, un poco más de 2 y medio millones por minuto).  ¿Van a compensar tal desparpajo con acciones contra la supuesta evasión? 

¡Aviados estamos!

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: son simples humanos

Me han llamado la atención ciertas reacciones de la gente, no sólo ante el triunfo electoral del PAC, sino acerca de las expectativas que tienen del gobierno entrante. Entiendo muy normal -y esperable- la satisfacción por la victoria, pero mi deseo en esta ocasión es advertir cuándo se puede perder la perspectiva de lo que podrá obtenerse con un nuevo gobierno.

Lo primero que debe tenerse muy claro es que, quienes vienen a asumir el nuevo gobierno, son tan humanos como lo somos nosotros: con virtudes y defectos; frágiles, al fin y al cabo, a las tentaciones, que devienen del ejercicio del poder. Si son limitados por su naturaleza, lo mejor que pueden hacer es evitar esa arrogancia que se observa con frecuencia, cual es que el gobernante, que tiene un poder concedido por la ciudadanía, al elegirlos democráticamente, cree saberlo todo y trata así de imponer su criterio, que bien puede estar equivocado, para ponerlo de la manera más suave. Por ello, que el gobernante reconozca lo limitado de su conocimiento –y no me refiero al adquirido por una educación formal, sino al conocimiento, explícito o tácito, que poseen todos los individuos y que no está integrado en un todo en parte alguna- constituye un buen fundamento para poder lograr un buen gobierno. Se trata de permitir que los individuos libres puedan hacer el mejor uso de su conocimiento para adaptarse a la ignorancia –desconocimiento pleno- que existe en una sociedad. Esa libertad para adaptarse, según el conocimiento que tenga el individuo, no debe ser sustituida por la pretensión arrogante de un gobernante -por más sabio que crea que es- de imponer a los demás su propio y también limitado conocimiento.

Es muy posible que ni siquiera esos gobernantes tengan la posibilidad de resolver problemas que mucha gente desea que así se haga. Habrá oposición –requisito indispensable en una sociedad libre y democrática- a muchas propuestas que haga el gobierno entrante. Digo esto no sólo a partir de la realidad de una Asamblea Legislativa muy fraccionada, ni tampoco porque habrá algunos que harán lo indecible, por fines politiqueros, de obstaculizar cualquier propuesta gubernamental, aunque sea conveniente, sino porque muchos de esos problemas son harto complejos e involucran –como es lo normal- posibles efectos sobre intereses legítimos de diversas personas. Gobernantes inteligentes y tolerantes buscarán hacer todo lo posible por amalgamar intereses diversos y, dado el caso, tomar las decisiones que considere adecuadas, siempre dentro del marco de la legalidad y, esencialmente, de respeto a los derechos de los individuos.

Creo que los ciudadanos, más que nunca antes, en esta ocasión han definido sus preferencias electorales con base en sus posiciones en contra de la corrupción en la gestión pública y de su impacto y relaciones con partes privadas. Creo que el costarricense espera que la honorabilidad, buen y correcto manejo de los recursos públicos y apego a la ley, sean lo que caracterice a este nuevo gobierno. Soy escéptico de que se logrará un gobierno totalmente exento de corruptela. Creo que es imposible exterminarla del todo dentro de la gestión pública (y privada). Nadie, por tanto, va a creer que se tendrá un gobierno de puros y perfectos, sino que la esperanza es que ese mal disminuya. Sí, posiblemente habrá casos de corrupción en la nueva administración de seres humanos imperfectos, pero la valoración está en el esfuerzo que los gobernantes hagan por erradicarla y, por supuesto, que esa lucha se haga dentro de un marco de la legalidad deseable y no que esté sujeta a las apetencias de nadie en específico, que incluso puede pretender ocultar con moralismos los defectos que aquejan a una administración. 

Lamentablemente no se ha elegido ni se han escogido dioses que vengan a librar a los humanos de todo mal. Son simplemente hombre y mujeres electas, con virtudes y defectos, con apetencias deseables y otras indeseables, que exhibirán conductas apropiadas y otras impropias, que tendrán aciertos y cometerán errores; que ojalá los aciertos sean más que los errores, que serán francos y serán hipócritas. No son nada más que humanos, como nosotros; algunos cultos, otros no, que tan sólo serán embadurnados de conocimiento formal. Todo eso será así. Los ciudadanos inteligentes, conocedores de sus limitaciones propias, que han delegado en algunos el poder limitado, pero poder al fin y al cabo, no para que se les conculquen sus derechos, sino para que les facilite adaptarse a las circunstancias propias de la incertidumbre que naturalmente existe en un vida de por sí difícil, apreciarán cuando un gobierno es bueno y cuando es  malo. La obligación moral de los gobernantes es facilitar el buen vivir en libertad de los ciudadanos.

