Una vez más, en Costa Rica se ha demostrado que se hace lo que el grupo más numeroso o con mayor capacidad real de ejecutar amenazas desea. Una vez más, el sistema ha sido tomado por aquellos que han comprendido que bloquear la calle es sinónimo de obtener la prebenda del caso.
Desde aquel fatídico evento en la Administración Pacheco de la Espriella, que terminó por costarle el puesto al entonces Ministro de Hacienda, Alberto Dent, y hasta la fecha, este tipo de forma de presión ha estado presente en cientos de casos para obligar al Gobierno a hacer o no hacer. Se trata de la ley del más fuerte en su máxima expresión.
El último caso ocurrió el día de ayer, cuando tras una manifestación entre taxistas y porteadores, donde ambos grupos midieron fuerza pero sólo uno pudo salir victorioso, el Gobierno de nuestro país se comprometió a eliminar la figura del porteo del Código de Comercio. La idea es incluir un proyecto de ley que derogue el artículo que lo sustenta, pero a cambio, le garantice a los porteadores existentes y debidamente registrados en una empresa, su derecho a seguir operando.
La gran duda que nos surge, pues al menos de la información periodística no se desprende una respuesta clara, es si este proyecto sólo protegerá los derechos de los porteadores existentes, pero impedirá, con la eliminación del artículo 323 del Código de Comercio que aparezcan nuevos porteadores.
Ya hay quienes no desean que los porteadores existan del todo, por lo que no sería de extrañar que hagan sus demandas al Gobierno para que acabe con ellos. El día de ayer, en el programa Pelando el ojo de Radio Monumental, muchos radioescuchas llamaron para decir que los porteadores deberían quedarse sólo si cumplen con requisitos similares a los de los taxistas, para evitar la "competencia desleal". Más regulaciones y controles se esgrimen como punta de lanza para solucionar este y todos los demás problemas a los que una comunidad política se enfrenta. Esperemos que el proyecto de ley en cuestión no proponga algo parecido, pues para nadie es un secreto que el costo de la "legalidad" es demasiado elevado para cientos de personas que, honesta y libremente, buscan obtener ingresos.
De momento, pareciera ser que la batalla la ganaron los rojos, cuya capacidad de chantaje fue más fuerte. Pero si seguimos a este ritmo, la guerra la perderemos todos, pues con un Estado tomado por la banda más fuerte de forajidos, las guerras faccionarias están a la orden del día.
Desde aquel fatídico evento en la Administración Pacheco de la Espriella, que terminó por costarle el puesto al entonces Ministro de Hacienda, Alberto Dent, y hasta la fecha, este tipo de forma de presión ha estado presente en cientos de casos para obligar al Gobierno a hacer o no hacer. Se trata de la ley del más fuerte en su máxima expresión.
El último caso ocurrió el día de ayer, cuando tras una manifestación entre taxistas y porteadores, donde ambos grupos midieron fuerza pero sólo uno pudo salir victorioso, el Gobierno de nuestro país se comprometió a eliminar la figura del porteo del Código de Comercio. La idea es incluir un proyecto de ley que derogue el artículo que lo sustenta, pero a cambio, le garantice a los porteadores existentes y debidamente registrados en una empresa, su derecho a seguir operando.
La gran duda que nos surge, pues al menos de la información periodística no se desprende una respuesta clara, es si este proyecto sólo protegerá los derechos de los porteadores existentes, pero impedirá, con la eliminación del artículo 323 del Código de Comercio que aparezcan nuevos porteadores.
Ya hay quienes no desean que los porteadores existan del todo, por lo que no sería de extrañar que hagan sus demandas al Gobierno para que acabe con ellos. El día de ayer, en el programa Pelando el ojo de Radio Monumental, muchos radioescuchas llamaron para decir que los porteadores deberían quedarse sólo si cumplen con requisitos similares a los de los taxistas, para evitar la "competencia desleal". Más regulaciones y controles se esgrimen como punta de lanza para solucionar este y todos los demás problemas a los que una comunidad política se enfrenta. Esperemos que el proyecto de ley en cuestión no proponga algo parecido, pues para nadie es un secreto que el costo de la "legalidad" es demasiado elevado para cientos de personas que, honesta y libremente, buscan obtener ingresos.
De momento, pareciera ser que la batalla la ganaron los rojos, cuya capacidad de chantaje fue más fuerte. Pero si seguimos a este ritmo, la guerra la perderemos todos, pues con un Estado tomado por la banda más fuerte de forajidos, las guerras faccionarias están a la orden del día.
