La columna de Carlos Federico Smith: estimulemos aún más el contrabando

No hay duda que las leyes de la economía tienen su lugar. Así, uno aprende en economía básica que, cuando se ponen impuestos elevados, ya sea a la producción doméstica o a las importaciones de ciertas mercancías, se estimula que ingresen al país provenientes ilegalmente desde el exterior. A esto le conocemos como contrabando de productos.

Un primer estudio realizado por el Observatorio de Comercio Ilícito, el contrabando de productos en el país se acercaría a los ¢700.000 millones anuales. Lo informa La Nación del 22 de agosto en su comentario “Comercio ilícito de Costa Rica se estima en ¢700.000 millones anuales.” Es interesante que, si bien definir la magnitud del comercio contrabandeado es sumamente difícil dada su naturaleza ilegal, esa estimación se deriva de un análisis basado en las probabilidades de importaciones indebidas de los sectores o productos principales, algo que técnicamente es mejor que el simple bateo. El Observatorio usó información del ministerio de Hacienda, de especialistas en esas actividades ilegales y del comportamiento histórico de los diferentes bienes, todo lo cual se comparó con las categorías de importaciones del Banco Central. El objetivo del estudio es my loable; “tener información para la generación de políticas públicas,” pero, sin subestimar ese esfuerzo, la literatura económica es abundante acerca de importaciones ilegales y ese estudio lo confirma.

El hecho que parece definir al comercio de contrabando es los altos precios de los bienes importados legalmente al mercado interno, en mucho debido a diferentes impuestos a los que se les somete; esto es, al montón de impuestos que suele ponerse a ciertos bienes, incluso alguno, tal vez, por consideraciones de una moral peculiar, como a los licores y cigarrillos, que cierta gente considera como vicios que deben gravarse. Pero, también, lo define el hecho de que la actividad del comercio ilegal está sujeta a los mismos principios de cualquier actividad económica, cual es que los beneficios, a lo largo del tiempo, compensen a los costos incurridos en esa actividad.

Lo expuesto es el mismo principio que explica el enorme negocio internacional de las drogas, en donde el diferencial de precios entre el precio de venta en el mercado final y el costo en el país de producción, así como el coto del transporte y otros gastos, son tan elevados, que incluso compensan el altísimo costo de la posible detección y penalización del delito en toda su cadena desde la producción hasta el consumo. 

Si los impuestos internos son altos, dando lugar a un precio doméstico legal muy elevado, la actividad del contrabando es muy rentable, dados no sólo los menores costos del país en donde se producen, su traslado hacia Costa Rica y tomando en cuenta las posibilidades (costos) de detención y penalización del contrabando. A veces se cree que, si se introduce mayor vigilancia en fronteras y en ciertos sectores específicos, se detendrá el contrabando, pero, el costo fiscal de desempeñar toda esa actividad de control del comercio ilegal no es sólo fiscalmente muy alto (pagado por todos los ciudadanos), sino que, también, la rentabilidad del negocio ilegal es tan elevada como para poder sobornar con facilidad a aquellos encargados, de una u otra manera, de controlarla; para que, más bien, se hagan cómplices del negociado.

Se estima, a partir del estudio citado, que, para el 2018, “el 23.5% del consumo de los hogares en cigarrillos, en Costa Rica, procede de transacciones fuera de ley (esto es, contrabandeados). Además, un 15% del consumo de los hogares en bebidas alcohólicas es del comercio ilícito.” El resto de los principales bienes importados ilegalmente son: partes para carros (10.2% del consumo doméstico), electrodomésticos (con un 9.1%), prendas de vestir (8%), medicinas (7.9%), calzado (7.3%), diésel (6.9%), jabones y perfumes (6.3%) y aguacates (4.1%), según dicho estudio.

Ah, pero este problema del exceso de impuestos internos a ciertos productos que estimula el contrabando, no parece impactar a ciertas autoridades, como unas de la Caja, quienes, en busca de recursos para aliviar la situación difícil del régimen de pensiones del IVM, proponen aumentar los impuestos al juego -que no se contrabandea- y también a los licores y cigarrillos, que mucho se contrabandean. 

