Desde la tribuna: para reirse...si no fuera una tragedia.

El titular del periódico La Nación del 10 de setiembre dice “PLAN CONTRA SATURACIÓN EN CÁRCELES. Ministra urge a Corte no enviar tantos reos a prisión”.  En la primera página el asunto es más grave, pues dice que “Justicia pide a Corte no enviar tantos reos a prisión”.
 

La noticia evidencia un fracaso público absoluto y sería cómica, para reírse como un chiste, si no fuera porque encierra un gran drama nacional. La esencia de la información narra una cita de la Ministra de Justicia con la Corte Plena:  “La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, pidió a los magistrados establecer medidas alternas para evitar un mayor ingreso de personas a prisión.La jerarca tuvo ayer una cita con la Corte Plena para analizar la sobrepoblación carcelaria en el país.Garita comentó que su cartera trabaja en dos ejes para atacar el hacinamiento en las cárceles: uno es el incremento de infraestructura y el otro es buscar medidas alternas a la prisión.”

Cárceles saturadas, fines del Derecho Penal desviados u olvidados, órganos públicos haciendo peticiones incoherentes e impertinentes a la luz del día.

El Derecho Penal está basado en el principio de legalidad criminal (“Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali”).  Para todos es evidente que es la propia Ley la que dispone cuál conducta debe penalizarse y que el único intérprete es el juez.  Tal principio es una garantía para todos. Esto de ver al Ministerio de Justicia clamar para que los órganos jurisdiccionales no envían más reos a las cárceles es de antología.  ¿Y la ley?  Sencillamente el Estado ha fracasado. 

De paso está el tema de saturación de las cárceles y de olvido de los fines de la pena.  Estas cárceles se han convertido en escuelas de criminales, en un hacinamiento contrario a los derechos humanos y que, además, en la pésima administración pública (¿tautología o redundancia?) se presta para permanentes acciones de inconstitucionalidad, amparos, asesinatos y demás desgracias.  No podemos dejar de lado el hecho de que desde las prisiones de nuestro país se gestan buena cantidad de estafas e intentonas parecidas para defraudar a la gente.  ¡No hay por dónde!

El Estado no es previsor, no se planifica correctamente sus acciones y responsabilidades.  El ejemplo es evidentísimo, grotesco e irrefutable. Lo grave es que cunde en ciertos círculos la estatolatría y que, además, desde lo público se quiera planificar y regular la vida privada.  ¡No pueden ni con las tareas elementales del  quehacer público!

No se crea que la intromisión pública es inocua, todo lo contrario.  Su presencia generalmente termina complicando la vida de los libres tanto como la de los “privados de libertad”  (eufemismo, al igual que “internos” con que se denomina a los reos, condenados a prisión).

¡Qué grave y complicado será si la Corte atiende el llamado de “Justicia”!

Ya me imagino las circulares internas y las instrucciones:

“Se recomienda a los fiscales no llevar a todos a juicio, pues hay saturación de cárceles”

“Se recomienda a los jueces no aligerar los juicios pero sí las penas”

“Se instruye a los operadores del Derecho Penal a dar el mejor trato posible a los imputados para que no terminen en la cárcel”.

La lista es inimaginable. Ya bastante se padece en la sociedad por las determinaciones fiscales en el sentido de declarar algunas acciones como “crímenes de bagatela” y renunciar a la persecución penal en perjuicio de las víctimas.

¿Cómo andan los demás campos públicos?

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: soluciones sí, propaganda no

La semana anterior fue sencillamente brutal para nuestro país. Los últimos crímenes acontecidos han escandalizado y consternado, con justa razón, a la opinión pública, que sigue extremadamente preocupada por la forma en que salvajes violentan los derechos individuales sin que se haga nada serio para detenerlo. Los costarricenses estamos sometidos al más terrible de los azares, pues basta con estar en el momento y lugar equivocado, para que una de estas bestias decida acabar con la vida y propiedad de los ciudadanos decentes, aquellos que salen día a día a ganarse su sustento con el intercambio libre y voluntario y no con la fuerza e intimidación de las pistolas.

