Los subsidios de don Ottón

El proceso que culminó con el referendo del 7 de octubre nos dejó varias enseñanzas. Una de ellas es que, entre los gurúes, existe profunda ignorancia en cuanto al papel del comercio en la creación de riqueza. Los del SÍ luchaban por vender; los del NO por no comprar. Ninguno estaba (ni está) interesado en el intercambio, el comercio. Y, para confirmarlo, ahora Ottón Solís exige subsidios para los agricultores, como condición para aprobar las leyes de implementación. Esta exigencia tiene tres tipos de problemas: conceptual, económico y moral. Veamos el conceptual.

El sistema económico. Todos los seres humanos consumimos bienes y servicios (b&s) para nuestra subsistencia y bienestar. Tenemos necesidades de consumo. A la vez, hemos sido dotados de recursos (inteligencia, habilidades, medios naturales), con los cuales las podemos solventar únicamente de dos maneras: en autosuficiencia –cada persona produce, aisladamente, todo lo que necesita– o en cooperación con otras.

El hombre solventó esas necesidades en autosuficiencia hasta que descubrió el maravilloso principio de especialización e intercambio, según el cual dos o más individuos pueden satisfacer mejor sus necesidades de consumo si, en vez de producir todo lo que consumen, cada uno dedica sus recursos a los b&s que produce mejor y luego los intercambia por aquellos que otros ofrecen en condiciones ventajosas. El resultado de la aplicación generalizada de este principio es el sistema de especialización e intercambio (SE&I), una intrincada red de interrelaciones e interdependencias. En él, cada individuo produce un bien (o muy pocos) y obtiene todos los demás mediante el proceso de intercambio (el comercio).

Dinámica del sistema. Vemos, entonces, que las personas participan en el sistema económico con el único fin de satisfacer mejor sus necesidades de consumo. Por esta razón, en cualquier subsistema se obtiene la máxima cantidad de riqueza y bienestar cuando cada individuo halla la mejor solución (la más barata) para cada necesidad de consumo, en cualquier parte del mundo. Cada vez que surge una mejor solución, la riqueza se incrementa en dos rondas.

Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que, a raíz de la liberalización comercial, el arroz ingresa en el subsistema B al 20% del costo local. Esto implicaría una ganancia para todos los que consumen arroz. Además, al pagar menos por ese grano, todos esos consumidores tendrían más dinero para consumir otros bienes: frijoles, carne, verduras, libros, vestimenta, etc. En todas estas actividades se generarían mayor producción, empleo y ganancias. Así, el ingreso de arroz más barato daría los siguientes resultados. Beneficiados en el campo: (1) todos los que consumen arroz: peones agrícolas y no agrícolas, pulperos. (2) Campesinos que no producen arroz: estos ganarían a raíz del arroz más barato y de la mayor demanda por sus productos. (3) Campesinos arroceros: los que son consumidores netos del grano. Beneficiados urbanos: todos los que consumen arroz: taxistas, periodistas, meseros, clérigos, secretarias. Perdedores en el campo: los grandes productores de arroz, que tendrían que incrementar su productividad o usar sus recursos para solventar otras necesidades de consumo de los participantes.

Ayuda a los pobres. Esta clarísimo, entonces, que para favorecer a los pobres (campesinos, taxistas, secretarias) o dejar de perjudicarlos, lo más efectivo es permitir que se abaraten los bienes de consumo básico; es propiciar la apertura inmediata de esos mercados. Se puede complementar esta acción con ayudas directas –un cheque– dirigidas al consumo. Pero lo que promulga Solís, férreo opositor a la apertura comercial, es lo contrario: que se mantengan cerrados los mercados y, a su vez, se den subsidios a los productores. Las consecuencias económicas de este “programa” serán desastrosas, en especial para los más pobres. Seguiremos.

Por Rigoberto Stewart

TLC y comercio de órganos

Como todo costarricense consciente de lo que el país se juega en el próximo referéndum sobre el TLC, he tratado de seguir los numerosos debates, entrevistas y artículos relacionados con el tema. Hasta ahora lo he hecho como observador. Sin embargo, recientemente se planteó un tema que me toca de forma directa, y por el cual voy a dar mi opinión.

Trasplante de hígado. Se trata del supuesto comercio de órganos y materiales anatómicos que según denuncian de manera superficial y alarmista, se daría tras la aprobación del TLC. El tema me toca directamente porque a principios de los años 90 organicé y coordiné el equipo de profesionales que llevó a cabo el primer trasplante de hígado realizado en nuestro país, el 5 de febrero de 1993. El esfuerzo necesario para lograr este objetivo demandó seleccionar 27 especialistas, promover su capacitación, conseguir los recursos materiales necesarios, establecer y aprovechar en beneficio de los costarricenses una serie de contactos internacionales y requirió también revisar cuidadosamente la legislación vigente. Los primeros trasplantes de hígado se realizaron en el Hospital Calderón Guardia y para ello contamos con el apoyo valioso e insustituible del Pacific Presbyterian Medical Center, de San Francisco, California, y específicamente del apoyo del Dr. Carlos Esquivel, cirujano costarricense que desarrolló su carrera profesional en los EE. UU. y dirige uno de los equipos de trasplantes más exitoso del mundo.