De aprobarse esa insensata proposición, se estimulará aún más el contrabando y, muy posiblemente, el estado costarricense obtendrá pocos fondos adicionales. Suena feo decirlo, pero, ante el abuso con los impuestos del estado, los consumidores ¡debemos alegrarnos por el contrabando!, pues alivia las penurias impuestas por los altos gravámenes. Tal vez los burócratas piensen un poquito y, más bien, propongan reducir esos impuestos a los licores y cigarrillos, para así desalentar el contrabando y, al consumirse la producción legal doméstica, el fisco obtendría mayores recursos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la informalidad en la economía y los aumentos de impuestos

Posiblemente vieron el comentario de La Nación del 30 de abril titulado “Informalidad golpea con mayor fuerza grupos más vulnerables: En Costa Rica, cuatro de cada 10 trabajadores son informales,” basado en un estudio hecho por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como parte de su informe sobre Costa Rica del 2018. (No olviden que tal informe es parte del proceso para la admisión de Costa Rica a la OCDE).

Se entiende por trabajo informal cuando el trabajador no tiene contrato laboral, carece de seguro social, trabaja sin remuneración o labora en empresas no inscritas u ocasionales. Resulta que, según el OCDE, 4 de cada diez trabajadores trabajan en la informalidad. En efecto, la tasa de informalidad en el país en el IV trimestre del 2016 fue de un 44.7% y el promedio del período 2012-2016 fue del 42.6%.

El medio señala, con base en las cifras de la OCDE, que “la informalidad es más alta en grupos menos favorecidos. Por ejemplo, entre mujeres es poco mayor al 40%, (en) los mayores de 60 años y entre quienes no terminaron la primaria alcanza casi 70% y en personas de bajos ingresos es casi del 80%.” “También es mayor entre trabajadores rurales y (entre) quienes laboran en agricultura y servicios domésticos.”

Para la OCDE, hay tres explicaciones para esos niveles de informalidad: (1) las altas contribuciones a la Caja, que en una gran porción es aporte de los patronos; (2) altos salarios mínimos y (3) la migración. 

Bien apunta el economista Pablo Sauma, al advertir que “la informalidad no se debe exclusivamente al no aseguramiento, sino que considera el pago de patentes, los registros contables, etc.” En resumen, el alto costo de la formalidad que incorpora esos aspectos, entre otros, constituye el incentivo que esencialmente conduce a la informalidad en la economía: simplemente les sale más barato a las partes vivir en la informalidad, que en ella.  Cuesta más ser formal que informal; o sea, el beneficio de ser formal (por ejemplo acceso al crédito bancario, así como tener el amparo de leyes) es menor que el de ser informal.

Reconozco que tanto políticos como empresarios han buscado recientemente aliviar esta fuerte informalidad de nuestra economía. Pero, la realidad es que en el país se están tomando medidas que más bien aumentarán la informalidad. Concretamente, se están elevando fuertemente los impuestos, los que, al incrementar el costo de la operación formal de las empresas y de las personas, estimulará a que acudan a producir y laborar fuera de la formalidad; esto es, se incentiva a que se incremente el ya elevado nivel de informalidad en la economía nacional. 

Una propuesta que se ha mencionado para disminuir la informalidad es cargar tasas menores a las empresas hoy informales en vez de las altas cargas sociales hoy existentes en la economía formal (“37% en Costa Rica versus 26% promedio de países de la OCDE”). Creen que con esa medida se reduciría el “costo de la formalidad”. Pero eso, en momentos en que se nos augura un aumento de impuestos por parte del gobierno -IVA, ganancias de capital, impuesto sobre la renta, entre otros- más bien podría inducir a negocios hoy formales, para que se vayan hacia la informalidad, pues más bien estimula que siga siendo más rentable ser informales.

Simplemente se deben reducir los elevados impuestos para la economía como un todo, a la vez que eliminar una serie de formalidades legales y contables y costos similares, para que disminuyan los incentivos que lanzan, por lo general a grupos relativamente desvalidos, hacia la informalidad para así poder sobrevivir con sus familias.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: empresarios informales

Acaba de salir a la luz pública el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) titulado “Encuesta Nacional de Hogares Productores 2015,” el cual reúne información acerca de actividades productivas que se realizan en los hogares. Eso nos permite tener una idea acerca del aporte de dichas actividades al Producto Interno Bruto, así como del empleo que generan, entre otras cosas.