No hemos elegido entre dioses y no sé si los que resultaron son los mejores, eso nos lo dirá el tiempo. Entre tanto, debemos estar vigilantes en que las cosas transcurran dentro del respeto de nuestros derechos inalienables y en el marco de nuestras leyes. Un gobierno limitado es lo que nuestro pueblo ha escogido con el paso de los años. Eso es lo que asegura nuestra libertad, cuyo resguardo debe ser nuestra guía fundamental.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: ¿por qué se va Intel?

Intel se va porque puede, porque puede llevarse su operación productiva a otra parte, porque la frontera no le detiene y porque no le conviene seguir produciendo en Costa Rica.

Estoy seguro de que muchos costarricenses también se irían si pudieran:  producir en Costa Rica es difícil, complicado y caro.  La energía cuesta mucho, la tramitomanía  ahoga a todo el mundo, el Estado es un mal socio, hay amenaza constante de impuestos, la seguridad no funciona bien, no hay  compromiso con la eficiencia, los impuestos no se gastan bien, la infraestructura pública es un desastre y no se valora el trabajo de las empresas privadas ni la actividad comercial internacional ni la transferencia de tecnología.

Debe ser cansado y poco edificante estar oyendo críticas de políticos que constantemente intentan cargar de impuestos la producción, la abulia de entes públicos que retrasan constantemente la posibilidad de remozamiento de los planes y programas universitarios para formar al personal correspondiente, la defensa de los monopolios públicos que impide la generación de energía barata y oportuna y la inacción de muchos entes públicos en torna a solucionar los problemas que se presentan y demás condiciones que se requieren.

Desde las primeras amenazas de paquetes tributarios oíamos a Ministros de Hacienda y conspicuos dirigentes de los partidos estatistas inventar que habían hablado con los personeros de Intel y que habían accedido y aceptado que se les subiera la carga impositiva.

Llevamos años y años de cargar de empleados las instituciones estatales sin que ello signifique mejor  y más oportuno servicio y sin que haya vocación para la necesaria apertura eléctrica, que tanto necesita el país.

Podemos hablar de otras cosas que tampoco se solucionan a tiempo, como el costo de la planilla en capacitación y la mala respuesta de los organismos correspondientes.  

Un empresa como Intel está recibiendo diariamente múltiples ofertas de otras sociedades que quieren la operación que Costa Rica tiene.  La administración de esta organización internacional recibe constantemente reclamos de otras sedes para llevarse la operación que se va de Costa Rica.
¡Qué difícil es convencer a muchos de mejorar, si están convencidos de que Costa Rica es inmejorable!  ¡Qué dura lección de la realidad!

Cuando llega el recibo de la luz a muchas casas, la gente querría irse en carrera a otra parte en la cual el cobro fuera racional.  Cuando se le pone gasolina al carro y llega el cobro, todos queremos irnos a otro lugar donde el combustible fuera mejor y más barato.

Algunos demagogos tienen convencida a una parte del pueblo de que la situación nacional es insuperable.   Mucha mentira para justificar abusos y expoliaciones.  A una empresa como Intel no se le puede engañar así …

Tienen acceso a información de verdad, saben cuánto cuesta producir en cada parte del mundo, cuánto cuesta la energía en cada parte del mundo, cómo engañan los políticos en cada parte del mundo y dónde les calienta mejor el sol.  

¿Por qué es que muchos costarricenses se exponen a tratos con agiotistas para migrar a los Estados Unidos?  ¿Por qué dejan el calor de su hogar, se someten a un trato leonino para obtener un dinerillo y entrar de “mojados” a otro país?  

Tienen claro que aquí no tienen futuro y toman tan alto riesgo para trabajar en un medio que consideran más promisorio, más abierto, con más esperanza.    Están dispuestos a tomar el riesgo para mejorar en la vida.

A veces me pregunto si no se será que quienes viven de explotar con sus préstamos a estos migrantes procuran mantener la economía del país aherrojada e ineficiente, a fin de continuar con su negocito de prestamistas.

