La columna de Carlos Federico Smith: proteccionismo cafetero

No hay duda que el proteccionismo tiene mil caras. Al asomarse la posibilidad de competencia, el gremio afectado acude a buscar protección al gobierno de turno para que le proteja ante todos los males que le traerá dicha competencia. Por supuesto, alegará todo tipo de razones, excepto una: que esa competencia podría significar una reducción en el precio a los consumidores y así dañar su negocio. Por eso el proteccionismo es inaceptable. Inventará cualquier cosa para impedir que ese consumidor, cuya satisfacción debería ser el objetivo de toda economía, pueda tener la oportunidad de conseguir ese producto más barato o de mejor calidad, si fuera posible.

Ahora los proteccionistas pretenden introducir legislación que impida la importación de café desde otros países, para usarse como mezcla con cafés nacionales y ser vendido en el país. 

Se busca que la entidad conocida como ICAFE regule las importaciones de café del exterior hacia el país. ICAFE agrupa no sólo a productores nacionales del grano, sino también a procesadores industriales, así como a exportadores y, por supuesto, a funcionarios del gobierno de turno. Aquí, el ICAFE es el equivalente del CONARROZ o de la LAICA, entre otros, que pretenden que sus agremiados sean protegidos ante una competencia más económica. En este caso, ICAFE no sólo alberga a un gremio específico, sino a diversos subgrupos del sector cafetero, entidad que, en esta oportunidad, posiblemente se encuentre en un serio conflicto interno, pues la búsqueda de protección para uno de esos subgrupos significa un costo mayor para los otros y, por ende, para los consumidores.
 

Se ha presentado un plan que se tramita en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, que tiene características claramente violatorias de la libertad de contratación y de comercio constitucionalmente garantizadas, así como a la libertad de comprar a calidades y precios que se definen en un mercado.
 

Lo que se pretende en dicho proyecto, según lo señala La Nación, en su edición del 18 de febrero, bajo el título “Tostadores de café denuncian intento de poner barreras a importación de grano,” es, en primer lugar, que los contratos privados de importación de café en grano tengan que ser informados ante el ICAFE. Evidentemente, el interés de los proteccionistas es impedir la posibilidad de que se venda un café más barato en el país, o de una calidad diferente al nacional, lo cual es una aprobación subjetiva de los consumidores, como es lo natural. Por supuesto, la realidad es que ese café nacional es más caro aquí pues nuestra producción doméstica tiene un precio más alto en los mercados internacionales, en comparación con otros cafés del exterior.
 

Alguien diría que aquello último protege al productor nacional, pues así obtiene un buen precio por su producto colocado en el mercado interno. Ciertamente, pero lo hace a costas de los consumidores. 

Pero, hay algo más, Costa Rica exporta todo su café de alta calidad a precios comparativamente altos, de forma que, para el mercado doméstico, queda, y siempre ha sido esa la práctica, un café de menor calidad que el exportado de mayor valor. (Por eso uno ve cierta promoción para los consumidores de cafés nacionales, que anuncian ser de “calidad de exportación.”)
 

Costa Rica debería producir todo el café de alta calidad que pueda, si su demanda internacional es elevada, traduciéndose así en un precio alto, pero no debería hacerlo a costas de impedirle al consumidor tener un café para consumo doméstico que sea más barato, al impedirse la importación de un grano extranjero menos costoso que el nacional. Posiblemente sea para proteger la venta en el mercado interno de café doméstico de menor calidad, pero que, tal vez, es más caro que el importado.
El ICAFÉ se convertiría en un ente con prácticas monopolísticas que impide la libertad de comercio entre las partes y, posiblemente, para ello, introducirá mayores restricciones, disfrazadas de normas técnicas que frenan la importación del grano del exterior. (Parecido a las “normas técnicas” usadas para impedir la importación del aguacate, por las cuales todos hemos sufrido). Posiblemente dirán que lo que se pretende es la entrada de un café de menor calidad que el nacional, pero eso quien lo determina, al final de cuentas, es el consumidor. ¿Y si la gente le gusta más un café mezclado del “bueno” nacional con el “malo” importado? De ello podrá diferir un catador, pero yo soy mi propio catador, y defino qué es lo que me gusta. Y, además, ¿qué tal si ese café mezclado es más barato que un café “no mezclado” de grano nacional? Si me parecen buenos y aceptables sustitutos, es mi derecho pleno poder comprar el que me salga más barato.

Finalmente, agregarán que, ante el buen nombre del café nacional en el mercado internacional, habrá gente en el país que traerá café “malo” del exterior, lo volvería a etiquetar como “café nacional” (el “bueno”), y lo vendería engañosamente en el mercado internacional, ocasionando, de paso, un daño al prestigioso café nacional.
 

Esto último no se lo cree nadie, pues asume que, quienes compran en los mercados internacionales, son incapaces de poder distinguir entre un café nacional “bueno” y un nacional falso “malo.” ¿Cómo que si no existieran catadores internacionales capacitados? Y, aún más, como si en las relaciones comerciales internacionales no hubiera un conocimiento tradicional entre vendedores y compradores, en donde el prestigio de la calidad del producto transado se ha determinado desde hace mucho tiempo, y en que cualquier engaño significaría una pérdida muy elevada en la confianza de los negocios usuales entre esas partes. Lo dejarían de comprar de ahí en adelante.
 

Es muy claro que lo que se pretende es que los consumidores nacionales seamos cautivos en precio y calidad de productores nacionales, incluso de productores de reconocido prestigio en la calidad de su grano, que por ello posiblemente lo exportan beneficiosamente al exterior, dejando para el mercado interno aquel de menor calidad. Pero, déjennos consumir lo que nos parezca, a precios que nos pueden ser más favorables y preocúpense por seguir mejorando la calidad del café de exportación, demostrada, no desde hace “más de 30 años” como señala una declaración en el medio citado, sino durante siglos, en los que hemos demostrado ser capaces de competir eficientemente y sin proteccionismo en los mercados externos. 
 

Por favor, señores diputados, no permitan que se nos convierta en vasallos económicos, con costos indebidos a todos los consumidores, para beneficio de unos pocos. No somos tontos: déjennos elegir que es lo que podemos preferir, a un precio más bajo y con una calidad mayor, o una mezcla que uno escoja, en contraste con una imposición proteccionista más.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: más proteccionismo ad portas

La marea proteccionista no cesa de arribar. Uno puede haberse ilusionado que en cierto momento ella se hubiera detenido, aunque fuera en algún grado, pero la reducción arancelaria, que beneficia a los consumidores, tenía excepciones que se resumen en una desgravación a lo largo de varios (muchos) años. La ilusión es que algún día llegará la hora en que el arancel será sumamente bajo, alentando así a que la competencia externa pueda vendernos productos esenciales más baratos.
 

Es cierto que ya han pasado muchos años desde que se dio el proceso de apertura comercial de nuestra economía, y que aún no se termina el proceso de desgravación, pero, en realidad, la cosa es más grave. Sabemos de la vigencia del proteccionismo a los arroceros, así como también la pretensión -afortunadamente rechazada. En su momento, por el ministerio de Economía- de aumentar el arancel a la importación de varilla de construcción. Ahora, el monopolio doméstico del azúcar (lo llamo así, pues es un cartel que pretende operar como un solo vendedor en el mercado) pide que el arancel proteccionista sea incrementado.
 

La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) le pidió al ministerio de Economía (MEIC) que haga un estudio para imponer mayores aranceles a los hoy vigentes a la importación de azúcar -actualmente un arancel de poco más del 45% sobre el precio de importación. En el 2017 ese gremio había solicitado un aumento del arancel proteccionista de un 6.8%, pero el gobierno (siguiendo el camino proteccionista lo aumentó, pero en menos; en un 3.67%). Ahora la LAICA vuelve a las andadas y cabildeos y pretende que el gobierno utilice las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para casos de dumping, con la denomina cláusula de salvaguardia, que no es sino una limitación más a la importación del producto.
 