El tema me interesa mucho porque se puede considerar que forman parte importante del llamado sector informal de la economía y que el informe citado denomina como “emprendedores”. Muchos los llamamos sencillamente “pulseadores”, quienes componen parte de lo que se conoce como economía subterránea. Esta contrasta con la formalidad de las empresas que operan a plena luz en la economía y cumpliendo con todos los requisitos que la legalidad exige para la operación correcta de los negocios. Por ejemplo, que paguen las cargas sociales, que lleven contabilidades de acuerdo con los requisitos fiscales, así como que constituyan sociedades -anónimas, en comandita, cooperativas y similares- que están sujetas a impuestos específicos simplemente por su naturaleza, que tienen pagados y cumplen con los requisitos municipales para producir, entre otras cosas que exige el sistema.

Para la Encuesta citada, “emprendimientos de los hogares son aquellos establecimientos, negocios, fincas o actividades ejercidas por trabajadores por cuenta propia o empleadores, en forma permanente o por tiempo indefinido, y que cumplen con alguna de las siguientes características: (1) No están inscritos en el Registro de la Propiedad, como empresa o razón social con cédula jurídica; (2) no poseen registros contables formales para cuantificar todos los ingresos y gastos de su actividad y (3) no tienen asignado un salario fijo por el trabajo que realizan en el negocio.

Un resultado muy importante surge de cotejar los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares Productivos del 2014 con la nueva del 2015: De 339.611 emprendimientos que se estimaron en el 2014, para el 2015 se estima que existen 371.191; esto es, en un año estas empresas informales aumentaron en un significativo 9.3%. Sin duda que dicho crecimiento tan elevado ha de tener una explicación, la cual usualmente se encuentra en la literatura acerca de la economía subterránea: se debe al elevado costo de la legalidad, de manera que la relación costo-beneficio de escoger la economía subterránea ha de haberse intensificado. Sobre esto comentaré luego.

Es interesante también señalar que entre estos emprendimientos hay empresas en donde no hay contratación de otras personas, así como existen otros emprendimientos que demandan mano de obra de terceros. El 89.7% de los emprendedores trabaja sólo u ocasionalmente tienen personas que les ayudan, sin recibir salarios, sino por cuenta propia, en tanto que el 10.3% restante contrata personal con remuneración y permanentemente.

Asimismo, del total de emprendedores, un 77% no cumple con el requisito de llevar registros contables, un 96.5% no aparecen registrados en el Registro de la Propiedad con cédula jurídica y un 97.7% no tiene un salario fijo asignado, ya sea por cuenta propia o patrono.  O sea, alguno de los criterios para definir la informalidad se cumple en un muy elevado porcentaje de la muestra analizada. De hecho, el 75.4% de los emprendimientos -esto es, 279.720 de los 371.191 estimados para el 2015-, poseen simultáneamente las tres características citadas -no tener cédula jurídica, no disponer de contabilidades formales y no poseer salario fijo asignando permanentemente- las cuales definen el concepto de emprendedores en la economía informal que se analiza. Solo el 37.8% de los emprendimientos aparece inscrita en alguna instancia pública, tales como el Ministerio de Hacienda, Municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Registro de la Propiedad, entre otras.
Esos emprendedores generaron empleo en el 2015 en una suma estimada de 580.670, de los cuales el 82.8% son empleos permanentes y 17.2% ocasionales.

También, como era de esperarse, los niveles de educación que priman en este caso suelen ser bajos; de hecho el 15.8% no tiene nivel alguno de instrucción o primaria incompleta;  el 33.2% una educación primaria completa y un 18% educación superior. Casi dos terceras partes de los emprendedores son de sexo masculino, cifra que se ha mantenido parecida en los años 2014 y 2015; algo muy similar a la distribución laboral de toda la economía. En cuanto a la edad de los emprendedores, un 71.7%  está entre los 35 y 64 años, y el 8.7% se trata de adultos mayores. La edad promedio de los emprendedores es de 46.7 años.

Bien puede ser que el bajo crecimiento de la economía formal durante los últimos años no haya generado una suficiente demanda de trabajo, impulsando a estos trabajadores a la economía informal.  La encuesta citada señala que las dificultades de encontrar trabajo o de tener mejores alternativas fueron factores importantes: Casi un 20% indicó que la razón para iniciar su actividad productiva subterránea se debe “a que encontró una oportunidad en el mercado” (me imagino que mejor que en el sector formal de la economía); a su vez “porque no tenía trabajo” un 16% y un 7% por “no haber encontrado trabajo como asalariado”.