No es posible pensar en eficiencia y buenas condiciones para la producción y que el trabajo rinda en un sistema en el cual cunde el monopolio, el clientelismo y exceso de burocracia.  Se trata de un sistema en el cual el empleado público gana más que quien produce en la empresa privada.  Ello se ha logrado gracias a prebendas y gollerías, abuso de monopolios e irrespeto permanente a las formas jurídicas y reglas constitucionales para presupuestar.

La demagogia y el clientelismo han secuestrado al Estado y han contaminado algunas instituciones básicas:  los programas de educación, la calidad de la educación pública, el control de las instituciones públicas de educación, sistemas de pensiones especiales y privilegiados.  A través de su poder intentan convencer a todos de que estamos bien y de que no hay que procurar equilibrio financiero, apertura, libertad, competitividad ni comercio internacional.   Algunos se atreven a promover la autarquía alimentaria (proteccionismo contra alimentos comprados en el exterior) a fin de secuestrar el mercado y convertirlo en cautivo.

¡Claro que una empresa internacional deja su operación complicada en un medio así y busca mejor destino!

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: el gobierno nos arruina

El gobierno nos arruina y nos roba el futuro. El acelerado crecimiento del gasto público nos está destruyendo.

La calidad del gasto es absolutamente discutible, objetable e impugnable. Un gobierno tan descuidado nos arruina porque se convierte en un peso insoportable para la sociedad, le extrae sus recursos, los utiliza mal y no cumple las metas impuestas.

Por otro lado, el exceso de gasto público nos está llevando a un alto endeudamiento.  Ello significa otro serio lastre, ahora puesto sobre las posibilidades, sobre el futuro.

Los males no vienen solos, pues en lugar de un propósito de enmienda, en vez de una solución apropiada, lo único que aparece es el ánimo angurriento en forma de nuevo paquete tributario.

Ello implicará muchas horas de trabajo en el pulso legislativo y los órganos correspondientes no se dedicarán a mejorar el sistema jurídico, a perfeccionar la legislación, a ejercer un adecuado control político sino a discutir la voracidad fiscal.

Una de las cuestiones principales es que no se trata de un gasto de gran calidad. ¡Qué va!  La infraestructura pública, literalmente, hace aguas.  La gestión intangible todavía está peor.  Si el gobierno y la administración pública al menos tuvieran un gasto de calidad, al menos existiría el consuelo de buenos sistemas, de buena educación, de buenas vías, de buenos muelles, de buena gestión general.  Pero, desdichamente, ese no es el cuento.  

Buena parte del electorado es culpable de este desastre.  No ejerce con responsabilidad el voto y se apunta al clientelismo electoral.  Busca promesas vacías y no termina de entender cuán malo es no exigir cuentas, cuán dañino es tolerar el apartamiento de las normas constitucionales y cuán pernicioso y pervertido es entregar el control de determinadas actividades al sector público.

Es que si los perjudicados fueran únicamente los que toman las malas decisiones, entonces otro gallo cantaría.  El problema es que algunas veces dejan a todos sin salida, embarcados y endeudados.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: ¡Ay, qué Estado más ineficiente!

El Estado costarricense ha llegado a un punto inaceptable de ineficiencia.  Ni siquiera respeta en el margen mínimo la legislación atinente al servicio público. ¿Continuidad?  No la vemos. ¿Eficiencia?  ¿Es un chiste?  ¿Igualdad?  Pues tampoco, porque aunque nos tiene a todos mal, la verdad es que se ensaña con algunos.  ¿Adaptación?  Muchos menos. No quiero hacer leña del árbol caído, pero las cosas no pintan bien.

Hemos puesto muchas cosas en manos del Estado y se ha cumplido aquello de que “quien mucho abarca …”. Lo más grave es el abandono de las tareas o funciones primarias encomendadas al Estado.   Se ha olvidado el principio de acción subsidiaria y se ha cargado al Estado de funciones y tareas.  Los estatistas han querido todo en manos del Estado y ello ha resultado en desastre.

No se trata de una falta inocente.  Hay unos pocos que se benefician de la situación para prometer y repartir lo ajeno, para concentrar el poder y obtener sus gollerías.  Y hay unos muchos que caen en doble carácter de culpables y víctimas del clientelismo político, esperanzados en lograr lo prometido, aunque sea ajeno y olvidando las responsabilidades personales.

