La columna de Carlos Federico Smith: metástasis en cesantías

Del abuso con privilegios no se escapan las municipalidades -y me abstendré de hablar acerca de los altos salarios que ganan algunos alcaldes jerarcas en ciertas municipalidades (valdría la pena que algún medio hiciera el recuento)- como es el caso con el auxilio de cesantía. Incluso, siendo permisivo en cuanto a que el tope de la cesantía en los entes públicos sea de 12 años, cuatro años más que los indicados en el Código de Trabajo para los trabajadores en general del sector privado, la lista de quienes lo exceden es alta. O sea, he aquí tres listados, con base en un artículo de La Nación del 16 de junio titulado “47 municipalidades exceden tope de 12 años en cesantía: Convenciones otorgan incentivo mayor al fijado por Sala IV,” tanto el de las municipalidades que pagan cesantía en exceso de 12 años, así como de municipios en donde no hay limite a los montos por cesantía, al igual que los ayuntamientos en donde se paga la cesantía aún en el caso en que medie renuncia o terminación voluntaria del contrato (recuerden que el auxilio de cesantía en el Código de Trabajo se otorga sólo al pensionarse el trabajador o cuando se le destituye por voluntad del patrono y así se aplica al trabajador privado). 

La base de estos listados deviene de 52 municipalidades que poseen convenciones colectivas registradas ante el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
Empecemos por las 13 MUNIPALIDADES EN LAS QUE LA CESANTÍA ES ILIMITADA (sus convenciones colectivas no definen un número de años como límite para otorgar la cesantía):
(1) Acosta; (2) Curridabat; (3) Goicoechea; (4) Grecia; (5) Liberia; (6) Orotina; (7) Pococí; (8) San Carlos; (9) San Mateo; (10) Santa Cruz; (11) Siquirres; (12) Talamanca y (13) Tilarán.
 

A la vez, están las  28 MUNICIPALIDADES EN LAS QUE SE PAGA LA CESANTÍA AÚN EN EL CASO DE RENUNCIA O TERMINACIÓN DE CONTRATO VOLUNTARIO:
(1) Abangares; (2) Acosta; (3) Atenas; (4) Cartago; (5) Curridabat; (6) Desamparados; (7) Garabito; (8) Goicoechea; (9) Golfito; (10) Grecia; (11) Guácimo; (12) Heredia; (13) La Unión; (14) Liberia: (15) Limón; (16) Los Chiles; (17) Matina; (18) Pococí; (19) Puntarenas; (20) San Carlos; (21) San José; (22) San Mateo; (23) Santa Cruz; (24) Siquirres; (25) Talamanca y (26) Tilarán.
 

Y quienes tienen un límite, pero en exceso de 12 años (lamentablemente la información del medio no indica el número exacto de años en que se excede a esos doce años en este conjunto de municipalidades), son 35 MUNICIPALIDADES EN LAS QUE SE PAGA UNA CESANTÍA EN UN NÚMERO DEFINIDO DE AÑOS, PERO DE MÁS DE 12 AÑOS: (1) Abangares; (2) Acosta (no tengo claro por qué el medio le indica aquí un número definido de años, a la vez que en la columna anterior la señala como sin límite de años); (3) Quepos; (4) Alajuelita; (5) Aserrí; (6) Atenas; (7) La Cruz; (8) Carrillo; (9) Cartago; (10) Vásquez de Coronado; (11) Cañas; (12) Desamparados; (13) Escazú; (14) Garabito; (15) Golfito; (16) Guácimo; (17) Heredia; (18) La Unión; (19) Limón; (20) Los Chiles; (21) Matina; (22) Montes de Oca; (23) Montes de Oro; (24) Mora; (25) Moravia; (26) Nicoya; (27) Paraíso; (28) Pérez Zeledón; (29) Puntarenas; (30) San Rafael de Heredia; (31) San José; (32) San Ramón; (33) Santa Ana; (34) Tibás y (35) Turrialba.

Recuerden los ciudadanos, al pagar los impuestos a las propiedades, por los servicios municipales o las patentes o cualquier otro costo que tenga que pagarle a la municipalidad, que sin duda son la fuente para los pagos de estos pluses abusivos: no hay tal cosa como un almuerzo gratuito; todo esto debe pagarse por los contribuyentes; con sus recursos se fondeen los abusivos casos de cesantía señalados.  El cáncer de los privilegios en los tres poderes de la República ha hecho su metástasis a los gobiernos locales.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: hace bien la Contraloría

No debe existir duda de que las acciones proseguidas por la Contraloría General de la República, en contra de los excesivos montos que algunas entidades estatales pagan por cesantía a sus empleados, son totalmente correctas, apropiadas y pertinentes.

Los detentadores de los privilegios, organizados en sindicatos que sólo buscan el interés de sus asociados y no el de la ciudadanía como un todo, ya han tratado de descalificar a la Contraloría por estas acciones. Cuando observo los acontecimientos, al contrario de esos privilegiados apoyo en su totalidad el esfuerzo del ente contralor, a fin de introducir algún grado de sanidad en la gestión de esos fondos públicos.