La cláusula señala que un país puede restringir temporalmente las importaciones de un bien que compite con una producido domésticamente, para proteger a aquel país de un aumento en importaciones que amenace o cause un grave daño a la producción doméstica. LAICA pretende que se aplique esa cláusula para frenar importaciones de Brasil (y tal vez del mercado mundial, pues los precios han bajado) y que luego que se imponga un arancel, definido por el MEIC, que se adicionaría al ya vigente del 45%.
 

El precio del azúcar al consumidor no está fijado por ley, de forma que importaciones a un costo menor (con todo y esos aranceles ya de por sí elevados) le impiden al cartel elevar el precio al consumidor y al usuario doméstico del azúcar.  Es de esperar que, si la fuente de la competencia externa se extingue, primero, con la cláusula de salvaguardia y, luego, con el posterior aumento en el arancel, habrá una reducción de la oferta de azúcar en el mercado doméstico, lo que permitiría elevar su precio.
 

Al momento de la información base que aparece en La Nación del 9 de julio, titulada “LAICA solicita al MEIC elevar arancel a azúcar importado,” el ministerio rechazó tomar la medida temporal de cerrar importaciones, en tanto investiga la acusación de dumping para lo que proceda. Ojalá que, cuando el MEIC tome la opinión de las “partes involucradas,” esté presente el invitado invisible a esas reuniones: el consumidor que debería ser libre de escoger el producto al menor precio posible y con la mejor calidad, sin imposiciones de algún gremio específico que quiere imponérselos a un mayor precio. Después de todo, son los consumidores el objetivo final de una economía: satisfacer sus deseos y necesidad de la mejor manera posible.  Si se remueven los aranceles proteccionistas podremos adquirir una azúcar más barata y de igual calidad, para beneficio de los 5 millones de consumidores.
 

Teniendo en mente las palabras de una escritora, Caroline Breashears, refiriéndose a acuerdos proteccionista con la industria azucarera de su país, y que son perfectamente aptas para nuestra circunstancia, reafirmo que “Los acuerdos endulzados con la industria del azúcar dejan un sabor amargo en las bocas de los consumidores.”

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: otra forma de proteccionismo

El estado no sólo protege a grupos con intereses especiales mediante la imposición de aranceles, que les protege de la competencia externa. Eso lo vivimos en el país en muchos productos, pero algunos son notorios, como el arroz, la carne de cerdo, res y pollo, la leche, el azúcar, que son sumamente importantes en el gasto de los ciudadanos, en especial los de menores recursos, en donde porcentualmente su consumo pesa más en el gasto total de las familias, comparado con el de los más ricos.

También se protege a esos intereses especiales cuando, con fondos públicos, se les otorga un subsidio para que así aumenten sus ganancias privadas, pero que es pagado por todos los contribuyentes de una u otra forma. Afortunadamente en Costa Rica no parecen existir muchos subsidios en efectivo, al menos a empresas, pero la intención de ponerlos sale a la luz surge cuando, por ejemplo, nos dicen que se debe subsidiar el uso de vehículos eléctricos en contraste con los usuales a base de derivados de petróleo, o cuando se hacen manifestaciones de que es necesario subsidiar el uso de paneles solares para producir electricidad, en vez de usarse otras fuentes de energía. 

Tal vez se pueden mencionar ejemplos de subsidios cuando RECOPE le vende a algunas empresas privadas el asfalto más barato que a otros consumidores o cuando se pretende cobrar (en otro monopolio estatal) un seguro por accidentes de tránsito, incorporado al llamado marchamo, un costo menor para un sector que es claramente más proclive a sufrirlos, caso de los motociclistas, cargándose, al mismo tiempo, un costo compensatorio mayor a otros grupos de menor siniestralidad (los carros corrientes).

Ahora estamos viendo una nueva versión de proteccionismo en nuestro país, cuando se pretende -otra vez con lo mismo- obligar a los consumidores, ya totalmente en manos de un monopolio, a que adquieran un cierto producto. Ese es el caso de la gasolina súper con un 10% de alcohol que, supuestamente a partir de mayo, los consumidores de ese producto tendrán que adquirirlo en una mezcla que tal vez no desean. Pero, lo que está, bajo el manto de dudosas aseveraciones de protección ambiental para justificar la medida, a quien en realidad se ayudará es al gremio especial de productores de caña azúcar, al convertirla en ese etanol de la mezcla.

No hace mucho se supo públicamente que la actividad cañera estaba “en problemas,” debido a la caída en los mercados internacionales del precio del azúcar. Uno ya casi que imaginaba el pronto aumento al consumidor nacional del precio que paga por ese bien, en beneficio de aquel gremio de un interés especial, protegida en su monopolio por un elevado arancel a las importaciones. Puede ser que, ahora, por circunstancias, los consumidores de azúcar no tengamos que pagar más, pero el subsidio lo logrará aquel grupo cobrándoselo a los consumidores cautivos de gasolina súper.
Ante eso pondrían a funcionar otro elefante estatal, la Fábrica Nacional de Licores, que se ha visto golpeada por la competencia en los últimos tiempos, pero la materia prima provendría de ese gremio privado de referencia.

Las circunstancias de los mercados internacionales encubrirán el verdadero objetivo proteccionista: los precios internacionales de los combustibles han caído fuertemente en días recientes, lo cual hasta ha permitido absorber el aumento en el tipo de cambio, que debería haberse reflejado en los precios en colones de los derivados del petróleo. Ante esto, ahora dirán que la mezcla de etanol con gasolina súper podría reducir su precio comparado con el actual, pero posiblemente eso no se deba al etanol de la mezcla con la gasolina, sino a un descenso en el precio de la gasolina, propiamente.

Dicho lo anterior, aparte de posibles costos en la producción de alimentos al dedicarse tierras a producir caña de azúcar, hay dudas acerca de si la mezcla con alcohol afecta los motores, lo sorprendente de este caso en concreto es el uso del poder monopólico del estado vía RECOPE, para imponer sobre los ciudadanos un producto que beneficia a un poderoso gremio de intereses particulares, sin siquiera valorar si conviene al país en cuanto a los costos y beneficios que implica. 

Claro, si hubiera competencia, el estado no podría abusar de tal forma de nosotros, consumidores cautivos, ni beneficiar a gremios privilegiados. Así, que nada le importa al estado invertir ¢12.600 millones en el proyecto si el resultado político pinta grande: (1) son ambientalmente “conscientes,” (2) favorece a un gremio de interés particular y ya sabemos qué significa el apoyo a cambio de la protección, (3) ponen a andar una maquinaria casi obsoleta de la Fábrica Nacional de Licores (todo dentro del estado) y (4) salvado por el momento del bajo precio internacional del combustible, dirán -falsamente- que el cambio al gasohol se traducirá en un precio menor al consumidor cautivo de gasolina súper en manos de RECOPE.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: proteccionismo a la vista

No me refiero a que empeorará la protección contra la importación del aguacate mexicano, que ha subido un 74% desde el 2015 cuando se crearon las prohibiciones. Tampoco a la pretensión de una empresa productora de alambres de acero para que, mediante un arancel, se encarezca la entrada al país de ese producto. Me refiero a las declaraciones del nuevo ministro de Agricultura, quien afirmó tajantemente que “La posición que traigo al Ministerio es proteger la producción nacional, con todos los instrumentos jurídicos y técnicos que nos dan los marcos de tratados... Vamos a ser muy celosos con los ingresos, no importa cuáles sean, con carnes, con papas. Ha habido mucha laxitud, no cumplimiento con la normativa.”

Esto aparece en una publicación de La Nación del 12 de mayo, titulada “Ministro de Agricultura promete proteccionismo: Renato Alvarado asevera que su posición es ‘proteger la producción nacional.’” El señor Alvarado es productor de carne de cerdos y tiene que haber sabido que, en el 2015, el Servicio Fitosanitario del estado (SFE), dependencia del ministerio de Agricultura, “también prohibió la importación de... carne de cerdo...” entre otros productos, como lo denuncié en un comentario del 8 de marzo del 2016, titulado “Amenaza al Comercio Costa Rica-Estados Unidos,” así como en otro comentario “Ñangazos Proteccionistas” que publicara el 16 de junio del 2015.

