lunes, 30 de septiembre de 2013

Tema Polémico: Índice de Libertad Económica 2013

Como es costumbre todos los años, la fundación Heritage, ha publicado su Índice de Libertad Económica. Éste consiste en un análisis y clasificación sobre el nivel de libertad económica en 177 naciones del mundo basándose en cuatro criterios generales que son estado de derecho, gobierno limitado, eficiencia de la regulación y apertura de mercados. Una vez más el estudio también demuestra cómo hay una correlación directa entre el nivel de libertad económica de los países y sus principales indicadores de bienestar.

Costa Rica obtiene una calificación de 67.0, por encima del promedio mundial y regional, pero muy lejano del puntaje necesario para considerarse una nación libre. Países en la región como Chile, Colombia y Perú han logrado hacer un trabajo mucho mejor y claramente esos esfuerzos se han visto reflejados en el incremento del nivel de vida de sus ciudadanos.

Estado de derecho: los derechos de propiedad y contratos generalmente se respetan en Costa Rica, sin embargo, el sistema judicial es sumamente lento y engorroso. Otro aspecto altamente criticado en este apartado es los elevados niveles de corrupción. Estos casos los hemos denunciado repetidamente en este blog y más bien consideramos que la fundación nos ha tratado suavemente pues el respeto a los derechos de propiedad en algunas partes del país como en zonas cercanas al mar y las fronteras deja mucho que desear.

Gobierno limitado: según la fundación, el gobierno en Costa Rica si es limitado pues la carga tributaria es tan solo equivalente al 13.5% del PIB. No entendemos de donde habrán obtenido esta información pues dista muchísimo de la realidad. Si tomamos en consideración las cargas sociales, la carga tributaria en Costa Rica es mucho mayor. Por el contrario, consideramos que la carga tributaria en Costa Rica es elevada y representa un freno importante a la inversión y la creación de empleos. Nuevamente, en este apartado nos han tratado muy suave.

Eficiencia regulatoria: en este apartado si coincidimos con la fundación. El tiempo para abrir un negocio en el país es mayor a 160 días y el costo supera el ingreso anual promedio. Claramente esto representa una gran traba para el desarrollo. La administración Chinchilla Miranda prometió una significativa mejora en este aspecto al inicio de sus labores pero el resultado ha sido lamentable.

Apertura de mercados: la política de apertura de mercados de Costa Rica en general ha sido apropiada. A pesar de que algunas de las negociaciones recientes no han sido las mejores en materia de apertura, se sigue trabajando en liberalizar el comercio de manera unilateral por medio de aranceles bajos y multilateral con los principales socios comerciales del país. Tal vez un aspecto que la fundación no consideró es la aun alta presencia de monopolios estatales en el mercado lo cual es bastante contraproducente especialmente para los consumidores.

En términos generales, coincidimos con Heritage en el hecho de que Costa Rica aún tiene mucho camino por recorrer con la diferencia de que consideramos que la calificación debió haber sido mucho menor de la obtenida.

viernes, 27 de septiembre de 2013

Viernes de Recomendación

El día de hoy queremos presentarles el Debate Presidencia realizado semanas atrás en la UCR con la participación de Otto Guevara, José María Villalta, José Miguel Corrales y Luis Guillermo Solís. En el mismo los candidatos tuvieron la oportunidad de exponer sus propuestas y posteriormente recibir preguntas del público.


miércoles, 25 de septiembre de 2013

Desde la tribuna: Estado perdido

El Estado costarricense está perdido.  Antes se usaba una expresión, devenida de un personaje de leyenda muy conocido antaño, esta expresión cae de perlas para la calificar la situación:  “Más perdido que el chiquito de la Llorona”.

Por un lado, pretende jugar de empresario y hacer negocios (Recope y su grotesca intención de hacer la Refinería china, el ICE y el INS jugando a los secretos comerciales, la “banca comercial” del Estado y sus sempiternos problemas e inconsistencias).

Pero, y eso es lo grave, olvidando lo grave de sus funciones propias y de la naturaleza con que debe ejercerlas.

Bien dicen los iuspublicistas que la responsabilidad del Estado no puede exonerarse salvo que se trata de fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.  En cambio, el “caso fortuito” no procede.  Ello se debe a que el Estado, por su naturaleza, está obligado a ser previsor.  Ni siquiera basta que despliegue lo que en la doctrina civil se conoce como las acciones de “un buen padre de familia”, porque debe ser todavía más diligente.

Ante el desastre que se ha dado en la infraestructura pública y, sobre todo, el modo en que los funcionarios públicos han enfrentado la situación, es evidente que no se está cumpliendo o entendiendo la responsabilidad pública.

¡Claro que el Estado no tiene la culpa de que haya grandes aguaceros, temporales, sistemas de baja presión y demás hechos de la naturaleza!  Eso no se discute.

Pero el Estado tiene ingenieros, funcionarios, contratistas y servicios de mantenimiento, de limpieza, de inspección y es claro que tiene que entender los efectos de la naturaleza en la infraestructura pública.  Tiene los recursos, no solo financieros sino jurídicos, para prever, prevenir, anticipar y dar toda suerte de mantenimiento, pero no lo hace.  

Curiosamente, los estatistas insisten en que el Estado se meta a todo y en todo, pero se hacen los tontos cuando no hace lo elemental. 
 
Federico Malavassi Calvo

martes, 24 de septiembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: nuevos impuestos y desempleo

De acuerdo con la última encuesta de empleo que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo abierto para el segundo trimestre del 2013 fue de 10.4%. La tasa de desempleo abierto mide el porcentaje de población ocupada, con respecto a la fuerza de trabajo.  De acuerdo con el INEC, dicho indicador para el segundo trimestre del 2012 fue similar al del segundo trimestre de este año. Es factible comparar con el dato de mediados del año 2009, pues podríamos pensar que ya refleja en el país el efecto de la recesión mundial. El dato correspondiente fue de 7.8%.   En los años 2007 y 2008 las cifras equivalentes fueron de un 4.6% y un 4.9%, respectivamente. Es decir, no parece haber mejorado mucho la situación del empleo en la economía nacional, al menos de acuerdo con este indicador. Además, se presentó el mismo porcentaje de tasa de desocupación para el primer trimestre de este año, lo que podría indicar un estancamiento en la generación de empleo. Sin embargo, esto último está sujeto al comportamiento que se observe en los próximos trimestres. 

Al respecto, vale la pena tener presente que, según una noticia difundida a mediados de diciembre del 2010: ¨El plan presentado por la Presidenta Laura Chinchilla y la Ministra de Planificación Laura Alfaro, se propone 11 grandes objetivos, entre los cuales destaca la reducción del desempleo, pasando del 7,8% del año 2009, a una tasa del 6% en el 2014.¨ 

Hoy día podemos ver cómo, lamentablemente, al momento nos estamos quedando bastante lejos del ansiado 6% de desempleo, que se pretendió lograr a inicios de la actual administración.

Otro indicador importante del comportamiento laboral de la economía es la llamada tasa de ocupación.  Esta se define como el porcentaje de la población que está empleada, con respecto a la población del país mayor de 12 años. Para el segundo trimestre de este año, de acuerdo con el informe del INEC arriba citado, dicho índice es de un 56.1%, el cual es muy similar al del año previo.  En lo más profundo de la recesión reciente de nuestro país, en el 2009, la tasa de ocupación llegó a ser de un 55.4%. Esto es, el país ha tenido una ligera mejoría desde ese entonces. Sin embargo, aún no alcanza el porcentaje cercano al 60% que tuvo en cierto momento previo a la crisis. En los Estados Unidos, por contraste, el cociente empleo- población se ha mantenido en alrededor de un 58.5%, en tanto que llegó, al menos en los años 2003-2004, a un 62-63%. Obviamente esta comparación es algo burda por múltiples razones, pero puede servir como parámetro de una meta posible de lograr a largo plazo.

También está el indicador conocido como tasa neta de participación, que es el resultado del cociente de la fuerza de trabajo del país, como porcentaje de la población mayor de 15 años. La fuerza de trabajo se define como el número de trabajadores empleados más el número de trabajadores desempleados. Las últimas cifras para Costa Rica, de acuerdo con el informe del INEC antes citado, señalan un 62.7% para el segundo trimestre de este año, cifra igual a la del segundo trimestre del año previo. Este porcentaje es importante para entender el crecimiento económico a largo plazo, así como de la productividad de la mano de obra. Históricamente en los últimos años en Costa Rica la tasa ha sido de un 62-63%.

