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martes, 17 de diciembre de 2019

La columna de Carlos Federico Smith: el mundo salarial en las universidades públicas

Una interesante historia comparativa acerca del comportamiento de los salarios en las universidades estatales del país, aparece en La Nación del 13 de noviembre, en su artículo “Universidades públicas doblaron gasto en salarios en 12 años.” Me sirve de base para mi comentario y empiezo refiriéndome a cuatro universidades públicas para las que hay datos, no así para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica (me imagino que por no formar parte del FEES), en el lapso 2007-2018. 

1. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR): En el 2007, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢149.310 millones y el gasto en remuneraciones (que incluye salarios, pluses, cargas y similares) fue de ¢106.130 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 
En el 2018, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢335.208 millones y el gasto en remuneraciones de ¢210.721 millones. O sea, del presupuesto total de gastos de ese año, un 63% se dedicó al pago por remuneraciones.
 
Lo gastado en remuneraciones en ese lapso 2007-2018 descendió en 8 puntos porcentuales. Pero, las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢104.591 millones. Por lo tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 125% en el presupuesto de gastos de dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (casi un 98.5%).
 
Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UCR tenía 9.430 personas y 9.790 en el 2017, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢11.2 millones anuales a ¢21.5 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 4%, las remuneraciones aumentaron en un 92%, en mucho ocasionado “por los incentivos que reciben los empleados, pues esa partida aumentó un 124% sobre la inflación [o sea, en términos reales] en la misma década,” según lo expone el medio. Este aumento en la remuneración por empleado de un 92% es el mayor de todas las universidades analizadas, pues el equivalente en la UNA fue de 15.8%, mientras que en el TEC fue de 52.7% y en la UNED de 39.1%
 
El nuevo ministro de Hacienda fue firme en decir que la regla fiscal se aplicará en todo el sector público, pero, señala el medio, la “UCR confirmó que, para el 2020, no se incluyeron las medidas de ahorro ordenadas por la reforma fiscal en el tema de salarios” (el subrayado es mío). Así que veremos si el esfuerzo fiscal alcanza a esa isla de pseudo autonomía, pues, sólo el aporte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), por el cual el gobierno traslada recursos aportados por los ciudadanos contribuyentes a las universidades públicas, se ha estimado que, en el 2020, ascenderá a ¢297.200 millones (de lo que, aproximadamente, un 57.96%, es el porcentaje que del FEES va a dar a la UCR). De hecho, las autoridades de la UCR han estimado que, en el año que viene, un 73% de los ingresos del FEES se usarán en pagar la “masa salarial,” que, me imagino, se refiere a la partida presupuestaria conocida como remuneraciones.
 
2. UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA): En el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢67.013 millones y el de remuneraciones de ¢47.342 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 
En el 2018, en términos reales, el presupuesto total fue de ¢70.900 millones y el gasto en remuneraciones de ¢48.828 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 64% se dedicó al pago de remuneraciones.
 
Lo gastado en remuneraciones en el lapso 2007-2018 descendió 7 puntos porcentuales. Pero, es un hecho que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢38.046 millones. Por tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 100% del presupuesto de gastos en dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (un 80.4%).
 
Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UNA tenía 1.240 empleados y 1.930 en el 2018, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.3 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 9%, las remuneraciones por empleado aumentaron en un 80%, de lo cual un 9% es por la cantidad de empleados y un 71% por mayores remuneraciones. [Erróneamente, el medio indica que el monto por empleado subió en un 65%]. Eso sí, debe señalarse que la UNA es la universidad en donde, entre las cuatro citadas, se paga la mayor remuneración por empleado en promedio: ¢25.3 millones anuales.
 
3. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (TEC): Mientras que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢29.862 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢20.471 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 69% se dedicó a pagos por remuneraciones.
 
El presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢70.900 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢48.828 millones. Es decir, un 69% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 
El aumento en las remuneraciones de un 138.5% es casi igual al alza del presupuesto total en dicho lapso (de un 137.4%), por lo que, la proporción que del gasto total representan las remuneraciones, para efectos prácticos se conserva en dicho lapso.
 