Sorprendentemente, la Presidente Chinchilla declaró, en radio, que en materia de seguridad, existen dos elementos, a saber, la percepción de la inseguridad y las cifras objetivas que se obtienen mediante las encuestas de victimización y denuncia, de forma tal que, para la mandataria, cuando se analizan ambos, se concluye que la percepción es mucho mayor de lo que realmente ocurre. Olvida la señora burócrata, que no sale de Zapote sin guardaespaldas, algo fundamental, que cualquier persona que decida utilizar media neurona puede comprender: la gente no denuncia una infinidad de delitos porque no tiene esperanza ni confianza en que las autoridades policiales y/o judiciales, puedan detener al delincuente, castigarlo y reintegrar el daño a la propiedad. Por eso, esos "datos" que Laura Chinchilla espera para determinar cuán seguro es nuestro país no son más que una tontería. No reflejan, ni cercanamente, la realidad de lo que estamos viviendo los ciudadanos cuando salimos de nuestras casas. O, peor aún, cuando ni siquiera salimos de nuestras casas, porque hasta allí, en el sitio que debería ser el más privado y seguro, somos víctimas de salvajes que políticos de pacotilla llaman "víctimas de la sociedad" o "personas sin oportunidades".

Por ello, no puede causarnos más repudio el anuncio de Casa Presidencial de que, de ahora en adelante, los costarricenses seremos bombardeados por una publicidad que afirma: “Construimos un país seguro”. La estupidez contenida en las declaraciones de la mandataria se mezcla con un verdadero cinismo, para venderle a la ciudadanía un producto (con su propio dinero) que no está recibiendo. ¿Cuál país más seguro? ¿Quién, de todos nuestros lectores, sale a la calle con la completa certeza de que retornará a casa, sano y salvo, por no decir con todas y cada una de sus propiedades intactas? De verdad que las palabras, por más que quiera doña Laura, no crean realidades. Pero si nos damos cuenta, al mejor estilo de la neolengua de la novela 1984, escrita por George Orwell, que esas palabras bonitas solo distorsionan y manipulan los hechos.

En ASOJOD nos invade la más profunda desolación y preocupación al confirmar que, luego de un año de gestión, quien se vendía como la experta en seguridad ciudadana en campaña y que ahora ocupa la silla presidencial no es más que una farsante. Sus soluciones, como bien dijo Pilar Cisneros, no son más que "bla bla bla". Carecen de un enfoque efectivo, de reflexión y pensamiento crítico, de acciones concretas y, especialmente, de voluntad política para cambiar los horizontes culturales que nos abruman respecto al tema, pasando de considerar al delincuente como un producto social a reconocerlo como una bestia que, voluntariamente, ha decido irrespetar las más básicas normas de convivencia humana.

Si por la víspera se saca el día, la Administración Chinchilla Miranda acabará sin haber propuesto, y mucho menos ejecutado, alguna política sensata, responsable, eficiente y efectiva en materia de seguridad ciudadana. Y gracias a ello, este tema volverá a estar en el tapete para las próximas elecciones, a la espera de que algún candidato se decida a dejar de lado la demagogia y la estupidez, para afinar una propuesta que devuelva la confianza a los costarricenses.

Por el bien de las personas honestas y trabajadoras de este país, esperamos que nuestra oxidada clase política salga de la burbuja en que se encuentra y se percate del serio problema en que nos encontramos. De lo contrario, la sangre seguirá corriendo hasta el punto que la situación sea intolerable y la legitimidad del Estado, como protector de derechos, se esfume.

¡Qué idiotez!

Don Oscar Arias salió diciendo una idiotez tan grande como la que, en su momento, dijo Jeanina Del Vecchio. Para el Presidente, "si Costa Rica se compara con Brasil, donde se ha militarizado y hay pocos delincuentes, entonces llegaríamos a la conclusión que efectivamente en este país hay muchos crímenes. Pero si lo hacemos con El Salvador, donde hay 4 mil asesinatos al año, 10 diarios en promedio, la verdad es que estamos muy bien”. Y, si esa titánica estupidez no hubiese sido suficiente, dice don Oscar que la culpa es de la prensa que dedica la mitad del tiempo a hablar de crímenes y asesinatos (¿será por que son las noticias más relevantes del acontecer diario nacional?)

De verdad que la lucidez y seriedad académica que, en algún momento, caracterizó a Oscar Arias, hoy día no es más que un triste recuerdo. Uno podría esperar palabras así de Abel Pacheco o de la Ministra Del Vecchio, pero esto ya es inaudito. Desconoce don Oscar que la Organización Panamericana de la Salud considera un índice normal de criminalidad aquel país que está entre 0 y 5 homicidios por cada 100.000 habitantes por año y, en nuestro caso y según datos del mismo MIDEPLAN, se presentan más de 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. O sea, que estamos en una situación crítica.