La tasa de subempleo es el porcentaje de la población ocupada, que trabaja habitualmente menos de un total de 47 horas por semana en su ocupación principal y otras ocupaciones (si las tiene), que desea trabajar más horas y está disponible para hacerlo, pero no lo hace porque no consigue más trabajo asalariado o independiente, convertido al equivalente de desempleos abiertos, con respecto a la fuerza de trabajo. En el caso de Costa Rica, el reciente informe del INEC arriba mencionado, indica que en el segundo trimestre del 2013 la tasa de subempleo fue de un 13%. Este indicador parece mostrar la evidencia de un problema creciente, dado que en el período 2005-2009 osciló entre un 6.8% y un 9%. En el 2011 llegó a ser de un 9% y en el 2012 de un12.4%. 

En síntesis, el panorama del empleo en nuestra economía no parece ser el  deseable, principalmente por el aumento paulatino del subempleo, así como por una tasa de desempleo abierto que está aún muy por encima de las tasas previas a la crisis económica mundial.

Dado lo expuesto, resulta paradójico que el gobierno anuncie que a fines de este año propondrá un nuevo paquete fiscal, bajo el prurito de resolver un déficit –esto es, un exceso de gasto sobre la recaudación- que se estima podría llegar a un 5.5% del PIB.

Digo ¨paradójicamente¨ porque aumentar los impuestos, con toda la incertidumbre que trae asociada, incidirá en las capacidades de recuperación del empleo que podría llevar a cabo el sector privado nacional.  

A algunos se les podría ocurrir que la solución está en que el gobierno aumente el empleo, tal como se hizo durante la última administración Arias Sánchez.  Esa medida fue tomada, supuestamente, como un paliativo para disminuir el desempleo que empezaba a crecer en la economía privada, por efectos de la recesión mundial de fines de la primera década de este siglo. Uno de los errores de esa política fue que los nombramientos de los nuevos empleados públicos se hicieron de forma  permanente y no temporal.  Las recesiones no son un fenómeno permanente, sino que se espera que sólo duren durante algún tiempo. Si lo que se deseaba mediante esa política de gobierno era suplir la caída de demanda laboral de parte del sector privado, lo lógico sería hacerlo en tanto existiera dicho efecto recesivo, que no sería algo permanente. Esa medida que se tomó en algo explica el elevado déficit del 5.5% del PIB antes mencionado, pues los gastos en el empleo público se hicieron permanentes, en vez de ser temporales.  Debe tenerse presente que el gasto público es lo que interesa, para efectos de medir el impacto del gobierno en la demanda de recursos de una economía.

La introducción pretendida de nuevos y mayores impuestos afectará al empleo productivo, la asunción de riesgos en que los empresarios participan, además de disminuir la formación de capital, esencial para la inversión y un mayor crecimiento económico. Parece de sentido común que, si se desea que disminuya el desempleo y el subempleo, más bien se debe estimular –es decir, no afectar, no impedir, no alterar- las decisiones de las personas en los mercados, particularmente de quienes generan el empleo productivo de la nación; esto es, el sector privado de la economía. Es decir, toda la economía excluyendo el estado.

Me parece lógica la respuesta que surge ante la pregunta: ¿Cree usted que algún empresario se atreverá a invertir y a generar empleo, si se le anuncia que pronto el gobierno aumentará o pondrá nuevos impuestos los cuales afectan el rendimiento esperado de su inversión? Sin duda que lo pensará mucho. La incertidumbre acerca de los resultados de una inversión no es precisamente un factor positivo para que el empresario la lleve y así generar empleo. Más bien podemos esperar lo contrario incluso en momentos en que el crecimiento de la economía nacional es ¨tibio¨ como máximo.

Finalmente, tal vez nos sea útil tener presente el mensaje del economista William W. Beach, en su ensayo ¨Why Taxes Affect Economic Growth¨:
…los puntos de vista de los economistas gradualmente se unen alrededor de factores claves que deben estar presentes si es que un país desea experimentar tasas de crecimiento económico superiores a las tasas de crecimiento de su población.  En todos estos factores, uno encuentra que la política tributaria juega un papel prominente y a menudo decisivo.

•    Acumular capital. Incrementar el stock de capital físico disponible para cada trabajador en la economía es una de las mejores maneras de incrementar el ingreso per cápita.

•    Mantener un gobierno pequeño. El gasto del gobierno consume recursos escasos que podrían ser usados en inversiones productivas y distorsiona los incentivos que enfrentan los individuos y las empresas. La propiedad estatal del stock de capital significa que la producción de esos recursos productivos será menor que si estuvieran en manos privadas.

•    Abrir la economía al comercio y la inversión extranjera. Economistas destacados de este nuevo consenso han descubierto muchas ganancias provenientes del comercio y de la inversión extranjera que previamente se desconocían, incluyendo una difusión más rápida y profunda de la tecnología proveniente del exterior, un incremento en la competencia que mejora la eficiencia y una acumulación de capital más rápida.

•    Respetar los derechos de propiedad y la regla de la ley. Sin una adecuada protección de los derechos de propiedad y un ambiente político seguro, los individuos y las empresas enfrentarán severos desincentivos para invertir e involucrarse en actividades productivas.

•    No recargar al sector productivo con regulaciones y controles gubernamentales innecesarios. Las regulaciones, los mandatos y los controles de precios y salarios son un freno para el crecimiento económico. Elevan el costo de producir bienes y servicios y hacen que la innovación y la invención sean más costosas. Los controles gubernamentales también incrementan las oportunidades para obtener ganancias mediante la corrupción y por tanto desvían al empresariado de sus actividades productivas hacia actividades no productivas de ¨búsqueda de rentas¨.

•    Invertir en ¨capital humano¨. La educación, que aumenta la productividad del trabajador, es muy importante para el crecimiento, de acuerdo con muchos de los economistas más destacados en esta área.  En este contexto, es importante que los sistemas educativos operen primariamente para educar a los estudiantes, en vez de servir a los fines de ¨justicia social¨ o a grupos políticos poderosos.¨

En síntesis y simplificando, debemos facilitar la inversión a fin de que pueda crecer la producción nacional y, por tanto, que haya una mayor generación de empleo. La propuesta gubernamental de aumentar o poner nuevos impuestos, crea incertidumbre que afecta negativamente la inversión de las personas y empresas. Con ello la producción crecería menos y, por tanto, se generaría un nivel de empleo menor.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 23 de septiembre de 2013

Tema polémico: ¿Doble discurso?

En la última semana se incendió la polémica en nuestro país por unas declaraciones del Diputado del PAC Manrique Oviedo, en las que indicaba:

“Resulta que gran cantidad de los fondos de inversión están en manos de judíos y hoy un vicepresidente pertenece a esa misma minoría. (...) Ah, no, pero los amigos del vicepresidente Liberman, ellos no, ellos está en los clubes selectos, en los cruceros por todo el mundo (...), lo que sí critico es que vengan a valerse del manejo, del interés, de la influencia política para sangrar al pueblo de Costa Rica”

Las mismas fueron repudiadas por la comunidad judía de nuestro país, así como por altos dirigentes del PAC y otros partidos políticos, como de antisemitas incluso asimilando las mismas al horror y al drama de la Alemania Nazi.

Ahora bien, como nuestros lectores bien lo sabrán en ASOJOD somos unos férreos individualistas, por lo que cualquier descrédito a una persona por su color de piel, religión, preferencia sexual, nacionalidad, etc, carece de todo sentido, y no es más que una muestra de la ignorancia e incultura misma de la persona que proclama tales despropósitos. Pero, sin demérito de lo anterior, en ASOJOD definitivamente en algo si nos diferenciamos a todos los que han pegado el grito al cielo por estas declaraciones, y precisamente lo que nos desmarca es que nosotros no lo hacemos únicamente cuando es políticamente correcto hacerlo.

En este sentido, queremos resaltar que lo que se ve mal en este caso es que se usara el término “judío”, en razón del particular contexto histórico que todos conocemos, es decir, si en vez de judíos el Diputado Oviedo hubiera dicho: “los ricos”, “las clases poderosas”, “la burguesía”, etc, nadie se hubiera inmutado. Lo que queremos resaltar es que en nuestro país constantemente la demagogia política tiene como su recurso predilecto una retórica de lucha de clases, un juego maniqueo de ellos vrs nosotros, retórica que por cierto aún se enseña en nuestras Universidades Públicas como una especie de dogma revelado, pero en esos casos nadie dice ni pío. Accionar que en nada se distingue en cuanto al fondo al efectuado por dicho Diputado, sino únicamente se distingue en el chivo expiatorio a escoger, estigmatizar y utilizar para fines políticos.