En términos de cada funcionario, si bien no se indica el número de empleados en ambos años, el medio indica que la planilla aumentó en un 60%, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.2 millones, lo que significa que las remuneraciones aumentaron en un 52.7%.
 
4. UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED): En tanto que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢26.437 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢18.987 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71.8% se dedicó a pagar remuneraciones.
 
A su vez, el presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢61.707 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢42.192 millones: un 68.4% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 
Ese descenso de casi 72% a alrededor de un 68%; o sea, de alrededor de 4 puntos porcentuales y, aunque el monto gastado en remuneraciones creció en ese lapso (122.2%), el crecimiento fue mayor en la totalidad de gastos (133.4%), a pesar de que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢23.205 millones.
 
Otro dato interesante del artículo de La Nación es que el gasto conjunto total de esas cuatro universidades pasó de ¢272.624 millones en el 2017, a ¢601. 914 millones en el 2018; es decir, un aumento del 121%. El total de pagos por remuneraciones pasó de ¢192.931,3 millones en el 2007 a ¢387.131,5 millones en el 2918; es decir, un incremento de poco más de un 100% en ese lapso. Pero, “la matrícula aumentó un 27%,” según indica el medio citado. De hecho, en la UCR, se incrementó en un 28%, en tanto que el gasto en remuneraciones creció en un 98.5%; en la UNA,  creció en un 50%, pero las erogaciones por remuneraciones subieron un 80%; en el TEC, se elevó en un 54%, pero aumentaron más las remuneraciones, en un 138% y en la UNED, si bien la matrícula lo hizo en un 12%, las remuneraciones crecieron en un 122%.
 
Que se sepa…





Jorge Corrales Quesada

martes, 15 de octubre de 2019

La columna de Carlos Federico Smith: los jugosos salarios de los alcaldes

La información acerca de sueldos abusivos y llenos de pluses dentro del estado no se refiere a las alcaldías o gobierno locales. Así que es oportuno el comentario de La Nación del 14 de setiembre, titulado “Ley dispara sin razón salarios de los alcaldes,” para darnos cuenta de cómo ciertos puestos, aparentemente poco sonados en su mayoría como funcionarios estatales de alto rango, en realidad se han convertido en otra mina de oro de privilegios para algunos. Ya entiendo por qué son tan disputadas y buscadas ciertas elecciones para los gobiernos locales y, aparentemente, no por aquella razón que solía escuchar. que ser alcalde era un paso muy seguro para ser luego diputado. Vemos que, además de esa opción que no deja de ser válida, la paga sobredimensionada en algunos casos puede ser un aliciente para la matazinga usual.

¿Cuál es el origen del problema? Una vieja práctica de que “los alcaldes municipales no devengarán menos (o sea, podría ser más) del salario mínimo pagado por la municipalidad, más un 10 por ciento.” Agregue a esto que el alcalde no sólo se gana un 10% más del salario mínimo de la municipalidad, motivo para que el alcalde presione por salarios mínimos más altos entres sus súbditos, sino que también la base del salario del alcalde lo es el mínimo mayor de cualquier otro empleado. De aquí entiendo el interés, en ciertos momentos, para que en las alcaldías hubiera un médico de planta, quienes son altamente pagados en ciertos casos por otros acuerdos laborales, cuyo salario así serviría para que el alcalde se montara sobre una base más alta.
 
Eso no es todo: el alcalde también puede cobrar un 35% adicional por dedicación exclusiva si es bachiller y un 55% si es licenciado.
 
El medio expone un caso, el del actual alcalde de Talamanca. que muestra el problema en toda su extensión. Ahí el empleado municipal que más gana es un funcionario de 30 años, quien recibe un ingreso total mensual (salario base más pluses) de ¢3.8 millones. Para determinar el sueldo del alcalde, a esa suma se le adiciona un 10%, llevándolo en primera instancia a ¢4.3 millones (¡bendito sea ese empleado mejor pagado!). Luego, agregue la dedicación exclusiva, que en el caso de ese alcalde es de un 55%, todo lo cual hace que su salario mensual llegue a alrededor de ¢6.7 millones. ¡Eso se echa al bolsillo como salario cada mes el alcalde de Talamanca!
 