Pero creo que el estudio del INEC es débil (o tal vez no fue ese su objetivo) en cuanto a identificar cuáles factores son los que definen, puestos a optar entre montar una empresa que cumpla con todas las reglas formales y una que nos las satisfaga, que prefieran las segundas.  Esto es, no se determina claramente el costo de la formalidad como factor que, en mi opinión, está detrás de su decisión económica. Entre ellos, que en la informalidad no necesariamente se pagan las cargas sociales, los salarios mínimos, los impuestos municipales, ni los permisos para operar y menos la declaración para el pago de impuestos de diversos tipos, tales como a las utilidades, de ventas, territorial, que requiere que se lleven libros contables, se paguen servicios profesionales a contadores, además de los gastos legales correspondientes. Asimismo, que para tener la formalidad se requiere de una serie de gastos diversos por gestiones ante entidades gubernamentales. 

Pero dicha elección de sumirse en la subterraneidad no pasa sin tener sus costos, que puede decirse que son la privación de aquellos beneficios sería posible obtener si el negocio opera en la formalidad  Así, entre los costos que los emprendedores señalan que les impiden crecer o mantenerse en el mercado, están la limitación al acceso de préstamos, de acuerdo con la opinión del 48.4% de los emprendedores; también, un 29.7% dice que debe reducirse la tramitología gubernamental. Y un porcentaje similar dice tener necesidad de una mayor capacitación, por lo que me pregunto, dado la preeminencia del estado en la provisión de tales servicios, si no hay dificultades tales como costos directos o bien requisitos formales que obviamente no cumplen esos empresarios informales, impidiéndoles ampliar su conocimiento.  

Debo concluir mi comentario con dos acotaciones.  La primera es que no es aceptable que se considere que muchos de esos negocios no son empresarios. La realidad es que esa sesgada opinión asume que empresario es tan sólo el que puede cumplir con los requisitos de la formalidad.  Los emprendedores son empresarios, pues corren los riesgos propios del empresariado, como son esencialmente los de cumplir con la demanda de los consumidores, a la vez que se las manejan para usar las oportunidades de negocios que se abren en su mundo informal y, por supuesto, están expuestos a pérdidas o ganancias como sucede con cualquier empresa en un mercado.

La segunda anotación es que el fenómeno debe de ser tomado plenamente en cuenta cuando hay un proceso en marcha para que en el país se aumenten significativamente los impuestos, lo cual termina lanzando más personas a la informalidad, no sólo porque en ella no pagan tales impuestos que se pretenden aumentar, sino también porque los nuevos gravámenes van a estimular un menor crecimiento de la economía privada y, por ende, un menor crecimiento de la de por sí ya escuálida demanda de trabajo. Esos nuevos desocupados posiblemente acudirán a sobrevivir laborando en la informalidad. Ahora, con esas políticas fiscales abusivas, se aumenta el costo de la formalidad y la reacción natural será evitar tales costos: veremos que seguirá aumentando la informalidad en la economía, con el enorme desperdicio potencial que hay en una economía así.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: emprendedores y economía subterránea

Inicialmente el tema en particular me interesó, cuando leí en La Nación del 29 de julio un comentario bajo el nombre de “Cuarta parte de los hogares tiene pequeños negocios: INEC presentó resultados de encuesta hecha en el 2014.” Empecé a buscar la información correspondiente y pude leer tanto lo que al respecto publicó el gobierno de la República, como el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El hecho es que me encuentro confundido, pues la información periodística que divulgó el INEC habla de que, “Según datos de (la) Encuesta Nacional de Hogares Productores, en el país existen cerca de 340 mil emprendedores. El INEC ofrece (los) primeros resultados de la Encuesta Nacional de Hogares Productores, un nuevo proyecto estadístico que recolectó información sobre los emprendimientos o actividades productivas que realizan las personas que trabajan en forma independiente.”