Pero esto no es todo. Arias también manifestó que le agradaba la idea de firmar un acuerdo con la prensa para que los crímenes sólo ocuparan unos cinco minutos en las informaciones periodísticas para que la gente no "perciba" la inseguridad. En otras palabras, callar a la prensa para ocultar la ineptitud de su Gobierno y la tremenda pasividad que han tenido con aquellos que viven de violar el derecho a la propiedad privada y a la vida e integridad personal de los individuos. Menudo Presidente el que tiene Costa Rica.

S.O.S: sálvese quien pueda

Desgraciadamente el día de ayer se dio una lamentable noticia. El oficial del OIJ Randall Mauricio López Garita, se convirtió en una víctima más del hampa. Desafortunadamente se está volviendo costumbre la muerte de nuestros agentes de seguridad, que todos los días salen valientemente a cumplir su trabajo de protegernos.

Esta situación es absolutamente inaceptable, este país no puede seguir en manos del hampa. Nuestras fuerzas policiales requieren de todo el apoyo del gobierno: más y mejores armas -no es posible que los delincuentes anden con AK-47 y nuestros pobres policías con armas que parecen de juguetes-, mejores salarios, profesionalización de los cuerpos policiales, seguros de vida de primera calidad, así como seguros de lesiones, y por último se debe reformar el Código Penal para que agregar como causal de homicidio calificado el homicidio que se realice en contra de un oficial en el cumplimiento de sus labores. Es vital que recobremos la seguridad, no es posible que tengamos miedo hasta dentro de nuestras propias casas.

Tema polémico: el verdadero costo de la seguridad

Hoy quisiéramos dedicar este Tema Polémico a uno de los temas que más preocupa a los costarricenses y que, a veces, se analiza únicamente en forma parcial: hablamos del verdadero costo de la seguridad ciudadana. Con esto nos referimos costo real en el que incurriría el Estado para garantizar seguridad a los ciudadanos de no perseguir como actos delictivos a algunas actividades económicas y sociales en las que incurren estos.

Por ejemplo, México representa un caso interesante por analizar debido a la lucha tan intensa que tiene contra el narcotráfico. Así, solo en el año del 2007 el Estado Mexicano gastó cerca de $2.500 millones en la lucha contra el narcotráfico aunado a muchas pérdidas de vidas humanas durante ese año, alrededor de 7 personas por día. Durante el 2008, México alcanzó su mayor número de muertes producto de esa lucha contra el narcotráfico, cerca de 5630 muertos, lo cual representó un aumento del 110,6% de muertes con respecto a las del 2007. A su vez, por lo que ha sucedido este año en México, es de esperar que las cifras no sean nada alentadoras en términos de las personas que vayan a perder su vida.

Además cabría recordar que México enfrenta una guerra prácticamente perdida, ya que el narcotráfico ganó cerca de $10.000 millones en el 2007, un cuádruple de lo invertido por el Estado Mexicano para combatirlos. Ahora bien, cabe preguntarse si vale la pena este lucha que enfrenta México y el resto de los países latinoamericanos (incluyendo al nuestro) en la lucha contra las drogas.

En realidad aquí pueden existir dos razones por las cuales se continúa dando una lucha contra el narcotráfico: en primer lugar, la idea en la mente de muchas personas de que el Estado está legitimado para utilizar la coerción sobre los individuos y forzarlos a consumir cierto tipo de substancias y prohibir otras(quienes estén interesados pueden ver nuestra justificación axiológica para la legalización de las drogas) . En segundo lugar, es muy posible que el narcotráfico se haya vuelto tan rentable que esté en el interés de muchos de los líderes de los carteles de droga que esta se mantenga ilegal para poder seguir obteniendo grandes dividendos, por lo que seguramente muchas instancias de distintos gobiernos deben estar influenciadas por los carteles de droga, con la intención de que no se legalice. Así, si el Estado evitara prohibirle a los individuos que consuman substancias que, en un última instancia, sólo les puede afectar a ellos mismos, sería posible reducir el costo de la en millones de dólares junto con la posibilidad de vivir en un país más seguro, eliminar parte de la corrupción de las esferas gubernamentales y lo más importante, salvar miles de vidas humanas, tanto de los civiles como los policías. Este constituye un ejemplo del verdadero costo de la seguridad ciudadana, esto es, por lo menos un estado como el mexicano disminuiría el costo en cerca de $2.500 millones al año, salvaría miles de vida y posiblemente disminuiría los niveles de drogadicción dentro de su población si tan sólo no decidiera intervenir en las vidas privadas de los individuos.