Es interesante ver el cuadro de los 12 alcaldes mejor pagados y cuánto significa del presupuesto total del municipio. Nótese que se trata de montos en efectivo y no toma en cuenta otros beneficios en especie que se podrían tener, como vehículo para su uso exclusivo o seguridad, o lo que sea:
 
1. Alcalde de San José, Johnny Araya: Salario mensual de ¢8.9 millones (anual de ¢143.8 millones). Representa el 0.19% del presupuesto municipal.
 
2. Alcalde de Limón, Néstor Mattis: Salario mensual de ¢7 millones (anual de ¢112.7 millones). Representa el 3.37% del presupuesto municipal.
 
3. Alcalde de Talamanca, Marvin Antonio Gómez: Salario mensual de ¢6.7 millones (anual de ¢107.8 millones). Representa el 3.37% del presupuesto municipal.
 
4. Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona: Salario mensual de ¢6.6 millones (anual de ¢106.9 millones). Representa el 0.36% del presupuesto municipal.
 
5. Alcalde de La Unión (Tres Ríos), Luis Carlos Villalobos: Salario mensual de ¢6.5 millones (anual de ¢104.2 millones). Representa el 0.99% del presupuesto municipal.
 
6. Alcalde de Santa Cruz, María Rosa López: Salario mensual de ¢6.2 millones (anual de ¢99.6 millones). Representa el 1.11% del presupuesto municipal.
 
7. Alcalde de Tibás, Carlos Luis Cascante: Salario mensual de ¢5.9 millones (anual de ¢94.7 millones). Representa el 1.11% del presupuesto municipal.
 
8. Alcalde de Heredia, José Manuel Ulate: Salario mensual de ¢8.95.8 millones (anual de ¢94.3 millones). Representa el 0.48% del presupuesto municipal.
 
9. Alcalde de Siquirres, Mangell McLean Villalobos: Salario mensual de ¢5.7 millones (anual de ¢92.3 millones). Representa 1.94% del presupuesto municipal.
 
10. Alcalde de Goicoechea, Ana Lucía Madrigal: Salario mensual de ¢5.7 millones (anual de ¢91.5 millones). Representa el 0.89% del presupuesto municipal.
 
11. Alcalde de Pérez Zeledón (San Isidro), Jeffrey Montoya: Salario mensual de ¢5.5 millones (anual de ¢88.9 millones). Representa el 0.61% del presupuesto municipal.
 
12. Alcalde de Pococí, Elibeth Venegas: Salario mensual de ¢5.5 millones (anual de ¢88.3 millones). Representa el 0.86% del presupuesto municipal.
 
De esos 12, sólo Marvin Antonio Gómez de Talamanca y María Rosa López de Santa Cruz, no están aspirando a ser reelectos.
 
Vale la pena que los lectores mediten acerca de estos datos y piensen si esos salarios enormes no forman parte de la razón de los gobiernos municipales para oponerse a que, como parte del estado que son, se les apliquen las limitaciones -aunque insuficientes- a sus pluses derivadas de la Ley de reforma fiscal aprobada recientemente en diciembre, en donde a los ciudadanos contribuyentes se nos cargaron de nuevos y mayores impuestos. 
 
El orden y la mesura deben ser aplicados a lo largo de todo el estado, pues la situación fiscal del país es muy seria y es indispensable poner freno a abusos como estos sueldos fuera de toda proporción en nuestro medio. De hecho, cada una de esas personas gana más que el propio presidente de la República. ¡Así se invierten los impuestos municipales que todos pagamos!