Igualmente, el gobierno de la República encabezó su publicación oficial acerca del tema con un contundente “En el país existen cerca de 340 mil emprendedores.” Pero, en ambos casos, la información se refiere a “trabajadores independientes (o emprendedores) en la producción nacional.”  De ninguna manera considero que sea lo mismo un trabajador independiente que un emprendedor, en los términos en que se hace la equivalencia en esas dos referencias.  Un emprendedor puede ser cualquier persona, ya sea de manera individual o por medio de una empresa, en conjunto con otras, la cual monta una actividad económica.  Como bien lo dice el diccionario de la Real Academia, emprendedor es el “Que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas.” Así, tan emprendedor es Bill Gates, como Microsoft o un grupo de amigos que montan un negocio de cualquier tipo.  No entiendo, entonces, ¿por qué se considera tanto en la oficialidad del INEC como en el gobierno de la República, que “emprendedor” es tan sólo un pequeño negocio que no está formalmente constituido? Emprendedor es el empresario de INTEL que decidió invertir en Costa Rica, al menos por un rato, como lo es un paisa que sale a vender chayotes en la avenida segunda o como, imaginémonos, cuando mi apreciado amigo, don Juan Diego Trejos, investigador connotado del Instituto de Investigaciones Económicos de la UCR, decide montar una empresa de investigaciones económicas. Todos estos son emprendedores, aunque posiblemente INTEL, así como don Juan Diego, probablemente organicen sus negocios dentro de la formalidad jurídica del país, en tanto que aquel paisa (como tantos otros ticos) lo hace fuera de la formalidad jurídica, que cubre a las empresas en el país. 

Cuando uno lee en La Nación que en el país, en el 2014, hay “unos 340.000 emprendedores”, en realidad a lo que posiblemente se refieren, no es a que haya 340.000 ciudadanos (individualmente o por medio de alguna forma de empresa: sociedad anónima, sociedad limitada, cooperativa, etcétera), los que están emprendiendo “con resolución acciones dificultosas o azarosas,” sino a personas, empresarios independientes o pequeños empresarios, que no están formalmente constituidos. Esto es, que operan en lo que se suele llamar la economía subterránea; la informalidad.

¿Por qué es importante hacer esta aclaración?  Porque se debe entender claramente la dimensión de la economía informal en nuestro país, pues, si bien son emprendedores, no son los únicos que existen en nuestra economía como tales.  La diferencia es que hay emprendedores que lo hacen en el marco de la formalidad, cumpliendo con todos los registros legales o formales, tales como estar inscritos en instancias públicas, tener contabilidad formal y salarios definidos contractualmente, (entre otras cosas, como pagar impuestos o estar sujetos a regulaciones y controles estatales), en tanto que hay otros que también lo son, a pesar de que lo hacen dentro de lo que suele llamarse la informalidad (como puede ser la ausencia de cumplimiento con aquellas tres características citadas, por ejemplo).
Esos 340.000 son los emprendedores que trabajan en la informalidad y, como bien lo señala el economista Trejos de la UCR, “constituyen un sector productivo importante”, en lo cual concuerdo plenamente.  Es más, aparentemente esta estimación del INEC en el 2013-2014 es la primera vez que se efectúa y se publica recientemente en el 2015, lo cual nos impide comparar la evolución de ese empresariado informal.  Lástima, porque me temo que se está dando un crecimiento de la economía informal a la luz de la seria situación de desempleo (de alrededor de un 10%) y de subempleo (de un 13.5% en el segundo trimestre del 2015) que azotan a nuestro país.

Es crucial entender ¿por qué surgen esos negocios subterráneos?, pues, como bien lo indica el periódico, “estas actividades se desarrollan en establecimientos, negocios, fincas, en la calle o dentro de las mismas viviendas”. Todos muestran las características -de ahí su informalidad- de que “no están inscritos en las instancias públicas, no tienen contabilidad formal o no tienen salario fijo por el trabajo que cumplen en el negocio, sino que el ingreso es la ganancia por la actividad que realizan (como) explicó Annia Chaves, coordinadora de la encuesta” del INEC. Observen que no cumplen con esas características, porque, de hacerlo, les implica tener altos costos (por ejemplo, patentes, abogados, escrituras, contadores, llevar libros, pagar impuestos al salario, cargas sociales, o a la renta personal, permisos, controles, regulaciones, etcétera), por lo cual prefieren evitarlos, escogiendo la economía subterránea.  El costo de la formalidad es muy alto para esos “emprendedores” y escogen eludirlos al operar como empresarios de la economía informal.