Otro ejemplo de esto es la lucha contra la inmigración ilegal. Aquí el caso del muro fronterizo entre México y Estados Unidos es un caso ilustrativo ya que la construcción de este podría rondar cerca de $7.000 millones, el cual representa por cierto un gasto significativamente mayor al que pretende otorgar los Estados Unidos a México y Centroamérica mediante la Iniciativa Mérida para la lucha contra el narcotráfico. Nuevamente, el resultado de estas injerencias gubernamentales es únicamente la de prevenir que ingresen a un país miles de personas (millones en el caso de Estados Unidos) que están dispuestas a aportar su capacidad productiva y técnica para colaborar con el desarrollo del país, mientras ellos a su vez aumentan su nivel de vida y el de sus familias. Una vez más, el verdadero costo de la seguridad ciudadana, al menos en Estados Unidos, sería de por lo menos de $7.000 millones menos e incluso mucho más si se dejara de gastar dinero en retener a gente inocente (los indocumentados) en las cárceles junto con un aumento en la productividad del país (tanto económica como culturalmente) si tan sólo el Estado se abstuviera de intervenir en la libre comunicación y movilización de individuos.

Estos dos ejemplos ilustran cual sería el verdadero costo de la seguridad ciudadana si el Estado no decidiera eliminar estas y otras más libertades individuales

¿Cómo se evita la mano blanca?

En su columna del 20/2/09, Julio Rodríguez describe la Costa Rica actual en materia de seguridad. La del sicariato a cargo de profesionales, de menores fumadores de crack (sicarios baratos por ¢10.000) y la existencia de 200.000 fumadores de crack . Un país ya anárquico y peligroso, en vías de desintegración social. Un estamento político paralizado porque, debido a los mitos “de país pacífico” que su población ha aceptado, no encuentra cómo defenderse.

A este pueblo le cayó muy mal el concepto de la paz. Lo convirtió en una aberración, y el Estado se ha hecho irrelevante en su función fundamental: la seguridad de su gente. Ni el pueblo ni sus líderes han comprendido los peligros de la paz. Para comenzar, la paz no existe. Ni en las células, ni en el mismo ser humano, ni entre seres humanos, ni en “la madre naturaleza”, ni en la violencia cósmica de galaxias en constantes colisiones inimaginables.

La gran mentira. La paz tiene que ser impuesta porque la violencia es el estado normal de la naturaleza. Sin embargo, en Costa Rica se generó una gran mentira: que la paz es alcanzable en esta vida. Apuleyo, irreverentemente, llama a esta mentira “el cuentico de la paz”. “Nosotros somos un pueblo de paz” se repite ad náuseam en este país, aunque para el “costarricense del siglo”, don Pepe, los ticos no son pacíficos, sino que les da mucha pereza pelear.

La violencia no se puede mejorar, a corto plazo, por medio de la educación y la prevención de potenciales maleantes. Lo que es peor, puede transcurrir mucho tiempo para que el tico acepte que solo la fuerza en manos de un Estado de leyes puede protegerlo de la desintegración social. Otro problema más grave aún es la consecuencia de la percepción de indefensión: la funesta aparición futura de “la mano blanca”, un grupo de personas que toman la ley en sus manos y ajustician a quien consideren responsable de un crimen.

“La mano blanca” representa la institucionalización de la violencia, la cultura de la muerte, y, una vez que este mal desciende sobre un país, es casi imposible erradicarlo, como es el caso de Colombia. Y, si los costarricenses no perciben claramente que están siendo protegidos por el Estado, buscarán alguna forma de defenderse y van a tratar de encontrarla en la “mano blanca”.

Hoy día, los criminales tienen “derechos”, pero los derechos de las víctimas se limitan hasta el punto de que la defensa propia, en algunas circunstancias, ha dejado de ser un derecho. Al presentarla como un derecho, la palabra “defensa” se ha calificado cada día más, hasta llegar a la locura de que hay que garantizar el derecho del agresor antes de justificar la defensa del agredido. La realidad es que la defensa no es un derecho, es un deber biológico. Se priva a muchas personas de ese deber en nombre de una obsesión con los “derechos humanos” que ha llegado hasta poner en duda la legitimidad de la defensa propia.

