viernes, 30 de mayo de 2014

Viernes de recomendación

Para esta ocasión queremos invitarlos a un conversatorio muy interesante que se llevará a cabo en ANFE el próximo martes 10 de junio de 2014, de 6:00 pm a 8:30 pm sobre la discriminación afirmativa en materia de género desde la perspectiva liberal. Esperamos que puedan asistir. 

Pizza y Política:
La discriminación afirmativa en materia de género desde la perspectiva liberal

Fecha: Martes 10 de junio del 2014
Lugar: ANFE – 200 metros oeste de la Casa Italia – Barrio Francisco Peralta, contiguo al Templo Votivo
Hora:               6:00 p.m-8:30 pm.

Programa

6:00 pm – 6:30 pm   Registro de participantes
6:30 pm – 6:35 pm   Palabras de bienvenida, Sr. Alejandro Barrantes, Vicepresidente de ANFE
6:35 pm – 6:50 pm   Alex Montero, Filósofo y psicólogo.
6:50 pm – 7:05 pm   Cecilia Valverde, Filóloga y ex Presidente de ANFE
7:05 pm – 7:20 pm    Manuel Echeverría, Abogado y asociado de ANFE
7:20 pm – 8:00 pm    Preguntas y comentarios del público
8:00 pm                   Pizza y refrigerio


Costo:

-Público en general, ¢2.000.
-Asociados que se encuentren al día en el pago de sus cuotas, la actividad será gratuita.

Importante: Cupo Limitado.

Reservaciones: 2253-4460 *Telefax: 2253-4497 * 89966569 *
Apartado 3577-1000 San José, Costa Rica
E-mail: info@anfe.cr, guita61@hotmail.com

miércoles, 28 de mayo de 2014

Desde la tribuna: entre el hacha y el estatismo

¿Habrá consistencia en las gestiones de los equipos del PAC que asumen la dirección de buena parte del gobierno? Celebro con fanfarria y vítores el anuncio del diputado Ottón Solís de entrarle con hacha al presupuesto del gobierno. No puedo más que alegrarme con tan directo anuncio.

¡Claro que la cosa tiene su particularidad!  Solís 1, el diputado, ha salido a pregonar al mundo entero que está más que contento con la elección de Solís 2, el Presidente. Pero muchos no se tragan el dicho, pues conocen de las luchas internas del PAC y las pasiones de quien ahora es diputado y otrora candidato sembrado en tres elecciones. Ello, no obstante, no es el punto central de estas líneas.

Tampoco el directo anuncio de usar el hacha.  Comúnmente se hablaba de “machetear” el presupuesto, como símil o metáfora que aludía a recortarle todo  lo superfluo, sobrante o innecesario.  Pero … salvo que Solís 1 nos haya engañado, la acción con hacha implica el fondo, lo grueso, el tronco y no eso de andarse por las ramas. ¡Ahora sí que estamos frente a algo interesante!

El PAC ha sido estatista.  Se ha comprometido con lo que algunos llaman la institucionalidad (aunque sea contraria a la constitucional) del país. Un tejido de asistencialismo incoherente e inconsistente, ineficaz y más bien promotor de la pobreza, que ahoga irremediablemente a una sociedad y la engaña con acciones mediocres e inútiles, funcionando como un lastre es, en general, lo que algunos llaman “institucionalidad”. Caldo de cultivo de demagogia y empleomanía, con exceso de gollerías y cargas y que cada vez más estorba la productividad, la generación de riqueza, la llamada “institucionalidad” no solo contraría los enunciados jurídicos básicos de nuestro sistema constitucional sino que promueve situaciones inaceptables:  concentración de poder en el Ejecutivo, alejamiento de los controles legislativos en materia de gasto público, rutas secretas para los buscadores de rentas, irresponsabilidad moral en muchas situaciones, traslado del riesgo al Estado, socialización de pérdidas y privatización de ganancias.

¿Cómo conciliar el hacha de Ottón Solís con el rumbo que lleva el PAC?  ¿Acaso no insistido el mismo Solís 1 en que lo único que perturba el devenir del Estado costarricense es la corrupción y la falta de mística?  ¿Acaso no se contradice con sus propias palabras de sacar el hacha y buscar la austeridad?

Por ello prefiero al PAC y al Solís del hacha, al “hachero” que al estatismo y al eufemismo de plantear que metiendo a algunos corruptos se acaba nuestro serio problema.  Porque enmendar el rumbo requiere hacha, sin lugar a dudas, pero también requiere brújula, cambio de ideas, apertura y serias aclaraciones respecto del torcido rumbo por el cual nos lleva el estatismo.  Ello, sin discusión, requiere consistencia y coherencia. ¿Aparecerá?

Federico Malavassi Calvo

martes, 27 de mayo de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: mis impresiones acerca de la huelga del Magisterio

Personalmente he enfrentado una serie de sentimientos –más bien, razonamientos- en conflicto, como diría el título de alguna novela barata.  Por un lado, me parece que es una enorme injusticia la que se ha cometido contra los maestros que han laborado y que, por las razones que sean, su patrono –el estado costarricense- les ha dejado sin sus ingresos, pues no ha cumplido con una relación social básica que creo que los costarricenses apreciamos, cual es que “trabajo realizado, trabajo pagado”. Por ello, me atrevo a aseverar –algo imposible de comprobar- que, cuando la huelga se inició hace casi tres semanas, posiblemente no había ciudadano alguno que estuviera en contra de ese movimiento laboral, quienes consideraron, a todas luces, que era evidentemente justo.

Pero, por otra parte, ante esa sencilla y diáfana justificación de la huelga de maestros, han surgido diversas aristas que han hecho que, gradualmente, el ciudadano vaya retirando su apoyo al paro. Por las razones que expondré a continuación, es que considero que ese paro debe terminar ya y que el país pueda volver a una tranquilidad necesaria para enfrentar serios y reales problemas de la vida ciudadana.

Concedida la urgencia con que debe resolverse la situación actual de pago a los educadores, a la vez es necesario reconocer que este gobierno parece haber actuado con rapidez ante un problema, que enfrentó casi desde las primeras horas en que asumió la administración del país. Hago este reconocimiento al esfuerzo gubernamental sin haber votado por el presidente Solís. Digo esto, antes de que alguien corra a decir que mis opiniones están sesgadas en favor del gobierno por razones político-electorales. Mi voto fue por el candidato que, a mi juicio, era el mejor y, por si a alguien le interesa saber por quién fue, no tengo razón alguna para ocultarle que fue por don Rodolfo Piza. Por ello, que nadie se atreva a pensar que mi apoyo a la actuación expedita del gobierno actual, en busca de una solución al pago debido a los maestros y al cese de su huelga, se origina en intereses bastardos.