No es concebible que, mientras un trabajador común y corriente sólo percibe ocho años de cesantía; esto es, el equivalente de un mes por cada año trabajado, con un límite de ocho años, hay empleados del sector público que reciben beneficios excesivamente mayores al resto de los mortales. Por ejemplo, un trabajador del Banco Popular quien se pensiona después de trabajar allí por 30 años, en vez de recibir una cesantía equivalente a ocho meses de salario, recibe una de treinta meses. Es más, no existe límite alguno para la cesantía de un trabajador de ese Banco. Una situación de idéntico privilegio sucede en la Municipalidad de Turrialba.

La Sala Constitucional definió que el máximo posible de cesantía no podía exceder de 20 años, lo que, en sí, ya constituye un montón de años más de lo que recibe la mayoría de los trabajadores del país.  Ante esta realidad, pronto, quienes ven a la economía de un país como si fuera una vaca a la que sólo hay que ordeñarla lo más posible, nos dirán que ¿por qué no se aumenta a 20 años la cesantía para todos los trabajadores del país? Ante la posible sugerencia, sólo cabe responderla con otra pregunta: ¿De dónde saldrá la plata para mantener ese monto tan desenfrenado? Nos responderán, pues ya el cántico es estereotipado, que “cobrándole más impuestos a los ricos”. Asumen que estos no pueden trasladárselos a los trabajadores y a los consumidores.  Por ello, terminarán por ser estos últimos quienes paguen el privilegio de la cesantía de algunos. 

Cualquier estudiante de Economía básica sabe que, si la mano de obra se encarece, como sucedería con la imposición de un aumento en la cesantía, como el que ciertos líderes sindicales sueñan opiáceamente con tenerlo, va a descender la cantidad demandada de mano de obra. Su propuesta generará mayor desempleo. Los trabajadores que queden desocupados por el encarecimiento de su trabajo, serán quienes paguen el privilegio de que para algunos haya una mayor cesantía. Todo será para beneficiar a aquellos trabajadores que, al final de cuentas, logren permanecer empleados. Los sindicatos se asegurarán de que no sean despedidos los trabajadores que están afiliados a éste y, si fuere el caso de que haya que despedir trabajadores sindicalizados, serían aquellos que tengan un menor número de años de membresía, por ser posiblemente los menos influyentes y los más débiles.

Vale la pena observar lo que ha venido sucediendo en naciones de Europa, como Grecia y España, en donde las dádivas laborales al amparo sindical reinaban incólumes, hasta que en esos países se acabó la plata de sus gobiernos.  Podrán así darse cuenta de las tasas de desempleo que hoy se tienen en esas naciones, como resultado de tener que poner orden en el despelote financiero en que se encontraban sus gobiernos. Estos no tuvieron ya más plata para seguir pagando privilegios de todo tipo, significativamente asociado con los salarios de los empleados públicos.

Cómo puede ser posible, sino por su naturaleza monopólica, que en RECOPE un trabajador puede tener una cesantía de 24 años.  Si hubiera competencia, eso no se daría, aunque con aquella tal vez los trabajadores podrían lograr mayores salarios, como resultado de una mayor productividad.  Hoy, para pagar ese privilegio, el monopolio simplemente acude a cargárselo a los precios de los productos que nos venden.  Así, todos los consumidores somos quienes terminamos pagando el favorecimiento arbitrario de algunos.  Por supuesto que los sindicatos nos dirán que, si se les elimina esa cesantía privilegiada, tal medida se reflejará tan sólo en una porción muy pequeña del precio que se cobra por los combustibles.  Ese es el viejo argumento de “somos tan pequeños, que no importamos”. Esto es, que si alguien propone eliminar o reducir un gasto gubernamental, se alega que no hay razón para hacerlo, si porcentualmente es muy poco importante en el costo total. Algo igual sucede con el proteccionismo arancelario en el caso del arroz, en que un protegido productor logra que el costo al consumidor doméstico sea mayor en, tan sólo, un colón por kilo, el cual posiblemente “no lo siente tanto” el consumidor final. Lo relevante es el gran volumen que se vende de kilos de arroz protegido en el país.  Por ello, es difícil imaginar el monto total adicional de ingresos que recibe cada uno de los pocos productores nacionales, por ese sobreprecio hipotético de un colón. Entre peso y peso de más por kilo, el total genera una soberbia y sabrosa cantidad de dinero, producto del privilegio proteccionista otorgado a unos pocos.