Así, no cabe duda alguna que lo fácil y cobarde es señalar con el dedo aquello que atente contra lo políticamente correcto, difícil y ético es hacerlo coherentemente incluso cuando la causa no sea la más popular. Sólo una defensa sistemática, integral y unitaria de la tolerancia, y el respeto hacia el otro es verdadera, lo demás es simple y mero oportunismo político.


viernes, 20 de septiembre de 2013

Viernes de Recomendación

El día de hoy queremos compartir con ustedes la ceremonia de Doctorado del Profesor George Reisman, realizada en la Universidad Francisco Marroquin. Reisman ha sido un destacado defensor del capitalismo, la propiedad y el sistema de libertad económica

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Desde la tribuna: ¡Ay, qué Estado más ineficiente!

El Estado costarricense ha llegado a un punto inaceptable de ineficiencia.  Ni siquiera respeta en el margen mínimo la legislación atinente al servicio público. ¿Continuidad?  No la vemos. ¿Eficiencia?  ¿Es un chiste?  ¿Igualdad?  Pues tampoco, porque aunque nos tiene a todos mal, la verdad es que se ensaña con algunos.  ¿Adaptación?  Muchos menos. No quiero hacer leña del árbol caído, pero las cosas no pintan bien.

Hemos puesto muchas cosas en manos del Estado y se ha cumplido aquello de que “quien mucho abarca …”. Lo más grave es el abandono de las tareas o funciones primarias encomendadas al Estado.   Se ha olvidado el principio de acción subsidiaria y se ha cargado al Estado de funciones y tareas.  Los estatistas han querido todo en manos del Estado y ello ha resultado en desastre.

No se trata de una falta inocente.  Hay unos pocos que se benefician de la situación para prometer y repartir lo ajeno, para concentrar el poder y obtener sus gollerías.  Y hay unos muchos que caen en doble carácter de culpables y víctimas del clientelismo político, esperanzados en lograr lo prometido, aunque sea ajeno y olvidando las responsabilidades personales.

El colapso de la infraestructura pública en los últimos años, la inutilidad para aplicar correctamente legislación que en otros países ha sido una solución importante para obtener infraestructura (concesión de obra pública), el crecimiento del gasto corriente, el gran endeudamiento público y el aumento de gollerías son la prueba indefectible de lo que pasa.

Todo la anécdota del colapso de unas alcantarillas en la carretera de circunvalación de San José, por los Hatillos y los siguientes hechos son de antología.  Millonaria colocación de puentes modulares que no sirvieron para nada (aunque alguien cobró), caos vehicular, ocurrencia de aumentar la restricción vehicular, Cartago no se queda atrás y exhibe su hueco (frente al CUC), Heredia también logra uno en la radial y en la Autopista General Cañas hacia Alajuela se empieza a lavar el talud construido con exceso de millones hace unos pocos meses (además de que se intenta el tercer millonario arreglo al puente sobre el río Virilla, el de la famosa platina).

Paralelamente, la Contraloría General de la República señala que es realmente anómalo que la carretera 27, la de Caldera, no haya sido entregada, esté exhibiendo congestionamientos y no se termine de acabar.  Pero no hay que olvidar que los tribunales contenciosos condenaron a la Administración Pública por la irregular remoción de la compañía supervisora (IMNSA), por no “acomodarse” al juego y reportar cientos de “no conformidades” con lo que pasaba en la construcción de esta obra.

Si queremos sumar anomalías, podemos mencionar que aún no se ha arreglado el techo del Estadio Nacional, que ardió en un “discutible” juego de pólvora, contratado luego de que otro empresario polvorero manifestó que no había condiciones para ello.  Este hecho debe sumarse al intento del PLN de desviar 226 millones de colones de un presupuesto del CNP, a fin de cubrir los saldos de los Juegos Centroamericanos celebrados como si fueran los Olímpicos, con exceso de pompa y circunstancia y concluidos con los alegres ritmos de Carlos Vives. 

Ineficiencia, corrupción añadida, clientelismo y demagogia:  una fatal combinación     que arruina a nuestra sociedad. 

Requerimos más libertad, más sociedad, más respeto al principio de acción subsidiaria del Estado, más responsabilidad personal y cumplimiento de las líneas constitucionales básicas.  Ello redundará en una situación con menos corrupción y menos clientelismo, sin lugar para tanta demagogia y con oportunidad para un poco de eficiencia pública.

Federico Malavassi Calvo

martes, 17 de septiembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: levántate y anda. Parte III

En los dos comentarios previos se analizó la llamada curva de Phillips, que suponía había una relación inversa entre la inflación y el desempleo, así como las críticas que se hicieron a dicha curva. Con base en ella se había llegado a la conclusión de que existía una relación inversa entre inflación y desocupación y que, por tanto, era posible, mediante la inflación, generar un aumento de la producción. Sin embargo la crítica mostró que no era posible que un alza en los precios provocara tal aumento a largo plazo de la producción real y que, más bien, una política monetaria expansiva a lo que daría lugar es a niveles superiores de crecimiento de los precios pero no a una tasa de crecimiento de la economía.  A largo plazo se regresaría al nivel previo de crecimiento real de la economía.

En este último comentario me referiré a los factores que inciden en aumentar el crecimiento económico y, entre ellos, destaco una política monetaria de bajo crecimiento pero estable, como factor que incide en un mayor crecimiento económico.  No así la simple expansión monetaria (inflacionaria) que de por sí daba lugar a un crecimiento, como se suponía con el análisis basado en la Curva de Phillips. En conclusión, la política monetaria es crucial, pero que no dé lugar a expansiones ni oscilaciones que introduzcan incertidumbre en los mercados. Por ello, la política monetaria deberá concentrarse en el control de la inflación y no en el crecimiento de la producción real que, a largo plazo, no puede lograr.

Según el artículo de La República bajo comentario, algunos economistas aseveran (muy simplificadamente), que la política actual del Banco Central de los Estados Unidos, bajo la administración del señor Ben Bernanke, ha optado entre inflación y desempleo, al interesarse en la recuperación de la economía (disminuir la tasa de desempleo) en vez de la inflación. Así resucitan, con un ¡Lázaro: Levántate y Anda!, el lenguaje de la política económica keynesiana inflacionaria basada en la curva de Phillips.

En el caso de Costa Rica, de acuerdo con lo que se cita en el artículo de La República, el Banco Central tenía claramente como objetivo principal el control de la inflación y secundariamente el logro de una tasa deseable de ocupación (y, por ende, que permitiera un mayor crecimiento económico). Ahora, se señala en aquel comentario, parece haber cambiado sus prioridades (cosa que, de hecho, no se demuestra en el comentario de referencia) hacia una preferencia por la producción (empleo), en vez de la estabilidad de los precios. El economista, señor Fernando Rodríguez, menciona en dicho artículo que
“cuando la producción se viene en picada y el desempleo crece, los precios ocupan una prioridad secundaria. Las condiciones de una economía en crisis de producción, en todo caso, no son inflacionarias.”

Me parece que la conducta claramente expresada por el Banco Central en documentos recientes sobre política económica, es la de centrarse en el control de la inflación y no la de privilegiar el crecimiento económico. No parece que el Banco haya decidido expandir las magnitudes monetarias para lograr un descenso en la tasa de desocupación y, por tanto, un incremento de la tasa de crecimiento de la producción. Por el contrario, en la revisión de junio del 2013 de su programa original de enero del 2013, el Banco continúa insistiendo en conservar su meta de inflación anunciada a principios de año, de alrededor de un 5%, más o menos un punto porcentual. (Ver Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2013-2014, p. 25 y Banco Central de Costa Rica, Revisión Programa Macroeconómico 2013-2014, p. 26).

En ambos programas económicos sí se hace mención de la existencia de objetivos diversos establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central, en cuanto a los

“… principales objetivos: i) continuar con la inflación dentro del rango meta establecido para este lapso (entre 4% y 6% interanual); ii) estimular la actividad económica que se ha desacelerado y; iii) velar por la estabilidad del sistema financiero, especialmente por los riesgos asociados a un creciente uso del financiamiento externo para atender la demanda de crédito en dólares. Lo anterior en cumplimiento de los objetivos prioritarios y subsidiarios asignados a la Institución en el artículo 2 de su Ley Orgánica.” (Banco Central de Costa Rica, Revisión Programa Macroeconómico 2013-2014, p. i).

En el programa monetario original del Banco para este año en ningún lado se lee que ampliará su política monetaria durante el 2013, a fin de recuperar el crecimiento económico, a pesar de que señala que,
“…se estima que el PIB crecería un 4,0% en el 2013 y el 2014, tasa inferior al promedio de los últimos tres años (4,8%).” (Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2013-2014, p. 19).