Dicho lo anterior, considero que un elemento importante para analizar la actual huelga del magisterio es la manera en que actuaron las anteriores autoridades del Ministerio de Educación (MEP), cuando se sustituyó el antiguo método de pago a los educadores, llamado Sistema de Información para la Gestión de los Recursos Humanos (más conocido por sus siglas -como tanto otro mamotreto gubernamental- SIGRH), por una nueva plataforma de pagos a los maestros, conocida como Integra2.

De acuerdo con informes de la Contraloría General de la República (CGR), creo que desde el año 2007, se habían detectado serias irregularidades con el pago salarial que el MEP efectuaba bajo la plataforma SIGRH.  Por ejemplo, en el informe del 2007 se indicó que “entre enero del 2006 y abril del 2007, el MEP pagó ₡45 millones a 235 personas fallecidas”, incluso en acontecimientos sucedidos previos al 2000. Asimismo, la CGR denunció la existencia de pagos a personas que habían solicitado permisos sin goce de sueldo, así como otras remuneraciones a individuos que no laboraban en el MEP y que a “seis personas se les pagó más de un total de ₡55 millones y (que) el dinero no había sido recuperado.” En síntesis, el tal SIGRH estaba plagado de problemas que inducían al desorden financiero y al derroche con los fondos públicos, mediante pagos indebidos y hasta corruptos. Esto lo dijo la CGR desde diciembre del 2007.

En apariencia, la CGR siguió advirtiendo acerca de los problemas con el SIGRH, pero no fue sino hasta finales del 2008 cuando el MEP contrató una empresa para que instalara una nueva plataforma de pagos al magisterio. Pero el tiempo siguió su curso y el desbarajuste continuó, incluso agravándose. Es así como el 21 de diciembre del 2012, cuatro años después de aquella contratación del MEP, cuando la CGR señaló que “el proyecto MEP-Digital, desarrollado para optimizar la gestión del recurso humano y asegurar razonablemente la correcta ejecución del pago a los funcionarios mediante la implantación del Sistema de pagos INTEGRA, se encuentra atrasado en relación con los plazos pactados en los contratos y la adenda correspondiente.”

De acuerdo con el reciente reportaje de La Nación del 22 de mayo del 2014, titulado “Viejo sistema del MEP habría pagado ₡29.000 millones de más”, la CGR reveló hace dos años (sería en el 2012) que “las posibles sumas pagadas de más crecían a un ritmo del 23% anual. En el 2007 ese rubro era de ₡10.000 millones e involucraba a 44.000 empleados y exfuncionarios. A finales del 2011 llegó a ₡23.000 millones y en noviembre anterior alcanzó ₡30.000 millones.” Asimismo, expuso que “educadores… recibieron su sueldo incompleto debido a las inconsistencias del viejo sistema. En el 2012 existían más de 10.000 reclamos sin resolver por salarios erróneos…”

Lo sorprendente es que la implantación del sistema de pagos Integra2 se había efectuado desde finales del 2008 y casi 4 años después la Contraloría proseguía advirtiendo acerca de los serios problemas de control con los pagos salariales del MEP. Incluso se creó una oficina en esa entidad para que tratara de recobrar los pagos en exceso, pero no fue mucho lo que logró recuperar; de hecho sólo un 38% de los sobregiros fue revisado. Por supuesto, la explicación burocrática para este fracaso fue el estribillo cansino, de que la unidad carecía del personal necesario y de que no se disponía de una base de datos actualizada. El hecho es que su desempeño fue, para calificarlo con moderación, apenas perceptible. La pregunta lógica es, ¿dónde estaban las autoridades del MEP en aquel entonces? ¿Cuál es su responsabilidad por estos acontecimientos? ¿La ha señalado concretamente la CGR?

Pero el mal desempeño del MEP en corregir el problema descrito va más allá. ¿Por qué si desde el 2008, el MEP contrató a la empresa Grupo Asesor en Informática S. A., para que pusiera en marcha el programa Integra2 para resolver el malfuncionamiento del sistema de pagos anterior SIGRH, no es sino hasta poco antes del inicio del nuevo gobierno del señor Solís (1994), cuando se pone en práctica? Además de este extenso vacío temporal para ponerlo en ejecución, me atrevo a preguntar ¿si las anteriores autoridades del MEP les informaron a las nuevas de la puesta en marcha del Integra2, de las razones para hacerlo y del posible efecto que podría tener sobre los legítimos (y también de los ilegítimos) intereses del magisterio, que incluso terminarían en las huelgas hoy sufridas? Alguien acostumbrado a pensar mal –no me importa que me incluyan entre esos- fácilmente concluiría en que se está en presencia de una “cama” deliberada para que el nuevo gobierno -que apenas empezaba a tomar los hilos del poder- cayera sonoramente en la trampa y que así se le imputaran las consecuencias políticas y económicas de los males manejos del pasado. Por lo tanto, es pertinente también preguntar si ¿estaban informadas debidamente las nuevas autoridades acerca del nuevo sistema que se ponía en marcha?

Las múltiples denuncias hechas no deben quedar en un marco de referencia de un presunto y simple pleito político entre un gobierno que sale y otro que entra. La denuncia de la CGR, de que al 2013 los sobregiros (posibles pagos de más) acumulados mediante el defectuoso sistema SIGRH ascendieron a ₡29.000 millones, no puede dejarse de lado. Es una enorme suma de plata que presuntamente se ha pagado de más y acerca de lo cual no se han hecho los esfuerzos del caso necesarios para recuperar la totalidad de esos desembolsos en exceso. Obviar, omitir, ese hecho bien puede constituir un delito público. 

Estoy seguro –porque conozco a muchísimos maestros honestos, así como debe haber otros que no lo son tanto, simplemente por tratarse de seres humanos de los que hay buenos y malos- que lo que se ha informado públicamente les ha disgustado a muchos educadores y que están dispuestos a devolver lo recibido de más, si es el caso. Aunque desde ahora les advierto que habrá muchas dificultades para señalar, con toda exactitud, lo que deberán de devolver, simplemente porque el maestro recibía un monto que “creía” que era el correcto y del cual ahora no saben con exactitud el monto verdadero. El “desmadre” es tal, que, al cobrase esos sobrepagos, sin duda alguna que dará lugar a muchos reclamos. 