O sea, es posible que el empresario Alvarado se haya beneficiado de la protección al bien que produce, pues posiblemente se tradujo en precios mayores para los consumidores y utilidades más altas para el gremio protegido. 

Dada esa experiencia personal, dejando de lado que pueda correr riesgos por actuar en beneficio propio si toma medidas proteccionistas unilaterales, tomo muy en serio a su afirmación de que aumentará el proteccionismo contra los consumidores nacionales, a favor de gremios de pocos pero muy bien organizados productores. 

Ojalá que pronto emane de parte de la Organización Mundial del Comercio una decisión que obligue al país a permitir la importación de aguacate desde México, pues podría servir de advertencia de que, cualquier abuso sin pretexto válido utilizado por un ministro proteccionista, será sancionado debidamente. Cuando un país pone una barrera arancelaria indebidamente o con subterfugios, se le condena a que se limiten ciertas exportaciones del país como compensación por el daño.  Ojalá esto no suceda, pues se castigaría a exportadores que nada tienen que ver con el asunto, en vez de serlo los propios burócratas responsables del desaguisado.

Lamentablemente siempre hay grupos que se acercan al gobierno -o colocan gente afecta a sus intereses- para obtener formas de restringir la competencia y poder con ello poder cobrar más a consumidores cautivos. Esa protección no es gratis para ese gremio, pues tiene que “invertir” en los políticos para que les den esa protección, tal vez apoyando las ambiciones de los primeros por aumentar su poder electoral. Eso sí, quienes inevitablemente perdemos con la protección somos los consumidores, quienes se supone somos el fin último de una economía: producir de la manera mejor y más barata para que las personas puedan satisfacer sus necesidades económicas.

Nos damos por informados de las declaraciones del ministro de Agricultura, ante lo cual redoblaremos nuestros esfuerzos para que los costarricenses podamos conseguir los mejores y más baratos bienes y servicios, producto de la mayor competencia posible. Parece no haber peor cosa que un empresario proteccionista con poder político, que imponga costos adicionales a los productos que elimina la competencia para poder venderles más caro a los consumidores cautivos.

Ese mismo ministro ha mandado, según el comentario de La Nación del 19 de mayo titulado “Jerarca del MAG pretende elevar ayudas directa al agro: Transferencias no reembolsables,” una señal clara de que subsidiará cierta -¿elegida por quién?- producción doméstica dirigida tanto al mercado interno como al externo. Asumo que piensa contar con ingresos provenientes de los impuestos a los ciudadanos que tramita el gobierno: muchos pagaremos impuestos para subsidiar a algunos. ¡Qué lindo!

De paso, ya también los transportistas de carga en el país quieren que aquí los extranjeros no nos puedan dar el servicio. Simplemente es una forma para elevarnos los costos de transporte de todas las mercancías a los ciudadanos: ese el resultado principal del proteccionismo, mantener poderes monopólicos y así obligar a los consumidores cautivos, ante la menor competencia, a pagar más por los bienes o servicios que los protegidos nos venden.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: los Colegios Profesionales son carteles que dañan a los consumidores

Cuando tengo la posibilidad de exponer en torno a un tema, como es este caso del papel de los colegios profesionales en nuestra sociedad y particularmente en nuestra economía, suelo empezar por una definición que ayude a entender el problema con toda claridad.  Tal es el concepto de cartel económico, en donde se le define como un “acuerdo formal escrito o verbal entre varias empresas para fijar el precio de un producto y la producción de cada una de ellas, o para repartir geográficamente el mercado del producto.” (Campbell R. McConnell y Stanley L. Brue, Economía, decimotercera edición (Bogotá: McGraw-Hill Interamericana, S.A., 1997), p. 6-4). Para entender bien la definición, los lectores podemos traer a nuestra mente el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que, si bien menguada por razones como las que luego veremos, ha sido un claro acuerdo para fijar el precio del petróleo y dividir las cuotas de producción que corresponderían a cada uno de sus miembros.

En nuestro ámbito tenemos una forma de cartel, si bien no se trata de empresas sino de personas, así como tampoco de productos pero se refiere a la prestación de ciertos servicios. En la actualidad dicha especie de cartel es tema de debate entre ciudadanos interesados. Me refiero a la existencia de carteles organizados principalmente al amparo de una autorización del estado, para que los miembros que forman parte de tales agrupaciones sean las únicas que puedan ejercer un servicio específico o, al menos, la pretensión de que su ejercicio se practique tan sólo por miembros autorizados y, por tanto, que se excluya a personas capaces de brindarlos pero que no forman parte del cartel colegiado. Nuestros colegios profesionales son esos entes que “regulan” o permiten el ejercicio profesional tan sólo para personas inscritas en ellos, constituyendo así lo que en economía se denomina como “carteles”. 

En cierta manera, los colegios profesionales son un retroceso hacia sistemas conocidos en la Edad Media como “guildas”, agrupaciones en la Baja Edad Media mediante las cuales personas que llevaban a cabo una misma actividad, se organizaban y definían reglas que rigieran iguales para todos, al tiempo que sus cargos directivos eran llenados por los propios miembros.  De esta manera, por ejemplo, tan sólo los miembros que estaban autorizados por una guilda podían vender sus bienes en determinadas regiones, constituyendo de hecho un monopolio. Las guildas no sólo operaban para dar licencia a sus agremiados para vender bienes, sino también para el ejercicio de ciertos servicios profesionales y artesanales de la época.

En nuestro medio los colegios profesionales constituyen una especie de guilda, pues sólo los miembros autorizados por dicha organización pueden ejercitar su profesión. Esta forma de cartel, además de definir la membresía, impone otras restricciones a todos sus miembros, fin de que se conserve la posibilidad de ejercer sus prácticas en una especie de monopolio. Un fin primordial suyo es impedir que haya competencia entre sus miembros.  Dado que históricamente uno de los problemas observados con los carteles es que se ven sujetos a fuerzas disociadoras de parte de sus propios miembros, eso lo obliga a imponer diversas restricciones sobre la conducta de sus individuos miembros, a fin de que el cartel se mantenga vigente. Conservar el consenso entre sus miembros es crucial para la existencia del cartel.

El objetivo del cartel es impedir una competencia que ponga en riesgo su posibilidad de imponer costos mayores a los consumidores, mediante una monopolización de la actividad. Son costos a los usuarios que se traducen en un beneficio extraordinario para los miembros del colegio profesional.

Para cumplir ese objetivo, los colegios profesionales deben cerrar todas las vías que puedan afectar su capacidad de fijación de precios por los servicios de sus agremiados. Por tal razón, impiden que otros que no son miembros del cartel puedan ejercer la profesión, aun cuando puedan estar capacitados para hacerlo o que los consumidores los aceptan como proveedores del servicio aunque no sean colegiados. Al existir restricciones al ingreso al cartel, se evita que aumente la oferta de profesionales que dé lugar a un descenso en el precio que se puede cobrar.  La clave del monopolio radica en la capacidad de reducir la oferta, en comparación a aquella que se presentaría en un mercado con libre entrada. (Un monopolio se caracteriza por un único oferente, en un mercado en donde nadie más puede ingresar a competir).

Asimismo, los carteles se ven plagados por un problema interno: ¿cómo evitar que uno de sus miembros venda el producto a un precio menor al fijado por el cartel? El incentivo de vender a un precio más bajo surge porque le permite, a quien así lo hace, apoderarse de un mercado más amplio que el que tenía previamente en el seno del cartel, aumentando con ello sus ventas y sus utilidades individuales.

Una forma que el cartel impone para limitar esta fuerza disonante es que se exija que todos sus miembros sean concordes con una política de precios –esto es, que cumplan con una política definida acerca del cobro mínimo que se puede hacer, por los servicios profesionales brindados por todos los integrantes del gremio o colegio profesional. No se impide que el profesional cobre un precio mayor que el mínimo definido por el colegio profesional, pero sí cobrar a los clientes un precio menor al fijado.