En resumen, no veo al Banco Central, al menos en lo que va de este año, haciendo un uso expansivo de la cantidad de dinero en circulación, con el propósito de reactivar el crecimiento de la economía nacional, aunque lo diga en su planteamiento de cumplir con el objetivo (en mi opinión contradictorio con el de lograr una inflación baja a la luz de lo expuesto en la crítica a la curva de Phillips) “…de estimular la actividad económica que se ha desacelerado,” que cité en la página anterior de ese comentario. Por el contrario, sí señala claramente el propósito de conducir la política monetaria acorde con el cumplimiento de la meta inflacionaria preestablecida, de un 5% más o menos un punto porcentual. Si se quiere ver de otra manera, lo que el Banco Central hace en sus programas macroeconómicos es mencionar la obligación que le impone el artículo 2 de su Ley Orgánica, pero sin señalar una política –tal como lo indicaría bajo la curva de Phillips keynesiana- de crecimiento monetario con el propósito de incrementar la producción. Pero sí es claro en cuanto al cumplimiento de su objetivo de contención de la inflación. 

Para terminar mi comentario, me referiré brevemente a la importancia que tiene otro tipo de políticas que faciliten un incremento de la producción real.

Friedman es muy claro en sus comentarios acerca de la limitación de la política monetaria para lograr en el largo plazo un aumento en la tasa de crecimiento real de la economía.  Señala que tan sólo transitoriamente es posible lograrlo, pues inicialmente el efecto del mayor impulso monetario se refleja en las cantidades producidas. Pero, luego lo es en los precios. Una vez que los participantes en el mercado laboral incorporan sus expectativas en torno a la inflación, los salarios reales vuelven a su posición original y, por lo tanto, se regresa a la tasa inicial de desempleo y de crecimiento real.  Señala que

“Lo que sucede con la cantidad producida (output) depende de factores reales: la empresa, la ingenuidad y los negocios de las personas, la extensión del ahorro, la estructura de los negocios y el gobierno, las relaciones entre las naciones, etcétera.” (Milton Friedman, The Counter-Revolution in Monetary Theory, Londres: Institute of Economic Affairs, 1970, p. 23, reimpreso en Lanny Ebenstein, ed., The Indispensable Milton Friedman, Washington D. C.: Regnery Publishing Inc., 2012, p. 184).

Abusando del “etcétera” del comentario de Friedman previo, me permito indicar, de acuerdo con el libro de James D. Gwartney y Richard L. Stroup, un análisis claro y sencillo de siete factores principales que inciden en el crecimiento de las economías. 

“1. La propiedad privada: Cuando la propiedad es privada la gente trabajará más duro y usará más sabiamente los recursos.
2. Libertad para intercambiar: Las políticas que reducen el volumen de intercambios retardan el progreso económico.
3. Los mercados competitivos: La competencia promueve el uso eficiente de recursos y brinda un estímulo continuo para mejoras innovadoras.
4. Un mercado de capitales eficiente: Para que una nación pueda llevar a cabo su potencial, debe tener un mecanismo que sea capaz de asignar el capital hacia proyectos creadores de riqueza.
5. La estabilidad monetaria: Las políticas monetarias inflacionarias distorsionan las señales que brindan los precios y subvierten una economía de mercado.
6. Tasas impositivas bajas: La gente producirá más cuando se les permite conservar más de lo que han ganado.
7. Libre comercio: Una nación puede ganar vendiendo bienes que puede producir a un costo relativamente bajo y utilizar esos ingresos para comprar cosas que puede producir tan sólo a un costo elevado.” (James D. Gwartney y Richard L. Stroup, What Everyone Should Know About Economics and Prosperity, Vancouver, Canadá: The Fraser Institute, 1993, p. 32).

No haré un desarrollo de estos temas, pues los autores citados lo hacen en su libro arriba mencionado y hacerlo aquí haría de este un comentario muy extenso.

Como se ha visto, una política monetaria expansiva no logra un aumento de la producción real en el largo plazo y si acaso transitoriamente. Pero surge la pregunta de, entonces, ¿qué puede hacer una política monetaria? Friedman tiene una opinión clara acerca de cómo la política monetaria tiene importantes efectos en las variables reales. 

Específicamente, Friedman señala como 

“…la primera y más importante lección que enseña la historia acerca de lo que la política monetaria puede hacer (y es una lección de la más profunda importancia) es que la política monetaria puede evitar que en sí el dinero sea una fuente importante de disturbios económicos.” (Milton Friedman, “The Role of Monetary Policy”, The American Economic Review, Vol. LVIII, No. 1, marzo de 1968, p. 12).

El ejemplo más claro de cómo una política monetaria inapropiada puede causar disturbios en la economía real, fue lo que sucedió durante la Gran Depresión de los años treinta, cuando el Banco Central de los Estados Unidos (Federal Reserve Board-FED) provocó una declinación de una tercera parte de la oferta monetaria, en medio de la más seria recesión en la historia estadounidense. Según Friedman, eso provocó que lo que podría haber sido una recesión, se convirtiera en una depresión. Esa mala política la documenta Friedman en su obra conjunta con Anna Schwartz. (Milton Friedman y Anna J. Schwartz, A  Monetary History of the United States, 1867-1960, New Jersey: Princeton University Press, 1963).

Friedman agrega que otra cosa que la política monetaria puede hacer es

“…proporcionar un trasfondo estable para la economía… Nuestro sistema económico trabajará lo mejor posible cuando los productores y consumidores, patrones y empleados, pueda asumir, con total confianza, que el nivel de precios promedio se comportará de una manera conocida en el futuro y, preferentemente, que será altamente estable.” (Milton Friedman, “The Role of Monetary Policy”, The American Economic Review, Vol. LVIII, No. 1, marzo de 1968, p. 13).

Para Friedman, la segunda función de la política monetaria consiste en brindar la cantidad necesaria de moneda para que la actividad productiva pueda llevarse a cabo adecuadamente. Pero enfatiza que deberá ser efectuado de forma tal que permita lograr la estabilidad de los precios. Eso es posible si se asegura un crecimiento automático de la cantidad de dinero. Señala que, para el caso de los Estados Unidos, su tasa de crecimiento debería de ser de un 4-5% anual, pero que la tasa deseable varía de país a país, en función de las tendencias de crecimiento de su producción y de las características de la demanda de dinero. Lo que Friedman tiene en mente es que el Banco Central no prosiga políticas monetarias discrecionales, que introduzcan incertidumbre en la economía. No sólo hace esta propuesta porque no hay una relación causal rígida, precisa, que va del dinero hacia el ingreso, sino también porque sería necesario conocer cómo es esa relación y que, además, el banco central compartiera ese conocimiento. Sería necesario conocer todos esos elementos, para que la política monetaria pueda servir como compensación de otras fuerzas que provocan inestabilidad en la economía. Como no existe una relación precisa –carencia de una correspondencia mecánica de uno a uno entre cambios en la cantidad de dinero y el ingreso, dice Friedman- lo mejor es que el Banco Central se sujete a reglas y no a la discrecionalidad, que daría lugar a incertidumbre e inestabilidad en la economía.

La tercera cosa que la política monetaria puede hacer, según Friedman, es
 
“…contribuir a compensar los principales disturbios en el sistema económico, procedentes de otras fuentes. Si hay una euforia secular independiente… la política monetaria puede ayudar, en principio, a mantenerla bajo control mediante un ritmo de crecimiento monetario más lento de lo que, de otro modo, sería deseable. Si, como ahora, un presupuesto federal explosivo amenaza con déficit sin precedentes, la política monetaria puede mantener bajo control cualquier peligro inflacionario, mediante un ritmo de crecimiento monetario más lento de lo que, de otra forma, sería deseable.” (Ibídem, p. 14.)

Sin embargo, Friedman sugiere una enorme cautela en el cumplimiento práctico de este último rol de la política monetaria, debido a que 

“…La experiencia no es muy alentadora en el sentido de que lo puede lograr, sin ir demasiado lejos… creo que el potencial de la política monetaria para compensar otras fuerzas que redunden en una estabilidad, es mucho más limitado de lo que comúnmente se cree.” (Ibídem, p. 14.)

Friedman enfatiza las fuertes limitaciones que hay para proseguir una política monetaria de afinamiento (fine-tunning), no sólo por las dificultades que hay para reconocer el grado o tamaño de los disturbios que se pretenden compensar, así como para establecer cuál es la política compensatoria que, sin cambios rudos o débiles, logre dicha compensación. Por ello sugiere que esta política se lleve a cabo tan sólo cuando haya disturbios  que constituyan “un peligro claro actual”. De otra manera, las oscilaciones de la política monetaria podrían más bien provocar disturbios o inestabilidad mayores e indeseables.