Pero que algo grave pasó en el MEP en cuanto a su capacidad para recuperar los excesos pagados, queda demostrado cuando, por ejemplo, una persona correcta, como el educador, don Marvin Javier Arroyo González, denunció en Facebook hace unos cuantos días que acudió tres veces al Ministerio, incluso sufriendo dificultades físicas, para denunciar que se le estaba pagando de más, pero en el MEP nunca le arreglaron el problema y luego tuvo que ahorrar durante cinco años “cuando al fin se dieron cuenta”, una suma sustancial para cancelar lo adeudado y que, según él lo señala, podría hasta haber pagado de más. Asimismo, indicó que conoce de casos como los de él. Yo espero que los irresponsables que actuaron mal, incluso ante denuncias como la de ese caballero honesto, don Marvin, sean investigados y que respondan por lo sucedido.

Mi creencia es en la buena fe de los maestros, no en la de alguna líder sindical, quien, ante estas denuncias de sobregiros del sistema SIGRH, por allí se dejó decir que aún no tenía “los criterios suficientes” para valorar lo sucedido. Una respuesta responsable habría sido formular una condena del presunto abuso, exigir una investigación plena de la actuación, tanto de burócratas en el MEP como de quieres percibieron las platas y no las devolvieron, e incitar a que, de inmediato, con el próximo pago inminente de salarios adeudados, los maestros acudan ante las autoridades del MEP a arreglar su situación real o potencial. Por supuesto que la lideresa no actuó de esta última manera, tal vez porque ello podría ir en contra de la vigencia de su paro, enfrente de maestros que, posiblemente, habrían pedido que se llegara a un pronto arreglo entre el gobierno y ellos por lo que hoy se les adeuda y buscar que se devuelva la honorabilidad de los pedagogos ante la evidencia de presuntos pagos salariales recibidos incorrectamente en el pasado reciente. En síntesis, que lo recibido en pagos salariales no sea ni más, ni menos; sino lo correcto.

Otra arista de este paro del gremio de los educadores, es que parece ocultar un pulso político entre tendencias sindicales. Es innegable que han sido gremios sindicales que usualmente no están cerca de la ANEP, quienes han llevado el actual paro magisterial hasta su estado actual. Dirigido por los sindicatos magisteriales, ANDE, APSE y SEC, otras importantes agrupaciones sindicales se les han unido en el paro, al menos en ciertos momentos, como es el caso de los sindicatos de Japdeva (SINTRAJAP), de la Caja (UNDECA), de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), del Frente Interno del ICE y de la Unión Nacional de Trabajadores (UTN), entre otros menores.  Independientemente de cualquier pronunciamiento formulado por la ANEP, sindicato que agrupa a la mayoría de los empleados públicos, este gremio se ha mantenido a cierta distancia del actual paro sindical. Esto se podría explicar cómo una lucha de influencia o poder entre los grupos sindicales alrededor de Albino Vargas, por un lado, y, por el otro, los grupos magisteriales y sus socios en la actual protesta. La división parece ser más real, que aparente y, en mi opinión, a pesar de que en cierto momento alguien podría usarla para tratar de afectar a Albino Vargas, éste ha escogido el camino del diálogo y la negociación para avanzar en los intereses de los asociados a su sindicato. Esta actitud posiblemente será cobrada por los otros grupos sindicales del magisterio, quienes con ello más bien parecen acercarse a movimientos sindicales cercanos al Frente Amplio, cuyos diputados, de paso, han estado muy activos en las manifestaciones.

Qué podrá resultar de esta aparente disensión entre importantes agrupaciones sindicales está por verse. En todo caso, creo que Albino Vargas resultará un claro beneficiado del conflicto, principalmente al dar la idea ante el público de encabezar un sindicalismo más maduro y dispuesto a negociar y transar cuando se deba, en comparación con el actual movimiento sindical agrupado alrededor de la huelga actual del magisterio, el cual está mostrando una intransigencia innecesaria. Esto a pesar de que en su origen contó con un enorme apoyo popular, pero que parece erosionarse conforme avanza el tiempo y surge más evidencia de que el problema va más allá de un incumplimiento indebido en el pago de salarios a los maestros.

Asimismo, no parece existir una justificación seria al alegato esgrimido por los líderes del movimiento de maestros para que se elimine el pago de sus sueldos –si bien con defectos que aparentemente son subsanables- mediante el nuevo sistema Integra2. Ello porque los movilizados no ofrecen una alternativa mejor a Integra2 y volver al antiguo sistema SIGRH sólo perpetuaría las tropelía denunciadas desde hace y bastante tiempo por la CGR. Le sucedido con el viejo esquema de pagos salariales a los maestros pone en evidencia, una vez más, la incapacidad usual del estado para actuar eficientemente en el manejo adecuado de los recursos públicos. Triste, suena al decirlo, pero es una nueva demostración de la incapacidad administrativa del sector público.

Los grandes perdedores de la huelga de marras son los niños y jóvenes estudiantes de nuestras escuelas públicas –hombres y mujeres, por si acaso me dicen algo. No deben ser ellos quienes sufran las consecuencias del paro. No puede considerarse un beneficio por parte de algún líder seudo-revolucionario, que esos muchachos estén, algunos, marchando al lado de sus maestros y así aprendiendo acerca de los gobiernos de las barricadas. Por el contrario, en las sociedades modernas, quien no adquiera preparación y educación principalmente en las aulas, no podrá luego progresar tanto como quien sí ha dedicado su valioso tiempo escaso a los libros, los cuadernos, a la ortografía, a la redacción, a las matemáticas y a las ciencias. De esta manera se está dañando a nuestros jóvenes, quienes ven interrumpido su proceso educativo, en lo que en un principio fue por el cobro justo de los salarios de los maestros, pero que ahora no parecer ser únicamente por dicha razón. 

Cuando algún dirigente nos diga remilgosamente que, acaso al estar allí en la manifestación, estaba concursando para tica linda, mírelo a los ojos cuando en alguna ocasión futura les hable de su dedicación al bienestar y al progreso de sus educandos –de los niños y niñas en las escuelas y de los jóvenes en los colegios. Véalo bien y hágale la seña del “mirala”, puesto que no se merece que se le crea en su fingido interés por aquellos, pues lo que lo en verdad lo mueve no es sino la búsqueda de un poder que nadie le ha otorgado libremente para regir nuestras vidas.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 26 de mayo de 2014

Tema Polémico: Ley de Garantías Mobiliarias

El pasado 20 de mayo fue publicada en la Gaceta la Ley #9246, denominada “Ley de Garantías Mobiliarias”. La misma consiste en una reforma importante a nuestro sistema crediticio, que no sólo debe llamar la atención a los profesionales en derecho, sino sobre todo a empresarios y comerciantes, veamos.

Como todos sabemos, uno de los aspectos más importantes y determinantes de todo negocio es contar con capital suficiente, ya sea para iniciar el mismo, o para expandirlo. Desafortunadamente, no siempre los empresarios (sobre todo los más pequeños) cuentan con capital propio para emprender dicha apuesta. Precisamente, esta problemática, es la que viene a solventar el mercado de crédito, ya sea propio, o a través de la intermediación financiera.