Tales restricciones son esenciales en los carteles, porque la competencia naturalmente estimula a que alguien pueda cobrar menos que el precio que ha sido fijado por el colegio correspondiente (o una tasa o un precio en una proporción específica del monto en que se valora el servicio que brinda el asociado). Por eso el colegio restringe el número de profesionales que lo integran, usualmente exigiendo requisitos para su incorporación, en especial de “educación formal”, de forma que así se pueda cobrar un precio monopólico mayor por el servicio brindado a los consumidores. Además, exige a sus integrantes a adherirse al llamado tarifario o lista de precios mínimos de venta que fija el colegio profesional. Su acatamiento presuntamente es de carácter obligatorio para todos los miembros del colegio, a sabiendas de que, de no obedecerlo, se les impondrá una sanción de parte de sus mismos pares directivos del colegio profesional.

Con la fijación del cartel de precios mínimos ningún asociado puede cobrar menos que lo determinado por los colegios por los diferentes servicios que pueden ofrecer sus asociados y, al igual que como sucede con la exclusión legal de quienes no son miembros del cartel para brindarlos, logra el objetivo de un monopolio: que haya un precio más alto que el resultante bajo competencia y libre entrada de oferentes al mercado, Se obtiene al restringir la cantidad ofrecida posible, tanto por otros potenciales oferentes como por algún miembro del cartel que quiera “hacer trampa” al cartel cobrando menos por sus servicios a los consumidores.

Así, el cartel o colegio profesional debe lograr consenso entre sus miembros acerca del tipo de servicio que se ha de ofrecer, así como de los grados de calidad del servicio que se produce, al tiempo que se asegura de que nuevos productos o mejoría de los actuales no den lugar a que pueda presentarse la competencia. Esta es, en última instancia, el principal enemigo del cartel, pues se traduce en un precio menor para el consumidor que aquel definido para los integrantes del cartel, lo cual hace que sea mucha la tentación de sus miembros para que cada uno, individualmente, intente reducir el precio de sus servicios, a fin de aumentar su clientela propia a costas de la de los otros miembros. Por ello el cartel frenará a los posibles díscolos por medio de diferentes sanciones, que incluyen hasta la prohibición de ejercer, cuando rompen la regla de acatar los precios definidos por el cartel.

Ese tipo de arreglos -carteles- son legalmente aprobados por legislación definida por el estado, a fin de garantizar ese freno a la competencia y permitir la permanencia del monopolio en beneficio de algunos y a costas de los consumidores en general. 

Expuesto lo anterior, deseo referirme ahora a una reciente entrevista que el diario La Nación publicó el 30 de mayo, hecha al presidente del Colegio de Médicos, doctor Alexis Castillo, y que se titula “Tarifario médico pone orden’: 7.000 procedimientos serían costeados.” Al leerla, debo felicitar al médico mencionado, por la valentía de expresar opiniones a favor de la existencia de un colegio que permite la cartelización de una profesión, hecho acerca del cual otros presidentes de otros colegios prefieren callar. Tiene el coraje de defender su posición sin ambages, aunque los lectores verán mis comentarios divergentes ante la existencia de carteles de profesionales.

El tema del cartel de profesionales de la medicina ha surgido ante la decisión, postergada luego por parte del mismo Colegio de Médicos, de introducir un tarifario de precios mínimos que deberán cobrar los médicos miembros del Colegio por distintos servicios que prestan a los consumidores. 

Es interesante la respuesta que le da el doctor Castillo a la pregunta de ¿por qué el tarifario? Dice que “porque realmente regula los honorarios profesionales… en la parte privada… en esto (el Colegio de Médicos) ha andado un poco a la libre. La intención es poner orden, tratar de llegar a un punto justo, congruente con la necesidad que tiene la población de acceder a los servicios privados de medicina.” Aquí surgen dos cosas que merecen comentarse. Una es la intención de regular el mercado de la medicina privada y, la otra, si, con la propuesta de fijar mínimos a los precios que pueden cobrar los médicos, se llega a un ‘punto justo’ congruente con los deseos de los consumidores. 

La verdadera razón que mueve al Colegio de Médicos para introducir dicho listado es regular el cartel que constituye dicha agrupación. Debido a que la fijación de un precio definido por el cartel (el Colegio) es exigido para sus miembros, se quiere prevenir lo que constituye efectivamente el talón de Aquiles del cartel: cual es que si uno de sus miembros opera por debajo de ese precio fijado, logrará atraer para sí más clientes.  Un ejemplo es la OPEP, en donde la tentación de cada una de las naciones organizadas para salirse de un precio mínimo predeterminado para sus miembros, en mucho provocó el decaimiento del cartel: diversos países vieron reducidas sus posibilidades de colocar toda su producción, entonces, para evitar tal restricción, otorgaron descuentos por debajo de la mesa a países consumidores, obteniendo mayores ingresos y ganancias, al poder vender a un precio ligeramente inferior al del cartel, una cantidad mayor que la que podía bajo las reglas del cartel.

Por otra parte, resulta incorrecta la aseveración del presidente del Colegio de Médicos de que el precio mínimo determinado por el Colegio para los diferentes servicios médicos es uno “justo” y congruente con los intereses de los ciudadanos de acceder a los servicios médicos privados.  A un consumidor le interesa, puesto a escoger entre varias alternativas, tomar aquella que esencialmente cumple con sus exigencias de calidad, y que a la vez su precio es menor.  Si compro naranjas (o cualquier otra cosa; es sólo un ejemplo), si todas son más o menos de la misma buena calidad, mi comportamiento racional como consumidor será adquirirlas de quien me las venda más baratas.  El argumento del presidente del Colegio va en contra de ese principio elemental de Economía, acerca de la función de demanda: para el doctor Castillo el punto justo para el consumidor es que éste pague un precio mayor que el que podría pagar, si llegara a un acuerdo con un médico, en donde la transacción es convenida por ambas partes, a un precio menor que el fijado por el cartel.  

El pretexto de “regular” un mercado, no es más que un encubrimiento de una decisión por la cual se les cobra más a los consumidores comparado con lo que podrían pagar en un mercado libre, no regulado.  La tal regulación explota al consumidor, al permitir una práctica que, de hecho, constituye una forma de monopolio. El cartel busca que, al igual que con un monopolio, se reduzca la cantidad ofrecida en el mercado, para que así el consumidor se vea obligado a pagar más a fin de obtener lo que desea o necesita. Lo logra con la decisión del Colegio de que exista un precio mínimo más alto que el precio de mercado, con carácter de obediencia de ley para sus miembros, que no pueden cobrar menos, pero sí más, de ese monto fijado por el Colegio. 

Al ser este precio mayor que el que libremente se determina en el mercado no regulado, ante esto el consumidor disminuirá la cantidad demandada del servicio, al tiempo que hay un incentivo para que aumente la cantidad ofrecida de los médicos a ese precio mayor. Es para evitar esto último, que el Colegio sanciona al miembro que se atreva a cobrar un precio menor que el mínimo fijado. Si la política sancionatoria del Colegio es efectiva, las personas que no pueden pagar ese precio más elevado se verán obligadas a disminuir su cantidad demandada en el mercado privado, con lo cual se estimula a que tengan que obtenerlos en la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde encontrarán, ante la mayor demanda, un incremento en las filas y mayores costos no monetarios para acceder al servicio médico necesitado. 

Obviamente, me parece que ese precio, desde el punto de vista del consumidor, no tiene nada de “justo”, y para el profesional médico significa que no podrán llegar a un acuerdo por brindar el servicio al consumidor, en donde las partes acceden libremente a realizar la transacción a un precio que satisfaga a ambas partes. Me parece, por el carácter voluntario de la negociación, que es más justa que obligar a una transacción en donde una parte fija el precio (el profesional por determinación del Colegio) mientras la otra no tiene otra opción más que acceder al cobro mayor o quedarse sin el servicio.

Asimismo, el presidente del Colegio señala que es conveniente para las partes el que exista una lista de precios (¡claro que puede brindarse información acerca de precios de mercado y no de precios mínimos!) pues así sabrán en el mercado cuánto se cobra y cuánto se paga. Un mercado es un sitio en donde los individuos realizan el intercambio de bienes y servicios, en el cual las partes que ofrecen y demandan se ponen de acuerdo para realizar el intercambio usando el dinero (para facilitar la transacción). Esta se lleva a cabo si las dos partes se benefician con la transacción.  De no ser así, no la llevarían a cabo. Si el precio es fijado por la ley (asumiendo que tiene fundamento legal para ello) del Colegio, los individuos no pueden transar libremente, pues una parte se impone sobre la otra. 