Uno podría inclinarse a pensar que, al evitar todos esos costos de la formalidad, el empresario de la economía subterránea viviría en el mejor de los mundos. Pero ciertamente la cuestión no es tal: la informalidad implica una serie de costos que son, al menos algunos, reseñados por el mismo estudio del INEC.  Debe tenerse presente que dicho estudio no busca explicar las razones por las cuales ese empresariado escogió operar desde la informalidad, como sí se hace en análisis realizados en otros países, como en el Perú. Pero, al menos lo que expresan los entrevistados en la encuesta del INEC, nos dan alguna idea, cuando señalan las mayores dificultades que enfrentan para mantenerse en el mercado o para poder crecer económicamente

Es así como el 41.2% de los encuestados empresarios de la economía subterránea, señaló dificultades para tener acceso a préstamos (el 79.5% indicó que no solicitan préstamos); un 19.5% indicó dificultades para diversificar productos o servicios; un 16% señaló la falta de acceso a capacitación y un 14.6% dijo tener problemas con los difíciles trámites en instituciones gubernamentales, entre los principales factores expuestos.

Es esencial darse cuenta de la importancia que tiene ese sector informal en nuestra economía (se ha señalado que esos “empresarios informales” generan empleo para 540.000 personas, que podría aproximarse a un 30% del empleo nacional, como apuntó el economista Trejos), aunque son “actividades de baja productividad”, como suele ser lo propio de ese tipo de empresas. Lo importante del estudio del INEC es que se empieza a valorar lo que está sucediendo en el importante sector de nuestra economía que opera en la subterraneidad.  Desde ya se vislumbra que es un sector significativo y que la solución no va a estar en que el gobierno tome medidas para obligar a los emprendedores que están en la informalidad, a que formalicen sus operaciones, sino más bien en disminuir costos que ahora constituyen el obstáculo económico que las impulsa a sumirse en la economía subterránea.  Precisamente bajar costos que son impuestos por ese mismo estado ineficiente.

 
Jorge Corrales Quesada

Viernes de recomendación

Para este día les ofrecemos el artículo "Sector informal: economía popular y mercados abiertos" de Hernando de Soto, en el cual se explica cómo debe operar el emprendedor cuando no puede cumplir la legislación pues sus costos exceden, por mucho, los beneficios que espera recibir.

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, queremos compartir con ustedes la ponencia que ofreció el Dr. Enrique Ghersi en una actividad organizada por ANFE y Academia Stvdivm el pasado 23 de abril, en donde se expuso de forma brillante el tema de la actividad económica informal y el análisis económico del derecho.

Desde la tribuna: genial charla de Enrique Ghersi acerca de la informalidad

Ayer en la noche (23de abril de  2013 en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, San José, Costa Rica) y con el patrocinio de la Asociación Nacional de Fomento Económico y la Fundación Academia Stvdivm, el abogado, político y pensador liberal Enrique Ghersi, impartió una interesante charla, ante un nutrido grupo de asistentes.

Ghersi, abogado y académico, “entregado a la libertad y a la razón” (palabras del presentador, Oscar  Alvarez, presidente de ANFE) inició la charla con una palabras de agradecimiento y en homenaje a su amigo, Alberto Di Mare, a quien llamó “héroe de la libertad”.

De seguido, planteó el tema de la informalidad, como una pregunta:  ¿La informalidad es una causa o un efecto? En principio, manifestó, la informalidad (la actividad informal) es una reivindicación frente a  la ineficiencia estatal.  Es la consecuencia de una  distorsión.

Por una parte, los abogados creen que el derecho es gratuito y que se puede convertir en obligación cualquier ocurrencia legislativa.  Por el otro lado, tampoco el derecho es una constante, como creen muchos economistas. Las ocurrencias legales encarecen la vida de la gente. Ello porque la ley es costosa.

¿Cuál es el costo de hacer algo?  Pues lo que yo dejo de hacer para hacer algo. Por ello cumplir la norma no es gratuito (dejo de hacer algo): ese es el costo de oportunidad. En otras palabras, la consabida frase de que no hay almuerzo gratis.