Ahora bien, evidentemente para poder acceder al crédito, ya sea de manera formal o informal, siempre se deberá cumplir con una serie de requisitos. Muchas veces, estos requisitos exigen poder contar con una garantía que respalde el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor. En nuestro medio, al día de hoy las garantías estrellas han sido las hipotecas y prendas, sin menoscabar el boom que ha tenido el fideicomiso de garantía durante los últimos años, así como la utilización de títulos valores como colaterales. 

El problema que han enfrentado muchos emprendedores bajo la situación descrita con anterioridad, es que muchas veces no cuentan con bienes suficientes o idóneos para ser dados en garantía. Por ello, la presente ley pretende ampliar el menú de bienes y derechos que pueden ser dados en garantía (inventario, activos circulantes, cuentas por cobrar, cosechas, derechos futuros, etc). Además, la ley permite un procedimiento de ejecución extrajudicial de las garantías, lo cual se espera que permita reducir los costos en que incurren los acreedores para la recuperación de sus créditos, costos que evidentemente entre más altos sean, más perjudican al sistema de préstamo como un todo.

Sin duda alguna, parece que la ley contiene una visión que en mucho puede venir a ayudar a solventar las problemáticas que aquí se exponen, pero  tendremos que esperar a ver como se termina aplicando la misma para poder juzgar el verdadero impacto que tenga.

miércoles, 21 de mayo de 2014

Desde la tribuna: garantías o repartidera de lo ajeno

El Estado de Derecho o República es la forma de Estado contemporánea.  Se caracteriza sobre las anteriores por la prelación o preeminencia del elemento Pueblo o Nación en relación con los demás elementos del Estado (Gobierno, Territorio y elemento teleológico o Fin).

Algunos han empezado a agregar calificativos o adjetivos al Estado de Derecho hasta convertirlo en algo ajeno a su esencia o concepción fundamental. El tema es que admite calificaciones, acentos o especialidades en tanto no signifiquen una negación de su fundamento, pues dejaría de ser Estado de Derecho.

Porque es cuestión elemental que se maneje jurídicamente, que haya un sistema democrático y republicano de emisión del Derecho, que haya un tipo de Constitución Política y un sistema jurídica devenido en función de la importancia y concepto de Constitución. La Declaración de Derechos de la Constitución, por ejemplo, no admite toda clase de derechos sino los fundamentales y basados en un poder de autodeterminación (libertad).  Sería absurdo convertir en libertades públicas derechos más bien programáticos o que signifiquen un despojo ajeno.

Asimismo, el modo de emisión y contenidos de la ley como instrumento jurídico han de estar bien definidos. La democracia no puede pasar por encima de la Constitución y sus derechos básicos, pues entonces se convertiría en un Estado sin instancias, sin reglas básicas y en el que simplemente la mayoría lo puede todo. Se supone que tal ha de ser parte de la función de un tribunal constitucional.  

Sin embargo, la elección de magistrados de la Sala ha de tener en cuenta todo ello, pues de no ser así se puede caer en el reino de lo absurdo. La Sala ha sido dadivosa y generosa con lo ajeno. Por ejemplo repartiendo prestaciones (servicios) de la CCSS, estrictamente en sistema hospitalario. El sistema hospitalario fue concebido para asegurados, pero la Sala ha extendido los beneficios, imponiendo solidaridad más allá de las finanzas de la institución.   El resultado es que muchas veces el asegurado sufre un evidente menoscabo de su situación, en ventaja de otros necesitados.  

Es el mismo caso de las filas de la CCSS.  La Sala ha sido generosa y arbitraria pasando a los primeros lugares a quienes reciben citas demasiado espaciadas en el tiempo. Pero el hecho real es que tales resoluciones de la Sala constituyen una abierta violación de los derechos de quienes hacían fila desde antes.
Hace poco la Sala ha establecido que el Instituto de Aguas (AyA o ICAA) debe dotar a determinadas poblaciones indígenas de agua potable, aunque no tengan cómo pagar.  ¡Qué fácil y qué bonito! ¿De dónde saldrán los pagos?  Pues de los demás, de los que sí pagan.  Entonces la tarifa de agua se convierte en un impuesto (de los muchos que ya trae, en cuenta el de bomberos e hidrantes, aunque no se cumpla bien en su ejecución) de repartidera.  Muy meritorio, pero poco preciso en cuestión de derechos constitucionales. 

Algunos menesterosos se organizan y hacen “Asadas”, asociaciones para proveer a los acueductos rurales.  Sacrifican su tiempo y comodidad para proveerse de agua potable.  Algunos logran insertarse en el sistema de AyA y ahí van lidiando con requisitos y necesidades.  Pero ahora la Sala inventa un nuevo derecho a cargo de … ¡sólo Dios sabe quien!

Muy parecido al cuento de que el ICE era muy generoso porque llevaba la electricidad y el teléfono a los grupos que no podían pagar los costos. Solo que nunca lo hizo gratis, porque cobraba la factura a los demás, a su gusto y antojo  (por eso es que el rebalanceo de tarifas le ha costado sangre).  

En estos casos, los operadores estatales (Sala e Ice) inventan derechos más allá del texto de la Constitución y varían algunas concepciones.  Por ejemplo, el inciso 13 del artículo 121 de la Constitución preceptúa cuál es la vía inequívoca para los impuestos.  Los artículos 50 y siguientes establecen el íter y proporción de las Garantías Sociales, en cuenta los seguros sociales, pero ellos los proponen y disponen en otras vías “creativas”, repartiendo alegremente lo ajeno, siendo generosos y dadivosos con los bienes y derechos ajenos y quedando bien.

Entonces los derechos fundamentales se desvalorizan, se ven regateados por las mismas autoridades que juraron cumplirlos y respetarlos y, además, convertimos la gestión y elección pública en una repartidera, un negocio de arrebatar a los demás y una descarada lucha por ofrecer más de lo ajeno e inventar vías y mecanismos para hacerlo.

La lucha electoral se convierte en otra cosa, la gestión pública también y las decisiones políticas por la misma vía.  No es de extrañar que la inversión se espante, que el talento humano se vaya a mejores ambientes y que hasta Intel se marche del país.  

¿Y las Garantías Constitucionales? ¡Hace rato que pesan más las inexistentes demandas demagógicas que las preexistentes libertades públicas!  Es más fácil, taquillero y de moda repartir lo ajeno que seguir al precepto de Justiniano de “dar a cada uno lo suyo”!

Las señales sociales resultan complicadas y ambiguas, la seguridad jurídica se erosiona y la demagogia encuentra caldo de cultivo.  Asimismo, se evade el manejo técnico y apropiado de las instituciones gubernamentales y políticas. Recordemos que de buenas intenciones...

