El “menos malo” parece estar haciendo honores para convertirse pronto en el “más malo”: el diputado socialcristiano, Luis Fishman ha presentado un proyecto de ley para restringir las telenovelas y los programas violentos. No es de nuestro interés entrar en una discusión psicológica al respecto de que si los programas o video juegos violentos inducen a la violencia, o si por el contrario actúan como válvula de escape para las personas. En este sentido sólo señalaremos lo obvio: nunca se puede saber como reaccionan los individuos a ciertos estímulos, por eso dicha discusión resulta estéril.
Lo que si nos interesa, es el papel del Estado en toda esta discusión. Hace unos días el exvicepresidente de la República y ahora investigador del Brookings Institute, el señor Kevin Casas, escribió un artículo denunciando el referéndum de uniones civiles. A pesar que coincidamos con sus conclusiones, discrepamos con sus argumentaciones: simplemente no es cierto que Costa Rica sea una democracia liberal sometida al poder constitucional, como afirma el Doctor Casas. Desgraciadamente muchos suelen creer que tal es nuestra situación, pero pareciera ser todo lo contrario.
En nuestro país, existen impuestos progresivos, la propiedad privada cumple una función social, se nos dice cómo podemos o no casarnos, también con cuántos podemos hacerlo, se financia a través del presupuesto a un determinado credo religioso, se nos dice qué sustancias podemos introducir a nuestros cuerpos, o cuándo y por dónde podemos sacar nuestros vehículos de nuestras cocheras, qué cursos se deben impartir en la educación, a quién podemos comprar y vender bienes y servicios, etc etc. Todas estas limitaciones se "sustentan" en alguna curiosa categoría conceptual: justicia social, bien común, interés general, justa repartición de la riqueza. En sítesis, todos estos términos se traducen en una sola cosa: que siempre hay algo más importante que el concreto y real interés del individuo, ¿qué es ese algo o quién y cómo lo define no parece estar muy claro?
El proyecto del “más malo” sigue esta misma dinámica y esta misma lógica. Existe un interés superior, el cual obliga al Estado restringir cómo cuándo y qué programas pueden ver los individuos. Nuestro país se está quedando sin esferas privadas. Pareciera imposible citar una sola actividad de la cotidianeidad que no se encuentre regulada y reglada o que, en su defecto, no sea sujeta a próximas regulaciones. Después de todo, como ya lo hemos dicho en ASOJOD, al tico parece molestarle la libertad y la privacidad.
Lo que si nos interesa, es el papel del Estado en toda esta discusión. Hace unos días el exvicepresidente de la República y ahora investigador del Brookings Institute, el señor Kevin Casas, escribió un artículo denunciando el referéndum de uniones civiles. A pesar que coincidamos con sus conclusiones, discrepamos con sus argumentaciones: simplemente no es cierto que Costa Rica sea una democracia liberal sometida al poder constitucional, como afirma el Doctor Casas. Desgraciadamente muchos suelen creer que tal es nuestra situación, pero pareciera ser todo lo contrario.
En nuestro país, existen impuestos progresivos, la propiedad privada cumple una función social, se nos dice cómo podemos o no casarnos, también con cuántos podemos hacerlo, se financia a través del presupuesto a un determinado credo religioso, se nos dice qué sustancias podemos introducir a nuestros cuerpos, o cuándo y por dónde podemos sacar nuestros vehículos de nuestras cocheras, qué cursos se deben impartir en la educación, a quién podemos comprar y vender bienes y servicios, etc etc. Todas estas limitaciones se "sustentan" en alguna curiosa categoría conceptual: justicia social, bien común, interés general, justa repartición de la riqueza. En sítesis, todos estos términos se traducen en una sola cosa: que siempre hay algo más importante que el concreto y real interés del individuo, ¿qué es ese algo o quién y cómo lo define no parece estar muy claro?
El proyecto del “más malo” sigue esta misma dinámica y esta misma lógica. Existe un interés superior, el cual obliga al Estado restringir cómo cuándo y qué programas pueden ver los individuos. Nuestro país se está quedando sin esferas privadas. Pareciera imposible citar una sola actividad de la cotidianeidad que no se encuentre regulada y reglada o que, en su defecto, no sea sujeta a próximas regulaciones. Después de todo, como ya lo hemos dicho en ASOJOD, al tico parece molestarle la libertad y la privacidad.