La conclusión general de Friedman es que

“Una tasa constante de crecimiento monetario a un nivel moderado puede proveer un marco de referencia bajo el cual un país puede tener inflación baja y mucho crecimiento. No producirá una estabilidad perfecta; no producirá el cielo aquí en la tierra; pero puede hacer una contribución importante para tener un sociedad económica estable.” (Milton Friedman, The Counter-Revolution in Monetary Theory, Londres: Institute of Economic Affairs, 1970, p. 28).

Uno puede divergir de Friedman en cuanto a una serie de detalles de su esquema monetarista.  Es más, con el paso del tiempo han ido surgiendo modelos mejor adaptados a la realidad que permiten, supuestamente, diseñar mejores políticas monetarias.  Pero creo que hay dos principios esenciales expuestos por Friedman que hoy son bastante aceptados.  El primero, que un aumento de la oferta de dinero, excepto en el corto plazo, es capaz de lograr un aumento de la producción.  Cuando ese incremento de la masa monetaria se refleja en un crecimiento de los precios, lo que se logrará es que, a esa mayor tasa de inflación, se llegue a la misma tasa de crecimiento real de la producción.

El segundo es que el dinero es muy importante.  La política monetaria es muy importante.  Un comportamiento mesurado y estable en la creación de medios de pagos por parte del Banco Central, es lo mejor posible ante oscilaciones reales que se suelen presentar en la economía. No estimular que esas oscilaciones sean mayores por una mala política monetaria, es un objetivo que debe proseguir un Banco Central y eso sí contribuiría, al disminuir la incertidumbre debido a un comportamiento discrecional del Banco Central. Esta certeza sí es un factor significativo para estimular el crecimiento real en la economía.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 16 de septiembre de 2013

Tema polémico: himno a los desaguisados

Pasadas la resaca de las festividades patrias, es claro que hay que hacer algunas reflexiones sobre lo acontecido los últimos días. Ayer, durante el tradicional discurso del 15 de septiembre, la Presidente Chinchilla entonó su himno a los desaguisados. Lanzó sus acostumbradas sandeces frente a una ciudadanía que ya no sabe qué más esperar de este triste espectáculo político del que, según se sabe, se ruega -con promesas de romería incluidas- para que finalice. 

El más reciente capítulo de sus desatinos fue la propuesta de un nuevo paquetazo de impuestos, disfrazado con el eufemismo de reforma fiscal. Después del fracaso del Plan de Solidaridad Tributaria, que contó con la oposición del 75% de los costarricenses y de la tímida medida de contención del gasto público, que se concentró en tratar de reducir el ritmo de crecimiento de este pero no disminuirlo en su totalidad, doña Laura nos sale con una solicitud a los líderes de los demás partidos para que la ayuden a cumplir sus promesas de campaña y tengan recursos a futuro para hacer "realidad" las propias, al tiempo que les recuerda que "cuentan con un gobierno generoso para unir esfuerzos para impulsar reformas de las que se beneficiarían futuros gobiernos”. 

Este curioso ofrecimiento, al igual que la llamada que hizo a todos los sectores el 1º de mayo de este año para dialogar, no es más que una pose. Ha sido evidente que este Gobierno no escucha, no razona, no considera, no reflexiona y, mucho menos, dialoga. Y si no lo ha hecho antes, no lo hará ahora. ¿O acaso alguien es tan iluso para pensar que, en esta ocasión, doña Laura sí tomará en cuenta todas las sugerencias de los distintos sectores para hacer una reforma integral que haga más competitivo al país, más atractivo para la inversión y el ahorro? Estamos seguros que la famosa reforma no será más que un aumento de impuestos, creación de otros y ampliación de la burocracia para su recaudación y administración, al tiempo que esto influirá en un incremento general del gasto público pues esperarán más recursos para gastar a manos llenas y recoger la cosecha de clientela electoral. 

Sin embargo, más que terquedad, creemos que insistir en aumentar los impuestos es estupidez. Y discúlpennos por la dureza de nuestras líneas pero a estas alturas de la historia humana, pensar que un país requiere cobrar más impuestos para desarrollarse y, peor aún, confiar en que un Gobierno usará responsablemente ese dinero para la prestación de servicios y no para darle empleo a los pegabanderas que llevaron al partido al poder, consolidar los negocios de ciertos clanes y alimentar a su clientelismo, solo puede ser signo de un severo daño cerebral. 

¿Cómo pretende, según dijo ayer la mandataria respaldada por el flamante Ministro de Planificación -que ni planifica ni administra ni hace nada bien- que se le reconozcan los logros de su Administración (¿cuáles en más de tres años?) si cada vez que pueden plantean o ejecutan verdaderas idioteces? ¿Cómo tener algún tipo de consideración a estas alturas si ha sido uno tras otro fallo, una tras otra estupidez, una tras otra cochinada de un gobierno que, sin duda, ha sido el peor de los últimos años en un país que ya no sólo se cae a pedazos, literalmente, sino desde todo punto de vista.  

viernes, 13 de septiembre de 2013

Viernes de Recomendación



La Asociación Nacional de Fomento Económico
Con el apoyo de la Fundación Studium

Invita al evento


Objetivo del BCCR: ¿control de inflación o fomento del crecimiento económico?

Fecha:                      Martes 1 de octubre del 2013
Lugar:                      Hotel Aurola Holiday Inn San José, costado norte del parque Morazán
Hora:                       6:00 p.m-9:00 pm.


Programa

6:00 pm – 6:30 pm     Registro de participantes 
6:30 pm – 6:40 pm     Palabras de bienvenida, Sr. Óscar Álvarez Araya, Presidente de ANFE 
6:40 pm – 7:05 pm     Patricia Pérez Hegg, Diputada
7:05 pm – 7:30 pm     Rodrigo Bolaños Zamora, Presidente del BCCR
7:30 pm – 7:50 pm     Refrigerio
7:50 pm – 8:15 pm     Jorge Corrales Quesada, Expresidente del BCCR
8:15 pm – 8:40 pm     Eduardo Lizano Faith, Expresidente del BCCR
8:40 pm – 9:00 pm     Preguntas y comentarios del público


Costo:                      278px-Costa_Rican_colon_symbol5.000,00 (cinco mil colones)
Importante:             Cupo Limitado.
Reservaciones:        2253-4460 / 2224-7350 / 8996-6569

E-mail: info@anfe.cr  

miércoles, 11 de septiembre de 2013

Desde la tribuna: para reirse...si no fuera una tragedia.

El titular del periódico La Nación del 10 de setiembre dice “PLAN CONTRA SATURACIÓN EN CÁRCELES. Ministra urge a Corte no enviar tantos reos a prisión”.  En la primera página el asunto es más grave, pues dice que “Justicia pide a Corte no enviar tantos reos a prisión”.
 
La noticia evidencia un fracaso público absoluto y sería cómica, para reírse como un chiste, si no fuera porque encierra un gran drama nacional. La esencia de la información narra una cita de la Ministra de Justicia con la Corte Plena:  “La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, pidió a los magistrados establecer medidas alternas para evitar un mayor ingreso de personas a prisión.La jerarca tuvo ayer una cita con la Corte Plena para analizar la sobrepoblación carcelaria en el país.Garita comentó que su cartera trabaja en dos ejes para atacar el hacinamiento en las cárceles: uno es el incremento de infraestructura y el otro es buscar medidas alternas a la prisión.”

Cárceles saturadas, fines del Derecho Penal desviados u olvidados, órganos públicos haciendo peticiones incoherentes e impertinentes a la luz del día.

El Derecho Penal está basado en el principio de legalidad criminal (“Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali”).  Para todos es evidente que es la propia Ley la que dispone cuál conducta debe penalizarse y que el único intérprete es el juez.  Tal principio es una garantía para todos. Esto de ver al Ministerio de Justicia clamar para que los órganos jurisdiccionales no envían más reos a las cárceles es de antología.  ¿Y la ley?  Sencillamente el Estado ha fracasado. 

De paso está el tema de saturación de las cárceles y de olvido de los fines de la pena.  Estas cárceles se han convertido en escuelas de criminales, en un hacinamiento contrario a los derechos humanos y que, además, en la pésima administración pública (¿tautología o redundancia?) se presta para permanentes acciones de inconstitucionalidad, amparos, asesinatos y demás desgracias.  No podemos dejar de lado el hecho de que desde las prisiones de nuestro país se gestan buena cantidad de estafas e intentonas parecidas para defraudar a la gente.  ¡No hay por dónde!

El Estado no es previsor, no se planifica correctamente sus acciones y responsabilidades.  El ejemplo es evidentísimo, grotesco e irrefutable. Lo grave es que cunde en ciertos círculos la estatolatría y que, además, desde lo público se quiera planificar y regular la vida privada.  ¡No pueden ni con las tareas elementales del  quehacer público!