Federico Malavassi Calvo

lunes, 19 de mayo de 2014

Tema Polémico: Política de Comercio Exterior, herramienta desaprovechada

Se terminó el gobierno de doña Laura y en ASOJOD nos sumamos a los millones de costarricenses que nos quedamos muy decepcionados con su labor. Hay mucho que criticar de este gobierno saliente pero el día de hoy queremos analizar la labor en política de comercio exterior.

Durante el gobierno de doña Laura se terminaron de concretar varios tratados de libre comercio con países y zonas relevantes para nuestro intercambio internacional. Se implementaron tratados con la Unión Europea, con China y se finalizaron negociaciones bilaterales con países miembros de la Alianza del Pacífico con el objetivo clarísimo de formar parte en un futuro cercano de ese grupo, objetivo que nos parece bastante bueno. Irónicamente, las acciones específicas en negociaciones de tratados comerciales de este pasado gobierno nos parecieron bastante acertadas. Claramente se dieron pasos muy importantes en apertura comercial y eso siempre lo hemos apoyado pues comprendemos los grandes beneficios del comercio internacional sin amarras para bajar precios, generar empleos, fomentar la competencia, etc; especialmente para una economía tan pequeña como la nuestra. Lastimosamente eso es lo único que hizo bien esa administración en este aspecto.

Que pena que doña Laura y su equipo nunca comprendieron que los tratados de libre comercio son únicamente una herramienta y el éxito del comercio internacional en un país depende de muchas otras cosas más. Este país se abrió al comercio internacional pero hizo muy poco para incrementar la competitividad y poder aprovechar al máximo esas herramientas. Doña Laura nos deja un país con altos costos de energía, infraestructura decadente, altos niveles de tramitología, condiciones laborales muy rígidas, educación desmejorada y altas tasas de interés resultado de un elevadísimo déficit fiscal. Nos parece muy bien que doña Laura se haya abierto más al comercio exterior pero parece que nunca comprendió que las personas que invierten en el país se fijan en muchas cosas más.

Ojalá que don Luis Guillermo Solis y su gente pueda comprender esto y tome las medidas necesarias para mejorar los niveles de competitividad y hacer negocios del país. Esperamos que no se le olvide que el Gobierno no genera riqueza. Este señor habla mucho de repartir la riqueza (tema que podría ser debate para otro día) pero no se pude repartir algo que no se genera y es el sector privado el que genera la riqueza por lo que es conveniente que en el país se fomenten las condiciones para que cada día se pueda generar más riqueza.

viernes, 16 de mayo de 2014

Viernes de Recomendación

El día de hoy les presentamos la siguiente charla de Friedrich A. Hayek impartida en 1977 sobre la Economía de Mercado


miércoles, 14 de mayo de 2014

Desde la tribuna: brecha educacional




Es cierto que a una parte de los maestros no ha llegado completo su salario quincenal.  También es cierto que algunos no han recibido el pago.  Pero también es cierto que el software nuevo del MEP es una mejor herramienta para los trabajos correspondientes y que la nueva Administración (a partir del 8 de mayo) no tiene culpa ni responsabilidad en lo que pasa.

Es irracional exigir solución inmediata a una Ministra que apenas llega a tomar posesión de su cargo.  Es inaceptable que la supuesta negociación no de un margen de tiempo para que la nueva Administración tome medidas o averigüe cómo arreglar los problemas, en su verdadera dimensión.

Pero todavía es peor que las víctimas sean los estudiantes.  ¿Acaso no contribuirá la huelga a aumentar la brecha entre la educación pública y la privada?

También es malo hacer una manifestación en la calle entre el Hospital San Juan de Dios y el MEP (Edificio Rofas).  Ello victimiza a mucha gente más:  pacientes del hospital, usuarios de diversos servicios y una presión laboral impropia sobre los programadores del MEP, que deben estar al borde del infarto y la presión.

Todo ello sin hablar del caos en las calles josefinas, que acarrea pérdidas, gasto inútil de derivados de petróleo, afectación del tiempo ajeno y la ruina de muchos trabajadores.  Al final los educadores afectados recibirán hasta el último cinco, pero sus víctimas no serán resarcidas.  Así ha funcionado siempre.

Como si no fuera suficiente diseñar programas públicos criticables y cuestionables, por razón de que en la escuela pública ahora se tardará más en aprender a leer y escribir y, ello más otras cuestiones del sistema, podría hacer que el atraso sea mayor y determinante;  ahora queda claro que los estudiantes son el instrumento de negociación y su necesidad es como un secuestro.  

Tengo claro que en la escuela privada avanzan, quizás con menos pago de recargos, quizás con menos inclusiones en sus salarios, quizás con muchos menos ventajas laborales, quizás sin el pago de incentivos por servicios que no se prestan (200 días efectivos, materiales de clase incluidos en el salario) pero con esa porfiada manera en que el sector privado avanza y trabaja, compite y produce, sirve y se afana, a pesar de que desde la acera de enfrente le acusan de poco solidario y centrado en el lucro.  ¡Ay paradojas de la vida!  

Con ello, el sector privado evidencia su respeto por el educando y su eficacia indiscutible.  En cambio, en la acera de enfrente …

Federico Malavassi Calvo 

martes, 13 de mayo de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: el futuro de RACSA

En un reciente telenoticiero escuché con sumo interés la información acerca de la mala situación financiera de RACSA. De hecho, la empresa ha perdido tanto dinero en los últimos años, que lo que se discute, al menos en la Asamblea Legislativa, es acerca de su supervivencia institucional.
 
La historia televisada requirió varios días y, entre otras cosas, parte de lo que me llamó la atención fue la posición del periodista encargado de la investigación, quien, en cierto momento, recalcó los elevados salarios de los altos funcionarios de RACSA, dando a entender que eran causa -al menos en algún grado- del precario estado de esa empresa, posición en la cual fue secundado por algunos representantes sindicales, también entrevistados. Así, por ejemplo, en la información se destacó que el director ejecutivo de RACSA gana unos ₡9.2 millones al mes (redondeo las cifras), en tanto que el auditor interno unos ₡6.8 millones, el asistente jurídico ₡4.6 millones y, entre otros, que los directores de la empresa perciben unos ₡4.5 millones. Y así ad nauseam.