El colapso de la infraestructura pública en los últimos años, la inutilidad para aplicar correctamente legislación que en otros países ha sido una solución importante para obtener infraestructura (concesión de obra pública), el crecimiento del gasto corriente, el gran endeudamiento público y el aumento de gollerías son la prueba indefectible de lo que pasa.

Todo la anécdota del colapso de unas alcantarillas en la carretera de circunvalación de San José, por los Hatillos y los siguientes hechos son de antología.  Millonaria colocación de puentes modulares que no sirvieron para nada (aunque alguien cobró), caos vehicular, ocurrencia de aumentar la restricción vehicular, Cartago no se queda atrás y exhibe su hueco (frente al CUC), Heredia también logra uno en la radial y en la Autopista General Cañas hacia Alajuela se empieza a lavar el talud construido con exceso de millones hace unos pocos meses (además de que se intenta el tercer millonario arreglo al puente sobre el río Virilla, el de la famosa platina).

Paralelamente, la Contraloría General de la República señala que es realmente anómalo que la carretera 27, la de Caldera, no haya sido entregada, esté exhibiendo congestionamientos y no se termine de acabar.  Pero no hay que olvidar que los tribunales contenciosos condenaron a la Administración Pública por la irregular remoción de la compañía supervisora (IMNSA), por no “acomodarse” al juego y reportar cientos de “no conformidades” con lo que pasaba en la construcción de esta obra.

Si queremos sumar anomalías, podemos mencionar que aún no se ha arreglado el techo del Estadio Nacional, que ardió en un “discutible” juego de pólvora, contratado luego de que otro empresario polvorero manifestó que no había condiciones para ello.  Este hecho debe sumarse al intento del PLN de desviar 226 millones de colones de un presupuesto del CNP, a fin de cubrir los saldos de los Juegos Centroamericanos celebrados como si fueran los Olímpicos, con exceso de pompa y circunstancia y concluidos con los alegres ritmos de Carlos Vives. 

Ineficiencia, corrupción añadida, clientelismo y demagogia:  una fatal combinación     que arruina a nuestra sociedad. 

Requerimos más libertad, más sociedad, más respeto al principio de acción subsidiaria del Estado, más responsabilidad personal y cumplimiento de las líneas constitucionales básicas.  Ello redundará en una situación con menos corrupción y menos clientelismo, sin lugar para tanta demagogia y con oportunidad para un poco de eficiencia pública.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: breves reflexiones sobre la visita de Obama a Costa RIca

Francamente no sé si lo que el periodista de televisión le preguntó a unos transeúntes fue un “y usted que le pide a Obama” o si, en realidad, fue otra la pregunta y apresuradamente los entrevistados le respondieron cuanta cosa se les ocurrió, con un espíritu pedigüeño que me entristeció.  Antes que alguien me pregunte que ¿por qué sufrí ante esas respuestas?, tal vez fue porque tenía en mente el gran problema fiscal que tienen los Estados Unidos.  De antemano, ante cualquier coro de peticiones de cuanta cosa se les pueda ocurrir -y sea de quien sea… de gente de a pie o señorones del poder, de donde venga el punteo- la respuesta era casi inevitablemente al revés: ¡si estoy para que me den!, dada la situación económica actual de los Estados Unidos.

Por ello, siendo uno de los aspectos de la visita de Obama que hoy quiero resaltar, más bien agradecí su apoyo para que Costa Rica ingrese al foro denominado Alianza Transpacífica, que nos permitiría formar parte de la zona comercial de mayor futuro en el mundo.  También Obama ofreció ayudar al ingreso de Costa Rica a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), del cual forman parte los países con mayor desarrollo económico. En él, de América Latina forman parte tan sólo México y Chile, muy merecidamente por sus políticas económicas.  Si, al formar parte de la OCDE, significa que Costa Rica seguiría esas “buenas políticas económicas” que se ha dicho que caracteriza a la OECD, pues podría  considerar la participación como conveniente para nosotros.  Pero lo cierto es que en la OCDE hay naciones que hoy están al borde la quiebra, por seguir ciertas políticas económicas esencialmente estatistas que han derivado en esa situación.  La OCDE más parece un club de naciones ricas, que no lo somos, que un grupos de económicamente bien portados países, que tampoco lo somos. Por ello, pertenecer o no a la OCDE no es algo que me emocione a primera vista. Tal vez si supiera mejor que nos puede beneficiar ello, podría reconsidera mi apreciación.