El intercambio con profesionales e instituciones de aquél país tuvo efectos muy positivos en una diversidad de campos que van más allá del procedimiento quirúrgico que mencioné. Algo fundamental porque un país como Costa Rica requiere del intercambio intenso con sociedades más desarrolladas para impulsar su propio progreso; y esta necesidad no se deriva de la incapacidad de los costarricenses, sino de nuestra limitación de recursos materiales y de la necesidad de aprovechar mejor nuestras energías, conociendo sus experiencias, y evitando así errores que otros países ya superaron.

Hablo de lo que sé. Al mismo tiempo, y antes de referirme de manera específica al tema, debo hacer una aclaración. Soy cirujano y aparte de mi trayectoria de 39 años en el Hospital Calderón Guardia, fui gerente de la División Médica de la CCSS de 1998 al 2002; cuento con una amplia experiencia en salud pública y, por mi edad y actividad profesional, he tenido además el privilegio de participar en la construcción del sistema de seguridad social y salud pública de Costa Rica; sin embargo, no soy ni conocedor ni especialista en comercio internacional. Esto no me impide hablar del tema, pero me obliga, si quiero tomar parte en el debate expresando opiniones que aspiran a ser tomadas con seriedad, a informarme, combinando mi conocimiento y mi experiencia con aquellos propios de los especialistas.

A manera de ejemplo, así como no aceptaría que un ingeniero o un abogado cuestionen, con pretensiones de autoridad en la materia, procedimientos quirúrgicos o tratamientos médicos, sin informarse primero con los especialistas, tampoco me lanzaría a opinar sobre el contenido del TLC exclusivamente desde mi profesión y especialidad, aplicando a aquel categorías y consideraciones propias de la medicina y la salud pública. Si lo hago así, promuevo la desinformación e instrumentalizo mi prestigio con fines propagandísticos, que es lo que hacen los que han promovido la denuncia que nos ocupa.

Dicho lo anterior, debo hacer cinco aclaraciones en relación con el argumento del supuesto comercio de órganos y materiales anatómicos que algunos colegas y un obispo han utilizado para promover la oposición al TLC. Me sorprende que personas que han alcanzado tan altas posiciones en la jerarquía nacional, por defender ideas políticas saquen de contexto la realidad de la situación y tergiversen la verdad de la posición de los negociadores.

Cinco razones de peso. Primero: aclarar que en un tratado, la materia comercial se regula de dos formas, mediante prohibiciones específicas en el ordenamiento jurídico de las partes, o por medio de aranceles. Si se trata del primer caso, no van a establecerse estos últimos para el respectivo bien o servicio y evidentemente carece de sentido incluirlo en una lista de exclusiones.

Segundo: insistir en que la Organización Mundial del Comercio establece clasificaciones para una diversidad de bienes y servicios que no por ello son legales universalmente, es decir, aunque ella los reconozca, un país puede legítimamente prohibirlos.

Tercero: aclarar que, al contar con una clasificación específica, un bien o un servicio pueden estar enumerados en el Tratado sin que por ello se derogue una prohibición expresa anterior y establecida por ley. Este es el caso de los órganos, huesos y materiales anatómicos humanos en Costa Rica. La Ley n° 7409 del 12 de mayo de 1994, denominada “Ley de Autorización para Trasplantar Órganos y Materiales Anatómicos Humanos”, establece una prohibición expresa en su artículo 27. Se trata, como es obvio, de una norma fundamentada en la Constitución Política y en convenios internacionales de derechos humanos. La Sala IV en la resolución que estableció la constitucionalidad del instrumento comercial que nos ocupa, trató específicamente el tema de la prohibición de fabricar y exportar armas en nuestro país, a pesar de que en el convenio se enumera la correspondiente clasificación de la OMC. Existe claramente un paralelo con el tema del comercio de órganos, huesos y materiales anatómicos humanos.

Cuarto: como en Costa Rica está prohibido y el tratado que nos ocupa no cambiará esto, decir lo contrario no es serio, y saltar de decirlo a citar los abusos que se cometen en otros países con el comercio de órganos, es simplemente demagógico.

Quinto y final: rechazo de forma vehemente la superficialidad con que se ha manipulado este tema, porque de manera colateral afecta esfuerzos realizados en Costa Rica para crear una cultura que acepta y promueve la donación de órganos. El eslogan que el Hospital Calderón Guardia utiliza precisamente para estimular esta decisión es el siguiente: “NO TE LLEVES TUS ÓRGANOS AL CIELO, EN LA TIERRA ALGUIEN LOS NECESITA”. Esta frase habla por sí misma. Mientras los ticos pensemos con la limpieza, la solidaridad y el amor de este pensamiento, no debemos preocuparnos de lo que pasa en otros países, pero sí debemos defender lo que tenemos y evitar desviar la atención de la gente con pensamientos tan alejados de nuestra idiosincrasia


Fernando Ferraro Dobles, tomado del periódico La Nación

¿Libre Comercio o mercantilismo?