Consultado acerca de esos salarios, el director ejecutivo de RACSA explicó que, en algunos casos, como, por ejemplo, el propio, más bien eran inferiores a los equivalentes en el mercado para cargos similares, en tanto que, en otros, el origen de los montos se debían a la enorme cantidad de años que esos funcionarios habían trabajado en la empresa, dando lugar a una fuerte acumulación de derechos laborales, que se reflejaban en los salarios de la actualidad. Asumamos que todo eso es cierto y que las explicaciones son las adecuadas. No me voy a meter en asuntos de remuneraciones laborales. Pero sí deseo hacer algunos comentarios, que espero permitan entender cómo es que, en este tipo de circunstancias, opera una empresa privada y cómo, en comparación, lo hace una empresa estatal y las conclusiones que derivo de aquéllas, para brindar mi opinión acerca de lo que debe hacerse con RACSA.

La crisis reciente de la economía estadounidense, iniciada a finales del 2008, tal vez nos brinda una buena oportunidad para que podamos entender cómo es, en lo básico, que actúan, en el campo laboral de los ejecutivos claves, aquellas empresas que entran en graves dificultades financieras. Lo primero que se observa es que se llama a cuentas a los ejecutivos de las firmas que entran en problemas, a fin de entender qué es lo que puede haber sucedido y, a partir de ello, ver cuáles son las posibilidades de recuperación de la firma, si continúan en los cargos altos los actuales ejecutivos. Si los directivos (dueños o representantes de los dueños de la empresa) consideran que no son capaces de volver a levantar la firma o que su permanencia no genera confianza, proceden simplemente a destituirlos, efectuando los pagos correspondientes según sean los contratos.

La firma, en estas circunstancias, lleva o ya ha iniciado un proceso para buscar sustitutos y un hecho importante es que, como una posibilidad, no preocupa tanto, aunque no deja de ser importante, cuánto es lo que el nuevo ejecutivo le cuesta a la empresa, en tanto que los resultados que se espera genere la labor del ejecutivo contratado, más que compensen lo que se le paga; es decir, que la firma vuelva a tener ganancias netas aceptables después de cierto tiempo. Para los dueños de la compañía la decisión fue acertada en tanto que los resultados financieros muestren la recuperación que esperaban, aunque la contratación del nuevo ejecutivo les haya costado lo que fuera. Uno a veces no entiende cómo es que las empresas en crisis están dispuestas a pagar jugosas remuneraciones a los ejecutivos que contratan para salir de aquélla. La razón es porque esperan que esa contratación resulte un buen negocio para la firma y ello sólo lo comprobarán los resultados y no alguna otra cosa. Por supuesto que, si el nuevo ejecutivo no produce lo que se espera y a lo que se comprometió, su salida de la empresa será algo casi seguro. 

Aquí es donde entra RACSA. Ésta es una dependencia estatal, bajo el manto de ser una empresa pública. Los incentivos para contratar sus ejecutivos son muy distintos a los que existen en una empresa privada en regímenes de competencia. La primera característica de la empresa pública es que no se liga el salario del ejecutivo a los posibles resultados que logre y, por lo general, la crítica que hace el público no se dirige a si ese empleado logra buenos o malos resultados, sino acerca de lo “mucho” que se le paga, tal como ahora se hace en el programa de televisión arriba mencionado. Una segunda característica de este tipo de empresas es que la permanencia del ejecutivo muy pocas veces depende de los resultados, sino de su cercanía política con algún grupo político específico o, tal vez, hasta algo personal, como amistad o familiaridad con algún político importante. Como no hay una rendición de cuentas; en concreto, de pérdidas o ganancias a causa de su dirección, que de presentarse las primeras obligue a la quiebra eventual de la empresa, no hay incentivos de parte de los directores (juntas directivas se le suele llamar aquí) para escoger al que mejores resultados genera. ¿Acaso han visto ustedes en tiempos recientes que en Costa Rica se cierre alguna empresa estatal porque genera pérdidas, no ocasionalmente, sino casi continuadamente?

Aquí es donde aparece la diferencia crucial entre una empresa estatal, como por ejemplo RACSA, y una empresa privada sujeta a la competencia. Si esta última no tiene ganancias, la empresa termina por quebrar o siendo adquirida por otro operador en el mercado. No puede perder continuamente, porque se acaba, desaparece. En contrario, la primera lo único que debe hacer es asegurarse recursos de parte del estado (esto es, de todos nosotros), de forma tal que le permitan vivir eternamente, a pesar de sus pérdidas. Para sus ejecutivos, a fin de conservar su trabajo, la influencia política de que dispongan es más importante que la generación de utilidades para los accionistas (en este caso, todos nosotros).

Por ello, creo que se le haría un gran bien al país si se procediera a la terminación de RACSA, en especial cuando ya lleva tantos años de operar sin generar ganancias y cuando, en la actualidad, no parece que cuenta con una plantilla de ejecutivos que vayan a ser despedidos si no logran los resultados para los cuales se les contrató. De hecho, algunos ya llevan bastante tiempo experimentando para ver si salen del hoyo económico, pero no han podido lograrlo. 

La venta de RACSA no significa que se la regale o algo así por el estilo. Posee valiosos activos, principalmente derechos de frecuencias, que tienen un alto valor. Estos últimos activos de nada nos sirven a los consumidores, como lo podemos ver por las pérdidas que desde hace bastante tiempo ha tenido la firma. Si se vendieran esos activos a otras empresas privadas, estoy seguro de que los pondrían a producir eficaz y eficientemente, porque, de no hacerlo quienes los adquirieron, perderían el monto de su inversión. Por su parte, nosotros, los consumidores, nos favoreceríamos, porque habría una mayor y mejor competencia que en la actualidad, en donde el mercado se caracteriza por tener relativamente pocos oferentes y, derivado de ello, ahora no nos brindan las mejores condiciones y precios por esos servicios, como sucedería si tuvieran que competir con otras firmas por nuestro gasto.

Si la situación de pérdidas de RACSA sigue como ahora, de una u otra forma seremos todos los ciudadanos quienes tendremos que apechugar con el desperdicio de recursos a que da lugar. Ese es un serio problema, más en momentos en que debemos de tratar de bajar un excesivo gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 12 de mayo de 2014

Tema polémico: un primer paso hacia el parlamentarismo

El pasado 1° de mayo, Laura Chinchilla rindió su último Informe ante la Asamblea Legislativa, para dar cuenta de sus acciones, logros y carencias -aunque prácticamente omitió esta parte-. Sin embargo, una vez finalizado, se fue a su casa y no sabemos si, posteriormente, puso atención al ejercicio de control político que realizan los Diputados en cumplimiento del artículo 193 del Reglaemento Legislativo, al analizar dicho informe y exponer sus argumentos, como crítica o como apoyo a las palabras de quien encabeza el Ejecutivo. 

