A propósito de la crisis financiera y del resurgimiento de las ideas keynesianas como propuestas para "solucionarla", en ASOJOD queremos ofrecer en este Tema Polémico unas ideas respecto al papel del Estado en situaciones como esta.
En repetidas ocasiones, hemos expresado que, a nuestro parecer, el Estado debería limitarse a la seguridad y a la construcción de cierta infraestructura vial. No obstante, somos concientes de que es sumamente difícil que, de la noche a la mañana, se de el cambio de paradigma y se eliminen todas las intervenciones ilegítimas del Leviatán. Sin embargo, situaciones como esta crisis, producida por el mal accionar del Estado, abren oportunidades para hacer el cambio gradual hacia un orden político de una sociedad libre.
Mientras que en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo la crisis pretende enfrentarse con más intervención estatal y expansión del gasto público, en ASOJOD queremos proponer una respuesta que implique menos despilfarro de dinero público y, a la vez, tienda a ese cambio gradual del que venimos hablando. Se trata de que el Estado funcione como una especie de transmisor de información, sin necesidad de interferir en el funcionamiento del mercado.
El sistema de Banca de Desarrollo, propuesto a la Asamblea Legislativa en el 2007 y aprobado un año después contiene dos elementos como ejes centrales: un componente financiero y uno no financiero. En cuanto al primero, en ASOJOD tenemos serias reservas: el ejemplo de los bancos estadounidenses financiando a personas que no son sujeto de crédito derivó en una de las mayores crisis en este ramo, y no queremos que, por impulsar algunas propuestas productivas, en Costa Rica se cometa el mismo error, máxime cuando no es posible determinar a priori cuál será el porcentaje de éxito de cada y en cuánto tiempo se reintegrará el crédito.
Sin embargo, el componente no financiero tiene algo que nos llama la atención. Se trata de una serie de profesionales estatales (que de por sí ya están ahí pero que no tienen funciones) a disposición de los grupos de productores para que los capacite y asesore en cuanto a sus actividades, fundamentalmente en el encadenamiento productivo. De ahí que en ASOJOD consideremos que esta podría ser una buena manera en que el Estado ayude a los individuos, pues les brinda información que ellos quizá no podrían obtener o tardarían mucho tiempo en hacerlo.
El proyecto PROMES que desarrolla la AECID en conjunto con la EARTH es un buen ejemplo: se trata de la conjunción de esfuerzos públicos y privados, de forma tal que la organización ofrece capacitación, orientación, asesoría y acompañamiento técnico para los productores de las regiones Huetar-Norte y Huetar-Atlántica. Así, le ayuda a los productores a conocer mejor los aspectos geomorfolóficos de sus áreas de producción, les brinda información para acceder a mercados, tanto a nivel local como nacional, los conecta con redes de inversionistas y compradores y colabora en la conformación de cadenas productivas, especialmente aquellas que implican una reconversión en los métodos.
Como se puede observar, se trata de la máxima de enseñar a pescar en lugar de regalar pescados, pues la idea es que sean los propios individuos quienes desarrollen el trabajo, sólo que orientados por personas que pueden acceder a mayor y mejor información. Precisamente, eso nos lleva a la idea central de este Tema Polémico: el Estado puede funcionar como un centro de comunicación, de forma tal que reciba información de parte de los demandantes y se la traslade a los oferentes y viceversa, sea esto en el área comercial, industrial, agrícola, turística o demás servicios.
Por ejemplo, instituciones como el INEC o proyectos como el Estado de la Nación poseen información sociodemográfica y económica muy importante para el desarrollo de investigaciones científicas. Otras como el MEIC mantienen programas de seguimiento y comparación de precios que permiten, tanto a los académicos como a los productores, tener un insumo para formular nuevas estrategias. En el tema financiero, perfectamente, el Estado podría servir como un puente, un canal de comunicación entre inversores y productores, de forma tal que los contacte y los segundos puedan acceder al crédito privado. En cuanto a acceso de mercados, COMEX y PROCOMER pueden fortalecer su trabajo en cuanto a identificar potenciales clientes y desarrollar manuales de procedimientos para facilitar la exportación de bienes y servicios. El Poder Ejecutivo puede ayudar a las personas eliminando unilateralmente los aranceles y negociando más Tratados de Libre Comercio, todos cuanto sea posible. En síntesis, la idea no es crear más puestos de trabajo en el sector público, sino simplemente utilizar los que ya existen pero que están en las oficinas sin ejecutar funciones claras.
Si bien es cierto que estos programas, al igual que los vouchers escolares, implican la intervención del Estado, no queremos que se preste a confusión respecto a nuestra posición filosófica y axiológica. No patrocinamos ni defendemos que el Estado redistribuya los ingresos de unos para pagar las oportunidades de otros, pero somos concientes que la larga tradición de estatismo, redistribucionismo y colectivismo de América Latina (y buena parte del mundo) no es algo que se pueda destruir con la celeridad que nosotros deseáramos. Hay limitaciones jurídicas (Ley General de Administración Pública) y políticas (costos políticos y electorales de recortar el personal público), por lo que es necesario hacer las cosas poco a poco. Por ello, estos esquemas de política pública al menos reducen considerable y gradualmente esa intervención, dando mayores espacios de autonomía, decisión y empoderamiento a los individuos para asumir el curso de sus vidas.