Rechazo de la fuerza. El peor resultado del pensamiento delusorio, que tanto daño le está causando a la humanidad en nuestros días, es el rechazo a la aplicación de la fuerza. Esta lucha contra el mal que acecha a Costa Rica no se puede superar si no se abandona la adulteración de los conceptos y de las ideas. Cualquier estrategia para terminar con la amenaza tiene que estar fundamentada con base en realidades y no en sueños destructivos. El camino a la liberación de la inseguridad personal es abandonar el pensamiento engañoso del apaciguamiento y enfrentar el desafío por medio de la fuerza para imponer el imperio de la ley.

Escribo sobre este tema porque no puedo aceptar convertirme en un testigo indiferente del peligro real que amenaza este país y que está a punto de terminar con nuestra forma de vida. Pretendo señalar los hechos como los veo y recordar a la actual generación de dirigentes políticos el enorme costo en vidas que se ha pagado cuando otros líderes no han aprendido de la Historia y han falseado la realidad para tratar de evitar la ansiedad de tener que enfrentar la vida como es.

Jaime Gutiérrez Góngora

Empresas gastan más que el Estado en Seguridad

El miércoles salió en el periódico La República una noticia lamentable titulada "Empresas gastan más que el Estado en seguridad". En este noticia se comenta que durante el año pasado el sector privado gastó casi 7000 millones de colones más en seguridad que el Estado, lo cual demuestra que este último es incapaz de invertir adecuadamente los recursos que obtiene de todos los tax-payers puesto que no puede cumplir su función primordial: la de proveer seguridad. Esto provoca una baja en el crecimiento económico al obligar a las empresas a invertir sus recursos en rubros en los cuales no debiera gastar y así perjudica a todos los costarricenses. En ASOJOD esperamos que esta noticia haga reflexionar el gobierno para recortar gastos innecesarios y cerrar programas estatales con el fin de proveer un servicio de seguridad decente. 

Tema polémico: la seguridad privada

El día de ayer, en la Revista Proa de La Nación, apareció un reportaje que hace referencia al clima de inseguridad que vive Costa Rica y cómo esto ha sido un incentivo para el auge de empresas de seguridad privada. El asunto no es nada nuevo, pero nos motiva a reflexionar acerca de todo lo que el mismo implica.

Nos pareció llamativa la frase del sociólogo Rodolfo Calderón, para quien "El tema de la seguridad privada es una de las manifestaciones más serias de una sociedad cada vez más desigual. Refleja ese resquebrajamiento profundo del contrato social: cosas que son bienes públicos comienzan a constituirse en una mercancía. Esta crisis se originaría, en parte, en el abandono del Estado y en todos los procesos de aumento de la desigualdad social. Si el Estado no garantiza una de las funciones básicas que le corresponden, volvemos a la época medieval”.

En parte, Calderón tiene razón cuando afirma el retorno a esquemas societales donde son los mismos individuos los que se procuran su propia seguridad, en el entendido de que esto genera escenarios de cuasi anarquía en donde los grupos privados disputan con el Estado el uso legítimo de la coacción física. En ASOJOD hemos advertido de los peligros de que cada grupo de individuos se asocie para formar bandas de rufianes y apliquen la "ley" por su cuenta, en tanto no sólo entraríamos a escenarios donde el más fuerte se impone sobre el resto, sino que todo el sistema de especialización e intercambio en que se basa una sociedad moderna se vendría abajo, toda vez que los individuos tendrían que dejar de producir riqueza para dedicarse a protegerla únicamente.

No obstante, nos parece que se equivoca en el enfoque de su análisis. Consideramos que la búsqueda de seguridad por vía privada no es un reflejo de la descomposición social ni del aumento de la desigualdad social, sino exclusivamente, por la búsqueda de satisfacción de una necesidad legítima. Ha sido el mismo Estado el que propició esto: actuando como empresario y guía moral de los costarricenses, interfiriendo en todos los aspectos de su vida, procurándoles el boleto al paraíso, regulando la economía y ofreciendo bienes y servicios, ha despilfarrado los recursos de los tax payers y se ha quedado sin medios para pagar lo concerniente al tema de seguridad.

Ante eso, los ciudadanos legítimamente buscan alternativas. Y con esto condenamos el caracter "fatalista" de Calderón, pues no vemos nada de malo en que los "bienes públicos" se conviertan en mercancías. Antes bien, nos parece que es el estado natural de los bienes y servicios y que el concepto de mercancía envuelve un componente moral del más alto valor: el uso de la voluntad para entrar en dinámicas de intercambio. En tanto los bienes públicos son, por definición, no exclusivos ni de oferta única, se genera una paradoja: no existen mecanismos para evitar que, quien no paga, disfrute de ellos. Lo que muchos dirán es que los bienes públicos son pagados por todos los ciudadanos, pero eso es realmente falso, máxime en un sistema impositivo del tipo progresivo y un modelo de Estado benefactor como el de Costa Rica.