Sin duda, el hecho de que, como lo señala el supracitado artículo, el análisis del Mensaje Presidencial se realice en los dos días hábiles siguientes al 1° de mayo sin la presencia del mandatario (a) se presta para pensar que, efectivamente, este hace caso omiso a los cuestionamientos, observaciones y reflexiones que hacen los miembros del Congreso.

Lo anterior es muy lamentable porque no se le permite al ciudadano -a través de sus representantes políticos e incluso directamente a través de redes sociales y radio o televisión- participar en un debate serio, responsable y agudo, donde el Presidente de la República no solo mencione sus logros y aciertos, sino que deba dar cuenta de las deficiencias, de los incumplimientos, de las limitaciones de su gestión, como ocurre en los sistemas parlamentarios, especialmente de Europa. Allí, quienes hemos tenido la oportunidad de observarlos por televisión -y algunos hasta presencialmente- es posible observar acaloradas discusiones, cifras que sustentan las posiciones, argumentos sólidos a favor o en contra que, incuestionablemente, enriquecen el criterio político tanto de los participantes como del público en general. En fin, una discusión de nivel que favorece a todos los actores políticos.

En Costa Rica, no obstante, ese mandato constitucional del Informe Presidencial se toma a la ligera, como un simple requisito que cumple el Presidente un 1° de mayo, en el que se dedica a hacer una campaña publicitaria en la que resalta lo que le conviene y omite lo que le compromete y, posteriormente, los legisladores deben hacer reflexiones hacia la pared, sin que aquel los escuche, los refute, les explique sus razones o reconozca sus fallos. ¿Cómo corregir entonces lo que se hace mal si los responsables ni siquiera desean escuchar los cuestionamientos? Quizá ese solipsismo del Ejecutivo es, en buena parte, la razón por que las cosas en este país no cambian.

Tanto se ha negado la sociedad costarricense al debate, a la discusión, a la dialéctica, que ha olvidado su importancia. Se le considera pérdida de tiempo sin entender que ese "toma y daca" político permite comprender los alcances y limitaciones de las políticas públicas, las falencias institucionales, las restricciones normativas, el acierto o desacierto analítico y de gestión de los actores políticos, señala los puntos que hay que corregir, cultiva la necesaria rendición de cuentas, alimenta la cultura de asumir responsabilidades ante los fallos y se erige como un ejercicio cívico que le permite a los costarricenses tener más claridad de lo que se ha hecho con su dinero. 

Reformar este artículo del Reglamento Legislativo debe ser prioridad en la nueva Asamblea Legislativa. Es un primer paso hacia el parlamentarismo, un primer paso para emular esa rica cultura del debate y rendición de cuentas que tanta falta nos hace aquí para aceptar que tenemos problemas y hay que corregir el curso.  

Esperamos que el PAC, que históricamente se ha abanderado con la transparencia, tenga la misma actitud ahora que es Ejecutivo. Deseamos que la primer orden emitida por el Presidente Luis Guillermo Solís de cortar los árboles que tapaban la vista hacia Casa Presidencial como un mensaje de que no existirán obstáculos que impidan a los costarricenses ver qué se hace allí, sea un simbolismo que represente una actitud comprometida para derribar ese espeso bosque que hoy no permite que la ciudadanía acceda al balance real de las acciones.  Es su oportunidad histórica para ser diferentes de aquellos a quienes relevaron.

viernes, 9 de mayo de 2014

Viernes de Recomendación

Como muchos de nuestros lectores ya sabrán. la semana pasada murió uno de los economistas más influyentes del Siglo XX: Gary Becker. Por ello el día de hoy queríamos compartirles esta entrevista.


miércoles, 7 de mayo de 2014

Desde la tribuna: a propósito de la toma de posesión

Mañana 8 de mayo inician las labores de un nuevo Poder Ejecutivo.  La gente gusta de expresar que se trata de un nuevo gobierno.  Tal expresión es errada y, si se quiere, inconstitucional.  El gobierno se ejerce, además del Pueblo, por tres Poderes distintos e independientes.  El Ejecutivo es solo uno de ellos y no el primero.

Entra el nuevo Ejecutivo con una gran cantidad de expectativas y con la promesa de que abaratará la electricidad y pondrá al día el pago de los educadores.

Algunos, en broma y ante la solidaridad del Presidente entrante con los huelguistas, han dicho que cómo tomará el Poder si está en huelga.

Lo cierto es que debería ser hora de pensar en cosas distintas.  No es correcto, ni eficiente, ni racional seguir con un Ministerio de Educación centralista y faraónico que ante cualquier yerro hace infelices a tantos y tantos.

Dentro del esquema iceísta y proestatista del PAC, pasará mucho tiempo para que entiendan que la concentración en manos del Estado es parte de los males y no es la vía de la solución para llegar a tener energía abundante, barata, oportuna y limpia.

¿Bajar los impuestos al búnker?  No será significativo en el rebajo de la tarifa eléctrica ni es una solución sostenible, además del huequillo que hará en las maltratadas finanzas públicas.

Mucha concentración en manos de un vicepresidente, ministro de hacienda y coordinador del sector económico.  Sobre todo si se atiende a la gestión en gobiernos pasados, que no fue exitosa.  Peor aún si se recuerda que considera como el mayor problema fiscal el tema de la evasión tributaria.  Será como poner a un avestruz de vigía.  

No obstante, la arriesgada gestión del PUSC, que aporta algunos jerarcas y que le salvó el primero de mayo al PAC, podría entenderse como una decisión de responsabilidad.  Metafóricamente, algo así como ponerle una rueda derecha al carro del PAC, que solo andaba con una rueda izquierda (la del FA). 

Federico Malavassi Calvo

martes, 6 de mayo de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: camino a la dependencia

En una reunión celebrada hace pocos días, el representante de los 18 diputados electos por el partido Liberación Nacional, don Juan Luis Jiménez Succar, le solicitó al presidente electo, don Luis Guillermo Solís, que impulsara el proyecto que aquel partido propuso en la reciente campaña electoral. La propuesta, sonoramente denominada “Costa Rica Solidaria”, considerado por el candidato de entonces, Johnny Araya, como su “proyecto estrella” para eliminar la pobreza extrema, pretende que se le otorgue a cada miembro de las familias que está en tal situación, la suma de ₡20.000 al mes, con el cual podría pagar las tres comidas diarias.

En aquel momento se indicó que el costo estimado del programa ascendería a, aproximadamente, unos $325 millones durante el período 2014-2017 y los recursos provendrían de Asignaciones Familiares y del IMAS, ambas instituciones establecidas desde mucho años atrás con el fin, explícito o supuesto, de eliminar la pobreza extrema en el país.