Conviene que las personas interesadas se informen acerca de los precios que les propondría un médico en concreto y que también pueda averiguar cuánto le cobrarían otros. Así podrán negociar con el que mejor le parezca, en su opinión. Pero si el precio es fijado por el Colegio, el cliente se podría ver atraído por cosas distintas al precio mínimo igual que para todos sus miembros fija el Colegio; cosas como podrían ser la calidad de las oficinas, la reputación, la tecnología usada, la proximidad, la experiencia o la amistad o la recomendación de alguna otra persona, entre muchas otras cosas. No sólo por el mejor precio que pueda obtener, aunque esto es crucial. Incluso -y he conocido médicos así- si desean cobrar menos o no cobrarle del todo a un paciente por un procedimiento, porque considera que dadas sus limitaciones de ingresos, o porque le conoce bien o a su familia, o simplemente porque le da la gana, no podrían hacerlo, pues violaría el ucase del Colegio. Los pobres que vayan a la Caja…

Asimismo argumenta el presidente del Colegio de Médicos que la lista de precios mínimos de los procedimientos médicos que éste ha pretendido imponer sobre los consumidores, es para evitar la competencia desleal de los médicos en la que podrían caer. Dice que “al cobrar muy bajo, puede que hagan los procedimientos muy rápido para ganar más procedimientos. Esto puede repercutir en la atención de los pacientes.” No podía desaparecer el paternalismo en el cartel, pues no sólo duda de la seriedad profesional del médico colegiado (me imagino que Hipócrates es aún relevante), sino que actuaría así con su lista de precios mínimos para que no se realicen prácticas inconvenientes. Pero, con ello se desprecia la capacidad de innovar en el servicio, al no reconocerse el hecho de que la rapidez o lentitud con que se hagan los procedimientos en mucho está determinado por la tecnología y el conocimiento, la experiencia y la inteligencia del profesional. Cuando un es cliente de un médico en la vida privada toma muy en cuenta el factor de la atención a la hora de acordar los honorarios.  Lo suele comparar con el poco tiempo que a veces se le brinda a la atención del paciente en los hospitales estatales: hay gente que prefiere pagar más en la medicina privada en donde considera que se le atiende con la amplia atención que, en su opinión, se requiere. Pero si un médico cobra poco porque pone una “maquiladora médica”, como es la impresión que a uno le queda del argumento del presidente del Colegio, si el trato es inadecuado eso será muy pronto difundido en la comunidad, por lo que el consumidor podrá valorar un trato “rápido” a un precio más barato, en contraste con un trato “adecuado”, pero a un precio tal vez mayor.  Pero la fijación de precios mínimos impide tal posibilidad de elección.

Además, si ese mal trato médico lleva a una mala praxis, se puede subsanar el problema en los tribunales de justicia, posiblemente con mayor rapidez y eficiencia que si la decisión fuera tomada por el paternalista Colegio de Médicos, dado que, por su naturaleza, es lógico que defienda como adecuada la práctica realizada por uno de sus miembros, excepto en el caso de que se salga de la regla del cobro mínimo que fijó.

El presidente del Colegio de Médicos señala lo siguiente como argumento para fijar precios mínimos: “Si a usted le pagan muy barato los procedimientos y son muchos, la calidad del servicio que se le da (se) puede poner en entredicho. Y al Colegio sí le compete velar porque el paciente reciba una muy buena calidad de atención en la Medicina.” Aceptemos este último objetivo del Colegio, pero eso no significa que se deban de fijar precios mínimos a cobrar por los servicios médicos privados. Reitero que un médico que siga procedimientos indebidos está sujeto a que se le lleven juicios por mala praxis (¿cuántos no hemos visto recientemente, por ejemplo, en el caso de cirugías plásticas y ello se ha dado en un marco en donde no existen precios mínimos fijos que deben de cobrarse?). El hecho es que esos precios mínimos provocan que los consumidores o compren los servicios brindados por médicos de alta calidad o bien que no compren los servicios del todo, pues no pueden pagar tales mínimos. Esto último, como antes lo comenté, promueve que los consumidores acudan a la Caja por el servicio e incluso que busquen maneras propias para resolver el problema, que incluso puede hasta llevarlos hasta a caer en manos de brujos o charlatanes de verdad o bien al empleo de medicinas o procedimientos de poca reputación clínica.

La preocupación en este sentido de parte del presidente del Colegio de Médicos, es que “el tarifario mínimo sea lo más justo para todos. No tan poquito como las aseguradoras quieren pagar para ganar más, ni mucho para que los especialistas ganen más.” Hemos visto que no es justo para los consumidores que ahora se verán obligados a pagar un precio mínimo superior al que podrían obtener en el mercado. Pero, también, la queja acerca de las aseguradoras que quieren pagar menos para ganar más, bien podría reducir los costos a los consumidores que adquieran pólizas que abaraten sus costos médicos. Tampoco se logra evitar que “los especialistas ganen más”, pues sabemos que lo que el Colegio pone son precios mínimos y no precios máximos, que conceptualmente son usualmente puestos para evitar que alguien gane más, si bien como hemos explicado, conducen a mayores problemas de escasez de los servicios.

Además, tales medidas regulatorias de la profesión pueden crear presiones para que no se innove en la práctica de los servicios y su organización, como es el caso de planes de salud prepagos, lo cual reconoce el presidente del Colegio de Médicos, al aseverar que “hay que poner de acuerdo” a las aseguradoras, que me imagino busca cartelizar su actividad porque las aseguradoras pretenden abaratar ciertos servicios y procedimientos médicos que trasladarían a sus clientes de pólizas.  Pero, ¿cuál es el incentivo para que un médico incorpore una nueva tecnología o realice una innovación que se traduzca en una rebaja del costo para sus pacientes y así aumentar su clientela, si no puede traducir tales avances en un precio menor al fijado por el Colegio?

La propuesta del Colegio de Médicos es nociva por el mayor costo que impone a los consumidores, además de que afecta la calidad del servicio a los consumidores, desanima la invención, impide una competencia que favorece a los usuarios, abusa con restricciones al mercado que impide que las personas libremente acuerden los precios del servicio, provoca escasez de alternativas médicas adecuadas, al tiempo que estimula el uso de opciones médicas de dudosa reputación e incrementa la demanda de servicios en la Caja del Seguro Social.  Por ello, lo mejor que puede suceder con la propuesta del tarifario médico sugerido es que no exista: que se mantenga eternamente archivada en las gavetas del cartel.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: amenaza al comercio Costa Rica-Estados Unidos

En comentarios previos he señalado el abuso que se estaba cometiendo en entidades del Ministerio de Agricultura, para impedir la entrada de aguacate desde diversos países.  En ese entonces expuse que la restricción no pasaría inadvertida y que podría dar lugar a represalias de las naciones afectadas en contra de nuestras exportaciones.  

Desde aquel entonces hemos visto un incremento en la acritud con que algunos elementos del gobierno han recibido quejas totalmente esperables de representantes de naciones con las cuales comerciamos, en mucho al amparo a acuerdos comerciales firmados entre las partes y que incluyen convenios en cuanto a promover el libre comercio y la no toma de decisiones arbitrarias en su contra. 

Es usual que en el campo comercial surjan controversias, pero últimamente parecen tener un punto focal que crea tal situación: el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), dependencia del Ministerio de Agricultura. Veamos los casos recientes de restricción a la importación que dicha dependencia ha impuesto, diciéndonos que debido a razones científicas, y no de un simple y llano proteccionismo, como alego.  En el 2013 el SFE limitó la importación de papa industrial -deseo desde hace muchos años de sectores que buscaban protección de forma que se obligara al consumo de producción nacional, por supuesta que más caro para los consumidores- proveniente de los Estados Unidos, alegando el descubrimiento de enfermedades que afectan la producción en ese país. 