Los bienes públicos dirigen el problema hacia lo que en teoría de juegos se denomina "dilema del free rider", que consiste en una situación donde existe un problema común y los individuos maximizadores de utilidad notan que les resulta más beneficioso no asumir ningún tipo de costo, sino trasladárselo a los demás. Así, la ganancia es total y el costo es nulo. Esto genera dos problemas de gran magnitud: por un lado, en la medida que cada individuo siga el mismo razonamiento se cae entonces en una situación donde nadie asume costos y, por tanto, las acciones no se realizan (esto está muy relacionado con lo que Hardin identificó como la "tragedia de los comunes). Por el otro, hay una traslación de responsabilidades, en tanto unos tienen que cargar con los costos de otros, lo que no es otra cosa que utilizar a unos para conseguir los fines de otros.

¿A qué queremos llegar con esto? A algo muy sencillo: es natural y hasta lógico pensar que, ante un desabastecimiento de un servicio como el de seguridad, los individuos no pueden sentarse a esperar hasta que a las autoridades gubernamentales les parezca oportuno, por lo que buscarán quién les ofrezca el servicio. Hasta ahí no hay problema. En ASOJOD hemos dicho que, siempre y cuando las empresas que se dedican a brindar seguridad privada cumplan con los requisitos legales adecuados (es decir, claros, razonables y no discriminatorios), no encontramos ningún argumento para criticar.

Sin embargo, hay que tener cuidado. Está muy bien que esa seguridad privada brinde servicios de protección, como lo hacen en empresas, bancos, comercios, etc. Pero jamás estaríamos de acuerdo con que esos vigilantes privados tengan la potestad de perseguir y arrestar (salvo que sea en la propiedad donde fueron contratados) a los malhechores. Y mucho menos que puedan desempeñar las tareas punitivas que corresponden a la labor de Administración de Justicia que debe ser exclusivamente del Estado.

En la medida en que el radio de acción de los vigilantes privados se desarrolle dentro de la propiedad y se reduzca a la aprehensión (in fraganti) y correspondiente entrega a las autoridades policiacas oficiales, nos evitamos el riesgo del problema de las bandas de rufianes antes mencionados. Caso contrario, cuando los mismos vigilantes o personas comunes y corrientes se toman "la justicia en sus propias manos" caemos en un riesgo de descomposición social, política, moral, económica y jurídica.

Por supuesto, esta consideración no excluye el derecho a la legímita defensa y a la protección de la propiedad privada, en el sentido en que en ASOJOD lo hemos sostenido, pero como una actividad ocasional, no como el diario quehacer.

Por eso, creemos que esta reflexión nos lleva a dos conclusiones generales: en primer lugar, es necesario poner al Estado en su lugar, sacándolo de las actividades que no le corresponden y obligándolo a desempeñar su única función legítima. Y segundo, que el mercado sigue las preferencias y necesidades de los consumidores, no los caprichos de los oferentes. Si el Estado no ha querido brindar un buen servicio de seguridad, se abren puertas para que sean los mismos individuos los que creen empresas dedicadas a ello. Y esto nada tiene que ver con la desigualdad social ni con las demás burdas justificaciones que algunos usan para defender a los criminales.

Quizá algunos digan que con la seguridad privada sólo unos podrán vivir tranquilos mientras las grandes mayorías no. A esto, en ASOJOD contestamos que la culpa no es de los ricos que pueden pagar la seguridad, sino de los politiqueros que despilfarraron el dinero de los tax payers en cuanta tontería se les ocurrió y que si quieren tener seguridad al alcance de todos, piensen muy bien cuando van a las urnas y votan por aquellos que prometen usar los recursos en crear el paraíso en la tierra.