Prudentemente -lo cual cuál me agrado mucho pues es una buena muestra de inteligencia y habilidad política- el presidente electo respondió que lo estudiaría “con detenimiento”, lo cual es una respuesta responsable ante una propuesta que, por una parte, no parece tener sentido, en tanto que, por la otra, más bien podría llevar a que aumente más el gasto gubernamental y, sobre todo, que muy posiblemente no resuelve el problema de la pobreza extrema y que más bien la podría aumentar.

He señalado, como primer punto para objetar el proyecto del partido Liberación Nacional, que no parecía tener mucho sentido, específicamente porque los recursos que se han dicho serían necesarios durante los primeros cuatro años de operación, ascenderían a $325 millones, serían tomados de recursos hoy existentes tanto en Asignaciones Familiares como en el IMAS. Asignaciones Familiares fue una entidad creada para brindar ayuda a las familias de menores ingresos. Tristemente sufrió un mal manejo financiero en un pasado muy lejano para los perpetradores, pero relativamente reciente para ciudadanos indignados con el abuso, y que nunca fue debidamente responsabilizado. Lo lamentable es que, con el paso del tiempo, se ha demostrado su fracaso en cumplir con dicha función, como para que ahora se considere necesaria la existencia de un programa nuevo (Costa Rica Solidaria) para lograr ese mismo objetivo.

Algo similar es lo que sucede con el empleo de recursos de que hoy dispone el IMAS, para que sean usados en financiar al nuevo proyecto “social” propuesto por Liberación Nacional,  y que ahora quiere que el nuevo gobierno lo impulse. Debe recordarse que el IMAS fue creado a principios de la década de los setentas por el ex presidente José Figueres Ferrer, con el fin exclusivo de extirpar, en un lapso de cuatro años de gobierno, la miseria extrema en el país. Más o menos ocho años después, en la administración Carazo, al IMAS se le otorgó vida eterna (legalmente hablando) pues en ese tiempo no se había podido eliminar la miseria extrema en el país. 

Ahora se pretende crear una nueva institución gubernamental para que venga a hacer lo que esas otras dos instituciones (el IMAS y Asignaciones Familiares) no pudieron lograr; eso sí, se toman los fondos de esos dos entes. O sea, se trata de crear una nueva entidad, a partir de dos cascarones, los cuales ni siquiera son extinguidos y sus funciones concentradas en un nuevo ente. Por ello, no creo que la idea tenga mucho sentido, pues ya se tiene una larga experiencia de fracasos en el logro de su fin esencial, cual fue terminar con la pobreza extrema en el país, mediante la acción gubernamental.

Eso me conduce a mi segunda objeción a la idea propuesta por el partido Liberación Nacional al nuevo gobierno de don Luis Guillermo Solís. Esta es que “más bien podría llevar a que aumente más el gasto gubernamental”. Es casi de sentido común y sobre todo de experiencia práctica, que, al crearse una nueva entidad dedicada a eliminar la miseria extrema, al tiempo que no se eliminan las dos entidades previamente existentes para lograr ese objetivo, se termine por usar más recursos que los empleados en la actualidad. A los gastos de los dos entes viejos, hay que agregar los gastos para mantener al nuevo. El efecto neto es que se gastaría, hipotéticamente, la misma cantidad que antes ($325 millones en cuatro años), pero los gastos estatales aumentarían por el financiamiento de la nueva burocracia encargada de la administración de la lucha contra la pobreza extrema. Así, quedarían disponibles menos recursos reales para ser gastados por el estado costarricense, tanto en sus proyectos como particularmente para la eliminación de la pobreza. 

El argumento final –y de más peso, creo yo- es que el nuevo proyecto no va a reducir la pobreza extrema y posiblemente más bien la aumente. La razón de ello tiene que ver con la naturaleza de los incentivos. Se supone que el proyecto daría dinero en efectivo (₡20.000 mensuales) para cubrir las tres comidas diarias de cada persona que esté dentro de los considerados como de pobreza extrema en Costa Rica (aproximadamente unas 350.000 personas). El incentivo no es para estimular que las personas se alejen de ese grupo de pobreza extrema, pues si dejan de ser parte de él, perderían el subsidio. Por otra parte, la propuesta hace que quienes apenas estén por encima de la pobreza extrema, reciban el subsidio tan sólo si disminuye en algo su ingreso (o riqueza) o bien si lo oculta para aparentar que está dentro del primer grupo. En resumen, los incentivos del proyecto están dados para que las personas se queden dentro del grupo beneficiado por el programa o bien para que a dicho grupo se incorporen nuevas personas que anteriormente estaban por encima de los ingresos que los calificaban de pobreza extrema. No hay un incentivo para que la persona, una vez que recibe el subsidio, lo deje si no es que tiene la oportunidad de ganar más que el monto que se le da por su condición.

También hay otro incentivo de ese proyecto que se debe tomar en cuenta. A los extranjeros se les hará aún mucho más atractivo venirse a vivir a Costa Rica, pues aumentan sus posibilidades de obtener un ingreso mayor en el país, comparado con aquél de donde vienen. Además de que, si bien esos ₡20.000 parecen ser de poca monta, eso se viene a agregar a la posibilidad de tener en Costa Rica educación y salud gratuitas, además de poder obtener lotes en donde construir o fondos para adquirir o construir una vivienda, además de tener acceso a otros programas de ayuda actualmente existentes en FODESAF o en el IMAS. En síntesis, aumentan las posibilidades de que el migrante pueda obtener un ingreso garantizado.  Eso es lo que hacen los incentivos, cuando estos son errados para resolver un problema, como es este caso de la pobreza extrema en el país.

El proyecto de mayor viabilidad para resolver la pobreza extrema radica en lograr el mayor crecimiento posible de nuestra producción, en especial porque la falta de empleo en nuestro país está altamente ligada con la pobreza extrema en los hogares. Asimismo, el de brindar la posibilidad de que los ciudadanos tengan la oportunidad para educarse y gozar de una buena salud que les permita laborar (y estudiar). De aquí que, en mi opinión, hace bien don Luis Guillermo de decir diplomáticamente que estudiará la propuesta poco eficiente que le ha hecho el partido Liberación Nacional, para contribuir a resolver la pobreza extrema del país. Es importante destacar que esa proposición de la entrante fracción legislativa liberacionista constituye un sinsentido, que más bien estimulará un gasto gubernamental mayor y, sobretodo, que no contribuye a resolver competentemente el lamentable problema de la pobreza extrema en nuestro país. Lo único que asegurará es que esos ciudadanos, además de sufrir esa miseria intensa, se conviertan en dependientes del estado; unos modernos siervos que deberán someterse a la todopoderosa y bienhechora voluntad de políticos incrustados en el gobierno; es un camino que lleva a la sumisión de hombres libres, quienes sólo aspiran a dejar de ser sumamente pobres.

Jorge Corrales Quesada