Más útil, sin duda, es la posibilidad que se nos abre más con el apoyo de Obama, para poder integrarnos a ese gran bloque comercial del Pacífico (conocido como TPP, por sus siglas en inglés), a la fecha conformado por importantes naciones como Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Asimismo, Canadá, México y Japón han manifestado su interés en integrarse a ese gran bloque comercial de ambos lados del Océano Pacífico. 

Para Costa Rica el beneficio lógico de formar parte de esa asociación radica en que puede mejorar sus condiciones de intercambio; esto es, poder exportar e importar más y en mejores condiciones, además de que le permitiría formar parte de las cadenas de valor que se incorporan en los bienes que se han de intercambiar.  En sencillo: que, al formar parte de esa asociación, podríamos incorporar mejores y más baratos insumos, para lograr mejores precios por nuestros bienes. Asimismo, dicha incorporación nos facultaría competir con naciones ya integrantes de dicho foro comercial y con las cuales disputamos en los mercados internacionales.

Hay una tercera razón y es que, en mi opinión, en las circunstancias actuales de la situación económica mundial, esa región del Pacífico, tanto de América como de Asia, parece ser la de mayor potencial de crecimiento económico. Nos beneficia el que podamos formar parte de su intercambio comercial, tanto como vendedor y como comprador de bienes y servicios, en una región que ya crece más rápidamente que cualquier otra de la tierra. 

No hay duda que en esta propuesta del gobierno se observa la mano inteligente de la Ministra de Comercio Exterior, doña Anabel González, quien una vez más muestra ser una funcionaria excelente y destacada del resto de un gabinete relativamente oscuro.

Pero hubo algo del mensaje de Obama que debe despertar nuestra atención. Lo hizo en referencia a la discusión acerca del proceso interno de los Estados Unidos, para resolver el problema de inmigración que posee y que, apropiadamente, se le ha calificado como un problema desbordado. El Presidente Obama habló de “un sistema legal de inmigración que fomente la unidad familiar y atraiga trabajadores calificados”.  Esto último es muy importante que nuestros países lo tengan muy presente, porque en apariencia, además de resolver su problema actual con los 11 millones de trabajadores indocumentados en los Estados Unidos, esa nación considera desarrollar un sistema que permita que a ese país acudan trabajadores calificados provenientes de nuestras naciones, sin tener mayores problemas. (De paso, por ejemplo, Mark Zuckerberg recientemente fundó un movimiento político llamado FMD. us –que en inglés significa Avanza- USA- que en uno de sus puntos principales propone una “Reforma migratoria para atraer a Estados Unidos los más inteligentes y trabajadores, dado que el sistema actual es muy cerrado”, según lo reporta DonBurro en su sitio).

Quienes siempre hemos tenido presente la importancia que el capital humano tiene para el desarrollo de una nación, nos debe preocupar que una región pobre como la nuestra genere mano de obra altamente calificada, que luego migra hacia los Estados Unidos, sin haberse integrado plenamente a nuestros procesos productivos.  Mucho de esa emigración de trabajadores calificados se ha debido a las malas políticas de los propios gobiernos de nuestras naciones.  Un  ejemplo claro es la referencia a la gran emigración de trabajadores calificados y personas con habilidades empresariales desde Argentina, Venezuela y Ecuador, hacia los Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, porque en nuestros países sus posibilidades de progreso son refrenadas por malas políticas estatales.  Evidentemente, corregir tal insania es necesario para que nuestros países puedan progresar.  Pero también debemos estar alertas para que la propuesta de legislación de los Estados Unidos, no contenga incentivos para que nuestros ciudadanos, quienes han adquirido un alto contenido de capital humano, no se vayan por esas razones preferenciales inmigratorias.

Simplemente, debemos evitar que nos convirtamos en “el lado oscuro de la ciudad”, alejados del progreso y del crecimiento, por una emigración indeseable de nuestros recursos humanos calificados y tan escasos.

Jorge Corrales Quesada

Viernes de recomendación

Para este viernes de recomendación, en ASOJOD queremos compartir con ustedes un interesante artículo de Tom Palmer, titulado "Los orígenes del Estado y el gobierno", donde se explica la forma en que surge esa organización política que tenía como fin primordial la protección de los derechos de los individuos pero que degeneró en un monstruo que, al día de hoy, tiene sus garras en prácticamente todas las actividades humanas, dejando de proteger a ese individuo y convirtiéndose en su peor enemigo.