Por supuesto que depende de cada cual obedecer la ley: es una cuestión de tiempo e información. Por ejemplo, cumplir la legislación para abrir un negocio:  hay que enfrentar  diversos trámites  legales  (barreras de acceso). Eso no es gratis.

El tiempo no es gratis, hay una demanda de tiempo. Asimismo sucede con la información que se requiere para abrir un negocio: hay que conocer  el Derecho,  estudiar los impuestos correspondientes y su  complejidad (hay variedad de interpretaciones jurídicas). Si no tengo la información,  tengo que pagar a quien la tenga.  Ello es un costo.

“El otro sendero” (el libro-documento) es un estudio  de cuánto cuesta la ley (cumplir el Derecho):  Se hizo el esfuerzo de recopilación del proceso de recabar todas las licencias para abrir algunos negocios.  Incluso, apareció el tema del pago de sobornos.

La intuición decía que existía una barrera y así lo demostraron en el estudio. Ello lleva a tratar de ponerse en la situación del ciudadano, del individuo de carne y hueso que tiene que enfrentarse en la realidad a todas estas barreras, información y costo del Derecho para hacer su vida.

La cantidad del tiempo y  la información necesarias para hacer algo son el costo de  oportunidad. La conclusión es que el ciudadano cumple la ley cuando no le es más caro que incumplirla.  Es un tema de costes. Si usar el derecho es costoso, la gente no lo usará y se desplazará a la informalidad (o mercado informal).  Es un hecho.

Es menester señalar que no hay personas formales e informales, sino actividades formales e informales.  La misma personas puede  estar en los dos ámbitos.  La decisión depende del costo de la legalidad.  Tal costo puede hacer que la legalidad no se cumpla.

Otra conclusión que de ello deriva es que no solo es costosa la ley (el Derecho, sino que a la pregunta de a quién le cuesta más la ley, al pobre o  al rico, hay que contestar que al pobre le cuesta más la legalidad, porque el costo es inversamente proporcional al ingreso. Por ello las decisiones legislativas excesivas, el hecho de poner más leyes, complica la vida a quienes tienen menos.  Se les hace la existencia y el desempeño más conflictivo y costoso. Asimismo, los impuestos le van a costar más al más pobre. De la misma manera, establecer más controles y  regulaciones le cuestan más al pobre, pues el costo es asimétrico.

Uno de los vicios al respecto es la importación de  leyes, en la vana ilusión de que  el desarrollo se logra por tal vía.  Al final, se complica más el cumplimiento de la ley, el acceso a la información respectiva y se hace más difícil incorporarse a la formalidad. Por ejemplo, la ley que cumple un europeo le sale muy costosa de cumplir a  un latinoamericano. Los artesanos y gente sencilla pasan a la informalidad por no poder costear la ley, el Derecho se vuelve costoso.

¿Formalizar a los informales o informalizar a los formales?  Estima que es mejor informalizar los formales. La solución es hacer más sencillo el Derecho, bajar todo el tema de impuestos y quitar las barreras  de acceso.

Asimismo, tener  acceso rápido y barato a la justicia, establecer un mecanismo civil y fácil  para que se pague por los  daños y  responsabilidades en que se incurre.

Ghersi cita a un profesor suyo de Filosofía, un jesuita que decía que “hay ganarse el pan con el sudor de la frente y no con el sudor del de enfrente”. Concluye que el Derecho ha de ser barato, sencillo, eficiente, comprensivo. Insiste en que el Derecho tiene consecuencias económicas y que, un derecho costoso tiene consecuencias desastrosas.

Por otro lado, propone no discutir las causas de la pobreza.  Más bien hay que concentrarse en encontrar las causas de la riqueza. Nos recuerda que en la selva todos son pobres y no hay justicia. Señala que el trabajo, la propiedad, el respeto, la justicia, el cumplimiento contractual son cuestiones importantes que construyen una civilización.  También pueden ser las causas de la riqueza.

Llama a reflexionar acerca del hecho de que la informalidad oculta un mensaje: se trata de que hay personas jóvenes y humildes que trabajan para crear una sociedad, moviéndose en ella (la informalidad).

También cita a Jefferson, en su idea de que “el  precio de la libertad es su eterna vigilancia”.

Finalmente, evoca el hecho de que los pueblos libres nunca han sido derrotados.