Jorge Corrales Quesada

martes, 30 de octubre de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: Banco Popular, otro feudo estatal bajo la lupa

Recientemente, un informe confidencial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) del 6 de setiembre pasado y comentado por La Nación del 8 de octubre, bajo el encabezado “SUGEF cuestiona nombramientos en gerencias del Banco Popular,” señala una serie de decisiones tomadas por la Junta Directiva de ese Banco, por las cuales “se incurrió en observancias a sanas prácticas de buen gobierno, así como incumplimientos de la normativa interna y externa,”
 

Los tres funcionarios cuyos nombramientos se cuestionan son el gerente general, de apellido Rodríguez, y dos subgerentes, de apellidos Aguilar y Rodríguez. Ellos fueron nombrados por un período de 5 años, por un procedimiento disputado por la SUGEF.
 
En esencia, la Junta Directiva del Banco aprobó el 22 de mayo pasado los elementos de idoneidad y perfiles que deberían tener los tres nuevos funcionarios. Pero, poco después, el 24 de mayo, la Junta nombró en los nuevos puestos a Rodríguez, anterior gerente de Popular Pensiones, así como a Aguilar, quien fungía como director de riesgos del grupo bancario, y el 4 de junio a Rodríguez, quien estaba a cargo del puesto de bolsa del Banco, sin que el Banco hubiera definidos los nuevos cargos y el rol que desempeñarían los nuevos funcionarios.
 
La SUGEF advirtió que la misma semana en que la Junta empezó “a analizar los atestados de los candidatos, coincide con la fecha de designación.” Asimismo, la SUGEF “criticó que la selección de los gerentes fuera hecha de forma exclusiva por la Junta Directiva” sin acudir a asesores externos especialistas en selección de personal. Igualmente, que no hay evidencia de que la Junta entrevistara a alguno de los candidatos a esos puestos y tampoco aparecieran “en los expedientes suministrados… pruebas aplicadas a los candidatos, como, por ejemplo, pruebas psicométricas, pruebas de habilidades, pruebas técnicas, ni estudios de carácter económico y social, entre otros.” Además, se refiere el informe de la SUGEF, que hubo directores del Banco que “conocieron la lista completa de candidatos una semana después de nombrados el gerente y subgerente.” Esto último sorprende, pues a la hora de votación de los directores no se les presentó el informe correspondiente con la totalidad de los candidatos, o bien, sólo unos sí lo sabían, mientras que otros no.
 
Pero hay más. En cierto momento se les nombró ganando un sueldo (no se indica si a los tres referidos o sólo a alguno de ellos) de ¢12.6 millones mensuales (me imagino que es sueldos más pluses, pero que no incorpora salarios en especie), si bien ya existía una directriz de la presidencia de la República en cuanto a un tope de ¢9.5 millones al mes, para los gerentes de los bancos estatales. Este salto olímpico a la directriz se tradujo en que el gobierno suspendiera a sus tres representantes en la anterior Junta Directiva del Banco. (Antes de esa directiva presidencial, el sueldo del gerente del Banco era de ¢16.5 millones mensuales).
 
La SUGEF indica que, cuando se nombró a estos tres funcionarios, el Banco no tenía “una política de remuneraciones para la alta administración aprobada y de fácil acceso público,” así como que los directivos “eligieron a los gerentes, pese a que incumplían con requisitos para ocupar puestos claves, dictados por el propio Banco y la SUGEF.” Así como que el nuevo gerente general “no tenía experiencia en alta gerencia a nivel corporativo en instituciones públicas o privadas.” Similarmente, que el subgerente Aguilar no “cumplía con el requisito de contar con al menos cinco años de experiencia en puestos de alta gerencia,” y que no hay evidencia de que el subgerente Rodríguez tuviera estudios “con especialidad en finanzas internacionales o administración de proyectos.”
 
Bueno, todo se cocinó dentro de casa. Y pensar que todos los trabajadores del país se ven obligados a cotizar, como parte de las cargas sociales, un 1% de su salario, si bien les será devuelto después, pero, también se obliga al patrono, que incluye al estado y, por tanto, se hace con los fondos de todos los ciudadanos, a desembolsar el 0.5% del salario, para que pase a ser propiedad del Banco. Creo que es hora de que esa transferencia totalmente innecesaria para el Banco cese y que opere por su propia gestión, no con subsidios de la ciudadanía. Como diría alguien, “ya están muy grandecitos” para requerir subsidios pagados por todos.



Jorge Corrales Quesada