En el 2015 el SFE implantó una prohibición a la importación de aguacate Haas, principalmente la proveniente de México, pero también desde otros países como Guatemala y de partes de los Estados Unidos y muchos otros más.  Tal cosa se ha reflejado en que ahora en nuestros mercados tengamos un producto de una menor calidad, si se le compara con el que antes se permitía importar de otros lugares, así como mayores precios.

En el 2015 también el SFE prohibió la importación de huevo deshidratado, miel de abeja, especias, carne de cerdo y de pescado, sin que se hubieran determinado razones técnicas para ello. 

Asimismo, en ese año el SFE, después de que el gobierno había ampliado las posibilidades de importar arroz más barato del exterior, bloqueó las importaciones más baratas de ese grano que provenían de Uruguay y Argentina.  En cierto momento creí que los importadores afectados acudirían a los tribunales en salvaguarda de sus derechos (y para nuestro bienestar) ante la imposición de barreras no arancelarias a la importación. Pero, ciertamente algo debe de haber pasado camino al foro, pues no he visto nada de eso y la restricción a la importación sigue vigente.

También creo que alegando razones fitosanitarias el SFE cercenó la importación de azúcar de Brasil, aduciendo que éste no contenía cierta medicina preventiva y que debería de ser aplicada al ingresar al país.  El hecho es que Brasil estaba exportando a precios muy baratos, que incluso compensaba traerlo al país pagando los aranceles que hoy están vigentes y, para proteger al cartel, lo cierto es que debía de frenarse cualquier importación de azúcar.

Todo esto parece provenir de una conducta no científica del SFE, sino a motivaciones políticas dirigidas a proteger la producción doméstica a contrapelo de acuerdos internacionales ya firmados y vigentes entre las partes y ante todo dañando las posibilidades de consumo de los ciudadanos, quienes así se han visto obligados a adquirir bienes más caros y de menor calidad.  Esa es la cara conocida del proteccionismo, agravada por una circunstancia muy particular: los perjudicados son un grupo muy extenso de ciudadanos -los consumidores- principalmente los de ingresos relativamente más bajos, en tanto que los beneficiados suelen ser grupos reducidos de productores. Eso abre el camino para la cópula política entre gobernantes, quienes otorgan protección a cambio de votos, y de grupos cerrados y pequeños de productores, los cuales están dispuestos a brindar apoyo al gobierno, a cambio de esa protección. Simplemente, como los consumidores son muchos, en donde porcentualmente el costo adicional que cada uno de ellos paga por cada kilo del bien protegido por la protección, es relativamente bajo, si eso se le compara con el enorme monto total que, derivado de la protección, queda en las pocas manos de los protegidos, entendemos por qué estos últimos están dispuestos a meter plata en defensa de la protección, en tanto que a los primeros el costo no los es tanto para cada uno de ellos como para que invierta plata en el rechazo de la protección

Estas limitaciones también están afectando las relaciones comerciales con el principal país al cual le vendemos (exportamos) y le compramos (importamos): los Estados Unidos.  En palabras del embajador de los Estados Unidos, señor Stafford Fitzgerald Haney, y contenidas en un artículo de La Nación del 15 de febrero titulado “Política agrícola tensa la relación con Estados Unidos: Embajador dice que Costa Rica no cumple al 100% los convenios comerciales sobre el agro”, el SFE, órgano del MAG, se “ha manejado bajo criterios políticos y no científicos cuando ha detenido la importación de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y otros países.”  Continúa diciendo el embajador, “Costa Rica ha firmado muchos convenios aparte del Cafta (TLC) y yo creo que mayormente se cumplen. Pero hay áreas que sí son muy preocupantes…. Una de esas áreas en donde no se ha cumplido es agricultura… pero cuando hay convenios y contratos firmados, hay que seguir las reglas. Y si hay algún problema, hay que decir cómo lo trabajamos. Agricultura es un área que está causando tensión.”

El embajador expuso que “si es más político (el SFE) no ayuda tanto a Costa Rica ni a la gente que está exportando a los Estados Unidos, ni a la gente que quiere importar. Entonces, eso sí, el lado fitosanitario hay que mejorarlo. Tengo entendido que antes era más profesional de lo que es hoy y eso tiene un impacto.” Esta no es una amenaza: simplemente es un recordatorio de que las reglas del TLC y de la Organización Mundial de Comercio permiten represalias cuando hay medidas arbitrarias de una de las partes.

Por supuesto que eso causó la alarma dentro de otra parte del gobierno de Costa Rica, principalmente aquella que institucionalmente tiene a su cargo el comercio internacional del país; en concreto, de los acuerdos internacionales ya firmados libremente por Costa Rica con muchas otras naciones del mundo.
 

Por su parte, “el ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora, afirmó en relación con el caso de los aguacates Hass, que el MAG y el SFE no respetaron los protocolos internacionales ratificados por el país, que obligan a las autoridades a informar a los socios comerciales con suficiente antelación cuando se va a frenar la importación de un bien.” Ello lo consigna La Nación en su comentario “Política agrícola tensa la relación con Estados Unidos” del 15 de febrero del 2016.

Las exposiciones del embajador dieron lugar a una opinión del presidente de la República, acerca de “si el Gobierno está cambiando su posición respecto a las importaciones costarricenses en una acción que podría ser catalogada como proteccionista, [que] de ninguna manera, esa no es la tesis del Gobierno.” “Queremos que nuestros productores agropecuarios compitan en buena lid con las importaciones de terceros países. Lo que hemos dicho es que, en algunos casos, se ha vuelto necesario salvaguardar la capacidad productiva de estos sectores en temas conocidos en su momento, como arroz o azúcar, pero no hay ningún cambio, ni se ha instruido ningún cambio que pueda, llamémoslo contaminar, ya no de insectos, sino de ideología”, manifestó el presidente de acuerdo con una información aparecida en La Nación del 16 de febrero del 2016 titulada “Luis Guillermo Solís niega proteccionismo en su política agrícola.”

Entre tanto, mientras empresarios importadores buscaron abrir un diálogo con el embajador de los Estados Unidos, el encargado del SFE, señor Francisco Dall’ Anesse, aseveró públicamente, en el seno de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, que hablaría con el embajador de los Estados Unidos, pero “que solo aceptaría una plática técnica y no política con el embajador de Estados Unidos si esta se realiza en un sitio público, en donde lo que se converse sea de acceso libre.” Además, algo que se va haciendo usual entre políticos, acusó a los medios de cubrir con sensacionalismo al SFE y de que tal cosa no ocurría en el pasado.  En mucho es gracias a los medios que los ciudadanos nos enteramos de estas cosas acerca del comportamiento de políticos, quienes probablemente prefieren el secretismo ante sus aberraciones.

En todo caso, la reacción de otros miembros del gabinete no se hizo esperar, basados en dos razones trascendentales. Que el señor Dall’ Anesse es un funcionario de segunda categoría en un ministerio y que es improcedente pedirle a un embajador extranjero que se reúna con él. Asimismo, su arrogancia y poco conocimiento de los protocolos internacionales, no son excusa para saber que los asuntos entre gobiernos extranjeros y el nacional se tratan a nivel de la Cancillería.  Pero también es esquizofrenia que Dall’ Anesse pida que esa reunión -que casi estoy seguro de que no se realizará- sea en un sitio público, en “donde lo que se converse sea de acceso libre.” No me imagino que ese funcionario tenga en mente algún bar o el estadio nacional, ni tampoco que está presumiendo que se tratarán temas delicados indebidos o corruptos que debería de conocer el público y que supuestamente el diplomático no lo plantearía en las circunstancias oxigenadas en que aquel pretende que se haga.  No dudo que el embajador conoce que en estos casos su interlocutor con el gobierno de Costa Rica es el canciller de la República o un ministro a petición del presidente y no un funcionario de medio plano.