El trabajador del Consejo Nacional de Producción disfruta de una cesantía de 25 años.  Esa es una institución que casi ni opera. Es muy poco, si algo, lo que hoy hace.  Es tan sólo por un miedo interesado de los políticos, que no se ha podido poner un candado a esa entidad. En tanto, lo que habrá que pagar por cesantía a los trabajadores de esa entidad, sigue subiendo casi sin límite. Allí se siguen utilizando recursos, humanos y financieros, que posiblemente serían mucho más productivos si estuvieran siendo empleados en otras actividades o, al menos, su utilización no generaría pérdidas.  La existencia del CNP se da tan sólo porque, de alguna manera, el dinero de los costarricenses sigue siendo usado por los intermediarios gubernamentales, para mantener abierto lo que nada o poco hace.

En la Municipalidad de San José, en enero la cesantía se redujo de una indefinida eternidad a sólo 20 años, que es el límite máximo que faculta la Sala Constitucional. Dicha cesantía sigue siendo, aunque ya legalizada, muy superior a lo que obtienen la mayoría de los trabajadores públicos y privados. De alguna manera son estos mismos trabajadores públicos y privados, con los impuestos que pagan y con el mayor costo de servicios públicos que deben pagar, los que mantienen el privilegio para unos pocos. Los empleados de esa Municipalidad no parecen estar muy cómodos con el nuevo arreglo (de ser uno de ellos, mejor me quedaría callado: ese privilegio sigue siendo muy alto en comparación con el resto de los trabajadores). De darse una movilización sindical para oponerse al reordenamiento que busca la Contraloría, probablemente lucharán por volver al aún mayor privilegio de su pasado.

Debemos apoyar el loable esfuerzo que hoy lleva a cabo la Contraloría, en defensa de los recursos escasos de todos los costarricenses. Son fondos públicos, recogidos con impuestos o con sobreprecios en los servicios, los que hoy son malgastados para satisfacer esos privilegios para algunos, tal como hemos venido comentando.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Cesantiadas

Cada vez más uno se va dando cuenta de los abusos que con la cesantía se cometen en ciertos sectores de la economía; particularmente en grupos del sector público. Ahora le toca la hora a un par de ellos. Empiezo con la Municipalidad de San José. ¿Cómo es posible que, de acuerdo con convenciones colectivas arrancadas a los recursos limitados de los presupuestos del municipio josefino, sus empleados se pensionen con 30 años de cesantía? El resto de trabajadores del país –y que son muchos- lo hacen con tan sólo 8 años. 

La seccional municipal de Albino se lanzó a la huelga porque, ante gestiones afortunadas de la Contraloría orientadas a reducir aquel descomunal abuso, hubo otros grupo sindicales que, como gran cosa, aceptaron una propuesta para reducir la cesantía a 25 años y a 20 a los trabajadores nuevos que entren a trabajar allí (me imagino que, ante esta gollería, muchos querrán entrar a trabajar en la Municipalidad). Mientras el trabajador común corriente logra 8 meses, los pupilos de Albino quieren conservar el privilegio de 30 años y acusan de traidores a otros grupos laborales de la Municipalidad porque aceptaron 25 y 20 años, que en sí constituyen otro enorme privilegio que se paga con los impuestos saldados en dicho municipio.

Que no me vengan con cuentos los políticos de turno. ¿Quiénes son los manganchas alcaldes de la ciudad de San José que, a lo largo de los años, han permitido ese relajo? Que den la cara y asuman su irresponsabilidad ante los ciudadanos de San José.

El otro día, en el Canal 7, hubo una lucha de artes marciales mixtas–esto es, boxeo, karate, lucha libre, de todo- entre el líder del sindicato de los médicos y el líder de otros sindicatos, Albino, mediando la inmoderación de Pilar. ¡Qué no se dijeron! En lo que interesa referirme ahora, la cesantía, el gremio médico la obtiene no tomando como base el salario, sino que se adicionan el pago de guardias, horas extras y disponibilidad, lo cual explica esas cesantías jugosas de cientos de millones de colones, que algunos galenos han logrado en los últimos tiempos. Eso me parece que no está bien. Albino, oportunista, se opuso en el programa de Pilar a que se otorgara  ese privilegio a los médicos, pues le estorbaba para lograr un ajuste salarial para cierto gremio de la ANEP, que a él le interesa impulsar. No vaya usted a creer, en algún momento, que el impulso que ha movido a Albino era el de evitar un desperdicio de recursos públicos. Para terminar el programa, la sugerencia de Pilar fue que, en privado, los dos gremios se reunieran para resolver entre ellos sus diferencias. Lo que Pilar no se dio cuenta, siendo ella tan lista, es que ambos sindicatos se pondrían de acuerdo en que sus diferencias sean pagadas por quien cubre los impuestos: la ciudadanía.

Como ahora los políticos nos dicen que sí van en serio, ¿por qué no aprueban un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que establezca que, para efecto de la cesantía, todos los trabajadores del sector público del país tendrán un límite de 8 años y no más? Así también se pondría un orden impostergable en otros gremios, que reciben pagos de cesantía que hoy el ciudadano cubre por medio de impuestos. Esos gremios ahora están muy calladitos, pero son muchos y muy influyentes. Listos para el caso de que alguien pretenda tocarles sus intereses.