En repetidas ocasiones, hemos expresado que, a nuestro parecer, el Estado debería limitarse a la seguridad y a la construcción de cierta infraestructura vial. No obstante, somos concientes de que es sumamente difícil que, de la noche a la mañana, se de el cambio de paradigma y se eliminen todas las intervenciones ilegítimas del Leviatán. Sin embargo, situaciones como esta crisis, producida por el mal accionar del Estado, abren oportunidades para hacer el cambio gradual hacia un orden político de una sociedad libre.
Mientras que en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo la crisis pretende enfrentarse con más intervención estatal y expansión del gasto público, en ASOJOD queremos proponer una respuesta que implique menos despilfarro de dinero público y, a la vez, tienda a ese cambio gradual del que venimos hablando. Se trata de que el Estado funcione como una especie de transmisor de información, sin necesidad de interferir en el funcionamiento del mercado.
El sistema de Banca de Desarrollo, propuesto a la Asamblea Legislativa en el 2007 y aprobado un año después contiene dos elementos como ejes centrales: un componente financiero y uno no financiero. En cuanto al primero, en ASOJOD tenemos serias reservas: el ejemplo de los bancos estadounidenses financiando a personas que no son sujeto de crédito derivó en una de las mayores crisis en este ramo, y no queremos que, por impulsar algunas propuestas productivas, en Costa Rica se cometa el mismo error, máxime cuando no es posible determinar a priori cuál será el porcentaje de éxito de cada y en cuánto tiempo se reintegrará el crédito.
Sin embargo, el componente no financiero tiene algo que nos llama la atención. Se trata de una serie de profesionales estatales (que de por sí ya están ahí pero que no tienen funciones) a disposición de los grupos de productores para que los capacite y asesore en cuanto a sus actividades, fundamentalmente en el encadenamiento productivo. De ahí que en ASOJOD consideremos que esta podría ser una buena manera en que el Estado ayude a los individuos, pues les brinda información que ellos quizá no podrían obtener o tardarían mucho tiempo en hacerlo.
El proyecto PROMES que desarrolla la AECID en conjunto con la EARTH es un buen ejemplo: se trata de la conjunción de esfuerzos públicos y privados, de forma tal que la organización ofrece capacitación, orientación, asesoría y acompañamiento técnico para los productores de las regiones Huetar-Norte y Huetar-Atlántica. Así, le ayuda a los productores a conocer mejor los aspectos geomorfolóficos de sus áreas de producción, les brinda información para acceder a mercados, tanto a nivel local como nacional, los conecta con redes de inversionistas y compradores y colabora en la conformación de cadenas productivas, especialmente aquellas que implican una reconversión en los métodos.
Como se puede observar, se trata de la máxima de enseñar a pescar en lugar de regalar pescados, pues la idea es que sean los propios individuos quienes desarrollen el trabajo, sólo que orientados por personas que pueden acceder a mayor y mejor información. Precisamente, eso nos lleva a la idea central de este Tema Polémico: el Estado puede funcionar como un centro de comunicación, de forma tal que reciba información de parte de los demandantes y se la traslade a los oferentes y viceversa, sea esto en el área comercial, industrial, agrícola, turística o demás servicios.
Por ejemplo, instituciones como el INEC o proyectos como el Estado de la Nación poseen información sociodemográfica y económica muy importante para el desarrollo de investigaciones científicas. Otras como el MEIC mantienen programas de seguimiento y comparación de precios que permiten, tanto a los académicos como a los productores, tener un insumo para formular nuevas estrategias. En el tema financiero, perfectamente, el Estado podría servir como un puente, un canal de comunicación entre inversores y productores, de forma tal que los contacte y los segundos puedan acceder al crédito privado. En cuanto a acceso de mercados, COMEX y PROCOMER pueden fortalecer su trabajo en cuanto a identificar potenciales clientes y desarrollar manuales de procedimientos para facilitar la exportación de bienes y servicios. El Poder Ejecutivo puede ayudar a las personas eliminando unilateralmente los aranceles y negociando más Tratados de Libre Comercio, todos cuanto sea posible. En síntesis, la idea no es crear más puestos de trabajo en el sector público, sino simplemente utilizar los que ya existen pero que están en las oficinas sin ejecutar funciones claras.
Si bien es cierto que estos programas, al igual que los vouchers escolares, implican la intervención del Estado, no queremos que se preste a confusión respecto a nuestra posición filosófica y axiológica. No patrocinamos ni defendemos que el Estado redistribuya los ingresos de unos para pagar las oportunidades de otros, pero somos concientes que la larga tradición de estatismo, redistribucionismo y colectivismo de América Latina (y buena parte del mundo) no es algo que se pueda destruir con la celeridad que nosotros deseáramos. Hay limitaciones jurídicas (Ley General de Administración Pública) y políticas (costos políticos y electorales de recortar el personal público), por lo que es necesario hacer las cosas poco a poco. Por ello, estos esquemas de política pública al menos reducen considerable y gradualmente esa intervención, dando mayores espacios de autonomía, decisión y empoderamiento a los individuos para asumir el curso de sus vidas.