Son las razones por las que, tanto el ministro de Comercio Exterior, señor Alexánder Mora, quien preside el ente gubernamental encargado de asuntos de comercio internacional y particularmente de tratados comerciales de los que formamos parte, como también nuestro Canciller, señor Manuel González, de inmediato señalaron, el primero, que “hay ciertas apreciaciones fuera de lugar, porque no es propio, ni es correcto, por ejemplo, que un embajador se reúna con directores (de ministerios). Eso no sucede. Para eso están las contrapartes técnicas de la embajada… El verbalizar alguna intención de condicionar una reunión con el embajador está plenamente fuera de lugar.” A la vez que el segundo, el canciller González, indicó que “Somos un país, somos un estado y el estado tiene que tener coherencia y no es posible que, por una cuestión técnica que hay que respetar, se pueda afectar una relación bilateral que es muchísima más amplia y en muchas otras áreas que un aspecto puntual fitosanitario. Tiene que haber coordinación. Me parece que un director debería entenderlo y seguir esa guía porque es el país el que al final se compromete.” Ambas citas aparecen consignadas en La Nación del 27 de febrero del 2016, en el comentario titulado “Ministros lamentan trato de jefe del MAG a embajador de EE. UU.: Fustigan a director del servicio fitosanitario por arriesgar buena relación con primer socio comercial del país.”

Seguro que el ministro del MAG probablemente saldrá apoyando a su funcionario, lo cual no me extraña dado su afecto hacia el proteccionismo agrícola. Y Dall’ Anesse calla cuando diputados le interpelan y lo que hace es acusar a los medios que difunden la noticia, de “sensacionalismo” y de “buscar titulares” en su contra. La ignorancia, la arrogancia y la temeridad de ese funcionario le está pasando una nueva factura al gobierno, cuenta que posiblemente tendrá que ser pagada, no sólo como les sucede ya a los consumidores, sino también a importadores y exportadores nacionales, que encontrarán es su esfuerzo problemas innecesarios con nuestro social comercial más importante. Nada más un par de datos: Costa Rica importó, en el 2015, de los Estados Unidos $4.496,2 millones y exportó a esa nación $1.410, 4 millones, de acuerdo con información preliminar del Banco Central.

Nada de eso parece importarle a un desaforado empleado de un ministerio. Algo típico de la ineficiencia del estado costarricense, en donde un empleado de segunda se lanza a diestra y siniestra como si fuera Superman, mientras sus superiores se esconden y provoca que otros ministros más serios de la administración tengan que salir a enmendar la torta, en el marco en que un presidente no pone orden para que el gobierno no presente tan importantes fracturas, que de profundizarse causarán un enorme daño a consumidores, importadores y exportadores nacionales.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ñangazos proteccionistas

Quiero ser muy honesto con ustedes, amigos lectores: así imagino yo los golpes recientes que los impulsos proteccionistas de algunas autoridades de gobierno han ocasionado a los bolsillos de los ciudadanos. Ñangazo es una buena palabra para describirlo y tiene la virtud de que la generalidad de los costarricenses conoce bien el sentido de esa palabra. Es un mordisco o mordedura que usualmente lo identificamos como la de un animal, pero que también creo es lícito hablar de un ñangazo a los presupuestos de las familias: Es una extracción violenta de los recursos limitados de los consumidores, cuando, por medio de la imposición de un arancel a las importaciones o una prohibición abusiva o indebida, un estado da a lugar a un descenso en la oferta de bienes y servicios en la economía, lo cual se traduce en un aumento en los precios. Ese es el ñangazo a nuestros presupuestos familiares, cuando para comprar lo mismo que antes, ahora hay que desembolsar más plata, que en este caso va a dar, parte al estado, y parte a los productores que se decidió proteger.

Pero, como veremos luego, el ñangazo no afecta sólo a los consumidores, pues puede dar lugar a medidas que también dañan a exportadores que no han tenido nada que ver con la decisión gubernamental.

Eso sí, lo de los aguacates no es el único ñangazo reciente: lo cierto es que el proteccionista ministerio de Agricultura, por medio de dependencias suyas, desde hace un rato ha venido, pedacito por pedacito, erosionando las posibilidades de consumo de los ciudadanos. Veamos algo de esa historia: 

• Se ha restringido la importación de pollo desde Canadá y los Estados Unidos. 
• Se ha limitado la importación de frijoles desde Nicaragua.
• Se ha impedido importar cebolla del exterior.
• Con la exigencia de una aprobación de parte del gobierno de Costa Rica a las plantas chilenas productoras de embutidos, se ha restringido su importación, sin pensar que Chile exporta, desde hace buen tiempo, embutidos a muchos países del mundo, sumamente exigentes en cuanto a normas fitosanitarias.
• El arancel impuesto a las importaciones de arroz es notorio, aunque después el gobierno proteccionista medio echó marcha atrás, al permitir, ante la barbaridad de lo actuado, que hubiera a cambio cuotas de importación de arroz proveniente de Uruguay y Argentina. Toda la restricción arancelaria ha sido para favorecer a un grupo poderoso, pero muy reducido, de productores domésticos.
• En un artículo de don Emilio Bruce, en La República del viernes 05 de junio de este año y que lleva por título “Sinceramente. ¡Todo acto conlleva consecuencias!, señala limitaciones a las importaciones de miel de abeja, especias, carne de res y de cerdo, pescado, plátano verde, chile jalapeño, huevos deshidratados…

Esta conducta gubernamental, particularmente del ministerio de Agricultura, es síntoma de un envalentonamiento de las fuerzas proteccionistas, especialmente ancladas en el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), sin dejar de lado un disimulado ministerio de Economía. 

De los anteriores productos, el que sin duda más discusión pública ha provocado es la reciente prohibición a la importación de aguacate, por lo cual me centraré en comentar dicho caso, pero ello no extingue el análisis que se podría hacer de los casos de restricciones similares a las importaciones arriba citadas. Todos son bichos de la misma especie, aunque varíen en detalles. Poseen la característica limitante de las importaciones, con un poco velado interés de proteger los intereses de grupos productores nacionales, en una búsqueda clara de lograr una protección que les genere rentas; esto es, ingresos que no devienen de su eficiencia productiva y en competencia, sino de la limitación a competidores más eficientes del resto del mundo para operar en el mercado nacional. 

Todos esos casos descansan en limitar la competencia, de manera que así puedan cobrar un precio mayor que el que ellos podrían lograr si tuvieran que competir con otros productores internacionales más eficientes.  Este precio más elevado es el ñangazo que nos dan a los presupuestos de los consumidores, quienes, sin poder optar por los plenos beneficios del comercio internacional, si ahora quieren esos productos deberán pagar más por ellos; esto equivale a una reducción real de los ingresos familiares del promedio de los consumidores: el poder adquisitivo de sus salarios es así disminuido.

También la política que el gobierno está poniendo en práctica constituye una amenaza para otros productores nacionales, además de aquellos que utilizan los productos cuya importación es restringida. como materia prima para su propia producción. Me refiero al marco legal en que descansa nuestro comercio internacional. Estamos, desde hace más de tres décadas regidos por acuerdos multinacionales que cubren nuestro comercio internacional, que en esencia tienen como objetivo disminuir un proteccionismo oneroso para los participantes en dichos acuerdos y, a la vez, aumentar las posibilidades de consumo de las familias. La reducción de aranceles que se busca (aún pendiente de llevarse a plenitud) no es lo único. También existían barreras no arancelarias que tenían un efecto disuasivo del libre intercambio entre las personas y las naciones y que se han venido disminuyendo y dimensionado a la realidad de los mercados.  Voy a citar unos cuantos ejemplos de tales prácticas, pero hay muchas, pero muchas, otras más: subsidios a las exportaciones, regulaciones sanitarias y fitosanitarias no justificadas, determinación de elegibilidad para exportar al país de plantas e incluso de naciones del exterior, características discriminatorias a productos, como por ejemplo el etiquetado y el empaque, reglas de origen del producto, cuotas aplicadas a la importación de ciertos productos, un porcentaje determinado de contenido nacional en el valor agregado del producto, etcétera y un muy largo etcétera.