Costa Rica ha experimentado en los últimos años un crecimiento económico sostenido, alimentado por exportaciones y flujos de inversión extranjera en constante aumento. Sin embargo, el nivel de pobreza se mantiene incólume, y la desigualdad aumenta con los años. Muchos señalan que este es el resultado de la implementación de políticas de libre mercado por parte del Gobierno, las cuales enriquecen a unos pocos mientras grandes sectores de la población quedan rezagados. ¿Será este el caso

El diagnóstico es parcialmente acertado. Las políticas de este y otros Gobiernos son las responsables por el aumento en la desigualdad, sin embargo el libre mercado tiene poco que ver con ellas. El mercantilismo es el denominador común en la agenda económica de la administración Arias. Así lo podemos ver en varios ejemplos:

En política cambiaria, el Banco Central rehúsa permitir que el colón se aprecie, aun cuando las señales del mercado son inequívocas en cuanto a que el valor del dólar debería caer. Prueba de ello es que el tipo de cambio esté pegado a la banda inferior desde que se introdujera el sistema de bandas, y que el Central haya tenido que intervenir en repetidas ocasiones para evitar que el precio del dólar cayera por debajo de dicho límite. El Índice Big Mac de The Economist confirma que el colón está subvaluado con respecto al dólar, según la revista en un 32%.

¿Por qué entonces el BCCR no permite que nuestra moneda valga más? Evidentemente para no perjudicar a los exportadores, cuyas ventas serían menos competitivas si el colón fuera más caro. Esto, sin embargo, perjudica a cientos de miles de familias que verían aumentar el poder de compra de sus salarios y pensiones si tan solo el BCCR permitiera que sus ingresos en colones valieran más, como sucedería si el tipo de cambio flotara libremente. Así, tenemos a un Banco Central que abiertamente utiliza la política cambiaria para transferir recursos de los asalariados a los exportadores del país.

Pero no solo en política monetaria podemos encontrar este mercantilismo del siglo XXI. Recientemente estuvo en Costa Rica un equipo de investigadores del Banco Mundial para presentar el informe Haciendo Negocios . Los resultados son desalentadores: El país se sitúa en la posición 105 como una de las economías más reguladas del planeta, por detrás de países como Nepal, Etiopía y Bangladesh. Instalar una empresa en Costa Rica toma 77 días, mientras que en otros países del área se puede hacer hasta en 26 días. ¿La consecuencia? Más de un 40% de la población se encuentra en la economía informal, al no poder hacerle frente al mar de regulaciones.

Esta es un área en donde la administración Arias tiene la potestad de hacer la diferencia, dado que mediante decreto se puede desmantelar toda la telaraña de regulaciones sin necesidad de aprobación legislativa. Lamentablemente, ha pasado un año y no hemos tenido avance alguno, todo lo contrario, se han anunciado nuevas regulaciones a negocios como los gimnasios y las salas de bronceado. Y en Costa Rica solo existe una ventanilla única para agilizar los trámites para empezar una empresa, y está reservada para... sí, los exportadores. Además, el ministro de Comercio Exterior anunció hace unos meses la simplificación de trámites, pero solo para las empresas en zonas francas. ¿Por qué no al resto de los costarricenses?

Política comercial. Pero es en la política comercial en donde podemos ver al mercantilismo gubernamental en todo su esplendor. Las autoridades al hablar de libre comercio solo mencionan datos sobre exportaciones, dando la impresión de que únicamente los exportadores se benefician de la apertura comercial. Los consumidores son ignorados. Y la realidad no es muy distinta de la retórica. En el TLC los productos básicos que más benefician a los pobres fueron excluidos o enfrentan períodos de desgravación hasta de 20 años.

Según un estudio del economista Ricardo Monge, desde mediados de los noventa no se han reducido los aranceles a los productos que consumen los pobres, como la leche, el pollo, el arroz y la carne. Más bien el Gobierno ya ha anunciado que buscará la exclusión de algunos de estos bienes en el Acuerdo de Asociación que pronto se negociará con la Unión Europea. Otro estudio de Monge y Julio Rosales demostró que esta “protección” a productos “sensibles” reducía el ingreso de los que menos tienen en un 41%. ¿Alguna duda del por qué muchos pobres no se sienten beneficiados del aumento en el comercio que experimenta el país?

Como podemos ver, las políticas de la actual administración están enfocadas en dejarles la apertura y los mercados a los exportadores, mientras que a los pobres se les encarece la vida a través de aranceles, regulaciones y tipos de cambio manipulados. He aquí la diferencia entre el mercantilismo que aumenta la desigualdad en tiempos de crecimiento económico y el liberalismo que consiste en dar igual acceso a los beneficios del libre mercado a toda la población mediante políticas no discrecionales. Resulta imperativo que los que creemos en el libre mercado tomemos la bandera de la inclusión de los más pobres en la economía globalizada y denunciemos el mercantilismo del actual Gobierno. No hacerlo nos hace cómplices de la exclusión social que vivimos.

Juan Carlos Hidalgo