No se crea que la intromisión pública es inocua, todo lo contrario.  Su presencia generalmente termina complicando la vida de los libres tanto como la de los “privados de libertad”  (eufemismo, al igual que “internos” con que se denomina a los reos, condenados a prisión).

¡Qué grave y complicado será si la Corte atiende el llamado de “Justicia”!

Ya me imagino las circulares internas y las instrucciones:

“Se recomienda a los fiscales no llevar a todos a juicio, pues hay saturación de cárceles”
“Se recomienda a los jueces no aligerar los juicios pero sí las penas”
“Se instruye a los operadores del Derecho Penal a dar el mejor trato posible a los imputados para que no terminen en la cárcel”.

La lista es inimaginable. Ya bastante se padece en la sociedad por las determinaciones fiscales en el sentido de declarar algunas acciones como “crímenes de bagatela” y renunciar a la persecución penal en perjuicio de las víctimas.

¿Cómo andan los demás campos públicos?

Federico Malavassi Calvo

martes, 10 de septiembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: ¡Levántate y anda! II Parte

La semana anterior expusimos en este sitio los elementos básicos de la denominada Curva de Phillips, que señalaba la posibilidad de optar entre inflación y desempleo, de manera tal que, si se deseaba disminuir la tasa de desocupación (y así aumentar la producción real de la economía), ello sólo era posible aumentando la tasa de inflación. Por el contrario, si se deseaba disminuir la tasa de crecimiento de la generalidad de los precios, sólo era posible incrementando la tasa de desempleo y, por tanto, dando lugar a una reducción de la producción real de la economía. En esta segunda parte se hará una crítica basada en los trabajos de Milton Friedman a la Curva de Phillips.

Friedman, en su afamado discurso presidencial ante la Asociación Norteamericana de Economistas en diciembre de 1967, expuso claramente el pecado original de la curva de Phillips, al señalar que su defecto básico consistía en
“…la falla de distinguir entre los salarios nominales y los salarios reales… Phillips escribió su artículo para un mundo en el cual todos anticipaban que los precios nominales serían estables y en el cual esa anticipación parecía inmovible e inmutable, pasara lo que pasara a los precios y a los salarios reales…” (Milton Friedman, “The Role of Monetary Policy”, The American Economic Review, Vol. LVIII, No. 1, marzo de 1968, p. 8).

Esto es, la posibilidad de escoger entre la inflación y el desempleo de acuerdo con la curva de Phillips, dependía de que los precios no variaran. Pero, con una política monetaria expansiva, con su impacto de un aumento generalizado de los precios, el efecto positivo inicial de aumento en los salarios nominales se veía luego compensado por los aumentos en los precios, de manera tal que los salarios reales permanecían constantes (el salario nominal es el precio del factor trabajo y el salario real se refiere a ese precio en términos de su poder adquisitivo). Es decir, que se regresaría a la tasa de desempleo previa.
Señala Friedman,

“Para exponer esta conclusión de manera diferente, existe siempre una opción transitoria entre la inflación y el desempleo; no existe una opción permanente. El efecto transitorio no proviene de la inflación per se, sino de la inflación no anticipada, lo cual quiere decir, que proviene de una creciente tasa de inflación. La ampliamente esparcida creencia de que existe una opción permanente, es una versión sofisticada de la confusión entre ‘alto y creciente’, la cual todos reconocemos en formas más simples.  Una tasa de inflación creciente puede reducir el desempleo y una tasa alta no lo reducirá.” (Ibídem, p. 11).

Friedman agrega que,

“Para expresar la conclusión general de una manera aún más distinta, las autoridades monetarias controlan las cantidades nominales -directamente, la cantidad de sus propias obligaciones. En principio, pueden usar este control para fijar una cantidad nominal -un tipo de cambio, el nivel de precios, el nivel nominal del ingreso nacional, la cantidad de dinero por una u otra definición- o fijar el tipo de cambio en una cantidad nominal -la tasa de inflación o deflación, la tasa de crecimiento o disminución del ingreso nacional nominal, la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. No pueden usar su control sobre cantidades nominales para fijar una cantidad real -la tasa real de interés, la tasa de desempleo, el nivel del ingreso nacional real, la cantidad real de dinero, el ritmo de crecimiento del ingreso nacional real o el ritmo de crecimiento de la cantidad real de dinero.” (Ibídem, p. 11).

Por tanto, para Friedman no existía la posibilidad de que, en el largo plazo, una vez que la tasa de inflación es anticipada plenamente, se logre disminuir el desempleo a cambio de inflación, como lo proponía la política monetaria basada en la curva de Phillips. En términos sencillo, resulta ser una aplicación de la frase atribuida a Abraham Lincoln, “Se puede engañar a toda la gente durante un tiempo y alguna gente todo el tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo”. Lo que importa para los trabajadores son los salarios reales (esto es, en términos de su poder adquisitivo). Estos aumentan al inicio de la expansión monetaria y de crecimiento de la producción nominal. Pero luego, por el efecto de la inflación, en términos de su poder adquisitivo esos salarios reales vuelven a su nivel previo. El que por un tiempo sus salarios nominales puedan aumentar por efecto de la inflación, no significa que lo pueda ser permanentemente: la inflación “se come” el aumento de los salarios nominales. La inflación esperada es así incorporada en el salario nominal que esperan obtener.  Al incorporarse estas expectativas de inflación en el mercado de trabajo, se regresa a la tasa de desocupación previa antes de la inflación.

Algunos economistas keynesianos promotores de las políticas monetarias expansionistas, basados en la curva de Phillips argumentaron que no importaba tanto la inflación, como lograr reducir la tasa de desempleo.  También para los políticos estatistas ese razonamiento les caía como anillo al dedo en su objetivo de lograr y conservar el poder político.  El votante desocupado normalmente votaba en contra del partido en el poder, pues por lo general lo percibía como responsable de una languidez económica en donde no se generaba empleo. Por ello, ante la opción de provocar inflación a cambio de mayor empleo, lo que el político debería de hacer era buscar una combinación óptima de ambos males (“una combinación con el menor costo social”). Un camino más fácil se les abría a los políticos, pues usualmente era posible atribuir el problema inflacionario a otros entes distintos del gobierno.  Abundan las narrativas en donde se atribuye la inflación a los “árabes y su petróleo”, a los intermediarios explotadores, a los sindicatos que presionan por salarios mínimos, a los monopolios, a las malas cosechas, a boicots internacionales y a un largo etcétera.

La angustia para los políticos se presentó cuando su creencia de que podían generar pleno empleo o menor desocupación, aunque hubiera mayor inflación, quedó hecha añicos debido a una evidencia clara de una simultaneidad de alta inflación y elevado desempleo  (a esto algunos lo llamaron estanflación).

En términos de la curva de Phillips, lo que Friedman demuestra es que no existe una curva de Phillips, sobre la cual es posible escoger entre inflación y desempleo. Cuando los actores en la economía incorporan el comportamiento esperado de los precios en sus expectativas salariales (es decir, que a la larga lo que a los trabajadores les interesa es el salarios real y no el salario nominal), se da un desplazamiento de aquella curva original del análisis de Phillips, cuando no había una expectativa de inflación. Habría no una sino múltiples curvas de Phillips, cada una de ellas definida para las distintas expectativas acerca del comportamiento esperado de los precios y, por ende, de los salarios reales, en donde se tomaba en cuenta a las expectativas inflacionarias. 

Por ello, a largo plazo cuando las expectativas toman vigencia, no era posible plantear la posibilidad original de escoger una mayor tasa de inflación como el precio a pagar por una tasa menor desocupación.  Al incorporarse la inflación esperada en las expectativas de los asalariados, los salarios nominales deberán aumentar a ese ritmo de inflación esperada, tan sólo para mantener constantes los salarios reales. Puede pensarse que habrá una curva de Phillips para cada expectativa inflacionaria diferente. No hay una curva de Phillips, sino una multitud de ellas; cada una de ellas para cada tasa de inflación esperada. Así, el efecto de moverse a lo largo de aquella (una) curva de Phillips, de aumentar la ocupación a cambio de mayor inflación, se revierte al incorporar las expectativas inflacionarias. De manera que el efecto de aumento del nivel de ocupación es tan sólo temporal, pues a largo plazo se volverá a la tasa original de desempleo (y de crecimiento de la economía) y el mercado restablece su situación real de equilibrio.

La próxima semana presentaré en este sitio la tercera y última parte de este comentario.