Parte de los acuerdos internacionales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) tratan de disuadir esas barreras no arancelarias y, uno de ellos muy importante, es que, cuando se aplica una barrera de aquéllas a la importación desde una nación la cual se le impide el acceso, ésta tiene posibilidades de aplicar medidas arancelarias compensatorias.  Esto es, ante el daño que la prohibición ocasiona al país exportador, éste puede poner aranceles a la importación de bienes del país que introdujo la restricción no arancelaria. Es una especie de forma para compensar aquel daño, pero lamentablemente lo hace restringiendo la amplitud beneficiosa del libre comercio. El hecho es que tal posibilidad existe y con alguna frecuencia es aplicada entre países. 

Casi todas aquellas limitaciones que el país ha impuesto sobre importaciones de otras naciones hacia Costa Rica, pueden perfectamente ser objeto de una represalia de ese tipo. Por ejemplo, México, si así lo quisiera, ante la prohibición injustificada por razones fitosanitarias de exportar aguacates a Costa Rica, podría prohibir la entrada a México de productos de Costa Rica. Por ejemplo, y lo tomo arbitrariamente de una lista de productos que exportamos a México, limitar nuestras importaciones de llantas o envases de vidrio o de productos agrícolas como aceite de palma o jugos y concentrados de frutas. O sea, gracias al proteccionismo gubernamental nuestro para favorecer a algunos pocos, se termina castigando, con tales represalias, a productores nacionales que exportan a México y que no han tenido nada que ver con la decisión arbitraria de nuestras gobernantes.

Si creen que esa última posibilidad no pasa de ser una eventualidad irrelevante, lean lo que informa desde México www.portalfruticola.com en su comentario del 28 de mayo del 2015 titulado “Aguacate: Médico pide reapertura del mercado costarricense”. Según el conocido medio mexicano El Financiero, el jefe de la Dirección General de Sanidad de México, Francisco Javier Trujillo, cuestiona la medida especialmente porque no hay “elementos científicos que pudieran haber justificado la decisión” del Ministerio de Agricultura, por intermedio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Además de que “muestreos que han realizado, confirman que los millones de frutos de aguacates que les hemos enviado [a Costa Rica] no representan riesgo de esta ni de ninguna otra plaga, ya que concluyeron que el viroide Sunblotch está ausente de Costa Rica.” Nuestro país tiene más de 25 años de importar aguacates dese México, si bien la prohibición también fue hecha para otros países, como Guatemala, al estado de Florida de los Estados Unidos, Israel, Australia, España, Sudáfrica, Ghana y Venezuela

El ministro de Comercio Exterior, don  Alexander Mora, según el editorial del periódico La Nación del 02 de junio, titulado “Restricciones a la importación,” “se pregunta si las autoridades fitosanitarias siguieron el debido proceso, lamenta la tardía notificación de la medida a la contraparte mexicana y echa de menos el respeto al derecho a la defensa, que le habría dado a México la oportunidad de hacer correcciones o presentar estudios técnicos.” No dudo que al ministro, buen conocedor de estos temas y que forman parte de la esencia de su ministerio, más que del MAG, le ha de haber preocupado el señalamiento correcto y debido del director general de sanidad de México, señor Trujillo, quien resalta que el freno a las impostaciones de aguacate, “violentó el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. 

Ni siquiera somos autosuficientes en la producción de los aguacates y, aunque lo fuéramos, ese argumento en favor de medidas proteccionistas es falaz, pues lo importante no es producir como tal, sino a un costo relativamente menor que competidores externos. El hecho es que, en la actualidad, importamos cerca de un 80% del consumo nacional de aguacate; el resto, es producido domésticamente.

Entendamos bien la irresponsabilidad de nuestro estado neoproteccionista (un nuevo término): tendrá serias consecuencias el aducir argumentos fitosanitarios que no están debidamente sustentados y que no están acordes con los tratados comerciales hoy firmados por nuestro país. 
Primordialmente para el consumidor, quien, cuando deba ir a comprarlos a un mercado cuya oferta se ha reducido artificialmente, deberá pagar precios mayores y posiblemente obtener una menor calidad por los mismos productos que antes. Eso significa una disminución del ingreso real de las familias de los consumidores.

Asimismo, afecta a quienes importan al aguacate como insumo para producir otros bienes (por ejemplo, dips o salsas que llevan aguacate), pero tal vez el impacto en esto es más significativo en el caso de los otros productos igualmente restringidos en su importación por el estado, como la carne de res, cerdo, pollo, papa, arroz, especias, entre otros.  

Igualmente, medidas torpes como las comentadas, podrán ser objeto de represalias por parte de los países cuyas exportaciones hacia Costa Rica se han visto restringidas de la manera expuesta.  La posibilidad de represalias, de medidas arancelarias compensatorias, es muy real y de hecho estaría lanzando al país a procesos muy onerosos que posiblemente tendrán que ser resueltos en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Dicho proceso jurídico no es nada barato. Tales represalias afectarán a un sector exportador que no ha tenido nada que ver con las medidas tomadas por el estado. Pero no lo serán únicamente los exportadores, sino también sus trabajadores, en un país en donde actualmente cunde el desempleo.

Más ampliamente, el inversionista nacional, ya con buen razón preocupado por un intervencionismo estatal inconveniente en rubros muy diversos, se da cuenta de que hay una nueva forma reforzada de limitar la libertad de comercio, pasándose nuestro gobierno tratados y acuerdos formales, por donde le plazca, todo con el fin de proteger indebidamente a unos pocos productores. Sin duda que políticas económicas como las expuestas minan la confianza, la seguridad jurídica, del empresariado y del inversionista nacional.

De paso, esos “pocos productores” beneficiados con el proteccionismo encontrarán en la restricción a las importaciones, tres claros incentivos. Uno de ellos, para aumentar el precio del producto que venden. El segundo, para mantener una calidad que no necesariamente es la mejor en todas las variedades que consume el mercado nacional y, en tercer lugar, ¿por qué habrán preocuparse por ser más eficientes, por elevar su productividad, si el consumidor nacional está obligado a consumir lo que ese pequeño grupo les ofrezca en un mercado con mucha menor competencia? Ni se diga del afán de innovar para superar la competencia que siempre debería estar presente en el comportamiento de un buen empresario… ¿Para qué preocuparse si no hay competidores?

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Arroz para ricos

El día de hoy aparece publicada una nota en La Nación que debe preocuparnos a todos. En la misma, se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el sétimo más caro de todo el mundo.

Como todos sabemos, el arroz es un producto que consumen masivamente los costarricenses, incluídos los más pobres. Así las cosas, estos precios desmedidos tienen un impacto sumamente profundo sobre el bolsillo de las personas que menos recursos tienen.

Ahora bien, no podemos dejar de señalar que el arroz es todavía de los productos que mantiene un precio fijado, es decir, que no es producto del proceso de mercado. Lo anterior, sin duda es un baño de realidad directo para aquellos que piensan que la eficiencia se puede alcanzar artificialmente a través de leyes, decretos y reglamentaciones. La realidad es que cuando existe una regulación estatal los grupos de presión buscan ser los beneficiados de la misma, precisamente, esto es lo que ha acontecido con el caso del arroz, tal y como lo menciona la nota:

“El Gobierno y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, concluyeron que la fijación por ley del precio perjudica al consumidor y al final beneficia solo a unos pocos productores.”

Bajo este panorama, resulta impostergable la búsqueda de políticas públicas que solventen este flagelo para la población costarricense. Evidentemente, para ASOJOD dichas propuestas transitan por una mayor apertura comercial, una reducción de aranceles y una disminución de las barreras de entrada al mercado. En este sentido parecía caminar el Estado costarricense, mismo que se había comprometido a que el precio del arroz se liberara a partir del primero de marzo del 2015. Ahora, desafortunadamente al nuevo Ministro le resulta poco dicho plazo de transición, situación que por supuesto nos deja a todos a la expectativa de que irá a pasar con este medida.

Nuestro país no puede seguir teniendo sueldos y condiciones del tercer mundo, y precios por encima del primer mundo, esa ecuación es una receta para el desastre y empobrecimiento económico. Debemos apostar por políticas públicas que alivien la carga económica al consumidor, y no slogans vacíos. Las billeteras de las personas no entiendes de ideas trasnochadas, la plata al final del mes alcanzo o no, tan simple como eso.