Incentivos y delincuencia

Hace más de treinta años, concretamente el 29 de octubre de 1975, escribí en esta sección, que entonces se llamaba (y coincidía con) la página 15, un artículo que titulé El ladrón como aventajado profesional . En él mencioné algunas circunstancias que operaban como incentivos perversos a favor de los ladrones. Inicié el artículo destacando que, sobre el fenómeno del robo creciente, “por mucho tiempo nos conformamos con explicaciones sicológicas y sociológicas: el ladrón –entre otros delincuentes-– es un inadaptado social. Hoy la realidad nos muestra que esa no es toda la explicación, ni siquiera la más importante. El ladrón de nuestros días –como quizá el de todos los tiempos– es un profesional. El robar es un oficio, por feo que pueda sonar al oído ingenuo. Para entrar en él, como en cualquier otro, el candidato evalúa todos sus pros y todos sus contras. Dependiendo del resultado neto que obtenga, decide hacer carrera en él, temporal o permanentemente”. Y, agregaría hoy, estos cálculos los hacen no solo ticos sino, crecientemente, hasta extranjeros que encuentran que en Costa Rica robar y hasta matar “es un vacilón”.

Hace 30 años… “El peso de los pros y el de los contras no solo depende de ciertas preferencias individuales en cuando al riesgo y reconocimiento social, sino que está fuertemente influido por fuerzas externas al individuo y por ello es de esperar que, cuando las cosas se mueven en un cierto sentido, haya razón para que las tasas de robo se muevan en una dirección determinada.

En una Costa Rica inflacionaria, de impuestos a la orden del día y de limitaciones y penas económicas al juego que la sociedad considera limpio, no es de extrañar que comience a tener ventaja el juego sucio (...) Es obvio que una manera de anular la ventaja relativa antes mencionada es incrementando las desventajas asociadas con la conducta antisocial. Esto se puede lograr aumentando las penas a quienes a tal cosa se dedican. También aumentando la eficacia de identificación de delincuentes.

Pero, a juzgar por las noticias últimas, en esto, en vez de progresar, empeoramos día con día. Los autores de delitos permanecen inadvertidos y –con algo que pasa de sonrisa a risa y a cólera– se nos dice desde las más altas esferas públicas que estamos en manos del hampa. Eso todos los desprotegidos consumidores lo sabemos; lo que nos duele un poco es que tan claramente lo digan, pues nos quitan la última esperanza de estar equivocados. Se nos da a renglón seguido la excusa tradicional: el órgano de protección pública necesita más recursos. Nunca parece suficientemente importante el problema de si con los mismos recursos actuales podríamos hacer mejor labor”.

“¿Se tiene idea de la eficacia de la labor , por ejemplo, del servicio de radiopatrullas? Son ellas –en lo que a disminución de robos se refiere– más eficientes que actuar sobre el mercado secundario de productos robados, que todo el mundo, incluyendo a las propias autoridades, sabe donde queda?”. ¿Cuál sería el efecto, sobre la tasa de bajonazos y robos de vehículos, de un programa de visitas intermitentes y sistemáticas a las ventas de repuestos usados de carros, y a talleres de refacción, para conocer el origen de sus inventarios? ¿Cuál sobre el roble de cable eléctrico en obras públicas si se hace lo mismo con las fundiciones?

Deterioro. El artículo termina señalando cómo el Gobierno, por decidir llevar a cabo labores irrelevantes, que los privados pueden perfectamente realizar (como es que el Ministerio de Economía, y no asociaciones de consumidores, investigue y publique listas de precios de los televisores), abandona otras que sí le son propias, como son los servicios de seguridad ciudadana y asegurarse de que las escuelas públicas cuenten con pupitres, pizarras, tiza y equipos.

Pues bien, esta materia de (in)seguridad ciudadana en nuestro país se deterioró en los últimos treinta años. Hoy el robo no es el único temor. El temor es que, por robar un celular o unos tenis viejos, los ladrones no tienen ya reparo en matar a sus legítimos dueños –es decir, a cualquiera de nosotros–. El problema es que los tribunales nunca parecen recibir suficiente evidencia como para detener y procesar a delincuentes. Hampones capturados una y otra vez (puede que hasta ocho veces en un año) son soltados para que sigan con sus fechorías en sus cotos de caza y para que, con su ejemplo, reafirmen en otros, usualmente jóvenes que dudaban, lo rentable que es una actividad que prácticamente solo obtiene ingresos fáciles, no incurre en costos y es tax free .

Como escribí hace treinta y resto de años, la ventaja del delincuente profesional se vería reducida si se aumenta la probabilidad de que se le identifique y capture. Y si, una vez condenado, la pena es alta, significativamente más alta que el daño causado a su prójimo. De estas variables, la que más contribuye a modificar su conducta es la elevación de la pena. Sigamos en esto la probada enseñanza de la industria del seguro: el móvil que llama a tomar una póliza no es la pérdida esperada, o promedio, sino la gravedad del daño si el riesgo se materializa.