Jorge Corrales Quesada

lunes, 9 de septiembre de 2013

Tema Polémico: Nuevo presupuesto del gobierno

El nuevo presupuesto del continúa con los mismos vicios de los presupuestos presentados durante toda la administración de doña Laura. Los gastos exceden considerablemente los ingresos esperados. Esto no parece importarle a este Gobierno y sinceramente, si no le ha importado mucho gastar sin reparo durante todos esto años, menos le va a importar presentar esta oda al gasto durante su último año en gobierno. Han sido tantas las críticas que ha recibido doña Laura durante su mandato que ya parece no importarle nada y más ahora que va de salida. 

Siguiendo este comportamiento, no nos extrañaría que en unos cuantos años terminemos igual que países como Grecia y Portugal obligados a pagar tasas de interés elevadísimas para seguir financiado los gastos o con una inflación descontrolada. De cualquier forma, los grandes perdedores seremos todos los ciudadanos y en especial lo más pobres.

¿Será que el país tiene que tocar fondo para finalmente darse cuenta del error? ¿O será que definitivamente a los gobernantes de turno no les interesa lo que pueda pasarle al país en el mediano o largo plazo?

En ASJOJOD creemos que definitivamente hay una cuota de esto elevada. Hace falta más voluntad para buscar soluciones. Pero el problema es un poco más complejo.

Hay quienes exponen que el problema de déficit se debe a que en nuestro país la carga tributaria es baja. En ASOJOD diferimos categóricamente. Ya en muchas ocasiones hemos demostrado que en este país más bien hay demasiados impuestos. Y aunque esto fuera cierto, habrá que tomar en consideración las siguientes dos irrefutables realidades:

1- La forma en que se está gastando el dinero de los todos los que pagamos impuestos es sumamente ineficiente y en muchos casos hasta descarada. Tal vez en eso nos diferenciamos de otros países como Noruega y Suiza en que la carga tributaria es mayor pero por lo menos se ve que el dinero es gastado de manera más eficiente.

2- La reforma fiscal más fuerte que se ha presentado ante la Asamblea Legislativa en las últimas décadas si acaso logra disminuir en déficit en 2% del PIB. Asumiendo que en verdad con una reforma así se logre disminuir en ese porcentaje el déficit (y eso lo dudamos mucho pues implicaría a su vez una mayor evasión), no lograría disminuir ni la mitad del déficit fiscal actual. Por lo tanto el grado de éxito de este tipo de medidas sobre el problema en cuestión es mínimo.

Para verdaderamente eliminar el déficit hay que disminuir el gasto sin duda. Otra forma podría ser aumentando la recaudación por medio de una mayor actividad económica pero para lograr eso más bien habría que bajar impuestos en vez de aumentarlos.

La disminución del gasto debería ser una prioridad fundamental para el próximo gobierno y eso necesariamente implicará hacer una serie de reformas legales en empleo público, reformas a las pensiones y presupuestos obligados constitucionalmente que no necesariamente son las más populares pero serán necesarias para que no terminemos con un país mucho más pobre.

jueves, 5 de septiembre de 2013

Jumanji empresarial: expectativas racionales ante la amenaza de impuestos

Las malas expectativas provocan que las empresas se muestren reacias a invertir y que las familias moderen su consumo dando prioridad al ahorro de forma que puedan estar preparadas por si las cosas se ponen peor. Estos dos efectos son nefastos para la actividad económica de un sistema capitalista. Por un lado, si las empresas evitan invertir, no contratarán nuevos trabajadores ni comprarán a otras empresas tanta cantidad de lo que necesitan para su actividad. Esto tiene como resultado una merma en los beneficios empresariales y en la actividad económica, que se irá trasladando de empresa en empresa y de sector en sector. 

En el caso de las entidades de crédito (y especialmente en las crisis desencadenadas por shocks financieros) dejan de conceder tantos préstamos a familias y empresas, lo que incide negativamente en la actividad de estas empresas y en la capacidad de compra de las familias. Por otro lado, el miedo que tienen las familias a que el futuro pueda ser peor hace que la mayor parte de ellas sólo consuman lo necesario y que prefieran ahorrar más que en épocas de auge económico. Esto inevitablemente reduce el consumo total de las familias, disminuyendo a su vez las ventas que necesitan materializar las empresas para poder seguir realizando su actividad. Como resultado, las empresas obtienen menos ingresos y muchas de ellas entran en dificultades. La respuesta será invertir todavía menos, hasta llegar al punto de desinvertir (despidiendo a trabajadores y/o cerrando sectores de actividad), lo que inevitablemente
empeorará la economía en general. Y de esta forma se entra en un círculo vicioso que provoca enormes costes económicos en términos de cierres de empresas y de trabajadores despedidos.

Debido a ello, el sector público deja de recibir tantos ingresos como recibía durante la época del auge económico. Esto es así porque el sector público recauda dinero a través de impuestos que dependen de la actividad económica. A mayor actividad económica, mayores impuestos pagarán las empresas, los trabajadores, los consumidores y los propietarios del capital financiero. Y al contrario: a menor actividad económica, menores ingresos tendrá el sector público. Y esto último es precisamente lo que ocurre durante las crisis. Por otro lado, los gastos del sector público siguen aumentando aun durante las recesiones, y no la inversión en capital físico necesario para la economía. Esta relación, de mayor gasto improductivo sobre la inversión en el sector publico, tiene un efecto negativo en las expectativas de inversión del mismo sector privado.

El efecto conjunto de ambos fenómenos es una disminución de los ingresos públicos y un aumento del gasto público, y por lo tanto un aumento del déficit fiscal. Es por ello que durante las recesiones económicas las cuentas públicas sufren mucho y arrojan importantes déficits fiscales.

Pero lo que provoca el déficit fiscal en el sector público es precisamente la mala situación y evolución de la actividad económica. Que el Estado gaste mucho e ingrese poco es fundamentalmente el resultado de la mala coyuntura económica y de una relación inadecuada entre el gasto y la inversión en el sector publico. Por lo tanto, el problema no es tanto que el Estado gaste o ingrese poco (y por lo tanto ver qué impuesto aumentar); el problema reside en que la economía está enferma, debido a un entorno de expectativas negativas. Si la actividad económica se recuperase, también lo harían las cuentas públicas de las administraciones. La respuesta adecuada para disminuir el déficit consiste en variar la relación gasto/inversión hacia el lado de la inversión en el sector público y reactivar la economía reduciendo las expectativas negativas, tanto fiscales como regulatorias, y no en aumentos de impuestos, porque precisamente lo que ello consigue es deteriorar aún más la economía.

Andrés Pozuelo Arce

miércoles, 4 de septiembre de 2013

Desde la tribuna: apuntes acerca del problema de RECOPE

A modo de introducción:
El 18 de junio de 2013, la doctora Mónica Araya, especialista en Política Climática y Desarrollo, suscribe una carta abierta al Ministro de Ambiente de Costa Rica.  En dicha misiva comunica su renuncia a la delegación costarricense de negociadores en cambio climático.  Con gran precisión señala que justifica su decisión en una seria inconsistencia gubernamental:  “Hemos apostado por un modelo de desarrollo limpio e incluso anunciamos al mundo que seríamos carbono neutral para el año 2021.   Sin embargo, al estar tan cerca de tomar un préstamo de China para que el país cuente con una moderna refinería de petróleo, con un valor de $1.300 millones, va en contra de nuestro liderazgo ambiental.  ¿Cómo un país que se ha fijado la meta de descarbonizar nuestra vía de desarrollo tendrá credibilidad cuando al mismo tiempo se endeuda en nombre de  los combustibles fósiles? Esta inconsistencia amenaza con deshacer dos décadas de liderazgo de Costa Rica en este tema y no tengo otra opción más que hablar en nombre de los y las costarricenses y de las esperanzas de personas vulnerables al cambio climático”.  Más adelante indica:  “El tema de fondo.  El gobierno y usted en particular le deben a Costa Rica  un debate abierto y honesto sobre la refinería. ¿Por qué necesitamos una refinería?  ¿Y quién decidirá?”.

El 20 de junio siguiente la Contraloría General de la República, en la tramitación de una denuncia, en relación con el curioso estudio de factibilidad de la futura refinería, resolvió  ordenar a Recope: “Abstenerse de utilizar el estudio de factibilidad realizado por la empresa HQCEC y cualquier otro estudio que se haya basado en los resultados de éste, para sustentar acciones relacionadas con la ejecución del referido proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Moín y adoptar las medidas pertinentes de frente a lo indicado en el presente oficio”.

En lo elemental, la Contraloría determina que la empresa que realizó el estudio  (HQCEC) está relacionada con la empresa estatal petrolera China National Petroleum Corporation (CNPC), socia de Recope en una entidad común (Soresco), constituida para realizar el proyecto.

Para llegar a este estado de cosas, se había invertido una suma cercana a los cincuenta millones de dólares en estudios y tratativas.  Una buena parte de esta suma ha sido aportada por el monopolio estatal de Recope.

El Ministro citado, Rector de la actividad, en lugar de sentar responsabilidades y sanciones, luego de tan mayúsculo desacierto, solicita a Recope un “Plan B”.
Lo que mal empieza, mal termina:
La historia de Recope se remonta al intervencionismo estatal que se inicia en con la Junta de Gobierno de 1948.  Ello es paradójico, pues en tanto la Asamblea Constituyente más bien diseña un gobierno semipresidencialista o semiparlamentario, considerando que los problemas nacionales se debían a la concentración de poderes en el Ejecutivo y en tanto se aprobaban garantías para proteger la libertad y mayor control del gobierno, la Junta de Gobierno estatizó la banca, la producción de electricidad y las telecomunicaciones.   Al sumar ello a algunas instituciones preexistentes (como el Banco de Seguros) se va construyendo un Estado interventor y monopolista de varias actividades.

Posteriormente, este Estado promueve un plan de sustitución de importaciones y proteccionismo industrial.  En tal marco, para el 16 de mayo de 1961, se crea Recope  (por parte de la Allied Chemichal) y en modo de industria protegida se importa una refinería vieja, que se usaba en el norte de África.  Ni siquiera servía para refinar crudo, sino que tenía que utilizar un cóctel. 

Era evidente que el proteccionismo industrial era posible hacer estos negocios.  A final de cuentas, era difícil competir con quien tiene las ventajas y las protecciones.

Hay un mercado cautivo que no puede buscar calidad ni mejor precio ni tiene opciones de la competencia.

Los años setentas terminaron de complicar la situación nacional.  Se aprobó la Ley de Presidencias Ejecutivas, para que el Ejecutivo tuviese una participación directa en una serie de instituciones autónomas (sobre todo las financieras), se aprobó la CODESA  (Corporación Costarricense de Desarrollo SA) y sus sociedades hijas.  Era la intromisión general del Estado y su gestión como Estado-empresario. 

En tal tesitura, no era de extrañar que de muy buena el gobierno aceptara la oferta de comprar la fracasada refinadora en un dólar.  De tal modo, en 1974 se adquirió Recope SA en un dólar, pero cargada de una millonaria deuda en divisas (de la que quedaron eximidos los accionistas costarricenses).
La aventura refinadora había sido un completo fracaso, no había buena calidad de los combustibles, los precios no correspondían a lo que se esperaba en calidad y el abastecimiento no era seguro.

Para reforzar la compra se aprobó la Ley Nº 5508 de abril de 1974.  Fue la primera ley que estatuía el monopolio.  Tal ley consolida la intervención estatal monopolística en el área de combustibles derivados del petróleo.  Determina a Recope como monopolio estatal en la forma de sociedad anónima.   En ella se conceptúa al Consejo de Gobierno como asamblea de accionistas de la indicada sociedad .  Es de rememorar que, en tal carácter de asamblea de accionistas de Recope, el Consejo de Gobierno ha llegado incluso a determinar el octanaje de la gasolina.

Dicha ley no incluyó la distribución de combustibles  en el monopolio, pero las compañías dedicadas a ello fueron retirándose del mercado costarricense (sobre todo las que habían estado dedicándose a este giro antes de la institución del monopolio).

Empiezan a darse situaciones deplorables:  para muchos Recope se convirtió en la caja chica del Estado, los precios se manipulan a conveniencia del gobierno, empiezan las gollerías para quienes trabajan en la refinadora y, además, aparecen los privilegios de los “políticos-ejecutivos” de la sociedad anónima.
Asimismo, se acuña la expresión de “actividad estratégica” en relación con las actividades de Recope.
Muchos más tarde se concluye que Recope no goza del “monopolio completo” y, por tal razón, se aprueba la Ley Nº 7356 de 24 de agosto de 1993, que determina en favor del Estado el monopolio de importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo, derivados y naftas y da su administración a la sociedad Recope.

Este gestión en favor del “monopolio completo”  se aprueba aceleradamente por la presión sindical de Fetral (Federación de trabajadores limonenses) y grupos afines.

Esta situación es abiertamente inconstitucional, pues la institución del monopolio violenta los derechos ciudadanos básicos, el concepto de libertad, el bien común (hay menos calidad, más precio y menos libertad).  No hay cómo escoger , hay falta de control del poder y causa problemas y conflictos en áreas de la actividad humana tuteladas por la Constitución Política.

Asimismo, hay violación del Principio-Derecho de Libertad tal y como resulta de la conjunción de los artículos 28 (definición ontológica de la libertad, en contraposición al principio de legalidad) y 46 (libertad de empresa y comercio) de la Constitución Política.

Es obvio que rebasa los límites para la actuación pública y, además, constituye una amenaza para la actividad privada.

Además, convierta en acciones públicas las que, por naturaleza, no lo son.  Ni jurídica ni técnicamente es razonable el monopolio de Recope para realizar los fines constitucionales, más bien se opone a ellos.  Va mucho más allá de una regulación excesiva de la actividad privada, que más bien es garantizada en libertad.

Es imperativo señalar que la competencia no daña la moral ni el orden públicos ni causa daño a los derechos de terceros.

El monopolio cedido a Recope, en adición también contraviene el Orden Económico de la Libertad, la denominada Constitución Económica.  Este Orden Económico de la Libertad está formado por la libertad, la legalidad, la propiedad, el derecho al trabajo y la libertad de empresa.  Es indiscutible que el monopolio, además administrado por una sociedad anónima, contraviene todos estos derechos y libertades contitucionales.

Finalmente, es evidente que el monopolio cedido a la sociedad anónima también violenta las normas constitucionales de control del gasto público y el principio de legalidad tributaria.  

Los ejemplos sobran, desde la constitución de la sociedad anónima “Soresco” hasta las complacencias del antiguo SNE (regulador de precios) y la actual ARESEP.  Es un hecho que Recope ha sido más que la caja chica del Ejecutivo del gobierno.

La aventura china:
Estamos frente a la aventura del diseño, instalación y puesta en funcionamiento de una nueva refinería que Recope planea hacer en sociedad con la empresa petrolera china CNCPI (petrolera China National Petroleum Corporation).  Una aventura que se suma a todos los apuntes acerca de Recope y, además, al hecho descarnado de empleados públicos jugando al empresario, con fondos públicos, disponiendo para las negociaciones de un mercado secuestrado y del monopolio como si fuese su patrimonio. 
Recope, en alianza con la CNCPI, constituye la sociedad SORESCO con el propósito de construir y operar una refinería en Limón.  Esta es una sociedad caribeña y es absolutamente discutible su constitución, el modo de hacerlo y la participación en sus gestiones (societarias y demás de las personas relacionadas con Recope).

Al parecer, algunos de estos temas se trataron en los acuerdos suscritos con ocasión de la visita del Presidente chino Xi Jinping a nuestro país.  Pero estos documentos no están integralmente al alcance del público.  Se sabe que uno de los acuerdos tiene que ver con poner a disposición de Soresco la suma de $900,000,000.oo (novecientos millones de dólares).

Recope se comprometió a aportar a Soresco la suma de $400,000,000.oo (cuatrocientos millones de dólares).

La Administración pública (el Ejecutivo) ha sido secretista en este asunto y no han estado a disposición de todos los solicitantes los documentos completos relativos a esta información.

Se sabe que se han invertido más de cincuenta millones de dólares a través de Soresco.  ¿Han salido de las ventas de Recope?  ¿Cuánto es el sobreprecio de los productos de Recope y cómo es que Aresep y la Contraloría no han hecho objeciones a este gasto y a estos esquemas?

¿Por qué ninguna entidad pública detuvo la constitución de Soresco y la documentación que aporta el monopolio a esta aventura?  

De conformidad con los artículos 2 y 3 de la mencionada Ley Nº 7356 de 24 de agosto de 1993 el capital accionario de Recope debe pertenecer totalmente al Estado costarricense y, asimismo, “El Estado no podrá ceder, enajenar ni dar en garantía  ninguna acción representativa del capital” de Recope.  La constitución de una tercera sociedad, con el socio chino, es una violación a este principio, pues es obvio que de lo que se trata es que el “monopolio” no salga del control del Estado (bastante deficiente por lo comentado) y quede a expensas de una aventura entre Soresco y la CNCPI. 

Ahora no se entiende si es un préstamo chino, un contrato de sociedad, una manera ilegal e irresponsable de disponer de activos públicos y cuánto dinero se ha comprometido con ello.

En pocas líneas, estos apuntes son un repaso de lo acontecido.

Ahora ¿qué sigue?

Federico Malavassi Calvo