Conviene, por tanto, modernizar la legislación en este sentido. Y procede hacerlo antes de que la gente de buena voluntad decida emigrar o –peor– tomar la ley en sus manos, acogiendo con alegría un sistema de linchamientos públicos, en la plaza del pueblo, dirigido contra toda persona sospechosa. ¡Pobrecitos los feos!

Thelmo Vargas

La violencia, el huevo y la gallina

Las próximas elecciones guatemaltecas giran en torno a la violencia. Cada vez es más frecuente. En México, Brasil, El Salvador, Honduras, Colombia, Argentina y Venezuela sucede lo mismo. La violencia callejera es la obsesión nacional. En el pobre país de Hugo Chávez, durante sus ocho años de caótico mandato, más de cien mil venezolanos han sido asesinados y apenas el tres por ciento de esos casos han sido sancionados por los tribunales.

Caracas es Bagdad sin mezquitas y sin americanos. Cuando la inseguridad es excesiva, esta sensación de indefensión se coloca a la cabeza de las prioridades. Tener trabajo es importante, pero seguir respirando y no vivir aterrorizado son factores aún más valiosos. Es muy desagradable mirar constantemente hacia atrás con el temor de sufrir una agresión fatal. Es el momento, dicen las encuestas, de la ``mano dura''.

Puede ser, pero la ''mano dura'' es la prueba de que el Estado de Derecho no funciona y por ello se recurre a una policía feroz de palo y tentetieso. No se trata de que súbitamente se hayan multiplicado los malos. En el fondo es un problema sistémico. La legislación es inadecuada. En general, no abundan los buenos parlamentarios y dentro de ellos hay muy pocos expertos en derecho penal o procesal. Tampoco se cuenta con reflexiones solventes de especialistas en criminología. Cuando Rudy Giuliani decidió combatir el crimen en New York —y logró diezmar a los malhechores— comenzó por revisar las buenas teorías sociológicas que explicaban la proliferación de los delitos y las formas de atajarlos. Siempre hay que partir de un presupuesto teórico.

En América Latina los jueces, fiscales y defensores, con excepciones, padecen una formación deficiente porque la carrera de derecho ha ido devaluándose paulatinamente. El que no sirve para otra cosa —afirma el dicho popular— se hace abogado (o maestro). Los funcionarios del poder judicial suelen estar abrumados de tareas y no cuentan con los medios materiales necesarios para impartir justicia rápida y equitativamente. Trabajan en instalaciones destartaladas, muchas veces carentes hasta de buenos archivos. A la policía le sucede lo mismo: poca formación académica, recursos limitadísimos y un salario miserable. Con frecuencia, los delincuentes están mejor armados que ellos y son infinitamente más poderosos.

El problema radica en que tener un buen Estado de Derecho requiere tres elementos esenciales: la decisión colectiva de colocarse bajo la autoridad de la ley (el factor cultural), una clase dirigente capaz de hacer un diagnóstico profundo y de arbitrar soluciones (el factor intelectual), y enormes cantidades de recursos materiales (el factor económico). Un buen Estado de Derecho implica disponer de universidades exigentes, legisladores sagaces, jueces probos muy bien educados, rodeados de asistentes competentes, y policías razonablemente adiestrados y pagados. Todo eso cuesta mucho dinero.

¿Cómo se consigue esa plata? Sólo se conoce una manera: creando un denso tejido empresarial que genere suficientes excedentes. La riqueza sólo se produce en las empresas exitosas que obtienen beneficios, invierten, crecen y pagan impuestos. Fuera de ese mecanismo sólo queda pedir prestado o asaltar al prójimo. El Estado de Derecho británico, con su pintoresco parlamento, sus solemnes magistrados con peluca, su Scotland Yard y sus bobbies existen porque el aparato productivo del país es capaz de pagar la factura. Si producimos poco y, por lo tanto, apenas contamos con excedentes, la calidad del sector público necesariamente tiene que ser mediocre o mala.

Esa verdad de Perogrullo nos precipita a una deducción inevitable: aquí no existe el dilema del huevo o la gallina. El alivio de los problemas (jamás se solucionan del todo) comienza por la creación de una base material capaz de costear un Estado eficiente, y eso significa echar los cimientos de una sociedad hospitalaria con las inversiones y la creación de empresas. Un Estado de calidad requiere un tejido empresarial de calidad. Así de simple.

Carlos Alberto Montaner, tomado de www.firmaspress.com